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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01430-00

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01430-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo, para conocer la acción de tutela de la referencia, por las expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. SEPARAR del conocimiento de este trámite constitucional a la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo. TERCERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Nación - Ministerio de Educación Nacional, conforme a la motivación. CUARTO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados por el señor Mario Fernando Reyes Archila, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. QUINTO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. SEXTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01430-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-01430-001
Accionante : Mario Fernando Reyes Archila
Accionado : Tribunal Administrativo de Santander
Vinculados : Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), municipio de
Bucaramanga y Juzgado Segundo (2°) Administrativo de
Bucaramanga
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, diferencias salariales en
escalafón docente
Decisión : Sentencia de primera instancia

1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela

incoada por Mario Fernando Reyes Archila contra el Tribunal Administrativo de
Santander, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura; luego, revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente, resolverá lo pertinente
en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela

3. El señor Mario Fernando Reyes Archila, quien actúa a través de apoderada
judicial, interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección
de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la
administración de justicia y tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por el

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01430-00
Accionante: Mario Fernando Reyes Archila
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

Tribunal Administrativo de Santander.

4. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia del el 24 de julio de 2025,
mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander confirmó la providencia del
23 de abril de 2025, en la que el Juzgado Segundo (2°) Administrativo de
Bucaramanga negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el municipio
de Bucaramanga (expediente 68001-33-33-002-2024-00265-00). En su lugar, pidió
que se ordene a la autoridad accionada emitir un nuevo fallo «[…] con una debida
interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta [su]
situación particular […] a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos
debidamente probados […]».

1.3. Hechos2

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por el

accionante, se puede evidenciar que, el 15 de noviembre de 2024, instauró
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones del Magisterio (FOMAG) y el municipio de Bucaramanga (expediente
68001-33-33-002-2024-00265-00), encaminada a obtener la inaplicación del
Decreto 284 de 2024 y la declaratoria de nulidad del oficio 2024-EE-167978
notificado el 6 de junio de 2024 y del acto con radicado No. BUC2024EE009387
notificado el 24 de mayo de 2025, a través de los cuales se le negó «[…] el derecho
a la diferencia en el incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en
el año 2008 para el grado en el escalafón 3DM, con ocasión que fue realizado un incremento
del 44.89%, por medio de los Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008, proferidos por el
MEN, mientras que el incremento efectua[do] a la categoría del escalafón 3AM, fue del 17.40%
en su salario; así como también, por la diferencia de incrementos que se realizó en el año 2009 a
la categoría 3DM del escalafón docente, que fue un incremento del 7,67%, por medio de los
Decretos Nacionales 702 y 1238 de 2009, proferidos por el MEN, mientras que a la categoría 3AM
del mismo escalafón, le fue realizado un incremento del 18.41%, para su salario en el año
2009, año para el que si bien es cierto el ajuste fue superior no compensa la diferencia del año
2008».

6. Que, de ese asunto ordinario conoció el Juzgado Segundo (2°) Administrativo de

2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 2.
2

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Bucaramanga que, el 23 de abril de 2025, negó las pretensiones, al estimar que
«[…] no resulta procedente ordenar los incrementos solicitados, teniendo en cuenta el porcentaje en
que fue reajustado el salario para la categoría que ostenta el promotor, pues, entre una y otra
categoría de empleo durante los años 2008 y 2009, dicho aumento se encuentr[a] dentro del límite
salarial establecido por el Gobierno Nacional en los decretos expedidos en dichas anualidades para
tal fin».

