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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01424-01

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01424-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de declaración de falta de legitimación en la causa por pasiva elevada por la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas. SEGUNDO: REVOCAR parcialmente la sentencia del 8 de mayo de 2026, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C para tener por superados los presupuestos de subsidiariedad y legitimación en la causa por activa y CONFIRMAR la improcedencia únicamente por falta de inmediatez. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes. CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01424-01

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

30 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D. C., treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01424-01
Demandantes: ROSENDO MATAMBA BOONE Y OTROS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C Y OTRO

Tema: Tutela contra providencia judicial - Confirma improcedencia por
no cumplir requisito de inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte accionante contra
la sentencia de primera instancia proferida el 8 de mayo de 2026, mediante la cual el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, declaró la improcedencia del
mecanismo constitucional.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo1

El señor Rosendo Matamba Boone y su grupo familiar2, actuando a través de
apoderado judicial3, promovieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y el Juzgado Sesenta y Tres
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en la que solicitaron la protección de
sus garantías constitucionales al debido proceso, de acceso a la administración de
justicia y «doble contradicción».

1 Índice 002 de Samai. Tutela radicada el 23 de febrero de 2026
2 Miguel Ángel Quintero Lopera, Dufay Rocío Matamba Sepúlveda, Ariadna Lizeth Quintero Matamba,

Juan José Quintero Matamba, Daniel Felipe Quintero Matamba, Ivon Estefany Matamba Sepúlveda,
Rosemberg Javier Maigual Herrera y María Nubia Sepúlveda de Matamba.
3 Índice 002 de Samai. Poder conferido al abogado Juan Manuel Arias Martínez mediante mensaje de

datos.

1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandantes: Rosendo Matamba Boone y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01424-01

Las anteriores garantías las estimaron trasgredidas con ocasión de la providencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C el 12 de marzo de 2025, que revocó la decisión de primera instancia
dictada el 2 de mayo de 2023 por el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá que negó las pretensiones, y a su vez, declaró la responsabilidad
extracontractual de la parte demandada pero negó el reconocimiento de perjuicios
dentro del medio de control de reparación directa identificado con el radicado 11001-
33-43-063-2022-00294-00/01.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…] SEGUNDO. DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado a partir de la notificación
(fallida) de la sentencia del 12 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.
TERCERO. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que proceda a
realizar la notificación en debida forma de la mencionada sentencia a los correos
electrónicos de las partes, garantizando el inicio de los términos de ley para el ejercicio
de los recursos a que haya lugar.
CUARTO. ORDENAR al Juzgado 63 Administrativo de Bogotá dejar sin efectos el auto
de "Obedézcase y Cúmplase" hasta tanto la sentencia de segunda instancia cobre
debida ejecutoria. 4.

1.3. Hechos

Los accionantes, formularon demanda en el ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación
con el fin de obtener la indemnización por los perjuicios causados en razón a las
medidas cautelares de embargo y secuestro e incautación del bien inmueble de su
propiedad dentro del proceso de extinción del derecho de dominio.

Lo anterior, comoquiera que la Fiscalía 21 Especializada Delegada de la Unidad
Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos,
mediante providencia de fecha 14 de julio de 2011, inició trámite de extinción del
derecho de dominio contra la señora Luz Adriana Matamba Sepúlveda por presunto
delito de lavado de activos relacionado con la devolución de impuestos sobre la renta
ante la DIAN y el día 18 de agosto de 2011 practicó diligencia de secuestro del bien
inmueble en el que habitaba la susodicha junto con su grupo familiar, integrado por
los acá tutelantes, y entre quienes se encuentran las señoras María Nubia Sepúlveda
de Matamba y Dufay Rocío Matamba Sepúlveda, propietarias del inmueble objeto de
cautela.

4 Transcripción del texto original con posibles errores.

2
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Demandantes: Rosendo Matamba Boone y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01424-01

Situación que conllevó a los demandantes a asumir los costos de un arriendo en
lugares a los que se mudaron, otros gastos mensuales y cargas emocionales entre
tanto duró la actuación que terminó con la restitución del inmueble en condiciones que
se cuestionaron, toda vez que el bien permaneció a disposición de la Dirección
Nacional de Estupefacientes y, posteriormente de la Sociedad de Activos Especiales
S.A.S. – SAE S.A.S., quienes se encargaron de su administración hasta el 29 de enero
de 2020 según Resolución No. 66 del 22 de enero de 2020, por medio de la cual se
dio cumplimiento a una orden judicial de devolución de activos.

El medio de control en cuestión fue adelantado por el Juzgado Sesenta y Tres
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que en sentencia del 2 de mayo de 2023
negó las pretensiones tras considerar que no se acreditaron los elementos
constitutivos para endilgarle responsabilidad patrimonial al Estado.

Lo anterior, como quiera que, de una parte, las decisiones adoptadas por la Nación –
Fiscalía General de la Nación fueron debidamente fundadas en los indicios y el
material probatorio recaudado suficiente para creer que el inmueble pudo haber sido
adquirido con dineros producto de la defraudación investigada, dada la relación
familiar existente entre las propietarias del bien con uno de los investigados del grupo
involucrado en actividades delictivas y, de otra parte, no se acreditó la configuración
del daño alegado y que el mismo se hubiese producido como consecuencia del actuar
negligente u omisivo de las entidades demandadas, descartando la idoneidad de las
piezas procesales incorporadas al plenario.

