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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01396-01

Fecha
14 de julio de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01396-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el Jorge Edison Portocarrero Banguera. En consecuencia, se le separa del conocimiento del asunto de la referencia. Segundo. Modificar la sentencia proferida el 15 de abril del 2026 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, la cual quedará así: 19 Radicación: 11001-03-15-000-2026-01396-01 Demandante: Nancy Lozano Escandón y otro Tercero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Nancy Lozano Escandón y otro en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga. Cuarto. Declarar improcedente, por no acreditar el requisito general de la inmediatez, la solicitud de amparo presentada por Nancy Lozano Escandón y otro en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en lo que, a la providencia del 23 de enero de 2025, se refiere. Quinto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Sexto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01396-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

14 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., catorce (14) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01396-01
Demandantes: Nancy Lozano Escandón y otro
Demandados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Proceso ejecutivo / Incidente de
desacato / Defectos sustantivo, desconocimiento del precedente
judicial, procedimental por exceso ritual manifiesto, fáctico y
violación directa de la Constitución Política

Decisión: Modificar la decisión de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por Nancy Lozano Escandón y otro, en
contra de la sentencia proferida el 15 de abril del 2026 por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección B en la cual se declaró improcedente la solicitud de
tutela.

1. Antecedentes
1.1. La solicitud1

1. Nancy Lozano Escandón y otro promovieron solicitud de tutela con el fin de que
se ampararan sus derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia,
al debido proceso y a la reparación integral, los cuales consideraron vulnerados con
ocasión de la providencias proferidas el 4 de noviembre de 2024 por el Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga dentro del trámite
incidental 76111-31-07-001-2005-00165-00, y la proferida el 23 de enero de 2025
por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, dentro del expediente ejecutivo
identificado con el radicado 76111-33-33-001-2013-00012-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expusieron lo siguiente:

1 Ver índice 2 de Samai de primera instancia. Archivo denominado «15ED_Demanda(.pdf)
NroActua2»

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01396-01
Demandante: Nancy Lozano Escandón y otro

2.1. En ejercicio de la solicitud de tutela2 presentaron demanda en contra la Red de
Solidaridad Social3, con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales,
y, en consecuencia, el reconocimiento de ayuda humanitaria.

2.2. Como resultado de ese trámite, la Corte Constitucional mediante la sentencia
T-188 de 2007 amparó sus derechos fundamentales invocados y, entre otras
medidas, ordenó reconocerles una indemnización como víctimas del conflicto
armado.

2.3. En cumplimiento de dicha decisión, el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito Judicial de Buga en providencia del 29 de septiembre de 2009, liquidó los
perjuicios en la suma de $151.197.000, reconocida a su favor por concepto de
indemnización, monto que fue pagado por la entidad obligada en el año 2011. Sin
embargo, al considerar que el pago no incluyó intereses moratorios ni actualización
monetaria causados entre la fecha de liquidación judicial y el momento en que se
efectuó el desembolso, promovieron proceso ejecutivo contra el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social para obtener el reconocimiento de dichos
conceptos.

2.4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buga en providencia
del 22 de julio de 2020 ordenó seguir adelante con la ejecución de las obligaciones
pendientes. En contra de esta decisión la entidad ejecutada interpuso recurso de
apelación.

2.5. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en providencia del 23 de enero
de 2025 revocó la decisión del a quo, al considerar probada la excepción de
inexistencia de título ejecutivo, y que, por lo mismo, el mecanismo idóneo para
solicitar los valores restantes era por medio del incidente de desacato. Al respecto
precisó:

«[…] De acuerdo con lo expuesto, puede afirmarse que, en este caso, efectivamente no
existía título ejecutivo hábil para iniciar una demanda ejecutiva como la propuesta por
las actoras, pues se trataba de dar ejecución a las órdenes impartidas por el Juez
Constitucional en la Sentencia T-188 de 2007, la que no puede ser separada de las
providencias de liquidación de perjuicios emitidas por el juez administrativo, ni tampoco
pueden estas servir de título ejecutivo de manera independiente a aquella.

En otras palabras, dichas providencias forman una unidad indisoluble, lo que permite
deducir que, el único mecanismo viable para obtener su ejecución cabal y completa era
a través del incidente de desacato tal como lo establece el artículo 27 del Decreto 2591
de 1991 y no por vía ejecutiva como lo pretenden las actoras y lo entendió en forma
errada el A Quo.

2 Referencia: Expediente T-1178911.
3 Hoy en día el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.

2

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Demandante: Nancy Lozano Escandón y otro

Teniendo en cuenta lo anterior, se declarará probada de manera oficiosa la excepción
de inexistencia de título ejecutivo, disponiendo la terminación del presente proceso
previa revocatoria de la providencia recurrida» [sic].

2.6. Paralelamente, promovieron incidente de desacato ante el Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga con el propósito de
obtener el cumplimiento integral de la sentencia T-188 de 2007. Sin embargo, dicha
autoridad judicial, por medio de la providencia del 4 de noviembre de 2024,
consideró que el pago efectuado en el año 2011 correspondía al cumplimiento de la
obligación y, por ende, archivó el trámite.

