Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01425-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2026-01425-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2026-01425-01
Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01425-01
Demandante: FAGUSTINO LOZADA CALDERÓN
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ, SALA
PRIMERA DE DECISIÓN
Temas: Tutela contra providencia judicial. Revoca la sentencia que
denegó las pretensiones para, en su lugar, declarar la
improcedencia por falta de relevancia constitucional.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo del 4 de junio de 20261, por medio del cual la Sección Cuarta del Consejo de
Estado negó las pretensiones de la acción de tutela promovida contra el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
El 23 de febrero de 20262, el señor Fagustino Lozada Calderón, en nombre
propio, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Primera de Decisión al considerar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, de acceso a la administración de justicia, «igualdad material», a
la dignidad humana y a la reparación integral.
Lo anterior, con ocasión de la sentencia del 23 de septiembre de 20253, que
confirmó la providencia del 1° de septiembre de 2023 proferida por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, que negó las
pretensiones de la demanda dentro del medio de control de reparación directa
identificado con el radicado 18001-33-33-003-2019-00855-00/01, promovido
contra la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.
1.2. Pretensiones
En consecuencia, la parte actora solicitó:
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Notificado el 10 de junio de 2026.
2
Demanda en línea No. 22236.
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Notificada el 23 de octubre de 2025.
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Demandante: Fagustino Lozada Calderón
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01425-01
1. DECLARAR que el Tribunal Administrativo del Caquetá, ha vulnerado el
derecho fundamental del DEBIDO PROCESO, ACCESO EFECTIVO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA REPARACIÓN INTEGRAL del accionante.
2. CONCEDER la tutela de los derechos invocados.
3. DEJAR SIN EFECTO la sentencia de segunda instancia proferida el 23 de
septiembre de 2025, por el Tribunal Administrativo del Caquetá, dentro del proceso
de Reparación Directa adelantado bajo el radicado con el número 18001-33-33-
003-2019-00855-01, incoado por FAGUSTINO LOZADA CALDERÓN Y OTROS,
contra LA NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – LA RAMA JUDICIAL.
4. En consecuencia, se ORDENE al Tribunal Administrativo del Caquetá que,
dentro de los 40 días siguientes a la notificación de la providencia, emita una
decisión de reemplazo, en el sentido de aplicar el precedente jurisprudencial
decantado para el tema en concreto, y se decida acorde a ello, con el estudio
minucioso de las pruebas obrantes, lo recurrido de la decisión del a quo.
5. Ordenar una nueva decisión judicial que aplique el régimen objetivo de
responsabilidad por privación injusta de la libertad, incorpore control de
convencionalidad, desarrolle un test de proporcionalidad completo y valore el daño
desde una perspectiva humana e integral4.
1.3. Hechos
De la solicitud de amparo presentada por el accionante y del expediente se
extraen los siguientes supuestos que, a juicio de la sala, son relevantes para la
decisión que se adoptará en esta sentencia.
El señor Fagustino Lozada Calderón fue reclutado siendo menor de edad por un
grupo armado ilegal. En el año 2013, el Ejército Nacional lo capturó y lo puso bajo
la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF].
Posteriormente, el 27 de junio de 2013, el Comité Operativo para la Dejación de
Armas (CODA) lo reconoció como persona desvinculada de manera individual.
Contó que el 28 de enero de 2016, fue privado de la libertad en virtud de una
orden de captura emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Morelia,
Caquetá, acusado de reclutamiento ilícito, concierto para delinquir agravado y
rebelión, en concurso heterogéneo con concierto para delinquir con fines
terroristas.
Indicó que el 29 de enero de 2016 se llevó a cabo la audiencia concentrada
preliminar, en la cual se le impuso medida de detención preventiva en
establecimiento de reclusión, al considerarse que su libertad representaba un
peligro para la sociedad. El 22 de marzo de 2017, el juez penal con función de
control de garantías ordenó su libertad por vencimiento de términos.
Posteriormente, el 24 de noviembre de ese mismo año, el Juzgado Segundo
Penal del Circuito de Florencia, Caquetá profirió sentencia absolutoria, al concluir
que la Fiscalía no demostró su responsabilidad penal más allá de toda duda
4
Transcripción literal del texto original con posibles errores.
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Demandante: Fagustino Lozada Calderón
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Primera de Decisión
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razonable, conforme al artículo 381 de la Ley 906 de 20045, esto dentro del
proceso con el radicado 18001-60-00-553-2014-01916-00.
Como consecuencia de lo anterior, el actor y su núcleo familiar6 el 21 de
noviembre de 2019 interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Rama
Judicial, con el fin de que se declarara la responsabilidad administrativa y
patrimonial del Estado por la privación injusta de su libertad.
