Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01397-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01397-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01397-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
12 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01397-00
Accionante: Carlos Mauricio Varela Correa
Accionado: Juzgado 2º Administrativo Oral del Circuito de Cartago
Tema: Derecho de petición. Entrega de título judicial. NIEGA AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Carlos Mauricio Varela
Correa, en contra del Juzgado 2º Administrativo Oral del Circuito de Cartago.
ANTECEDENTES
El accionante solicita se ampare su derecho fundamental de petición; que considera
vulnerado por la autoridad judicial accionada.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que el Juzgado 2º Administrativo Oral del Circuito de Cartago mediante Auto
Interlocutorio núm. 655 del 2025 ordenó la entrega del Título núm.
469780000076243, con ocasión de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que se adelantó en dicho despacho en contra de la Administradora
Colombiana de Pensiones (COLPENSIONES), con radicado 76147-33-33-002-
2016-00548-00.
Que el 29 de enero de 2026 le solicitó al Juzgado confirmar y autorizar el pago del
título, en la plataforma del Banco Agrario; sin embargo, a la fecha han transcurrido
más de 15 días y no ha recibido respuesta alguna por parte del despacho accionado,
situación que le impide cobrar el título.
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• Archivo Central.
PRETENSIONES
El accionante pide que se ampare el derecho invocado y, en consecuencia, ordenar
al Juzgado 2º Administrativo Oral del Circuito de Cartago que indique de manera
clara, precisa y detallada cuándo será autorizado el cobro del Título núm.
469780000076243, en la plataforma del Banco Agrario.
TRÁMITE DEL PROCESO
El 25 de febrero de 2026 se admitió la acción de tutela, se vinculó al Banco Agrario
de Colombia y se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Juzgado 2º Administrativo Oral del Circuito de Cartago precisó que la solicitud
que realizó el actor no se tramitó conforme a los términos de la Ley 1755 de 2015
por estar relacionada con un trámite judicial, el cual no es del ámbito de amparo a
través del derecho de petición.
Indicó que el 3 de marzo de 2026 autorizó el pago del título reclamado, por lo que
los dineros ya están disponibles para su cobro; razón por la cual pidió que se niegue
la tutela.
POSICIÓN DEL VINCULADO
El Banco Agrario de Colombia manifestó que, para realizar el pago de los
depósitos, éstos deben estar confirmados y asociado el beneficiario en el portal web
transaccional, labor que adelanta el juzgado donde se lleva el proceso o el ente
coactivo dueño de la cuenta judicial.
Que en ausencia de dicha confirmación y actualización registral la entidad bancaria
se encuentra legalmente imposibilitada para efectuar cualquier desembolso; motivo
por el cual, solicitó que se niegue el amparo requerido.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) derecho de petición;
III) mora judicial y IV) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
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2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar- Archivo Central.
la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Derecho de petición
El derecho fundamental de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución
Política de Colombia, permite el establecimiento de una comunicación efectiva entre
la Administración y los ciudadanos, cuya fluidez y eficacia constituye una exigencia
impostergable para los ordenamientos organizados bajo la insignia del Estado
democrático de derecho.
Las reglas consagradas en la Constitución, la ley y desarrolladas por la
jurisprudencia, dan cuenta de la calidad que debe tener la respuesta que se brinde:
debe resolver el fondo del asunto y debe ser coherente, entendiendo por ello la
armonía entre lo solicitado por el peticionario y la decisión adoptada por la
peticionada.
En relación con el ejercicio del derecho de petición ante las autoridades judiciales,
ha dicho la Corte Constitucional que existen dos clases de solicitudes, dentro de las
cuales encontramos:
«(…) (i) las referidas a actuaciones estrictamente judiciales, que se
encuentran reguladas en el procedimiento respectivo de cada juicio,
debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas
procesales previstos para tal efecto; y (ii) aquellas peticiones que por ser
ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos procesales, deben ser
atendidas por la autoridad judicial bajo las normas generales del derecho
de petición que rigen la administración y, en especial, de la Ley 1755 de
2015. (…)»1
Frente al primer escenario, la Corte2 considera que son todas aquellas donde el
ciudadano solicita la aplicación de leyes sustantivas o procedimentales que rigen
los procesos de competencia del juez, las cuales se rigen por el procedimiento
judicial indicado y no por la Ley 1755 de 2015.
Aunado a lo anterior, el Consejo de Estado3 en sentencia del 19 de noviembre de
2020 señaló que «las reglas del derecho fundamental de petición no son aplicables
cuando se le solicita a un servidor judicial que cumpla sus funciones jurisdiccionales,
1 Ver sentencias SU 076 de 2022 y T 394 de 2018
2 Sentencias C-951 de 2014, T-311 de 2013, T-172 de 2016, T-394 de 2018, reiteradas en la sentencia SU-333
de 2020
3 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 19 de noviembre de 2020. Radicado 11001-03-15-000-
2020-04387-00 (AC).
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ya que las peticiones sobre actuaciones judiciales se encuentran reguladas- Archivo Central.
en
procedimientos propios. Por tanto, los memoriales y los recursos se rigen por los
términos y etapas procesales previstos por el legislador, y en general, por las leyes
procedimentales propias de cada mecanismo judicial».
Ahora, si la petición trata asuntos ajenos a un proceso judicial, es meramente
administrativa y se aplican las reglas previstas en la Ley 1755 de 2015, se predica
que la respuesta debe ceñirse y respetar el núcleo irreductible de este derecho
fundamental, el cual, para la jurisprudencia constitucional, consiste en la prontitud,
en que se resuelva de fondo y se notifique debidamente la respuesta al solicitante.
