Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01392-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01392-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01392-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-01392-001
Accionante : Deicy Lizeth Gómez Gómez
Accionado : Tribunal Administrativo del Tolima
Vinculados : Gustavo Adolfo Gómez Giraldo, en condición de director de
asuntos legales de la Sociedad de Activos Especiales
(SAE), Luis Fernando Montes Perdomo y Juzgado Primero
(1°) Administrativo de Ibagué
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, sanción impuesta en
consulta de desacato
Decisión : Sentencia de primera instancia
Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por Deicy Lizeth Gómez Gómez contra el Tribunal Administrativo del
Tolima, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, defensa y buen nombre.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la actora frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. La señora Deicy Lizeth Gómez Gómez, quien actúa en nombre propio, interpuso
el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y buen nombre, presuntamente
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Tolima.
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Expediente digital disponible en Samai.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01392-00
Accionante: Deicy Lizeth Gómez Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos el auto de 16 de febrero de 2026,
mediante el cual el Tribunal Administrativo del Tolima la declaró en desacato y al
director de asuntos legales misionales de la Sociedad de Activos Especiales (SAE),
Gustavo Adolfo Gómez Giraldo, por no haber acatado la sentencia de amparo
proferida el 13 de noviembre de 2025, dentro de la acción de tutela promovida por
Luis Fernando Montes Perdomo, en su contra (expediente 73001-33-33-001-2025-
00231-02).
1.3 Hechos2.
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por
la accionante, se puede evidenciar que, el 2 de octubre de 2025 el señor Luis
Fernando Montes Perdomo, en condición de representante legal de la Asociación
para la Reconstrucción del municipio de Armero (Tolima) - ASOCONSTRU
ARMERO y de la Asociación de Víctimas del Conflicto Armado por la Paz
residentes en ese departamento – ASOVITOLPAZ, instauró acción de tutela
contra la Sociedad de Activos Especiales SAE y la Agencia Nacional de Tierras
(expediente 73001-33-33-001-2025-00231-02), encaminada a que se les
ordenara atender la petición formulada el 2 y 3 de septiembre del mismo año,
relacionada con el otorgamiento de un terreno ubicado en el municipio de Armero,
sobre el que recae una medida cautelar, para su reconstrucción y el asentamiento
y reubicación de su población.
5. Que, de ese asunto constitucional conoció el Juzgado Primero (1°) Administrativo
de Ibagué que, el 14 de octubre de 2025 negó, en razón a la carencia actual de
objeto por hecho superado, las pretensiones, al estimar que:
El 3 de octubre de 2025 con Oficio identificado con el radicado No. 202540001623281,
la Agencia Nacional de Tierras dio respuesta a la petición elevada por el señor Montes
Perdomo indic[ándo]le el trámite que debe adelantar para el acceso a tierras y el
procedimiento para la transferencia de predios de la SAE a la entidad.
El 7 de octubre de 2025 la Sociedad de Activos Especiales dio respuesta al derecho
de petición mediante Oficio identificado con el radicado No. 20251700296371
informándole cual es el trámite que debe adelantar con el fin de acceder a los bienes a
cargo de la SAE.
6. Inconforme con esa decisión el señor Luis Fernando Montes Perdomo la
impugnó, con fundamento en que las respuestas allegadas por las entidades
accionadas no podían considerarse de fondo, pues, ninguna de ellas resolvió su
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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Accionante: Deicy Lizeth Gómez Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
requerimiento de manera efectiva ni accedió al otorgamiento del terreno deprecado,
dado que, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) se limitó a citar procedimientos
generales sobre la transferencia y adjudicación de predios provenientes de la SAE
y, esta última no emitió un acto administrativo ni una comunicación concreta en la
que se resolviera su petición, sino que remitió información ambigua sobre el manejo
de los bienes con medidas cautelares.
7. Mediante sentencia de 13 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo del
Tolima resolvió revocar el aludido fallo de primera instancia y, en su lugar, acceder
al amparo, al considerar que «[…] el derecho fundamental de petición sí fue vulnerado, no
por falta de respuesta en sentido formal, sino por la ausencia de una contestación material y
específica» y, por lo tanto, dispuso:
[…]
TERCERO: Ordenar a la Sociedad de Activos Especiales – SAE S.A.S. y a la Agencia
Nacional de Tierras – ANT que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta providencia, emitan una respuesta de fondo, clara,
precisa y particularizada respecto del predio ubicado en el municipio de Armero, vía
San Felipe (Tolima), solicitado mediante derechos de petición radicados los días 2 y 3
de septiembre de 2025, indicando:
• El estado jurídico actualizado del inmueble.
-La existencia o no de medidas cautelares o procesos judiciales que recaigan sobre él.
-Si se ha iniciado un trámite de transferencia, adjudicación o destinación entre las
entidades accionadas. Y, de ser así, en qué etapa se encuentra dicho procedimiento.
-La anterior información debe dirigirse a integrar la información genérica ya entregada
como respuesta.
-Cualquier otro elemento informativo referente a la situación particular del accionante y
la comunidad a la que representa, al igual que, frente al predio objeto de estudio.
8. En atención a que, a juicio del señor Montes Perdomo, dicha orden de amparo no
se había acatado, el 28 de noviembre y 1° de diciembre de 2025 formuló incidente
de desacato, frente a lo cual, luego de requerir informe por parte de los señores
Deicy Lizeth Gómez Gómez, en condición de directora de acceso a tierras de la
Agencia Nacional de Tierras, y Gustavo Adolfo Gómez Giraldo, en calidad de
director de asuntos legales misionales de la Sociedad de Activos Especiales SAE,
a través de auto de 19 de diciembre de ese año, el Juzgado Primero (1°)
Administrativo de Ibagué le dio apertura y, el 30 de enero de 2026 declaró en
desacato, únicamente al señor Gómez Giraldo, sancionándolo con multa de un (1)
smlmv, al estimar que, «[…] no ha desplegado actuación alguna con el fin de dar cumplimiento
a las órdenes emitidas en el fallo de tutela».
