Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01441-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01441-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01441-01
Consejero ponente: Claudia Rodríguez Velásquez
25 de junio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01441-01
Demandante: Sumit Gaddh
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01441-01
Demandante: Sumit Gaddh
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia y Juzgado Octavo Administrativo de
Medellín
Tema: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa.
Proceso en curso. Subsidiariedad. Perjuicio irremediable. Cosa juzgada
y temeridad.
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia
del 13 de abril de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, que resolvió:
«Primero: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Sumit Gaddh
contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Octavo Administrativo de
Medellín, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia».
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 25 de febrero de 2026, el señor Sumit Gaddh presentó acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín,
por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa,
al acceso a la administración de justicia, a la vida y de petición. En consecuencia,
formuló las siguientes pretensiones:
«DECLARAR que el Juez Walter Manuel Posada Pérez violó el Art. 11, Constitución
Política
(derecho a la vida) por:
(a) Continuar el Radicado 05001-33-33-008-2025-00187-00 basado en informes
municipales falsificados (DAGRD), a pesar de advertencias documentadas del
accionante desde marzo de 2021 de que los informes fueron fabricados
(b) Ignorar prueba de auditoría forense de falsificación (Informes 108958, 107689,
127285) presentada ante el juzgado
(c) Proceder a pesar de investigación penal activa (NUNC 050016000248202541885,
Fiscalía General) que formalmente alega falsificación de fundamento del caso
(d) Negar sistemáticamente todas las solicitudes del accionante para suspensión,
medidas de protección de vida, y órdenes de seguridad estructural (40+ mociones
presentadas, 100% negadas)
(e) Negar medidas de protección de vida (Auto 412, 15 de octubre de 2025) a pesar de:
● Riesgo documentado de colapso estructural inminente
● Evidencia fotográfica con marca de tiempo mostrando infiltración de agua y daño
estructural
● Primer colapso estructural ya ocurrido (septiembre de 2023)
● Investigación penal probando que fundamento del caso es falsificado
(f) Operar un caso sin credibilidad judicial alguna (fundamento probado falsificado por
auditorías forenses independientes + investigación penal activa) mientras la vida del
accionante está en riesgo dual inminente (aparato de asesinato + colapso estructural) Y
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Demandante: Sumit Gaddh
ORDENAR INMEDIATAMENTE:
(1) SUSPENDER el Radicado 05001-33-33-008-2025-00187-00 pendiente resolución de
investigación penal sobre falsificación de informes DAGRD/Alcaldía
(2) DIRIGIR al Juez Posada para que reconozca en escrito que:
● Fundamento del caso es probadamente falsificado por auditoría forense
● Accionante dio advertencia oportuna (marzo de 2021)
● Continuación del caso basado en evidencia falsa viola Art. 11
● Negación sistemática de mociones de defensa (100%) viola Art. 29
● Protección de vida no puede estar subordinada a caso procedimentalmente
defectuoso
(3) ORDENAR cese de todo procedimiento hasta que:
● Investigación penal concluya
● Alegaciones de falsificación sean adjudicadas
● Seguridad de vida del accionante sea restaurada
(4) ALTERNATIVAMENTE, si el juzgado no puede suspender: ORDENAR recusación
del Juez Posada por sesgo demostrado (100% de negación en 40+ mociones) y falla en
proteger derechos constitucionales
PRETENSIÓN 2: INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA
DIRIGIR a Procuraduría General de la Nación INICIAR investigación disciplinaria del
Juez Walter Manuel Posada Pérez bajo Art. 153, Ley 270/1996.
JUSTIFICACIÓN DE GRAVEDAD:
Interlocutorio No. 015 (20 de febrero de 2026, Juzgado Quinto Penal) sancionó juez
Francisco Javier Morales Díaz con arresto domiciliario por silencio judicial. La conducta
del juez Posada SUPERA la del juez Morales: 40+ mociones negadas (vs. un silencio);
meses de incumplimiento (vs. semanas); patrón sistemático (100% negación); continuó
caso basado en evidencia falsificada (no omisión, sino comisión deliberada).
La obstrucción del juez Posada amerita sanción MÁS SEVERA que la impuesta al juez
Morales..»
2. Hechos
De la lectura del expediente de tutela, se advierten como hechos relevantes los
siguientes:
El señor Sumit Gaddh es ciudadano extranjero residente en Colombia, propietario del
inmueble ubicado en la Calle 60 núm. 41-24 del Barrio San Miguel en Medellín.
El actor aduce que desde marzo de 2021 reportó al municipio de Medellín sobre la
infiltración de aguas negras en su predio procedente del colindante, generando riesgo
estructural y sanitario para residentes y visitantes. Debido a lo anterior, inició unas
obras en su predio.
