Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01429-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01429-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-01429-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026).
Acción: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01429-00
Accionante: OCTAVIO LEITON1
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
Tema: Tutela contra providencia judicial — declara improcedencia
por falta de relevancia constitucional y subsidiariedad.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Esta Sala es competente para asumir el conocimiento de la acción de tutela
presentada por la parte actora en contra del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C. Lo anterior, de conformidad
con lo dispuesto por el Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el Decreto
1069 de 2015, modificado por los Decretos 333 de 2021 y 799 de 2025, así como
el Acuerdo 080 de 20192 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
Por auto del 27 de febrero del 2026 se admitió la solicitud de amparo de la
referencia3.
I. ANTECEDENTES
1.1. Tutela
1. El 20 de febrero del 2026, el señor Octavio Leiton, actuando a través de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Subsección C de la
Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Con la solicitud
de amparo pretende la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, al trabajo y «[a
la] primacía de la realidad sobre las formas».
2. Las anteriores garantías las estimó vulneradas con ocasión de la sentencia
proferida el 12 de noviembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
1 Si bien en Samai se indica que el actor es el señor Diego Alexander Lozano Guzmán, él es el apoderado
del señor Octavio Leiton. Por tanto, se ordenará a Secretaría General del Consejo de Estado que corrija la
parte actora en el sistema SAMAI.
2 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
3 Índice 4 de Samai. Al respecto, resulta oportuno precisar que se notificó como accionada a la Subsección
C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y se dispuso la vinculación del
Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, de la Universidad Nacional de Colombia y
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, esta última en los términos del artículo 610 del
Código General del Proceso.
1
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Accionante: Octavio Leiton
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01429-00
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 11001-33-35-015-2023-
00065-00/01. Mediante dicha providencia se confirmó parcialmente y se modificó
la decisión de primera instancia proferida por el Juzgado Quince Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
3. En concreto, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
• Tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la
administración de justicia, igualdad y trabajo del señor Octavio Leiton.
• Dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca por defecto sustantivo y desconocimiento
del precedente.
• Ordenar al juez natural dictar nueva sentencia que: (i) distinga caducidad
(art. 164 CPACA) de prescripción (3 años para prestaciones); (ii) reconozca
la imprescriptibilidad de aportes pensionales y su no sujeción a caducidad; y
(iii) aplique la primacía de la realidad y el precedente constitucional,
contencioso y laboral reseñado. En consecuencia, se confirme la sentencia
de primera instancia4.
1.2. Hechos
4. El señor Octavio Leiton estuvo vinculado como contratista de la
Universidad Nacional de Colombia desde el 22 de diciembre del 2003 hasta el 31
de enero del 2022, a través de varios contratos de prestación de servicios.
5. El 28 de enero del 2022, le solicitó a la Universidad Nacional de Colombia
el reconocimiento y pago de cesantías, intereses a las cesantías, prima de
servicios, vacaciones y la sanción por la no consignación de las cesantías. Esto
se le negó mediante acto administrativo del 22 de febrero del mismo año dado
que no tenía contrato laboral.
6. El 18 de noviembre del 2022, presentó una nueva solicitud ante la
Universidad Nacional de Colombia, pidiendo que se reconociera la existencia de
la relación laboral, reiteró el pago de las anteriores prestaciones y agregó que se
le reconociera la prima de vacaciones, la compensación de las vacaciones
causadas, prima de servicios, prima de navidad, bonificaciones por servicios
prestados, auxilio de transporte, auxilio de alimentación, indemnización legal y
extralegal por despido injusto, devolución del importe pagado por salud, pensión
y riesgos profesionales, sanción por mora e indemnización contenida en el
artículo 2 de la Ley 244 de 19955. Esta petición también le fue negada el 12 de
diciembre del 2022.
7. En virtud de lo anterior, el 23 de febrero del 2023, el accionante promovió
el medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho en contra de la
4 Transcripción literal del escrito de tutea que puede contener errores.
5 Extraído de la sentencia de segunda instancia del proceso ordinario. Ver en Samai, Índice 002.
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Universidad Nacional de Colombia con el fin de que se reconociera la relación
laboral encubierta y se le pagara lo respectivo.
