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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01415-01

Fecha
7 de julio de 2026
Consejero ponente
Diego Enrique Franco Victoria

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01415-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 14 de mayo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01415-01

Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria

7 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA

Bogotá, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01415-01
Accionante: Amauris Rafael Meza Almanza
Accionado: Tribunal Administrativo de Sucre
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de segunda instancia

La Sala resuelve la impugnación presentada contra la sentencia proferida el 14 de mayo
de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante la cual se declaró la
improcedencia de la solicitud de amparo.

SÍNTESIS1

El accionante cuestiona la sentencia del 6 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Sucre, mediante la cual se confirmó la decisión que negó las
pretensiones de la demanda en el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el
Departamento de Sucre con el fin de que se reconocieran y pagaran las diferencias
derivadas del incremento salarial decretado para el año 2009. Se confirma la sentencia
de primera instancia que declaró la improcedencia de la demanda de tutela por no
superar el requisito de relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1. El 23 de febrero de 2026, el señor Amauris Rafael Meza Almanza, mediante
apoderada judicial, presentó una demanda en ejercicio de la acción de tutela para
obtener la protección a sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad,
acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva, los cuales, a su juicio
fueron vulnerados con ocasión de la sentencia del 6 de agosto de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho identificado con radicado núm. 70001-33-33-002-2024-00125-01, mediante la
cual se confirmó la decisión de primera instancia, por medio de la cual el Juzgado
Segundo Administrativo de Sincelejo negó las pretensiones de la demanda.

2. La parte accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:

1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia proferida

1 Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Nulidad y Restablecimiento del Derecho / Confirma

improcedencia por falta de relevancia constitucional / Incrementos salariales en el escalafón docente

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01415-01
Accionante: Amauris Rafael Meza Almanza
Se confirma la decisión de primera instancia

el día 6 de agosto de 2025, en el expediente radicado bajo número 70001-33-33-002-
2024-00125-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) AMAURIS RAFAEL
MEZA ALMANZA, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la
jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el
material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al
debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente
AMAURIS RAFAEL MEZA ALMANZA, a la luz de los argumentos planteados en la
demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.

B. Hechos

3.El señor Amauris Rafael Meza Almanza es docente oficial ubicado en la categoría
2BE del escalafón docente, regulado por el Decreto 1278 de 20022.

4.El Gobierno Nacional decretó incrementos salariales desiguales para cada categoría
del escalafón docente. De tal modo, para el año 2009 se dispuso un incremento del
15.61% para el grado 2AE, mientras que el grado 2BE obtuvo un aumento del 7.67%

5. El docente interpuso reclamación administrativa ante la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de Educación del Departamento de Sucre con el fin
de obtener el reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los
incrementos desiguales decretados para el año 2009.

6. Tal solicitud fue respondida mediante el oficio núm. 2024-EE-054616 y el oficio del 6
de marzo de 2024 por el Ministerio de Educación Nacional y el Departamento de Sucre,
respectivamente.

7. El señor Amauris Rafael Meza Almanza presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional y el Departamento de Sucre con el fin de que (i) se inaplicara el
Decreto núm. 284 de 2024, (ii) se declarara la nulidad de los actos administrativos que
negaron la reclamación administrativa y (iii) se ordenara el reconocimiento y pago de
las diferencias salariales causadas durante los últimos tres años anteriores a la
presentación de la reclamación administrativa, así como las que se causaran hacia el
futuro.

8. Mediante sentencia del 24 de junio de 2025, el Juzgado Segundo Administrativo de
Sincelejo denegó las pretensiones de la demanda, al concluir que no hubo
discriminación salarial en el caso concreto, ya que existieron criterios objetivos,
discernibles y razonables para justificar la diferenciación salarial y prestacional otorgada
a los docentes.

9. El demandante presentó recurso de apelación en contra de la decisión de primera
instancia, por medio del cual alegó, entre otros, que no existía una justificación técnica,

2 Presidente de la República de Colombia. Decreto 1278 de 2002. “Por el cual se expide el Estatuto de

Profesionalización Docente”

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Se confirma la decisión de primera instancia

jurídica y objetiva para establecer incrementos salariales diferenciados e insistió en que
estos desconocían los principios de igualdad, equidad y proporcionalidad.

10. El 6 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Sucre confirmó la sentencia del
24 de junio de 2025, tras determinar que el demandante no pertenecía al grado 2BE del
escalafón docente para la vigencia 2009 y que las diferencias salariales entre los
distintos grados del escalafón obedecían a criterios objetivos relacionados con la
formación, la experiencia y el mérito profesional.

