Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01416-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01416-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01416-01
Consejero ponente: Pablo Andrés Córdoba Acosta
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: Dr. Pablo Andrés Córdoba Acosta
Bogotá, D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela.
Parte actora: Erika Patricia Roncallo Betancur.
Parte accionada: Tribunal Administrativo de Santander y otros.
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01416-01.
Asunto: Acción de tutela contra autoridades. Se revoca el fallo
impugnado que negó el amparo. Improcedencia por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación interpuesta por la accionante contra el fallo de
23 de abril de 2026 proferido por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
De la solicitud de amparo y de los documentales obrantes en el expediente se
extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:
1.1. La Comisión Nacional del Servicio Civil realizó la Convocatoria
DIAN-2497 de 2022, dirigida al cargo de nivel profesional denominado
Gestor I, Código 301, Grado 1, dentro del proceso de cercanía con el
ciudadano, subproceso asistencia al usuario, identificado con la ficha
técnica No. CC-AU3008 y la OPEC No. 198476, en la cual se ofertaron
189 vacantes. Como resultado de dicho concurso, se conformó la lista de
elegibles mediante la Resolución 7480 del 12 de marzo de 2024.
1.2. Mediante Decreto 0419 de 2023, la Dirección de Impuestos y
Aduanas Nacionales, en adelante DIAN, amplió su planta de personal
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con la creación de 10.207 cargos de carácter permanente, incluyendo
170 plazas adicionales para el cargo ofertado en la convocatoria
precitada.
1.3. La señora Mariela Gutiérrez Bautista promovió acción de tutela
contra la DIAN y la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC-, al
considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la carrera administrativa, igualdad, entre otros, al negar el uso
de la lista de elegibles contenida en la Resolución No 7480 del 12 de
marzo de 2024, para la provisión de las vacantes generadas en virtud del
Decreto 0419 de 2023, correspondientes al cargo denominado Gestor I,
Grado 1, Código 301.
1.4. El Juzgado Catorce Administrativo del Circuito de Bucaramanga,
mediante sentencia de 28 de febrero de 2025, amparó los derechos
fundamentales de la señora Gutiérrez Bautista y, en consecuencia, le
ordenó a la DIAN iniciar “[…] los trámites necesarios para hacer uso de
la lista de elegibles contenida en la Resolución No. 7480 del 12 de marzo
de 2024 al momento de proveer las vacantes creadas con el Decreto
0419 de 2023 y distribuidas para el cargo de Gestor 1 Grado 1, Código
301, ficha técnica CC-AU-3008 dentro del proceso cercanía con el
ciudadano, subproceso asistencia al usuario; teniendo en cuenta
aquellos empleos que se encuentran ocupados con estabilidad laboral
reforzada y debilidad manifiesta conforme al ordenamiento jurídico
vigente […]”.
1.5. La decisión anterior fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Santander mediante sentencia de 10 de abril de 2025.
1.6. En cumplimiento de lo ordenado en los fallos de tutela, la DIAN
expidió la Resolución 012968 de 31 de octubre de 2025, mediante la cual
se efectuó un nombramiento en periodo de prueba y se terminó el
nombramiento provisional de la aquí accionante.
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1.7. Inconforme con lo anterior, la accionante presentó recurso de
reposición alegando su condición de madre cabeza de familia, su situación
de salud y la existencia de vacantes definitivas para el cargo Gestor I,
Código 301, Grado 01.
1.8. Mediante Resolución 001684 del 18 de febrero de 2026, la DIAN
resolvió no reponer la decisión recurrida.
2. Fundamentos de la solicitud de amparo
La accionante manifestó que ostenta la condición de madre cabeza de familia
y presenta una patología de carácter crónico, lo cual la ubica dentro del grupo
de sujetos de especial protección constitucional, imponiendo al juez de tutela
el deber de realizar un análisis con enfoque diferencial y de otorgar una
protección reforzada, conforme a los artículos 13, 43, 44 y 53 de la
Constitución Política.
