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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01414-00

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquin Barreto Suarez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01414-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Amparar el derecho fundamental de petición de las señoras Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona. SEGUNDO: En consecuencia, se ordena al Tribunal Administrativo del Quindío, Despacho 005 que, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, brinde una respuesta de fondo, congruente y completa a la petición enviada por las accionantes a través de correo electrónico el 4 de junio de 2025, y se la notifiquen en debida forma a la dirección aportada en tal solicitud. TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01414-00

Consejero ponente: Omar Joaquin Barreto Suarez

19 de marzo de 2026

Demandantes: Lucero Gutiérrez Cardona y otra
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Despacho 005
Rad: 11001-03-15-000-2026-01414-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01414-00
Demandantes: LUCERO GUTIÉRREZ CARDONA Y OTRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO,
DESPACHO 005

Temas: Tutela de fondo. Solicitud ante autoridades judiciales.
Accede al amparo del derecho fundamental de petición

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la sala a decidir la solicitud presentada por la parte demandante, en
ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la
Constitución Política y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591
de 1991.

I. ANTECEDENTES

1.1. Petición de amparo constitucional

Mediante escrito radicado el 23 de febrero de 2026, las señoras Lucero
Gutiérrez Cardona y Manuela Ruda Gallego presentaron acción de tutela
contra el Tribunal Administrativo del Quindío, Despacho 005 por la presunta
vulneración de su derecho fundamental de petición debido a la falta de
respuesta a una solicitud radicada el 4 de junio de 2025.

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó que se ordene a la autoridad judicial demandada
brindar una respuesta clara, congruente y de fondo a la solicitud presentada
el 4 de junio de 2025.

La petición de tutela tuvo como fundamento los siguientes:

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Lucero Gutiérrez Cardona y otra
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Despacho 005
Rad: 11001-03-15-000-2026-01414-00

1.3. Hechos

La parte actora indicó que el 4 de junio de 2025 presentó una solicitud,
mediante correo electrónico, ante el Tribunal Administrativo del Quindío,
Despacho 005, con la cual solicitó la siguiente información:

a) Indicara si en los procesos ejecutivos derivados de contratos en los que la
parte demandada es un municipio y que fueron radicados a partir de enero
de 2023, el despacho exige el cumplimiento del requisito de procedibilidad de
agotar la conciliación prejudicial.

b) Aportara los links de acceso a los expedientes de los procesos ejecutivos
contractuales contra municipios que ingresaron al despacho desde enero de
2023 hasta la fecha en que se brinde respuesta a la presente solicitud, en los
que se hubiese emitido al menos la primera actuación de despacho.

Precisó que en esta petición se relacionó también como destinatarios los
Juzgados del 001 al 007 Administrativos del Circuito Judicial de Armenia.

1.4. Sustento de la vulneración

Las accionantes manifestaron que a la fecha no han recibido una respuesta
clara, congruente y de fondo a la solicitud presentada el 4 de junio de 2025.

Precisó que la solicitud de información presentada no pretende que la
autoridad judicial demandada rinda algún concepto jurídico, toda vez que
solo requiere la información en aquellos procesos que han sido de su
conocimiento.

Aclaró que, en caso de no contar con la información indicada en la petición,
sería suficiente que la parte accionada informe tal situación.

1.5. Trámite de la solicitud de tutela

Mediante auto del 25 de febrero de 2026, se admitió la solicitud de tutela y,
en consecuencia, se ordenó la notificación de los magistrados que integran el
Tribunal Administrativo del Quindío, Despacho 005.

A su vez, se dispuso la vinculación de los jueces administrativos del 001 al
007 Administrativos del Circuito Judicial de Armenia, como terceros con
interés en el resultado del proceso.

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Demandantes: Lucero Gutiérrez Cardona y otra
Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Despacho 005
Rad: 11001-03-15-000-2026-01414-00

1.6. Contestaciones

1.6.1. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Armenia

Este despacho judicial sostuvo que mediante oficio 077 de fecha 10 de junio
de 2025 dio una respuesta congruente y precisa frente a la petición objeto de
demanda.

Agregó que las accionantes no identificaron acción u omisión atribuible a este
despacho, de la cual derive amenaza o vulneración a sus derechos
fundamentales.

Mencionó que no se advierte actuación u omisión alguna que sea
reprochable y atribuible a esta sede judicial y que incida en los derechos
fundamentales de la parte actora.

1.6.2. Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia

Este despacho judicial sostuvo que el 11 de junio de 2025 dio respuesta a la
solicitud de la parte actora, de manera puntual con lo pedido, la cual fue
notificada al correo electrónico suministrado para tal efecto.

Aclaró que, si bien se solicitaba otro tipo de información, esta no procedía por
razón de la contestación dada.

Expuso que diferente habría sido si la respuesta hubiera sido positiva, es
decir, que en efecto se tramitaran o se hubieran tramitado desde 2023
procesos ejecutivos de naturaleza contractual.

Por lo que, solicitó que deniegue lo pretendido por la parte actora.

