Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01428-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01428-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01428-00
Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Bogotá D.C., veintisiete [27] de agosto de dos mil veintiséis [2026]
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01428-00
Demandante: CLAUDIA ANDREA CORREA MURIEL
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A
Temas: Tutela contra providencia judicial – declara la falta de
legitimación en la causa por activa.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala, en primera instancia, la acción de tutela de la referencia de
conformidad con los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por los
Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, y los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2024
de la Sala Plena de esta corporación.
1. ANTECEDENTES
1.1. La petición de amparo
La señora Claudia Andrea Correa Muriel, actuando en nombre propio, presentó
acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en
procura de obtener la protección de sus derechos fundamentales al mínimo vital y
a la dignidad humana.
La violación de sus garantías constitucionales la adjudicó al auto proferido el 12 de
febrero de 2026, mediante el cual se decretó la medida cautelar de suspensión
provisional de los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, por medio
del cual se fijó el salario mínimo legal mensual vigente, en adelante SMLMV, para
el año 20261.
1.2. Pretensiones
Con base en lo anterior, la parte accionante solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y pidió:
1
En el proceso de simple nulidad identificado con el radicado 11001-03-25-000-2026-00004-00
(principal).
Demandante: Claudia Andrea Correa Muriel
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01428-00
PRIMERO: Se ampare mi derecho fundamental al Mínimo Vital en conexidad con la
Dignidad Humana, la Educación y la Protección de la Familia.
SEGUNDO: Se ordene la suspensión inmediata de los efectos de la decisión del
Consejo de Estado en la fecha del 13 de febrero del 2026, por incurrir en un defecto
fáctico al no considerar la desestabilización económica total de mi hogar.
TERCERO: Se ordene el restablecimiento de mis derechos que sigan pagando mi
sueldo del mínimo vital que corresponde al valor completo de $2.000.000, que no
tumben el decreto, para garantizar que pueda seguir cubriendo el arriendo, la salud de
mi pareja y mis estudios.2.
1.3. Hechos
La parte actora indicó lo siguiente:
HECHOS Con el tumbar el salario mínimo vital expedido por el presidente el 29 de
diciembre del 2025 decreto 1469 de 2025 vulnera mis derechos a la vida digna, decretó
que fue suspendido por el consejo de estado por la segunda instancia.
LA DECISIÓN: "El día 13 de febrero del 2026 el consejo de estado segunda instancia
decidió suspender el decreto 1469 del 29 de diciembre del 2025 por unas demandas
realizadas al mismo decreto con el aumento del salario mínimo vital. el Consejo de
Estado dictó sentencia mediante la cual decidió pedir al gobierno expedir otro decreto
en 8 días, ya que argumentan los demandantes que el salario mínimo no debe subir
más de la tasa de inflación más el IPC, ósea no más del 6%, sin tomar en cuenta que
ante la constitución del 1991 se encuentra plasmado la importancia de un mínimo vital
como el que tomo en cuenta el presidente al expedir este decreto3.
1.4. Sustento de la vulneración
Al respecto, manifestó que la referida suspensión le generó afectaciones, porque
es la principal fuente de ingresos de su hogar. Relató que no tiene vivienda propia
y que se encuentra financiando sus estudios. Por ende, explicó que necesita el
pago de su salario conforme fue estipulado en el Decreto 1469 de 2025.
Afirmó que el auto proferido el 12 de febrero de 2026, mediante el cual se decretó
la medida cautelar de suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 del
29 de diciembre de 2025, por medio del cual se fijó el SMLMV para el año 20264,
desconoció el precedente constitucional, sin precisar sentencia alguna, porque
«omitió valorar mi situación de sujeto de especial protección por ser cabeza de
familia en condiciones de vulnerabilidad, desconociendo que el mínimo vital debe
prevalecer sobre interpretaciones restrictivas de la ley».
2
Transcripción del texto original que puede contener errores. Al respecto, nótese que la fecha
plasmada por el tutelante fue la del día 13 siendo la correcta el día 12.
3
Las citas contenidas en este numeral fueron extraídas del texto original y puede contener posibles
errores.
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En el proceso de simple nulidad identificado con el radicado 11001-03-25-000-2026-00004-00
(principal).
2
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Demandante: Claudia Andrea Correa Muriel
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01428-00
1.5. Trámite de la acción
1.5.1. El expediente le correspondió inicialmente al Consejo de Estado, Sección
Cuarta, que mediante auto del 4 de marzo de 2026 remitió el proceso de la
referencia a la Sección Quinta, magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, para que
decidiera sobre la posible acumulación al expediente 11001-03-15-000-2026-
01119-00 quien, a su vez, con auto de 9 de julio de 2026 envió al despacho ponente
las diligencias tras advertir un conocimiento previo del asunto, tanto así que, ya se
profirió sentencia el pasado 11 de junio.
1.5.2. Mediante auto de 24 de julio de 2026, el magistrado ponente avocó
conocimiento y admitió la solicitud de amparo; en consecuencia, resolvió notificar
esa providencia por el medio más expedito y eficaz al Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección A como autoridad accionada y a la Nación, Ministerio del
Trabajo, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Departamento Administrativo
de la Presidencia de la República (demandados del proceso de nulidad simple)
como terceros con interés.
