RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01434-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01434-01

Fecha
25 de mayo de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01434-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 19 de marzo de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01434-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

25 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Veinticinco (25) de Mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-01434-011
Accionante : Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.
Accionado : Tribunal Administrativo del Caquetá
Vinculado : Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Florencia
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, auto que rechaza demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho por falta de cumplimiento de
la conciliación como requisito de procedibilidad
Decisión : Sentencia de segunda instancia

1. Procede la Sala a decidir la impugnación parcial formulada por la parte actora

contra el fallo del 19 de marzo de 2026, proferido por la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, que negó el amparo deprecado respecto de la
providencia del Tribunal Administrativo del Caquetá dentro del trámite del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho impetrado por la empresa actora
contra la Corporación para el Desarrollo del Sur de la Amazonía (en adelante,
Corpoamazonia).

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

2. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por la empresa accionante frente a la providencia judicial objeto de censura; luego,
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela; y, finalmente,
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.

La demanda de tutela

3. La Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. (en adelante, Electrocaquetá S.A.
E.S.P.), a través de apoderado judicial, interpuso el presente recurso de amparo,

1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01434-01
Accionante: Electrocaquetá S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá

con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia y doble instancia, que considera
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

4. Por consiguiente, solicitó:

[…] 2. Dejar sin efectos el auto confirmatorio y, como consecuencia, el auto de
inadmisión, para que se profiera nueva decisión con motivación suficiente y examen
del argumento decisivo.
3. Disponer que el Tribunal Administrativo del Caquetá profiera nueva decisión
motivada, examinando integralmente los argumentos planteados.
4. Subsidiariamente, ordenar la admisión de la demanda para que se surta el trámite
correspondiente.
5. Las demás que la Honorable Corporación estime pertinentes para la garantía de
los derechos cuya protección se impetra.

Hechos2

5. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado en la

tutela, se puede evidenciar que, Electrocaquetá S.A. E.S.P. presentó demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra
Corpoamazonia, con el fin de obtener la declaratoria de nulidad de las
Resoluciones DTC 0829 del 27 de junio de 2017 y 1790 del 27 de diciembre de
2021, a través de las cuales, se resolvió el proceso administrativo sancionatorio
ambiental PS-06-18-247-084-10, adelantado en contra de la ahora accionante. A
título de restablecimiento del derecho, solicitó: «se declare exonerada la Electrificadora
del Caquetá S.A. ESP, del pago de la multa impuesta, y en el evento de haberla pagado se ordene
a la demandada reintegrar los valores pagados por concepto de la multa a ella impuesta» .

6. El asunto correspondió, en primera instancia, al Juzgado Quinto (5°)
Administrativo de Florencia (proceso con radicado núm. 18001-33-33-004-2025-
00042-00) que, mediante auto del 2 de julio de 2025, inadmitió la demanda,
porque «[t]ratándose de un asunto conciliable en el que ambas partes son entidades públicas,
la conciliación es requisito de procedibilidad, y por lo tanto, al no aportarse acta de audiencia
conciliación extrajudicial y/o constancia de tr[á]mite conciliatorio extrajudicial, que acredite el
cumplimiento del requisito de procedibilidad, la parte demandante deberá subsanar este defecto» .

En consecuencia, concedió el término de diez días para que la actora subsanara
la falencia advertida so pena de rechazo.

7. Inconforme con la decisión, la demandante repuso el auto inadmisorio, recurso

que fue resuelto por el Juzgado mediante auto del 23 de julio de 2025, en el

2
Visibles en el escrito de tutela en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 2, archivo 6.
2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01434-01
Accionante: Electrocaquetá S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá

sentido de no reponer la providencia y, en su lugar, ordenó que por secretaría se
contabilizara el término concedido a la parte interesada para que corrigiera la
demanda. El Despacho insistió en que «en el proceso de la referencia se debía agotar la
conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, teniendo en cuenta que las partes en
controversia son entidades públicas, y al no encontrarse alguna excepción a esta regla, de
conformidad con el parágrafo del artículo 92 de la Ley 2220 de 2022».