Inconforme con la decisión, la parte demandante formuló recurso de apelación que
resolvió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C
en sentencia del 12 de marzo de 2025 por medio de la cual declaró la falta de
legitimación en la causa por activa de los señores Miguel Ángel Quintero Lopera,
Ariadna Lizeth Quintero Matamba, Juan José Quintero Matamba y Daniel Felipe
Quintero Matamba; revocó lo resuelto por el a quo, que negó las pretensiones, y en
su lugar, declaró la responsabilidad extracontractual de la Fiscalía General de la
Nación, pero negó el reconocimiento de perjuicios.

Como sustento señaló que, respecto a los demandantes aludidos, de quienes se
afirmó que residían en el inmueble objeto de medida y se vieron afectados, no obraba
medio de convicción que acreditara tal situación ni de la relación de parentesco con
las personas directamente afectadas.

Igualmente, estimó que, al centrarse la discusión propuesta por la parte demandante
en la expedición de la resolución de extinción de dominio sobre el bien, que generó
un presunto daño antijuridico por falta de análisis de los medios de convicción
aportados al proceso penal, se debían dejar de lado otros cuestionamientos sobre la
actuación de las demandadas respecto a la administración del inmueble incautado.

3
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Demandantes: Rosendo Matamba Boone y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01424-01

Así, correspondía enfocar el análisis de responsabilidad al supuesto error
jurisdiccional, que para este caso estaría configurado con ocasión a la imposición de
la medida cautelar dentro del proceso de extinción de dominio iniciado por la Fiscalía
21 Especializada Delegada de la Unidad Nacional para la Extinción de Dominio y el
Lavado de Activos, que conllevó al embargo, secuestro y la pérdida del poder
dispositivo del predio de propiedad de las demandantes María Nubia Sepúlveda de
Matamba y Dufay Rocío Matamba Sepúlveda, adquirido con aportes de los demás
demandantes, Rosendo Matamba Boone, Rosemberg Maigual Herrera e Ivon
Estefany Matamba Sepúlveda.

Adujo que el error judicial, atribuible a la Fiscalía General de la Nación, consistió en la
expedición de la decisión referida sin la adecuada valoración de las pruebas obrantes
en el proceso al momento de su emisión, de las cuales hubiese podido evidenciar que
el origen de los dineros con los que se adquirió el bien era lícitos, «atendiendo a la
fecha de su adquisición que daba cuenta que el inmueble no era concomitante para
el momento en que se presentó la investigación contra la contadora Luz Adriana
Matamba Sepúlveda por actos de defraudación al patrimonio del Estado, quien fungía
en calidad de hermana e hija de las compradoras del inmueble señoras Dufay Rocío
Matamba Sepúlveda y María Nubia Sepúlveda de Matamba». Sin embargo, descartó
tal responsabilidad a la Rama Judicial en tanto sus actuaciones se ajustaron al
procedimiento correspondiente.

Finalmente, no acogió el argumento de la parte demandante tendiente a que se
reconozca perjuicio respecto a la prolongación en el tiempo que permaneció el bien
en cabeza de la SAE, por el deterioro del inmueble y la omisión en el pago de los
frutos de aquella, en tanto, dicha entidad no fue demandada en ese asunto y negó el
reconocimiento de los perjuicios solicitados por ausencia de respaldo probatorio.

La citada providencia fue notificada a las partes por correo electrónico el 2 de abril de
20255.

1.4. Fundamentos de la vulneración

Los accionantes consideran que la autoridad judicial accionada incurrió en defectos
sustantivo, fáctico, procedimental absoluto y desconocimiento de precedente.

Lo anterior, por no aplicar correctamente el artículo 228 de la Constitución Política que
establece la independencia en la administración de justicia y alude a sus decisiones
motivadas y ajustadas al derecho sustancial. Igualmente, porque existe una
contradicción al declarar la responsabilidad con la que acepta la existencia de un
daño, pero se niega la liquidación de este.

5 Índice 015 de Samai, archivo 011 cuaderno de segunda instancia del ordinario.

4
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Demandantes: Rosendo Matamba Boone y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C y otro
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01424-01

Atribuyeron al ad quem defecto procedimental absoluto por indebida notificación y por
exceso ritual manifiesto al haberse omitido el envío del mensaje de datos para la
notificación de la sentencia de segunda instancia y negar el reconocimiento de
perjuicios materiales por carencia probatoria, cuando se debió acudir a las reglas de
la experiencia y a la equidad para tasar la afectación que era evidente.

Señalaron que el tribunal les impidió conocer a tiempo los argumentos de la sentencia
y con ello hacer uso oportuno «de herramientas procesales para controvertir una
valoración probatoria que consideramos defectuosa». Indicaron que solo hasta el 15
de mayo de 2025 cuando se notificó por estado el auto de obedézcase y cúmplase lo
resuelto por el superior, tuvieron conocimiento de la decisión del tribunal, por lo que
se les privó de la oportunidad de «solicitar aclaración, adición o, eventualmente,
interponer el Recurso Extraordinario de Revisión ante errores manifiestos en la
liquidación de perjuicios».