La Corporación Dulazar Provivienda Digna (Dulazar), el 5 de junio de 2025, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra el Distrito de
Medellín y el señor Sumit Gaddh, con el fin de que se declarara la responsabilidad
administrativa por los daños ocasionados a un inmueble de su propiedad, originados,
según afirmó, en las obras autorizadas y ejecutadas en el predio colindante de
propiedad del señor Gaddh.
El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Octavo Administrativo de
Medellín, que, por auto del 26 de junio de 2025, la admitió y ordenó las notificaciones
de rigor.
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Demandante: Sumit Gaddh
El señor Sumit Gaddh, los días 1, 2 y 4 de julio de 2025, presentó en nombre propio,
varios memoriales mediante los cuales solicitó la nulidad procesal, el rechazo total de
la demanda, la «refutación judicial complementaria» y la suspensión del proceso. Lo
anterior, sustentado en presuntas irregularidades en el trámite conciliatorio y en los
correos utilizados para comunicaciones y notificaciones.
Mediante auto del 8 de julio de 2025, el juzgado negó todas las solicitudes, en atención
a que el señor Gaddh no actuó a través de apoderado judicial como lo exige el artículo
160 del CPACA.
El señor Sumit Gaddh, en memoriales del 16 y 18 de julio de 2025, mediante
apoderada, solicitó la nulidad y el rechazo de la demanda, respectivamente. Tales
peticiones fueron negadas por auto del 30 de julio de 2025, al considerar que no se
configuró la causa de nulidad por indebida notificación ni existía mérito para la
procedencia del rechazo.
Nuevamente, el 20 de agosto de 2025, el señor Sumit Gaddh presentó ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia, en nombre propio, una solicitud de nulidad, la cual fue
remitida por dicha autoridad judicial a los juzgados administrativos de Medellín.
El señor Sumit Gaddh, el 21 de agosto de 2025, por conducto de apoderada judicial,
radicó la contestación de la demanda y, el 6 de septiembre siguiente, allegó
pronunciamiento respecto de la reforma de la demanda presentada por la parte
demandante.
El 17 de septiembre de 2025, el despacho judicial corrió traslado de la solicitud de
nulidad remitida por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Ese mismo día, el señor Gaddh, por conducto de su apoderada, solicitó la suspensión
del proceso por prejudicialidad, con fundamento en la existencia de la investigación
penal núm. 0500160002482202541885.
El 22 de septiembre de 2025, el señor Sumit Gaddh, a través de su apoderada, radicó
«solicitud de oficios compulsorios».
El Juzgado Octavo Administrativo de Medellín, por auto del 30 de septiembre de 2025,
negó la solicitud de nulidad remitida por el Tribunal, en razón a que fue presentada
directamente por el señor Gaddh y no por su apoderada judicial. En esa misma
decisión, el despacho judicial puso de presente que ya había resuelto una solicitud
similar presentada por el señor Gaddh a través de su apoderada, la cual había sido
negada en auto del 30 de julio de 2025.
Mediante auto del 15 de octubre de 2025, el despacho judicial negó la solicitud de
suspensión del proceso por prejudicialidad.
Contra esa decisión, el actor interpuso recurso de apelación.
Por auto del 28 de octubre de 2025, el juzgado adecuó el recurso de apelación al de
reposición y decidió no reponer la providencia recurrida.
El 28 de octubre de 2025, el señor Sumit Gaddh, por conducto de apoderada, solicitó
la nulidad de las actuaciones del proceso que se hubieran surtido con posterioridad al
inicio de la investigación penal núm. 050016000248202541885.
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Demandante: Sumit Gaddh
Mediante auto del 11 de noviembre de 2025, el despacho negó la solicitud de nulidad
por improcedente, decisión contra la cual el señor Gaddh, por intermedio de su
apoderada, interpuso recurso de apelación.
El 23 de noviembre de 2025, el señor Sumit Gaddh a través de su apoderada propuso
la nulidad por presuntos vicios en el poder otorgado al apoderado de la parte
demandante.
Por auto del 25 de noviembre de 2025, el despacho judicial adecuó a recurso de
reposición el de apelación interpuesto y decidió no reponer el auto del 11 de noviembre
de 2025.
El 25 de noviembre de 2025, el señor Sumit Gaddh aportó el poder de su nuevo
apoderado y, por conducto de este, el 28 de noviembre siguiente interpuso recurso de
apelación contra el auto del 25 de noviembre de 2025.
El 2 de diciembre de 2025, el despacho judicial requirió al señor Sumit Gaddh para
que aportara el poder conferido en debida forma. El accionante atendió dicho
requerimiento el 4 de diciembre de 2025.
El 8 de diciembre de 2025, el señor Gaddh, por conducto de apoderado, radicó las
excepciones previas, así como una medida cautelar consistente en la suspensión
provisional del proceso.