8. Como la parte actora no acreditó el agotamiento de la conciliación extrajudicial,

mediante auto del 15 de agosto de 2025, el A-quo rechazó la demanda, con
fundamento en el artículo 169 de la Ley 1437 de 2011. Dicha providencia fue
apelada por la sociedad demandante, recurso que fue adicionado con memorial
remitido el 29 de septiembre de 2025. La apelante amplió el argumento sobre la
improcedencia de la conciliación en materia de sanciones ambientales. Expuso
que no se puede condonar, suspender o dejar sin efectos el cobro de una multa
impuesta por infracción de normas ambientales, cuando esta se encuentra en
firme, de manera que no es un asunto conciliable.

9. El recurso fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Tercera

de Decisión, mediante providencia del 9 de diciembre de 2025, en la que confirmó
el auto del 15 de agosto de 2025 que rechazó la demanda. Para fundamentar su
decisión, el Tribunal sostuvo que:

En el caso concreto, la Electrificadora del Caquetá pretende la declaratoria de
nulidad de las Resoluciones DTC 0829 del 27 de junio de 2017 y 1790 del 27 de
diciembre de 2021, mediante las cuales se resolvió el proceso administrativo
sancionatorio ambiental PS-06 18-247-084-10, adelantado en su contra.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declare la exoneración del
pago de la multa impuesta y, en caso de haberla cancelado, se ordene a la
demandada reintegrar los valores pagados por dicho concepto.

En efecto, la legalidad de las resoluciones acusadas no pueden ser objeto de
conciliación, sin embargo, las pretensiones de restablecimiento del derecho sí lo
son, pues implican solicitudes patrimoniales como la exoneración de la sanción
pecuniaria o la devolución del dinero pagado. Sobre estas pretensiones existe
disponibilidad de las partes, lo que hace exigible la conciliación extrajudicial, por lo
que, contrario a lo afirmado por el recurrente, no se configura un exceso ritual
manifiesto, ya que la jueza busca el cumplimiento de las normas procesales
aplicables.

10. Según lo expuesto en la acción de tutela, Electrocaquetá S.A. E.S.P. estima

que, el auto del 9 de diciembre de 2025 incurrió en los defectos de falta de
motivación, sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto, al confirmar
el rechazo de la demanda.

3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01434-01
Accionante: Electrocaquetá S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá

11. Primero, el Tribunal no se habría pronunciado de manera expresa, verificable

y suficiente sobre el argumento ampliado en la adición del recurso de apelación,
esto es, que la sanción administrativa ambiental, como expresión del ius puniendi
administrativo, es materialmente indisponible y, por ello, no puede ser objeto de
conciliación.

12. En cuanto a los defecto sustantivo y procedimental, la autoridad accionada

habría aplicado el artículo 92 de la Ley 2220 de 2022 de manera automática, sin
armonizarlo con la Constitución Política ni con la naturaleza jurídica del acto
sometido a control, en tanto «equipar[ó] ‘consecuencia económica’ con ‘disponibilidad
jurídica’, sin diferenciar entre créditos transigibles y sanciones administrativas de orden público.
En un litigio cuyo objeto central es el control de legalidad de un acto sancionatorio ambiental,
exigir conciliación sobre la ‘consecuencia económica’ supone, en la práctica, disponer
indirectamente del efecto de la sanción, lo que desborda el sentido» . Así, «La aplicación
automática del artículo 92, sin ponderar estas circunstancias, configura defecto sustantivo por
interpretación irrazonable y descontextualizada, que se transforma en exceso ritual manifiesto y
obstáculo para acceder a juez natural».

1.2. Contestaciones de la acción

13. 1.2.1. El Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Florencia3 remitió copia del

expediente digital sin pronunciarse sobre el asunto.

14. 1.2.2. El Tribunal Administrativo del Caquetá guardó silencio, pese a que fue

debidamente notificado del proceso.