7. Y agregó que «[…] al pretender abordarse un estudio que involucre el examen de las
condiciones, conforme a las cuales, el Gobierno Nacional expidió desde el año 2005 los decretos de
fijación de salarios de los docentes que conforman las categorías y grados que se incluyeron en la
demanda, envolvería: i) reversar una situación que cobr[ó] plenos efectos jurídicos en cada
anualidad; ii) implicaría analizar el contexto económico que se consolida cada año con los informes
que sobre la economía realiza el DANE, a lo anterior ha de sumársele, iii) que a la parte demandante
le correspondía la carga de explicar a través de una carga argumentativa suficiente, las razones por
las que el Juez debería inaplicar los incrementos decretados para cada año y que den fe desde la
realidad económica de cada uno de esos años y iv) que cuente con la prueba en el proceso, por
ejemplo, que haya habido una regresividad en materia laboral, aspecto que carece de sustento
demostrativo en el presente proceso».

8. Inconformes con esa decisión, tanto la parte demandante como las demandadas

interpusieron recursos de apelación, que el Tribunal Administrativo de Santander
estudió en sentencia del 24 de julio de 2025. La autoridad judicial accionada decidió
confirmar la decisión del a quo, con fundamento en que «[…] se tiene que el incremento
salarial aplicado a los docentes para los años 2008 y 2009 para los grados 3AM y 3DM, obedece a
que, si bien es cierto ambas categorías se encuentran en el grado 3, estas dos subcategorías son
diferentes. De ahí que estas diferencias obedezcan a los estudios profesionales cursados, forma de
vinculación y tiempo de experiencia del docente. […] De conformidad con los argumentos
esbozados, la Sala concluye que no existe discriminación salarial respecto de las diferencias
salariales existentes en los grados 3AM y 3DM, pues existen parámetros objetivos y razonables que
justifican la diferenciación salarial y prestacional entre los docentes de diferentes grados del
escalafón docente».

9. Sobre la precedente situación, el tutelante expone que la providencia objeto de

censura incurre en (i) defecto sustantivo, comoquiera que, «realiza una interpretación
abiertamente irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y legales aplicables
al caso, particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del
Decreto Ley 1278 de 2002» ; (ii) defecto fáctico, porque, «[…] no se allegó prueba alguna que

demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa […]» y,

aun así, «[…] desestimó las pretensiones de la demanda sobre la base de una supuesta
justificación relacionada con la corrección de una brecha salarial […]» ; y (iii) desconocimiento

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del precedente, al omitir «[…] aplicar […] la sentencia C-1064 de 2001, que exige garantizar
la igualdad sustancial en la fijación de incrementos salariales».

II. TRÁMITE PROCESAL

10. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto del 26

de febrero de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión (i) se
ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Santander; y, (ii) dispuso vincular a la
Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), al municipio de Bucaramanga y al Juzgado
Segundo (2°) Administrativo de Bucaramanga, en los términos del artículo 13 del
Decreto 2591 de 1991.

2.1. Contestaciones de la acción

11. 2.1.1. El Juzgado Segundo (2°) Administrativo de Bucaramanga3 aportó el

enlace para acceder al expediente ordinario digital con radicado 68001-33-33-002-
2024-00065-00.

12. 2.1.2. La Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG)4 señaló que la acción no cumple
con el requisito de relevancia constitucional, por lo que debe declararse su
improcedencia. Además, teniendo en cuenta que, el Ministerio no se encuentra
legitimado por pasiva, por no estar llamado a responder por ninguna de las
pretensiones del accionante, solicitó ser desvinculado del proceso.

13. 2.1.3. El Tribunal Administrativo de Santander, Despacho 95 expuso que, en

este caso, la tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues,
«[…] la parte actora no cumplió con una carga argumentativa que justifique la intervención del juez
constitucional […]». Agregó que, no es cierto que hubiera ignorado la estructura del

escalafón docente u omitido valorar adecuadamente las pruebas, ya que, el estudio
se realizó desde la óptica del escalafón actual del docente, conforme con las
certificaciones aportadas, en contraste con el escalafón cuya diferencia pretende se
le aplique.