Lo anterior, al considerar que permaneció privado de la libertad durante 421 días
por un delito que no cometió y frente al cual no debió expedirse orden de captura
ni dictarse medida de aseguramiento.
Explicó que surtidas las etapas procesales dentro del proceso de reparación
directa con radicado 18001-33-33-003-2019-00855-00, el 1° de septiembre de
2023, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Florencia profirió
sentencia de primera instancia, mediante la cual negó las pretensiones de la
demanda, al considerar que, al no reposar las audiencias preliminares del proceso
penal, no existía certeza sobre las pruebas valoradas por el juez de control de
garantías al momento de emitir sus decisiones, sus fundamentos ni las causales
invocadas para decretar la medida preventiva.
En consecuencia, concluyó que no era posible establecer si la medida resultó
legal, proporcionada y razonable, por lo que no halló acreditada la antijuridicidad
de la privación.
Manifestó que interpuso recurso de apelación contra dicha decisión y que la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, a través de auto del
20 de febrero de 2024, decretó la práctica de las pruebas solicitadas en la alzada.
En consecuencia, ordenó el recaudo de los registros de audio correspondientes a
las audiencias preliminares celebradas el 29 de enero de 2016 por el juez Primero
Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Florencia.
Precisó que mediante sentencia del 23 de septiembre de 20257, el ad quem
declaró de oficio la falta de legitimación en la causa por activa de Romerica
Calderón Olaya, Javier Lozada Cuéllar y Lionor Lozada Calderón. En lo demás,
confirmó la sentencia del 1° de septiembre de 2023, proferida por el juez ordinario
de primera instancia.
5
ARTÍCULO 381. CONOCIMIENTO PARA CONDENAR. Para condenar se requiere el
conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la responsabilidad penal del
acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio.
La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de
referencia.
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Fanny Losada Calderón, Alejandra Muñoz Aroca, Lionor Lozada Calderón, Fernando
Lozada Calderón, Javier Lozada Cuéllar, Miryan Lozada Calderón, Samuel Lozada Calderón,
Adriana Lozada Calderón, Romerica Calderón Olaya, Yeison Lozada Calderón, Yurleidy
Lozada Calderón Y Andrea Lozada Calderón
7
La sentencia se notificó a través de correo electrónico el 3 de octubre de 2025.
«La providencia registró salvamento de voto de la magistrada Angélica María Hernández,
quien consideró que debió accederse a las pretensiones de la demanda debido a que la
medida de aseguramiento estuvo insuficientemente fundamentada».
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Sala Primera de Decisión
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Como fundamento de su decisión, indicó que la actividad probatoria desplegada
en segunda instancia permitió recaudar los audios de las audiencias preliminares
del 29 de enero de 2016 y, a partir de su contenido, concluyó que la medida de
aseguramiento impuesta al señor Lozada Calderón cumplió los requisitos
subjetivos y objetivos que acreditaban su necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad.
1.4. Sustento de la vulneración
La parte actora interpuso la acción de tutela alegando la vulneración grave de sus
derechos fundamentales al debido proceso, acceso efectivo a la administración de
justicia, «igualdad material», dignidad humana y reparación integral Para
sustentar su solicitud, estructuró los siguientes defectos:
Fáctico: la parte actora acusó a la corporación judicial de desconocer pruebas
documentales que acreditaban su condición de víctima de reclutamiento forzoso y
de reincorporado en procesos de dejación de armas con el ICBF y la Agencia
Colombiana para la Reintegración [ACR].
Alegó que la sentencia validó una medida de aseguramiento carente de
justificación en cuanto a necesidad, razonabilidad y urgencia, sustentada en
inferencias discriminatorias y en un testimonio aislado. Finalmente, censuró que el
ad quem negara la legitimación en la causa de sus familiares, pese a que en el
expediente digital reposaba el registro civil de nacimiento decretado como prueba,
el cual acreditaba plenamente el parentesco.
Sustantivo: porque, a su juicio, el fallador de segunda instancia incurrió en una
indebida aplicación del artículo 90 de la Constitución Política y de los artículos 65
y 68 de la Ley 270 de 1996. El tribunal limitó el análisis de la responsabilidad
estatal a un juicio subjetivo de culpa, sustentado en la supuesta actuación
competente de las autoridades penales. Con ello, el órgano judicial omitió aplicar
el régimen objetivo de responsabilidad por daño especial, el cual procedía de
manera imperativa ante la existencia de una sentencia absolutoria que estableció
la antijuridicidad del daño, dado que el ciudadano no tenía el deber jurídico de
soportar la restricción de su libertad.
