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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01439-00

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01439-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva de Heyder Iván Duque Murillo. Segundo. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 1° de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 76001-33-33-002-2023- 00243-01. Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término de 20 días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita un pronunciamiento de reemplazo. 14 Radicado: 11001-03-15-000-2026-01439-00 Demandante: Heyder Iván Duque Murillo Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01439-00

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01439-00
Demandante: Heyder Iván Duque Murillo
Demandado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Reliquidación pensional con el Acuerdo 049 de 1990 /
Defectos sustantivo, violación directa de la Constitución Política y
desconocimiento del precedente judicial
Decisión: Acceder al amparo

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________

La Sala decide la solicitud formulada por Heyder Iván Duque Murillo, en ejercicio de
la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada
en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud1

1. Heyder Iván Duque Murillo promovió solicitud de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso
a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y a la confianza legítima, los
cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 1° de
septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 76-
001-33-33-002-2023-00243-01.

2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente:

2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
presentó demanda en contra de Colpensiones, con la finalidad de cuestionar la
legalidad de los actos administrativos mediante los cuales se le negó el
reconocimiento y pago de la reliquidación de su pensión de vejez bajo los parámetros

1 Ver índice 2 de Samai. Archivo denominado «4ED_Demanda(.pdf) NroActua 2».

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01439-00
Demandante: Heyder Iván Duque Murillo

del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990 con una tasa de
reemplazo del 90%, con la acumulación de tiempos públicos y privados.

2.2. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cali en sentencia
del 29 de noviembre de 2024 accedió a las pretensiones de la demanda al considerar
que, si le era aplicable el acuerdo 049 de 1990 para la reliquidación de su pensión,
ya que era beneficiario del régimen de transición. Indicó que, aunque la Ley 33 de
1985 regulaba las pensiones del sector público, esta rigió desde febrero de 1985
mientras sus cotizaciones iniciaron en 1978 bajo el Acuerdo 224 de 1966 y sus
posteriores reemplazos. En contra de esta decisión la parte demandada presentó
recurso de apelación.

2.3. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia del 1° de
septiembre de 2025 revocó la decisión del a quo, y en su lugar, negó las pretensiones
de la demanda al considerar que, de acuerdo con el criterio jurisprudencial del
Consejo de Estado, no era posible la acumulación de tiempos cotizados al Instituto
de Seguros Sociales2 y otros fondos para efectos de la reliquidación de la pensión,
pues esta solo aplica a efectos del reconocimiento.

2.4. La autoridad judicial demandada vulneró sus derechos fundamentales al
incurrir en defecto sustantivo por la inaplicación de las normas relevantes, tales como
el Acuerdo 049 de 1990 y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como por imponer
requisitos no previstos en la ley, como la exclusividad de aportes al ISS, máxime,
cuando uno de los magistrados salvó su voto en atención a que sí era factible la
acumulación de tiempos cotizados a entidades públicas y a empleadores privados,
no solo para el reconocimiento pensional, sino también para su reliquidación.

2.5. En desconocimiento del precedente judicial desarrollado por la Corte
Constitucional3 respecto de la acumulación de tiempos públicos y privados, pues el
Acuerdo 049 de 1990 no exigió que las cotizaciones se efectuaran exclusivamente al
ISS, ni resultó válido supeditar su aplicación a una afiliación previa a la entrada en
vigencia de la Ley 100 de 1993. En consecuencia, el trabajador beneficiario del
régimen de transición pudo sumar semanas para dicho régimen, incluso si su
afiliación al ISS ocurrió con posterioridad a 1994.

2.6. Así como del precedente del Consejo de Estado4 que indicó que quien cotizó
al ISS y a otras cajas, en calidad de trabajador estatal o privado, tuvo derecho a la
aplicación de lo previsto en el Acuerdo 049 de 1990 cuando le resultó más favorable.
De igual manera, el cómputo integral permitió sumar el tiempo laborado en entidades
privadas y oficiales, con independencia de la realización de aportes a entidades de
previsión, para consolidar el derecho pensional bajo ese régimen.

2 En adelante ISS.
3 Al respecto citó las sentencias SU-769 de 2014, SU-057 de 2018 y SU-273 de 2022.
4 Al respecto citó: i) Sección Segunda - Subsección B, C.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera,

Expediente: 08001233300020180062001 (1965-2025).

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Demandante: Heyder Iván Duque Murillo

2.7. En violación directa de la Constitución Política por transgredir el principio de
favorabilidad laboral y el derecho a la seguridad social, pues su pensión debió
liquidarse bajo el Acuerdo 049 de 1990, lo cual permite alcanzar una tasa de
reemplazo superior (el 90%) acorde a la densidad de sus cotizaciones reales.

