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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01396-00

Fecha
15 de abril de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01396-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 15 Expediente: 11001-03-15-000-2026-01396-00 Actoras: Natalia Tosse Lozano y otra Acción de tutela 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por Natalia Tosse Lozano y Nancy Lozano Escandón, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad para las Víctimas. 3°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01396-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

15 de abril de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, quince (15) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01396-00
Demandante: NATALIA TOSSE LOZANO Y OTRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA
Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS
JUDICIALES. IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
INMEDIATEZ Y POR FALTA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL.

Síntesis del caso: la parte demandante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales
con ocasión del auto mediante el cual se declaró probada la excepción de inexistencia de título
ejecutivo y la terminación de un proceso ejecutivo, así como del auto de un juzgado penal del
circuito especializado que se abstuvo de imponer sanción por desacato. La Sala advirtió que la
acción de tutela no superó el requisito de inmediatez respecto de la primera providencia y que
carece de relevancia constitucional frente a la segunda, en tanto pretende reabrir una
controversia ya resuelta por el juez natural, motivos por los cuales se declarará improcedente.

La Sala decide la acción de tutela presentada 1 por Natalia Tosse Lozano y Nancy
Lozano Escandón en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga para la protección
de sus derechos fundamentales del debido proceso, acceso a la administración de
justicia e igualdad consagrados en los artículos 29, 229 y 13 de la Constitución Política,
presuntamente vulnerados con ocasión del auto del 23 de enero de 2025 proferido por
el tribunal demandado, mediante el cual se declaró probada la excepción de
inexistencia del título ejecutivo y se ordenó la terminación de un proceso ejecutivo
adelantado por las demandantes, así como del auto del 4 de noviembre de 2024
proferido por el juzgado demandado, mediante el cual se abstuvo de imponer sanción
por el alegado incumplimiento de la sentencia T-188 de 2007 de la Corte Constitucional.

1
Mediante escrito presentado el 13 de febrero de 2026 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Restrepo
(Valle), de acuerdo con información suministrada por esa autoridad judicial.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01396-00
Actoras: Natalia Tosse Lozano y otra
Acción de tutela

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Nancy Lozano Escandón presentó acción de tutela, en nombre propio y en
representación de su hija menor, en condición de víctimas del conflicto armado, en
contra de la Red de Solidaridad Social de la Presidencia de la República con el
propósito de que se ampararan sus derechos fundamentales, los cuales estimaron
vulnerados con ocasión de la negativa de dicha autoridad de reconocerles una ayuda
humanitaria y la indemnización a la que consideraban tener derecho.

2) El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Guadalajara de Buga, autoridad judicial que, en sentencia del 1 de
julio de 2005, negó el amparo por considerar que no se encontraba acreditado que los
hechos alegados tuvieran origen en el conflicto armado interno ni que se cumplieran
los requisitos exigidos para el reconocimiento de la ayuda humanitaria solicitada.

3) En sede de revisión, la Corte Constitucional profirió la sentencia T-188 del 15 de
marzo de 2007, mediante la cual revocó la decisión del juzgado y, en su lugar, concedió
el amparo de los derechos fundamentales de las demandantes tras concluir que la
autoridad demandada les impuso cargas probatorias desproporcionadas para acreditar
su condición de víctimas, en particular, la exigencia de demostrar los móviles
ideológicos o políticos del hecho violento; en consecuencia, ordenó su inclusión en los
programas de atención a víctimas del conflicto armado y el reconocimiento de la
indemnización correspondiente, cuya cuantificación debía ser determinada por la
jurisdicción de lo contencioso-administrativo.

4) En cumplimiento de dicha orden, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Buga profirió auto del 29 de septiembre de 2009, a través del cual efectuó
la liquidación de los perjuicios en favor de las demandantes en la suma de
$151.197.000, decisión confirmada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
en providencia del 18 de diciembre de 2009.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01396-00
Actoras: Natalia Tosse Lozano y otra
Acción de tutela

5) Con fundamento en esa liquidación, el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social (en adelante DPS) pagó la indemnización en el año 2011; sin
embargo, aseguran que dicho pago no incluyó la actualización monetaria ni los
intereses moratorios causados entre la fecha de la liquidación judicial y el momento en
que se efectuó el desembolso.