C. Fundamentos de la vulneración

11. El accionante indicó que la sentencia del 6 de agosto de 2025 incurrió en los
defectos sustantivo y fáctico.

12. Sobre el defecto sustantivo, alegó que la conclusión a la que arribó el Tribunal
accionado no es compatible con la jurisprudencia constitucional y contencioso
administrativa que señala que toda diferenciación salarial debe fundarse en criterios
objetivos y razonables, tal como la proporcionalidad y la cantidad y calidad del trabajo.
En ese sentido, adujo que en el caso concreto no existió una justificación objetiva frente
al trato diferenciado otorgado entre los grados 2BE y 2AE del escalafón docente.

13. Señaló que no se argumentó de manera clara y coherente la razón por la cual se
avaló un incremento salarial diferenciado entre los grados 2BE y 2AE, pese a que se
trataba de situaciones equiparables desde el punto de vista profesional, lo cual vulnera
el principio de igualdad material.

14. Adujo que la sentencia cuestionada contraviene el marco normativo que rige la
materia, en particular, el literal j del artículo 2 de la Ley 4 de 1992 3, los artículos 19, 20
y 21 del Decreto 1278 de 2002 y los artículos 23 y 53 de la Constitución Política.

15. Respecto el defecto fáctico, adujo que la autoridad judicial accionada realizó una
indebida valoración probatoria frente a la discusión planteada, debido a que no se
acreditó por parte de los demandados que los incrementos salariales decretados
obedecieran a razones objetivas, pues no se allegó ningún elemento de prueba para
demostrar la existencia de motivos válidos que justificaran tal determinación.

16. Agregó que en el proceso ordinario no se ofreció ninguna explicación objetiva ni
razonable en relación con el trato inequitativo que se otorgó, por lo cual se reprocha la
falta de justificación técnica y legal que se exige en estos casos, ya que si bien pueden
existir diferencias en los aumentos salariales, tal decisión debe sustentarse en criterios
objetivos.

D. Trámite procesal

17. Mediante auto del 26 de febrero de 20264, la Sección Cuarta del Consejo de Estado

3 Congreso de Colombia. Ley 4 de 1992. “Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que

debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las
prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo
establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.”
4 Índice 5 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

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Se confirma la decisión de primera instancia

admitió la demanda de tutela y ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Sucre y, en
calidad de terceros con interés, a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), al Departamento de Sucre
y al Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo, para que rindieran un informe sobre
los hechos objeto de la demanda de tutela. Asimismo, ordenó notificar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

E. Oposiciones e intervenciones

18. El Tribunal Administrativo de Sucre5 (accionado) solicitó que se declarara
improcedente o, en su defecto, se negara la demanda de tutela. Sostuvo que el
accionante pretende utilizar el mecanismo de amparo como una instancia adicional para
reabrir un debate jurídico ya resuelto en el proceso ordinario, sin acreditar la
configuración de un defecto de suficiente gravedad que vulnerara sus derechos
fundamentales. Señaló que la providencia cuestionada se sustentó en una
interpretación autónoma de las normas aplicables y en la valoración del material
probatorio obrante en el expediente.

19. El Departamento de Sucre6 (tercero con interés) solicitó que se negaran las
pretensiones de la demanda de tutela. Argumentó que la fijación de la escala salarial de
los docentes corresponde al Gobierno Nacional en desarrollo de la Ley 4 de 1992 y del
Decreto Ley 1278 de 2002, y que las diferencias salariales entre los distintos grados del
escalafón obedecen a criterios relacionados con la formación académica y la
experiencia de los docentes. Sostuvo que en el caso concreto no se configuró
vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados.

20. El Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo7 (tercero con interés) solicitó que
se negaran las pretensiones de la demanda respecto de cualquier responsabilidad
atribuible a ese despacho. Indicó que la sentencia de primera instancia respondió a los
supuestos fácticos y normativos aplicables, se fundamentó en el material probatorio
obrante en el expediente y acogió la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la
materia.

21. El Ministerio de Educación Nacional8 (tercero con interés) solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela. Manifestó que carece de legitimación en la causa por
pasiva, dado que la controversia recae sobre una providencia judicial proferida por el
Tribunal Administrativo de Sucre y no sobre una actuación atribuible a esa cartera
ministerial. Agregó que la tutela contra providencias judiciales tiene carácter excepcional
y que, en el presente asunto, la controversia planteada carece de relevancia
constitucional al versar sobre un litigio de naturaleza eminentemente económica.