El 21 de enero de 2026, el accionante aportó memorial en el que propuso una nulidad
procesal, excepciones previas y control de legalidad.
Mediante auto del 27 de enero de 2026, el despacho judicial rechazó por improcedente
el recurso de apelación que se interpuso contra el auto del 25 de noviembre de 2025.
Por auto del 10 de febrero de 2026, el juzgado negó la solicitud de nulidad propuesta
el 23 de noviembre de 2025 por el señor Sumit Gaddh, a través de su entonces
apoderada.
El 12 de febrero de 2026, el señor Gaddh a través de su apoderado aportó cuatro
memoriales contentivos de una recusación, una solicitud de «producción de
memorial», un recurso de reposición contra el auto que negó la solicitud de nulidad y
una ampliación de denuncia penal que cursa en la Fiscalía, en la que incluyó al juez
octavo administrativo de Medellín.
Por otro lado, el actor sostuvo que el 5 de diciembre de 2025 presentó un derecho de
petición ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, a través del cual formuló siete
interrogantes orientados a cuestionar aspectos procesales del medio de control de
reparación directa instaurado en su contra. En concreto, solicitó un pronunciamiento
sobre la capacidad y adecuada representación de la entidad demandante, la
existencia de autorización para promover el litigio, la legalidad de la admisión de la
demanda frente a las exigencias del Código General del Proceso y la eventual
vulneración de su derecho al debido proceso. No obstante, el accionante alegó que
dicha corporación judicial omitió brindar una respuesta sustancial y de fondo a las
cuestiones planteadas.
Además, expuso que ha promovido diferentes tutelas, entre ellas la radicada bajo el
núm. 11001-03-15-000-2025-07952-00, en la que expuso dicha circunstancia.
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Demandante: Sumit Gaddh
3. Argumentos de la acción de tutela
El accionante manifestó, de manera preliminar, que la solicitud de amparo cumple con
los requisitos generales de procedencia. Al respecto, indicó que la controversia
involucra derechos fundamentales; que interpuso recurso de apelación contra el auto
del 15 de octubre de 2025, el cual, según afirmó, no fue tramitado; que presentó más
de 40 memoriales ante el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín, los cuales
fueron negados, y que agotó las instancias ante el Tribunal Administrativo de Antioquia
con la interposición de una acción de tutela.
Asimismo, precisó que cuestionaba las actuaciones judiciales dictadas entre octubre
de 2025 y febrero de 2026 en el proceso de reparación directa que se encuentra en
curso, así como la «actuación administrativa del Tribunal en relación con el derecho
de petición».
Sostuvo que el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín incurrió en defecto fáctico,
porque: (i) admitió la demanda de reparación directa sin que obrara prueba de la
capacidad corporativa de Dulazar; (ii) valoró como prueba un correo electrónico que
carece de los requisitos de la Ley 527 de 1999; (iii) aceptó el informe de MACOR, pese
a la ausencia de registro de pago en la DIAN, la falta de firma profesional de COPNIA
y la contradicción material en la reforma de la demanda; y (iv) valoró un dictamen
pericial, cuyas mediciones internas contradecían su propia conclusión.
Indicó que también se configuró el defecto procedimental absoluto, dado que el
juzgado no suspendió el proceso, pese a que le puso en conocimiento la existencia
de una investigación penal activa en la que se discute la falsedad de un documento
que sirve de fundamento a las pretensiones del proceso de reparación directa.
Además, porque se notificaron actuaciones a un apoderado cuyo poder había sido
revocado, en lugar de dirigirlas a la representante legalmente constituida. Asimismo,
en razón a que negó el recurso de apelación contra el auto del 15 de octubre de 2025.
Sumado a lo expuesto, afirmó que el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín,
mediante auto del 15 de octubre de 2025, negó las medidas de protección a la vida
solicitadas, aunque la evidencia documental daba cuenta del riesgo por colapso
estructural y el deterioro del inmueble, circunstancia que constituía una violación
directa de la Constitución Política, al inobservar el artículo 11 superior.
Adicionalmente, adujo que informó al juez sobre tres intentos de asesinato que sufrió
en el año 2024, así como de amenazas de muerte en su contra, pero pese a ello no
tomó ninguna medida de protección ni suspendió los plazos procedimentales.
Respecto del Tribunal Administrativo de Antioquia, manifestó que omitió dar respuesta
al derecho de petición que presentó el 5 de diciembre de 2025, al redirigir las
preguntas al juzgado accionado.
4. Trámite procesal de la acción de tutela
Mediante auto del 27 de febrero de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, previno al accionante para que corrigiera la demanda de tutela,
en el sentido de individualizar las autoridades accionadas, exponer con claridad los
hechos que motivaron su solicitud de amparo y, en caso de controvertir providencias
judiciales, identificarlas plenamente.