8. En primera instancia, conoció el Juzgado Quince Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá, el cual, mediante sentencia del 26 de agosto del
2024, declaró probada la excepción de prescripción frente al periodo
comprendido del 22 de diciembre del 2003 hasta el 19 de junio del 2010; declaró
la nulidad parcial de los actos administrativos a través de los cuales le fueron
negadas sus solicitudes, ordenó el pago de las prestaciones sociales
devengadas desde el 13 de septiembre del 2010 hasta el 31 de enero del 2022
y negó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales y primas legales
pactadas en convención colectiva y la indemnización pretendida.
9. La Universidad Nacional de Colombia apeló la decisión. El Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, a través de
sentencia del 12 de noviembre del 2025, confirmó parcialmente y modificó la
providencia en el sentido de declarar la caducidad del medio de control respecto
de la pretensión de declarar la existencia de una relación laboral encubierta, dado
que esta se debía contar desde la respuesta a la primera solicitud– 22 de febrero
del 2022–, ya que la segunda pretendía revivir términos. Sin perjuicio de lo
anterior, ordenó que se le reconocieran los aportes a pensión en tanto sí existió
una relación laboral y estos son imprescriptibles.
1.3. Sustento de la vulneración
10. El actor afirmó que la providencia cuestionada incurrió en los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente. Ambos apuntan a discutir que
existe una falta de congruencia interna porque el tribunal declaró la caducidad
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y, posteriormente,
constató que existió una verdadera relación laboral y, pese a ello, negó el pago
de prestaciones sociales, pues solo reconoció los aportes a pensión.
11. De manera particular, el accionante señaló que la sentencia cuestionada
incurrió en un defecto sustantivo porque se aplicó de manera irrazonable la
caducidad del medio de control establecido en el artículo 164 de la Ley 1437 de
2011. Para el actor, la demanda se interpuso en el año siguiente a la expedición
de los actos administrativos que negaron sus solicitudes. Agregó que la
caducidad exige que exista un acto administrativo definitivo que decida lo pedido
y que, en contrato realidad, el vínculo debe definirse por el juez y no por la
administración, pues la última no tiene competencia para ello. Por esta razón, al
no existir acto administrativo que decida sobre si se configuró o no la relación
laboral, no hay punto de partida para contar la caducidad frente al contrato
realidad.
12. Sostuvo que la sentencia incurrió en una «incompatibilidad lógica» y en
una «contradicción insalvable del fallo» porque se declaró la caducidad y,
posteriormente, se analizó que se configuró el contrato realidad y negó el
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restablecimiento del derecho. Por esta razón, al haberse declarado la caducidad,
no podía entrar a analizar el fondo del asunto para reconocer el contrato realidad
y la providencia cuestionada hace ambas cosas. Por tanto, «vulnera el debido
proceso, la coherencia interna y el precedente que ordena resolver por
prescripción trienal las prestaciones —y reconocer como imprescriptibles los
aportes— una vez verificado el contrato realidad» ya que, si hay caducidad, no
se puede estudiar el fondo del asunto y, verbigracia, si no hay caducidad, debe
decidirse de fondo el asunto; así, «reconocer la realidad laboral y negar el
restablecimiento por caducidad es jurídicamente imposible».
13. También afirmó que la providencia cuestionada incurrió en
desconocimiento del precedente «y primacía de la realidad» de las siguientes
sentencias:
(i) C-154/97, C-614/09, C-171/12, T-366/23, T-171/24, T-045/25 y
T-090/25 de la Corte Constitucional porque cuando se acreditan los
elementos del contrato realidad, se deben garantizar los derechos
derivados de ello, no bloquearlos por barreras formales.
(ii) «CE-SUJ2-005-16; desarrollos 2019–2023; aclaración 2025» del
Consejo de Estado. Frente a ello, indicó «prescripción trienal de
prestaciones; aportes pensionales imprescriptibles; interrupciones se
examinan por períodos; prescripción se resuelve en sentencia; la regla
de “30 días” solo opera después de declarado el contrato realidad y
para cómputo prescriptivo; en las ordines de prestación de servicios
solo procede cuando la labor no es misional o exige especialidad».
(iii) SL828-2024 y SL1174-2022 de la Corte Suprema de Justicia porque la
carga de desvirtuar la subordinación recae sobre la entidad contratante
y la tercerización no elimina la naturaleza laboral siempre que la
subordinación y permanencia se acrediten.
14. Agregó que, una vez fue reconocida la relación laboral, se debía garantizar
el restablecimiento de derecho dado que no existe jurisprudencia de la Corte
Constitucional que avale que la «constatación del vínculo conviva con la negación
del restablecimiento por caducidad». Por ello, la decisión del tribunal accionado
carece de «coherencia decisional como garantía mínima» al ser internamente
contradictoria.