1.5.3. Con escrito de 24 de agosto de 2026, el magistrado Omar Joaquín Barrero
Suárez manifestó impedimento para conocer y tramitar el presente asunto tras
considerar que podría estar incurso en la causal prevista en el numeral 5º5 del
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Dicho impedimento fue declarado
infundado en auto de 27 de agosto de 2026.
1.6. Intervenciones
Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:
1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
En escrito suscrito por el magistrado ponente de la providencia cuestionada, se
solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por activa, ya que la accionante
no ostenta la calidad de parte ni de tercero interviniente en el proceso contencioso
administrativo en el cual se profirió el auto de medida cautelar reprochado.
Adicionalmente, precisó que el objeto de la acción constitucional «perdió actualidad,
pues mediante auto de 9 de julio de 2026, la Sala Plena de la Sección Segunda del
Consejo de Estado resolvió revocar la providencia aquí enjuiciada, negar la
suspensión provisional del Decreto 1469 de 2025 y dejar sin efectos la medida
cautelar innominada que igualmente había sido decretada».
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5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o
perjudicado y el funcionario judicial.
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Demandante: Claudia Andrea Correa Muriel
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
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1.6.2. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República - DAPRE
Afirmó que carece de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que la acción
de tutela se dirige contra una providencia judicial dictada por la Sección Segunda,
Subsección A del Consejo de Estado, proferida dentro de un medio de control de
nulidad simple en el cual solo se le vinculó como un tercero interesado, aunado a
que la tutelante no manifestó que dicho departamento administrativo haya producido
la afectación alegada ni formuló una pretensión que esté jurídicamente habilitado a
satisfacer.
De otra parte, recalcó que la discusión sobre la legalidad del Decreto 1469 de 2025
y la medida cautelar que recayó sobre este se encuentra sometida al juez natural
dentro del proceso contencioso-administrativo dentro del cual la accionante no es
parte.
Finalmente, explicó que, a su juicio, la acción de tutela no cumple con la carga
argumentativa, ya que no alegó un defecto ni explicó por qué la decisión
cuestionada configuraría una afectación iusfundamental desproporcionada.
1.6.3. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
A través del coordinador del Grupo de Acciones de Tutela de la Subdirección
Jurídica de la entidad allegó informe en el que pidió declarar la falta de legitimación
en la causa por pasiva, porque no le asiste responsabilidad alguna frente a las
pretensiones que se plantean en la solicitud de amparo.
Explicó que la acción de tutela se dirigió contra una providencia judicial dictada por
la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado y que esa cartera
ministerial «no está facultada para controvertir las actuaciones judiciales y en virtud
del principio de autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de discreción
al momento de motivar sus decisiones teniendo de presente que la rama judicial es
un ente autónomo e independiente».
Finalmente, hizo hincapié en que, dentro del proceso de nulidad simple se dictó el
auto de 9 de julio de 2026, en el cual se resolvió revocar la providencia cuestionada,
entonces, «ha quedado plenamente ratificada la legalidad y validez del Decreto
1469 de 2025».
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por la señora Claudia Andrea Correa Muriel contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, de conformidad con lo establecido en los
Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, este último modificado por los Decretos
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Demandante: Claudia Andrea Correa Muriel
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01428-00
333 de 2021 y, los Acuerdos 080 de 2019 y 434 de 2014 de la Sala Plena de esta
corporación.
2.2. Cuestión previa – solicitudes de desvinculación
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público pidieron su desvinculación de la presente acción por
falta de legitimación en la causa por pasiva. Dichas solicitudes serán negadas, en
atención a que su comparecencia es en calidad de terceros dado el interés que les
asiste, pues fungen como parte en el proceso de nulidad simple donde se dictó la
providencia aquí cuestionada.
2.3. Problema jurídico
Corresponde a esta Sección determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales deprecados por la parte accionante, los cuales consideró vulnerados
por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, al proferir el auto del
12 de febrero de 2026, mediante el cual se decretó la medida cautelar de suspensión
provisional de los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025, por medio
del cual se fijó el SMLMV para el año 2026, al interior del proceso de nulidad simple
11001-03-25-000-2026-00004-00 (principal).
Para resolver este problema, se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, (ii) la legitimación en
la causa por activa en la acción de tutela y, de encontrarse acreditada se analizarán
(iii) los demás requisitos de procedibilidad; y (iv) el caso concreto.
2.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20126,
unificó la diversidad de criterios que la corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones
y la misma instancia habían adoptado posturas diversas sobre el tema7.
Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales8.
6
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de tutela
• Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. Magistrada Ponente: María Elizabeth
García González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
8
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
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Demandante: Claudia Andrea Correa Muriel
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01428-00
Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los «fijados hasta el
momento jurisprudencialmente».
Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo decidió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.
Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.4.1. Análisis del presupuesto de la legitimación en la causa
La solicitud de amparo no cumple con el requisito de legitimación en la causa, como
pasa a explicarse.