Asimismo, consideraron como desconocido el precedente establecido en la sentencia
de unificación de la Sección Tercera, del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2014
(Exp. 26.251) que contempla la presunción del daño moral en los niveles más altos
cuando se afecta el núcleo familiar y la vivienda, pues el tribunal exigió en este asunto
pruebas adicionales para la acreditación del daño alegado.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 26 de febrero de 20266, el Magistrado ponente del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, admitió la acción constitucional contra el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C y el Juzgado
Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

De igual manera, ordenó la vinculación a la Nación – Rama Judicial y a la Fiscalía
General de la Nación, por haber actuado como demandados en el radicado de
reparación directa 11001-33-43-063-2022-00294-00 y reconoció personería al
abogado Juan Manuel Arias Martínez para actuar en los términos del poder que le fue
conferido por Daniel Felipe Quintero Matamba.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

6 Ver índice 004 de Samai.

5
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1.6.1. Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial7

Aludió a la inexistencia de los defectos invocados y a la improcedencia de la acción
por incumplimiento de los requisitos de subsidiariedad, inmediatez y relevancia
constitucional. Igualmente, por pretenderse reabrir el debate probatorio ya zanjado y
con ello desnaturalizar la acción de tutela, vulnerando el principio de autonomía
judicial.

En todo caso, manifestó no encontrarse legitimada en la causa por pasiva como quiera
que la vulneración alegada no es consecuencia de una acción u omisión atribuible a
esa entidad.

1.6.2. Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá8

La titular del juzgado manifestó haber adelantado la causa ordinaria con las garantías
procesales correspondientes, garantizando plenamente el ejercicio de los derechos
de contradicción y defensa, así como el acceso a la administración de justicia,
particularmente al permitir que el debate jurídico fuera conocido y resuelto por el juez
de segunda instancia.

Advirtió que la inconformidad planteada por la parte accionante se dirige francamente
a cuestionar la valoración probatoria y la interpretación jurídica realizada por el juez
natural dentro del proceso ordinario, lo cual resulta improcedente en sede de tutela.

1.6.3. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C9

Señaló que en la providencia censurada se explicaron las razones que llevaron a
confirmar la providencia emitida en primera instancia y que obedecen a un configurado
error jurisdiccional por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo cierto es que no
correspondía otorgar el reconocimiento de perjuicios deprecados por la parte
demandante referentes al tiempo en el que el bien permaneció en cabeza de la SAE,
por el deterioro del inmueble y la omisión del pago de los frutos, en tanto, ésta última
entidad no fue vinculada a la litis por lo que no se le pudo imputar responsabilidad
alguna.

En ese sentido, solicitó que se declare la improcedencia de la tutela con la que se
pretende reabrir un debate ya surtido en las instancias competentes.

7 Ver índice 010 de Samai.
8 Ver índice 011, 023 y 024 de Samai.
9 Ver índice 013 y 025 de Samai.

6
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1.6.4. Fiscalía General de la Nación10

Refirió que el proveído cuestionado no fue expedido por este ente instructor, sino por
la autoridad jurisdiccional accionada, por lo que el asunto no se relaciona de manera
directa con la competencia de la Fiscalía General de la Nación y en ese sentido, aludió
a su falta de legitimación en la causa por pasiva.

Sin embargo, aludió a la falta de relevancia constitucional del presente mecanismo
como quiera no se evidencia vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales y, por el contrario, se estaría utilizando la acción de tutela como
herramienta para reabrir debate legal ya definido.

1.7. Sentencia de primera instancia11

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, profirió fallo el 8 de mayo de
2026 en el que declaró la improcedencia de la tutela, al no cumplirse con los requisitos
de inmediatez, subsidiariedad y falta de legitimación en la causa por activa respecto
a ocho de los nueve tutelantes.

Indicó que el cómputo de los términos para establecer el cumplimiento del requisito
de inmediatez se debía realizar a partir del momento en que la providencia señalada
como vulneradora de los derechos fundamentales quedó ejecutoriada, lo que en este
caso correspondería a la sentencia del 12 de marzo de 2025 y no al auto de
obedézcase y cúmplase notificado el 15 de mayo de 2025, según lo pretendido por el
extremo accionante.

Que aun cuando se partiera desde esta última actuación, con fundamento en el
alegado desconocimiento de la sentencia por falta de notificación, tampoco se
satisface tal presupuesto, pues transcurrieron aproximadamente nueve meses entre
la notificación del auto y la radicación de la tutela [23 de febrero de 2026].

En cuando al estudio de subsidiariedad, estimó que los actores no solicitaron ante el
juez ordinario la correspondiente nulidad con fundamento en la indebida notificación
que alegaron en este trámite constitucional, ni se evidenciaba alguna situación que
permitiera concluir la posible existencia de un perjuicio irremediable.

Finalmente, aludió a la carencia de legitimación en la causa por activa en que actuaba
el abogado Juan Manuel Arias Martínez al haber aportado un poder diligenciado por
todos los actores pero remitido únicamente por el señor Daniel Felipe Quintero
Matamba, a quien corresponde la dirección electrónica desde la cual fue enviado el
mandato conferido mediante mensaje de datos, sin que los demás ciudadanos

10 Ver índice 014 de Samai.
11 Ver índice 028 de Samai.

7
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hubieran manifestado de manera expresa su voluntad de otorgarlo, para habilitar al
referido profesional en la defensa de sus derechos fundamentales.