Sostuvo que su desvinculación laboral la privó de su única fuente de ingresos,
afectando de manera directa su mínimo vital y el de su núcleo familiar, del cual
es principal sostén económico. Adujo que la ausencia de ingresos compromete
de forma inmediata la satisfacción de necesidades básicas como alimentación,
vivienda, servicios públicos, educación de sus hijos y acceso continúo a
servicios de salud, lo que impacta gravemente su vida digna.
Comentó que la terminación del vínculo laboral pone en riesgo la continuidad
del tratamiento y seguimiento médico que requiere por su condición de salud,
configurándose un escenario de especial gravedad.
En cuanto a la vulneración atribuida a las autoridades judiciales accionadas
expuso que:
1. Incurrieron en defecto procedimental absoluto por cuanto omitieron
vincularla al trámite de tutela que promovió Mariela Gutiérrez Bautista,
“[…] a pesar de ostentar un interés jurídico directo, actual y plenamente
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identificable, al ser una de las personas que ocupaban el empleo cuya
provisión definitiva fue ordenada […]”.
Al respecto, precisó que: “[…] cuando el amparo solicitado conlleva
como consecuencia necesaria el desplazamiento, desvinculación o
alteración de la situación jurídica de un tercero, este adquiere la
condición de interviniente necesario, de modo que su no vinculación
constituye una irregularidad sustancial que vicia la actuación […]”.
2. Desconocieron el precedente constitucional vinculante en materia de
concursos de méritos y procedencia excepcional de la acción de tutela,
por cuanto: “[…] 1. La tutela es improcedente, por regla general, para
ordenar nombramientos en cargos de carrera, pues las controversias
derivadas de concursos de méritos deben ventilarse ante la jurisdicción
contencioso administrativa. 2. La inclusión en lista de elegibles no
genera un derecho subjetivo automático al nombramiento, sino una
mera expectativa que solo se consolida cuando existe vacante ofertada
e identidad funcional del empleo. 3. Los servidores provisionales gozan
de estabilidad laboral relativa, lo que impide su desplazamiento
automático sin motivación individual y respeto por el debido proceso
[…]”.
La actora indicó que la DIAN vulneró sus derechos fundamentales por las
siguientes razones:
i) al guardar silencio dentro de aquel trámite de tutela, no solicitó su
integración, no advirtió al despacho la afectación directa e inmediata y
ejecutó la orden judicial sin que la afectada hubiera sido oída.
ii) en resoluciones de nombramiento anteriores al año 2025, la entidad
procedió a designar a integrantes de listas de elegibles mediante actos
administrativos independientes. Sin embargo, en el presente caso, se
modificó abruptamente dicho criterio y se optó por fusionar en un solo
acto administrativo el nombramiento del elegible y la desvinculación de
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la accionante, sin ofrecer justificación objetiva, razonable y proporcional
para este cambio de tratamiento.
iii) omitir expedir el acto administrativo previo y autónomo que resolviera
la solicitud de estabilidad laboral reforzada que presentó el 6 de mayo
de 2025 e inaplicar los procedimientos internos y la Circular 000013 de
2021.
iv) al ejecutar el retiro como consecuencia automática de la posesión de
la elegible, se eliminó la posibilidad real de defensa porque se impidió
el ejercicio oportuno de recursos y de una motivación específica que
analizara su situación particular, incluyendo la eventual procedencia de
estabilidad laboral reforzada o reubicación.
v) falsa motivación del acto administrativo porque parte de un supuesto
fáctico inexistente, esto es, que la accionante nunca solicitó protección
reforzada ni allegó documentación, cuando en realidad sí activó el
trámite administrativo correspondiente y puso en conocimiento de la
entidad su situación de especial protección. También por negar la
garantía de la estabilidad laboral reforzada.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
“[…] PRIMERO. AMPARAR mis derechos fundamentales al debido
proceso administrativo, al trabajo, a la igualdad, al mínimo vital, a la
estabilidad laboral reforzada, a la salud y a la protección especial del
núcleo familiar y, en consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS, para mi caso
concreto, el acto administrativo mediante el cual se ordenó mi
desvinculación, por vulnerar mis derechos fundamentales.