1.3. Providencia impugnada4

15. Mediante sentencia del 19 de marzo de 2026, la Subsección A de la Sección

Segunda del Consejo de Estado negó el amparo deprecado, por no encontrar
configurados los defectos de falta de motivación, sustantivo y procedimental por
exceso ritual manifiesto. Frente al primero, la autoridad judicial señaló que «[…] el
recurso de apelación […] únicamente pretendía demostrar que la conciliación extrajudicial como
requisito de procedibilidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no
resultaba procedente en el caso concreto», pero «[…] la autoridad judicial sí abordó esa discusión
al precisar que, la pretensión de la entidad accionante no se limitaba a la declaratoria de nulidad de
actos administrativos, sino que también perseguía la exoneración del pago de multa o el reintegro
correspondiente, circunstancia frente a la cual existe disponibilidad de las partes».

3
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 12.
4
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 15.
4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01434-01
Accionante: Electrocaquetá S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá

16. En cuanto al defecto sustantivo, concluyó que, el Tribunal «sí realizó una
interpretación adecuada del artículo 92 de la Ley 2220 de 2022, en armonía con los principios de la
Constitución Política, en particular el imperio de la ley, así como con la naturaleza del acto
administrativo mediante el cual se sancionó a Electrocaquetá S.A con multa, el cual comporta un
contenido económico susceptible de conciliación», sin que ello haya supuesto la imposición

de cargas procesales no previstas en la ley, por lo que, tampoco se configuró un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

1.4. La impugnación5

17. Inconforme con la decisión, Electrocaquetá S.A. E.S.P. impugnó el fallo del 19

de marzo de 2026. Como fundamentos de su recurso, adujo que, la Subsección A
se equivocó al considerar que la accionada sí se pronunció sobre si la consecuencia
jurídica de la declaratoria de nulidad podía ser «escindida de la naturaleza sancionatoria
del acto administrativo ambiental hasta volverla disponible en sede de conciliación prejudicial» .

Agregó que, «[…] el juez de tutela no podía dar por absuelto ese cargo con la sola reiteración de
la tesis del Tribunal según la cual “los efectos patrimoniales sí son conciliables”. Precisamente esa
era la tesis controvertida y lo que correspondía era examinar si dicha conclusión superaba o no un
estándar mínimo de razonabilidad constitucional. Eso fue lo que la sentencia omitió hacer».

18. Seguido, la parte actora insistió en que sí se configuraron los defectos de falta

de motivación, sustantivo y procedimental por exceso ritual manifiesto. Expuso
entonces que la sentencia de tutela «[…] no ponderó el efecto constitucional concreto de la
decisión cuestionada: la imposibilidad práctica de obtener control judicial sobre un acto sancionatorio
ambiental».

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

19. En virtud de los artículos 326 del Decreto Ley 2591 de 19917 y 258 del Acuerdo

80 del 12 de marzo de 20199, expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.

5
Visible en el expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 19.
6
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes
al superior jerárquico correspondiente».
7
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
8
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a reparto
por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de
la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
9
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01434-01
Accionante: Electrocaquetá S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá

2.2. La acción

20. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

2.3. Problema Jurídico

21. De conformidad con los argumentos expuestos en la impugnación, el problema

jurídico en esta instancia se contrae a determinar si es dable, a través de la acción
de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda
comportar el auto del 29 de septiembre de 2025, mediante el cual, el Tribunal
Administrativo de Caquetá confirmó la providencia del 15 de agosto de 2025, con
la que el Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Florencia rechazó la demanda
presentada por Electrocaquetá S.A. E.S.P., al encontrar que no demostró el
agotamiento de la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad de la
demanda al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado núm. 18001-33-33-004-2025-00042-01.

2.4. La acción de tutela contra providencias judiciales

22. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 10 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado11, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si

10
Sentencia C-590 de 2005.
11
Sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01434-01
Accionante: Electrocaquetá S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá

con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

23. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

24. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
7

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01434-01
Accionante: Electrocaquetá S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá

afectan derechos fundamentales.

2.5. Caso concreto

25. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en el sub lite se observa que: (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, por cuanto recae sobre la presunta vulneración
de los derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y doble
instancia, invocados en la solicitud de amparo, al presuntamente configurarse los
defectos de falta de motivación, sustantivo y procedimental, (ii) contra la decisión
objeto de censura no procede recurso alguno, por tratarse de un auto mediante el
cual se resolvió un recurso de apelación, (iii) se establecieron los hechos que
originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores, (iv) el
requisito de inmediatez se satisface, en la medida en que la providencia atacada
quedó ejecutoriada el 16 de enero de 202612 y la solicitud de amparo se radicó el
24 de febrero de 2026, y (v) el fallo acusado no obedece a uno de tutela.

26. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y
procedimental. En tanto el segundo es planteado como una consecuencia del
primero, se estudiarán en conjunto.

27. Se descarta la causal de decisión sin motivación, pues, si bien la parte actora

alega que la autoridad accionada no abordó de manera directa la pregunta de si la
potestad sancionatoria ambiental puede ser objeto de conciliación más allá de
acarrear una consecuencia económica, lo cierto es que, reconoció que el Tribunal
explicó que, «[si bien] la legalidad del acto administrativo no es conciliable, los efectos
patrimoniales del eventual restablecimiento sí lo serían». Así, es claro que, la empresa difiere

de los argumentos del auto sin que se refiera en realidad al incumplimiento de la
autoridad judicial de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de su
decisión.

12
Visible en el expediente electrónico del proceso 18001-33-33-004-2025-00042-01 en SAMAI, índice 8, según el cual se
notificó por estado el 19 de diciembre de 2025. Por esa razón, la decisión se entiende notificada al día hábil siguiente: el 13
de enero de 2026.
8

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01434-01
Accionante: Electrocaquetá S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá

2.5.1. Defecto sustantivo

28. Sea lo primero precisar que, el artículo 230 de la Constitución Política prevé que

los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las normas
que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

29. La jurisprudencia constitucional13, ha estimado que, la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 14.

2.5.2. Defecto procedimental

30. Sea lo primero indicar que, este defecto encuentra su razón de ser en los artículos

29 y 228 de la Constitución que consagran las garantías superiores al debido
proceso, el acceso a la administración de justicia y el principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre el procesal15.

31. En términos generales, este defecto puede presentarse en dos modalidades: (i)

absoluto, cuando el funcionario judicial se aparta por completo del procedimiento
legalmente establecido, y (ii) por exceso ritual manifiesto, que ocurre cuando «[…]
hay una renuncia consciente de la verdad jurídica objetiva evidente en los hechos, por extremo rigor
en la aplicación de las normas procesales» 16, es decir, se privilegian aspectos formales

sobre el derecho sustancial, lo que afecta la garantía de acceso a la administración
de justicia17.

13
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
14
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
15
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
16
Corte Constitucional, sentencia T-620 de 2013, M. P. Jorge Iván Palacio Palacio.
17
Sentencia T-386 de 2010, M. P. Nilson Pinilla Pinilla.
9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01434-01
Accionante: Electrocaquetá S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá

32. En este caso, la parte actora alegó que la providencia censurada incurrió en

defecto sustantivo y, en consecuencia, en uno procedimental por exceso ritual
manifiesto

[…] al aplicar el artículo 92 de la Ley 2220 de 2022 de manera automática, sin
armonizarlo con la Constitución ni con la naturaleza jurídica del acto sometido a
control.

La interpretación acogida por el Tribunal torna irrazonable el artículo 92 de la Ley
2220 de 2022, al equiparar ‘consecuencia económica’ con ‘disponibilidad jurídica’, sin
diferenciar entre créditos transigibles y sanciones administrativas de orden público.
En un litigio cuyo objeto central es el control de legalidad de un acto sancionatorio
ambiental, exigir conciliación sobre la ‘consecuencia económica’ supone, en la
práctica, disponer indirectamente del efecto de la sanción, lo que desborda el sentido
constitucional del requisito y erige una barrera desproporcionada de acceso al juez
natural.

El Tribunal parte de la premisa de que, si existe eventual consecuencia económica y
ambas partes son entidades públicas, la conciliación prejudicial es exigible. Esta
lectura desconoce que el objeto principal del litigio no es una controversia patrimonial
autónoma, sino la nulidad de un acto sancionatorio ambiental, potestad sancionatoria
ambiental; que es la manifestación del ius puniendi administrativo, cumple función
preventiva, correctiva y disuasiva, responde a fines de interés general, posee
naturaleza de orden público, y: Es materialmente indisponible, porque la ejecutoria
del acto sancionatorio lo hace exigible, pero no lo convierte en obligación negociable
ni en crédito susceptible de transacción autónoma.

