Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01452-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01452-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01452-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
1 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., Primero (1°) de Junio de Dos Mil Veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000-2026-01452-011
Accionante : Edward Martínez Caicedo
Accionados : Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Ibagué y Tribunal
Administrativo del Tolima
Vinculados : Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional, Rama Judicial -
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía
General de la Nación, Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario - INPEC, Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios - USPC, departamento del Tolima y municipio de
Ibagué
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, hacinamiento carcelario,
caducidad
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra el fallo
de Doce (12) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), emitido por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B2, que declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por el actor frente a las providencias judiciales objeto de censura. Luego, se revisará
lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se determinará lo
que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. El accionante, quien actúa a través de apoderada judicial, interpuso el presente
1
Expediente digital disponible en Samai.
2
C. P. Fredy Ibarra Martínez.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01452-01
Accionante: Edward Martínez Caicedo
Accionados: Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Ibagué y otro
recurso de amparo, con el fin de obtener la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
presuntamente vulnerados por el Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Ibagué y el
Tribunal Administrativo del Tolima.
3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos las providencias del (i) Seis (6) de
Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante la cual, el Juzgado Quinto (5°)
Administrativo de Ibagué, dispuso el rechazo de la demanda de reparación directa
que promovió contra la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de
Defensa Nacional - Policía Nacional de Colombia, Rama Judicial - Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía General de la Nación, Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, Unidad de Servicios Penitenciarios y
Carcelarios - USPC, departamento del Tolima y municipio de Ibagué (expediente
73001-33-33-005-2024-00139-01), por haber operado la caducidad; y (ii) Veintiocho
(28) de Agosto de ese año, a través de la cual, el Tribunal Administrativo del Tolima
confirmó esa determinación. En su lugar, pidió ordenar a las autoridades accionadas
dictar una nueva decisión en la que se indique que ese asunto contencioso
administrativo se formuló oportunamente y, por consiguiente, se concedan las
súplicas.
1.3 Hechos3.
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional y de lo relatado por el
demandante se puede evidenciar que, el Catorce (14) de Junio de Dos Mil
Veinticuatro (2024) presentó demanda de reparación directa contra la Nación -
Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa Nacional - Policía
Nacional de Colombia, Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial, Fiscalía General de la Nación, Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario - INPEC, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPC,
departamento del Tolima y municipio de Ibagué (expediente 73001-33-33-005-
2024-00139-01), encaminada a que se les declarara administrativamente
responsables por los presuntos perjuicios derivados de la condición de
hacinamiento carcelario que padeció cuando estuvo privado de la libertad en la
Permanente Central de la Policía de Ibagué, por el delito de tráfico, fabricación o
3
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01452-01
Accionante: Edward Martínez Caicedo
Accionados: Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Ibagué y otro
porte de estupefacientes, desde el Cinco (5) de Agosto de Dos Mil Veintiuno
(2021), hasta el día Diecinueve (19) de Abril de Dos Mil Veintidós (2022).
5. El aludido asunto ordinario correspondió por reparto al Juzgado Quinto (5°)
Administrativo de Ibagué que, con auto de Seis (6) de Febrero de Dos Mil
Veinticinco (2025) lo rechazó, al considerar que «[…] cuando […] ingres[ó] a la permanente
central el 5 de agosto de 2021 conoció […] el hacinamiento del establecimiento carcelario, el cual
era del 514%, en consecuencia se debe iniciar el conteo del término de caducidad para incoar el
medio de control de reparación directa desde la fecha mentada, teniendo entonces como límite para
presentar la demanda el 4 de agosto de 2023, no obstante cuando radic[ó] la solicitud de conciliación
extrajudicial, siendo esta de fecha del 8 de abril de 2024 […] ya había caducado ».
6. Inconforme con esa decisión, el actor interpuso recurso de apelación, desatado el
Veintiocho (28) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025) por el Tribunal
Administrativo del Tolima, en el sentido de confirmarla, al estimar que «[…] conoció la
causación del daño, esto es las condiciones de hacinamiento a las que estaba sometido mientras
estaba privado de su libertad, el día 5 de agosto de 2021, es decir, que el accionante contaban
hasta el 06 de agosto de 2023 para interponer la demanda o en su defecto para radicar la solicitud
de conciliación e interrumpir el fenómeno de caducidad ». Sin embargo, la «[…] elevó […] hasta
el 08 de abril de 20244, por lo que se estima que no fue interrumpido el término de caducidad en
tiempo, de tal forma que, para el día 12 de junio [siguiente], cuando fue presentada la demanda, se
encontraba ampliamente vencido el término […], operando el fenómeno jurídico de la caducidad ».