SEGUNDO. DECRETAR LA NULIDAD de todo lo actuado con
posterioridad al auto admisorio de la acción de tutela con radicado
680013333014-2025-00034-00, tramitada por el Juzgado Catorce (14)
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bucaramanga y confirmada en
segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Santander bajo el
radicado 680013333014-2025-00034-01, manteniéndose incólume lo
informado por las entidades inicialmente demandadas, conservando
validez las pruebas y demás documentos allegados al libelo de tutela y
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teniendo eficacia respecto de quienes tuvieron oportunidad de
controvertirlos, en los términos del inciso segundo del artículo 138 del
Código General del Proceso, por la falta de notificación y vinculación del
suscrito como tercero directamente afectado.
TERCERO. ORDENAR al despacho judicial y a la DIAN vincular a la
tutela con radicado 680013333014-2025-00034-00 a la servidora ERIKA
PATRICIA RONCALLO BETANCUR, identificada con C.C. No.
1.045.671.338, así como a los demás servidores provisionales no
vinculados, otorgándoles un término prudencial para rendir informe,
allegar explicaciones y aportar la documentación que consideren
pertinente, con notificación efectiva a los correos institucionales que
reposan en poder de la entidad.
CUARTO. RECONOCER la procedencia de la estabilidad laboral
reforzada en mi caso y, en consecuencia, disponer las medidas
necesarias para su garantía efectiva; o, subsidiariamente, ORDENAR a
la DIAN que, dentro del término perentorio que fije el despacho, adelante
un procedimiento previo, autónomo, individualizado, imparcial y
debidamente motivado para determinar su procedencia, en el cual:
a) Se valore integralmente la prueba aportada y la que se decrete.
b) Se realicen actuaciones oficiosas de verificación.
c) Se garantice mi derecho de contradicción y defensa.
d) Se expida un acto administrativo susceptible de recursos.
Lo anterior en cumplimiento del precedente constitucional (Sentencias
SU-049 de 2017, T-084 de 2018, SU-061 de 2023 y T-061 de 2025), así
como de los procedimientos internos PR-TAH-0061 y PR-TAH-0066, las
Circulares 000013 de 2021 y 10 de 2022 de la DIAN, y la Circular 0040
de 2022 del Ministerio del Trabajo.
QUINTO. ORDENAR a la DIAN que las actuaciones de vinculación y
desvinculación se adelanten mediante actos administrativos autónomos,
separados y numerados independientemente, con plena observancia del
debido proceso, otorgando recursos de ley en cada actuación, de manera
que los vicios de una no contaminen la otra.
SEXTO. ORDENAR, como medida de restablecimiento, mi reintegro al
cargo que venía desempeñando o a uno de igual o superior jerarquía, o,
subsidiariamente, mi reubicación, hasta tanto se surta el procedimiento
ordenado.
SÉPTIMO. ORDENAR, como medida de protección constitucional
transitoria, la inaplicación de los artículos 36 (parcial) y 152 del Decreto-
Ley 927 de 2023 en mi caso concreto, o, subsidiariamente, la suspensión
de los efectos de cualquier actuación de desvinculación fundada en
dichas disposiciones, hasta tanto la Corte Constitucional adopte decisión
definitiva dentro de los procesos de constitucionalidad en curso.
OCTAVO. ORDENAR la continuidad de mi afiliación y acceso efectivo al
Sistema General de Seguridad Social, especialmente al servicio de salud.
NOVENO. ADVERTIR a la entidad accionada sobre su deber de observar
el precedente constitucional, los principios de igualdad, mérito y
protección reforzada, así como los procedimientos internos de la misma
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DIAN PR-TAH-0061, PR-TAH-0066, y las Circulares 000013 de 2021 y
10 de 2022, y la Circular 0040 de 2022 del Ministerio del Trabajo. […]”.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
1. Mediante auto de 9 de marzo de 2026, la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió la presente acción de tutela en contra del Tribunal
Administrativo de Santander, del Juzgado Catorce Administrativo Oral del
Circuito de Bucaramanga, de la DIAN y de la Comisión Nacional del Servicio
Civil. Se vincularon a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a los señores Darwin Cifuentes
Ballesteros, Mariela Gutiérrez Bautista, David Elías Castellón Beltrán, Luis
Eduardo Corrales Figueroa y Pablo Alfonso Prada Flórez, en calidad de
terceros con interés en el resultado del proceso. En dicha providencia se negó
la medida provisional solicitada por la parte actora.