Desconocimiento del precedente: cuestionó que la autoridad judicial se apartara
de manera abierta y reiterada de los parámetros jurisprudenciales vinculantes.
Reprochó la inaplicación de las sentencias de unificación SU-072 de 2018 y SU-
363 de 2021 de la Corte Constitucional, las cuales prohibieron descartar la
reparación de forma automática ante la absolución penal y ordenaron realizar un
test de proporcionalidad y razonabilidad sobre la medida privativa de libertad.
Asimismo, se alegó la vulneración del precedente del Consejo de Estado, fijado
en la sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 [Exp. 23.354] y en fallos
conexos, que establecieron como regla general la imputación por daño especial
frente a privaciones de libertad seguidas del principio in dubio pro reo o de
sentencias absolutorias.
Asimismo, endilgó a la providencia judicial el incumplimiento absoluto del control
de convencionalidad. Sostuvo que, al negar la reparación mediante exigencias
procesales desproporcionadas y rigorismos probatorios, vulneró los artículos 8 y
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25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Con ello, se
obstaculizó materialmente el acceso a la tutela judicial efectiva y se desconoció la
dimensión humana y transversal del daño causado al procesado.
1.5. Actuación procesal en primera instancia
Estando el expediente para decir sobre la admisión del amparo constitucional, la
Sección Cuarta del Consejo de Estado8 dispuso requerir a la parte accionante con
el fin de que individualizara a los demás demandantes señalados como «y otros».
Además, exigió la presentación de firmas o soportes válidos que acreditaran su
voluntad de participar y su conformidad con la radicación de la acción de tutela,
bajo advertencia de rechazo.
Aclarado lo anterior mediante memorial del 9 de marzo de 20269, el despacho
mediante de auto del 13 de marzo de 2026, admitió la tutela y ordenó notificar al
Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión en calidad de
demandada. Igualmente, dispuso notificar al Juzgado Tercero Administrativo de
Florencia, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al Ministerio
Público, a la Fiscalía General de la Nación, a la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, al Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá y a los
señores Fanny Losada Calderón, Alejandra Muñoz Aroca, Lionor Lozada
Calderón, Fernando Lozada Calderón, Javier Lozada Cuéllar, Miryan Lozada
Calderón, Samuel Lozada Calderón, Adriana Lozada Calderón, Romerica
Calderón Olaya, Yeison Lozada Calderón, Yurleidy Lozada Calderón, Andrea
Lozada Calderón.
Realizadas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.5.1. Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá
Mediante correo electrónico allegado el 18 de marzo de 202610, el Consejo
Seccional de la Judicatura del Caquetá manifestó que no intervino ni tuvo
injerencia alguna en el proceso de reparación directa que originó las decisiones
judiciales cuestionadas mediante la acción constitucional.
Asimismo, aclaró que las providencias reprochadas correspondieron a
actuaciones jurisdiccionales adoptadas, de manera autónoma, por el Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Primera de Decisión y el Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, materias que escapan de las
facultades de su corporación.
Adicionalmente, precisó que el accionante no dirigió ninguna pretensión en contra
de su entidad y que la comparecencia procesal se dio únicamente por una
vinculación oficiosa en calidad de tercero con interés.
8
Auto del 2 de marzo de 2026.
9
«En el encabezado del escrito de tutela se indicó como accionante “Fagustino Lozada Calderón y
otros”. No obstante, es preciso aclarar que la expresión “y otros” no hace referencia a otros
accionantes dentro de la presente acción constitucional, sino a las demás personas que hicieron
parte del proceso de reparación directa cuya decisión es objeto de cuestionamiento en sede de
tutela». (transcripción literal del escrito presentado)
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Índice 20 del aplicativo Samai.
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Puntualizó que el Consejo Seccional carece de facultades de representación legal
o judicial de la Rama Judicial, en la medida en que dicha función recae sobre la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Finalmente, citó la sentencia T-
1613 de 2000 de la Corte Constitucional, providencia que avaló la improcedencia
de la acción de tutela cuando no existe nexo de causalidad entre el demandado y
el presunto quebrantamiento de derechos fundamentales.
En consecuencia, solicitó negar la acción de tutela en lo que concierne a su
corporación, requirió la declaratoria de la falta de legitimación en la causa por
pasiva y pidió la desvinculación formal del Consejo Seccional de la Judicatura del
Caquetá del trámite constitucional.
1.5.2. Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
Por medio de escrito remitido el 20 de marzo de 202611, la entidad vinculada alegó
la falta de legitimación en la causa por pasiva, al señalar que la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial del nivel central no tuvo participación material,
no asumió representación judicial y no profirió la decisión cuestionada en el litigio
originario.