III. CONSIDERACIONES

3
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 12, archivo 9.
4
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 13, archivo 14.
5
Visible en el expediente electrónico en SAMAI, índice 14.
4

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3.1. Competencia

14. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2 Cuestión previa – Manifestación de impedimento

15. El Decreto 2591 de 1991 «[p]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el

artículo 86 de la Constitución Política», dispone en el artículo 39 que, «[e]l juez deberá
declararse impedido cuando concurran las causales de impedimento del Código de Procedimiento
Penal so pena de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente» .

16. En la acción constitucional de la referencia, la magistrada Elizabeth Becerra

Cornejo, del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, manifestó su
impedimento6 para conocer del asunto de la referencia, por cuanto, la providencia
objeto de esta tutela, «fue suscrita por la magistrada María Eugenia Carreño Gómez, […] con
quien [la] une una relación de amistad íntima […]». Situación que, la hace incursa en la

causal establecida en el numeral 5, del artículo 56 del Código de Procedimiento
Penal7.

17. Conforme a lo anterior, la Sala Dual, constata que, en la sentencia proferida por

el Tribunal Administrativo de Santander, el 24 de julio de 2025, la magistrada María
Eugenia Varreño Gómez conformó la Sala de decisión y firmó. Por lo que, se
encuentra configurada la causal de impedimento referida en el párrafo que
antecede.

18. En consecuencia, la Subsección declarará fundado el impedimento manifestado

por la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo y, la separará del conocimiento del
trámite constitucional de la referencia.

3.3. La acción

6
Actuaciones de Samai, índice 00019.
7
«ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:
[…]
5. Que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario
judicial.
[…]»
5

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19. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y

reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.4. Legitimación en la causa por pasiva

20. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción de tutela «[…] se

dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha considerado

que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

21. La Nación - Ministerio de Educación Nacional, en el escrito de intervención solicitó

su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no
profirió la providencia cuestionada.

22. Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en

calidad de tercera con interés, por integrar el extremo pasivo dentro del proceso
contencioso en cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y
contradicción. Por lo tanto, se negará su solicitud.

3.5. Problema jurídico

23. Se contrae a determinar si es dable, a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo del 24
de julio de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Santander,
Despacho 9 confirmó la providencia del 23 de abril de 2025, en la que el Juzgado
Segundo (2°) Administrativo de Bucaramanga negó las pretensiones formuladas en
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el tutelante
contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones

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Sociales del Magisterio (FOMAG) y el municipio de Bucaramanga (expediente
68001-33-33-002-2024-00265-00); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las
garantías superiores al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de
justicia y tutela judicial efectiva invocadas en la solicitud de amparo.

3.6. La acción de tutela contra providencias judiciales

24. El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones

judiciales tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional
que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de
derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con
la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de
forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.

25. La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y desprovista

de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la acción de tutela
contra decisiones judiciales, dado que, no obstante, el reconocimiento del principio
de autonomía funcional del juez, quien la administra quebranta, bajo la forma de
una providencia judicial, derechos fundamentales.

26. La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de

1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera
calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura cuando se
presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto
sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma
indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta
indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a
aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se
presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada,
carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actúa completamente al margen del
proceso establecido.

27. Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación

proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las cuales están las
sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002. Posteriormente, mediante
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sentencia C-590 de 2005, se destacó el carácter excepcional de la acción de tutela,
vale decir cuando de manera protuberante se vulneran o amenazan derechos
fundamentales.

28. Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la

acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos
excepcionales de aplicación, los cuales, deben satisfacerse plenamente para
identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden
estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan
derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se
profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

29. Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

30. Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra

sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales
genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la excepcionalidad de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual solamente cuando tenga
indudable relevancia constitucional resulta procedente.

31. Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la

decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente

8

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al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que, si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.

32. Por otra parte, se destaca que, la sala plena de lo contencioso administrativo del

Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela resultaba
improcedente para controvertir decisiones judiciales8, rectificó su posición mediante
sentencia de 31 de julio de 20129, en el sentido de disponer que, la acción
constitucional es procedente contra providencias, cuando vulneren derechos
fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así
como los que en el futuro determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que, esta
subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes
expuestos10.