2. Por auto de 27 de marzo de 2026, se remitió el expediente de la referencia
a la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado con el fin de
que estudiara su eventual acumulación al trámite de tutela con radicado
11001-03-15-000-2025-03162-00.
3. El 23 de abril de 2026, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado profirió sentencia de primera instancia negando las pretensiones de
amparo.
4. Mediante auto de 11 de mayo de 2026, se concedió la impugnación
presentada por la accionante.
III. INTERVENCIONES
1. El Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de Bucaramanga refirió
que ordenó a la DIAN utilizar la lista de elegibles de la Resolución No. 7480
para proveer las vacantes creadas por el Decreto 0419 de 2023,
correspondientes al cargo de Gestor 1 Grado 1 (Código 301, ficha CC-AU-
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3008), pero no impartió orden relacionada con la situación particular de la
accionante.
Advirtió que el conflicto planteado en la presente tutela relativo a la presunta
estabilidad laboral reforzada de la accionante es autónomo e independiente
del analizado en la tutela en cuestión.
2. La Comisión Nacional del Servicio Civil sostuvo que carece de legitimación
en la causa por pasiva debido a que no tiene competencia para atender las
pretensiones de amparo, por lo que solicitó su desvinculación del presente
trámite.
3. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público solicitó su desvinculación toda
vez que no participó ni tenía el deber jurídico de participar, en las actuaciones
surtidas dentro del proceso de tutela cuya nulidad solicita la accionante.
Tampoco tiene competencia sobre los concursos de méritos adelantados por
la CNSC, la conformación de listas de elegibles, los nombramientos en carrera
administrativa o las decisiones judiciales relacionadas con estos asuntos.
IV. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO
La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 23 de abril de 2026, negó tanto las solicitudes de desvinculación
presentadas por la Comisión Nacional del Servicio Civil y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público como las pretensiones de amparo.
En primer lugar, señaló que las autoridades judiciales accionadas no estaban
obligadas a vincular a la accionante al trámite de tutela “[…] debido a que el
debate se centró exclusivamente en la aplicación o no de la lista de elegibles,
un mecanismo que se deriva del mérito y que, por lo tanto, excluye a los
servidores en provisionalidad, quienes pueden alegar situaciones especiales
de estabilidad reforzada ante la entidad, sin que por ello resulten plenamente
oponibles al derecho que le asiste a las personas que superaron el concurso
de méritos […]”.
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En cuanto la vulneración atribuida a la DIAN consideró que no existe norma ni
desarrollo jurisprudencial que establezca un procedimiento previo e
independiente para evaluar las circunstancias de vulnerabilidad o expedir un
acto administrativo autónomo que resuelva la solicitud de estabilidad laboral
reforzada, por lo que actuación adelantada por dicha entidad no transgredió el
derecho fundamental al debido proceso.
V. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La accionante impugnó el fallo de primera instancia reiterando en términos
generales los argumentos expuestos en el escrito de tutela relacionados con
que las autoridades judiciales accionadas debieron vincularla al trámite de
tutela y la DIAN omitió adelantar un procedimiento previo e independiente para
evaluar sus circunstancias de vulnerabilidad a efectos de expedir un acto
administrativo independiente o autónomo distinto al que dio por terminado su
nombramiento en provisionalidad.
Adicionalmente, señaló que “[…] la decisión impugnada desconoce la
vulneración de mis derechos fundamentales al debido proceso, defensa y
contradicción, igualdad, trabajo, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital,
acceso a la administración de justicia y derecho de petición, publicidad,
transparencia, confianza legítima y buena fe, con ocasión de las actuaciones
surtidas dentro del Proceso de Selección DIAN 2022 y de la expedición del
acto administrativo mediante el cual se dispuso mi desvinculación del cargo
que venía desempeñando en provisionalidad, actuación que se llevó a cabo
con vulneración del debido proceso administrativo […]”.