F. Sentencia impugnada

22. Mediante sentencia del 14 de mayo de 20269, la Sección Cuarta del Consejo de

5 Índice 17 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
6 Índices 12 y 15 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
7 Índice 13 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
8 Índices 18 y 19 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.
9 Índice 22 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

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Se confirma la decisión de primera instancia

Estado declaró improcedente la demanda de tutela interpuesta por Amauris Rafael
Meza Almanza contra el Tribunal Administrativo de Sucre, al concluir que la solicitud de
amparo no satisfacía el requisito de relevancia constitucional exigido para la
procedencia excepcional de la tutela contra providencias judiciales.

23. La Sala señaló que la acción de tutela constituía una reiteración de los mismos
argumentos formulados por el accionante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y en el recurso de apelación, pues la controversia
continuaba centrada en la presunta falta de justificación de los incrementos salariales
diferenciados aplicados a los grados 2BE y 2AE del escalafón docente durante el año
2009. En ese sentido, precisó que el accionante se limitó a replantear ese mismo debate
bajo la invocación de defectos sustantivo y fáctico, sin demostrar una vulneración
autónoma de derechos fundamentales.

24. Sostuvo que la acción de tutela no puede emplearse como una instancia adicional
para controvertir decisiones adoptadas por el juez natural ni para insistir en argumentos
ya analizados y resueltos dentro del proceso ordinario, pues ello desconoce la
autonomía judicial y la finalidad excepcional del amparo constitucional. En
consecuencia, concluyó que no se cumplía el requisito de relevancia constitucional, por
lo que se abstuvo de realizar un estudio de fondo de los defectos alegados y declaró
improcedente la acción de tutela.

G. Impugnación

25. Mediante escrito allegado el 22 de mayo de 202610, la parte accionante impugnó la
sentencia proferida el 14 de mayo de 2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado
y solicitó que se revocara la decisión de primera instancia, al considerar que persistía la
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia, tutela judicial efectiva y principio de favorabilidad.

26. Alegó que la decisión impugnada realizó una lectura fragmentada del marco
normativo y probatorio del proceso, pues omitió un análisis material y riguroso de los
hechos acreditados en el expediente. En ese sentido, sostuvo que el accionante, en su
condición de docente oficial ubicado en la categoría 2BE del escalafón docente, fue
objeto de un trato salarial desigual e injustificado frente a docentes pertenecientes a la
categoría 2AE, quienes recibieron incrementos porcentuales superiores durante el año
2009, sin que existiera una justificación objetiva, técnica o jurídica que respaldara dicha
diferenciación.

27. Sostuvo que la controversia sí tiene relevancia constitucional porque compromete
de manera directa los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, al
cuestionarse una providencia judicial que avaló incrementos salariales diferenciados sin
exigir una justificación objetiva, técnica y razonable. Agregó que la discusión trasciende
el ámbito de la legalidad ordinaria, por cuanto involucra los principios de igualdad
material, mérito en la carrera docente, tutela judicial efectiva y favorabilidad, así como
el deber de motivación de las decisiones judiciales.

28. Insistió en la configuración de defectos sustantivo y fáctico. Respecto del primero,

10 Índice 29 del expediente digital de primera instancia disponible en Samai.

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afirmó que la sentencia cuestionada validó incrementos salariales diferenciados entre
los escalafones 2AE y 2BE sin respaldo constitucional, normativo, técnico ni probatorio
suficiente. En cuanto al segundo, sostuvo que el Tribunal accionado dio por acreditada
una justificación del trato salarial diferenciado sin que existieran pruebas que la
demostraran y omitió valorar la ausencia de elementos objetivos que sustentaran esa
diferenciación.

II. CONSIDERACIONES

H. Competencia

29. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para
resolver la demanda de acción de tutela interpuesta por el señor Amauris Rafael Meza
Almanza contra el Tribunal Administrativo de Sucre, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015 y
en el Reglamento del Consejo de Estado (Acuerdo 80 de 2019)

I. Sentido de la decisión

30. La Sala, en consonancia con decisiones recientes de naturaleza similar11, confirmará
la decisión de primera instancia que declaró la improcedencia de la demanda de tutela
por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, debido a que el debate
planteado por el accionante se circunscribe a un asunto económico y está orientado a
reabrir una discusión de mera legalidad, propia del juez natural del asunto.