Sostuvo la improcedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales,
afirmando que el fallo del Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Primera de
Decisión, obedeció estrictamente a los principios de autonomía e independencia
judicial y que la providencia no incurrió en causal genérica de procedibilidad,
defecto fáctico o normativo que comprometiera garantías fundamentales.
Finalmente, indicó que la representación procesal de la Rama Judicial
corresponde de manera exclusiva a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Florencia
1.5.3. Fiscalía General de la Nación
Mediante comunicación enviada el 20 de marzo de 202612, la profesional
especializada de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la
Nación alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de dicha
entidad, al no haber expedido las decisiones jurisdiccionales cuestionadas por la
parte actora. Señaló que ello impedía establecer un nexo de causalidad entre sus
actuaciones y la presunta vulneración de derechos fundamentales.
Sostuvo la ausencia de relevancia constitucional del asunto, dado que la acción de
amparo se interpuso con el propósito de reabrir un debate probatorio y legal ya
concluido mediante providencia ejecutoriada, sin evidencia de afectación arbitraria
de prerrogativas fundamentales.
Asimismo, negó la existencia de un defecto fáctico en la providencia atacada, pues
la parte accionante incumplió la carga probatoria y no demostró que el Tribunal
Administrativo de Caquetá, Sala Primera de Decisión desconociera la realidad
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Índice 21 del aplicativo Samai.
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Índice 22 del aplicativo Samai.
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procesal, las reglas de la sana crítica o efectuara una valoración irracional de los
elementos de convicción.
Precisó que dicho tribunal aplicó correctamente la jurisprudencia de unificación al
realizar el juicio de razonabilidad y proporcionalidad frente a la medida de
aseguramiento debatida, concluyendo que la providencia de segunda instancia
proferida por la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá
no vulneró el derecho fundamental al debido proceso.
1.5.4. Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Florencia
La entidad únicamente aportó constancia de la notificación de la acción de tutela
dirigida a los sujetos procesales vinculados al medio de control de reparación
directa objeto de estudio. Dicha actuación se efectuó a través de mensaje de
datos enviado el 18 de marzo de 2026 a los buzones de notificación de los
intervinientes procesales.
1.6. Sentencia de primera instancia
El 4 de junio de 2026, la Sección Cuarta del Consejo de Estado negó las
pretensiones de la acción de tutela.
Fundamentó su decisión en que la autoridad accionada no incurrió en defecto
sustantivo ni desconoció el precedente invocado, pues el tribunal basó su análisis
en el marco jurisprudencial vigente, integrado por las sentencias C-037 de 1996,
SU-072 de 2018 y SU-363 de 2021, para estudiar la responsabilidad estatal bajo
el régimen subjetivo.
Precisó que el régimen objetivo de responsabilidad no resultaba imperativo ni
aplicable, dado que la absolución se produjo por la aplicación del principio in
dubio pro reo y no por causales tasadas como la atipicidad objetiva de la conducta
o la inexistencia del hecho.
Asimismo, descartó la configuración de un defecto fáctico, al explicar que la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá valoró razonable y
conjuntamente el material probatorio conforme a las reglas de la sana crítica,
verificando que la medida de aseguramiento se ajustó al estándar normativo
previsto en la Ley 906 de 2004.
Subrayó que el grado de inferencia razonable exigido para imponer una medida
cautelar de detención preventiva difiere sustancialmente y es probatoriamente
inferior a la certeza requerida en la etapa de juicio para dictar condena. En
consecuencia, el amparo fue negado al no advertirse arbitrariedad en el fallo
censurado.
1.7. Impugnación
Por medio de escrito presentado el 17 de junio de 2026, el tutelante impugnó el
fallo del 4 de junio de 202613 en el que sostuvo que padeció una privación injusta
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Notificada el 10 de junio de 2026.
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de la libertad.
Fundamentó la transgresión de sus derechos fundamentales, ya invocados en la
demanda inicial, en el hecho de que las autoridades judiciales penales utilizaron
su condición de excombatiente de las FARC, grupo al que fue reclutado siendo
menor de edad, como factor de incriminación y único elemento de corroboración
para dictar una medida de aseguramiento intramural.
Expresó que dicha actuación constituyó una revictimización, pues los operadores
jurídicos desconocieron arbitrariamente el acervo probatorio que acreditaba su
reincorporación a la vida civil, entre ellos el restablecimiento de derechos
efectuado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el certificado
expedido por el Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA) y la
conformación de un núcleo familiar y laboral estable.
Manifestó que la providencia judicial de segunda instancia incurrió en un defecto
fáctico, configurado por la indebida valoración y omisión del acervo probatorio.
