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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01441-00

Fecha
13 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01441-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

13 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01441-00 (2192)
Accionante: Sumit Gaddh
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
reparación directa. Subtema 2: proceso en curso. Subtema 3: subsidiariedad.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por el señor Sumit Gaddh en contra del Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín.

1. Síntesis del caso

El señor Sumit Gaddh presentó acción de tutela con la pretensión de amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la vida y de petición, que consideró
vulnerados por el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia. Respecto del juzgado, con ocasión de las providencias
del 15 de octubre de 2025 y del 10 de febrero de 2026, dictadas en el proceso de
reparación directa con radicado núm. 05001-33-33-008-2025-00187-00. Por su
parte, frente al Tribunal, como consecuencia de no haber dado respuesta a una
petición que, aduce, presentó el 5 de diciembre de 2025.

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:

1 Samai, índice 2.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01441-00 (2192)
Accionante: Sumit Gaddh
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

2. El señor Sumit Gaddh es ciudadano extranjero residente en Colombia,
propietario del inmueble ubicado en la Calle 60 núm. 41-24 del Barrio San Miguel
en Medellín.

3. El actor aduce que desde marzo de 2021 reportó al municipio de Medellín
sobre la infiltración de aguas negras en su predio procedente del colindante,
generando riesgo estructural y sanitario para residentes y visitantes. Debido a lo
anterior, inició unas obras en su predio.

4. La Corporación Dulazar Provivienda Digna (Dulazar), el 5 de junio de 2025,
presentó demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el
Distrito de Medellín y el señor Sumit Gaddh, con el fin de que se declarara la
responsabilidad administrativa por los daños ocasionados a un inmueble de su
propiedad, originados, según afirmó, en las obras autorizadas y ejecutadas en el
predio colindante de propiedad del señor Gaddh.

5. El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Octavo
Administrativo de Medellín, que, por auto del 26 de junio de 2025, la admitió y ordenó
las notificaciones de rigor.

6. El señor Sumit Gaddh, los días 1, 2 y 4 de julio de 2025, presentó en nombre
propio, varios memoriales mediante los cuales solicitó la nulidad procesal, el
rechazo total de la demanda, la «refutación judicial complementaria» y la
suspensión del proceso. Lo anterior, sustentado en presuntas irregularidades en el
trámite conciliatorio y en los correos utilizados para comunicaciones y notificaciones.

7. Mediante auto del 8 de julio de 2025, el juzgado negó todas las solicitudes, en
atención a que el señor Gaddh no actuó a través de apoderado judicial como lo
exigía el artículo 160 del CPACA.

8. El señor Sumit Gaddh, en memoriales del 16 y 18 de julio de 2025, actuando
a través de apoderada judicial, solicitó la nulidad y el rechazo de la demanda,
respectivamente. Tales peticiones fueron negadas por auto del 30 de julio de 2025,
al considerar que no se configuró la causa de nulidad por indebida notificación ni
existía mérito para la procedencia del rechazo.

9. Nuevamente, el 20 de agosto de 2025, el señor Sumit Gaddh presentó ante el
Tribunal Administrativo de Antioquia, actuando en nombre propio, una solicitud de
nulidad, la cual fue remitida por dicha autoridad judicial a los juzgados
administrativos de Medellín.

10. El señor Sumit Gaddh, el 21 de agosto de 2025, por conducto de apoderada
judicial, radicó la contestación de la demanda y, el 6 de septiembre siguiente, allegó
pronunciamiento respecto de la reforma de la demanda presentada por la parte
demandante.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01441-00 (2192)
Accionante: Sumit Gaddh
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

11. El 17 de septiembre de 2025, el despacho judicial corrió traslado de la solicitud
de nulidad remitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Ese mismo día, el
señor Gaddh, por conducto de su apoderada, solicitó la suspensión del proceso por
prejudicialidad penal, con fundamento en la existencia de la investigación penal
núm. 0500160002482202541885, que versaba sobre la autenticidad de
documentos que constituían el fundamento probatorio central de la demanda.

12. El 22 de septiembre de 2025, el señor Sumit Gaddh, a través de su apoderada,
radicó «solicitud de oficios compulsorios».