1.8. Impugnación12

En escrito de impugnación se cuestiona la exigencia de que el poder fuese remitido
desde la propia cuenta de correo electrónico de cada uno de los accionantes en un
mensaje de datos independiente para que su voluntad se tuviera por acreditada. Se
estima que tal requerimiento no ha sido contemplado en el ordenamiento jurídico y
desconoce la presunción legal de autenticidad que de manera expresa e incondicional
consagra el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, pues la única exigencia adicional
que el artículo 5.° de la Ley 2213 de 2022 establece en materia de correo electrónico
se refiere a que la dirección del apoderado coincida con la inscrita en el Registro
Nacional de Abogados, circunstancia ajena por completo al reproche que formuló la
Sala.

En todo caso manifestó que, si bien existió duda para el juez constitucional sobre el
alcance del poder allegado, lo que correspondía era ponerla en conocimiento antes
de proferir el fallo que además les fue adverso a sus intereses, pues el auto admisorio
de la tutela reconoció personería jurídica al apoderado judicial «para que actúe en la
presente acción, en los términos del poder que le fue conferido por Daniel Felipe
Quintero Matamba», sin excluir en su parte resolutiva a los demás integrantes del
extremo activo.

De otra parte, cuestionó que para contabilizarse el término de inmediatez primero
debe resolverse si la ejecutoria de la providencia censurada efectivamente se produjo.
Aludió que el fallo impugnado «dejó constancia de que “la parte accionante alegó que
existió una indebida notificación” y de que en el expediente solo obran “soportes de
notificación … con fechas del 2 de abril de 2025 y del 11 de abril de 2025”. Sin
embargo, en ningún aparte de la decisión se examinó si esos soportes acreditaban,
además del envío, la recepción efectiva del mensaje de datos por los destinatarios».

En razón a lo anterior, estimó que la sentencia de segunda instancia del proceso
ordinario no ha quedado debidamente ejecutoriada a la fecha por lo que los términos
para los recursos extraordinarios continúan abiertos, y la vulneración alegada es, por
definición, una afectación continuada y actual.

Igualmente, refutó la aplicación estricta del término de inmediatez sin valorarse los
criterios para flexibilizar este requisito como de ser el caso la existencia de un motivo
válido para la inactividad máxime si afectaban derechos de terceros, y, sobre todo, si
la vulneración alegada se proyectaba de manera continua en el tiempo.

12 Ver índice 032 de Samai. Escrito radicado oportunamente el 19 de junio de 2026.

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De otra parte, discutió que respecto al estudio del requisito de subsidiariedad no se
hubiese determinado con precisión la procedencia de la solicitud de nulidad, pues no
se indicó ante cuál autoridad accionada pudo ser presentado teniendo en cuenta que
ya no existía ante la jurisdicción ordinaria un funcionario con competencia viva para
decretarla, por encontrarse el expediente devuelto y atendido mediante el auto de
obedézcase y cúmplase.

Discutió que el a quo constitucional incurrió en incongruencia al manifestar que la
inconformidad del extremo actor devenía tanto a la providencia de primera como a la
de segunda instancia, proferidas en el marco del medio de control de reparación
directa, cuando ello se trata de una causa petendi que no se propuso.

Por último, reiteró los argumentos en contra de la sentencia del tribunal accionado
planteando esta vez un cargo por incongruencia que se concreta en los argumentos
expuestos en el líbelo inicial sobre la existencia del daño antijurídico que fue declarado
pero la negativa al reconocimiento de los perjuicios reclamados.

1.9. Manifestación de impedimento

El consejero Omar Joaquín Barreto Suárez con escrito del 28 de julio de la presente
anualidad manifestó estar incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral
1.° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal en razón a que su cónyuge se
desempeña como fiscal delegada ante el Tribunal Superior, adscrita a una unidad
nacional de la Fiscalía General de la Nación, entidad vinculada al proceso
constitucional de la referencia en calidad de tercero con interés. Sin embargo, con
auto del 30 de julio de 2026 se declaró infundado al no encontrarse configurado el
elemento subjetivo de la causal invocada.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la alzada formulada por la parte actora, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

2.2 Cuestión previa

La Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General
de la Nación, solicitaron que se declarara su falta de legitimación en la causa por
pasiva dentro del presente trámite, por considerar que las discusiones planteadas son
ajenas a sus competencias y si bien dichas solicitudes fueron formuladas dentro del
presente trámite, el a quo al momento de proferir la sentencia omitió pronunciarse al
respecto, por lo que será esta la oportunidad para resolverlas.

9
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Sobre el particular, la Sala no accederá a lo pretendido. Esto, en virtud de que la
vinculación a este asunto resultó relevante como terceros ante un eventual interés que
les puede representar el presente fallo, en el evento de emitirse una decisión
favorable al extremo actor.

2.3. Problema jurídico

Conforme lo establecido en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la parte
accionante, el material probatorio recaudado, las intervenciones presentadas, y el fallo
de primera instancia corresponde a la Sala definir si confirma, modifica o revoca la
sentencia proferida el 8 de mayo de 2026, mediante la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C declaró la improcedencia de la acción. Para tal efecto,
es necesario abordar el siguiente interrogante:

• ¿Se configuró la vulneración de los derechos fundamentales de los actores con
ocasión de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C el 12 de marzo de 2025, que
revocó la decisión de primera instancia dictada el 2 de mayo de 2023 por el
Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá que negó
las pretensiones, y a su vez, declaró la responsabilidad extracontractual de la
Fiscalía General de la Nación pero negó el reconocimiento de perjuicios dentro
del medio de control de reparación directa identificado con el radicado 11001-
33-43-063-2022-00294-00/01?

Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: i) las
generalidades de la acción de tutela; (iii) los requisitos de procedibilidad, iv) la
legitimación en la causa por activa y (v) el caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela.

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es
un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuandoquiera que resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente,
de particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial
ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio como
mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por parte del
peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

En ese orden de ideas, resulta palmario que el mecanismo de amparo demanda la
concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes, como
son la subsidiariedad, la inmediatez y, si es del caso, la inminencia de un perjuicio

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irremediable, sin los cuales no le es dable al juez constitucional inmiscuirse en
determinada controversia y, mucho menos, acometer las diferentes subreglas
dispuestas por la jurisprudencia en torno a asuntos como el sub examine.

Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar del uso inadecuado este mecanismo,
que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial dentro del ordenamiento
jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el constituyente le confirió.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.5.1. Inmediatez

Frente a este requisito se ha insistido en que la acción de tutela debe ejercerse en un
plazo razonable13, el cual debe ser ponderado por el juez en cada caso, pues de lo
contrario se burlaría el alcance jurídico establecido por el constituyente y se
desvirtuaría su finalidad de ser un medio de protección actual, inmediato y efectivo.14

De acuerdo con lo anterior, esta Sección15 ha considerado como plazo prudencial el
de 6 meses desde la ocurrencia del hecho generador – el cual es la notificación o
ejecutoria de la providencia judicial cuestionada, según sea el caso – que da lugar a
la solicitud de protección, su presentación y, cuando este es excesivo, se declara su
improcedencia.

Al respecto, la Sala Plena de esta corporación ha expresado que «como regla general,
[se] acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de
la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias
judiciales se ejerce oportunamente»16

En efecto, a la luz de la Sentencia de Unificación del 5 de agosto de 2014 17, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios
fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200518, para determinar

13 Dicho criterio fue expuesto por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 05.08.14, Rad. 11001-

03-15-000-2012-02201-01, Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios, M.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez. Así mismo, reiterado entre otras en: Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia
26.02.15, Rad. 11001-03-15-000-2015-00045-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado,
Sección Quinta, Sentencia 15.10.15, Rad. 11001-03-15-000- 2015-01605-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro.
14 Corte Constitucional, Sala Séptima de Revisión, Sentencia T-290 14.04.11., M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
15 Ver, entre otras, Sentencia 18.04.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01172-01, M.P. Susana Buitrago Valencia;

Sentencia 03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2012-01891-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Sentencia
03.07.13, Rad. 11001-03-15-000-2013-00142-01, M.P. Alberto Yepes Barreiro; Sentencia 21.09.16, Rad. 11001-
03-15-000-2016-01549-01, M.P. Rocío Araújo Oñate.
16 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
18 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un

término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se

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la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que 6
meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos
fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

No obstante, se analiza en cada caso concreto si median razones suficientes que
justifiquen el retardo, como para omitir su consideración y entrar al fondo del debate
jurídico planteado.

En relación con aquellas circunstancias que justifican el retardo para promover la
acción de tutela en un término razonable, la Corte Constitucional en sentencia T-256
de 201519, cuya tesis es acogida por esta Sala como criterio auxiliar, indicó que la
acción de tutela será procedente:

cuando fuere promovida en un extenso espacio entre el hecho que generó la
vulneración, siempre que: i) exista un motivo válido para la inactividad de los
accionantes, por ejemplo, el estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad, incapacidad física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal
entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en el tiempo
y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de la presentación
de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del irrespeto por sus derechos,
continúa y es actual20.

2.5.2. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces.

El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela
no procede en los eventos en los que la parte accionante tenga a su alcance otro
mecanismo de defensa judicial, a menos que el amparo se promueva a efectos de
evitar la consumación de un perjuicio irremediable.

Dicho requisito se reiteró en el Decreto 2591 de 1991, el cual, en su artículo 6º numeral
1º establece:

La acción de tutela no procederá:

1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia
de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las
circunstancias en que se encuentra el solicitante.

sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales
legítimos de resolución de conflictos.
19 Corte Constitucional, Sala Octava de Decisión, Sentencia T-256 05.05.15, M.P. Martha Victoria

Sáchica Méndez.
20 “Ver sentencias T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110 de 2005,

T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010”.