Subsanada la demanda, por auto del 16 de marzo de 2026 admitió la acción de tutela,
negó la medida provisional solicitada y ordenó notificar a el Tribunal Administrativo de
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Demandante: Sumit Gaddh
Antioquia y el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín. Asimismo, vinculó como
terceros con interés a la Corporación Dulazar Provivienda Digna y al Distrito Especial
de Medellín.
5. Oposición
La Sala Octava de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia rindió
informe en el que afirmó que no vulneró los derechos fundamentales del señor Sumit
Gaddh.
Expuso que dictó la sentencia del 10 de octubre de 2025 en el proceso de tutela núm.
05001-23-33-000-2025-01293-00, mediante la cual negó el amparo solicitado por el
accionante, al concluir que el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín actuó
conforme a la ley al exigir la intervención a través de apoderado judicial y advertir que
las notificaciones se realizaron al correo electrónico autorizado. Además, respecto de
las demás peticiones de la tutela, encontró que no se cumplía el requisito de
subsidiariedad, por tratarse de un proceso ordinario que se encontraba en curso.
El Tribunal indicó que el actor impugnó esa decisión, la cual fue confirmada por la
Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia del 7 de noviembre de 2025.
El Juzgado Octavo Administrativo de Medellín solicitó que se declarara
improcedente la acción de tutela por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional, al estimar que el actor pretende convertirla en una instancia adicional,
para insistir en argumentos resueltos en el proceso ordinario.
6. Intervención de los terceros con interés
La Corporación Dulazar Provivienda Digna y el Distrito Especial de Medellín,
vinculados como terceros con interés, guardaron silencio.
7. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 13 de abril de 2026, la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela.
Respecto de las providencias dictadas por el Juzgado Octavo Administrativo de
Medellín, concluyó que la acción no cumplía el requisito de subsidiariedad, por cuanto
el proceso de reparación directa radicado núm. 05001-33-33-008-2025-00187-00 se
encontraba en curso, sin que se observara una circunstancia concreta que permitiera
superar dicho requisito y exigiera al juez de tutela efectuar un estudio de fondo.
Advirtió que el actor pretendía anticipar, por vía de tutela, un pronunciamiento sobre
aspectos cuya definición corresponde al juez natural en el curso del proceso ordinario.
En cuanto al alegato por la presunta vulneración del derecho de petición atribuida al
Tribunal Administrativo de Antioquia, encontró configurada la cosa juzgada, dado que
ese cargo ya había sido formulado en la tutela con radicado núm. 11001-03-15-000-
2025-07952-00, la cual finalizó con la sentencia del 5 de febrero de 2026, dictada por
la Subsección B de la Sección Tercera de la corporación, que negó el amparo pedido.
Por ello, se abstuvo de emitir un pronunciamiento de fondo sobre ese aspecto.
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No obstante, la identidad existente entre la tutela previamente promovida y la presente
precisó que no se configuraba la temeridad, pues el actor puso en conocimiento del
juez constitucional la existencia del trámite anterior, lo cual evidenciaba una actuación
transparente y descartaba cualquier ánimo de ocultamiento.
8. Impugnación
La parte actora impugnó la decisión de primera instancia.
Sostuvo que la providencia aplicó el requisito de subsidiariedad de manera abstracta,
omitió valorar de forma autónoma el riesgo a la vida, la integridad, la salubridad y la
seguridad estructural alegado, y no desplegó las facultades probatorias necesarias
para verificar si el caso exigía protección transitoria o medidas mínimas de
preservación y contradicción probatoria. Formuló, en síntesis, los siguientes cargos:
Adujo que la sola existencia del proceso ordinario no satisface el requisito de
subsidiariedad, pues este exige valorar, en el caso concreto, si el medio judicial es
idóneo y eficaz y si permite evitar un daño irreparable, análisis que, según afirmó, el
fallo no realizó.
Señaló que el escenario de riesgo planteado (deterioro estructural del inmueble,
infiltración de aguas negras, afectación sanitaria y amenazas contra la vida)
configuraba un supuesto susceptible de constituir perjuicio irremediable, sin que la
sentencia aplicara el test correspondiente ni examinara su inminencia, gravedad y
urgencia.
Reprochó que la providencia no efectuara un examen diferenciado de estos derechos,
ni explicara cómo el proceso ordinario los protege en el caso concreto, qué
herramienta procesal evita el riesgo alegado, ni por qué la protección no era
impostergable, lo que, a su juicio, constituye un defecto de motivación
constitucionalmente relevante.
Precisó que no pretende que el juez de tutela declare la falsedad de los documentos
controvertidos, sino que se garantice la preservación del acervo probatorio en sus
formatos originales, el acceso íntegro al expediente y la posibilidad real de ejercer
contradicción técnica.
Reconoció la existencia de cosa juzgada respecto del derecho de petición
previamente decidido, pero precisó que esta no se extiende automáticamente a
hechos nuevos ni a solicitudes distintas surgidas con posterioridad.
Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar la sentencia de primera instancia;
declarar procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable; dejar sin efectos, total o parcialmente, el auto de 15 de octubre
de 2025 o, en subsidio, ordenar una nueva decisión motivada; ordenar al Juzgado
Octavo Administrativo de Medellín pronunciarse expresamente sobre la suspensión
del proceso a la luz del artículo 161 del Código General del Proceso; disponer la
preservación de los documentos técnicos controvertidos y el acceso al expediente
digital; ordenar que las notificaciones se dirijan al apoderado vigente; y ordenar al
Tribunal Administrativo de Antioquia dar respuesta de fondo a las solicitudes no
resueltas.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
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Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1.º establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando
quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Problema jurídico
De conformidad con lo alegado en el escrito de impugnación, corresponde a la Sala
determinar si se confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia, que declaró
improcedente la acción de tutela promovida por el señor Sumit Gaddh contra el
Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín,
por la presunta vulneración de los derechos al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia, a la vida y de petición, con ocasión de las providencias
proferidas por el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín en el proceso de
reparación directa con radicado 05001‑33‑33‑008‑2025‑00187‑00 (en particular, el
auto del 15 de octubre de 2025, que negó la suspensión por prejudicialidad y las
medidas de protección solicitadas) y de la falta de respuesta del Tribunal
Administrativo de Antioquia a la solicitud presentada el 5 de diciembre de 2025.
Para ello, la Sala deberá analizar, de manera previa, si la presente solicitud de amparo
cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en especial el de subsidiariedad. Asimismo, respecto del
argumento relativo a la solicitud, habrá de examinar si se configura la cosa juzgada
constitucional, en atención a que esa pretensión ya fue objeto de pronunciamiento en
la acción de tutela con radicado 11001‑03‑15‑000‑2025‑07952‑00.
La Sala anticipa que confirmará la sentencia impugnada que declaró improcedente la
acción de tutela, por cuanto, de una parte, las controversias planteadas frente a las
providencias del Juzgado Octavo Administrativo de Medellín deben ventilarse al
interior del proceso de reparación directa que se encuentra en curso, sin que se
acredite la configuración de un perjuicio irremediable que habilite la intervención
excepcional del juez constitucional; y, de otra, porque respecto de la petición opera la
cosa juzgada constitucional.
Para resolver la controversia, la Sala abordará los siguientes temas: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales; (ii) la cosa juzgada constitucional; (iii) la
improcedencia general de la acción de tutela cuando el proceso judicial se encuentra
en curso, y (iv) el análisis del caso concreto.
(i) La acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando
se advierte la afectación manifiesta de los derechos fundamentales.
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Demandante: Sumit Gaddh
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela contra
providencia judicial y acogió el criterio de la «procedencia excepcional» 1, para lo cual
aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590
de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado,
mediante el empleo de las causales generales2 y específicas3 de procedencia de la
acción de tutela.
(ii) De la cosa juzgada y la actuación temeraria
El artículo 384 del Decreto 2591 de 1991 establece que la actuación es temeraria
cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea
presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales.
También señala que, en ese caso, todas las solicitudes se rechazarán o decidirán
desfavorablemente.
Es decir, en el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria se concreta en
la indebida utilización de este mecanismo de protección.
Hay temeridad cuando existe (i) identidad fáctica en relación con otra acción de tutela;
(ii) identidad de demandante, en cuanto la otra acción de tutela se presenta por la
misma persona o su representante; (iii) identidad del sujeto demandado, y (iv) falta de
justificación para interponer la nueva acción. Así lo establece la jurisprudencia de la
Corte Constitucional5, que a la letra dice:
(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra
el mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su
condición de persona natural, ya sea obrando a nombre propio o a través de
apoderado judicial, o por la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus
representantes legales;
(ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio simultáneo
o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan de
causa;
(iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la satisfacción de
una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho fundamental;
(iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un caso en
concreto los tres primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud de
tutela, el juez constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un
1
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento
de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha
advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio
de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que
resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente. (Se destaca)
2
Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que
la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad
procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la
parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido
posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
3
La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de
los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi)
decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental
y, (viii) violación directa de la Constitución.
4
Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de tutela sea presentada por
la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos
será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su
tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar».
5
Ver, entre otras, las sentencias T-067 de 2005, T-312 de 2006 y SU-713 de 2006.
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Demandante: Sumit Gaddh
incidente dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la existencia de un
argumento válido que permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho
de acción
La figura de la temeridad censura la intención fraudulenta de la persona que ejerce
injustificadamente la misma tutela ante varios jueces. El fundamento de la norma que
sanciona la temeridad se encuentra en los artículos 83 y 95 de la Constitución Política,
que, por una parte, obligan a los particulares y a las autoridades públicas a actuar con
base en el principio de buena fe, y, por otra, imponen el deber de «respetar los derechos
ajenos y no abusar de los propios y colaborar en el buen funcionamiento de la administración
de la justicia».