13. El Juzgado Octavo Administrativo de Medellín, por auto del 30 de septiembre
de 2025, negó la solicitud de nulidad remitida por el Tribunal, en razón a que fue
presentada directamente por el señor Gaddh y no por su apoderada judicial. En esa
misma decisión, el despacho judicial puso de presente que ya había resuelto una
solicitud similar presentada por el señor Gaddh a través de su apoderada, la cual
había sido negada en auto del 30 de julio de 2025.

14. Mediante auto del 15 de octubre de 2025, el despacho judicial negó la solicitud
de suspensión del proceso por prejudicialidad. Contra esa decisión, el aquí actor
interpuso recurso de apelación.

15. Por auto del 28 de octubre de 2025, el juzgado adecuó el recurso de apelación
al de reposición y decidió no reponer la providencia recurrida.

16. El 28 de octubre de 2025, el señor Sumit Gaddh, por conducto de apoderada,
solicitó la nulidad de las actuaciones del proceso que se hubieran surtido con
posterioridad al inicio de la investigación penal núm. 050016000248202541885.

17. Mediante auto del 11 de noviembre de 2025, el despacho negó la solicitud de
nulidad por improcedente, decisión contra la cual el señor Gaddh, por intermedio de
su apoderada, interpuso recurso de apelación.

18. El 23 de noviembre de 2025, el señor Sumit Gaddh a través de su apoderada
propuso la nulidad por presuntos vicios en el poder otorgado al apoderado de la
parte demandante.

19. Por auto del 25 de noviembre de 2025, el despacho judicial adecuó a recurso
de reposición el de apelación interpuesto y decidió no reponer el auto del 11 de
noviembre de 2025.

20. El 25 de noviembre de 2025, el señor Sumit Gaddh aportó el poder de su nuevo
apoderado y, por conducto de este, el 28 de noviembre siguiente interpuso recurso
de apelación contra el auto del 25 de noviembre de 2025.

21. El 2 de diciembre de 2025, el despacho judicial requirió al señor Sumit Gaddh
para que aportara el poder conferido en debida forma. El aquí accionante atendió
dicho requerimiento el 4 de diciembre de 2025.

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Accionante: Sumit Gaddh
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

22. El 8 de diciembre de 2025, el señor Gaddh, por conducto de apoderado, radicó
las excepciones previas, así como una medida cautelar consistente en la
suspensión provisional del proceso.

23. El 21 de enero de 2026, el aquí accionante aportó memorial en el que propuso
una nulidad procesal, excepciones previas y control de legalidad.

24. Mediante auto del 27 de enero de 2026, el despacho judicial rechazó por
improcedente el recurso de apelación que se interpuso contra el auto del 25 de
noviembre de 2025.

25. Por auto del 10 de febrero de 2026, el juzgado negó la solicitud de nulidad
propuesta el 23 de noviembre de 2025 por el señor Sumit Gaddh, a través de su
entonces apoderada.

26. El 12 de febrero de 2026, el señor Gaddh a través de su apoderado aportó
cuatro memoriales contentivos de una recusación, una solicitud de «producción de
memorial», un recurso de reposición contra el auto que negó la solicitud de nulidad
y una ampliación de denuncia penal que cursa en la Fiscalía, en la que incluyó al
juez octavo administrativo de Medellín.

27. Por otro lado, el actor sostuvo que el 5 de diciembre de 2025 presentó un
derecho de petición ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, pero que esa
autoridad judicial no lo respondió. Además, expuso que ha promovido diferentes
tutelas, entre ellas la radicada bajo el núm.11001-03-15-000-2025-07952-00, en la
que expuso dicha circunstancia.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

28. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:

73. Pretensión primera. Amparo del derecho al debido proceso

74. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso (art. 29, C.P.) del señor
Sumit Gaddh, vulnerado por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Medellín
y, en consecuencia:

75. 1.1. ORDENAR la suspensión del proceso ordinario radicado bajo el No. 05001-
33-33-008-2025-00187-00, hasta tanto la Fiscalía General de la Nación se pronuncie
sobre la investigación penal NUNC 050016000248202541885 relacionada con la
presunta falsificación de los informes del DAGRD que constituyen fundamento de la
demanda, en aplicación del artículo 161, numeral 3, del Código General del Proceso.