Señaló la ausencia de justificación probatoria frente a los fines constitucionales,
pues sostuvo que ni la Fiscalía General de la Nación ni la juez de control de
garantías acreditaron la necesidad, razonabilidad y urgencia de la medida de
aseguramiento, omitiendo el deber legal de ponderar los riesgos de fuga,
reiteración delictiva u obstaculización de la justicia, lo que derivó en una privación
desproporcionada de la libertad.
Expuso la ausencia de material sólido y la utilización de indicios no verificados, al
precisar que la decisión se sustentó exclusivamente en una declaración
incriminatoria aislada sin corroboración mediante otros medios de prueba, como
informes de policía judicial o del Ejército Nacional.
Finalmente, reprochó que el juez constitucional de primera instancia consolidó el
defecto al omitir la verificación directa de los audios de la audiencia preliminar del
29 de enero de 2016, limitándose a transcribir los argumentos del tribunal
accionado sin cotejarlos con la realidad material de la prueba.”
1.8. Trámite en segunda instancia
El 7 de julio de 202614, el magistrado ponente de esta decisión manifestó estar
impedido para conocer del asunto de la referencia al invocar la causal prevista en
el numeral 5° del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal 15. Sin embargo,
mediante auto del 14 de julio de 202616, la magistrada Gloria María Gómez
Montoya lo declaró infundado al no encontrar demostrados los supuestos para su
configuración.
14
Índice 4 del aplicativo Samai.
15
ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
(…)
1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente
suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés en la
actuación procesal.
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Índice 10 de Samai.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta sección es competente para conocer de la impugnación presentada por el
señor Fagustino Lozada Calderón contra la providencia dictada por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, el 4 de junio de 2026, según lo previsto en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 201517, así como en el Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019.
2.2. Cuestión previa
Dado que la desvinculación solicitada no fue objeto de estudio por el a quo, la
Sala, en su calidad de juez de segunda instancia, procede a adicionar la decisión
en tal sentido, con el fin de garantizar la congruencia y plenitud del fallo
El Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá, la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación solicitaron su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, pero esto no fue
resuelto por la autoridad de primera instancia.
Sobre el particular, las vinculadas argumentaron que no tuvieron participación,
representación ni injerencia en las providencias judiciales cuestionadas, ya que
los fallos fueron proferidos de manera autónoma por autoridades jurisdiccionales
competentes, razón por la cual no existió nexo de causalidad entre sus
actuaciones u omisiones y la presunta vulneración de derechos fundamentales. Al
carecer de responsabilidad material sobre los hechos debatidos, pidieron su
exclusión definitiva del trámite constitucional.
Al respecto, la sala denegará tales peticiones comoquiera que dichas entidades
fungieron, la Nación - Fiscalía General de la Nación y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial como parte demandadas en el trámite ordinario así que les
asiste interés en el resultado del presente trámite constitucional, por cuanto
pueden verse afectadas con la decisión que se adopte en este asunto.
Sin embargo, se advierte que el Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá
está vinculado únicamente de manera oficiosa, y que el actor de la tutela no
formuló pretensión alguna contra esta Corporación. Por lo anterior, se accederá a
la solicitud de desvinculación del presente trámite
2.3. Problema jurídico
Corresponde a la sala verificar si hay lugar a confirmar, revocar o modificar el fallo
proferido en primera instancia, para lo cual se debe analizar si la Sala Primera de
Decisión del Tribunal Administrativo de Caquetá vulneró los derechos
fundamentales invocados por la parte actora con ocasión de la sentencia proferida
el 23 de septiembre de 2025, que confirmó la sentencia del 1° de septiembre de
2023 proferida por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
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Modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.
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Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Primera de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01425-01
Florencia, que negó las pretensiones del medio de control de reparación directa
promovido en contra la Nación- Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial,
identificado con radicado 18001-33-33-003-2019-00855-00/01.
Para resolver este problema, se analizarán los siguientes aspectos: i) el criterio de
la sección sobre la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales;
ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad y, finalmente, de encontrarse
superados se estudiará, iii) el fondo del reclamo.
2.4. Legitimación en la causa por activa
Sobre el particular, se destaca que el inciso primero del artículo 86 de la
Constitución Política prevé el derecho que tiene toda persona de reclamar ante
los jueces, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos fundamentales cuando estos resulten amenazados o vulnerados,
mediante un procedimiento preferente y sumario.