En el mismo sentido, la Corporación se refirió a aquellos eventos en los que, a pesar
de que se cumpla con los requisitos señalados, no hay lugar a declarar la existencia
de la temeridad, cuando:
«i) en las condiciones del actor que lo coloca en estado de ignorancia o de especial
vulnerabilidad o indefensión en que actúa por miedo insuperable o la necesidad extrema de
defender sus derechos, ii) en el asesoramiento equivocado de los profesionales del derecho,
iii) en nuevos eventos que aparecen con posterioridad a la acción o que se omitieron en el
trámite de la misma u otra situación que no se hubiere tomado como fundamento para decidir
la tutela anterior que involucre la necesidad de protección de los derechos, y iv) en la
presentación de una nueva acción ante la existencia de una sentencia de unificación de la Corte
Constitucional, [cuando el actor] en sus actuaciones siempre puso de presente a los jueces de
tutela la previa existencia de una demanda de igual naturaleza.»
De lo anterior, se observa que la actuación temeraria se predica en los eventos en
que, sin motivo justificado, una misma persona presenta una acción de tutela ante
varios despachos judiciales con base en los iguales hechos y para obtener la
protección de los mismos derechos.
De la cosa juzgada respecto de la solicitud de 5 de diciembre de 2025
Respecto de la presunta vulneración del derecho de petición que el actor atribuye al
Tribunal Administrativo de Antioquia, la Sala confirmará la improcedencia declarada
en primera instancia, al advertir que sobre ese cargo se configura el fenómeno de la
cosa juzgada.
Lo anterior, por cuanto la misma pretensión ya fue formulada y resuelta en la acción
de tutela con radicado 11001-03-15-000-2025-07952-00, fallada por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del 5 de febrero de 2026,
que denegó el amparo.
Al comparar el cargo relativo al derecho de petición formulado en la presente acción
(2026-01441) con el resuelto en la tutela 2025-07952-00, se constata la concurrencia
de los tres requisitos que la jurisprudencia ha fijado para que se estructure la cosa
juzgada (identidad de partes, de hechos y de pretensiones), así:
PRESENTE ACCIÓN (2026-01441) TUTELA 2025-07952-00 (RESUELTA)
DESPACHO Consejo de Estado, Sección Cuarta Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B
— sentencia del 5 de febrero de 2026
PARTE Sumit Gaddh Sumit Gaddh
ACTORA
PARTE Tribunal Administrativo de Antioquia Tribunal Administrativo de Antioquia
ACCIONADA
DERECHO Petición Petición
INVOCADO
HECHOS Falta de respuesta de fondo a la petición del 5 La misma petición del 5 de diciembre de 2025 y su
de diciembre de 2025, que el Tribunal remitió por remisión por el Tribunal al Juzgado Octavo por falta
competencia al Juzgado Octavo de competencia
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Demandante: Sumit Gaddh
PRETENSIÓN Que se ordene al Tribunal dar respuesta Que se declare vulnerado el derecho de petición y se
sustancial y de fondo a las preguntas de la ordene responder de fondo las 7 preguntas
petición
DECISIÓN — Denegó el amparo, al constatar que el Tribunal
respondió, explicó su falta de competencia y remitió
conforme al art. 21 de la Ley 1755 de 2015
En efecto:
(i) Existe identidad de partes, toda vez que ambas acciones fueron promovidas por el
señor Sumit Gaddh contra el Tribunal Administrativo de Antioquia.
(ii) Existe identidad de hechos, pues el sustento fáctico de ambas tutelas es el mismo,
esto es, la solicitud presentada el 5 de diciembre de 2025 ante el Tribunal
Administrativo de Antioquia y la presunta falta de respuesta de fondo a las
preguntas allí formuladas.
(iii) Existe identidad de pretensiones, puesto que en ambas oportunidades el actor
solicitó: que el Tribunal Administrativo de Antioquia diera respuesta de fondo a las
preguntas contenidas en la solicitud del 5 de diciembre de 2025.
En consecuencia, al verificarse la identidad entre el cargo formulado y el ya resuelto,
se encuentra que la controversia sobre el derecho de petición fue definida, por lo que
operó el fenómeno de la cosa juzgada, lo que impide un nuevo pronunciamiento de
fondo sobre ese aspecto.
Adicionalmente, la Sala constata que el accionante no presentó una justificación válida
que permitiera considerar excepcionalmente procedente una nueva acción sobre el
mismo asunto, ni se evidencian elementos que permitan inferir que su presentación
obedezca a un asesoramiento equivocado de un profesional del derecho o a la
expedición de una sentencia de unificación constitucional que modifique el análisis
efectuado.