1.1.1. Pretensiones

3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó:

«[…] PRIMERA: Conceder el amparo de mis derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, así
como los principios de confianza legítima y pro homine.
SEGUNDA: Solicito ORDENAR al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dejar sin
efectos la sentencia del 01 de septiembre del 2025 y proferir una nueva decisión con
fundamento en la normativa aplicable al caso del accionante, esto es, el Acuerdo 049 de
1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990, en los términos pedidos en la demanda, y
atendiendo al precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional. […]» [sic].

1.2. Informes rendidos en el proceso

4. El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cali5 si bien
allegó copia del expediente digital guardó silencio frente a la petición de amparo.

5. Colpensiones6 requirió que se declarara improcedente lo pretendido por
cuanto no se acreditaron los defectos endilgados ni la vulneración de los derechos
fundamentales alegados, máxime, cuando la verdadera intención del demandante es
convertir el amparo en una instancia adicional del procedo contencioso. Asimismo,
se encuentra actualmente activo en nómina de pensionados con una pensión de
$9,617,659 millones de pesos, por lo tanto, no se encuentra en peligro de vulneración
de un perjuicio inminente o de su mínimo vital.

6. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca7 pretendió que se declarara
improcedente la petición de amparo por cuanto la discusión planteada no puede ser
objeto de estudio en este escenario, pues el juez constitucional no puede reevaluar
el litigio como si fuera uno de instancia, cuando son funciones asignadas válidamente
al juez natural.

2. Consideraciones

5 Ver índice 11 de Samai. Archivo denominado «9RECIBEMEMORIAL_76001333300220230024(.zip)

NroActua 11».
6 Ver índice 12 de Samai. Archivo denominado «10_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda-

adjunto_contestacion(.pdf) NroActua 12».
7
Ver índice 13 de Samai. Archivo denominado «14RECIBEMEMORIAL_Contestaciontutela20(.pdf)
NroActua 13».

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Demandante: Heyder Iván Duque Murillo

7. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico y; iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

8. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el 1°. del Decreto 333 del 6 de
abril de 20218 la Sala es competente para conocer de la solicitud de amparo contra
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

9. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso-administrativo
del Consejo de Estado9 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia
de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas
que en su interior se habían desarrollado sobre el tema10. Al respecto señaló lo
siguiente:

«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio
de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales
fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en
esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia
de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]».

10. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

11. Sobre el particular, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-
administrativo11, adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la

8 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,

Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción
de tutela.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-

01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
10 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñada.
11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso-administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014,

Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos
Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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Demandante: Heyder Iván Duque Murillo

Sentencia C-590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como
mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales
como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta
solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que
desconozcan derechos fundamentales.

12. Ahora bien, la Corte Constitucional12 ha señalado que la solicitud de amparo
debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se
haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez;
y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se hayan agotado
los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y
eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla
con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será declarar improcedente el
amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

13. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos13,
el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de
la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de
los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea
de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales14.

14. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal
entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente
reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

15. De acuerdo con el escrito de tutela, la Sala deberá definir: ¿si el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, vulneró los derechos fundamentales de Heyder
Iván Duque Murillo con ocasión de la sentencia del 1° de septiembre de 2025, a través
de la cual negó la reliquidación de su pensión de vejez bajo los parámetros del
Acuerdo 49 de 1990, con la que incurrió, presuntamente, en defectos sustantivo,
violación directa de la Constitución Política y desconocimiento del precedente
judicial?
2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Requisitos de procedibilidad adjetiva

12 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y

C-590 de 2005.
13 Corte Constitucional, sentencia T-309 de 2005, MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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16. La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de
tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado,
procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Desconocimiento del precedente judicial

17. En este punto, en cuanto al desconocimiento de precedente alegado se
recuerda que un análisis sistemático del artículo 230 de la Constitución Política
permite afirmar que los jueces guardan una carga de respetar los precedentes
relevantes como un imperativo derivado del principio de igualdad y un medio para
promover la seguridad jurídica, la confianza de la sociedad en la estabilidad, la
predictibilidad de las decisiones judiciales y la unificación de la interpretación de las
normas jurídicas. Adicionalmente, el principio de legalidad ordena un manejo
adecuado de estos, como medio para erradicar la arbitrariedad de las decisiones
judiciales, presupuesto esencial del Estado Social de Derecho.