En concordancia con lo anterior, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991
establece que toda persona que considere trasgredidos sus derechos
fundamentales podrá ejercer la acción descrita:
i) Por el titular de las garantías constitucionales; ii) a través de representante
legal; iii) apoderado judicial; o iv) por medio de la agencia oficiosa cuando el titular
de los derechos fundamentales no esté en condiciones de promover su defensa;
además, contempló que los defensores del pueblo y los personeros municipales
también pueden promover este mecanismo constitucional18.
En relación con la figura de la agencia oficiosa es preciso indicar que se deben
acreditar los siguientes requisitos: i) el agente oficioso debe manifestar que actúa
como tal y ii) debe demostrarse la circunstancia real de que el agenciado, esto es,
el titular del derecho no está en condiciones físicas o mentales para promover su
defensa.
En ese orden de ideas, el juez debe estudiar en cada caso concreto si quien
radica la acción se encuentra legitimado en la causa por activa, pues de no ser
así deberá declararlo en la sentencia y no habrá lugar a analizar el fondo del
asunto.
2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de
2012, unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía respecto a la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y concluyó:
(…) [S]i bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra
providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la
componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004
(Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera
excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
18
Corte Constitucional, Sentencia T-511 de 8 de agosto de 2017, exp. T-6.040.070.
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fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se
hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté
en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
Jurisprudencialmente.
Conforme al anterior precedente, la corporación modificó su criterio sobre la
procedencia de la acción de tutela y, en consecuencia, es necesario estudiar
aquellas que se presenten contra providencia judicial y analizar si se vulnera
algún derecho fundamental, observando al efecto los parámetros fijados hasta el
momento por la jurisprudencia, como expresamente lo indicó la decisión de
unificación.
Así, para la sala ahora es importante precisar bajo qué parámetros se hará ese
estudio, pues la sentencia de unificación se refirió a los «(…) fijados hasta el
momento jurisprudencialmente (…)». En efecto, sabido es que la tutela es un
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 constitucional y, por ende, la procedencia de esta
acción no puede ser ajena a esas características.
La Corte Constitucional se ha referido en forma amplia a unos requisitos
generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, los cuales
dan origen a que se conceda o niegue el derecho al amparo –procedencia
sustantiva– o que impiden efectivamente adentrarnos en el fondo del asunto –
procedencia adjetiva–.
En ese orden, primero se verifica que la solicitud de tutela cumpla unos
presupuestos generales de procedibilidad. Estos requisitos son: i) que sea
relevante constitucionalmente, ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii)
inmediatez, y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios
y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la sección declarará
improcedente el amparo solicitado y no entrará a analizar el fondo del asunto. Por
el contrario, cumplidos esos parámetros corresponderá adentrarse en la materia
objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los
derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la
prosperidad o negación del amparo se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a
la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el
sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.
Cabe reiterar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una
«tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural.
Frente al reproche por la decisión del ad quem de negar la legitimación en la
causa de los familiares del actor, la sala advierte que se indicó que no obra
prueba que acreditara la legitimación en la causa por activa del actor respecto de
ellos. Sobre el punto, se precisa que los afectados con dicha decisión eran los
señores Romerica Calderón Olaya, Javier Lozada Cuellar y Lionor Lozada
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Calderón, sin que resultara posible que el señor Fagustino actuara en su
representación dentro del presente asunto.
Además, no se evidenció que le hubieran conferido poder para actuar en su
nombre ni que se encontraran en incapacidad de defenderse por sí mismos sus
intereses. En consecuencia, la sala declarara la falta de legitimación en la causa
por activa del señor Fagustino Lozada Calderón para representar los intereses de
sus familiares en relación con el cargo analizado.
2.6. Examen de los requisitos: procedencia adjetiva
2.6.1. En lo referente al requisito de relevancia constitucional cabe señalar que la
Corte Constitucional en la sentencia SU-215 de 2022 explicó que, dado que las
sentencias hacen tránsito a cosa juzgada, cuando se presente un mecanismo de
amparo constitucional contra una decisión judicial «[…] el juez de tutela debe
limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia cuestionada señalados
por el accionante, pues tiene vedado adelantar un control oficioso y exhaustivo de
la providencia reprochada».
En ese sentido, el alto tribunal constitucional consideró que la tutela implica un
juicio de validez y no una corrección del fallo objeto de reparo, por lo que no se
puede utilizar este instrumento como una instancia adicional para discutir
cuestiones probatorias o formas de interpretación de las normas que se zanjaron
por el juez natural.