6) Debido a lo anterior, promovieron proceso ejecutivo contra el DPS, con el fin de
obtener el reconocimiento y pago de los intereses moratorios y la indexación derivados
de la obligación reconocida en la liquidación judicial de 2009.

7) El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buga, mediante auto del
22 de julio de 2020, ordenó seguir adelante con la ejecución 2; la entidad ejecutada
apeló la decisión y en segunda instancia, mediante auto del 23 de enero del 2025 el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca revocó la providencia del juzgado, declaró
probada de oficio la excepción de inexistencia de título ejecutivo y ordenó la terminación
del proceso.

8) La autoridad judicial demandada precisó que la obligación que se pretendió ejecutar
derivó de la liquidación de perjuicios efectuada en el año 2009 en cumplimiento de la
sentencia T-188 de 2007, cuyo monto fue efectivamente pagado en el año 2011, por lo
cual consideró que la pretensión ejecutiva no se dirigió al pago del capital
indemnizatorio ya satisfecho sino, exclusivamente, al reconocimiento de intereses
moratorios e indexación causados entre la fecha de la liquidación y el momento del
pago.

9) A partir de esa premisa, concluyó que no existía una obligación clara, expresa y
exigible que respaldara la ejecución de los intereses moratorios y la indexación en los
términos pretendidos por las demandantes, dado que tales conceptos no se
encontraban incorporados de manera autónoma en el título ejecutivo que sirvió de
fundamento al proceso.

2
El juzgado concluyó que las excepciones formuladas por la entidad ejecutada no cumplían con el
requisito de taxatividad, razón por la cual no podían ser estudiadas como excepciones de mérito; en ese
contexto y ante la inexistencia de defensas idóneas que desvirtuaran la obligación contenida en el título
ejecutivo, ordenó seguir adelante con la ejecución por las sumas ordenadas en el mandamiento de pago.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01396-00
Actoras: Natalia Tosse Lozano y otra
Acción de tutela

10) En cumplimiento de lo anterior, el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
Judicial de Buga, mediante auto del 12 de mayo de 2025, obedeció y cumplió lo resuelto
por el tribunal y ordenó la terminación y archivo del proceso ejecutivo.

11) De manera paralela a los anteriores hechos, las demandantes promovieron
incidente de desacato ante el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Guadalajara de Buga, con el propósito de obtener el cumplimiento integral de la
sentencia T-188 de 2007, en lo relativo al pago de la indemnización con los
correspondientes intereses e indexación; sin embargo, mediante auto del 4 de
noviembre de 2024, notificado el 5 de noviembre de 2025, dicho despacho se abstuvo
de imponer sanción alguna y ordenó el archivo del trámite por considerar que la orden
constitucional había sido cumplida con el pago efectuado en el año 2011.

2. Los fundamentos de la vulneración

La parte demandante alegó que las providencias proferidas por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 23 de enero de 2025 y por el Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga el 4 de noviembre de 2024
vulneraron sus derechos por cuanto les impidieron obtener el cumplimiento integral de
la sentencia T-188 de 2007 e incurrieron en defectos sustantivo, fáctico y
procedimental, así como en un desconocimiento del precedente constitucional.

En relación con el defecto sustantivo, afirmaron que el tribunal desconoció el alcance
de la sentencia T-188 de 2007 y la jurisprudencia constitucional en materia de
reparación integral de víctimas del conflicto armado, en cuanto la indemnización
ordenada debía comprender no solo el capital reconocido, sino también su
actualización e intereses moratorios; en esa medida, consideraron que la decisión que
declaró probada de oficio la excepción de inexistencia del título ejecutivo se sustentó
en una interpretación restrictiva e irrazonable del ordenamiento jurídico que les impidió
acceder al pago completo de la indemnización.