De modo que, la Sala encuentra la configuración de una actuación temeraria por parte
del accionante. En consecuencia, considera imperativo advertir al señor Sumit Gaddh
para que, en lo sucesivo, se abstenga de interponer nuevas acciones de tutela que se
fundamenten en los mismos hechos y busquen satisfacer las mismas pretensiones
que ya han sido objeto de pronunciamiento por parte de los jueces de tutela, so pena
de que se impongan las sanciones a que haya lugar.
Al respecto, es preciso recordar que la acción de tutela es un valioso instrumento para
la protección de derechos y garantías constitucionales, del cual debe hacerse un uso
adecuado y racional.
(iii) Requisito general de subsidiariedad
De manera previa a cualquier consideración respecto del fondo del asunto, la Sala
estima necesario verificar si la presente acción de tutela cumple el requisito de
subsidiariedad.
La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución
y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos
para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.
No en vano los artículos 86 de la Constitución Política y el 6, numeral 1, del Decreto
2591 de 1991 prevén como causal de improcedencia de la acción de tutela la
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Demandante: Sumit Gaddh
existencia de otros medios de defensa para la protección de los derechos invocados.
De manera que la acción de tutela sólo puede utilizarse cuando se han agotado los
mecanismos de protección que el ordenamiento jurídico ha dispuesto para la
protección idónea y eficaz de los derechos fundamentales. En ese sentido, la Corte
Constitucional manifestó6:
«La acción de tutela ha sido concebida únicamente para dar solución eficiente a situaciones
de hecho creadas por actos u omisiones que implican la transgresión o amenaza de un
derecho fundamental, respecto de las cuales el sistema jurídico no tiene previsto otro
mecanismo susceptible de ser invocado ante los jueces a objeto de lograr la protección del
derecho. La tutela no puede converger con vías judiciales diversas por cuanto no es un
mecanismo que sea factible de elegir según la discrecionalidad del interesado, para esquivar
el que de modo específico ha regulado la ley; no se da la concurrencia entre éste y la acción
de tutela porque siempre prevalece —con la excepción dicha— la acción ordinaria. La acción
de tutela no es, por tanto, un medio alternativo, ni menos adicional o complementario para
alcanzar el fin propuesto. Tampoco puede afirmarse que sea el último recurso al alcance del
actor, ya que su naturaleza, según la Constitución, es la de único medio de protección, (…)».
Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que se agotaron los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo
contrario, la tutela deviene improcedente. El requisito de subsidiariedad no solo
involucra la interposición de los recursos que proceden, sino también que en éstos se
cuestionen las decisiones que, en concreto, se atacan en la acción de tutela.
Ahora, en sentencia T-113 de 2013, la Corte Constitucional señaló que «si el proceso
se encuentra en curso la intervención del juez constitucional está en principio vedada,
pues como se sabe la acción de tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo,
pero puede resultar necesaria para evitar un perjuicio irremediable que comprometa
la vulneración de derechos fundamentales». Asimismo, en sentencia T-126 de 2019,
la Corte indicó que «no es dable la intromisión de la jurisdicción constitucional en la órbita propia
de la justicia ordinaria sino cuando se presentan unas especialísimas circunstancias que hacen
procedente el amparo».
Del requisito general de subsidiariedad frente a las providencias del Juzgado
Octavo Administrativo de Medellín
Mediante el ejercicio de la presente acción, el señor Sumit Gaddh cuestiona las
providencias proferidas por el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín en el
proceso de reparación directa con radicado 05001-33-33-008-2025-00187-00, en
particular, el auto del 15 de octubre de 2025, que negó la suspensión del proceso por
prejudicialidad y las medidas de protección solicitadas, y el auto del 10 de febrero de
2026, por estimar que con ellas se vulneraron sus derechos al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y a la vida.
Sin embargo, de entrada, la Sala advierte que el proceso de reparación directa que se
cuestiona por esta vía se encuentra en curso, tal como se evidencia con la relación de
las siguientes actuaciones surtidas a su interior:
• La Corporación Dulazar Provivienda Digna, el 5 de junio de 2025, presentó
demanda de reparación directa contra el Distrito Especial de Medellín y el señor
Sumit Gaddh, con el fin de que se declarara la responsabilidad administrativa
por los daños ocasionados a un inmueble de su propiedad, atribuidos a las
obras ejecutadas en el predio colindante.
6
Sentencia C-543 de 1992. Magistrado ponente: José Gregorio Hernández Galindo.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01441-01
Demandante: Sumit Gaddh
• El conocimiento de la demanda correspondió al Juzgado Octavo Administrativo
de Medellín que, por auto del 26 de junio de 2025, la admitió y ordenó las
notificaciones de rigor.