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Conforme lo anterior, se tiene la acción de tutela es un mecanismo subsidiario que no
puede desplazar los mecanismos ordinarios que previamente ha establecido el
legislador. Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado:

La acción de tutela es un mecanismo judicial de carácter excepcional que garantiza la
protección inmediata de los derechos fundamentales vulnerados o violados con ocasión
de la actuación u omisión de una entidad pública o de manera excepcional por un
particular. En efecto, tal y como se expresó en las consideraciones del presente fallo,
para que proceda la tutela contra providencias judiciales resulta necesario que quien
alega la vulneración de sus derechos fundamentales haya agotado todos los medios de
defensa judicial disponibles. Esta exigencia responde principalmente al principio de
subsidiariedad de la tutela, en virtud del cual se busca impedir su utilización como: (i)
una instancia más dentro de un proceso judicial ordinario; (ii) un medio de defensa que
remplace a los otros diseñados por el legislador para tal fin; (iii) un instrumento para
subsanar errores u omisiones de las partes; y (v) un camino para corregir oportunidades
vencidas. En el caso concreto no se cumple con el requisito de procedibilidad, relativo a
la subsidiariedad de la acción de tutela, toda vez que el tutelante no utilizó los
mecanismos ordinarios dispuestos por la ley penal para hacer valer sus derechos
fundamentales, pues tal y como pudo evidenciarse a partir del material probatorio
obrante en el expediente, el accionante omitió solicitar la nulidad por violación del
derecho al debido proceso dentro del respectivo trámite judicial. El legislador ordinario
ha creado múltiples mecanismos entre ellos la nulidad para evitar la producción de vicios
dentro del proceso penal que puedan atentar en alguna medida en contra del derecho
al debido proceso de las personas involucradas ya sea en la investigación previa,
instrucción o juzgamiento, las cuales tiene la posibilidad de incoarla cuando quiera que
vean afectadas sus garantías constitucionales.21

Finalmente, no sobra indicar que el análisis de la existencia de otros mecanismos de
defensa debe hacerse en cada caso de forma concreta, para determinar la idoneidad
del medio y las circunstancias particulares de cada caso.

2.5.3. Legitimación e interés en las acciones de tutela

El citado artículo 86 de la Constitución Política, establece que toda persona puede
acudir a la acción de tutela «para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública».

En el mismo sentido, el Decreto 2591 de 1991 «Por el cual se reglamenta la acción
de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política», en los artículos 1°,
10, 46 y 49, precisa que dicha acción puede ser presentada por cualquier persona que
encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea (i) por sí misma; (ii) a
través de representante; (iii) apoderado; o (iv) por medio de la agencia oficiosa,
cuando el titular de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover

21 Sentencia T-355-08 Corte Constitucional.

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su defensa. También pueden interponer acción de tutela los defensores del pueblo y
los personeros municipales22.

De esa manera, el artículo 1° del Decreto 2591 de 1991 dispone que «Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales,
cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión
de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señale este
Decreto»23. (Subrayas fuera de texto).

Aunque el afectado puede acudir directamente a la defensa de sus derechos
fundamentales, cuando opta por interponerla a través de apoderado judicial, debe
agotar el lleno de requisitos contenidos en el artículo 74 del Código General del
Proceso y la Ley 2213 de 2022, como lo sostuvo la Corte Constitucional en
pronunciamiento reciente:

42.1. Legitimación en la causa por activa. La Constitución establece que toda
persona podrá interponer acción de tutela “por sí misma” o “por quien actúe a
su nombre” (CP art 86). Para interponer el amparo a nombre de otra persona,
es necesario ser: (i) representante del titular de los derechos; (ii) agente
oficioso; (iii) Defensor del Pueblo; o (iv) personero municipal. En el caso de los
representantes, detentan esa calidad: el representante legal (cuando el titular
de los derechos sea, por ejemplo, menor de edad o persona jurídica) y el
apoderado judicial. Para ser apoderado judicial, la persona debe ser abogado
titulado y a la acción debe anexar poder especial para el caso o, en su defecto,
el poder general respectivo (Ley 2213 de 2022 art 5 y CGP art 74)24.

Por su parte, el artículo 74 del Código General del Proceso preceptúa:

Artículo 74. Poderes. Los poderes generales para toda clase de procesos solo
podrán conferirse por escritura pública. El poder especial para uno o varios
procesos podrá conferirse por documento privado. En los poderes especiales los
asuntos deberán estar determinados y claramente identificados.

El poder especial puede conferirse verbalmente en audiencia o diligencia o por
memorial dirigido al juez del conocimiento. El poder especial para efectos
judiciales deberá ser presentado personalmente por el poderdante ante juez,
oficina judicial de apoyo o notario. Las sustituciones de poder se presumen
auténticas.

Los poderes podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el
funcionario que la ley local autorice para ello; en ese último caso, su autenticación
se hará en la forma establecida en el artículo 251.

22 Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-793, 27.09.07, M.P. Marco Gerardo
Monroy Cabra.
23 “Aparte subrayados declarado EXEQUIBLES por la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-018

del 25 de enero de 1993, M.P. Alejandro Martínez Martínez”.
24 Corte Constitucional Sentencia SU-212 del 08 de junio de 2023.

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Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o
ante quien se otorga hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia
de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por
establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando
quien confiera el poder sea apoderado de una persona.

Se podrá conferir poder especial por mensaje de datos con firma digital. Los
poderes podrán ser aceptados expresamente o por su ejercicio […].

Finalmente, el artículo 5º de la Ley 2213 de 2022, indica que se podrán conferir los
poderes especiales para cualquier actuación judicial mediante mensaje de datos, sin
firma manuscrita o digital, con la sola antefirma se les aplicará presunción de
autenticidad y no requerirán de ninguna presentación personal o reconocimiento. En
el poder se indicará de manera expresa la dirección de correo electrónico del
apoderado, que deberá coincidir con la inscrita en el Registro Nacional de Abogados

2.6. Caso concreto

A partir de los hechos expuestos en la solicitud de amparo, las manifestaciones de las
partes, los documentos aportados al plenario y las anteriores consideraciones, la Sala
confirmará parcialmente la sentencia del 8 de mayo de 2026, del Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, conforme pasa a exponerse.