18. La Corte Constitucional ha considerado que el precedente es toda decisión
previa adoptada principalmente por los órganos de cierre de las diferentes
jurisdicciones que, por abordar un problema jurídico originado en hechos idénticos o
semejantes desde un punto de vista jurídicamente relevante al que debe resolver el
juez, debe ser tenido en cuenta como condición de eficacia del principio de igualdad.
El adecuado manejo del precedente conlleva entonces la obligación de seguir el
curso de decisión trazado en la ratio decidendi de una o varias sentencias previas,
salvo si existen razones jurídicas particularmente poderosas que impongan
modificarlo.

19. Esas razones pueden provenir de un cambio en el ordenamiento positivo, de
la modificación de las bases axiológicas del sistema jurídico o de una drástica
transformación de las condiciones sociales en las que se adoptaron aquellas
decisiones, de tal entidad que las torna en injustas o incorrectas en el orden de cosas
actual. De igual manera, el juez puede apartarse del precedente si, pese a la
existencia de algunas similitudes entre uno y otro caso, encuentra diferencias de
mayor peso que justifican un tratamiento diverso a la situación objeto de estudio.
Finalmente, eventos en los que se evidencia una incompatibilidad en el sentido de
decisiones precedentes, relevan al juez de obediencia pues, en términos prácticos,
no existe un precedente claro que lo vincule.

20. En cualquier caso, el juez debe cumplir una carga de transparencia,
identificando los precedentes relevantes; de suficiencia, dando a conocer las razones
que en su concepto justifican el cambio de dirección decisional, y precisando por qué
esa modificación lleva a una mejor interpretación del orden jurídico además de ello
reporta mayores beneficios que el detrimento en la seguridad jurídica y la igualdad
que se derivara de la desobediencia al precedente.

2.4.3. Defecto sustantivo

21. En cuanto al defecto sustantivo, es importante recordar que la Corte
Constitucional ha señalado que este se presenta cuando, el juez adopta una decisión

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que desborda del marco constitucional y legal, al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto. En su jurisprudencia, la corporación ha
resaltado que este defecto encuentra su origen en el hecho de que, si bien los jueces
gozan de autonomía e independencia judicial para interpretar y aplicar normas
jurídicas, esta no es una facultad absoluta, para lo cual precisó que los límites se
encuentran en el orden jurídico preestablecido y los valores, principios, derechos y
garantías que identifican al actual Estado Social de Derecho.

22. El Alto Tribunal de lo Constitucional ha identificado una serie de situaciones
en las que se detecta el defecto sustantivo, a saber: (i) la sentencia se fundamenta
en una norma que no es aplicable; (ii) a pesar de la autonomía judicial, la
interpretación o aplicación de la norma al caso concreto no está dentro del margen
de razonabilidad, es de forma abierta contra evidente o perjudicial para los intereses
legítimos de las partes o es manifiestamente errada; (iii) no se toman en cuenta
sentencias que hayan definido el alcance de la norma aplicada; (iv) la disposición
aplicada se torna regresiva o contraria a la Constitución; (v) no se efectúa una
interpretación sistémica de la norma y (vi) se desconoce la norma constitucional o
legal aplicable al caso.

23. A partir de lo anterior, es claro que no cualquier diferencia en la interpretación
en que se funde una decisión judicial configura este defecto; pues para tener tal
entidad debe ser considerada irrazonable, desproporcionada, arbitraria o caprichosa.
Además, la irregularidad debe ser de tal gravedad e importancia, que la decisión
proferida por la autoridad judicial obstaculice o lesione la efectividad de los derechos
fundamentales de los sujetos procesales.

2.4.4. Violación directa de la Constitución Política

24. Se recuerda que fue concebida, en un principio, como un defecto sustantivo,
el cual se consolidó como un requisito de procedencia específico autónomo a partir
de las sentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005 de la Corte Constitucional.

25. Posteriormente el Alto Tribunal de lo Constitucional, en sentencia SU-069 de
2018, señaló que esta causal se configura «a partir del desconocimiento de los jueces
de aplicar la Constitución, conforme con el mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados», el cual puede
configurarse por dos hipótesis:

26. La primera se refiere a que no se aplica una norma fundamental al caso en
estudio, lo cual puede suceder en tres supuestos, cuando en la solución del caso (a)
se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el
precedente constitucional; (b) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata; y (c) en las decisiones se vulneraron derechos fundamentales y no se tuvo
en cuenta el principio de interpretación conforme con la Constitución.

27. La segunda, se presenta cuando se aplica la ley al margen de los preceptos
consagrados en la Constitución Política, es decir, que no se aplica la excepción de

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inconstitucionalidad contenida en el artículo 4 constitucional cuando exista
incompatibilidad con las disposiciones legales.