Igualmente, advirtió “[…] que la presente acción de tutela no tiene por objeto
controvertir la legalidad del acto administrativo, ni solicitar su revocatoria o
cuestionar los efectos jurídicos producidos respecto del funcionario vinculado,
materias propias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Por el
contrario, su finalidad se circunscribe a la protección inmediata de los derechos
fundamentales vulnerados con ocasión de su expedición, particularmente por
la ausencia de garantías mínimas de debido proceso, derecho a la igualdad,
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estabilidad laboral reforzada, en la actuación administrativa que culminó con
mi desvinculación […]”.
Reprochó el hecho de que el a quo haya negado “[…] decretar y practicar las
pruebas de oficio solicitadas, pese a su evidente relevancia, pertinencia y
conducencia para el esclarecimiento de los hechos objeto de controversia
[…]”, por lo que el juez de primera instancia incurrió en un defecto
procedimental por omisión probatoria, al abstenerse de ejercer sus facultades
oficiosas. Por lo anterior, solicitó decretar pruebas en segunda instancia.
Al respecto, agregó que tales pruebas resultan pertinentes, conducentes y
necesarias para establecer la existencia de una posible aplicación diferencial
e injustificada del régimen de estabilidad laboral reforzada, así como para
verificar la veracidad de las afirmaciones de la entidad y garantizar el derecho
a la igualdad y al debido proceso.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
Esta Sección es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el Decreto Ley 2591 de 19911, en concordancia
con lo dispuesto en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019,
modificado por el Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la
Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre
las secciones.
2. Cuestión previa
La tutelante solicitó el decreto de pruebas en segunda instancia, el cual la Sala
resolverá en esta providencia en aplicación de los principios de economía,
celeridad y eficacia que rigen en las acciones de tutela conforme lo dispone el
1 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política”.
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artículo 3 del Decreto Ley 2591 de 1991, aunado a que en el marco de este tipo
acciones las únicas decisiones que son susceptibles de impugnación son el fallo
de primera instancia y el auto que rechaza la demanda de amparo, por lo que
los recursos que sean interpuestos contra las demás providencias proferidas
dentro de esta acción son improcedentes de conformidad con la jurisprudencia
de esta Sección2 y de la Corte Constitucional3.
Precisado lo anterior, se tiene que la accionante solicitó el decreto de las
siguientes pruebas:
“[…] solicito se ordene a la DIAN aportar los siguientes documentos e
informes:
1. Remitir copia íntegra del estudio previo de estabilidad laboral reforzada
que la entidad afirma haber realizado respecto de mi caso, indicando de
manera detallada: (i) la fecha de elaboración, (ii) la dependencia
responsable, (iii) los funcionarios que intervinieron en su elaboración, (iv)
los insumos probatorios valorados, y (v) el acto administrativo,
memorando o documento en el cual quedó formalmente consignado dicho
análisis.
Así mismo, informar y acreditar la forma y fecha en que dicho estudio fue
puesto en conocimiento del suscrito, con constancia de su notificación, a
fin de verificar si se garantizó el derecho de defensa, contradicción y la
posibilidad de solicitar y aportar pruebas en el marco del debido proceso
administrativo.
2. Informar y certificar si, desde la adopción de los procedimientos PR-
TAH-0061 y PR-TAH 0066, las actuaciones de vinculación y
desvinculación de servidores se han realizado de manera conjunta en un
mismo acto administrativo, o si en otros casos se han expedido actos
administrativos separados, anexando ejemplos documentales.
3. Remitir relación de los estudios de estabilidad laboral reforzada
realizados por la entidad durante los últimos años, discriminando:
a) Número de estudios adelantados.
b) Cuántos concluyeron con reconocimiento de estabilidad laboral
reforzada. c) Cuántos concluyeron con negación.
d) Copia de algunos actos administrativos representativos.