Los accionantes25, a través del presente mecanismo constitucional cuestionaron la
sentencia del 12 de marzo de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C por medio de la cual se declaró la falta
de legitimación en la causa por activa de los señores Miguel Ángel Quintero Lopera,
Ariadna Lizeth Quintero Matamba, Juan José Quintero Matamba y Daniel Felipe
Quintero Matamba y a su vez se revocó lo resuelto por el a quo, que negó las
pretensiones y, en su lugar, declaró la responsabilidad extracontractual de la Fiscalía
General de la Nación, pero negó las pretensiones relacionadas con el reconocimiento
de perjuicios por no encontrarse acreditados.

Lo anterior, porque consideran que existió defecto procedimental absoluto por
indebida notificación y exceso ritual manifiesto, al omitirse la notificación de la
sentencia del 12 de marzo de 2025, de la cual según señalan, tuvieron conocimiento
con la notificación del auto de obedecimiento al superior proferido el 14 de mayo de
2025 por el Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y
en razón a la negativa del reconocimiento de perjuicios materiales por carencia
probatoria, cuando se debió acudir a las reglas de la experiencia y a la equidad para
tasar la afectación que era evidente.

25 Miguel Ángel Quintero Lopera, Dufay Rocío Matamba Sepúlveda, Ariadna Lizeth Quintero Matamba,

Juan José Quintero Matamba, Daniel Felipe Quintero Matamba, Ivon Estefany Matamba Sepúlveda,
Rosemberg Javier Maigual Herrera, María Nubia Sepúlveda de Matamba y Rosendo Matamba Boone.

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Igualmente, atribuyeron a la providencia mencionada defectos por desconocimiento
de precedente, sustantivo y fáctico por no atenderse el criterio de la sentencia
unificación de la Sección Tercera, del Consejo de Estado del 28 de agosto de 2014
(Exp. 26.251) que contempla la presunción del daño moral en los niveles más altos
cuando se afecta el núcleo familiar y la vivienda, en razón a que el tribunal exigió en
el ordinario pruebas adicionales para la acreditación del daño alegado distintas a las
documentales aportadas y por cuanto se incurrió en una contradicción al declarar la
responsabilidad patrimonial del Estado por error judicial pero simultáneamente negar
la totalidad de los perjuicios.

El a quo constitucional advirtió que la tutela no satisface los requisitos de procedencia
de inmediatez y de subsidiariedad por cuanto, de una parte, se superó ampliamente
el plazo razonable de seis meses previsto para controvertir decisiones judiciales,
determinado para este asunto entre la ejecutoria de la sentencia del 12 de marzo de
2025 y la fecha de radicación de la tutela [23 de febrero de 2026] o en su defecto
contabilizándolo a partir de la notificación del auto de obedecimiento al superior que
se efectuó el 15 de mayo de 2025, tal como lo demandó el extremo actor. Y, de otro
lado, existen herramientas judiciales para controvertir en el proceso ordinario la
presunta indebida notificación de la sentencia a través de la solicitud de nulidad.

También se endilgó una falta de legitimación en la causa por activa ante la
insuficiencia del poder allegado al plenario, toda vez que este fue conferido mediante
mensaje de datos por todos los actores, pero remitido desde la dirección electrónica
que correspondía exclusivamente al señor Daniel Felipe Quintero Matamba.

Así, inconforme con la decisión, el extremo activo formuló oportunamente
impugnación en la que refutó cada uno de los anteriores argumentos, señalando que
la inmediatez en este asunto debe ser valorada con mayor flexibilización atendiendo
a que la providencia censurada continúa sin estar debidamente notificada, lo que
reflejaría un daño continuado; y frente al requisito de subsidiariedad considera que no
se analizó con suficiencia la procedencia de la nulidad como herramienta idónea para
cuestionar la indebida notificación toda vez que no se aclaró ante cuál autoridad
debería formularse encontrándose a la fecha el expediente en el juzgado de origen.

Por último, refirió que el operador judicial de primera instancia estaría exigiendo
requisitos que el ordenamiento jurídico no prevé para el otorgamiento de poderes de
manera digital.

En ese orden, en lo concerniente al requisito de inmediatez, la Sala comparte la
postura del a quo que advierte el ejercicio extemporáneo de la acción dado que
transcurrieron más de 6 meses entre el conocimiento del hecho generador de la
vulneración alegada y la interposición de la tutela.

Se observa que, si bien el extremo accionante reclama una interpretación más flexible
por la presunta continuidad de la afectación generada en razón a la indebida

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notificación de la sentencia del proceso ordinario, ello fue acogido en el fallo
impugnado, pues la Sección Tercera, Subsección C de esta Corporación realizó el
cómputo de términos partiendo desde la notificación del auto de obedecimiento al
superior, esto es 15 de mayo de 2025, y no desde la cuestionada ejecutoria de la
sentencia del 12 de marzo de 2025.