2.7. Las autoridades judiciales demandadas vulneraron sus derechos
fundamentales al incurrir en defecto sustantivo y en desconocimiento del
precedente judicial, toda vez que, ignoraron el alcance de la sentencia T-188 de
2007, así como la jurisprudencia constitucional4 «según el cual el cumplimiento de un
fallo de tutela exige la reparación plena y efectiva». Pues, no se reconoció el pago de
intereses moratorios ni la actualización monetaria, causada entre el tiempo de la
liquidación judicial de los perjuicios y el desembolso. A su vez, consideraron que la
decisión de declarar la excepción de inexistencia del título ejecutivo les impidió
acceder a una reparación plena y efectiva de la indemnización reconocida en su
favor.

2.8. En defecto fáctico al omitir la valoración de las pruebas que acreditaban el
incumplimiento parcial de la obligación y los perjuicios económicos que se causaron
producto de la tardanza en el pago. En esencia, no se tuvo en cuenta que la
liquidación judicial fue en el año 2009 y el pago se realizó en el 2011, sin indexación
ni intereses económicos, producto de la tardanza del pago.

2.9. En violación directa de la Constitución Política por desconocer sus artículos 2,
86 y 228, al considerar que no se garantizaron sus derechos fundamentales
reconocidos en la sentencia de tutela de la Corte Constitucional.

2.10. En defecto procedimental por exceso ritual manifiesto5 al aplicar de manera
rígida y excesiva las reglas procesales. En particular, el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca consideró improcedente la vía ejecutiva para obtener el
reconocimiento de los intereses moratorios y la indexación, mientras que el Juzgado
Primero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga concluyó que
dicha providencia ya había sido cumplida integralmente. En ese escenario, se les
impidió acudir a un mecanismo judicial efectivo para obtener el pago de los

4 Al respecto citó la sentencia T-431 del 2019; T-313 del 2021: SU-254 del 2013 y T-077 del 2013.
5 En la solicitud de tutela, lo denominan denegación del acceso a la justicia y violación al principio de

reparación integral

3

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Demandante: Nancy Lozano Escandón y otro

conceptos adeudados y hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia
constitucional.

1.2. Pretensiones

3. Como fundamento de la situación fáctica expuesta, solicitaron:

«[…] 1. Que se tutele el derecho fundamental al acceso a la justicia, al debido
proceso y a la reparación integral de Nancy Lozano Escandón y Natalia Tosse Lozano.

2. Que se deje sin efectos el Auto interlocutorio del 4 de noviembre de 2024 del Juzgado
primero Penal del Circuito Especializado de Guadalaraja de Buga y el Auto del 23 de
enero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

3. Que se ordene a la autoridad judicial competente emitir nueva decisión
garantizando el cumplimiento material, actualizado e integral de la Sentencia t-188
DE 2007.

4. Que se requiera a la UARIV y a DPS para que, en cumplimiento de dicha sentencia,
efectúen el pago actualizado del saldo indemnizatorio con los intereses moratorios
correspondientes. […]» [sic].

1.3. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Buga6 si bien
allegó copia del expediente solicitado, guardó silencio frente a la petición de amparo.

5. El Departamento de Prosperidad Social7 solicitó que se declarara improcedente
la solicitud de tutela, o, subsidiariamente, que se negara, ante la ausencia de
vulneración de los derechos fundamentales alegados, por cuanto las providencias
emitidas por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado Guadalajara de
Buga y el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no incurrieron en los defectos
alegados, sino que, por el contrario, ambas se ajustaron al ordenamiento jurídico;
razón por la cual, lo que se pretendió fue utilizar la tutela como una tercera instancia
para revisar las decisiones adoptadas por el juez competente.

6. La Unidad para las Víctimas8 precisó que no contaba con legitimación en la
causa por pasiva, ya que no era la autoridad que profirió las providencias judiciales
que se cuestionaron ni le fueron atribuibles las conductas que presuntamente
vulneraron los derechos fundamentales. Máxime, cuando la sentencia T-188 de

6Ver índice 25 de Samai de primera instancia del archivo denominado
«73_MemorialWeb_RespuestaREMISIONEEXPEDIEN(.pdf) NroActua25».
7Ver índice 26 de Samai de primera instancia del archivo denominado
«76_MemorialWeb_RespuestaS202610401034307_ (.pdf) NroActua26».
8Ver índice 34 de Samai de primera instancia del archivo denominado
«116_MemorialWeb_ContestaciOnDemandaCONTESTACIONTUTELA (.pdf) NroActua 34».

4

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Demandante: Nancy Lozano Escandón y otro

2007 si se cumplió a cabalidad en lo relacionado con la liquidación judicial
ejecutoriada y al pago efectuado en 2011.

6.1. Asimismo, no tiene competencia legal para reconocer obligaciones no
ordenadas mediante decisiones judiciales y que la tutela no es el mecanismo para
reliquidar obligaciones económicas ya satisfechas.