3.7. Caso concreto

8
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-administrativo del
Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016, C.
P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-
429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2
de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-
01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
9
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
10
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008, exp. 2008-00779-
00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-
01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-
00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado
Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-
01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas
Monsalve.
9

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33. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio del actor,
en una indebida aplicación normativa y valoración probatoria relacionada con la
fijación de incrementos salariales en el escalafón docente, lo cual, de comprobarse,
conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva; (ii) contra
la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, por tratarse de una
sentencia de segunda instancia que se encuentra ejecutoriada; (iii) se establecieron
los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías
superiores; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que la
providencia quedó en firme el 26 de agosto de 202511 y la solicitud de amparo se
presentó el 24 de febrero de 2026, es decir, dentro de los seis meses siguientes; y
(v) el fallo acusado no obedece a uno de tutela.

34. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y defecto
fáctico, comoquiera que, pese a que el actor alegó también desconocimiento del
precedente, se advierte que sus reproches y la génesis de la vulneración invocada
radican, a su juicio, en una presunta indebida aplicación normativa y valoración
probatoria relacionada con el incremento salarial del escalafón docente, por lo que,
en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la
obligación de interpretar de manera extensiva el escrito inicial12, resulta procedente
analizar este trámite a partir de las aludidas causales de procedencia de tutela
contra providencia judicial.

3.7.1. Defecto sustantivo

11
Visible en el expediente electrónico del proceso 68001-33-33-002-2024-00265-02 en SAMAI, índice 15, según el cual se
notificó electrónicamente el 5 de agosto de 2025. Por esa razón, la decisión se entiende notificada a los dos (2) días siguientes,
esto es, el 8 del mismo mes y año, conforme al artículo 205 (numeral 2) del CPACA. Conforme con el índice 16, el 11 de
agosto, el actor presentó solicitud de aclaración, esto es, dentro del término de ejecutoria. El auto que resolvió la aclaración
de la providencia fue notificado por estado el 21 de agosto de 2025 (índice 22), por lo que se entiende que la decisión quedó
en firme el 26 de agosto de 2025.
12
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos
fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su
deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01430-00
Accionante: Mario Fernando Reyes Archila
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

35. Sea lo primero precisar que, el artículo 230 de la Constitución Política prevé que

los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

36. La jurisprudencia constitucional13 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 14.

3.7.2. Defecto fáctico

37. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por

defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión» 15.

38. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en los
eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra16.

3.7.3. Análisis del caso concreto

13
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
14
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
15
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
16
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
11

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01430-00
Accionante: Mario Fernando Reyes Archila
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

39. En el asunto sub examine, el accionante aduce que la providencia cuestionada

incurrió en defecto sustantivo, comoquiera que, «[se] realiz[ó] una interpretación
abiertamente irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y legales aplicables al
caso, particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto
Ley 1278 de 2002», que avaló un trato discriminatorio y desigual entre categorías del

escalafón docente.

40. Así mismo, alega que el fallo adolece de defecto fáctico, porque, «[…] no se allegó

prueba alguna que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión
administrativa […]» y, aun así, «[…] desestimó las pretensiones de la demanda sobre la base

de una supuesta justificación relacionada con la corrección de una brecha salarial […]» .

41. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,

concluyó:

Descendiendo al caso que ocupa, en el expediente se encuentra probado que:

• Mediante Resolución No. 0412 del 2019 se nombró en provisionalidad al señor Mario
Fernando Reyes Archila, como docente en el área de humanidades y lengua castellana,
en la Institución Educativa Maipore Sede A del correspondiente grado escalafón 3AM.
[…]

En el asunto bajo estudio observa la Sala que el demandante se encuentra inconforme
con el incremento salarial «desigual» de los años 2008 y 2009 aplicado para los
docentes pertenecientes al grado 3AM del escalafón, frente al incremento determinado
para la categoría 3DM, por medio del Decreto 702 y 1238 de 2009, al considerar que se
generó un trato desigual entre los docentes, dado que, dicha variación tiene efectos en
los salarios futuros, pues cada año el incremento se aplica sobre la base del salario
anterior, por manera que se reconocería un salario inferior a la categoría a la que
pertenece, sin ninguna justificación legal.