1.4. Intervenciones
15. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C solicitó que se niegue el amparo en tanto se advierte de la
solicitud de amparo una mera inconformidad con la decisión proferida y se
pretende reabrir el debate ya zanjado utilizando la tutela como una tercera
instancia.
16. El Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
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rindió informe en el que explicó brevemente los antecedentes del caso y sostuvo
que se le garantizó el debido proceso, que la sentencia se profirió con base en la
normatividad y jurisprudencia aplicable al caso y que se concedió debidamente
el recurso de apelación interpuesto contra la misma.
17. La Universidad Nacional de Colombia solicitó su desvinculación al no
tener legitimación en la causa por pasiva. Agregó que la tutela es improcedente
porque se pretende utilizarla como una tercera instancia al evidenciarse una
inconformidad con la sentencia adoptada. Señaló que no se indicó ni demostró
la relevancia constitucional del asunto; que si bien refiere que se incurrió en un
defecto sustantivo porque el análisis debió basarse en el estudio de la
prescripción de las prestaciones sociales y no en la caducidad, no se identificó la
norma en la que basa su argumento; afirmó que el actor confundió la caducidad
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con la prescripción
de las prestaciones sociales y que la providencia está debidamente
fundamentada.
II. CONSIDERACIONES
18. La Sala declarará la improcedencia de la acción constitucional presentada
por el señor Octavio Leiton. En tal sentido, se demostrará que en el asunto no se
supera el requisito general de la relevancia constitucional, ni el de la
subsidiariedad.
2.1. Caso concreto
La solicitud de amparo no cumple con los requisitos generales de
procedencia de tutela contra providencias judiciales
19. El Consejo de Estado6 y la Corte Constitucional7 han condicionado la
procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales al
cumplimiento de ciertos requisitos generales8 y a la configuración de algún
defecto especial9 en el que puede incurrir una autoridad judicial. Por tanto, previo
a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configuran los defectos
invocados, la Sala determinará si se superan los presupuestos generales de
procedencia.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P.
María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01; y, Consejo de Estado, Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de 2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez,
Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
7 Al respecto, ver las siguientes sentencias: SU-111 de 2025; SU-439 de 2024; SU-316 de 2023; SU-388 de
2021; T-461 de 2021; SU-379 de 2019; T-511 de 2017 y C-590 de 2005.
8 (i) Legitimación en la causa; (ii) relevancia constitucional; (iii) subsidiariedad; (iv) inmediatez; (v) efecto
decisivo de la irregularidad procesal; (vi) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho; y
(vii) que la acción de tutela no se dirija contra un fallo de la misma naturaleza, una sentencia de control
abstracto de constitucionalidad (v.gr., acción pública de inconstitucionalidad o nulidad por
inconstitucionalidad) o una sentencia interpretativa proferida por la Sección de Apelación del Tribunal
Especial para la Paz.
9 (i) Defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o
sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y
(viii) violación directa de la Constitución.
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20. De no observarse el cumplimiento de uno de estos requisitos, se torna
improcedente la solicitud de amparo, sin que se analice el fondo del asunto.
Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se configura uno
o más de los defectos especiales de procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial.
21. En este orden, la Sección pasará a estudiar los requisitos generales de
procedencia referidos, en el caso sub examine.
22. Legitimación en la causa. Este presupuesto consiste, de una parte, en
que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se
invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa) y, de otra,
en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y
controvertirse estas (pasiva).
23. La Sala advierte que el señor Octavio Leiton está legitimado en la causa
por activa porque fue la parte demandante dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho en el que se dictó la providencia que se reprocha
mediante esta acción constitucional. Por otro lado, se evidencia que la
Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca está legitimado en la causa por pasiva por haber proferido la
decisión controvertida dentro del trámite objeto de la litis.
24. Además, se avizora que la Universidad Nacional de Colombia solicitó
su desvinculación por no tener legitimación en la causa por pasiva. La Sala
negará ello, ya que su vinculación se debe al interés que le asiste por haber
participado como parte demandada en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho en que se dictó la providencia.
