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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01419-01

Fecha
8 de mayo de 2026
Consejero ponente
Zoranny Castillo Otálora

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01419-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de marzo de 2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo. SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01419-01

Consejero ponente: Zoranny Castillo Otálora

8 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Bogotá, D. C., ocho (8) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01419-01
Accionante: ORLANDO MANUEL RODRÍGUEZ MARTÍNEZ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
SEXTA DE ORALIDAD
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / Incumplimiento del requisito
general de relevancia constitucional.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. SÍNTESIS DE LA DECISIÓN

1. Se confirmará la sentencia proferida el 12 de marzo de 2026 por la Subsección A
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción
de tutela por falta de relevancia constitucional.

2. La parte actora pretende utilizarla como instancia adicional para reabrir el debate
resuelto por el juez de reparación directa. El fallo cuestionado valoró la legalidad,
proporcionalidad y razonabilidad de la medida de aseguramiento. Además, explicó
que la absolución penal obedeció a una indebida adecuación típica de la conducta
por parte de la Fiscalía General de la Nación y no a la inexistencia del hecho, pues
en el proceso penal quedó demostrado que este ejecutó conductas penalmente
reprochables.

II. ANTECEDENTES

La demanda

3. El 22 de febrero de 2026, el señor Orlando Manuel Rodríguez Martínez presentó
acción de tutela para la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, así como los principios de
confianza legítima y a la reparación integral vulnerados por las sentencias del 31
de enero y del 24 de octubre de 2025.

4. Las providencias fueron proferidas, en su orden, por el Juzgado Sexto
Administrativo de Medellín y la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo
de Antioquia que negaron las pretensiones de una demanda de reparación directa
presentada por el actor y su núcleo familiar contra la Nación – Fiscalía General de

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01419-01
Accionante: Orlando Manuel Rodríguez Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

la Nación. La demanda se tramitó bajo el radicado 05001-33-33-006-2022-00196-
00.

Hechos relevantes

5. En ejercicio del medio de control de reparación directa, los señores Orlando
Manuel Rodríguez Martínez, Patricia Margarita Acosta Chima, Ana María Rodríguez
Acosta, Jhonatan Rodríguez Acosta, Jhon Alberto Rodríguez Acosta y Katherine
Johanna Rodríguez Acosta demandaron a la Nación – Fiscalía General de la Nación
para que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por los
daños y perjuicios por la privación injusta de la libertad del primero de los
demandantes.

6. El señor Rodríguez Martínez fue capturado en flagrancia por el delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes agravado y el 26 de febrero de 2020 le
impusieron medida de aseguramiento.

7. El 1º de septiembre de 2021, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado
de Antioquia le concedió la libertad porque la conducta imputada era atípica y
procedía la absolución. La Fiscalía General de la Nación apeló y, en sentencia del
22 de marzo de 2023, el Tribunal Superior del Distrito de Antioquia confirmó la
decisión de primera instancia.

8. El Juzgado Sexto Administrativo de Medellín conoció el proceso contencioso-
administrativo con radicado 05001-33-33-006-2022-00196-00 y en sentencia del 31
de enero de 2025 negó las pretensiones de la demanda.

9. La parte demandante apeló la sentencia del juez y por sentencia del 24 de
octubre de 2025 el Tribunal Administrativo de Antioquia la confirmó.

Pretensiones

10. El señor Rodríguez Martínez solicitó amparar sus derechos fundamentales,
dejar sin efectos la sentencia del 24 de octubre de 2025 y ordenarle al tribunal
demandado que acceda a las pretensiones de la demanda de reparación directa.

Fundamentos de la demanda de tutela

11. El Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró sus derechos fundamentales
porque:

12. La medida de aseguramiento fue incongruente al no existir antecedentes
penales al momento de la captura y la Fiscalía «actuó en forma temeraria e injusta,
solo por estar presente en el momento de aprehensión de los traficantes de
narcóticos con el camión que lo transportaba».

13. Se configuró la responsabilidad de la demandada por imponer la medida de
aseguramiento y posteriormente ser absuelto en sentencia que hizo tránsito a cosa

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01419-01
Accionante: Orlando Manuel Rodríguez Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

juzgada, confirmada por el Tribunal Superior de Antioquia. Además, no se interpuso
recurso de casación.