33. Al respecto, el Tribunal expuso lo siguiente:

El inciso 2° del numeral 1° del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 y el parágrafo 2°
del artículo 67 de la Ley 2220 de 2022 exceptuó de la obligatoriedad de agotar el
requisito de conciliación prejudicial cuando la demandante sea una entidad pública.
Por su lado, el parágrafo del artículo 92 de la Ley 2220 de 2022 estableció que «La
conciliación será requisito de procedibilidad en los eventos en que ambas partes sean
entidades públicas.»

De la lectura de estas las disposiciones se concluye que la normativa es clara y no
admite interpretación distinta, si la demanda en los medios de control de previstos en
los artículos 138, 140 y 141 de la Ley 1437 de 2011 es presentada por una entidad
pública contra particulares o contra entidades con naturaleza jurídica diferente a la
demandante, se exime del agotamiento de este requisito. Sin embargo, cuando la
parte actora y la demandada son entidades de naturaleza pública, el presupuesto
procesal debe acreditarse.

En el presente caso, tanto la Electrificadora del Caquetá (demandante) como
Corpoamazonia (demandada) son entidades públicas, de modo que, conforme a las
normas citadas, resulta evidente la obligatoriedad de cumplir con el requisito de
procedibilidad exigido en el parágrafo del artículo 92 de la Ley 2220 de 2022, razón
por la cual le asiste la razón al juzgado de instancia al haber inadmitido la demanda
para que se acreditara dicho presupuesto procesal.

[…] En cuanto a la Ley 2220 de 2022, la Sala advierte que dicha norma debe aplicarse
en este caso, pues entró en vigor el 30 de diciembre de 2022 y la demanda fue
presentada en el año 2025. Además, la norma no condicionó su aplicabilidad a la
fecha de iniciación de la actuación administrativa que dio lugar a las decisiones
acusadas ni a la fecha de expedición de estas, toda vez que el requisito se debe
cumplir al momento de la presentación de la demanda.

Finalmente, es preciso señalar que la legalidad de los actos administrativos no puede
ser objeto de conciliación, pues la facultad para determinar si se ajustan o no a
10

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01434-01
Accionante: Electrocaquetá S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá

derecho corresponde exclusivamente a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo. No obstante, los efectos patrimoniales derivados de dichos actos sí
son conciliables cuando se advierte una ilegalidad manifiesta. Sobre este punto, el
Consejo de Estado expuso:

Sobre el asunto objeto de controversia, se advierte que si bien las
pretensiones que tienen por objeto cuestionar la legalidad de los actos
administrativos proferidos por la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares,
CREMIL, no son susceptibles de negociación, en tanto la facultad para
resolver si se ajustan o no a derecho es exclusiva de esta jurisdicción, lo cierto
es que, ello no sucede con aquellas que se formularon a título de
restablecimiento del derecho, pues, de acuerdo con lo explicado en párrafos
precedentes, contienen peticiones específicas de naturaleza patrimonial y
económica, por lo que se hace exigible la conciliación extrajudicial, pues dado
su carácter pueden ser objeto de disposición por las partes.

En el caso concreto, la Electrificadora del Caquetá pretende la declaratoria de nulidad
de las Resoluciones DTC 0829 del 27 de junio de 2017 y 1790 del 27 de diciembre
de 2021, mediante las cuales se resolvió el proceso administrativo sancionatorio
ambiental PS-06-18-247-084-10, adelantado en su contra.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declare la exoneración del
pago de la multa impuesta y, en caso de haberla cancelado, se ordene a la
demandada reintegrar los valores pagados por dicho concepto.

En efecto, la legalidad de las resoluciones acusadas no pueden ser objeto de
conciliación, sin embargo, las pretensiones de restablecimiento del derecho sí lo son,
pues implican solicitudes patrimoniales como la exoneración de la sanción pecuniaria
o la devolución del dinero pagado. Sobre estas pretensiones existe disponibilidad de
las partes, lo que hace exigible la conciliación extrajudicial, por lo que, contrario a lo
afirmado por el recurrente, no se configura un exceso ritual manifiesto, ya que la jueza
busca el cumplimiento de las normas procesales aplicables.