Frente al defecto fáctico señalaron que el tribunal omitió valorar de manera integral las
circunstancias relacionadas con el pago tardío de la indemnización, particularmente, el
lapso transcurrido entre la liquidación de los perjuicios en el año 2009 y su pago en
2011, lo cual evidenciaba la causación de intereses moratorios y la necesidad de
actualizar el valor reconocido.

5
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01396-00
Actoras: Natalia Tosse Lozano y otra
Acción de tutela

En lo referente al defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, afirmaron que las
autoridades judiciales demandadas aplicaron de manera rígida las reglas procesales,
en particular, porque el tribunal descartó la vía ejecutiva como mecanismo idóneo para
obtener el pago de las sumas reclamadas, mientras que el juzgado se abstuvo de
adoptar medidas para garantizar el cumplimiento integral de la sentencia constitucional,
lo cual generó una situación en la que no contaron con un mecanismo judicial efectivo
para hacer valer sus derechos.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“(...) 2. Que se deje sin efectos el Auto Interlocutorio del 4 de noviembre de
2024 del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara
de Buga, y el Auto del 23 de enero de 2025 del Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca.

3. Que se ordene a una autoridad judicial competente emitir nueva decisión
garantizando el cumplimiento material, actualizado e integral de la Sentencia
T-188 de 2007.

4. Que se requiera a la UARIV y al DPS para que, en cumplimiento de dicha
sentencia, efectúen el pago actualizado del saldo indemnizatorio con los
intereses moratorios correspondientes..”. (mayúsculas y negrillas del original
• archivo disponible en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo
SAMAI)

4. Actuación procesal

Mediante auto del 25 de febrero de 2026 el despacho advirtió que la acción de tutela
contenía reproches autónomos dirigidos contra distintas autoridades judiciales 3 y

3
Razón por la cual decretó la escisión del trámite (pues inclusive correspondían a jurisdicciones
diferentes y lo que se procuraba era cuestionar providencias judiciales, por lo que de conformidad con
las reglas de reparto y competencia era al superior funciona de cada autoridad a quien le correspondía
conocerlas) y se admitió, inicialmente, la demanda respecto de los cargos formulados contra el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca , al tiempo que se remitió la acción de tutela en cuanto se refiere al
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga al Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Buga.

Adicionalmente, vinculó al titular del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buga, al
director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y al director general del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entregándoles copia de la demanda y los
anexos.

Mediante auto del 4 de marzo de 2026, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga
devolvió el expediente a esta Corporación por considerar que las pretensiones de la demanda no eran
escindibles y que el conocimiento integral del asunto correspondía al Consejo de Estado, en atención a
su jerarquía y al reparto inicial del proceso.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01396-00
Actoras: Natalia Tosse Lozano y otra
Acción de tutela

mediante auto del 10 de marzo de 2026 el despacho admitió la acción de tutela también
respecto de las pretensiones dirigidas en contra del Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Guadalajara de Buga.

5. Actuación de las autoridades judiciales demandadas y vinculadas

El apoderado judicial del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social
sostuvo que la acción de tutela resulta improcedente, en tanto pretende reabrir un
debate ya resuelto en sede ordinaria, señaló que la indemnización reconocida en
cumplimiento de la sentencia T-188 de 2007 fue liquidada y pagada y que las
pretensiones relacionadas con intereses moratorios e indexación carecen de respaldo
en un título ejecutivo válido.

El jefe de la oficina asesora jurídica de la Unidad para las Víctimas solicitó su
desvinculación del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva por cuanto
no tiene competencia para reconocer obligaciones económicas sin respaldo en una
providencia judicial ejecutoriada.

La indemnización fue pagada de conformidad con la liquidación efectuada por la
jurisdicción de lo contencioso administrativo y no existe orden judicial adicional que
sustente el reconocimiento de las sumas reclamadas por las demandantes.

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Guadalajara de Buga no presentaron un informe de respuesta a la
acción de tutela pese a estar debidamente notificados (índice 00032 del aplicativo
SAMAI).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, 2) la solicitud de
desvinculación y 3) el caso concreto.