31. En ese sentido, y por razones metodológicas, en esta providencia no se hará la
verificación de los demás requisitos generales de procedencia de la demanda de tutela12.

J. El requisito de relevancia constitucional

32. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales.13 En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra
providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la

11 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. radicados

núm. 11001-03-15-000-2025-08198-00; 11001-03-15-000-2025-07052-01; 11001-03-15-000-2026-00234-
00; 11001-03-15-000-2026-01070-00; 11001-03-15-000-2025-07187-00; 11001-03-15-000-2026-01685-00;
11001-03-15-000-2026-01648-00; 11001-03-15-000-2025-07517-01 y 11001-03-15-000-2026-00828-01.
12 Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte

Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
13 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

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decisión cuestionada14, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo
constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los
asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la
controversia judicial”.

33. Aunado a lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones.15

34. En la sentencia SU-215 de 202216, la Corte Constitucional estableció, entre otros17,
que la demanda en ejercicio de la acción de tutela contra una providencia judicial no
debe limitarse a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico. En ese sentido, no se debe emplear la acción de tutela como una tercera
instancia o un recurso adicional para reabrir debates meramente legales y la solicitud
debe trascender la mera inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces
naturales del asunto.

K. Requisitos específicos de procedibilidad invocados en la demanda

35. La sentencia C-590 de 2005 de la Corte Constitucional estableció que la tutela
contra providencias judiciales es constitucionalmente admisible siempre y cuando se
configure, al menos, una de las siguientes causales especiales: (i) defecto orgánico; (ii)
defecto procedimental; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente; y (viii) violación directa
de la Constitución.

36. En el asunto sub iudice, el accionante cuestiona la sentencia del 6 de agosto de
2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Sucre, porque, a su juicio, considera
que incurrió en los defectos sustantivo y fáctico. A continuación, la Sala describirá las
características y elementos de los defectos alegados, con el propósito de determinar el
objeto de la litis.

14 Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021, M.P.

Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. José Fernando Reyes Cuartas.
15 Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de

2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto
Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
16 Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
17 La Corte Constitucional identificó los siguientes criterios de análisis para establecer si la demanda de

tutela contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional: (i) el caso debe
involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras,
el asunto debe ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la Constitución Política o
para la determinación del alcance de un derecho fundamental, (ii) se deben plantear argumentos
suficientes dirigidos a demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental, entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías superiores para
encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se debe justificar razonablemente la existencia de
una restricción desproporcionada a un derecho fundamental y (iii) el examen de la acción de tutela dirigida
contra decisiones de las altas cortes debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya
presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos fundamentales.

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37. Respecto del defecto fáctico se refiere al yerro en el decreto, práctica o valoración
del material probatorio que incide en el sentido del fallo. Es decir que, en esencia, se
configura cuando la autoridad judicial “carece del apoyo probatorio que permita la
aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión”18.

38. Sobre el defecto sustantivo se presenta cuando la autoridad judicial aplica una
norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u
opta por una interpretación que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad
jurídica.

L. El caso concreto – tesis reiterada

39. La discusión que presenta el accionante carece de relevancia constitucional, toda
vez que se limita a reiterar los argumentos expuestos en el proceso ordinario para
sustentar los defectos fáctico y sustantivo y pretender una instancia adicional mediante
la cual se adopte una determinación distinta frente al reconocimiento y pago de las
diferencias salariales decretadas para el año 2009.

40. Si bien el accionante sustentó los defectos invocados como requisito de procedencia
de la demanda de tutela contra providencia judicial, lo cierto es que el fundamento de
tales yerros corresponde, en términos similares, a los argumentos que expuso en el
proceso ordinario. En efecto, en el recurso de apelación y en la demanda, el accionante
alegó, entre otros, que hubo una falta de justificación frente a las asignaciones
salariales, lo que configuró un trato discriminatorio y conllevó a la transgresión de los
derechos fundamentales de los docentes y los principios de equidad, igualdad, legalidad
y proporcionalidad.