34. No es cierto, como afirma la actora, que el Tribunal Administrativo del Caquetá

haya aplicado de forma automática y descontextualizada el artículo 92 de la Ley
2220 de 2022. Por el contrario, el juez natural evaluó la exigibilidad de la
conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad en consonancia con los
artículos 161 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA); 67, 89 y 93 de la Ley 2220 de 2022;
23 de la Ley 93 de 1993; y 1 del Decreto 1768 de 1994.

35. Además, se apoyó en el Auto 089 del 24 de febrero de 2009 sobre la naturaleza

de las Corporaciones Autónomas Regionales, la sentencia C-145 de 2021 y la
sentencia del 12 de abril de 2018 de la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado (radicado interno núm. 1699-2013), en la que se aclaró por qué
debe agotarse la conciliación extrajudicial en caso de que se demande la nulidad
de un acto administrativo junto con el restablecimiento del derecho, como ocurrió
en el sub lite.

36. La Sala advierte que, la accionante no cumplió a satisfacción con la carga
argumentativa que suponía demostrar la configuración de un defecto sustantivo,
pues, no explicó qué norma debió aplicarse en lugar del artículo 92 de la Ley 2220
11

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01434-01
Accionante: Electrocaquetá S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá

de 2022, ni por qué aquella no correspondía con los supuestos de hecho del caso.
Al contrario, lo que se evidencia es un desacuerdo con los fundamentos jurídicos
de la decisión.

37. De hecho, el artículo 93 de la Ley 2220 de 2022 es claro en establecer que, en

materia contenciosa, la conciliación extrajudicial resulta obligatoria, salvo «en los
procesos ejecutivos diferentes a los regulados en la Ley 1551 de 2012, o la norma que la modifique
o sustituya, en los procesos en que el demandante pida medidas cautelares de carácter patrimonial,
en relación con el medio de control de repetición o cuando quien demande sea una entidad pública,
salvo cuando sea obligatorio de acuerdo con el parágrafo del artículo 92 de la presente ley». La

parte actora no dio cuenta del supuesto al que se ajustaba su caso, por lo que, no
logró acreditar la existencia de un defecto sustantivo.

38. En cuanto al defecto según el cual aquella «formalidad procesal desplazó al derecho

sustancial y operó como barrera infranqueable de acceso a la jurisdicción», la Sala no haya

fundamentos para concluir que, el Tribunal incurrió en un defecto procedimental por
apego excesivo a los requisitos del CPACA y la Ley 2220 de 2022. En su lugar, una
vez analizado el trámite dado a la demanda, es dable concluir que, la misma fue
rechazada en tanto la parte actora no cumplió con la carga procesal de subsanar
oportunamente el incumplimiento de los requisitos del artículo 170 del CPACA que
remite al artículo 92 de la Ley 2220 de 2022, pese a que el Juzgado Quinto (5°)
Administrativo de Florencia le advirtió en autos del 2 de julio de 2025 y 23 de julio
de 2025 que debía agotar el requisito de conciliación extrajudicial, y le concedió el
término legal de diez (10) días para corregir la demanda.

39. En conclusión, la Sala tampoco encuentra que se hubiera probado la
configuración de un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, pues, la
autoridad judicial accionada actuó con apego a las normas procesales y sin imponer
una carga desproporcionada. Al contrario, el rechazo de la demanda fue producto
del incumplimiento de las cargas procesales mínimas por la accionante (al no
subsanar la demanda), de manera que no hay lugar a reconocer una vulneración de
sus derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y doble
instancia.

III. DECISIÓN

40. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la providencia impugnada, que negó el

12

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01434-01
Accionante: Electrocaquetá S.A. E.S.P.
Accionado: Tribunal Administrativo del Caquetá

amparo deprecado, comoquiera que, la accionante no acreditó que la providencia
cuestionada haya incurrido en los defectos de falta de motivación, sustantivo y
procedimental por exceso ritual manifiesto.

41. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 19 de marzo de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

13

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.