9. Por su parte, en lo que respecta a la señora Gómez Gómez, la exoneró de
responsabilidad, toda vez que, «[…] ha adelantado las gestiones que le corresponden con el
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fin de dar respuesta al derecho de petición elevado por el señor Luis Fernando Montes Perdomo,
informándole que […] es menester que suministre algún dato que permita identificar el predio sobre
el cual solicita información», lo que denota «[…] un interés por dar cumplimiento a lo ordenado
en aras de garantizar los derechos fundamentales del accionante».
10. No obstante, con auto de 16 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo del
Tolima, en grado jurisdiccional de consulta, estimó conveniente modificar la referida
sanción, en el sentido de aumentarla a diez (10) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, pero, no solo para el señor Gustavo Adolfo Gómez Giraldo,
en condición de director de asuntos legales misionales de la Sociedad de Activos
Especiales SAE, sino también para la tutelante, en calidad de directora de acceso
a tierras de la Agencia Nacional de Tierras, advirtiendo, además, que esa multa
«[…] se convertirá en un día de arresto por cada salario mínimo legal mensual vigente no pagado
[…] dentro del plazo establecido […]», al considerar que, «[…] las actuaciones desplegadas no
lograron satisfacer plenamente el contenido sustancial de la orden judicial ».
11. Sobre la precedente situación, la tutelante expuso que la providencia objeto de
censura incurrió en defecto fáctico, entre otros aspectos, por cuanto, «[…] [le]
imp[uso] la misma sanción […] [que] al Director de Asuntos Legales Misionales de la Sociedad de
Activos Especiales – SAE, pese a que reconoc[ió] en la parte motiva de la providencia, que a
diferencia de las actuaciones positivas realizadas por la Agencia Nacional de Tierras, la SAE ha
guardado silencio frente al cumplimiento de la orden judicial », es decir, en su caso
particular, no analizó el elemento subjetivo a la hora de imponerle la sanción,
pues, solo se basó en el requisito objetivo, para concluir que, al igual que el
director de asuntos legales misionales de la SAE, no acató la orden de amparo.
12. Asimismo, en defecto sustantivo, comoquiera que, no tuvo en cuenta que « […]
el grado jurisdiccional de consulta por un lado, consiste en una revisión por parte del superior
jerárquico, sobre la legalidad de las sanciones ya impuestas a autoridades públicas declaradas
en desacato frente al cumplimiento de una orden de tutela con enfoque a la observancia de
aspectos relacionados con el debido proceso, el derecho de defensa etc; y por otra parte - según
el mismo Consejo de Estado - una regla según la cual “la competencia del juez en esta instancia
debe limitarse a dicho aspecto”3 , por tanto le ser[í]a vedado ahondar o desarrollar otros aspectos
que indujeran a revivir el debate primario […] verbi-gratia, un nuevo fallo, con nuevas sanciones
no contempladas originalmente ».
13. En defecto procedimental absoluto, dado que, « […] dentro del presente trámite
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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 4 de mayo de 2017, Radicación
número: 05001-23-33-000-2017-00294-01(AC).
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incidental de desacato, el requerimiento previo, la apertura del incidente y la decisión de
abstenerse de imponer sanción [le] fueron notificados […], no obstante, el auto emitido por parte
[del] TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, únicamente fue puesto en conocimiento […]
por parte de la Oficina Jurídica de la Agencia Nacional de Tierras a través de memorando interno
del 17 de febrero de 2026, pues el Juez de consulta únicamente tuvo en cuenta la dirección
electrónica de la Agencia Nacional de Tierras, exclusiva para recibir notificaciones judiciales
(juridica.ant@ant.gov.co), ignorando por completo [su] correo institucional personal y/o privado ».
14. Concluyó que, « […] es evidente que […] [la] sanción [fue] impuesta de manera injusta y
desproporcionada, […] [vulnerando sus] derechos fundamentales a la defensa y al debido
proceso, por cuanto, no se pudo probar [su] responsabilidad subjetiva en el trámite incidental de
desacato adelantado por el JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO […] [DE] IBAGUÉ quien se
abstuvo de sancionar, por lo que no es de recibo que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
TOLIMA, en sede de consulta, revoque [esa] providencia y en su lugar [le] imponga una sanción
[…], [ya que] la consulta elevada se realizó frente a la sanción impuesta a otro individuo por su
omisión durante el trámite cuya finalidad era constatar el cumplimiento de una orden de tutela ».
II. TRÁMITE PROCESAL
15. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 4 de
marzo de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i) ordenó
notificar al Tribunal Administrativo del Tolima; (ii) dispuso vincular al señor Gustavo
Adolfo Gómez Giraldo, en condición de director de asuntos legales de la Sociedad
de Activos Especiales (SAE), al señor Luis Fernando Montes Perdomo y al Juzgado
Primero (1°) Administrativo de Ibagué, en los términos del artículo 13 del Decreto
2591 de 1991; y (iii) decretó la medida cautelar solicitada por la actora, consistente
en ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima suspender los efectos de la sanción
de desacato impuesta en el auto de 16 de febrero de 2026, solamente respecto a
la tutelante, en calidad de directora de acceso a tierras de la Agencia Nacional de
Tierras (ANT) , hasta que se resuelva de mérito la acción de tutela de la referencia
o se disponga su revocatoria (lo que suceda primero), en virtud del inciso 5.º del
artículo 7.º del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
16. 2.1.1 El Juzgado Primero (1°) Administrativo de Ibagué4 aportó el enlace
digital para acceder al expediente con radicado 73001-33-33-001-2025-00231-02
y, señaló cada una de las actuaciones realizadas en ese despacho respecto al
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Índices 00010 y 00011 de Samai.
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Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
trámite incidental adelantado por el señor Luis Fernando Montes Perdomo, para
concluir que no vulneró los derechos fundamentales alegados por la actora.