7. Los demás terceros con interés y la autoridad judicial demandada guardaron
silencio.

1.4 Sentencia de primera instancia9

8. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B en sentencia del 15 de abril
del 2026, declaró improcedente la solicitud de tutela. En relación, con la providencia
del 23 de enero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
consideró que no se cumplía con el requisito general de inmediatez, pues la
providencia fue notificada el 27 de enero de 2025, mientras que la solicitud de
amparo fue presentada el 13 de febrero de 2026, esto es, más de un año después.
En consecuencia, concluyó que la tutela no fue presentada dentro de un plazo
razonable y que tampoco se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que
justificara la intervención del juez constitucional.

9. Por otro lado, respecto de la providencia del 4 de noviembre de 2024 proferida
por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga,
expuso que no se satisfacía el requisito de relevancia constitucional al considerar
que la verdadera intención era convertir el amparo en una instancia adicional del
trámite incidental. En efecto, argumentó que los cuestionamientos formulados
dentro del trámite de desacato no evidenciaban una vulneración al debido proceso,
sino que la discrepancia estaba dirigida a la conclusión a la que llegó el juez natural
en torno al cumplimiento de la sentencia T-188 de 2007.

1.5 Escrito de impugnación10

10. Nancy Lozano Escandón y otros impugnaron la decisión del a quo, para lo cual,
reiteraron los argumentos expuestos en el escrito de tutela. En particular,
argumentaron que, si se cumplía el requisito de inmediatez toda vez que la
vulneración es actual y continuada, pues el incumplimiento integral de la sentencia
constitucional sigue vigente y subsiste en el tiempo.

9Ver índice 35 de Samai de primera instancia del archivo denominado
«118Sentencia_FalloTUTE_SentenciaPJ202601396(.pdf) NroActua 35».
10Ver índice 39 de Samai de primera instancia del archivo denominado
«120_MemorialWeb_RecursoNANCYLTUTELAIMPUG (.pdf) NroActua 39».

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11. Lo anterior, por cuanto se trató de una violación continuada de sus derechos
fundamentales y que, al ser víctimas reconocidas del conflicto armado debía
realizarse un enfoque diferencial, por lo tanto, el análisis de la inmediatez no se
podía aplicar de forma rígida.

12. En relación con la relevancia constitucional, expusieron que lo que se pretendía
no era reabrir un debate ordinario, sino poner en conocimiento la imposibilidad real
de hacer cumplir una sentencia de tutela. Además, consideraron que se configuró
una denegación material de justicia, pues el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca descartó la vía ejecutiva y el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Guadalajara de Buga archivó el incidente de desacato, sin que
existiera otro mecanismo judicial para obtener el cumplimiento de la sentencia
constitucional.

13. Finalmente, señalaron que la decisión de primera instancia omitió analizar si el
pago efectuado satisfacía el principio de reparación integral y cuestionó que no se
haya garantizado la efectividad de las decisiones tomadas en sede de tutela.

2. Consideraciones

14. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de impugnación y a las
pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración
en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) manifestación de impedimento
del consejero Jorge Edison Portocarrero Banguera; iii) procedencia de la tutela
contra providencia judicial; iv) determinación del problema jurídico; y v) análisis de
la Sala.

2.1. Competencia

15. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política,
el Decreto 1382 de 2000 y el Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019, esta Sala es
competente para conocer de la impugnación contra la sentencia de tutela proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B.

2.2. Manifestación de impedimento del consejero Jorge Edison Portocarrero
Banguera

16. El consejero Jorge Edison Portocarrero Banguera a través de oficio del 22 de
junio de 202611 manifestó impedimento para conocer del asunto al considerarse
incurso en la causal 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, toda vez

11 Ver índice 5 de Samai. Actuación denominada «3Manifestaciond_20260139601AGManifes(.pdf)

NroActua 5».

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que «el Doctor Valero Nisimblat, quien suscribió la providencia objeto de tutela, es el
padrino de bautizo de uno de [sus] hijos». Normativa que dispone:

«[…] ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:

[…] 5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes,
denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial. […]»

17. Como se observa, se satisfacen los presupuestos para aceptar el impedimento
manifestado, en razón a que el magistrado Oscar Alonso Valero Nisimblat es parte
en el asunto de la referencia como integrante del Tribunal del Valle del Cauca,
autoridad judicial hoy demandada.

2.3. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

18. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo
del Consejo de Estado12, unificó el criterio de la Corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema 13. Al
respecto señalo lo siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que
las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29
de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción
constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de
derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical
y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias
de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente. […]»

19. Como consecuencia de lo anterior, esta Corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

20. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
Administrativo14, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
14 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de

2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez

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Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela, como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

21. Ahora bien, la Corte Constitucional15 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

22. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos16, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la tutela y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. Para la prosperidad del amparo, debe
verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos
alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que
implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales17.

23. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.4. Problemas jurídicos

24. De acuerdo con el escrito de impugnación, la Sala deberá definir si:

25. ¿La solicitud de tutela presentada por Nancy Lozano Escandón y otro satisface
el requisito de procedencia general de inmediatez, frente a la providencia proferida
el 23 de enero de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, mediante
el cual declaró probada de oficio la excepción de inexistencia de título ejecutivo y
ordenó la terminación del proceso promovido para obtener el reconocimiento de
intereses moratorios e indexación derivados de la indemnización reconocida en la
Sentencia T-188 de 2007?

15 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004

y C-590 de 2005.
16 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

17Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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26. ¿El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga
vulneró los derechos fundamentales de Nancy Lozano Escandón y otro con ocasión
de la providencia del 4 de noviembre de 202418, mediante el cual se abstuvo de
imponer sanción dentro del incidente de desacato y ordenó el archivo de la
actuación, con la que incurrió, presuntamente en defectos sustantivo, fáctico,
procedimental por exceso ritual manifiesto, desconocimiento del precedente
constitucional y violación directa de la Constitución Política?

2.5. Requisitos de procedibilidad adjetiva

27. En relación con el requisito de relevancia constitucional, contrario a lo señalado por
el a quo, se entiende superado, toda vez que los defectos alegados pueden llevar
consigo una violación de derechos fundamentales, los cuales constituyen bienes
jurídicos constitucionalmente amparados.

28. En consecuencia, la Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de
la solicitud de tutela, y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que
invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio de fondo del asunto planteado.

2.5.1. Defecto sustantivo

29. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional19 ha señalado que este se presenta cuando el juez adopta una
decisión que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

30. El alto tribunal de lo constitucional ha identificado una serie de situaciones en las
que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta en una
norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen de razonabilidad,
es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses legítimos de las
partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta sentencias que
hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición aplicada se toma
regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una interpretación

18 Notificado el 5 de noviembre de 2025.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-118 a de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.

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sistemática de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o legal aplicable
al caso.

31. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación en
que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal entidad
debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.

2.5.2. Defecto fáctico

32. El defecto fáctico, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional 20, tiene una
dimensión negativa y otra positiva. La primera se configura cuando en desarrollo de
la actividad probatoria el juez omite la «la valoración de pruebas determinantes para
identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez»21, «o cuando sin razón
valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge
clara y objetivamente»22. La segunda, se acredita cuando el operador judicial
«aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron
indebidamente recaudadas»23.

33. Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que
adelante el juez natural, solo se justifica cuando resulta en una manifiesta vía de
hecho y, tiene clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia
y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

2.5.3. Defecto procedimental

34. Tal como se afirma de los defectos sustantivo, fáctico y orgánico, el defecto
procedimental fue ideado por la Corte Constitucional desde la Sentencia T-231 de
1994 como causal de vía de hecho en una providencia judicial. Desde entonces, el
defecto procedimental absoluto es entendido como aquél en el que el Juez Ordinario
adelanta el asunto bajo una cuerda procesal equivocada u omite el curso de una
etapa del trámite en perjuicio del derecho al debido proceso.

20 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015,

T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016, entre otras.
21 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, MP: Antonio Barrera Carbonell.
22 Sentencia SU-159 de 2002, MP Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería,

Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra
23 Sentencia T-539 de 1994

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35. A partir de la Sentencia T-1306 de 201124, empero, la Corte Constitucional
consideró que este defecto no solo podía ser absoluto, sino presentarse por un
exceso ritual manifiesto25, producto de una indebida preferencia por las formas
procesales en perjuicio del derecho al acceso a la administración de justicia, a la
prevalencia del derecho sustancial y a la pretensión de corrección de las decisiones
judiciales, en la consecución de la justicia material y la garantía de los derechos
fundamentales26.

36. La procedencia de este defecto, en todo caso, exige que el afectado haya
alegado el yerro a través de la instancia ordinaria, de haber estado en la posibilidad
de hacerlo; que la violación tenga una entidad suficiente para afectar la decisión; y,
que lesione bienes ius fundamentales27.

2.5.4. Desconocimiento del precedente judicial

37. En este punto, en cuanto al desconocimiento del precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado social de derecho.

38. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos
o semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver

24 Línea que ha venido consolidándose, entre otras, a través de las sentencias T-974 de 2003, T-973

de 2004, T-264 de 2009, T-599 de 2009, T-950 de 2011 y T-213 de 2012.
25 Desde esta concepción del defecto es clara la tensión entre los derechos al debido proceso y al

acceso a la administración de justicia, tensión que debe abordarse desde la concepción de dichos
bienes como mandatos de optimización, lo que permite su ponderación en cada caso en concreto
para la satisfacción de los derechos fundamentales involucrados en cada caso en concreto.
26 En esta decisión, el defecto se definió como: “[…] aquel que se deriva de un fallo en el cual haya

una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor en
la aplicación de las normas procesales convirtiéndose así en una inaplicación de la justicia material
[…]”.
27 Al respecto, en la Sentencia T-213 de 2012, reiterando para el efecto la línea jurisprudencial

consolidada sobre este aspecto, sostuvo que la prosperidad del defecto se sujetaba a: “[…]“(i) (Q)ue
no haya posibilidad de corregir la irregularidad por ninguna otra vía, de acuerdo con el carácter
subsidiario de la acción de tutela; (ii) que el defecto procesal tenga una incidencia directa en el fallo
que se acusa de ser vulneratorio de los derechos fundamentales; (iii) que la irregularidad haya sido
alegada al interior del proceso ordinario, salvo que ello hubiera sido imposible, de acuerdo con las
circunstancias del caso específico; y (iv) que como consecuencia de lo anterior se presente una
vulneración a los derechos fundamentales. […]”.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01396-01
Demandante: Nancy Lozano Escandón y otro

el juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de
igualdad. El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de
seguir el curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias
previas, salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.

39. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de la
modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las toma en injustas o incorrectas en el orden de
cosas actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

40. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia, identificando
los precedentes relevantes; de suficiencia dando a conocer las razones que en su
concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué esa
modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivada de la desobediencia al precedente.

2.5.5. Violación directa de la constitución

41. Se recuerda que fue definida, en un principio, como un defecto sustantivo, el cual
se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir de las
sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

42. Posteriormente el alto tribunal de lo constitucional, en sentencia SU-069 de 2018,
señalo que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces de
aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados», el cual puede
configurarse por dos hipótesis:

43. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso
(a) se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se
tuvo en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01396-01
Demandante: Nancy Lozano Escandón y otro

44. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de
inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.

2.6. Sobre el caso concreto

45. Nancy Lozano Escandón y otro acudieron al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos
la providencia del 23 de enero de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca, mediante la cual declaró probada de oficio la excepción de
inexistencia de título ejecutivo y ordenó la terminación del proceso, así como el auto
dictado el 4 de noviembre de 2024 por el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Guadalajara de Buga, a través del cual, se abstuvo de imponer
sanción dentro del incidente de desacato, y ordenó el archivo de la actuación, al
considerar que la sentencia T-188 de 2007 había sido cumplida integralmente

45.1. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente judicial, toda vez que ignoró el alcance de la
Sentencia T-188 de 2007 y la jurisprudencia constitucional28 «según el cual el
cumplimiento de un fallo de tutela exige la reparación plena y efectiva». Pues, no se
reconoció el pago de intereses moratorios ni la actualización monetaria, causada
entre el tiempo de la liquidación judicial de los perjuicios y el desembolso efectivo.
A su vez, consideraron que la decisión de declarar la excepción de inexistencia del
título ejecutivo le impidió acceder a una reparación plena y efectiva de la
indemnización reconocida en su favor en la sentencia T-188 de 2007.

45.2. En defecto fáctico al omitir la valoración de las pruebas que acreditaban el
incumplimiento parcial de la obligación y los perjuicios económicos que se causaron
producto del retardo en el pago. En particular, señalaron que no se tuvo en cuenta
que la liquidación judicial se efectuó fue en el año 2009, mientras que el pago se
realizó en el 2011, sin indexación ni intereses económicos.

45.3. En violación directa de la Constitución Política, al desconocer sus artículos 2,
86 y 228, al considerar que no se garantizaron sus derechos fundamentales
reconocidos en la sentencia de tutela de la Corte Constitucional.

45.4. Finalmente, en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto 29 al aplicar
de manera rígida y excesiva las reglas procesales. En particular, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca consideró improcedente la vía ejecutiva para

28 Al respecto citó la sentencia T-431 del 2019; T-313 del 2021: SU-245 del 2013 y T-077 del 2013.
29 En la solicitud de tutela, lo denominan denegación del acceso a la justicia y violación al principio

de reparación integral.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01396-01
Demandante: Nancy Lozano Escandón y otro

obtener el reconocimiento de los intereses moratorios y la indexación, mientras que
el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga
concluyó que dicha providencia ya había sido cumplida integralmente. En ese
escenario, se les impidió acudir a un mecanismo judicial efectivo para obtener el
pago de los conceptos adeudados y hacer efectivo el cumplimiento de la sentencia
constitucional.

46. En este punto, dada la controversia a decidir y en concordancia con lo precisado
en el primer problema jurídico planteado, la Sala recuerda que el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca en la providencia del 23 de enero de 2025,
declaró probada la excepción de inexistencia de título ejecutivo y ordenó la
terminación del proceso promovido con el fin de obtener el reconocimiento de los
intereses moratorios e indexación derivados de la indemnización reconocida en la
sentencia T-188 de 2007.

47. A juicio de la Sala, una vez analizados los hechos y las pruebas obrantes en el
expediente, se observa que la providencia acusada fue notificada el 27 de enero de
202530, mientras que la solicitud de tutela fue presentada el 13 de febrero de 2026.
En consecuencia, se advierte que el amparo fue promovido después de haber
transcurrido más de un (1°) año desde que la providencia cuestionada quedó
ejecutoriada.