2.4.5. Sobre el caso concreto

28. Heyder Iván Duque Murillo acudió al juez de tutela con el fin de que se
ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efectos la
sentencia proferida el 1° de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca mediante la cual revocó la decisión del a quo, y en su lugar, negó la
reliquidación de su pensión de vejez bajo los parámetros del Acuerdo 49 de 1990.

29. Lo anterior, al considerar que se incurrió en defectos sustantivo,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución Política
al no aplicar normas pertinentes como el Acuerdo 049 de 1990 y el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, e imponer exigencias no contempladas en el ordenamiento, tales
como la supuesta exclusividad de cotizaciones al ISS. Asimismo, no se aplicó el
principio de favorabilidad, según el cual debe prevalecer la situación más favorable
al trabajador. En materia pensional, esto implica que, si un afiliado cumple con los
requisitos del referido acuerdo, la autoridad administrativa o judicial está obligada a
aplicar dicho régimen por ser el más beneficioso ya sea para el reconocimiento o la
reliquidación de la prestación.

31. Ello, por cuanto la distinción entre reconocimiento y reliquidación no tiene
sustento constitucional, pues si la acumulación de tiempos es válida para estructurar
el derecho pensional, también lo es para su liquidación. Razón por la cual negar esa
posibilidad implicaría desconocer semanas válidas y vulnerar principios como la
favorabilidad, el mínimo vital y la seguridad social.

32. En este punto, la Sala aclara que el análisis de los mencionados defectos se
hará en conjunto, comoquiera que todos van dirigidos a cuestionar la decisión
desfavorable de la autoridad judicial demandada, bajo el argumento de que la
acumulación de cotizaciones entre el ISS y otros fondos procede únicamente para el
reconocimiento inicial de pensiones, más no para reliquidaciones.

33. Para mayor claridad sobre el asunto, la Sala recuerda el análisis efectuado por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca referente a la negativa de la
reliquidación pensional solicitada, así:

«[…] El demandante pretende la nulidad de las resoluciones que le negaron la
reliquidación de la pensión bajo los parámetros del Acuerdo 49 de 1990 aprobado por el
Decreto 758 de 1990 con una tasa de reemplazo del 90%, acumulando tiempos públicos
y privados.

El juzgado de instancia accedió a lo solicitado, explicando que, si es posible aplicar la
norma aducida, pues el demandante es beneficiario del régimen de transición y que
aunque la Ley 33 de 1985 regulaba las pensiones del sector público, esta rigió desde
febrero de 1985 mientras las cotizaciones iniciaron en 1978 bajo el Acuerdo 224 de 1966

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y sus posteriores reemplazos hasta el Acuerdo 049 de 1990, por lo cual se tenía que
aplicar el acuerdo mencionado, ante lo cual el argumento de apelación de Colpensiones
se centra solamente en indicar que el actor no cumplía con los requisitos del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 para acceder al régimen de transición y que de conformidad con
los documentos CETIL se evidencian períodos discontinuos, por lo que se debe aplicar la
Ley 797 de 2003 y no el Acuerdo 049 de 1990, dado que el pensionado tenía una tasa de
reemplazo del 75.45% que superaba el promedio legal.

Teniendo en cuenta el criterio del Consejo de Estado señalado en precedencia, no es
posible la acumulación de tiempos cotizados al ISS y otros fondos para efectos de la
reliquidación de la pensión, pues este solo aplica a efectos del reconocimiento.

En el presente asunto se observa que mediante Resolución SUB 156845 del 18 de junio
de 2019 proferida por Colpensiones, al demandante se le reliquidó su pensión conforme
la Ley 100 de 1993 modificada por Ley 797 de 2003, en cuantía de $6.316.708 para el
año 2019, con tasa de reemplazo del 75.45%, norma que aplicó por favorabilidad frente a
la aplicación de la ley 33 de 1985, pretendiendo el actor ahora que se le reliquide el IBL
conforme el acuerdo 49 de 1990 con una tasa de remplazo del 90%, teniendo en cuenta
las más de 2.000 semanas cotizadas, lo que le daría derecho al reconocimiento de la
pensión en un 90% del IBL, tasa de reemplazo que resulta mayor a la reconocida en los
actos administrativos demandados, lo que a juicio de la Sala en primer lugar no es posible
ya que pretender la reliquidación de la pensión computando tiempos cotizados al ISS,
otros fondos en este caso a la entidad empleadora, máxime que esto implicaría una
vulneración al principio de inescindibilidad de la norma, no es posible, pues lo que se
pretende es solo la reliquidación del IBL bajo este régimen por considerarlo más favorable.