76. 1.2. ORDENAR al Juzgado Octavo Administrativo que, dentro del término de
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, proceda a verificar y
pronunciarse expresamente sobre el cumplimiento de los presupuestos procesales
de capacidad para ser parte, representación adecuada y sustento probatorio de la
demanda presentada por la Corporación Dulázar Provivienda Digna, conforme a los
artículos 53, 90, 100 y 133, numeral 8, del CGP.

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Accionante: Sumit Gaddh
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

77. 1.3. ORDENAR al Juzgado Octavo Administrativo que corrija el destinatario de las
notificaciones judiciales, dirigiéndolas al representante legalmente constituido del
accionante.

78. Pretensión segunda. Amparo del derecho a la vida

TUTELAR el derecho fundamental a la vida (art. 11, C.P.) del señor Sumit Gaddh, y
en consecuencia:

79. 2.1. DEJAR SIN EFECTOS el Auto No. 412 del 15 de octubre de 2025, en cuanto
negó las medidas de protección de vida y las solicitudes de verificación estructural
formuladas por el accionante.

80. 2.2. ORDENAR al Juzgado Octavo que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes, valore nuevamente las solicitudes de medidas de protección de vida, a la
luz de la evidencia documental obrante en el expediente sobre el riesgo estructural
del inmueble.

81. Pretensión tercera. Amparo del derecho de petición

82. TUTELAR el derecho fundamental de petición (art. 23, C.P.) del señor Sumit
Gaddh, vulnerado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, y en consecuencia:
83. 3.1. ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia que, dentro de las cuarenta
y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo, dé respuesta sustancial, clara,
precisa y de fondo a las siete (7) preguntas contenidas en el derecho de petición
presentado el 5 de diciembre de 2025, conforme a la Ley 1755 de 2015.

84. Pretensión subsidiaria. Compulsa de copias

85. De conformidad con las facultades que le confiere la ley al juez de tutela, solicito
respetuosamente que, de encontrarlo pertinente, se compulsen copias de la presente
actuación a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, para que, dentro del ámbito
de sus competencias, evalúe la conducta del Juez Walter Manuel Posada Pérez en
el trámite del proceso radicado bajo el No. 05001-33-33-008-2025-00187-00.2.

29. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó, de
manera preliminar, que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales
de procedencia. Al respecto, indicó que la controversia involucra derechos
fundamentales; que interpuso recurso de apelación contra el auto del 15 de octubre
de 2025, el cual, según afirmó, no fue tramitado; que presentó más de 40
memoriales ante el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín, los cuales fueron
negados, y que agotó las instancias ante el Tribunal Administrativo de Antioquia con
la interposición de una acción de tutela.

30. Asimismo, precisó que cuestionaba las actuaciones judiciales dictadas entre
octubre de 2025 y febrero de 2026 en el proceso de reparación directa que se

2 Se transcribe incluso con errores.

5

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encuentra en curso, así como la «actuación administrativa del Tribunal en relación
con el derecho de petición».

31. Por otra parte, sostuvo que el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín
incurrió en defecto fáctico, porque: (i) admitió la demanda de reparación directa sin
que obrara prueba de la capacidad corporativa de Dulazar; (ii) valoró como prueba
un correo electrónico que carece de los requisitos de la Ley 527 de 1999; (iii) aceptó
el informe de MACOR, pese a la ausencia de registro de pago en la DIAN, la falta
de firma profesional de COPNIA y la contradicción materia en la reforma de la
demanda; y (iv) valoró un dictamen pericial, cuyas mediciones internas contradecían
su propia conclusión.

32. Indicó que también se configuró el defecto procedimental absoluto, dado que
el citado despacho judicial no suspendió el proceso, pese a que le puso en
conocimiento la existencia de una investigación penal activa en la que se discute la
falsedad de un documento que sirve de fundamento a las pretensiones del proceso
de reparación directa. Además, porque se notificaron actuaciones a un apoderado
cuyo poder había sido revocado, en lugar de dirigirlas a la representante legalmente
constituida. Asimismo, en razón a que negó el recurso de apelación contra el auto
del 15 de octubre de 2025.