48. Por otra parte, tampoco prospera el argumento expuesto en la impugnación,
según el cual la vulneración alegada es actual y continuada porque aún no se ha
reconocido el pago de los intereses moratorios e indexación. Pues, en criterio de la
Sala, la presunta vulneración de los derechos fundamentales se concretó con la
ejecutoria de la providencia del 23 de enero de 2025, mediante la cual se declaró la
inexistencia del título ejecutivo y se dispuso la terminación del proceso. Admitir lo
contrario significaría que toda la decisión judicial pudiera ser controvertida en
cualquier momento bajo el argumento de aún produce efectos jurídicos, lo que
desnaturalizaría el requisito de inmediatez.

49. De acuerdo con lo anterior, la solicitud de tutela bajo estudio, en lo referente a
dicha providencia, no satisface el requisito de inmediatez, en tanto fue presentada
de manera tardía de cara al término de seis (6) meses establecidos por la
jurisprudencia para ello. Lo cual impide hacer un análisis de fondo frente a la
decisión del tribunal de declarar la excepción de inexistencia del título ejecutivo y,
en consecuencia, terminar dicho proceso.

50. Ahora bien, por otro lado, se recuerda que la parte demandante consideró que
la providencia proferida el 4 de noviembre de 2024 por el Juzgado Primero Penal

30
Ver índice 7 de Samai del expediente 76111333300120130001201.

14

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01396-01
Demandante: Nancy Lozano Escandón y otro

del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga incurrió en defecto sustantivo,
factico, de desconocimiento del precedente, procedimental y en violación directa de
la Constitución Política, al momento de abstenerse de imponer una sanción dentro
del incidente de desacato y ordenar el archivo de la actuación al considerar que la
obligación emanada de la Sentencia T-188 de 2007 ya había sido cumplida en su
totalidad.

51. Para mayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por
el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga, en la
providencia del 4 de noviembre de 202431 en torno a la decisión de considerar
pagada la totalidad de la obligación y abstenerse de imponer sanciones, así:

«[…] En el trámite del desacato siempre será necesario demostrar la responsabilidad
subjetiva en el incumplimiento del fallo de tutela. Sobre el particular la Corte
Constitucional ha señalado:

“30.- Así mismo, el juez de tutela al tramitar el respetivo incidente tiene el deber
constitucional de indagar por la presencia de elementos que van dirigidos a demostrar
la responsabilidad subjetiva de quien incurre en desacato, por tanto, dentro del proceso
debe aparecer probada la negligencia de la persona que desconoció el referido fallo, lo
cual conlleva a que no pueda presumirse la responsabilidad por el sólo hecho del
incumplimiento. De acuerdo con ello, el juzgador tiene la obligación de determinar a
partir de la verificación de la existencia de responsabilidad subjetiva del accionado cuál
debe ser la sanción adecuada – proporcionada y razonable – a los hechos

31.- De acuerdo con las anteriores consideraciones se tiene que, al ser el desacato un
mecanismo de coerción que surge en virtud de las facultades disciplinaria de los jueves
a partir de las cuales pueden imponer sanciones consistentes en multas o arresto, éstas
tienen que seguir los principios del derecho sancionador. En este orden de ideas,
siempre será necesario demostrar que el incumplimiento de la orden fue producto de
la existencia de responsabilidad subjetiva por parte del accionado, es decir, debe haber
negligencia comprobada de la persona para el incumplimiento del fallo, quedando
eliminada la presunción de la responsabilidad por el sólo hecho del incumplimiento.

32.- En este punto cabe recordar que, la mera adecuación de la conducta del accionado
con base en la simple y elemental relación de causalidad material conlleva a la
utilización del concepto de responsabilidad objetiva, la cual está prohibida por la
Constitución y la Ley en materia sancionatoria. Esto quiere decir que entre el
comportamiento del demandado y el resultado siempre debe mediar un nexo causal
sustentado en la culpa o el dolo”

Ahora bien, es preciso indicar que dentro del presente radicado obra un anterior incidente
desacato formulado para el año 2010, donde como prueba se evidencia el auto
interlocutorio 664 del 29 de septiembre de 2009 proferido por el Juzgado Primero del
Circuito Administrativo de Buga, Valle del Cauca mediante el cual resuelve el incidente
de liquidación de perjuicios ordenando por la Honorable Corte Constitucional y en su
parte resolutiva ordenar a la agencia presidencial para la acción social y la cooperación
internacional Acción social, el pago de las sumas de dinero:

31 Notificada el 5 de noviembre de 2025.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01396-01
Demandante: Nancy Lozano Escandón y otro

1. Nancy Lozano Escando, por perjuicios morales la suma de $49.690.000; por perjuicios
la de $14.907.000, de estas sumas deberá descontarse el valor de $12.000.000 ya que
acción social canceló en el mes de diciembre a la señora Nancy Lozano Escandón.

2. Para Natalia Lozano Escandón “hoy NATALIA TOSSE LOZANO”, representada por
su progenitora Nancy Lozano la suma de: por perjuicios morales la suma de $49.690.00
por perjuicios de vida en relación la suma de $49.690.00.