4. Informar qué medidas se adoptaron en los casos en los cuales se
reconoció estabilidad laboral reforzada (reubicación, continuidad en el
2 Ver providencias de 19 de abril de 2016, expediente núm. 11001-03-15-0002015-03507-00;
de 5 de junio de 2018, expediente núm. 68001-23-33-000-2018-00084-01; y de 6 de noviembre
de 2018, expediente núm. 11001-03-15-000-2018-03854-00.
3 Corte Constitucional, sentencia C-483 de 2008. Sentencia T-313 de 31 de julio de 2018.
Auto 097 de 2017.
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cargo, prelación, último retiro, entre otras).
5. Explicar las razones objetivas por las cuales en mi caso no se adelantó
estudio previo autónomo y motivado, ni se aplicaron las mismas reglas
procedimentales utilizadas en otros eventos.
Respecto de lo anterior, resulta preciso señalar que le corresponde a la parte
actora acreditar a través de los medios de convicción que estime pertinentes
la existencia de la conducta que considera como transgresora de sus garantías
fundamentales. Así lo precisó la Corte Constitucional en los siguientes
términos:
“[…] la carga de la prueba incumbe al actor. Así, quien pretenda el amparo
de un derecho fundamental debe demostrar los hechos en que se funda
su pretensión, a fin de que la determinación del juez obedezca a la certeza
y convicción de que se ha violado o amenazado el derecho […]”4.
Igualmente, la Corte Constitucional ha señalado que excepcionalmente se
invierte la carga de la prueba en materia de acciones de tutela en aquellos
asuntos en que la parte actora está integrada por un sujeto de especial
protección o se encuentra en estado de indefensión; condiciones que no se
presentan en este caso.
Adicionalmente, se advierte que la parte accionante tuvo la posibilidad de
obtener las pruebas que pide decretar en esta instancia a través del ejercicio
del derecho de petición, por lo que era su deber allegarlas al presente proceso,
y no pretender relevarse de la carga procesal de probar los hechos que alega
como causantes de la vulneración de sus derechos fundamentales.
Por las anteriores razones se negará la solicitud de pruebas presentada por la
parte actora.
3. Problemas jurídicos
De acuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo
4 Corte Constitucional, sentencia T 074-18, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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impugnado debe ser confirmado, modificado o revocado5, la Sección debe
establecer:
A) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. En caso afirmativo, se deberá
determinar:
B) Si las autoridades judiciales accionadas vulneraron los derechos
fundamentales de la actora al no vincularla al trámite de tutela con
radicado: 68001-33-33-014-2025-00034-00/01
C) Si la DIAN vulneró los derechos fundamentales de la accionante, al
haberla desvinculado de la entidad sin tener en cuenta su condición
de estabilidad laboral reforzada.
4. Caso concreto
La Sala advierte que la presente acción de tutela se dirige contra el proceso
identificado con el radicado 68001-33-33-014-2025-00034-00/01 y las
actuaciones desplegadas por la DIAN, razón por la que el análisis en esta
instancia se efectuará de manera separada.
4.1. Análisis de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela respecto de la vulneración atribuida a la DIAN
La acción de tutela fue instituida para proteger en forma inmediata los
derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad o particular, en los
casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de
1991.
5 Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
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Esta acción constitucional se caracteriza por ser un instrumento subsidiario,
es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a
evitar un perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en el inciso 3º
del artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 1991.
De ahí que el mecanismo de amparo, en principio, no procede para controvertir
actos administrativos de carácter particular y concreto, toda vez que el
legislador previó como mecanismo de defensa judicial para desvirtuar su
legalidad, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, en
su defecto, el de nulidad6.
Sin embargo, la jurisprudencia ha reconocido que, en algunas circunstancias
especiales, la acción de tutela procede contra actos administrativos, siempre
que se reúnan las siguientes condiciones: i) se esté en presencia de una
vulneración de derechos fundamentales, y que ii) como consecuencia de lo
anterior, exista peligro de ocurrencia de un perjuicio irremediable, con lo que
el amparo procedería como mecanismo transitorio.