Ahora bien, respecto al cargo de la vulneración del principio de «a trabajo igual, salario
igual», considera la Sala que no es procedente, pues como ya se explicó, la desigualdad
salarial y el trato discriminatorio se configuran cuando no hay causas objetivas y razones
que lo justifiquen y cuando tal diferencia no obedece a criterios validos
constitucionalmente que autoricen el trato diferente; situación que no acontece en el
presente caso, ya que, como quedó dicho en el acápite del escalafón docente según el
Decreto 1278 de 2002, fue la Constitución y el legislador quienes establecieron la
clasificación de los docentes en atención a los estudios cursados, periodo de vinculación
y forma de vinculación, razón por la cual, el legislador estableció un régimen salarial
que depende del grado en el que se encuentre el docente.

En ese orden de ideas, se tiene que el incremento salarial aplicado a los docentes para
los años 2008 y 2009 para los grados 3AM y 3DM, obedece a que, si bien es cierto
ambas categorías se encuentran en el grado 3, estas dos subcategorías son diferentes.
De ahí que estas diferencias obedezcan a los estudios profesionales cursados, forma
de vinculación y tiempo de experiencia del docente.

[…] [L]a desigualdad salarial y el trato discriminatorio se configuran cuando no hay
causas objetivas y razones que lo justifiquen y cuando tal diferencia no obedece a
criterios validos constitucionalmente que autoricen el trato diferente; situación que no
acontece en el presente caso, ya que, como quedó dicho en el acápite del escalafón
docente según el Decreto 1278 de 2002, fue la Constitución y el legislador quienes
establecieron la clasificación de los docentes en atención a los estudios cursados,
12

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01430-00
Accionante: Mario Fernando Reyes Archila
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

periodo de vinculación y forma de vinculación, razón por la cual, el legislador estableció
un régimen salarial que depende del grado en el que se encuentre el docente.

En ese sentido, considera la Sala que la diferencia salarial obedece netamente a las
diferencias del perfil profesional de cada grado y subcategoría del escalafón creado con
la expedición del Decreto 1278 de 2002, mas no a un trato discriminatorio salarial entre
los docentes que pertenecen a las subcategorías del escalafón docente.

Por lo anterior, es procedente resaltar que el juicio de igualdad se debe realizar solo
entre sujetos comparables, es decir que se encuentren en la misma situación fáctica y
jurídica; porque desempeñan la misma actividad, tienen las mismas funciones y
obligaciones y están sometidos al mismo régimen jurídico salarial y prestacional;
situación que no acontece en el presente caso, toda vez que, si bien los docentes del
grado 3AM y 3DM desarrollan las mismas funciones, no se encuentran en una idéntica
situación fáctica y/o jurídica, habida cuenta de que tienen diferentes formas de
vinculación al servicio docente, estudios cursados y tiempo de vinculación. De modo
que se encuentran diferenciados según los grados y subcategorías establecidas en el
Escalafón Docente creado con la expedición del Decreto 1027 de 2011.

De conformidad con los argumentos esbozados, la Sala concluye que no existe
discriminación salarial respecto de las diferencias salariales existentes en los grados
3AM y 3DM, pues existen parámetros objetivos y razonables que justifican la
diferenciación salarial y prestacional entre los docentes de diferentes grados del
escalafón docente. Por lo anterior se confirmará el fallo de primera instancia, al existir
variables justificadas para el trato diferenciado.

42. De lo expuesto se colige que, contrario a lo indicado por el tutelante, la autoridad

demandada sí aplicó en debida forma el Decreto 1278 de 2022. Distinto es que
concluyera que, precisamente, uno de sus principales objetivos era establecer un
escalafón docente cuya clasificación atendiera diversos criterios como el nivel de
responsabilidad, desempeño, competencias, formación académica y experiencia,
para así determinar un salario diferencial de los educadores, sin que ello implicara
un trato discriminatorio o desigual.