Asimismo, se extrae la resolución No.01937 del 22 de marzo de 2011, donde la entidad
reconoce como víctimas y realiza la entrega en calidad de beneficiarias la suma de:

Efectuada la liquidación de los perjuicios, por el Juzgado Primero Administrativo de
Buga, la entidad accionada realiza el pago del valor total liquidado esto es la suma de
CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
PESOS $151.977.000.

Analizado el contenido del escrito y las pruebas aportadas, este Despacho encuentra
que las entidades accionadas sí efectuaron el pago de la indemnización principal
ordenada por la Honorable Corte Constitucional mediante el cual amparó el derecho a la
reparación por los daños causados, lo que denota el cumplimiento material de la orden
constitucional proferida por el alto Tribunal, conforme a la liquidación de perjuicios fijados
por el Juzgado Primero Administrativo de esta localidad.

Asimismo se tiene que el reclamo actual versa porque no realizó la liquidación de
intereses moratorios en la decisión proferida por la jurisdicción administrativa, las cuales
para este Estrado Judicial no configuran un incumplimiento deliberado por parte de las
accionadas, toda vez que desde el año 2011 se reitera se materializó la orden dada por
la Corte Constitucional en la sentencia T-188- de 2007, además de ello si las accionantes
no se encontraban conformes con los valores liquidados por el Juzgado Administrativo
debió en su momento ejercer su derecho de contradicción frente a esa decisión, situación
que no aconteció.

El incidente de desacato, regulado por los artículos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991,
tiene como finalidad garantizar la efectividad de los fallos de tutela frente a una
desobediencia clara, expresa y actual de la orden impartida.

En el caso concreto, el pago efectuado por el DPS y la UARIV desde el año 2011
evidencia voluntad de cumplimiento, por lo que no se advierte una conducta omisiva o
de desacato sancionable. La controversia sobre intereses e indexación no puede
resolverse mediante la imposición de arresto o multa, al no existir incumplimiento actual
y doloso» [sic].

52. Previo al estudio de fondo, la Sala advierte que los defectos sustantivos y de
desconocimiento del precedente judicial serán analizados de manera conjunta, por
cuanto ambos reproches parten de un mismo supuesto jurídico, consistente en que
el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga
desconoció el alcance de la Sentencia T-188 de 2007 y de la jurisprudencia
constitucional sobre el cumplimiento de fallos de tutela y reparación efectiva.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01396-01
Demandante: Nancy Lozano Escandón y otro

53. En ese orden de ideas y en relación con los defectos previamente mencionados,
la Sala considera que el cargo no está llamado a prosperar. En efecto, no se advierte
que la autoridad judicial demandada hubiera desconocido el alcance de la sentencia
constitucional o de la jurisprudencia invocada. Efectivamente, el juzgado no
desconoció la providencia T-188 de 2007, ni omitió el análisis de las ordenes allí
impartidas. Por el contrario, examinó la naturaleza del incidente de desacato y
verificó si existía un incumplimiento de la orden constitucional que justificara la
imposición de las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991. Como resultado
de ese análisis, concluyó que la obligación impuesta en la sentencia de tutela había
sido atendida con el pago efectuado en el año 2011.

54. Al respecto, se recuerda que mediante la Sentencia T-188 de 2007 la Corte
Constitucional ordenó la inclusión de Nancy Lozano Escandón y Natalia Tosse
Lozano en los programas de atención a víctimas del conflicto armado y dispuso que
fueran indemnizadas por los perjuicios causados, y precisó expresamente que la
cuantificación de dicha indemnización correspondía a la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991. Es decir,
la Corte no fijó directamente el monto de la condena ni ordenó el reconocimiento de
intereses moratorios o de actualización monetaria, sino que remitió esa
determinación al juez competente.

55. Fue por esto por lo que, en cumplimiento de dicha sentencia, el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Buga en providencia del 29 de septiembre de 2009,
efectuó la liquidación de los perjuicios, decisión que fue confirmada por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca el 18 de diciembre de 2009. En atención a las
pruebas obrantes en el expediente, la Sala encuentra que el pago se hizo en el año
2011 y con fundamento en ese marco, al resolver el incidente de desacato, concluyó
que la orden impartida por la Corte Constitucional había sido cumplida en su
totalidad.

56. Tampoco encuentra la Sala probado un desconocimiento de la jurisprudencia
constitucional invocada, pues si bien se citaron diversas decisiones de la Corte
Constitucional32 que se pueden relacionar con el alcance de la reparación integral y
el cumplimiento de un fallo de tutela, lo cierto es que la mayoría de ellas
correspondieron a decisiones proferidas en el marco de solicitudes constitucionales,
cuyos efectos son inter-partes, y de las cuales no es posible pretender un obligatorio
cumplimiento.

57. No obstante, la autoridad judicial no se apartó de los criterios allí establecidos.
En concreto, verificó el cumplimiento de la orden impartida en la sentencia

32 Al respecto citó las sentencias SU-254 y T-077 del 2013, T-431 de 2009 y T-313 de 2021.

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Demandante: Nancy Lozano Escandón y otro

constitucional y, conforme al objeto y finalidad del trámite incidental, concluyó que
la obligación se había pagado. Así las cosas, para la Sala la controversia radica en
torno a la interpretación a la que llega el juez natural de dar por cumplida las ordenes
de la providencia de la Corte Constitucional y no frente a reglas jurisprudenciales
omitidas.