En el caso objeto de estudio, la accionante solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene a la DIAN
reconocerle el fuero de estabilidad laboral reforzada, reintegrarla al cargo o
reubicarla, entre otras.
Respecto de lo anterior, la Sala advierte que si bien es cierto la tutelante
expresamente no solicitó que se deje sin efectos las Resoluciones 012968 de
31 de octubre de 2025 y 001684 de 18 de febrero de 2026 mediante las cuales
se dio por terminado su vínculo laboral y se resolvió el recurso de reposición,
respectivamente, la realidad es que cualquier pronunciamiento en este asunto
se encuentra centrado a determinar si dichos actos administrativos vulneraron
o no sus derechos fundamentales.
6 Corte Constitucional. Sentencia T-956 de 2011.
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De ahí que resulte acertado concluir que lo pretendido, en últimas, por la parte
actora es controvertir las aludidas resoluciones. Tan cierto es ello que el tema
de la estabilidad laboral reforzada alegada por la actora en este trámite
también fue expuesto ante la DIAN, en el que concluyó que no se acreditaron
los supuestos de dicho fuero constitucional porque la enfermedad que padece
el cónyuge de la accionante no le dificulta de manera significativa el
desempeño normal de sus funciones ni le impide trabajar.
En atención a lo anterior, la accionante cuenta con un medio de defensa
judicial, como lo es el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho previsto en la Ley 1437 de 2011 a través del cual puede discutir la
legalidad de los actos administrativos en cuestión, en el que, además, podrá
solicitar medidas cautelares.
En este contexto, resulta oportuno destacar que esta Sala ha reiterado en
oportunidades anteriores7 que con la expedición de la Ley 1437 de 2011, ya
no es admisible el argumento según el cual los medios de control ordinarios
no son eficaces ni oportunos para la protección de los derechos
presuntamente conculcados en casos como el estudiado.
Lo anterior, en consideración a que, la mencionada normativa además de darle
celeridad a los procesos al establecer la oralidad en los mismos, contiene
diferentes herramientas jurídicas que permiten solicitar, entre otras cosas, las
medidas cautelares incluso de urgencia8, como la suspensión provisional de
los efectos de los actos administrativos o del procedimiento hasta tanto se
defina la declaración o no de su nulidad; ordenar la adopción de una decisión
administrativa; impartir órdenes o imponerle obligaciones de hacer o no hacer
a cualquiera de las partes, las cuales demuestran la efectividad del
7 Sentencias de 1° de marzo de 2018, expediente 52001-23-33-000-2017-00626-01; de 21 de
noviembre de 2025, expediente 11001-03-15-000-2025-03801-01; entre otras.
8 Artículo 234 del CPACA textualmente señala: “[…] Desde la presentación de la solicitud y sin
previa notificación a la otra parte, el juez o magistrado ponente podrá adoptar una medida
cautelar, cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia,
no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible
de los recursos a que haya lugar. La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse
inmediatamente, previa la constitución señalada en el auto que así lo decrete […]”.
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procedimiento ordinario cuando se advierte una situación apremiante que
necesite ser remediada incluso antes de que se profiera una decisión
definitiva.
Ahora bien, del análisis de las pruebas aportadas al presente expediente la
Sala no encuentra configurado la existencia de un perjuicio irremediable, en
razón a que, en primer lugar, el hecho de que la actora no tenga un vínculo
laboral no pone en riesgo la continuidad del tratamiento y seguimiento médico
que requiere por su condición de salud, dado que el sistema de seguridad
social en salud en Colombia se rige, entre otros, por los principios de
universalidad, solidaridad, igualdad y equidad, a partir de los cuales el Estado
está en el deber de garantizar la prestación del servicio independientemente
de la capacidad de pago del afiliado (a).
Aunado a lo anterior, esta Sala9 en asuntos similares en los que se ha
solicitado la protección del mínimo vital como consecuencia de la
desvinculación de un cargo, ha indicado lo siguiente:
“[…] 49. Ahora bien, valga agregar que si bien es cierto la aquí actora
podría verse afectada en su mínimo vital por la falta de salario, como
consecuencia de la desvinculación laboral, ello no habilita al juez de tutela
para que adopte medidas en favor de la extrabajadora, en razón a que
toda terminación laboral trae consigo la imposibilidad de continuar
recibiendo la remuneración […]”10.