En aras de materializar los principios de economía procesal y celeridad que irradian este trámite
constitucional y con el propósito de no seguir dilatando la decisión que en derecho corresponda y de
garantizar el contradictorio se dispuso admitir la demanda de manera completa, no sin antes llamar la
atención del referido tribunal para que en lo sucesivo dé estricto cumplimiento a las reglas de reparto y
competencia,

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Actoras: Natalia Tosse Lozano y otra
Acción de tutela

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. La solicitud de desvinculación

En su informe, el jefe de la oficina asesora jurídica de la Unidad para las Víctimas
(UARIV) solicitó que se le desvinculara de la acción de tutela, por cuanto no tuvo
participación alguna en los hechos que dieron origen a la alegada vulneración de los
derechos fundamentales de la parte demandante.

Sin embargo, la Sala advierte que no hay lugar a acceder a la solicitud de
desvinculación en consideración a que la referida autoridad fue vinculada al trámite por
su interés en las resultas del proceso; en efecto, del expediente se desprende que la
controversia tiene origen en el cumplimiento de la sentencia T-188 de 2007 y en las
actuaciones relacionadas con la liquidación y pago de la indemnización reconocida a
las demandantes, asuntos en los cuales la UARIV ha tenido intervención institucional y
respecto de los cuales se han planteado discusiones sobre la determinación del sujeto
obligado.

En ese contexto y con el fin de garantizar el derecho de defensa y contradicción de la
autoridad vinculada, la Sala estima necesario negar la solicitud de desvinculación

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Actoras: Natalia Tosse Lozano y otra
Acción de tutela

presentada por la UARIV como así se dispondrá en la parte resolutiva de esta
sentencia.

3. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca y al Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Guadalajara de Buga con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de
justicia, presuntamente vulnerados con ocasión del auto del 23 de enero de 2025,
mediante el cual el tribunal declaró probada de oficio la excepción de inexistencia de
título ejecutivo y la terminación del proceso ejecutivo no. 76111-33-33-001-2013-
00012-01, así como del auto del 4 de noviembre de 2024, proferido por el juzgado, que
se abstuvo de imponer sanción dentro del trámite incidental de desacato en el proceso
no. 76111-31-07-001-2005-00165-00.

En los términos en que fue planteada la controversia, la Sala declarará la
improcedencia de la acción de tutela respecto del auto del 23 de enero de 2025
proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por incumplimiento del
requisito de inmediatez y respecto del auto del 4 de noviembre de 2024 proferido por
el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga por falta
de relevancia constitucional, por las razones que procederán a exponerse.

3.1 La improcedencia de la acción de tutela contra el auto del 23 de enero de 2025
proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por
incumplimiento del presupuesto general de la inmediatez

El requisito de inmediatez constituye una exigencia que reclama la verificación de una
correlación temporal entre la solicitud de amparo y el hecho judicial vulnerador de los
derechos fundamentales.

Dicho presupuesto propugna porque los afectados sean diligentes en sus reclamos con
el fin de que acudan ante los jueces de manera inmediata a ventilar las situaciones que
vulneran o amenazan sus garantías constitucionales en aras de que se puedan tomar
medidas urgentes y pertinentes para el amparo de tales derechos.

En otros términos, lo que se busca es que la acción de tutela se promueva en un
término prudencial y razonable en la medida que, en tanto mecanismo de protección

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“inmediata4” de derechos fundamentales, este amparo constitucional pueda cumplir su
cometido y el paso del tiempo no sea tan significativo, irrazonable ni desproporcionado
que torne ineficaz o inane el control constitucional de la actividad judicial por vía de la
acción de tutela.