El Consejo de Estado10 y la Corte Constitucional11 han condicionado la procedencia
de las acciones de tutela contra providencias judiciales al cumplimiento de ciertos
requisitos generales12 y a la configuración de algún defecto especial13 en el que
puede incurrir una autoridad judicial. De no observarse el cumplimiento de uno de
estos presupuestos, se declara improcedente la solicitud de amparo, sin que se
analice el fondo del asunto.
El presupuesto de la legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien
promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como
fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el
accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas
(pasiva).
En efecto, en relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10 del
Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela puede ser presentada por
cualquier persona que encuentre vulnerados sus derechos fundamentales, bien sea
9
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. actor: Alpina
Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de
Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P.
Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
11
Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023;
SU-388 de 2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
12
(i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii)subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v)
efecto decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores
del derecho; y (vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una
sentencia de control abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o
nulidad por inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación
del Tribunal Especial para la Paz.
13
(i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o
sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente
judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.
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Demandante: Claudia Andrea Correa Muriel
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por sí misma o a través de representante legal, apoderado judicial o, incluso, a
través de la figura de la agencia oficiosa. Al respecto, la Corte Constitucional
manifestó, desde la sentencia T-416 de 1997, que esta prerrogativa «constituye un
presupuesto de la sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad
subjetiva de las partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso».
En este mismo sentido, en sentencia T-552 de 2006, la Corte señaló que el
ordenamiento jurídico colombiano prevé cuatro posibilidades para la legitimación en
promoción de la acción de tutela: (i) su ejercicio directo; (ii) su ejercicio por medio
de representantes legales, en caso de menores de edad, incapaces absolutos,
interdictos y personas jurídicas; (iii) el ejercicio por medio de apoderado judicial,
caso en el que el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado y el
escrito debe contar con poder especial para el asunto; y (iv) por medio de agente
oficioso.
De conformidad con lo expuesto con antelación, la señora Claudia Andrea Correa
Muriel cuestiona el auto del 12 de febrero de 2026, mediante el cual la Subsección
A de la Sección Segunda de la Corporación decretó la medida cautelar de
suspensión provisional de los efectos del Decreto 1469 del 29 de diciembre de 2025,
por medio del cual se fijó el SMLMV para el año 2026, al interior del proceso de
nulidad simple 11001-03-25-000-2026-00004-00 (principal).
De la revisión del expediente y del material probatorio allegado, se concluye que la
interesada no ha sido sujeto procesal en el medio de control de nulidad simple y
tampoco ha solicitado ser reconocida como coadyuvante, tercero con interés, ni ha
intervenido de forma alguna en el proceso judicial en el que se dictó la providencia
cuestionada.
En este orden de ideas, se advierte que la accionante no está legitimada en la causa
por activa para promover la presente acción de tutela contra el auto dictado por la
autoridad judicial acusada. Como se afirmó previamente, este requisito consiste en
verificar que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que
se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen vulnerados. Dado
que, en litigios en los que la transgresión alegada se predique de una providencia
judicial, la titularidad de los derechos fundamentales está en cabeza, en principio,
de los sujetos procesales, coadyuvantes e intervinientes del trámite respectivo, es
necesario concluir que la señora Claudia Andrea Correa Muriel no está legitimada
en la causa por activa para promover la presente acción constitucional.
Finalmente, ante el argumento de la tutelante referido a que la providencia judicial
cuestionada le generó afectaciones a su mínimo vital porque su salario es la
principal fuente de ingresos en su hogar y se encuentra financiando sus estudios,
es oportuno recordar que, incluso, el entonces auto acusado había incluido una
medida cautelar innominada mediante la cual aseguró la fijación de un porcentaje
transitorio de aumento y así mitigó de forma directa cualquier riesgo de
congelamiento de los ingresos o de pérdida absoluta del poder adquisitivo. En
síntesis, la Sección no evidencia que la actora se hubiese encontrado en un estado
7
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de desprotección absoluta.
Con base en todo lo expuesto, la Sala declarará la improcedencia de la solicitud de
amparo, al no encontrar acreditado el presupuesto de la legitimación en la causa
por activa de la accionante, pues admitir que cualquier ciudadano pueda impugnar
vía tutela una decisión judicial dentro de un proceso del cual no es parte,
desnaturalizaría las competencias judiciales y terminaría desbordando la
jurisdicción constitucional al obligarla a dirimir controversias estrictamente legales
que ya están siendo ventiladas de forma idónea ante el juez natural.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo, al no encontrar
acreditado el presupuesto de la legitimación en la causa por activa de la señora
Claudia Andrea Correa Muriel para promoverla frente al auto del 12 de febrero de
2026, dictado por la Subsección A de la Sección Segunda de la Corporación, que
decretó la medida cautelar de suspensión provisional del Decreto 1469 del 29 de
diciembre de 2025, por medio del cual se fijó el salario mínimo legal mensual vigente
para el año 2026, al interior del proceso de nulidad simple 11001-03-25-000-2026-
00004-00 (principal).
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma prevista
en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En caso de que no sea impugnada esta providencia, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión al día siguiente de su
ejecutoria.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
Con salvamento de voto
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01428-00
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
9
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