17. 2.1.2 La Sociedad de Activos Especiales (SAE)5 por conducto de apoderada
judicial, presentó coadyuvancia, dado que dentro del trámite incidental en el que se
profirió la decisión reprochada, el entonces director de asuntos legales de esa
entidad, Gustavo Adolfo Gómez Giraldo, también fue sancionado.
En ese orden de ideas, expuso que él «[…] nunca fue notificado personalmente […] de las
providencias y requerimientos proferidos, así como de la sanción; recalcando […] que aunque la
Dirección de Asuntos Legales Misionales, ejerce la defensa judicial de la de la Sociedad de Activos
Especiales, de ninguna manera representa los intereses individuales de sus funcionarios en los
eventos en los cuales se discute una eventual responsabilidad subjetiva, […] razón por la [que], si
bien es cierto las providencias antes señaladas fueron enviadas al buzón genérico de la entidad:
notificacionjuridica@saesas.gov.co, los mismos no se efectuaron a [su] correo institucional
personal», impidiéndole ejercer plenamente su derecho de defensa y contradicción,
lo que conlleva a que se configuren las causales de nulidad prevista en los
numerales 5º y 8ª del artículo 133 del Código General del Proceso (CGP).
18. 2.1.3 El señor Luis Fernando Montes Perdomo6 solamente informó que, «[…]
[l]e llegó a [su] correo […] el dispone de fecha 4 de marzo de […] 2026 […] donde [se le] ratificó la
[d]ecisión del juzgado y […] del tribunal Administrativo del Tolima, que actuaron en derecho».
19. 2.1.4 El Tribunal Administrativo del Tolima guardó silencio en la oportunidad
prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia.
20. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en
virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.
3.2 La acción.
21. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
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Índice 00014 de Samai.
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Índice 00016 de Samai.
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Accionante: Deicy Lizeth Gómez Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Cuestiones previas.
3.3.1 Solicitud de coadyuvancia.
22. La Sociedad de Activos Especiales (SAE), que integró el extremo pasivo en la
acción de tutela con radicado 73001-33-33-001-2025-00231-02, en cuyo trámite
incidental de desacato se dictó la providencia que aquí se cuestiona, presentó
solicitud de coadyuvancia, al indicar que le asiste interés en este mecanismo
constitucional, dado que, en la decisión censurada también se le impuso sanción
de multa al entonces director de asuntos legales de esa entidad, Gustavo Adolfo
Gómez Giraldo.
23. Al respecto, se advierte que la coadyuvancia es una figura procesal por medio
de la cual alguien acude a una controversia judicial, con el objeto de apoyar la
prosperidad de las aspiraciones del demandante u oponerse a ellas (es decir,
acompañar al demandado), y así salvaguardar sus propios intereses, de acuerdo
con el inciso 2º7 del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 y el artículo 718 del Código
General del Proceso (CGP), aplicable a las acciones de tutela en virtud de los
artículos 49 del Decreto 306 de 199210 y 2.2.3.1.1.311 del Decreto 1069 de 201512 y
de lo precisado por la Corte Constitucional13.
7
«Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la
persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud».
8
«Quien tenga con una de las partes determinada relación sustancial a la cual no se extiendan los efectos jurídicos de la
sentencia, pero que pueda afectarse si dicha parte es vencida, podrá intervenir en el proceso como coadyuvante de ella,
mientras no se haya dictado sentencia de única o de segunda instancia [...]».
9
“Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se
aplicarán los principios generales del Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho
decreto”.
10
“Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.
11
“Para la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela previstas por el Decreto 2591 de 1991 se
aplicarán los principios generales del Código General del Proceso, en todo aquello en que no sean contrarios a dicho
Decreto”.
12
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.
13
Sentencia T-70 de 2018, M. P. Alejandro Linares Cantillo.
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24. En ese orden de ideas, comoquiera que la aludida entidad está habilitada para
intervenir en el presente asunto, puesto que fue vinculada como tercera con
interés14 y expuso las razones por las cuales se deben atender las pretensiones,
se accederá a su solicitud de coadyuvancia.
25. Sin embargo, en este caso puntual, cabe advertir que, sin perjuicio de coadyuvar
la acción de tutela de la referencia, la SAE no puede deprecar que se decidan
pretensiones propias o, que en el evento de resolverse de manera favorable los
efectos le sean extensivos a ella, pues, además de no estar contemplado en el
artículo 71 del Código General del Proceso, cabe recordar que los efectos de las
providencias de tutela son inter partes y su vinculación a estas diligencias fue como
tercera con interés, por lo que, en el evento de aspirar que se revise su situación
particular, el señor Gustavo Adolfo Gómez Giraldo en calidad de director de asuntos
legales misionales y como directamente afectado con la sanción impuesta debe
instaurar una nueva acción alegando la vulneración de sus derechos.
3.3.2 Solicitud de nulidad.
26. En el asunto sub examine, en el mismo escrito de coadyuvancia, la Sociedad de
Activos Especiales (SAE), pidió «[…] declarar la nulidad de la[s] actuaci[ones] surtida[s]
a partir del auto de […] 19 de diciembre de 2025[,] mediante el cual se resolvió dar apertura a
incidente de desacato, incluidas las providencias del 30 de enero y 16 de febrero de 2026 que
impusieron la sanción [al señor al señor Gustavo Adolfo Gómez Giraldo, en calidad de director de
asuntos legales misionales de esa entidad], por la configuración de las causales de nulidad
prevista[s] en los numerales 5º y 8ª del artículo 133 CGP, al omitir la oportunidad de solicitar
y aportar pruebas dentro d[he dicho trámite], circunstancia que [le] impidió ejercer
eficazmente los derechos de contradicción y debido proceso », toda vez que, las aludidas
decisiones no le fueron notificadas al aludido funcionario directamente a su correo
electrónico institucional o personal.