33. Sumado a lo expuesto, afirmó que el Juzgado Octavo Administrativo de
Medellín, mediante auto del 15 de octubre de 2025, negó las medidas de protección
a la vida solicitadas, aunque la evidencia documental daba cuenta del riesgo por
colapso estructural y el deterioro del inmueble, circunstancia que constituía una
violación directa de la Constitución Política, al inobservar el artículo 11 superior.
Adicionalmente, adujo que informó al juez sobre tres intentos de asesinato que
sufrió en el año 2024, así como de amenazas de muerte en su contra, pero pese a
ello no tomó ninguna medida de protección ni suspendió los plazos procedimentales

34. Respecto del Tribunal Administrativo de Antioquia, manifestó que omitió dar
respuesta al derecho de petición que presentó el 5 de diciembre de 2025, al redirigir
las preguntas al juzgado accionado.

2.3. Trámite procesal

35. El despacho ponente, mediante auto del 27 de febrero de 2026, previno al
accionante para que corrigiera la demanda de tutela en el sentido de individualizar
las autoridades accionadas, exponer con claridad los hechos que motivaron su
solicitud de amparo y, en caso de controvertir providencias judiciales, identificarlas
plenamente.

36. El actor presentó escrito de subsanación y el despacho sustanciador, por auto
del 16 de marzo de 2026, admitió la demanda, negó la medida provisional solicitada,
ordenó la notificación de las autoridades accionadas, es decir, del Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín.

6

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Adicionalmente, vinculó, como terceros con interés, a la Corporación Dulazar
Provivienda Digna y al Distrito Especial de Medellín.

2.4. Intervenciones

37. La Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia 3 rindió
informe en el que afirmó que no vulneró los derechos fundamentales del señor Sumit
Gaddh. Expuso que dictó la sentencia del 10 de octubre de 2025 en el proceso de
tutela núm. 05001-23-33-000-2025-01293-00, mediante la cual negó el amparo
solicitado por el aquí accionante al concluir que el Juzgado Octavo Administrativo
de Medellín actuó conforme a la ley al exigir la intervención a través de apoderado
judicial y advertir que las notificaciones se realizaron al correo electrónico
autorizado. Además, respecto de las demás peticiones de la tutela, encontró que no
cumplía el requisito de subsidiariedad por tratarse de un proceso ordinario que se
encontraba en curso.

38. El Tribunal indicó que el actor impugnó esa decisión, la cual fue confirmada
por la Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 7 de noviembre de
2025.

39. El Juzgado Octavo Administrativo de Medellín solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional, al estimar que el actor pretende convertirla en una instancia
adicional, para insistir en argumentos resueltos en el proceso ordinario.

40. Los demás vinculados guardaron silencio.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

41. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por Sumit Gaddh en contra del Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín.

3.2. Legitimación en la causa

42. La legitimación en la causa por activa del señor Sumit Gaddh está acreditada
porque integra la parte demandada en el proceso de reparación directa en el que
fueron expedidas las providencias que, a su juicio, desconocieron derechos
fundamentales.

3 Samai, índice 19, certificado núm. D3D4EB4AB640757C 21A818D13D1F4522 AE20526FDBBCEE8C

AAC66159A3D2E4B6.
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43. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Antioquia y el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín. En el
caso del Tribunal, porque, según el actor, no ha dado respuesta a la petición que
radicó el 5 de diciembre de 2025 y, el juzgado, porque fue la autoridad que profirió
los autos objeto de tutela.

3.3. Cuestión preliminar

44. El señor Sumit Gaddh, el 18 de marzo de 2026, presentó memorial de
complementación de la acción de tutela y poder otorgado al abogado Jorge Ángel
Cortés Cartagena para que actuara en su nombre y representación.

45. En relación con el memorial de complementación, la Sala advierte que este
fue presentado con posterioridad a la notificación del auto admisorio de la acción de
tutela a las partes e intervinientes. En tal medida, su incorporación al trámite en esta
etapa implicaría afectar el derecho de defensa y contradicción de los sujetos
procesales y, en especial de las autoridades judiciales accionadas, que ya
ejercieron su intervención con fundamento en los hechos y argumentos inicialmente
planteados. En consecuencia, dicho memorial no será tenido en cuenta para efectos
de decidir la presente acción constitucional.