Igualmente, dicha corporación precisó que el requisito de la relevancia
constitucional «protege el carácter subsidiario de la acción de tutela, las
competencias tanto del juez de tutela como del ordinario, y previene que la tutela
se convierta en una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente
legales» y explicó en detalle los criterios que se deben tener en cuenta para
verificar si se supera esta exigencia, los cuales son:
(...) (i) [Q]ue el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la
Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se
justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una vulneración
arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
Visto lo anterior y, como quedó expuesto en los antecedentes de este proveído, la
parte actora cuestiona la providencia del 23 de septiembre de 2025, a través de la
cual se confirmó la decisión que denegó las pretensiones dentro del proceso de
reparación directa adelantado por la parte actora contra la Nación- Fiscalía
General de la Nación y la Rama Judicial, identificado con el radicado 18001-33-33-
003-2019-00855-00/01.
El accionante adujo que el fallo referido incurrió en los defectos fáctico y
sustantivo, así como en un desconocimiento del precedente. En síntesis,
cuestionó que la providencia se basó en un análisis formalista que exigió la prueba
de una «falla del servicio» y omitió la aplicación del régimen objetivo de «daño
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especial», obligatorio ante absoluciones penales. Asimismo, censuró la valoración
probatoria fragmentada y el desconocimiento del precedente jurisprudencial
vinculante que protegía a las víctimas.
Esto por cuanto la providencia aplicó correctamente el régimen subjetivo de
responsabilidad en casos de privación injusta de la libertad y descartó de manera
justificada el régimen objetivo, dado que la absolución penal obedeció al principio
in dubio pro reo. Concluyó, además, que el tribunal efectuó una valoración
probatoria razonable y motivada, por lo que la discrepancia del accionante no
configuró un vicio constitucional.
La parte demandante impugnó la decisión por considerar que el juez de tutela
omitió verificar materialmente los audios de la audiencia de imposición de medida
y se limitó a convalidar los argumentos del tribunal. Reprochó que dicha omisión
toleró un defecto fáctico consistente en una privación de la libertad sin justificación
probatoria sobre su necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
Cuestionó, además, que se mantuviera una decisión sustentada únicamente en
testimonios no corroborados y en su condición de excombatiente, por lo que
solicitó el amparo de sus derechos fundamentales.
Frente al particular, esta sala considera que el accionante no cumplió con la carga
iusfundamental requerida para satisfacer el requisito de la relevancia
constitucional, toda vez que, lejos de demostrar una vulneración a sus garantías
constitucionales, los reproches planteados están dirigidos a variar el raciocinio de
las autoridades accionadas por no estar de acuerdo con lo decidido.
Frente al defecto fáctico el actor consideró que el tribunal realizó una valoración
probatoria fragmentada e inadecuada, y que avaló la medida de aseguramiento
impuesta con base en un testimonio no corroborado y en apreciaciones
discriminatorias, sin que la demandada justificara la necesidad, razonabilidad y
urgencia de la privación de la libertad.
A su vez, aseguró que omitió valorar pruebas documentales que demostraban la
condición de víctima de reclutamiento ilícito del actor y su vinculación a un proceso
formal de restablecimiento de derechos y reincorporación avalado por entidades
estatales.
Al respecto, la sala observa que el señor Lozada Calderón centró su alegato en la
valoración inadecuada del material probatorio que evidenciaba la ilegalidad de la
medida de aseguramiento; al respecto, de la revisión del fallo cuestionado se
encontró que la autoridad demandada, al referirse a las pruebas, se pronunció en
los siguientes términos:
«[…] conforme a la valoración del acervo probatorio, advierte la Sala que la
medida de aseguramiento que en su momento se le impuso al señor Fagustino
Lozada Calderón estaba plenamente amparada en la ley y justificada en los
elementos materiales de prueba, los cuales lo incriminaban como presunto
colaborador del grupo subversivo FARC; Cosa diferente es que, en el transcurso
del proceso, se le hubiere absuelto de los cargos imputados, lo que, no ocurrió al
demostrarse una causal de exoneración de responsabilidad penal sino por no
haberse podido probar la ocurrencia del delito, esto es, in dubio pro reo, la cual no
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está contemplada dentro de los escenarios establecidos por la jurisprudencia
unificada de la Corte Constitucional38 en los que es procedente dar aplicación al
régimen objetivo de responsabilidad estatal: atipicidad de la conducta, inexistencia
del hecho investigado o ausencia de responsabilidad del procesado en las
conductas investigadas
[…]
Se puntualiza, finalmente, que es a la parte actora a la que compete demostrar
probatoriamente la existencia de una falla en el servicio. Y se agrega que en el
presente caso no se cumplió con tal carga, lo que implica que la parte demandante
ha de atenerse a las consecuencias de su inacción».
Como se observa, los reproches formulados por la parte actora no trascienden
más allá de una discrepancia con lo decidido por el juez ordinario. Por el contrario,
lo pretendido consiste en variar el razonamiento adoptado en esa instancia, por lo
que no se evidencia la existencia de un menoscabo a sus garantías
constitucionales y, en consecuencia, no se satisface el requisito de relevancia
constitucional.