Así, en ninguno de los dos escenarios se cumple el criterio del plazo razonable que
se exige para el ejercicio oportuno del mecanismo constitucional, máxime cuando no
se está planteando argumento alguno que justifique la inactividad de los accionantes.

En ese sentido, en el caso sub examine no existe una explicación válida para el
ejercicio de la acción de tutela fuera del tiempo proporcional y razonable adoptado por
la corporación, lo que descarta el estudio solicitado respecto a los defectos que se le
atribuyen a tal decisión y que corresponden a la totalidad de los cuestionamientos
planteados en el escrito inicial, reiterados en el de impugnación.

Ahora, respecto al requisito de subsidiariedad, no se comparte la postura del a quo al
señalar que los defectos planteados en esta acción relativos al defecto procedimental
absoluto por indebida notificación pudieron ser objeto de cuestionamiento ante el juez
contencioso, a través de la solicitud de nulidad prevista en el artículo 133 del C.G.P.,
pues tal herramienta no se encuentra contemplada bajo las causales taxativamente
allí previstas para la situación alegada en este asunto.

Recuérdese que el análisis frente a la existencia de otros mecanismos de defensa
debe hacerse en cada caso de forma concreta, para determinar la idoneidad y eficacia
de aquellas herramientas. Al respecto, la Corte Constitucional precisó que esta
valoración no debe hacerse de manera abstracta «sino a partir de las circunstancias
concretas del caso, teniendo en cuenta las condiciones particulares del accionante y,
así como los hechos y circunstancias del caso para garantizar una defensa de los
derechos vulnerados “de manera oportuna e integral”»26.

De otra parte, la Sala tampoco acoge la postura del a quo sobre la falta de legitimación
en la causa por activa declarada en primera instancia por cuenta de la insuficiencia
del poder aportado por los actores.

Lo anterior, comoquiera que les asiste razón a los impugnantes, representados en la
causa por el abogado Juan Manuel Arias Martínez, cuando afirman que se estaría
imponiendo requisitos que no fueron establecidos legalmente para el otorgamiento de
poderes, máxime tratándose de acciones constitucionales que gozan de menor
formalidad.

Al respecto, la Corte Constitucional ha indicado que, con el pretexto de adelantar la
acción de tutela no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la

26 Corte Constitucional SU-446 de 2025.

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representación de las personas, ni de la informalidad de este mecanismo puede
suponerse que no existan requisitos mínimos de procedibilidad como la legitimación
en la causa por activa27. No obstante, el artículo 5 de la Ley 2213 de 2022 que
contempló la figura del otorgamiento de poderes mediante mensaje de datos no exigió
condición alguna en el uso de la cuenta electrónica por parte de los poderdantes
cuando se trata de personas naturales, pues solamente previó que el profesional del
derecho informara allí la dirección electrónica que debe coincidir con la inscrita en el
Registro Nacional de Abogados y el uso de determinado correo cuando correspondan
a personas inscritas en el registro mercantil.

Entonces, revisados los documentos adjuntos al escrito inicial, que contiene el
mandato claro y expreso de todos los accionantes a favor del señor Juan Manuel Arias
Martínez para el ejercicio de esta acción y que fue remitido desde la dirección
electrónica empleada para tal fin, se concluye que el mismo cumple con los requisitos
legales y es suficiente para tener por acreditada la representación en este asunto,
siendo así conferido el poder de manera correcta.

Por último, vale la pena advertir que si bien los accionantes aludieron en el escrito de
impugnación a un cargo por falta de congruencia de la sentencia del proceso ordinario
lo cierto es que se trata de un argumento que en el fondo retira el cuestionamiento
realizado en el escrito inicial correspondiente al reconocimiento de la responsabilidad
del Estado por error jurisdiccional, sin la orden de pago reclamada por los perjuicios
que fueron objeto de pretensión. Discusión de fondo que en este escenario
constitucional no se realizará dados los anteriores análisis de improcedencia de la
acción.

Asimismo, fue señalado por el extremo impugnante que el fallo de tutela de primera
instancia incurrió en incongruencia al manifestar que la inconformidad del extremo
actor devenía de las dos sentencias proferidas en el medio de control de reparación
directa, cuando ello se trata de una causa petendi que no fue propuesta. Sin embargo,
se observa que en dicho reparo no se exponen las razones por las cuales se configuró
la alegada incongruencia ni su incidencia en la decisión impugnada que permita
evidenciar una suficiente carga argumentativa a efectos de emitir un pronunciamiento
de fondo.

Por lo expuesto anteriormente se revocará parcialmente la sentencia de primera
instancia proferida el 8 de mayo de 2026, mediante la cual el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, para tener por superados los presupuestos de
subsidiariedad y legitimación en la causa por activa y se confirmará la improcedencia
por falta de inmediatez.

27 Sentencia T-417 de 2013, Sentencia T-020 de 2016.

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III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de declaración de falta de legitimación en la causa por
pasiva elevada por la Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y
la Fiscalía General de la Nación, por las razones expuestas.

SEGUNDO: REVOCAR parcialmente la sentencia del 8 de mayo de 2026, proferida
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C para tener por superados
los presupuestos de subsidiariedad y legitimación en la causa por activa y
CONFIRMAR la improcedencia únicamente por falta de inmediatez.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes e intervinientes.

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
Aclaración de voto

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultarlo con el número de radicación
en el siguiente link https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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