Finalmente, el Consejo de Estado ha establecido que la acumulación de cotizaciones entre
el ISS y otras entidades previsionales procede únicamente para el reconocimiento inicial
de pensiones cuando se configura vulneración de derechos fundamentales a la seguridad
social por la imposibilidad de acceso a la prestación, mas no para reliquidaciones de
personas que ya cuentan con pensión reconocida y liquidada como ocurre en el presente
caso, donde el demandante tiene una prestación previamente otorgada por Colpensiones,
razón por la cual no existe vulneración de prerrogativas fundamentales que justifique la
aplicación del régimen excepcional, siendo aplicable únicamente la normatividad ordinaria
vigente al momento del reconocimiento inicial, ya que el tiempo solicitado revisado el
formato cetil no tuvieron destino a un fondo y menos al ISS de 1978 a 1995.

Con fundamento en lo expuesto, se revocará la decisión de instancia y en su lugar se
negarán las pretensiones de esta […]» [sic].

34. En razón a la controversia a decidir y el desconocimiento del precedente
judicial alegado, se hace necesario hacer alusión a algunos pronunciamientos del
Consejo de Estado, Sección Segunda y la Corte Constitucional, sobre la materia, así:

35. En sentencia del Sentencia T-219/21 la Corte Constitucional preciso15:

«[…] En concordancia con la obligación referida, en este asunto la diferencia en la
instancia de la pretensión –reconocimiento vs. reliquidación– no resulta suficiente
para descartar el precedente invocado, por cuanto la regla jurisprudencial determinó la
lectura del Acuerdo 049 de 1990 conforme al principio de favorabilidad para la
determinación del derecho pensional de los beneficiarios del régimen de transición
[…]

15 Sentencia del 13 de julio de 2021, expediente T-7.977.028. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01439-00
Demandante: Heyder Iván Duque Murillo

64.2. En segundo lugar, la argumentación desconoce que la línea jurisprudencial sobre la
acumulación de tiempos se remonta al año 2009, no se circunscribe a la sentencia de
unificación identificada y que, en esta línea, no se ha precisado que la aplicación del
principio de favorabilidad sólo opera cuando no existe otra opción pensional o en
la instancia de acceso al derecho, y no en los debates sobre su alcance.

En efecto, en la interpretación más favorable del Acuerdo 049 de 1990 no se ha
precisado que esta sólo aplica para los casos en los que dicha norma constituye el
único régimen a través del que es viable el acceso a la pensión, como lo plantea
COLPENSIONES. Por el contrario, el criterio determinante ha sido el principio de
favorabilidad en la interpretación de las fuentes formales del derecho como mandato
directo de la Constitución Política, a pesar de la posibilidad de reconocer la pensión bajo
otros regímenes. Así, por ejemplo, en la Sentencia T-093 de 2011 la Sala consideró
que “[s]i bien el peticionario (…) solicita la aplicación del régimen de transición previsto en
el artículo 7º de la Ley 71 de 1988, en atención al principio de favorabilidad, se procede a
analizar en primera instancia (…) la posibilidad de aplicar el artículo 12 de Acuerdo 049
de 1990. Esto, porque de los posibles regímenes de transición de los que puede ser
beneficiario el actor, aquel es el más favorable” (negrillas propias). En consecuencia,
concluyó que el régimen que resultaba más beneficioso de acuerdo con las condiciones
del accionante era el Acuerdo 049 de 1990, bajo la lectura más favorable del mismo, que
permite la acumulación de tiempos no cotizados con exclusividad al ISS.
[…]
Finalmente, en lo que respecta a la aparente distinción entre una situación de
reconocimiento y otra de reliquidación, es necesario señalar que, además de que
esa diferencia no tiene sustento en la línea jurisprudencial construida, resulta
abiertamente violatoria de los principios de igualdad y de favorabilidad. En efecto,
bajo esa distinción, la definición de una misma situación pensional conforme al artículo 53
superior se limitaría por un escenario formal en el que no incide la actividad del trabajador.
Así, por ejemplo, el derecho pensional de dos trabajadores beneficiarios del régimen de
transición que contaran con el mismo número de semanas cotizadas se definiría, de forma
diferente, con base en la actuación que adelante COLPENSIONES. Si el primero obtiene
un reconocimiento primigenio de la entidad, bajo otro régimen, su derecho no podría ser
definido conforme a la interpretación más favorable del Acuerdo 049 de 1990. No obstante,
si el segundo trabajador no cuenta con ese reconocimiento directo de la entidad, la
definición de su derecho podría evaluarse, por estar en la instancia de reconocimiento,
con base en la interpretación más favorable del régimen en mención en sede judicial. En
ese sentido, es claro que el elemento que se consideró relevante por los jueces y las
autoridades administrativas –la instancia de reconocimiento o de reliquidación– no puede
ser tomado como el factor que determine la aplicación de un mandato constitucional, pues
se generarían tratos diferenciados injustificados con respecto a personas que se
encuentran en la misma situación fáctica y jurídica. […]» [sic]. [subrayado por la Sala]