27. Al respecto, la Sala advierte que, dicha solicitud debe ser formulada directamente
en el trámite incidental en el que se le impuso la sanción a su funcionario y con la
que no está de acuerdo, de tal forma que sea el juez natural del asunto quien
analice sobre su prosperidad o no, por lo tanto, será rechazada.
14
Mediante auto de 25 de febrero de 2025 visible en el índice 00004 de Samai.
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3.4 Problema jurídico.
28. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar, únicamente
en lo que respecta a la tutelante, en condición de directora de acceso a tierras de
la Agencia Nacional de Tierras, el auto de 16 de febrero de 2026, mediante el cual
el Tribunal Administrativo del Tolima la declaró en desacato por no haber
cumplidola ordende amparo proferida el 13 de noviembre de 2025, dentro de la
acción de tutela promovida por Luis Fernando Montes Perdomo en contra suya y
del director de asuntos legales de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)
[expediente 73001-33-33-001-2025- 00231-02]; y, en caso afirmativo, si se han
vulnerado las garantías superiores al debido proceso, defensa y buen nombre
invocadas en la solicitud de amparo.
3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.
29. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional15 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado16, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
30. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
15 Sentencia C-590 de 2005.
16 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth
García González.
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un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
31. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.
32. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio de la actora,
en una sanción que le fue impuesta de manera arbitraria en consulta de desacato,
lo cual, de comprobarse, conllevaría a la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso, defensa y buen nombre; (ii) contra la decisión
objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que la providencia atacada
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01392-00
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quedó ejecutoriada el 24 de febrero de 202617 y la solicitud de amparo se presentó
un día antes (23 de febrero), es decir, dentro de los seis meses; y (v) el proveído
acusado no es de tutela, sino que resolvió en grado de consulta una sanción
impuesta por el supuesto incumplimiento al fallo de tutela proferido dentro del
proceso con radicado 73001-33-33-001-2025- 00231-02.
3.6 Procedencia excepcional de la acción de tutela contra decisiones emitidas
en trámite incidental de desacato.
33. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia SU-034 de 3 de mayo de
201818 sostuvo que es procedente, de manera excepcional, atacar vía tutela una
providencia emitida en el trámite de un incidente de desacato, siempre y cuando se
cumplan los siguientes requisitos:
i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que
la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –
incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–.
ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las
causales específicas (defectos).
iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo
planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe
traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato,
y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro
del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio.
34. En ese orden de ideas, en el sub lite se observa que, (i) la providencia atacada
fue la que resolvió en grado jurisdiccional de consulta el incidente de desacato
formulado por el señor Luis Fernando Montes Perdomo en contra de la actora, en
condición de directora de acceso a tierras de la Agencia Nacional de Tierras, y del
señor Gustavo Adolfo Gómez Giraldo, en calidad de director de asuntos legales
misionales de la Sociedad de Activos Especiales SAE, la cual quedó ejecutoriada
el 24 de febrero de 2026; (ii) como atrás se indicó, se acreditan los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
además, fueron planteados y sustentados los defectos defecto fáctico, sustantivo y
procedimental absoluto; y (iii) los argumentos de la accionante son consistentes
con los señalados dentro del incidente de desacato.
17
El correo electrónico, mediante el cual se comunicó la decisión cuestionada, fue enviado el 17 de febrero de 2026, motivo
por el cual se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 19 de los mismos mes y año, conforme al artículo
205 (numeral 2) del CPACA.
18
M. P. Alberto Rojas Ríos.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01392-00
Accionante: Deicy Lizeth Gómez Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
35. Así las cosas, habiéndose acreditado los requisitos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, y los especiales para atacar
decisiones proferidas dentro de un incidente de desacato, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto fáctico y sustantivo,
toda vez que, la génesis de la vulneración invocada por la actora radica, en su
criterio, en un indebido análisis y apreciación de las pruebas y del elemento
subjetivo por parte de la autoridad accionada para imponerle una sanción
desproporcionada en grado jurisdiccional de consulta.
36. Además, pese a que la accionante alegó también el defecto procedimental
absoluto, se advierte que aquel está fundamentado en una presunta indebida
notificación de las decisiones previas a la providencia reprochada, es decir, no
guarda relación directa con alguna irregularidad procesal evidenciada en aquella y,
de todas maneras, verificada la herramienta electrónica para la gestión judicial
denominada Samai, se observa que, mediante memorial de 24 de febrero del año
en curso presentó ante el Tribunal Administrativo del Tolima solicitud de nulidad
procesal por el mismo motivo, la cual aún no ha sido resuelta, por lo que, en virtud
del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la obligación
de interpretar de manera extensiva el escrito inicial19, en este caso no resulta
procedente analizar este trámite a partir de esa causal de procedencia de tutela
contra providencia judicial, sino, únicamente frente a las referidas en precedencia
(defecto fáctico y defecto sustantivo).
3.6.1 Defecto fáctico.
37. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por
defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »20.
38. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
19
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida
es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
20
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en
los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra21.
3.6.2 Defecto sustantivo.
39. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que
los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.
40. La jurisprudencia constitucional22 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:
Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 23.
3.7 Análisis del caso concreto.
41. En el asunto sub examine, la demandante adujo que la providencia cuestionada
incurrió en defecto fáctico, entre otros aspectos, por cuanto, «[…] [le] imp[uso] la misma
sanción […] [que] al Director de Asuntos Legales Misionales de la Sociedad de Activos Especiales
– SAE, pese a que reconoc[ió] en la parte motiva de la providencia, que a diferencia de las
actuaciones positivas realizadas por la Agencia Nacional de Tierras, la SAE ha guardado silencio
frente al cumplimiento de la orden judicial», es decir, en su caso particular, no analizó el
elemento subjetivo, pues, solo se basó en el requisito objetivo, para concluir que,
21
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
22
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
23
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
13
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al igual que el director de asuntos legales misionales de la SAE, no acató la orden
de amparo.