46. Con todo, se reconocerá personería al abogado Jorge Ángel Cortés
Cartagena, en los términos del poder conferido por el actor, para que actúe dentro
del presente trámite de tutela.

3.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

47. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado4 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional5.

48. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;

4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado

núm.11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
5 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.

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v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

49. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la
acción de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales6 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

50. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución7.

3.5. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad

3.5.1. Requisito de subsidiariedad

51. En el presente asunto, el señor Sumit Gaddh sostuvo que el Juzgado Octavo
Administrativo de Medellín incurrió en defecto fáctico, porque, según afirma: (i)
admitió la demanda de reparación directa sin que obrara prueba de la capacidad
corporativa de Dulazar; (ii) valoró como prueba un correo electrónico que carece de
los requisitos de la Ley 527 de 1999; (iii) aceptó el informe de MACOR, pese a la
ausencia de registro de pago en la DIAN, la falta de firma profesional de COPNIA y
la contradicción materia en la reforma de la demanda; y (iv) valoró un dictamen
pericial, cuyas mediciones internas contradecían su propia conclusión.

52. Asimismo, cuestionó las providencias del 15 de octubre de 2025 y del 10 de
febrero de 2026, dictadas por el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín dentro
del proceso de reparación directa núm. 05001-33-33-008-2025-00187-00.

53. En el auto del 15 de octubre de 2025, el despacho judicial negó la solicitud de
suspensión por prejudicialidad, con fundamento en que el proceso de reparación
directa no dependía del proceso penal que cursaba en la Fiscalía General de la
Nación, por tratarse de naturalezas distintas8 y, en todo caso, porque para su

6 Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
7 Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
8 En los siguientes términos se expuso en el auto del 15 de octubre de 2025: «Descendiendo al caso concreto,

para el Despacho los argumentos de la apoderada del señor Sumit Gaddh no están llamados a prosperar, toda
vez que, el presente proceso no depende de lo que se decida en el proceso penal que pueda llegar a cursar
como consecuencia de la noticia criminal que reposa en la Fiscalía General de la Nación, en tanto ambos
procesos tienen naturalezas distintas, ya que el trámite adelantado ante este juzgado busca la declaratoria de
responsabilidad y pago de unos presuntos daños y/o perjuicios sufridos por la parte demandante, mientras que
9

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procedencia, se requería que el proceso se encontrara en estado de «dictar
sentencia de segunda o de única instancia».

54. En la providencia del 10 de febrero de 2026, el juzgado negó la solicitud de
nulidad, al considerar que, si bien el poder aportado por la entidad demandante con
la demanda no fue autenticado o notariado, dicho requisito no era exigible, en la
medida en que el poder fue enviado desde el correo de la entidad demandante al
del apoderado designado.

55. En ese contexto, es preciso tener en cuenta que el requisito de subsidiariedad
presupone, en los términos del artículo 86 de la Constitución Política y 6 del Decreto
2591 de 19919, que el juez constitucional, por un lado, verifique que el accionante
no cuente con otros mecanismos judiciales de protección de sus derechos
fundamentales; y, por otro lado, que valore si dichos mecanismos resultan idóneos
y eficaces para garantizar de forma oportuna el amparo solicitado, de acuerdo con
las particularidades de cada caso10.

56. Así pues, en el evento de que existan otros medios de defensa judicial pero
que estos no sean idóneos o eficaces, procede la tutela como mecanismo de
protección de derechos fundamentales, así como en los eventos en que se configure
un perjuicio irremediable, el cual debe ser inminente y grave, y sus medidas de
protección impostergables11.

57. Cuando se trata de una tutela interpuesta contra una providencia judicial, la
Corte Constitucional ha indicado que los recursos judiciales ordinarios y
extraordinarios constituyen vías legítimas de defensa y reconocimiento de los
derechos fundamentales12. De manera específica, el alto tribunal expresó lo
siguiente:

La acción de tutela no fue diseñada para desplazar a los jueces del ejercicio de sus
competencias naturales, motivo por el cual, en principio, no es procedente acudir ante
un juez para impugnar las decisiones judiciales si previamente no se han empleado
los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial. El agotamiento de estas
herramientas constituye, entonces, un requisito indispensable para que el juez de
tutela pueda entrar a estudiar la vulneración invocada por el accionante.