36. En sentencia del 23 de abril de 202016 se precisó:

«[…] Mediante la Resolución 10492 de 25 de marzo de 2011 el Instituto de Seguros
Sociales (hoy Colpensiones) le reconoció al demandante la pensión por aportes prevista
en la Ley 71 de 1988, con la tasa de remplazo del 75%, pero tomando como base el
promedio de lo cotizado en los últimos 10 años de servicios y los factores salariales
establecidos en el artículo 10 del Decreto 1158 de 1994 […]. Asimismo, a través de la
Resolución 28818 de 23 de agosto de 2011 expedida por el Instituto de Seguros Sociales
(hoy Colpensiones) se dispuso el pago de la mesada pensional a partir del 1° de
septiembre de 2011.

16 Sección Segunda, Subsección A, expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 2 5 0 0 0 -

2 3 - 4 2 - 0 0 0 - 2 0 1 6 - 0 2 4 1 7 - 0 1 ( 3 3 5 1 - 2 0 1 8 ) . CP: Gabriel Valbuena Hernández.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01439-00
Demandante: Heyder Iván Duque Murillo

[…]
(i) El demandante es beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo
36 de la Ley 100 de 1993, en la medida que nació el 26 de marzo de 1946, por lo que
para el 1° de abril de 1994, fecha en la que entró en vigencia la Ley 100 de 1993,
contaba con 47 años de edad.
[…]
En el sub lite se tiene que el demandante cumplió la edad de 60 años el 26 de
septiembre de 2006 y acreditó 1603 semanas de cotización; es decir, que le asiste
el derecho a la reliquidación de la pensión de vejez en los términos de los artículos
12 y 20 del Decreto 758 de 1990, en cuantía equivalente al 90% y, en esa medida,
conforme lo consideró el Tribunal, se muestra evidente que este régimen es más
beneficioso que el consagrado en las Leyes 33 de 1985 y 71 de 1988, puesto que
establece tasas de reemplazo más altas, según las semanas de cotización.
(iv). En cuanto al ingreso base de liquidación, se tiene que el a quo ordenó
reconocer la pensión de vejez dando aplicación integral al Acuerdo 049 de 1990,
liquidando la prestación con base en lo dispuesto en el parágrafo 1° de dicha
disposición, de tal manera que esta corresponda al 90% del promedio de la totalidad
de los factores devengados en las últimas 100 semanas de servicio, a partir del 16
de marzo de 2012 por la ocurrencia del fenómeno prescriptivo.
No obstante lo anterior, conforme a lo expuesto en acápites anteriores, el régimen
pensional de las personas beneficiarias de la transición consagrada en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 a quienes se les aplique el Acuerdo 049 de 1990 incluye los requisitos
de edad, el tiempo de servicios o semanas de cotización y la tasa de reemplazo del
régimen anterior […]» [sic].

37. En sentencia del 3 de abril de 202517, refirió:

«[…] 6.5. Caso concreto. La controversia en el presente asunto se contrae a definir si de
acuerdo con el régimen pensional del Decreto 758 de 1990, aplicable por transición de la
Ley 100 de 1993, es posible incrementar la tasa de reemplazo al tope establecido del 90%,
de la pensión que le fue reconocida a la actora.
Ahora bien, es de resaltar que la actora es beneficiaria del régimen de transición
contemplado en la Ley 100 de 1993, circunstancia que no está en discusión, pues nació el
27 de marzo de 1953, por lo que, al 30 de junio de 1995, cuando entró a regir la norma en
comento para las entidades del orden territorial, acreditaba 42 años de edad. Sumado a
ello, al cumplimiento de los 55 años de edad (27 de marzo de 2008) contaba con más de
750 semanas cotizadas, por lo que también logró conservar el régimen de transición aludido
conforme a lo dispuesto en el Acto Legislativo 01 de 2005.
[…]
Pues bien, debe reiterarse que el Consejo de Estado ha manifestado que la tasa de retorno
se encuentra protegida por el régimen de transición y, en consecuencia, se debe garantizar
la aplicación a sus beneficiarios con base en la norma anterior, que sea más favorable.
En esos términos, se observa que la demandante pretende la aplicación del Decreto 758
de 1990, por ser beneficiaria del régimen de transición contemplado en la Ley 100 de 1993,
con una tasa del 90% sobre el salario base de liquidación, conforme al número de semanas