1.6.3. Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Armenia

La titular de este despacho judicial solicitó que se le desvincule y se
denieguen las pretensiones de la demanda, puesto que no se ha incurrido en
vulneración alguna de los derechos invocados por las demandantes.

Afirmó que dio respuesta a la petición mediante oficio 0407 del 10 de junio de
2025, el cual fue remitido al correo electrónico relacionado por las actoras y
ahora en el escrito de tutela investigación.ejecutivos@gmail.com, tal y como
se evidencia en los archivos anexos a la presente comunicación.

1.6.4. Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito Judicial de Armenia

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Este despacho judicial solicitó que se deniegue lo pretendido por la parte
actora, toda vez que, ante la petición del 4 de junio de 2025, ese mismo día
se contestó a través de su la secretaria con oficio 055, el cual fue notificado
por correo electrónico a la dirección:«investigacion.ejecutivos@gmail.com».

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la acción de tutela de la referencia,
en atención a lo consagrado en los artículos 86 de la Constitución Política, 37
del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por
el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta corporación.

2.2. Cuestión previa

En relación con la integración del contradictorio, se observa que, las
pretensiones de la demanda constitucional se dirigieron a cuestionar
únicamente a la omisión de respuesta por parte del Tribunal Administrativo
del Quindío, Despacho 005.

De modo que, si bien en el auto admisorio de esta acción de tutela se vinculó
a varios juzgados del circuito judicial de Armenia, pues la solicitud objeto de
demanda también se dirigió a estos despachos judiciales, lo cierto es que, el
siguiente análisis se circunscribirá solo a la presunta vulneración del derecho
fundamental de petición por parte de la mencionada corporación.

Así las cosas, no se emitirá pronunciamiento alguno respecto de las
solicitudes de desvinculación formuladas por los juzgados vinculados que así
lo pidieron.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si el Tribunal Administrativo del Quindío,
Despacho 005 vulneró el derecho fundamental de petición de las señoras
Lucero Gutiérrez Cardona y Manuela Ruda Gallego ante la falta de una
respuesta clara, congruente y de fondo frente a la solicitud presentada el 4
de junio de 2025.

A efectos de resolver el anterior planteamiento, de manera preliminar se
abordarán los siguientes temas: (i) procedencia de la acción de tutela y (ii) el
caso concreto.

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2.4. De la procedencia de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política consagra el precepto constitucional,
según el cual, toda persona puede ejercer la acción de tutela para reclamar
ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales
siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión de las
autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos que indica el
Decreto Ley 2591 de 1991.

Este instrumento de defensa se caracteriza por tener un trámite preferente,
ser residual y subsidiario, lo que permite advertir que el ejercicio de esta
acción no es absoluto, sino que está limitado por las causales de
improcedencia contenidas en el artículo 6º del Decreto 2591 de 19911, entre
otros motivos, la relativa a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial para garantizar la protección del derecho que se alega amenazado o
vulnerado (subsidiariedad).

2.5. De la procedencia de las acciones de tutela frente al derecho
fundamental de petición. Ejercicio de dicha garantía respecto de
autoridades administrativas y judiciales

La mencionada garantía constitucional se encuentra consagrada en el artículo
23 de la Constitución Política, así: «Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o
particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su
ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos
fundamentales.»

La Corte Constitucional de manera reiterada ha considerado que el derecho
fundamental de petición cuenta con un núcleo esencial, el cual radica en la
resolución pronta y oportuna de la cuestión solicitada2.

Por tanto, la vulneración de tal garantía se concreta ante la falta de una
respuesta de fondo, clara, oportuna y de manera congruente con lo solicitado,
e incluso cuando se omite la notificación de la respuesta al peticionario.

A su vez, la citada corporación ha establecido que la existencia de otros
mecanismos para la obtención de información solicitada no es óbice para
contestarlo3.

1
Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política.
2
Al respecto, se citan las sentencias T-377 de 2000, T – 1075 de 2003, T-1006 de 2001,
entre otras.
3
Sentencia T – 1075 de 2003.

5

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Rad: 11001-03-15-000-2026-01414-00

De igual forma, ha establecido que este no se vulnera cuando la
administración no está en capacidad de responder por las características del
caso concreto, como, por ejemplo, al pedir información acerca de un
documento que ha desaparecido.

Ahora bien, el referido derecho también comprende la facultad de presentar
peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia, pero solo en lo
que respecta a sus actuaciones de carácter administrativo.

Al respecto, la Corte Constitucional a modo de desarrollo jurisprudencial
compila en la sentencia T-377 de 20004 como parámetros para su protección
los siguientes:

i) el derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de
los mecanismos de la democracia participativa;

ii) su núcleo esencial reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión;

iii) la solicitud debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa
y congruente con lo pedido;

iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, el cual debe
ser lo más corto posible;

v) la contestación no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se
concreta siempre en una respuesta escrita;

vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en
algunos casos a los particulares;

vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para
agotar la vía gubernativa5 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho
fundamental de petición pues su objeto es distinto. Por el contrario, el
silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado esa
garantía fundamental;

viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa;

ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera
del deber de responder;

4
Reiterados, entre otras, en las sentencias T-183 de 2013 y T-908 de 2014.
5
Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.