25. Relevancia constitucional. De conformidad con lo establecido por la
Corte Constitucional10, la acreditación de este requisito implica verificar: (i) que el
actor cumpla con la carga argumentativa que vislumbre la vulneración de sus
derechos fundamentales, ya que no basta con la enunciación de estos; (ii) que el
debate propuesto no sea exclusivamente legal, pues este trámite no está
dispuesto para resolver las inconformidades del actor frente a la decisión judicial;
y, (iii) que no se trate de asuntos puramente económicos en los que no se
evidencie tensión alguna entre la providencia reprochada y las garantías
constitucionales. Lo anterior, teniendo en cuenta que el presente mecanismo se
desnaturaliza cuando se pretende reabrir los debates jurídicos zanjados por el
juez ordinario de la causa, como si de una instancia adicional se tratase.
26. Como se expuso previamente, a juicio de la parte tutelante, la Subsección
C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió
en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente al haberse
10 Sentencia SU-215 de 2022.
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declarado la caducidad de la acción y, de todas formas, analizar los presupuestos
de la relación laboral encubierta y solo reconocer el pago de aportes pensionales.
27. Con fundamento en lo expuesto, se advierte que la acción de tutela no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, puesto que la parte actora
presentó argumentos tendientes a buscar una instancia adicional del proceso y,
con ello, reabrir la discusión legal zanjada y decidida por el juez natural de la
causa.
28. Lo anterior, debido a que los argumentos planteados en la solicitud de
amparo están dirigidos a mostrar una inconformidad con la sentencia del ad
quem, en la cual se explicó por qué en su caso, a pesar de haber operado la
caducidad, se debía analizar si se configuró o no una verdadera relación laboral
con la Universidad Nacional de Colombia a efectos de determinar si era
procedente reconocerle el pago de aportes a pensión, los cuales son
imprescriptibles y, por ende, no están afectados por la caducidad, como se
observa:
Cuestión previa
[…] En ese orden de ideas, se concluye que el acto administrativo que debe
tenerse en cuenta para efectos del cómputo del término de caducidad es el
proferido el 22 de febrero de 2022, mediante el cual se resolvió la primera
reclamación administrativa presentada por la parte actora. Lo anterior, por
cuanto la segunda solicitud, radicada el 18 de noviembre de 2022, constituye
un intento de revivir términos ya vencidos, lo cual resulta jurídicamente
improcedente. Además, si bien en la primera reclamación no se solicitó
expresamente el reconocimiento de la relación laboral, las prestaciones
sociales reclamadas son consecuencia necesaria de dicha declaratoria, de
modo que su análisis implicaba, de forma implícita, pronunciarse sobre la
existencia o no de una relación laboral. […]. Para efectos del cómputo del
término de caducidad, el conteo inicia a partir del día hábil siguiente a su
fecha de su expedición, esto es desde el 23 de febrero de 2022 y como la
demanda fue radicada el 23 de febrero de 2023, se tiene que se configuró el
fenómeno jurídico de la caducidad.
[…] Problema Jurídico.
De conformidad con los planteamientos expuestos en el recurso de
apelación, corresponde a esta Sala establecer si, en el caso concreto,
se configuró una relación laboral entre el demandante y la entidad
demandada, a partir de la desnaturalización de los contratos de prestación
de servicios suscritos. En particular, se debe analizar si se acreditó el
elemento de la subordinación como característica esencial del vínculo
laboral, frente a la posible insuficiencia de medios probatorios que
demuestren su existencia de manera clara y contundente. Lo anterior,
independientemente de que se haya configurado el fenómeno jurídico
de la caducidad de la acción, habida cuenta de que dentro de las
pretensiones formuladas se incluye el reconocimiento de los
porcentajes de cotización correspondientes a los aportes al sistema de
pensiones, derecho de naturaleza imprescriptible cuyo estudio resulta
procedente aun ante la configuración de la caducidad. (Negrillas
añadidas).
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29. Adicionalmente, argumentó que se desconoció el precedente, pero no
indicó ni la similitud fáctica y jurídica entre dichos casos respecto al suyo, ni por
qué la autoridad judicial accionada estaba obligada a aplicarla. De allí que sea
evidente la falta de carga argumentativa de este cargo, pues se limitó a señalar
las sentencias.
30. En ese orden, se evidencia que el accionante más allá de proponer un
debate que dé cuenta de la posible vulneración de una garantía constitucional,
en realidad, expone su discrepancia con lo decidido por el tribunal accionado.