58. En el caso bajo estudio, tras analizar las actuaciones procesales registradas en
el sistema de gestión judicial SAMAI y las piezas del expediente físico, se advierte

el proceso que adelante el ente acusador – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN - busca establecer la presunta
responsabilidad penal de unas personas en la elaboración de unos informes.
Aunado a que, si en gracia de discusión procediera la suspensión por prejudicialidad, no se estaría en la etapa
procesal pertinente para decretar la misma, toda vez que, para suspender el presente proceso, el mismo debe
encontrarse “en estado de dictar sentencia de segunda o de única instancia.
9 ARTICULO 6o. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA

«La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en
[…]».
10 Corte Constitucional, sentencia T-397 de 2017.
11Corte Constitucional, sentencia T-471 de 2017.
12 Corte Constitucional, sentencia T-373 de 2021.

10

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Accionante: Sumit Gaddh
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

que el proceso de reparación directa radicado núm. 05001-33-33-008-2025-00187-
00 se encuentra vigente. De hecho, la última actuación que se surtió fue el auto
dictado el 9 de abril de 2026 que resolvió declarar infundada la recusación
presentada por el aquí accionante.

59. En ese sentido, el proceso judicial aún no ha culminado, ni existe una decisión
definitiva que resuelva de fondo las pretensiones de la demanda, lo que implica que
las controversias planteadas por el señor Sumit Gaddh continúan siendo objeto de
debate al interior del medio de control ordinario.

60. De modo que, el Juzgado octavo Administrativo de Medellín no ha dictado
sentencia que resuelva de fondo las pretensiones de la demanda promovida contra
el aquí accionante ni los argumentos expuestos por las partes al interior del medio
de control judicial.

61. Bajo ese contexto, la Sala advierte que el actor pretende anticipar, a través de
la acción de tutela, un pronunciamiento sobre aspectos definidos por el juez natural
en el curso del proceso ordinario. En consecuencia, no se observa una circunstancia
concreta que permita superar el requisito de subsidiariedad y le exija al juez de tutela
efectuar un estudio de fondo del asunto, como lo pretende el accionante.

62. Así las cosas, la Sala concluye que la acción objeto de estudio es
improcedente respecto de las providencias dictadas por el Juzgado Octavo
Administrativo de Medellín, en el entendido de que el proceso de reparación directa
se encuentra en curso.

63. Al respecto, la jurisprudencia constitucional13 ha referido lo siguiente:

«Las etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso, son el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales de los asociados,
especialmente en lo que tiene que ver con las garantías del debido proceso. Es en
este sentido la sentencia C-543/92 puntualiza que: ‘tratándose de instrumentos
dirigidos a la preservación de los derechos, el medio judicial por excelencia es el
proceso, tal como lo acreditan sus remotos orígenes’. Por tanto, no es admisible que
el afectado alegue la vulneración o amenaza de un derecho fundamental cuando no
ha solicitado el amparo de sus derechos dentro del proceso, pues, en principio, el
ordenamiento jurídico le ha dotado de todas las herramientas necesarias para corregir
durante su trámite las irregularidades procesales que puedan afectarle».

64. Adicionalmente, esta corporación ha sostenido que el requisito de
subsidiariedad no se cumple cuando se encuentra en trámite el proceso en el que
se profirió la decisión objeto de tutela. Sobre el particular expuso lo siguiente:

[…] Es necesario reiterar que, por regla general, cuando el proceso se encuentra en
curso, la acción de tutela no es procedente para cuestionar cualquier decisión adversa
a las partes, aún luego de agotados los recursos que contra ellas proceden dentro del
proceso, si el desarrollo del medio de control no ha finalizado y, por tanto, no se puede

13
Corte Constitucional, sentencia T- 211 de 2009, cuyo criterio fue reiterado en las sentencias T-396 de 2014 y T-401 de
2019.
11

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Accionante: Sumit Gaddh
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

tener certeza de la trascendencia de esa presunta irregularidad procesal en la
decisión que pone fin al proceso. Lo anterior atiende, además, a la imposibilidad de
acudir a la acción de tutela como una tercera instancia ante decisiones que no
convienen a las partes en el trámite de los procesos, cuyos efectos en la decisión
definitiva son inciertos, y que, además, no generan ningún perjuicio ius fundamental
irremediable. […]14.