42. Asimismo, en defecto sustantivo, comoquiera que no tuvo en cuenta que « […] el
grado jurisdiccional de consulta[,] por un lado, consiste en una revisión por parte del superior
jerárquico, sobre la legalidad de las sanciones ya impuestas a autoridades públicas declaradas en
desacato frente al cumplimiento de una orden de tutela con enfoque a la observancia de aspectos
relacionados con el debido proceso, el derecho de defensa etc; y por otra parte - según el mismo
Consejo de Estado - una regla según la cual “la competencia del juez en esta instancia debe limitarse
a dicho aspecto”24 , por tanto le ser[í]a vedado ahondar o desarrollar otros aspectos que indujeran
a revivir el debate primario […] verbi-gratia, un nuevo fallo, con nuevas sanciones no contempladas
originalmente».
43. Antes de efectuar el estudio de fondo en esta acción de tutela, cabe precisar
que, para la configuración del desacato se requieren dos elementos, a saber: (i) el
objetivo, que hace referencia al incumplimiento del fallo, esto es, a que se
compruebe que la decisión no ha sido acatada; y (ii) el subjetivo, el cual, en razón
a la naturaleza disciplinaria de la sanción, exige comprobar negligencia de la
autoridad accionada frente a la orden de tutela.
44. Es importante destacar que estos elementos deben analizarse en torno a lo
decidido en la acción de tutela, como lo expresó la Corte Constitucional, al indicar:
Los dos elementos del desacato, es decir, el objetivo (incumplimiento de la decisión) y
el subjetivo (conducta desplegada por cada disciplinado tendiente a no cumplir) giran
en torno a la orden que se haya consignado en la tutela. Ahora bien, esta solamente
sería obligatoria, en principio, respecto de la parte resolutiva del fallo e incluiría la ratio
decidendi presente en el mismo. En todo caso, debemos señalar que en aplicación del
principio de buena fe y conforme al artículo 6° de la Constitución, no es posible derivar
obligación ni responsabilidad alguna respecto de órdenes que no han sido consignadas
con claridad en la decisión. Esto porque tratándose de un proceso sancionatorio en
donde se encuentra bajo debate la libertad, honra y bienes de un Asociado se hace
necesaria la conformación de un parámetro objetivo y claro a partir del cual deducir el
incumplimiento de la obligación25.
45. Ahora bien, se evidencia que la autoridad accionada, en la providencia objeto de
censura, concluyó:
Para entrar a resolver el presente asunto se tiene que el incidente de desacato,
conforme al artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 y a la reiterada jurisprudencia
constitucional, exige la concurrencia de dos elementos claramente diferenciables: uno
objetivo, referido al incumplimiento material de la orden impartida en el fallo de tutela,
y otro subjetivo, consistente en la existencia de dolo o culpa en cabeza del funcionario
o particular obligado a su cumplimiento. Esta distinción no es meramente teórica, sino
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 4 de mayo de 2017, Radicación
número: 05001-23-33-000-2017-00294-01(AC).
25
Sentencia T-939 de 2005, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
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que constituye una garantía esencial del debido proceso, en la medida en que impide
la imposición automática de sanciones y exige al juez un análisis individualizado de la
conducta desplegada por cada uno de los vinculados al trámite incidental.
Desde la perspectiva del elemento objetivo, el punto de partida del análisis debe
situarse en el contenido concreto de la orden impartida por este Tribunal Administrativo
en la sentencia de segunda instancia del 13 de noviembre de 2025. En dicha
providencia se dispuso que las entidades accionadas debían emitir una respuesta de
fondo, clara, precisa y particularizada respecto de la información solicitada sobre un
predio como posible escenario para la reubicación del pueblo originario de Armero –
Tolima, que según el accionante se encuentra ubicado en la Vereda de San Felipe del
Municipio de Armero - Tolima. La orden no se limitó a exigir una contestación formal,
sino que estableció parámetros sustantivos de suficiencia, orientados a garantizar la
efectividad del derecho fundamental de petición.
Desde esta óptica, el incumplimiento objetivo se encuentra acreditado, en la medida en
que las actuaciones desplegadas no lograron satisfacer plenamente el contenido
sustancial de la orden judicial. Las respuestas emitidas mantuvieron un carácter
condicionado o incompleto, lo que impidió verificar el acatamiento integral del mandato
constitucional.
Ahora bien, del análisis de las actuaciones se advierte que la Agencia Nacional de
Tierras – ANT no brindó una definición clara, concreta y verificable respecto de si hay
un inmueble susceptible de ser identificado jurídicamente, ni precisó la existencia o no
de un procedimiento administrativo en curso orientado a su eventual transferencia,
adjudicación o destinación, mientras que la Sociedad de Activos Especiales – SAE
incurrió en una conducta omisiva, al guardar silencio frente a los requerimientos
judiciales formulados para verificar el cumplimiento del fallo de tutela. En tal escenario,
ninguna de las entidades aportó claridad ni certeza acerca de si existe o no un inmueble
para tal fin, si este se encuentra sometido a trámite alguno, en qué etapa se hallaría
dicho procedimiento o si existe actuación administrativa encaminada a su eventual
entrega para la reubicación de la población víctima del desastre natural ocurrido en el
municipio de Armero – Tolima, situación que prolongó la incertidumbre y afectó la
efectividad del amparo constitucional concedido, por ende, como se indicó el elemento
objetivo para el presente asunto se encuentra agotado en el sentido de su
incumplimiento.
La Sala advierte que el análisis del elemento subjetivo en el incidente de desacato debe
realizarse de manera diferenciada por entidad, atendiendo no solo al comportamiento
procesal desplegado, sino también a las competencias funcionales que constitucional
y legalmente les han sido asignadas. Bajo ese entendido, resulta necesario examinar
de forma particular la actuación de la Agencia Nacional de Tierras – ANT y de la
Sociedad de Activos Especiales – SAE, teniendo en cuenta el carácter excepcional del
poder sancionatorio en esta clase de incidentes y los límites propios del grado de
consulta.