6

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x) ante la presentación de una petición, la entidad debe notificar su respuesta
al interesado.

Adicionalmente, debe indicarse que la Corte Constitucional ha considerado
que la existencia de otros mecanismos para la obtención de información
pedida en el derecho de petición no es óbice para contestarlo6.

De igual manera, ha establecido que este no se vulnera cuando la
administración no está en capacidad de responder por las características del
caso concreto, como, por ejemplo, cuando se solicita información acerca de
un documento que ha desaparecido.

Ahora bien, el referido derecho también comprende la facultad de presentar
peticiones ante los funcionarios de la administración de justicia, pero solo en lo
que respecta a sus actuaciones de carácter administrativo.

Ello, por cuanto el ejercicio de tal garantía «…no es aplicable a las
autoridades judiciales en el curso de los procesos, ya que estos se rigen por
las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos
mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos
procesales.»7

En relación con dicho aspecto la Corte Constitucional8 ha considerado:

5. Específicamente en relación con el derecho de petición frente a los jueces
las sentencias T- 334 de 1995 y T-07 de 1999 señalaron que:

a) El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial
o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones
jurisdiccionales, ya que esta es una actuación reglada que está sometida a la
ley procesal…

b) Dentro de las actuaciones ante los jueces pueden distinguirse dos. De un
lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos
administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la
administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo.

c) Por el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no
pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones
administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y

6
Sentencia T – 1075 de 2003.
7
Sentencia T-178 de 2000.
8
Sentencia T-377 de 2000.

7

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los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la
litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso.”9

A partir de lo antes expuesto, se procederá al análisis de caso concreto, así:

2.6. Caso concreto

Las señoras Lucero Gutiérrez Cardona y Manuela Ruda Gallego
consideraron vulnerado su derecho fundamental de petición ante la falta de
una respuesta clara, congruente y de fondo frente a la solicitud presentada el
4 de junio de 2025 ante el Tribunal Administrativo del Quindío, Despacho
005.

Para resolver, se observa que la parte accionante radicó la solicitud el 4 de
junio de 2025, con la cual pretendía que dicho despacho judicial emitiera una
respuesta clara, congruente y de fondo sobre la siguiente información:

a) Indicara si en los procesos ejecutivos derivados de contratos en los que la
parte demandada es un municipio y que fueron radicados a partir de enero
de 2023, el despacho exige el cumplimiento del requisito de procedibilidad de
agotar la conciliación prejudicial.

b) Aportara los links de acceso a los expedientes de los procesos ejecutivos
contractuales contra municipios que ingresaron al despacho desde enero de
2023 hasta la fecha en que se brinde respuesta a la presente solicitud, en los
que se hubiese emitido al menos la primera actuación de despacho.

A su vez, se encuentra que la parte accionante envió dicha solicitud al correo
electrónico del tribunal demandado de la siguiente manera:

9
Sentencia T-334 de 1995.

8

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Una vez efectuadas las notificaciones correspondientes, se encuentra que el
Tribunal Administrativo del Quindío, Despacho 005 no presentó su respectivo
informe y tampoco aportó prueba con la cual demostrara haber dado
respuesta a la petición de la parte actora, ni presentó razones de justificación
que desvirtúen tal omisión.

Al respecto, debe precisarse que de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 20 del Decreto 2591 de 1991, si el informe no fuere rendido –por la
autoridad demandada- dentro del plazo correspondiente, se tendrán por
ciertos los hechos y se entrará a resolver de plano, salvo que el juez estime
necesaria otra averiguación previa.

De este modo, se reitera que, aunque la radicación de la petición ante la
autoridad judicial acusada se encuentra debidamente acreditada en el
plenario, lo cierto es que esta no presentó su respectivo informe, ni aportó
prueba con la que demostrara haber atendido la solicitud objeto de demanda
ni presentó algún motivo para no hacerlo dentro del término de ley; razón por
la cual resulta procedente la protección del derecho fundamental de petición.

Por consiguiente, se ordenará al Tribunal Administrativo del Quindío,
Despacho 005 resolver, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de esta providencia, la petición enviada por las accionantes a
través de correo electrónico el 4 de junio de 2025.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

9

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Demandado: Tribunal Administrativo del Quindío, Despacho 005
Rad: 11001-03-15-000-2026-01414-00

FALLA

PRIMERO: Amparar el derecho fundamental de petición de las señoras
Manuela Ruda Gallego y Lucero Gutiérrez Cardona.

SEGUNDO: En consecuencia, se ordena al Tribunal Administrativo del
Quindío, Despacho 005 que, dentro del término de cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la notificación de esta providencia, brinde una respuesta
de fondo, congruente y completa a la petición enviada por las accionantes a
través de correo electrónico el 4 de junio de 2025, y se la notifiquen en
debida forma a la dirección aportada en tal solicitud.

TERCERO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

Salva voto parcial
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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