65. De esta manera, la Sala considera que no resulta procedente analizar las
razones planteadas por la parte actora en su escrito de tutela, toda vez que estas
deben ser estudiadas por el juez natural, incluso al momento de dictar la decisión
de fondo que decida el litigio, en el escenario judicial previsto por el legislador y no
dentro de esta acción constitucional.

66. Ahora bien, frente al cuestionamiento del actor relacionado con la presunta
falta de respuesta de la petición que radicó ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia el 5 de diciembre de 2025, el despacho advierte que se configura la cosa
juzgada, como pasa a explicarse.

67. La Corte Constitucional, en sentencia SU-150 de 2021, reiteró que la cosa
juzgada se configura cuando se cumplen los siguientes requisitos: «(i) identidad de
partes, para lo cual “al proceso deben concurrir [los mismos sujetos] e intervinientes
que resultaron vinculad[os] y obligad[os] por la decisión que constituye cosa
juzgada”; (ii) identidad de objeto, esto es, que “sobre lo pretendido existe un derecho
reconocido, declarado o modificado sobre una o varias cosas o sobre una relación
jurídica. Igualmente se predica identidad sobre aquellos elementos consecuenciales
de un derecho que no fueron declarados expresamente”».

68. Bajo ese panorama, se advierte que existe identidad entre las tutelas con
radicados núms. 11001-03-15-000-2025-07952-00 y 11001-03-15-000-2025-
01441-00, por cuanto comparten identidad de partes, siendo el accionante el señor
Sumit Gaddh y el accionado el Tribunal Administrativo de Antioquia; de hechos,
relacionados con la posible vulneración del derecho de petición por la falta de
respuesta al cuestionario que radicado el 5 de diciembre de 2025; y de pretensiones,
orientadas a obtener dicha respuesta.

69. En consecuencia, dado que el cargo de amparo de esta acción relativo al
derecho de petición fue formulado en la tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-
2025-07952-00, la cual finalizó con la sentencia del 5 de febrero de 2026, dictada
por la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación, que negó el amparo
pedido, se concluye que se configuró la cosa juzgada respecto de ese asunto. Por
estos motivos, la Sala se abstendrá de emitir un pronunciamiento de fondo.

70. En este punto conviene señalar que el actor no impugnó la sentencia del 5 de
febrero de 2026 y no resulta admisible que acuda nuevamente a la acción de tutela
con el propósito de subsanar su propia inactividad procesal o reabrir un debate ya

14
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre de 2017, radicación núm. 11001-03-15-000-2017-
03006-00. Al respecto también se puede ver: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de enero
de 2025-, radicado núm. 11001-03-15-000-2024-04863-01.
12

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Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

definido, pues ello desconoce el carácter subsidiario y excepcional de este
mecanismo constitucional.

71. En todo caso, la Sala precisa que, pese a la identidad existente entre la acción
de tutela previamente promovida y la presente, no se configura la temeridad. En
efecto, el actor puso en conocimiento del juez constitucional la existencia del trámite
anterior, lo cual evidencia una actuación transparente y descarta cualquier ánimo
de ocultamiento.

4. Conclusión

72. Por lo expuesto, se concluye que la acción de tutela promovida por el señor
Sumit Gaddh respecto de las providencias dictadas por el Juzgado Octavo
Administrativo de Medellín no cumple el requisito de subsidiariedad y, frente al
alegato por vulneración del derecho de petición se configuró la cosa juzgada. En
consecuencia, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Sumit
Gaddh contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Octavo
Administrativo de Medellín, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia

Segundo: Reconocer personería al abogado Jorge Ángel Cortés Cartagena para
actuar como apoderado del señor Sumit Gaddh, en los términos previstos en el
poder aportado al expediente de tutela.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

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Accionante: Sumit Gaddh
Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Notifíquese y cúmplase

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace.

14

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