Al respecto, la Corte Constitucional se ha pronunciado para explicar el sentido y
alcance de este requisito, así:

“En ese sentido, es necesario promover la acción de tutela contra providencias
judiciales tan pronto se produce la vulneración o amenaza de los derechos
fundamentales, o en un plazo prudencial, porque de lo contrario la necesidad
de la protección constitucional por vía de tutela queda en entredicho, ya que no
se entiende por qué si la amenaza o violación del derecho era tan perentoria,
no se acudió al mecanismo constitucional con anterioridad. Como consecuencia
de ello, permitir un excesivo paso del tiempo ante la posibilidad de una
reclamación constitucional contra una providencia judicial, puede afectar
además el principio de seguridad jurídica; de tal manera que la inmediatez sea
claramente una exigencia ineludible en la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales5”.

En esos términos, es claro que resulta de la esencia de este medio de defensa judicial
la “urgencia” en la protección de las garantías fundamentales, de ahí que se exija a los
afectados el ejercicio de la acción tan pronto como tengan conocimiento de la
vulneración o amenaza.

Tal requisito cobra mayor relevancia tratándose de acciones de tutelas contra
providencias judiciales, en tanto que en este caso lo que se pretende es dejar sin
efectos una decisión judicial, de modo que el lapso que transcurra entre la notificación
o ejecutoria de la providencia y la presentación de la acción debe ser razonable, so
pena de que como una de las consecuencias lógicas del principio de seguridad jurídica
el solo paso del tiempo conlleve a que la providencia se proyecte, consolide sus efectos
y se legitime.

De lo contrario se generaría una total incertidumbre sobre la firmeza de las decisiones
con la consecuente afectación al principio de la cosa juzgada y los derechos de los
terceros, quienes se verían abocados a tener que esperar de manera indefinida a que
su contraparte no haga uso de esta herramienta o someterse a procesos sempiternos,

4
En efecto, el artículo 86 de la Constitución Política que consagró la acción de tutela establece:
“ARTICULO 86. Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera
que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública.”.
(negrillas adicionales).
5
Corte Constitucional, sentencia SU-184 de 2019.

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Actoras: Natalia Tosse Lozano y otra
Acción de tutela

lo cual desde luego desdibuja la esencia de este mecanismo e implicaría sacrificar
principios tan valiosos de cualquier ordenamiento jurídico como lo son la seguridad
jurídica y la cosa juzgada.

Ahora bien, sin perjuicio de lo expuesto, la jurisprudencia constitucional también ha sido
enfática en cuanto a que el presupuesto de la inmediatez no puede ser equiparado en
toda su extensión al fenómeno extintivo de caducidad propio de las acciones ordinarias,
pues, si consideramos que la finalidad del primero justamente es erigirse en la primera
herramienta de protección y defensa ante acciones u omisiones que pongan en riesgo
o vulneren garantías iusfundamentales en ocasiones aplicar de manera estricta el
término de 6 meses puede resultar en una decisión excesivamente rigurosa.

Ello es así, en la medida que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar
al juez a concluir que la acción de tutela se ha presentado de forma tardía ante la
posibilidad de que existan circunstancias especiales que no solo justifiquen que la
demanda no se hubiere presentado en un término razonable, sino que demuestren que
el hecho o la omisión que vulnera el derecho fundamental son permanentes, persisten
en el tiempo y hacen que la violación sea siempre actual.

Para ello, la jurisprudencia constitucional ha construido varias excepciones que deben
analizarse en cada caso concreto en aras de racionalizar la exigencia de la inmediatez,
a saber:

“(i) que exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes;

(ii) que la inactividad justificada no vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión;

(iii) que exista un nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la
vulneración de los derechos fundamentales del interesado y;

(iv) que el fundamento de la acción de tutela surja después de acaecida
la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma,
en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición6”.

En suma y con la claridad de que tales eventos “no son taxativos”, el juez debe valorar
si la tardanza en el ejercicio de la acción tuvo origen en razones jurídicamente válidas
que expliquen de manera razonable la inactividad del accionante, hipótesis en las
cuales el amparo constitucional siempre será procedente.

6
Corte Constitucional, sentencia T-189 de 2009.

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3.2 Verificación del cumplimiento del requisito de inmediatez en el caso concreto

1) En el presente asunto, la parte actora cuestionó el auto del 23 de enero de 2025
proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante el cual se declaró
probada de oficio la excepción de inexistencia de título ejecutivo y se ordenó la
terminación del proceso ejecutivo con radicación no. 76111-33-33-001-2013-00012-01.