41. La Sala advierte que, en el escrito de tutela, el accionante reiteró, en términos
similares, los argumentos expuestos en el trámite del proceso ordinario para sustentar
los defectos invocados, en específico, indicó:

[…] la ausencia de justificación suficiente que avale la asignación de incrementos salariales
en favor del personal docente que ostentan menores niveles de formación, experiencia o
desempeño (como se otorgó al nivel 2AE), en detrimento de quienes cumplen condiciones
superiores (como en el caso de la parte demandante que se ubica en la categoría 2BE),
comporta una vulneración de los principios constitucionales de igualdad material y mérito,
así como del derecho fundamental al debido proceso en su dimensión de estabilidad y
progresividad dentro de la carrera administrativa, razón por la cual corresponde al juez de
control de legalidad verificar rigurosamente la razonabilidad y legalidad de los actos
administrativos que afecten las condiciones salariales derivadas de la progresión legítima
en el escalafón, y, en caso de advertirse violaciones, proceder a su corrección en aras de
garantizar la protección efectiva de los derechos laborales adquiridos.

[…] En efecto, durante el periodo 2009, la docente, a pesar de encontrarse en la categoría
2BE -condición que implicó la acreditación de mayores requisitos de formación académica
y experiencia profesional respecto de quienes se hallaban en la categoría 2AE-, recibió un
ajuste salarial menos favorable que el conferido a estos últimos, situación que evidencia un
trato discriminatorio contrario a los principios de equidad y mérito establecidos en la
normativa que regula la carrera y la remuneración del personal docente. En estos términos
se planteó la irregularidad cometida en el caso de la demandante, pues se evidencia la
ilegalidad de los actos administrativos sometidos a control jurisdiccional, puesto que los
escalafones 2BE, 2CE Y 2DE, que son reubicaciones del escalafón dos y que son

18 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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categorías superiores en el escalafón, que requieren mayor preparación y requisitos de la
categoría 2AE, en cuanto requieren mayor ejercicio en su trabajo, esfuerzo, especialidad,
mayor tiempo de prestación del servicio docente para poder acreditar en las diferentes
evaluaciones diagnóstico formativas, siendo evidente que condiciones superiores a la
exigida a la categoría 2AE quien es el menor escalafón de esta línea y que tuvo un aumento
porcentual del doble que fue aplicado al 2BE, 2CE y 2DE, Contrario al argumento de
defensa de la entidad demandada, fueron acreditados sin tener en cuenta el grado de
formación, quedando en evidencia ese aumento caprichoso que se realizó en esta
anualidad.

Diferente hubiese sido que se incrementara un porcentaje superior a las categorías 2BE,
2CE y 2DE, sobre la categoría 2AE, pues así el acto administrativo demandado y la decisión
podrían ajustarse a una decisión razonable por el grado de preparación y el esfuerzo que
realiza el docente de su propio patrimonio para completar la preparación académica,
requiere mayor ejercicio en su trabajo, esfuerzo, especialidad, mayor tiempo de prestación
de servicio docente para poder acreditar en las diferentes evaluaciones de diagnóstico
formativas, se exige completar mayores requisitos para justificar una mayor remuneración
o un mayor incremento salarial, circunstancia que desdibuja claramente los argumentos del
acto administrativo demandado y por lo cual debe ser declarado nulo y acceder a las
súplicas de la demanda, con el debido restablecimiento del derecho, dado que mi
representado aún se encuentra vinculado al magisterio oficial.

42. Incluso, en la impugnación presentada contra la sentencia del 14 de mayo de 2026,
el accionante se limita a reproducir los mismos argumentos en aras de acreditar la
configuración de los defectos sustantivo y fáctico:

La configuración del defecto sustantivo o material en la sentencia objeto del recurso de
amparo se acredita de manera aún más evidente cuando se incorporan los porcentajes
reales de incremento salarial aplicados a los escalafones 2AE y 2BE durante la vigencia
2009, los cuales demuestran de forma objetiva la ruptura del principio de igualdad material
y la desnaturalización del sistema de mérito que estructura la carrera docente regulada por
el Decreto Ley 1278 de 2002. En efecto, conforme a los Decretos Nacionales 702 y 1238
de 2009, se reprodujo el trato salarial desigual, al reconocer a los docentes del grado 2AE
un incremento del 15,61%, con un salario de $1.171.300, mientras que a los docentes del
grado 2BE se les aplicó un incremento sustancialmente inferior del 7,67%. La reiteración
de este esquema de incrementos porcentuales diferenciados confirma que no se trató de
una situación aislada ni accidental, sino de una política salarial sostenida que favoreció de
manera injustificada a un grado inferior del escalafón en detrimento de uno superior, sin
respaldo normativo, técnico ni constitucional.