17 Sección Segunda, Subsección B, expediente de nulidad y restablecimiento del derecho 05001-23-

33-000-2018-01738-01 (0261-2024). CP: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01439-00
Demandante: Heyder Iván Duque Murillo

cotizadas al Instituto de Seguros Sociales, hoy Colpensiones, y en concordancia con el
artículo 20 del mencionado decreto
[…]
Por ende, no son de recibo los argumentos expuestos por el Tribunal de origen, según los
cuales a la accionante no le resulta aplicable el Decreto 758 de 1990, pues considera que
no es viable sumar tiempos diferentes a los cotizados al ISS. Como se expuso en el marco
normativo de la presente providencia, sí es posible sumar tanto los tiempos públicos
como los privados, además, este decreto es más favorable porque las tasas de
reemplazo son superiores para los pensionados.
[…]
En esos términos, corresponde revocar parcialmente la sentencia de primera
instancia, únicamente en cuanto negó la pretensión subsidiaría, para en su lugar,
ordenar la reliquidación de la pensión de la señora Ruth Duque Vásquez conforme a
la tasa de reemplazo del 90% prevista en el artículo 20 del Decreto 758 de 1990, en
consonancia con el régimen de transición de la Ley 100 de 1993, con la precisión que el
IBL corresponde a lo dispuesto en el artículo 21, aspecto que no es objeto de modificación
alguna. Esto con la precisión, que la misma entidad accionada, en sede administrativa,
reconoció que la actora es beneficiaria del decreto en referencia. […]» [sic]. [subrayado por
la Sala]

38. De igual manera, la Sala considera importante referir el siguiente
pronunciamiento, que, aunque no podría ser calificado como desconocido en
atención a que fue proferido con posterioridad a la sentencia enjuiciada, lo cierto es
que sirve de fundamento para corroborar que esa sigue siendo la línea pacifica de la
Sala. Al respecto, en sentencia del 26 de noviembre de 202518, precisó:

«[…] Sin embargo, esta Subsección acogió la línea de la Corte Constitucional acerca de la
aplicación del Decreto 758 de 1990, en el sentido de precisar que quien cotizó al ISS y a
otras cajas, como trabajador estatal y privado tiene derecho a que se le aplique lo previsto
en esta normativa.
Sobre la aplicación de este decreto, la Subsección B en providencia del Tres (3) de abril de
Dos mil Veinticinco (2025), reiteró lo señalado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de
Justicia, de la siguiente manera:
«Por consiguiente, el promotor del proceso completa el tiempo requerido para alcanzar
la prestación bajo la égida de la Ley 71 de 1988. Sin embargo, la Sala aplicará el Acuerdo
049 de 1990 en el presente caso, porque a la luz del principio de favorabilidad
consagrado en los artículos 53 de la Constitución Política y 21 del CST, dicha
normatividad le resulta más beneficiosa al trabajador, en términos de tasa de remplazo.
Esta conclusión es válida, porque si bien el IBL es similar en las dos normas, la tasa de
remplazo es del 75% en la Ley 71 de 1988 (art. 8 del Decreto 2709 de 1994) y hasta del
90% en el Acuerdo 049 de 1990 (art. 20). Luego, para la Sala prevalece inexorablemente
la disposición más favorable al trabajador. Al respecto, la Sala considera que ello es
posible jurídica y fácticamente, porque i) el demandante cumple los requisitos con la Ley
71 de 1988 y el Acuerdo 049 de 1990; ii) en los dos regímenes es posible sumar el
tiempo laborado en entidades privadas y oficiales, sin importar si fue o no objeto de
aportes a entidades de previsión o de seguridad social; iii) es plenamente congruente

18 Sección Segunda, Subsección B, expediente de nulidad y restablecimiento del derecho
08001233300020180062001 (1965-2025). CP: Jorge Edison Portocarrero Banguera.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01439-00
Demandante: Heyder Iván Duque Murillo