43. Así mismo, la autoridad accionada retomó lo dicho por esta Subsección17, en lo

relativo a que, «[…] El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un criterio
relacional propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su vulneración debe estarse ante
dos sujetos que al desempeñar las mismas funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico
de exigencias de cualificación para el empleo, son comparables y, no obstante, reciben una
remuneración diferente. Se insiste entonces en que la discriminación salarial injustificada debe
basarse en la inexistencia de un parámetro objetivo, discernible y razonable que justifique la
diferenciación. Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones admisibles de
diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios objetivos de evaluación y desempeño;
(ii) las diferencias de la estructura institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan
cargos que se muestran prima facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los empleos»
(Énfasis de la Sala).

17
Expediente 25000-23-42-000-2013-01319-01 (2828-2018), C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

13

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01430-00
Accionante: Mario Fernando Reyes Archila
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

44. De lo anterior también se desprende que la autoridad judicial accionada realizó

el correspondiente estudio probatorio, en virtud el cual encontró que el señor Reyes
Archila fue nombrado en provisionalidad en el grado 3AM del escalafón, mediante
la Resolución No. 0412 del 2019. Así, no se advierte la configuración de un supuesto
defecto fáctico relacionado con que no se allegó prueba alguna que demostrara la
existencia de motivos válidos que justificaran la distinción salarial alegada, pues,
como lo explicó el Tribunal, no se requieren otras pruebas más allá de la Resolución
de nombramiento que establece el escalafón en el que se ubica, y el Decreto 1278
de 2002 que autoriza al Ministerio de Educación Nacional para fijar diferentes
rangos de remuneración para los educadores, atendiendo a la forma de vinculación
al servicio docente, los estudios cursados y el tiempo de vinculación.

45. Asimismo, es claro que el Tribunal Administrativo de Santander ya había resuelto

con suficiente motivación la inconformidad planteada por el tutelante en el recurso
de apelación interpuesto contra el fallo del 23 de abril de 2025, en el que el Juzgado
Segundo (2°) Administrativo de Bucaramanga negó las pretensiones formuladas en
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y el municipio de Bucaramanga (expediente 68001-33-33-002-2024-
00265-02). Dichos argumentos fueron reiterados en esta acción de tutela (para lo
cual invocó las causales de defecto sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento
del precedente), lo que denota que su intención, más allá de manifestar la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales, es utilizar este mecanismo
constitucional como una instancia adicional con el fin de obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses.

46. En consecuencia, no se configuró ni el defecto sustantivo ni el fáctico alegados

por el accionante, puesto que, la determinación objeto de reproche estuvo
debidamente fundamentada, tanto normativamente como de conformidad con las
pruebas y postura jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la materia.

47. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
14

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01430-00
Accionante: Mario Fernando Reyes Archila
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

IV. DECISIÓN

48. Por las razones expuestas, la Sala considera que, en el presente asunto, el actor

no acreditó que la providencia del 24 de julio de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo de Santander, adoleciera de los defectos sustantivo y fáctico. Por tal
motivo, se negará la solicitud de amparo.

49. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la magistrada
Elizabeth Becerra Cornejo, para conocer la acción de tutela de la referencia, por las
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. SEPARAR del conocimiento de este trámite constitucional a la
magistrada Elizabeth Becerra Cornejo.

TERCERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Nación - Ministerio de
Educación Nacional, conforme a la motivación.

CUARTO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados
por el señor Mario Fernando Reyes Archila, por las razones expuestas en la parte
considerativa de esta providencia.

QUINTO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

SEXTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01430-00
Accionante: Mario Fernando Reyes Archila
Accionado: Tribunal Administrativo de Santander

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
(Con impedimento)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

16

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