[…] el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria al aceptar como válida una
supuesta justificación del trato salarial diferenciado entre los docentes ubicados en los
escalafones 2AE y 2BE durante el año 2009, sin que dicha justificación hubiese sido
acreditada por la parte demandada a través de medios de convicción idóneos, objetivos y
verificables. En el expediente no obra prueba alguna que demuestre que los mayores
incrementos salariales otorgados a los docentes del nivel 2AE frente a los del nivel 2BE
respondieran a criterios técnicos, financieros, funcionales o de política pública debidamente
sustentados, ni mucho menos a los parámetros de mérito, experiencia y cualificación
profesional que estructuran la carrera docente conforme al Decreto Ley 1278 de 2002.

[…] el Tribunal incurrió en una indebida valoración probatoria al aceptar como válida una
supuesta justificación del trato salarial diferenciado entre los docentes ubicados en los
escalafones 2AE y 2BE durante el año 2009, sin que dicha justificación hubiese sido
acreditada por la parte demandada a través de medios de convicción idóneos, objetivos y
verificables. En el expediente no obra prueba alguna que demuestre que los mayores

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01415-01
Accionante: Amauris Rafael Meza Almanza
Se confirma la decisión de primera instancia

incrementos salariales otorgados a los docentes del nivel 2AE frente a los del nivel 2BE
respondieran a criterios técnicos, financieros, funcionales o de política pública debidamente
sustentados, ni mucho menos a los parámetros de mérito, experiencia y cualificación
profesional que estructuran la carrera docente conforme al Decreto Ley 1278 de 2002.

Por el contrario, el acervo probatorio demuestra que, durante la vigencia 2009, los docentes
del nivel 2AE recibieron un incremento salarial del 15,61%, mientras que los docentes del
nivel 2BE apenas obtuvieron un aumento del 7,67%, pese a que estos últimos se
encontraban en una categoría superior del escalafón. Tales diferencias porcentuales, lejos
de ser marginales, evidencian un tratamiento abiertamente desigual y regresivo que afectó
de manera directa a quienes acreditaban mayores exigencias de acceso, mayor experiencia
y la superación de evaluaciones de competencias con calificaciones superiores al 80%,
requisitos indispensables para la reubicación del nivel AE al nivel BE dentro del escalafón
docente.

43. Sin embargo, tal debate ya fue debidamente analizado y resuelto por parte del
Tribunal Administrativo de Sucre mediante la sentencia del 6 de agosto de 2025, tras
concluir que no existió discriminación al disponer incrementos salariales desiguales y
tampoco una vulneración al principio de “a trabajo igual salario igual”, pues los docentes
que se encuentran en el escalafón 2AE y 2BE no gozan de las mismas características
y deben acreditar el cumplimiento de unos requisitos que distan entre sí, razón por la
cual no son sujetos comparables. Además, la asignación salarial que dispuso el
Gobierno Nacional se ajustó al marco normativo vigente, en específico a la Ley 4 de
1992.

44. En ese sentido, la discusión contenida en el escrito de tutela y en la impugnación
presentada corresponde a un asunto de mera legalidad en la cual el accionante expone
su inconformidad con la decisión adoptada por el juez natural del asunto, sin que se
demuestre que la providencia cuestionada se profirió bajo un criterio arbitrario,
caprichoso u ostensiblemente ilegítimo que justifique la intervención excepcional del
juez de tutela, por el contrario, está orientada a que se realice, nuevamente, un estudio
frente a la interpretación y los elementos probatorios del expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho, sin advertir un debate de orden constitucional.

45. De tal modo, la Sala concluye que el accionante pretende utilizar el mecanismo
constitucional como una instancia adicional del proceso ordinario, aun cuando la
sentencia que se controvierte se fundamentó en criterios fácticos y jurídicos razonables.

46. Por otro lado, la solicitud de amparo no cuestiona el contenido, alcance o goce de
una garantía iusfundamental, ya que el núcleo de las pretensiones se circunscribe a un
asunto de índole económico, mediante las cuales se persigue el reconocimiento y pago
de las diferencias salariales dispuestas para el año 2009, cuestión que, por sí misma,
no afecta el desarrollo y goce de los derechos fundamentales del accionante.

47. Por lo anterior, la Sala confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional, por cuanto (i) corresponde a un asunto de mera legalidad que persigue
pretensiones de contenido económico y (ii) la discusión se reduce a la reiteración de los
argumentos propuestos en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01415-01
Accionante: Amauris Rafael Meza Almanza
Se confirma la decisión de primera instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 14 de mayo de
2026 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: PUBLICAR la presente providencia en la página web de la Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente

Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado

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