En este contexto, la Sala considera que la parte actora debe utilizar los medios
ordinarios e idóneos que se encuentran establecidos en el Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para efectos
de controvertir las resoluciones que dieron por terminado su vinculación laboral
y negaron el fuero de estabilidad laboral reforzada, ya que no se advierte la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
de la referencia como mecanismo transitorio.
9 Sentencia de 25 de septiembre de 2025, expediente 08001-23-33-000-2025-00260-01.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de
14 julio de 2022. Radicación número: 11001-03-15-000-2022-01920-01.
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Por tanto, la Sala declarará improcedente el mecanismo de amparo respecto
de la vulneración atribuida a la DIAN.
4.2. Análisis de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela respecto de la vulneración atribuida al Tribunal Administrativo de
Santander y al Juzgado Catorce Administrativo Oral del Circuito de
Bucaramanga
La acción de tutela se caracteriza por ser un instrumento subsidiario, es decir,
que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un
perjuicio irremediable, de conformidad con lo previsto en el inciso 3º del
artículo 86 de la Constitución Política y en el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 1991.
El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba
ser conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable,
para neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho11.
De acuerdo con lo expuesto, se tiene que para acudir a la acción de amparo
el interesado debe agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal
(acción, recurso, incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial
cualquiera que sea su naturaleza12), lo que significa que la parte accionante
tiene la obligación de interponer en tiempo los recursos establecidos en la ley
o las acciones que estén a su alcance.
La actora le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales al Tribunal
Administrativo de Santander y al Juzgado Catorce Administrativo Oral del
Circuito de Bucaramanga, por la falta de su vinculación al trámite de tutela con
radicado 68001-33-33-014-2025-00034-00/01.
11 Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
12 Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
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Respecto de lo anterior, esta Sala considera que la actora dispone de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz como lo es el incidente de nulidad
bajo la causal prevista en el numeral 8 del artículo 133 del Código General del
Proceso13, con el fin de obtener la salvaguarda de los derechos que aduce
transgredidos con ocasión de la falta de su vinculación al proceso objeto de
estudio identificado con radicado 68001-33-33-014-2025-00034-00/01.
De la revisión del expediente objeto de esta controversia identificado con
radicado 68001-33-33-014-2025-00034-00/01 se advierte que la tutelante no
ha promovido el incidente de nulidad14, razón por la que la solicitud de amparo
deviene improcedente por no satisfacer el requisito de subsidiariedad, máxime
cuando de la revisión del escrito de tutela no se evidencia la ocurrencia de un
perjuicio irremediable que habilite la intervención del juez constitucional como
mecanismo transitorio.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de pruebas presentada en segunda instancia
por la parte actora, por las razones expuestas.
13 “Artículo 133. Causales de nulidad. El proceso es nulo, en todo o en parte, solamente en los
siguientes casos:
[…]
8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a
personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas aunque sean
indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de aquellas que deban suceder en el
proceso a cualquiera de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma
al Ministerio Público o a cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser
citado.
Cuando en el curso del proceso se advierta que se ha dejado de notificar una providencia
distinta del auto admisorio de la demanda o del mandamiento de pago, el defecto se corregirá
practicando la notificación omitida, pero será nula la actuación posterior que dependa de dicha
providencia, salvo que se haya saneado en la forma establecida en este código”. [Se destaca]
14 De acuerdo con el artículo 135 del Código General del Proceso la “[…] nulidad por indebida
representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser alegada por la
persona afectada […]”. Es decir, la actora debe promover su propia solicitud de nulidad
indicando las razones que la fundamentan y aportar las pruebas que estime pertinentes.
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SEGUNDO: REVOCAR el fallo de 23 de abril de 2026 proferido por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y, en su lugar,
DECLARAR improcedente la presente acción de tutela, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta decisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de
la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la
ley.
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