2) La Sala advierte que, en este caso, no se cumplió con el requisito de inmediatez, en
los términos analizados en precedencia, si se tiene en cuenta que la providencia
cuestionada se notificó a las partes mediante estado del 27 de enero de 2025, como
fue corroborado por esta Sala de Decisión en el Sistema Unificado de Consulta de
Procesos de la Rama Judicial y el Sistema de Gestión Judicial – SAMAI:

3) De acuerdo con la información suministrada a este despacho por el Juzgado
Promiscuo Municipal de Restrepo (Valle), la acción de tutela fue presentada ante esa
autoridad judicial el 13 de febrero de 2026, circunstancia que permite establecer que,
entre la notificación de la providencia cuestionada y la interposición de este mecanismo
constitucional, transcurrió un término superior a un (1) año que resulta irrazonable y
desproporcionado frente a la naturaleza urgente y subsidiaria de la acción de tutela,
especialmente cuando se dirige contra providencias judiciales.

4) Ahora bien, aunque las demandantes sostuvieron que la vulneración alegada se
mantenía vigente en el tiempo, en la medida en que la decisión del tribunal impediría
de forma definitiva el reconocimiento de los intereses moratorios e indexación
derivados de la indemnización ordenada en la sentencia T-188 de 2007, lo cierto es

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Acción de tutela

que dicha circunstancia no constituye, por sí sola, una razón suficiente para flexibilizar
el requisito de inmediatez.

5) En efecto, el supuesto efecto permanente atribuido a la providencia cuestionada se
deriva de la firmeza de una decisión judicial y de la producción de sus consecuencias
procesales, de manera que admitir dicha tesis equivaldría a eliminar en la práctica la
exigencia temporal propia de la acción de tutela contra providencias judiciales y a
permitir que cualquier inconformidad pudiera ser planteada de forma indefinida, con
grave afectación de la seguridad jurídica y del principio de cosa juzgada.

6) De igual manera, no se advierte en el expediente que las demandantes hubieran
expuesto motivos válidos que justificaran su inactividad durante el tiempo transcurrido
entre la notificación de la providencia y la presentación del amparo, ni se acreditan
circunstancias personales o fácticas que expliquen razonablemente la tardanza;
tampoco se observa que el fundamento de la acción de tutela hubiera surgido con
posterioridad a la providencia cuestionada, pues los argumentos de la demanda se
edifican sobre la misma decisión judicial que desde su notificación era conocida y
susceptible de cuestionamiento inmediato por la vía constitucional.

7) En consecuencia, como la acción de tutela no se presentó en un plazo razonable y
tampoco se avizora la existencia de un perjuicio irremediable que amerite la
intervención del juez constitucional o justifique la interposición tardía del proceso de
acción de tutela, la Sala declarará improcedente la acción de tutela por incumplimiento
del requisito de inmediatez respecto del auto del 23 de enero de 2025 proferido por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

3.3 La improcedencia de la acción de tutela contra el auto del 4 de noviembre de
2024 proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de
Guadalajara de Buga por incumplimiento del presupuesto general de
relevancia constitucional

1) En sentencia de unificación SU-034 de 3 de mayo de 2018, la Corte Constitucional
precisó que la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales proferidas en el trámite de incidentes de desacato es excepcional y se
encuentra limitada a la verificación de la eventual vulneración del derecho fundamental
del debido proceso.

2) En ese sentido, la Corte indicó que el juez constitucional que conoce de una acción
de tutela contra una decisión adoptada en un incidente de desacato solo está habilitado

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Actoras: Natalia Tosse Lozano y otra
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para examinar la regularidad del trámite y la adecuación de la decisión adoptada en
ese marco, sin que le sea permitido revisar, cuestionar o modificar el contenido
sustancial de la orden impartida en la sentencia de tutela primigenia, en tanto se trata
de un debate que ya fue zanjado y respecto del cual operó la cosa juzgada, de suerte
que en el ejercicio de sus atribuciones ha de ceñirse al trámite incidental objeto de
estudio.