58. En ese orden, la Sala advierte que el desacuerdo planteado no evidencia que la
autoridad judicial hubiera aplicado una norma inexistente, inaplicable o
manifiestamente irrazonable, ni que se hubiera apartado injustificadamente de la
jurisprudencia invocada. Por el contrario, la providencia cuestionada contiene una
motivación suficiente para explicar por qué estimó cumplida la orden impartida en la
Sentencia T-188 de 2007, sin que la sola discrepancia frente a esa conclusión
permita configurar un defecto sustantivo o un desconocimiento del precedente
constitucional.

59. Por otro lado, tampoco se evidencia la configuración del defecto fáctico, pues el
juzgado no omitió valorar las pruebas que acreditaban un pago tardío de la
indemnización y la causación de intereses moratorios e indexación. Por el contrario,
la Sala observa que tales circunstancias sí fueron consideradas por la autoridad
judicial al resolver el incidente de desacato, pues tuvo en cuenta que la
indemnización fue liquidada en el año 2009 y pagada en el año 2011; sin embargo,
concluyó que esa circunstancia no evidenciaba un incumplimiento de la orden
impartida en la Sentencia T-188 de 2007. En consecuencia, el desacuerdo
planteado recae sobre la valoración jurídica efectuada por la autoridad judicial y no
sobre la omisión o indebida apreciación del material probatorio.

60. De igual manera, no es posible predicar la existencia del defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto, toda vez que la autoridad judicial demandada adelantó
el trámite del incidente de desacato conforme a lo previsto en los artículos 27 y 52
del Decreto 2591 de 1991, analizó los argumentos expuestos y resolvió de fondo la
solicitud. En particular, verificó si existía un incumplimiento de la orden impartida en
la Sentencia T-188 de 2007 que hiciera procedente la imposición de las sanciones
previstas para ese trámite y concluyó que la indemnización reconocida ya había
sido cancelada.

61. Finalmente, tampoco se configura la violación directa de la Constitución,
comoquiera que la Sala concluyó que ninguno de los defectos se configuró, tampoco
es posible evidenciar una vulneración de los derechos fundamentales. Pues, como
quedó demostrado, no se constituyó una actuación arbitraria o irracional del
Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga que
denotara un desconocimiento de los derechos fundamentales invocados. Además,
se observa que la autoridad judicial fundamentó su decisión en el alcance de la
orden impartida por la Corte Constitucional y en las competencias propias que tiene

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Demandante: Nancy Lozano Escandón y otro

el juez en el marco de un incidente de desacato. En consecuencia, el cargo tampoco
está llamado a prosperar.

62. En esas condiciones, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la
valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida
en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial demandada
cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, se impone negar la
solicitud de amparo constitucional, pues, se reitera, este mecanismo no puede
convertirse en una tercera instancia.

63. Conviene insistir en que el juez de tutela debe respetar la interpretación jurídica
del juez natural y por lo tanto no le corresponde cuestionar las decisiones adoptadas
dentro del ámbito de sus competencias, salvo que resulte palmaria la vulneración
de derecho fundamental alguno, lo que en el presente caso no se encontró
probado.
3. Conclusión

64. En ese orden de ideas, quedan desvirtuadas las inconformidades en las que la
parte demandante centró sus esfuerzos, de forma que la Sala modificará la decisión
del a quo, en los siguientes términos:

64.1. Negar el amparo de los derechos fundamentales invocados por Nancy Lozano
Escandón y otro en la solicitud de tutela contra el Juzgado Primero Penal del Circuito
Especializado de Guadalajara de Buga.

64.2. Declarar improcedente, por no acreditar el requisito general de la inmediatez,
la solicitud de amparo presentada por Nancy Lozano Escandón y otro en contra del
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en lo que, a la providencia del 23 de
enero de 2025, se refiere.

65. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley.
FALLA:

Primero. Declarar fundado el impedimento manifestado por el Jorge Edison
Portocarrero Banguera. En consecuencia, se le separa del conocimiento del asunto
de la referencia.

Segundo. Modificar la sentencia proferida el 15 de abril del 2026 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, la cual quedará así:

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Demandante: Nancy Lozano Escandón y otro

Tercero. Negar el amparo de los derechos fundamentales de Nancy Lozano
Escandón y otro en la solicitud de tutela presentada contra el Juzgado Primero
Penal del Circuito Especializado de Guadalajara de Buga.

Cuarto. Declarar improcedente, por no acreditar el requisito general de la
inmediatez, la solicitud de amparo presentada por Nancy Lozano Escandón y otro
en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en lo que, a la providencia
del 23 de enero de 2025, se refiere.

Quinto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Sexto. Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CJE/LVLQ

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el
aplicativo Samai, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la
integridad y autenticidad del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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