con lo solicitado en la demanda inaugural y el recurso de apelación; y iv) observa el
principio de favorabilidad consagrado en los artículos 53 superior y 21 del CST.»
[…]
De ahí que, no son de recibo los argumentos del A-quo, según el cual al señor Ricardo
Alfonso Bernal Vanegas no le resultan aplicables el Decreto No. 758 de 1990, porque no se
habían reportado semanas de cotización al ISS. Como se expuso en precedencia, es
posible sumar tanto tiempos públicos como privados para acceder a este régimen, además,
este decreto le resulta más favorable, toda vez que, la tasa de reemplazo es superior para
los pensionados.
[…]
Por otra parte, el A quo negó el restablecimiento del derecho solicitado en la demanda de
reconvención, consistente en la reliquidación de la pensión de jubilación, conforme con los
lineamientos del Acuerdo 049 de 1990, decisión equivocada, toda vez que, está es más
favorable para el actor y por ello, la Sala dispondrá el restablecimiento del derecho.
En estos términos corresponde revocar parcialmente la sentencia de Primera Instancia, en
cuanto negó la pretensión del demandante en reconvención de reliquidar la pensión, en su
lugar, se ordenará a la demandada, la reliquidación de la pensión del señor Ricardo Alfonso
Bernal Vanegas conforme a la tasa de reemplazo del 90% prevista en el artículo 20 del
Decreto 758 de 1990, en consonancia con el régimen de transición de la Ley 100 de 1993,
con la precisión que el IBL corresponde a lo dispuesto en el artículo 21 de dicha norma,
aspecto que no es objeto de modificación. […]» [sic].

39. Como se evidencia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el Consejo
de Estado, Sección Segunda ha sido consistente en reconocer que, para la
determinación del derecho pensional debe prevalecer una interpretación favorable de
las fuentes normativas, en particular del Acuerdo 049 de 1990, sin que la distinción
entre reconocimiento y reliquidación constituya un criterio válido para inaplicar dicho
precedente, toda vez que la regla jurisprudencial ha establecido que el principio de
favorabilidad opera como mandato constitucional autónomo en la interpretación del
sistema pensional.

40. En este sentido, se ha precisado que la posibilidad de acumulación de tiempos
y la aplicación del régimen más beneficioso no se limitan a los eventos en los que el
acceso a la pensión dependa exclusivamente de una norma específica, ni a la
instancia inicial de reconocimiento del derecho, sino que resultan exigibles también
en escenarios de definición de su alcance. Máxime cuando la definición de un mismo
derecho pensional no puede depender de un aspecto meramente formal como la
instancia en la que se debate [reconocimiento o reliquidación], sino que debe atender
a la aplicación uniforme de los mandatos constitucionales previstos para la protección
efectiva de los trabajadores.

41. En este punto, la Sala aclara que, la providencia enjuiciada parte de una
interpretación restrictiva del precedente judicial, en torno a la aplicación del principio
de favorabilidad en materia pensional. En efecto, sostener que la acumulación de
tiempos cotizados entre el ISS y otras entidades solo procede en la etapa de
reconocimiento y no en la de reliquidación carece de sustento jurisprudencial, pues

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01439-00
Demandante: Heyder Iván Duque Murillo

no existe una regla que limite la aplicación de la interpretación más favorable del
Acuerdo 049 de 1990 a un momento procesal específico.

42. A juicio de la Sala, la autoridad judicial demandada incurrió en
desconocimiento del precedente judicial al inaplicar la línea jurisprudencial pacífica
del Consejo de Estado, Sección Segunda y la Corte Constitucional existente en torno
a la procedencia de la reliquidación pensional con el Acuerdo 049 de 1990, pues la
distinción entre reconocimiento y reliquidación como criterio para negar la aplicación
de un régimen más favorable resulta abiertamente contraria a los principios de
igualdad y favorabilidad, ya que introduce un trato diferenciado injustificado entre
personas que se encuentran en la misma situación fáctica y jurídica. Razón por la
cual, se accederá al amparo solicitado.

3. Decisión

43. En este orden de ideas, las inconformidades en las que la demandante centró
sus esfuerzos tienen vocación de prosperidad, de forma que se amparará los
derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y a la
tutela judicial efectiva de Heyder Iván Duque Murillo.

44. En consecuencia, i) se dejará sin efectos la sentencia proferida el 1° de
septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho 76-001-33-33-002-2023-00243-
01, y ii) se le ordenará a dicha corporación judicial que, en el término de 20 días
siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia, emita un
pronunciamiento de reemplazo, de conformidad con los argumentos expuestos en
precedencia.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Amparar los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva de Heyder Iván Duque Murillo.

Segundo. Dejar sin efectos la sentencia proferida el 1° de septiembre de 2025 por
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, identificado con el radicado 76001-33-33-002-2023-
00243-01.

Tercero. Ordenar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que, en el término
de 20 días siguientes, contados a partir de la notificación de la presente providencia,
emita un pronunciamiento de reemplazo.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01439-00
Demandante: Heyder Iván Duque Murillo

Cuarto. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Quinto. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado Electrónicamente

LVLQ/LXRR

Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo Samai,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad del presente
documento en el link http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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