31. Finalmente, se recuerda que formular un simple desacuerdo con una
decisión judicial y, sumado a ello, alegar la vulneración de unos derechos
fundamentales, no conlleva que el asunto puesto en conocimiento cumpla con el
presupuesto bajo estudio dado que, se requiere que en el escrito inicial medie un
ejercicio argumentativo que permita entrever que la controversia gira en torno al
alcance, contenido o goce de una garantía ius fundamental.
32. Subsidiariedad. El artículo 86 de la Constitución Política consagró el
carácter subsidiario de la acción de tutela frente a los medios ordinarios de
defensa. En virtud de dicho requisito, la Corte Constitucional ha determinado que
la acción de tutela solo procede en dos casos excepcionales: i) como mecanismo
de protección definitivo, si el afectado no dispone de otro medio de defensa
judicial idóneo y eficaz, y, ii) como mecanismo de protección transitorio.
33. Para la Sala, en este caso tampoco se acredita el requisito de
subsidiariedad, comoquiera que el fundamento de los defectos sustantivo y
desconocimiento de precedente sí se enmarcan en al menos una de las causales
de procedencia del recurso extraordinario de revisión. En particular, la contenida
en el artículo 250.5 del CPACA: «Existir nulidad originada en la sentencia que
puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación».
34. Al respecto, el Consejo de Estado ha indicado que la vulneración del
principio de congruencia da lugar a la configuración de la referida causal, pues
ello constituye un «vicio grave o insanable que afect[a] [la] validez» de la
sentencia. En efecto:
[...] [la] nulidad originada en la sentencia, se configura, entre otras razones,
cuando al demandado se le condena por cantidad superior, o por objeto
distinto del pretendido en la demanda o por causa diferente a la invocada en
la misma.
Circunstancia que también puede encuadrarse en la causal de falta de
competencia, en este caso, cuando el juez se pronuncia por fuera de los
límites impuestos en la causa petendi.
[…] la causal de revisión contenida en el numeral 5° del artículo 250 del
CPACA […] es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede configurar
cuando el fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o
la externa, pues en uno y en otro caso, el fallador incurre en una clara
violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la
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providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias
de cada juicio, en específico, la falta de competencia del juez para abordar
asuntos frente a los cuales no se podía pronunciar11.
35. En tales términos, como se dijo anteriormente, ambos reproches
formulados por el actor también podrían ser alegados en la causal previamente
analizada. Esto, por cuanto, con independencia de que haya alegado la
configuración de los defectos sustantivo y desconocimiento de precedente,
ambos yerros parten de la misma premisa: la falta de congruencia interna de la
sentencia cuestionada al haber declarado la caducidad y, posteriormente,
determinar que se configuraron los presupuestos del contrato laboral y sólo
reconocer el pago de aportes a pensión. Para el actor, lo procedente era estudiar
la prescripción de las prestaciones sociales, y no la caducidad.
36. Así las cosas, es innegable que todos esos cargos aluden a una posible
incongruencia de la sentencia en el caso sub examine. Por tanto, el medio para
proponer dicho reparo es el recurso extraordinario de revisión y, en
consecuencia, debe ser el juez de revisión quien determine si este procede o no.
Máxime cuando en este caso no se advierte la posible configuración de un
perjuicio irremediable.
37. Por lo anterior, es claro que el señor Octavio Leiton cuenta con otros
medios judiciales idóneos y eficaces para obtener la protección de sus derechos
fundamentales.
2.2. Conclusión
38. Así las cosas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela de
la referencia por no superar los requisitos de relevancia constitucional y
subsidiariedad.
39. Finalmente, se ordenará a la Secretaría General de esta Corporación que
ajuste en SAMAI el nombre de la parte tutelante, en tanto aparece como tal señor
Diego Alexander Lozano Guzmán y lo correcto es Octavio Leiton, dado que el
primero es el apoderado del actor.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta
por el señor Octavio Leiton.
11 Consejo de Estado, Sala 25 Especial de Decisión. Sentencia del 28 de junio de 2021. Radicado núm.:
11001-03-15-000-2020-03697-00. M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
9
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Sección Segunda, Subsección C
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01429-00
SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva, presentada por la Universidad Nacional de Colombia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros vinculados en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: ORDENAR a la Secretaría General del Consejo de Estado que, de
manera inmediata, ajuste el nombre de la parte tutelante de Diego Alexander
Lozano Guzmán a Octavio Leiton en el sitio web SAMAI, en tanto el primero es
el apoderado del segundo.
QUINTO: De no ser impugnada esta providencia dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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