En lo que respecta a la Agencia Nacional de Tierras – ANT, la Sala se aparta de la
valoración efectuada por la juzgadora de primera instancia en cuanto a la suficiencia
de las explicaciones ofrecidas por dicha entidad y su funcionaria incidentada. En efecto,
resulta altamente improbable que una de las agencias encargadas de adelantar la
reforma agraria como pilar estructural del actual Gobierno Nacional no pueda indicar,
si existe o no un predio ubicado en la Vereda San Felipe del Municipio de Armero –
Tolima que haga parte del ámbito funcional de la Dirección de Acceso a Tierras,
susceptible de ser considerado para la reubicación de la población del antiguo Armero.
La Sala observa que, si bien la ANT desplegó actuaciones administrativas para
sostener que no podía identificar el predio por la supuesta deficiencia de la información
suministrada por el petente, lo cierto es que ahorró esfuerzos para emitir una respuesta
de fondo, al tiempo que no escatimó en trasladar la carga administrativa y probatoria al
ciudadano, exigiéndole datos cuya verificación mínima resulta inherente a la función
pública que ejerce. Tal proceder desatiende el deber de colaboración con la justicia
constitucional y vacía de contenido material la orden impartida, pues una respuesta
elemental que indicara si hay o no un predio bajo su órbita competencial habría
15
Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01392-00
Accionante: Deicy Lizeth Gómez Gómez
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permitido satisfacer la orden judicial y preservar la economía procesal, evitando la
prolongación innecesaria del conflicto.
Recordemos que, nos encontramos ante un asunto de naturaleza constitucional, en el
cual se advierte con claridad que no se ha dado cumplimiento a lo ordenado en el
numeral tercero de la parte resolutiva de la sentencia de tutela, obligación que recaía
directamente sobre la funcionaria de la Agencia Nacional de Tierras – ANT, en virtud
de las competencias que legalmente le han sido asignadas. En el marco del Estado
Social de Derecho, cada autoridad debe actuar dentro del ámbito de sus funciones; no
obstante, cuando la orden judicial se dirige precisamente a quien ostenta la
competencia material para ejecutarla, el deber de acatamiento adquiere carácter
inmediato e imperativo. En el presente caso, no existe discusión sobre falta de
competencia, sino sobre la inobservancia de una orden constitucional por parte de la
autoridad plenamente habilitada para cumplirla, lo cual compromete la eficacia del
amparo y la autoridad de la jurisdicción constitucional.
Verificado el incumplimiento y constatado que la funcionaria incidentada contaba con
la competencia necesaria para ejecutar lo ordenado, la Sala concluye que la conducta
desplegada no es en nada diligente, en la medida en que no adoptó las medidas
administrativas idóneas, eficaces y suficientes para dar cumplimiento integral y
oportuno a la orden impartida. La omisión prolongada y la ausencia de actuaciones
concretas orientadas a satisfacer lo ordenado evidencian una actitud renuente
incompatible con la naturaleza prevalente y obligatoria de las decisiones de tutela.
En consecuencia, la decisión consultada en este sentido será revocada en el sentido
de declarar en desacato, por conducta culposa, a la funcionaria Deicy Lizeth Gómez
Gómez, quien ostenta el cargo de Directora de Acceso a Tierras de la Agencia Nacional
de Tierras, e imponerle una multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales
mensuales vigentes, atendiendo a que su comportamiento revela una renuencia
reiterada al cumplimiento de las órdenes judiciales impartidas, circunstancia que exige
una respuesta sancionatoria proporcional y eficaz para garantizar la efectividad del
amparo constitucional.
Ahora bien, [e]n cuanto al elemento subjetivo del desacato respecto del funcionario de
la Sociedad de Activos Especiales – SAE S.A.S., debe partirse de que la orden judicial
presuntamente incumplida fue impartida en la sentencia de tutela del 13 de noviembre
de 2025, providencia que fue debidamente notificada a la entidad y que contenía en su
numeral tercero una orden clara, concreta y de ejecución inmediata.
[…]
La Sociedad de Activos Especiales – SAE S.A.S. tiene dentro de sus funciones
específicas la administración, custodia, inventario, gestión y disposición de los bienes
que se encuentran bajo su tutela, así como la verificación del estado jurídico y material
de los inmuebles administrados por el Estado. Tales competencias implican
necesariamente la obligación de revisar sus registros internos y determinar la
existencia o no de bienes dentro de su órbita de administración.
En ese contexto, la orden contenida en el numeral tercero de la sentencia del 13 de
noviembre de 2025 también le era plenamente exigible, pues dentro de sus funciones
se encuentra la revisión del inventario de predios administrados y bajo su tutela, a
efectos de establecer si existe o no un inmueble ubicado dentro de la órbita
jurisdiccional y territorial señalada en la providencia, que eventualmente se encuentre
en trámite con la Agencia Nacional de Tierras – ANT con el propósito de ser destinado
a la población referida en la decisión judicial.
[…]
No obstante, pese al conocimiento previo de las solicitudes y a la notificación formal de
la sentencia del 13 de noviembre de 2025, no se evidencia que la SAE haya desplegado
una actuación eficaz orientada a cumplir de manera integral la orden judicial, ni que
hubiese realizado una verificación concreta y documentada dentro del inventario de
bienes administrados.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01392-00
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La omisión de adelantar tales actuaciones, pese a contar con competencia funcional y
conocimiento cierto de la orden, revela en el plano subjetivo una conducta al menos
culposa, en la medida en que el funcionario incidentado no actuó con la diligencia
exigible a quien administra bienes públicos bajo su responsabilidad y está sometido al
deber constitucional de acatamiento de las decisiones judiciales.