3) Asimismo, estableció que la procedencia de la acción de tutela en estos eventos
exige: i) el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de este mecanismo
de amparo contra providencias judiciales; ii) la alegación de, por lo menos, uno de los
defectos específicos; iii) que se controvierta la decisión que pone fin al trámite
incidental, una vez esté debidamente ejecutoriada y iv) que los argumentos planteados
en la acción de tutela sean consistentes con los planteados en el incidente de desacato,
de ahí que no resulte admisible invocar nuevos argumentos no expuestos en el trámite
incidental y tampoco solicitar nuevas pruebas.

4) En el caso concreto, la Sala advierte que respecto de los cuestionamientos contra el
auto del 4 de noviembre de 2024 (notificado el 5 de noviembre de 2025), los tres
primeros presupuestos se encuentran satisfechos; en efecto, la providencia
cuestionada se encuentra ejecutoriada y en firme, corresponde a la decisión que puso
fin al incidente de desacato promovido para obtener el cumplimiento de la sentencia T-
188 de 2007 de la Corte Constitucional, y que la controversia planteada en la presente
acción guarda correspondencia con los argumentos expuestos en dicho trámite.

5) No obstante, el asunto no satisface el último de los presupuestos mencionados, esto
es, la acreditación de uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales, en particular, el relativo a la relevancia
constitucional en la medida en que los reproches formulados por las demandantes no
evidencian la configuración de una vulneración del debido proceso en el trámite
incidental, sino que se orientan a cuestionar la conclusión adoptada por el juez natural
respecto del cumplimiento de la orden constitucional.

6) A partir de lo anterior, el juzgado demandado consideró que la controversia
planteada por las accionantes, relacionada con el reconocimiento de intereses
moratorios e indexación, no configuraba un incumplimiento de la sentencia de tutela,
sino una discrepancia frente al alcance económico de la liquidación efectuada en sede
administrativa y judicial, aspecto que, a juicio de la autoridad judicial, desbordó el

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01396-00
Actoras: Natalia Tosse Lozano y otra
Acción de tutela

ámbito del incidente de desacato sin que se acreditara una conducta omisiva, dolosa o
negligente por parte de las autoridades incidentadas que habilitara la imposición de
sanciones, razón por la cual se abstuvo de imponerlas y ordenó el archivo del trámite
incidental.

7) La Sala advierte que los cuestionamientos no plantean un problema de naturaleza
constitucional autónomo, sino que se limitan a expresar una discrepancia con la
valoración y la conclusión adoptada por el juez natural del incidente de desacato
respecto de la existencia de actuaciones encaminadas al cumplimiento de la orden
judicial y de la ausencia del elemento subjetivo necesario para imponer una sanción.

8) En ese contexto, se aprecia que el reproche no está orientado a demostrar una
irregularidad grave del trámite incidental o un defecto ostensible en la providencia, sino
a reabrir la discusión sobre si debía sancionarse a los incidentados, para lo cual
insistieron en el alcance económico de la indemnización que les fue reconocida, para
efectos de que se incluyeran los intereses e indexación.

9) Tal planteamiento, en la forma en que fue propuesto, pretende convertir a la acción
de tutela en un recurso adicional dentro del trámite incidental de desacato que ya fue
decidido por el juez natural, lo cual desconoce la naturaleza excepcional de este
mecanismo de amparo contra providencias judiciales y desdibuja los límites del control
constitucional en esta materia.

10) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional respecto del auto del 4 de noviembre de
2024, en tanto el debate planteado corresponde a un debate jurídico propio del trámite
incidental de desacato y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre
materias que desbordan su competencia.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01396-00
Actoras: Natalia Tosse Lozano y otra
Acción de tutela

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por Natalia Tosse Lozano
y Nancy Lozano Escandón, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

2º) Niégase la solicitud de desvinculación presentada por la Unidad para las Víctimas.

3°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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