• En relación con la primera providencia cuestionada, mediante auto del 15 de
octubre de 2025 el juzgado negó la suspensión del proceso por prejudicialidad,
con fundamento en que: (i) el proceso de reparación directa no dependía de lo
que se decidiera en la investigación penal que cursa ante la Fiscalía General
de la Nación, por tratarse de actuaciones de naturaleza distinta; (ii) en todo
caso, no se encontraba en la etapa procesal pertinente para decretar la
suspensión, toda vez que, conforme con los artículos 161 y 162 del Código
General del Proceso, esta solo procede cuando el proceso está en estado de
dictar sentencia de primera o de única instancia. Contra esa decisión el actor
interpuso recurso de apelación, que el despacho adecuó al de reposición y,
mediante auto del 28 de octubre de 2025, resolvió no reponer. De este modo,
frente a esa providencia se agotó el recurso ordinario procedente.
• En cuanto a la segunda providencia cuestionada, por auto del 10 de febrero de
2026 el juzgado negó la solicitud de nulidad propuesta el 23 de noviembre de
2025, relativa a presuntos vicios en el poder otorgado al apoderado de la parte
demandante. Contra dicho auto el actor interpuso recurso de reposición el 12
de febrero de 2026, el cual, a la fecha de presentación de la acción de tutela
(25 de febrero de 2026), aún no había sido resuelto por el juzgado.
• Adicionalmente, a la fecha de presentación de la tutela el actor había radicado
otras solicitudes, entre ellas una recusación, un recurso de reposición y
excepciones previas, igualmente pendientes de solución.
Lo anterior da cuenta de que el proceso de reparación directa identificado con el
radicado 05001-33-33-008-2025-00187-00 se encuentra en trámite y de que, a la
fecha, no se ha dictado una decisión definitiva que resuelva de fondo las controversias
planteadas, las cuales continúan siendo objeto de debate al interior del medio de
control ordinario.
A partir de lo expuesto, la Sala concluye que la acción de tutela no satisface el requisito
de subsidiariedad respecto de ninguna de las providencias cuestionadas, por las
siguientes razones:
Frente al auto del 10 de febrero de 2026, porque la solicitud de amparo resulta
anticipada. En efecto, el actor interpuso recurso de reposición contra esa providencia
el 12 de febrero de 2026 y, sin esperar a que el juez natural lo resolviera, acudió a la
acción de tutela. De manera que, al momento de su presentación, se encontraba en
trámite el mecanismo ordinario de defensa que el propio interesado activó, lo que torna
prematura la intervención del juez constitucional.
Respecto del auto del 15 de octubre de 2025, porque, se trata de una decisión
proferida dentro de un proceso que se encuentra en trámite y que no ha culminado
con una decisión definitiva de fondo.
En esa medida, las controversias que el actor plantea deben ventilarse a través de los
mecanismos de defensa previstos al interior del proceso de reparación directa, sin que
el hecho de que las decisiones no se hayan adoptado conforme a sus pretensiones
torne inidóneos tales medios. Incluso, como lo advirtió el propio juzgado, la suspensión
por prejudicialidad podrá replantearse en la etapa procesal pertinente, esto es, cuando
el proceso se encuentre en estado de dictar sentencia.
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Demandante: Sumit Gaddh
Tal como lo ha señalado esta corporación, la Corte Constitucional ha indicado que las
etapas, recursos y procedimientos que conforman un proceso configuran el primer
espacio de protección de los derechos fundamentales; por ejemplo, en la sentencia
SU-458 de 2010 precisó que las controversias relacionadas con derechos
fundamentales deben ser resueltas, en principio, por la vía ordinaria y que solo en
casos excepcionales se puede acudir a la acción de tutela. De manera que le está
vedado al juez constitucional inmiscuirse en los asuntos que están pendientes de
resolver por parte del juez natural.
Finalmente, la Sala tampoco advierte la existencia de un perjuicio irremediable que
haga procedente la intervención excepcional del juez de tutela. Si bien el actor invoca
un riesgo a la vida, la integridad y la seguridad estructural del inmueble, no se
acreditan las condiciones de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad que
la jurisprudencia exige para su configuración.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha precisado que el perjuicio irremediable
debe ser inminente o próximo a suceder, grave, requerir medidas urgentes para
superar el daño e impostergable, esto es, que las medidas de protección respondan a
criterios de oportunidad y eficiencia para evitar la consumación de un daño antijurídico
irreparable. En el sub lite no está probada ninguna de tales circunstancias, máxime
cuando las alegaciones relacionadas con la seguridad personal del actor escapan a
la órbita del proceso de reparación directa y existen vías idóneas para procurar su
atención.
En suma, en el presente caso se impone confirmar la sentencia de tutela de primera
instancia del 13 de abril de 2026, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, objeto de impugnación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia del 13 de abril de 2026, proferida por la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
2. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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