No se acreditó imposibilidad jurídica o material que justificara el incumplimiento, ni se
demostró gestión suficiente encaminada a satisfacer el mandato constitucional. Por el
contrario, la inactividad prolongada y la ausencia de actuaciones verificables
evidencian una actitud renuente incompatible con la naturaleza inmediata y obligatoria
de las decisiones proferidas en sede de tutela.
En consecuencia, la Sala concluye que se encuentra configurado el elemento subjetivo
necesario para mantener la declaratoria de desacato respecto del funcionario de la
Sociedad de Activos Especiales – SAE S.A.S., dado que, teniendo conocimiento previo
del asunto, habiendo sido notificada la sentencia del 13 de noviembre de 2025 y
ostentando competencia funcional para actuar, omitió desplegar las acciones
necesarias para cumplir la orden judicial, comprometiendo así la eficacia del amparo
constitucional y la autoridad del juez de tutela.
De igual manera, atendiendo al incumplimiento y a la renuencia evidenciada frente a
las órdenes judiciales impartidas, la Sala considera necesario modificar la decisión
consultada también en lo que respecta a la sanción impuesta a Gustavo Adolfo Gómez
Giraldo, quien desempeña el cargo de Director de Asuntos Legales Misionales de la
Sociedad de Activos Especiales – SAE, a fin de garantizar su carácter disuasivo y
proporcional. En ese sentido, la multa será fijada en el equivalente a diez (10) salarios
mínimos legales mensuales vigentes, medida que se estima adecuada y necesaria
para asegurar la efectividad del amparo constitucional y preservar la autoridad de la
jurisdicción. (Énfasis propio).
46. De lo expuesto se colige que, contrario a lo indicado por la tutelante, la autoridad
accionada sí analizó tanto el elemento objetivo como el subjetivo a la hora de
imponer la sanción, solo que el segundo lo enfocó en la competencia funcional y no
en el comportamiento procesal desplegado, de esa manera concluyó que la SAE y
la ANT estaban facultadas para atender de manera efectiva y concreta la petición
del señor Luis Fernando Montes Perdomo, sin exigirle nuevos trámites o
información que era factible encontrar en sus bases de datos y, por lo tanto, la
sancionó, en condición de directora de acceso a tierras de la Agencia Nacional de
Tierras, en igual forma que al señor Gustavo Adolfo Gómez Giraldo, en calidad de
director de asuntos legales misionales de la Sociedad de Activos Especiales.
47. Ahora bien, para la Sala, tal interpretación, por una parte, desatendió que
conforme a la sentencia SU-034 de 2018 «[…] cobra vertebral importancia un juicio
adecuado en torno a la responsabilidad subjetiva en cabeza del destinatario de la orden de tutela,
pues no basta con constatar el incumplimiento o el cumplimiento defectuoso para dar por supuesta
una actitud indolente por parte del mismo26», lo que «[…] conlleva examinar si se da un nexo
causal fundado en la culpa o el dolo entre el comportamiento del demandado y el resultado 27– pues
26
Tal ha sido la línea definida por la Corte de tiempo atrás: “Es pues el desacato un ejercicio del poder disciplinario y por lo
mismo la responsabilidad de quien incurra en aquel es una responsabilidad subjetiva. Es decir que debe haber negligencia
comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, no pudiendo presumirse la responsabilidad por el solo hecho del
incumplimiento.” Sentencia T-763 de 1998, M.P.: Alejandro Martínez Caballero
27
Sentencia T-889 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio
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si no hay contumacia o negligencia comprobadas –se insiste– no puede presumirse la
responsabilidad por el solo hecho del incumplimiento y, por lo tanto, no es procedente la sanción28».
(Énfasis propio).
48. Además de ello, no hizo una distinción especial entre las actuaciones
desplegadas por cada una de las autoridades que debían acatar la orden, debido a
que, pese a que efectuó un estudio independiente entre la ANT y la SAE, arribó a
la misma conclusión frente a ambas entidades, basándose únicamente en que
persistía el incumplimiento y, en ese sentido les impuso la misma sanción, dejando
de lado que, por ejemplo, desde el escrito de tutela en cuyo trámite se inició el
incidente de desacato, la SAE no presentó pronunciamiento alguno, demostrando
una conducta omisiva, diferente al caso de la ANT, que realizó acciones tendientes
a garantizar el derecho fundamental de petición del señor Montes Perdomo.
49. Adicionalmente, dejó de lado que, en palabras de la Corte Constitucional29, «[…]
si bien una de las consecuencias derivadas d[el] trámite incidental es la imposición de sanciones
por la desobediencia frente a la sentencia, su auténtico propósito es lograr el cumplimiento efectivo
de la orden de tutela pendiente de ser ejecutada 30; de suerte que no se persigue reprender al
renuente por el peso de la sanción en sí misma 31, sino que ésta debe entenderse como una forma
para inducir que aquel encauce su conducta hacia el cumplimiento, a través de una medida de
reconvención cuyo objetivo no es otro que auspiciar la eficacia de la acción impetrada y, con ella, la
reivindicación de los derechos quebrantados32».
50. Lo indicado en precedencia, con fundamento en que, en el asunto sub judice
llama la atención que la autoridad accionada (i) sancionara a la actora, en condición
de directora de acceso a tierras de la ANT, a pesar que en el incidente de desacato
fue absuelta; (ii) que su aplicación fuera igual que para el director de asuntos
28
Sobre la responsabilidad subjetiva por parte del obligado en el trámite de incidente de desacato, la Corte ha fijado un
precedente pacífico: sentencias T-763 de 1998, M.P.: Alejandro Martínez Caballero, T-553 de 2002, M.P.: Alfredo Beltrán
Sierra, T-458 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-459 de 2003, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-744 de 2003,
M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-939 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, T-1113 de 2005, M.P.: Jaime
Córdoba Triviño, T-632 de 2006, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-1243 de 2008, M.P.: Rodrigo Escobar Gil, T-171 de
2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-123 de 2010, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, T-652 de 2010, M.P.: Jorge Iván
Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-606 de 2011, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-
889 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-010 de 2012, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-527 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, T-1090 de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-185 de 2013, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, T-399
de 2013, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, T-254 de 2014, M.P.: Luis Ernesto
Vargas Silva, C-367 de 2014, M.P.: Mauricio González Cuervo, T-271 de 2015, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-325 de
2015, M.P.: Luis Guillermo Guerrero Pérez, T-226 de 2016, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva, T-280 de 2017, M.P.: José
Antonio Cepeda Amarís.