Tratándose de peticiones judiciales, debe analizarse si la demora en la resolución
de los memoriales genera una mora judicial que pueda dar lugar a la protección
tutelar.
Mora judicial
Ha establecido la Corte que la mora judicial impide el disfrute efectivo del derecho
de acceso a la administración de justicia, lo cual ocurre como consecuencia de las
acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los
funcionarios que tienen a su cargo la solución de los procesos.
De igual forma, ha considerado que hay mora en los siguientes casos:
«[...] Si el incumplimiento del término procesal “(i) es producto de la
complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un
exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley”
[...]
Existirá mora judicial justificada cuando se constate que el
incumplimiento del término procesal para decidir la cuestión sometida al
conocimiento del juez competente“(i) es producto de la complejidad del
asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia razonable del
operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen problemas
estructurales en la administración de justicia
que generan un exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii)
se acreditan otras circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden
la resolución de la controversia en el plazo previsto en la ley (…)».4
Frente a la mora judicial ha precisado la Corte Constitucional que según las
circunstancias del caso, es posible (i) negar la violación de los derechos al debido
4 Corte Constitucional. Sentencia SU 179 de 2021
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• Archivo Central.
proceso y al acceso a la administración de justicia, sometiendo al interesado al
sistema de turnos; (ii) ordenar excepcionalmente la alteración del orden para
proferir el fallo, cuando el juez está en presencia de un sujeto de especial
protección constitucional, o cuando la mora judicial supere los plazos razonables y
tolerables de solución, en contraste con las condiciones de espera particulares del
afectado; o (iii) disponer un amparo transitorio en relación con los derechos
fundamentales comprometidos, mientras la autoridad judicial competente se
pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia planteada, en aquellos
casos en que se está ante la posible materialización de un daño cuyos perjuicios
no puedan ser subsanados5.
Análisis del caso concreto
En síntesis, el señor Carlos Mauricio Varela Correa estima que el Juzgado 2º
Administrativo Oral del Circuito de Cartago transgrede su derecho fundamental de
petición por no contestar solicitud de confirmar y autorizar el pago del Título núm.
469780000076243, dentro de los plazos que consagra la Ley 1755 de 2015.
Pues bien, de las pruebas aportadas la Sala observa que el Juzgado mediante Auto
655 del 20 de octubre de 2025 autorizó la entrega del título de depósito judicial núm.
469780000076243 por valor de $580.000.
El actor el 26 de enero de 2026 le solicitó al Juzgado que le indicara de manera
«CLARA, PRECISA Y DETALLADA cuando [sic] será dada la orden del pago del
título 469780000076243», ya que «hasta ahora no aparece para el pago a mi
numero [sic] de cedula [sic] por parte del banco el título de la referencia».
El Juzgado señaló que el 3 de marzo de 2026 autorizó el pago del título en la página
web del Banco Agrario de Colombia, aportó la siguiente constancia:
5 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013, recogida en la T-346 de 2018
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El 3 de marzo de 2026, el Banco Agrario de Colombia señaló que el -Título Archivonúm.
Central.
469780000076243 requiere de confirmación electrónica para su pago, pues de lo
contrario la entidad no puede efectuar su desembolso, veamos:
El 6 de marzo de 2026, el actor alegó que el 5 de igual mes y año fue al Banco
Agrario de Colombia y no pudo cobrar el título, con fundamento en que «hasta el
momento el juzgado cambio [sic] el ESTADO DEL TITULO A PAGAR, pero no ha
logrado AUTORIZARLO PARA PAGAR, ya que no es confirmarlo en la plataforma
es autorizarlo».
Al respecto, la Sala encuentra que la solicitud de pagar el Título núm.
469780000076243 es una petición judicial; de ahí que, no se rige por los términos
de respuesta que consagra la Ley 1755 de 2015, sino conforme a las reglas
procesales del caso, por esto, no se materializa la violación del derecho fundamental
de petición.
Por otro lado, se observa que el Juzgado el 29 de enero y el 3 de marzo de 2026
autorizó la entrega del título judicial mencionado al actor; sin embargo, no ha sido
posible su cobró ya que el despacho accionado no ha confirmado el depósito en el
portal transaccional del Banco Agrario de Colombia.
En este orden, no se observa una mora por parte del Juzgado 2º Administrativo Oral
del Circuito de Cartago en dar trámite a la solicitud del actor relacionada con el pago
del título judicial, pues no ha transcurrido entre la solicitud y la actuación del
despacho un lapso que pueda considerarse irrazonable o desproporcionado; por lo
que no hay lugar a emitir una orden de amparo acorde a lo establecido por la
jurisprudencia para estos casos.
Así las cosas, se negará el amparo invocado y se exhortará al Juzgado 2º
Administrativo Oral del Circuito de Cartago, para que realice confirmación
electrónica del Título núm. 469780000076243, en el portal web del Banco Agrario
de Colombia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
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nombre de la República y por autoridad de la ley, - Archivo Central.
FALLA:
Primero: NEGAR la acción de tutela interpuesta por el señor Carlos Mauricio Valera
Correa, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.
Segundo: EXHORTAR al Juzgado 2º Administrativo Oral del Circuito de Cartago,
para que realice confirmación electrónica del Título núm. 469780000076243, en el
portal web del Banco Agrario de Colombia.
Tercero: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Cuarto: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
Con aclaración de voto
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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