Lo mismo sucede con lo esbozado en el cargo por defecto sustantivo, pues lo
requerido se reduce a convertir la acción de tutela en una instancia adicional del
proceso ordinario, con el propósito de reabrir el debate sobre el análisis de
responsabilidad a la falla del servicio y la inaplicación del régimen objetivo de daño
especial por parte del tribunal.
Esto, aun cuando la autoridad señalada expone en la sentencia las razones que
en su criterio sustentan la decisión objeto de reparo, aunque no coincidan con las
expectativas del actor, y en ese sentido se pronunció así:
«En suma, lo antedicho permite concluir que la medida de aseguramiento se
fundamentó en prueba que razonablemente permitía tener por comprometida la
responsabilidad del ciudadano Faguistino Lozada Calderón en el preliminar nivel
de convicción exigido por la ley como presupuesto de la privación de la libertad.
Así, pues, a la luz del primero de los criterios señalados por nuestro ordenamiento
jurídico como aplicables a la determinación de responsabilidad estatal por
privación de la libertad, en el presente caso no se configura la misma, pues la que
se impuso al demandante fue resultado de la razonable aplicación de las normas
que regulaban la adopción de ese tipo de medidas.
Se insiste, si bien se produjo una sentencia absolutoria, esta circunstancia no
implica, siguiendo el derrotero del H. Consejo de Estado, per se, el carácter de
injusto de la privación de la libertad de que fue víctima Faguistino Lozada
Calderón, pues para el momento en que se definió esa situación jurídica,
relacionada con la necesidad de recluirlo en centro carcelario, el Estado contaba
con el respaldo para esa decisión, no se percibía como desproporcionada, injusta
o irracional.
Tal comprobación hace improcedente la prosecución del análisis pues, no
habiendo daño antijurídico no hay posibilidad de declarar responsabilidad de la
administración y menos que la Sala se pronuncie acerca de los demás motivos de
inconformidad propuestos por la parte apelante. Tampoco habría lugar a analizar
el asunto bajo el régimen objetivo daño especial, habida consideración de que se
insiste la libertad del demandante se dio en aplicación del in dubio pro reo y no por
los dos casos deducidos por el Consejo de Estado que resisten este análisis, esto
es, que el hecho no existió o la conducta era objetivamente atípica».
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En ese orden de ideas, se establece que el señalamiento del accionante pretende
demostrar una actuación arbitraria o irracional en el fallo que cerró el proceso de
reparación directa sin que ese disenso permita afirmar, prima facie, la existencia
de una afectación a sus derechos constitucionales.
Adicionalmente. en cuanto al desconocimiento del precedente, esta sala observa
que el mismo carece de relevancia constitucional. Ello obedece a que el actor no
cumplió con la carga argumentativa necesaria para identificar la regla o subregla
contenida en la sentencia invocada.
En efecto, el simple hecho de citar apartes de las providencias mencionadas no
constituye una argumentación idónea, ni satisface la exigencia de demostrar la
relevancia constitucional de la controversia.
Por lo anterior, esta sección concluye que no se acreditaron los criterios
establecidos por la Corte Constitucional en la SU-215 de 2022 para superar el
requisito de relevancia constitucional, pues resulta evidente que la acción de tutela
y los defectos invocados por la parte accionante reflejan únicamente una
inconformidad con lo decidido por los jueces naturales.
En consecuencia, esta sala de decisión revocará la decisión de primera instancia
que negó el amparo solicitado y, en su lugar, declarará improcedente la acción
constitucional, como quiera que no cumple con el requisito de relevancia
constitucional.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA
PRIMERO: Negar la solicitud de desvinculación presentada por la Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial y la Fiscalía General de la Nación, y se
accederá a la solicitud realizada por Consejo Seccional de la Judicatura del
Caquetá conforme a las razones expuestas en la parte considerativa.
SEGUNDO: Declarar la falta de legitimación en la causa por activa del señor
Fagustino Lozada Calderón respecto de los cargos sustentados en la trasgresión
de los derechos fundamentales de los señores Romerica Calderón Olaya, Javier
Lozada Cuellar y Lionor Lozada Calderón
TERCERO: Revocar la sentencia del 4 de junio de 2026 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Cuarta, que negó el amparo solicitado por el señor Fagustino
Lozada Calderón contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo
del Caquetá y, en su lugar, se declara la improcedencia de la acción de tutela por
no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.
CUARTO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
QUINTO: Dentro de los 10 días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
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remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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