14. La detención constituyó una aflicción que atentó contra su presunción de
inocencia, al no probar «dolo o culpa que diera dicha medida, pues la sentencia
penal absolutoria y confirmada en dos instancias declaró la atipicidad de la conducta
acusada erradamente por la Fiscalía».

15. Si bien el Tribunal Administrativo de Antioquia estudió la presunción de
inocencia, lo hizo en el marco del proceso penal que terminó en absolución por
atipicidad de la conducta «pero no la garantizó en el proceso contencioso
administrativo». Reprochó el hecho de que se hubiera determinado que la víctima
fue culpable de su detención, con base en la misma conducta que el juez penal ya
había considerado atípica, se desconoció ese principio, pues «era necesario tratarlo
como inocente».

16. Finalmente, citó jurisprudencia relacionada con el defecto fáctico y el
desconocimiento del precedente judicial como causales específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Trámite en primera instancia

17. Mediante auto del 27 de febrero de 2026, el despacho sustanciador del proceso
en primera instancia admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia – Sala Sexta de Decisión y vinculó, en calidad de terceros con interés, al
Juzgado Sexto Administrativo de Medellín y a la Fiscalía General de la Nación.

Intervenciones

18. El Tribunal Administrativo de Antioquia se limitó a remitir copia del
expediente digital que reposa en Samai.

19. El Juzgado Sexto Administrativo de Medellín argumentó que el medio de
control de reparación directa se adelantó con pleno respeto de las garantías
procesales y las decisiones fueron debidamente notificadas y se respetó el debido
proceso.

20. La Fiscalía General de la Nación alegó que no tiene legitimación en la causa
por pasiva. Adicionalmente, la parte actora no sustentó de manera adecuada las
causales específicas de procedibilidad que justifiquen la procedencia de la solicitud
de amparo.

Sentencia de primera instancia

21. En sentencia del 12 de marzo de 2026, la Subsección A de la Sección Segunda
del Consejo de Estado declaró improcedente la solicitud de amparo por
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01419-01
Accionante: Orlando Manuel Rodríguez Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

22. El accionante se limitó a manifestar que no existía fundamento para que la
Fiscalía General de la Nación solicitara la imposición de la medida de
aseguramiento de detención preventiva, por lo que la privación de su libertad
configuró un daño antijurídico indemnizable. No expuso de qué manera esa
situación transgredió sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia ni cuáles fueron los errores de la autoridad judicial
accionada que invalidan la decisión cuestionada.

23. Lo planteado por el señor Rodríguez Martínez se encamina a discutir una
decisión adoptada por el juez que resolvió el medio de control de reparación directa
y «no a demostrar una vulneración de derechos fundamentales; es decir, no
presenta una situación de relevancia constitucional que implique la necesidad de
intervención del juez de tutela, a quien le está vedado intervenir en los procesos
judiciales que se encuentran a cargo de otras autoridades o que han sido resueltos
por estos».

Impugnación

24. La parte actora la impugnó. Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de
tutela y alegó que se encuentra demostrado que no fue capturado en situación de
flagrancia. Además, la medida privativa de la libertad no contó con los dos indicios
graves de responsabilidad que exige la ley.

25. Cuestionó que el Juzgado Sexto Administrativo de Medellín hubiera ignorado la
jurisprudencia unificada del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional al
prejuzgar la sentencia absolutoria del juez penal del circuito de Antioquia. Reprochó
la interpretación errada sobre la atipicidad relativa y la absoluta, pues los casos de
absolución por atipicidad deben analizarse bajo un título de imputación objetivo.

26. Finalmente, citó las sentencias SU-915 de 2013, SU-054 de 2025, C-590 de
2005, T-522 de 2001, T-492 de 2003 y SU-159 de 2002.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

27. Esta Subsección es competente para proferir sentencia de tutela de segunda
instancia, conforme a lo establecido en los artículos 86 de la Constitución y 32 del
Decreto Ley 2591 de 1991, concordantes con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo
080 de 2019, por el cual se expidió el Reglamento Interno del Consejo de Estado.

Problema jurídico y metodología de la decisión

28. La Sala determinará si se confirma, modifica o revoca la sentencia proferida el
12 de marzo de 2026 por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01419-01
Accionante: Orlando Manuel Rodríguez Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

29. Para resolver el problema jurídico planteado, se verificará primero el
cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales. De superarse, se analizarán los defectos alegados.