29
Sentencia SU-038 de 2018.
30
Sentencias C-092 de 1997, M.P.: Carlos Gaviria Diaz y C-367 de 2014, M.P: Mauricio González Cuervo
31
Sentencias T-421 de 2003, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra, T-368 de 2005, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández, T-
1113 de 2005, M.P.: Jaime Córdoba Triviño, T-171 de 2009, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto, T-652 de 2010, M.P.:
Jorge Iván Palacio Palacio, T-512 de 2011, M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio, T-074 de 2012, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt
Chaljub, T-280A de 2012, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, T-482 de 2013, M.P.: Alberto Rojas Ríos, C-367 de 2014,
M.P.: Mauricio González Cuervo,
32
Sobre la naturaleza de la sanción por desacato se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia C-092 de 1997, M.P.:
Carlos Gaviria Diaz
18
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legales misionales de la SAE, quien, atendiendo al factor subjetivo, sí demostró una
actitud renuente y desinteresada; y (iii) que no obstante lo anterior, consistiera en
una multa tan elevada (10 smlmv), advirtiendo, además, que esta «[…] se convertirá
en un día de arresto por cada salario mínimo legal mensual vigente no pagado […] dentro del plazo
establecido […]».
51. Para la Sala, la determinación de la autoridad judicial accionada impidió que la
accionante pudiera ejercer su derecho de defensa, dado que, de acuerdo con el
inciso segundo del artículo 5233 del Decreto ley 2591 de 199134, el grado
jurisdiccional de consulta se surte para confirmar o revocar una sanción ya
impuesta en el incidente de desacato, es decir, es la actuación que le pone fin a
ese trámite, por ende, su juicio tuvo que basarse únicamente en la sanción que se
le impuso al director de asuntos legales misionales de la SAE.
52. Al respecto, la Corte Constitucional expuso que el juez que resuelve la consulta
en el marco de un incidente de desacato deberá verificar los siguientes aspectos:
(i) si hubo incumplimiento y si este fue total o parcial, apreciando en ambos casos
las circunstancias del caso concreto –la causa del incumplimiento– con el fin de
identificar el medio adecuado para asegurar que se respete lo decidido.
(ii) si existe incumplimiento, deberá analizar si la sanción impuesta en el incidente
de desacato es la correcta, en esta etapa, se corrobora que no haya una
violación de la Constitución o de la Ley y que la sanción es adecuada, dadas las
circunstancias específicas de cada caso, para alcanzar el fin que justifica la
existencia misma de la acción de tutela, es decir, asegurar el goce efectivo del
derecho tutelado por la sentencia.35 (Énfasis propio).
53. Así las cosas, para la Sala, la sanción impuesta a la actora por la autoridad
accionada no corresponde a un juicio proporcional y razonable en relación con su
comportamiento procesal dentro del trámite incidental, pero, además, desconoció
el debido proceso de cualquier autoridad que ostente la calidad de incidentada en
los términos de la normativa en cita, lo que conlleva a la configuración de los
defectos alegados.
54. Sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que, si el señor Luis Fernando Montes
Perdomo considera que persiste la vulneración de su derecho fundamental de
petición, tanto por parte de la SAE como de la ANT, si a bien lo tiene, puede formular
33
«[…]
La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será consultada al superior jerárquico quien decidirá
dentro de los tres días siguientes si debe revocarse […]». (Énfasis propio).
34
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
35
Sentencia T-086 de 2003, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01392-00
Accionante: Deicy Lizeth Gómez Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
un nuevo incidente de desacato encaminado a que el cumplimiento de la orden de
amparo sea verificado y, de no ser así, se impongan las sanciones a las que haya
lugar.
IV. DECISIÓN
55. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto la actora
acreditó que la providencia de 16 de febrero de 2026, proferida por el Tribunal
Administrativo del Tolima, en su caso particular, incurrió en los defectos fáctico y
sustantivo alegados, lo que impone acceder al amparo deprecado.
56. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. RECHAZAR la solicitud de nulidad formulada por la Sociedad de
Activos Especiales (SAE), de acuerdo con lo indicado en la motivación.
SEGUNDO. ACEPTAR la solicitud de coadyuvancia formulada por la SAE,
conforme a lo esgrimido en la parte considerativa de este fallo.
TERCERO. AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
buen nombre de la señora Deicy Lizeth Gómez Gómez, por las razones expuestas.
CUARTO. DEJAR SIN EFECTOS, únicamente en lo que respecta a la tutelante, en
condición de directora de acceso a tierras de la Agencia Nacional de Tierras, el
proveído de 16 de febrero de 2026, por cuyo conducto el Tribunal Administrativo del
Tolima, en grado jurisdiccional de consulta, la sancionópor no haber acatado la
sentencia de amparo proferida el 13 de noviembre de 2025, dentro de la acción de
tutela promovida por Luis Fernando Montes Perdomo en contra suya y del director
de asuntos legales de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) [expediente 73001-
33-33-001-2025- 00231-02], conforme a la motivación.
QUINTO. ADVERTIR a la autoridad indicada en el ordinal anterior, que el
incumplimiento de lo dispuesto en esta sentencia dará lugar a las sanciones
establecidas en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991.
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Accionante: Deicy Lizeth Gómez Gómez
Accionado: Tribunal Administrativo del Tolima
SEXTO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
SÉPTIMO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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