Análisis de la Sala

30. Conforme al precedente constitucional fijado en la C-590 de 2005 de la Corte
Constitucional, la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales es
excepcional y exige acreditar el cumplimiento estricto de los requisitos generales y,
al menos, un defecto específico.

31. En este caso, se constata la legitimación en la causa de las partes y que la
providencia atacada no es una sentencia de tutela ni de control abstracto de
constitucionalidad. Se acredita la inmediatez porque la demanda se presentó el 22
de febrero de 2026, plazo que resulta razonable frente a la sentencia cuestionada
del 24 de octubre de 2025. Se agotaron los medios judiciales ordinarios de defensa.
Además, la discusión planteada no versa sobre una irregularidad procesal.

32. Sin embargo, el asunto carece de relevancia constitucional. El cumplimiento de
este requisito no se limita a señalar los derechos fundamentales vulnerados y que
se identifiquen los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de
amparo contenga una carga argumentativa mínima y que no se utilice como
instancia adicional a las establecidas por el legislador.

33. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente reiterado de la Corte
Constitucional1 que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción
de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios,
ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o
la interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad2.

34. La tutela solo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque,
en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el
alcance de un derecho fundamental.

1 Sobre este aspecto, pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103

de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.
2 En la sentencia T-352 de 2025, la Corte Constitucional recordó que el requisito de relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de las
autoridades judiciales de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por lo tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio de la
acción de tutela a disputas vinculadas con la afectación de los derechos fundamentales e (iii) impedir
que esta acción se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de
los jueces.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01419-01
Accionante: Orlando Manuel Rodríguez Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

Caso concreto

35. Como bien señaló el juez de tutela de primera instancia, el señor Orlando
Manuel Rodríguez Martínez incumplió la carga argumentativa mínima exigida para
desvirtuar la presunción de legalidad y acierto de la providencia judicial cuestionada.
Se limitó a mostrar su desacuerdo con esta, sin acreditar un desbordamiento
arbitrario del derecho. Tampoco se preocupó por identificar las pruebas que, a su
juicio, fueron indebidamente valoradas por la autoridad demandada, ni precisó la
eventual incidencia que tal valoración habría tenido en la decisión que puso fin al
proceso de reparación directa.

36. El reproche por un supuesto desconocimiento del precedente tampoco tiene
vocación de prosperidad, porque el actor enumeró sentencias sin identificar la regla
o subregla jurisprudencial omitida, ni explicó por qué constituían precedente
vinculante para el tribunal demandado.

37. La Sala evidencia que el actor busca utilizar la acción de tutela como instancia
adicional del proceso de reparación directa. Esto, pese a que el juez natural analizó
a fondo la controversia y concluyó razonablemente que la medida de aseguramiento
no fue arbitraria.

38. El juzgado concluyó que la decisión absolutoria por atipicidad de la conducta no
convierte la responsabilidad por privación de la libertad en objetiva, pues «es
necesario determinar si esa atipicidad es material (absoluta) o si es simplemente
formal (relativa). La diferencia entre una y otra, es que en la primera no existe una
conducta objetivamente sancionable, pues no es posible encuadrarla en ningún tipo
penal. En la segunda, en cambio, sí existe una conducta sancionable penalmente,
pero no corresponde a la que se imputó».

39. Con base en ese razonamiento, determinó que la Fiscalía imputó al actor un tipo
penal distinto al que finalmente se ajustaba la conducta cometida, circunstancia que,
lejos de perjudicarlo, lo benefició. Es decir, el accionante se favoreció de un error
cometido por el ente acusador en la adecuación de la conducta desplegada. Sin
embargo, dicho yerro en manera alguna puede convertir la privación de la libertad
en injusta porque el actor ejecutó conductas penalmente sancionables, tal como fue
debidamente señalado por el juez de instancia.

40. La parte demandante apeló la decisión y el Tribunal Administrativo de Antioquia
la confirmó en sentencia del 24 de octubre de 2025. Consideró que la medida de
aseguramiento impuesta no fue arbitraria, desproporcionada ni irrazonable al
momento de su adopción. Por el contrario, se fundamentó en un hecho objetivo: la
presencia del actor en el lugar de los hechos durante la incautación de un
cargamento de cocaína, circunstancia que constituía un indicio grave que permitía
inferir razonablemente su posible participación en la conducta punible, en los
términos previstos en la Ley 906 de 2004.

41. Adicionalmente, en lo atinente a la atipicidad relativa, el Tribunal accionado
señaló lo siguiente:

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01419-01
Accionante: Orlando Manuel Rodríguez Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

Esta Sala de decisión considera que el análisis del Juez de primera instancia
fue acertado y se alinea con la jurisprudencia vista en precedencia. La
absolución del señor Rodríguez Martínez se originó en lo que el a quo
denominó una “atipicidad relativa”; es decir, su comportamiento, aunque
delictivo, no encajaba en la descripción típica del delito de narcotráfico por el
cual fue acusado, pero sí en otros tipos penales.

Las sentencias penales son diáfanas al señalar que la intención del procesado
no era traficar, sino aprovechar la situación ilícita de los verdaderos
narcotraficantes para constreñirlos y obtener un provecho económico. Por lo
tanto, no estamos ante un caso donde el hecho no existió. Frente a los hechos
objetivos de la flagrancia, la inferencia más lógica y razonable para la Fiscalía
era la participación en el delito de narcotráfico. El hecho de que el juicio oral
revelara una intención distinta y más elaborada no convierte la actuación inicial,
basada en los hechos aparentes, en una medida injusta.

En un caso de contornos similares, el Consejo de Estado (Sección Tercera,
Subsección C, sentencia del 19 de julio de 2023, CP: Jaime Enrique Rodríguez
Navas, radicado: 50001-23-31-000-2012-00092-01 (59993)) negó la
responsabilidad del Estado al encontrar que la absolución se debió a una
atipicidad relativa del sujeto activo, concluyendo que, si la interpretación de la
Fiscalía al momento de imponer la medida era razonable conforme al
ordenamiento y jurisprudencia vigentes, no había lugar a declarar la privación
como injusta. Dicho razonamiento es plenamente aplicable al presente asunto.
Fue la propia actuación del demandante la que dio lugar a la intervención de
las autoridades y a la consecuente investigación y medida cautelar.

En conclusión, dado que la medida de aseguramiento se impuso con sujeción
a los requisitos legales y con base en circunstancias fácticas que hacían
razonable la actuación de la Fiscalía, y que la posterior absolución no se
fundamentó en la valoración de un elemento subjetivo complejo, no se
configura un daño antijurídico que el Estado esté en el deber de reparar.

42. Las decisiones proferidas en el proceso de reparación directa con radicado
2022-00196-01 son razonables y no ameritan reproche alguno desde el punto de
vista constitucional. La autoridad judicial accionada como juez de segunda instancia
examinó directa y suficientemente las inconformidades planteadas en el recurso de
apelación y, en términos generales, la controversia jurídica sometida a su
conocimiento por la parte accionante.

43. Asimismo, realizó un estudio detallado e integral del material probatorio del
expediente y concluyó que la privación de la libertad que padeció el señor Rodríguez
Martínez no fue irrazonable, arbitraria ni desproporcionada. La absolución penal
obedeció a una indebida adecuación típica de la conducta por parte de la Fiscalía
General de la Nación y no a la inexistencia del hecho. Esta decisión se sustentó en
la jurisprudencia del Consejo de Estado de casos de similares que niegan las
pretensiones indemnizatorias al considerar que la absolución por atipicidad relativa
no comporta, por sí sola, la declaratoria de responsabilidad del Estado por privación
injusta de la libertad.

44. Aunque la parte demandante pretende atribuirle yerros a la sentencia del 24 de
octubre de 2025, los reproches únicamente evidencian el afán por imponer su propia
interpretación probatoria. Sin embargo, el juez de tutela no puede adentrarse en un
examen de conformidad o desacuerdo frente a una labor que es propia del juez

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01419-01
Accionante: Orlando Manuel Rodríguez Martínez
Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

ordinario, máxime si no se antepone un debate que revele o genere dudas sobre su
disconformidad con la Carta Política.

45. La Sala confirmará el fallo impugnado, por considerar que el análisis sobre la
falta de relevancia constitucional del asunto fue acertado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 12 de marzo de 2026 por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que declaró
improcedente la solicitud de amparo.

SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA

Firmado electrónicamente
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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