7. Sobre la precedente situación, el accionante sostiene que, en varios
pronunciamientos, tanto de la Corte Constitucional5 como del Consejo de Estado6,
se ha aclarado que, en materia de hacinamiento carcelario, el conteo de la
caducidad debe hacerse a partir del efectivo conocimiento del daño que, en su caso,
ocurrió con la respuesta brindada el Diecinueve (19) de Enero de Dos Mil Veintitrés
(2023), luego de solicitar que se le informara cuál era la capacidad total con la que
contaba la Permanente Central de la Policía de Ibagué para albergar detenidos y si
en dichas instalaciones existía hacinamiento carcelario.
8. Agregó que, «[…] deben aplicarse los principios pro damato, pro homine y pro actione, los
cuales plantean la exigencia de dar prevalencia a las previsiones del texto constitucional frente a
todas aquellas situaciones donde existe diversidad de criterios, especialmente cuando […] se
4
Ver folios 158 a 163 del documento No, 3 del expediente digital visible en el aplicativo SAMAI.
5
Sentencias T-342 de 29 de junio de 2016, T-238 de 4 de julio de 2023 y SU-241 de 20 de junio de 2024.
6
Providencias de (i) 30 de enero de 2013, expediente 25000-23-26-000-1997-05265-01; (ii) 9 de diciembre de 2013,
expediente 50001-23-31-000-2012-00196-01; (iii) 1° de marzo de 2018, expediente 68001-23-31-000-2010-00605-01; (iv) 3
de octubre de 2019, expediente 70001-23-33-000-2014-00186-01; y (v) 2 de marzo de 2023, expediente 11001-03-15-000-
2022-01335-02.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01452-01
Accionante: Edward Martínez Caicedo
Accionados: Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Ibagué y otro
encuentran comprometidos los derechos fundamentales, de modo que la interpretación de las
normas favorezca la protección material de tales derechos antes que las formalidades procesales,
particularmente, cuando la discusión se origina en omisiones estatales que generaron afectaciones
prolongadas -como el hacinamiento- y cuando el individuo no se encontraba en condiciones reales
de ejercer plena agencia para comprender el alcance jurídico de la vulneración desde el primer día
de reclusión».
1.4 Contestaciones de la acción.
9. 1.4.1 El Tribunal Administrativo del Tolima7 adujo que, «[…] en el presente caso se
deben negar las pretensiones […], habida cuenta que, de la lectura del escrito tutelar, claramente se
colige que lo que la parte actora pretende es lograr un nuevo pronunciamiento judicial ».
10. 1.4.2 El municipio de Ibagué8 indicó que, no le son atribuibles conductas
omisivas dirigidas a vulnerar los derechos fundamentales del accionante.
11. 1.4.3 La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial9 se opuso a la
prosperidad de las súplicas del tutelante, por cuanto sus argumentos tienen como
propósito revivir un litigio que se llevó a cabo bajo las ritualidades de rigor y con el
respeto de las garantías que le asistían a cada uno de los sujetos procesales.
12. 1.4.4 La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y
Metropolitana de Ibagué10 pidió ser desvinculada de este trámite constitucional,
toda vez que, «[…] la controversia planteada […] gira en torno a la interpretación jurídica de la
caducidad, un asunto que pertenece exclusivamente a la órbita de la autonomía judicial ».
13. 1.4.5 La Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho11 aseveró que, «[…] no
tuvo intervención alguna en la emisión de [las] providencias [censuradas], ni ostenta facultades de
control, vigilancia, revisión o influencia sobre las decisiones que profieren los jueces de la
República».
14. 1.4.6 La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPC12 sostuvo
que, «[s]i bien la parte accionante intenta argumentar que en el presente caso la vía de ataque de
las decisiones de primera y segunda instancia, es el [d]esconocimiento del precedente judicial por
parte de las autoridades judiciales accionadas, ello dista de la realidad. Pues, [aunque] en el escrito
7
Índice 00015 del expediente de Samai de primera instancia.
8
Índice 00018 del expediente de Samai de primera instancia.
9
Índice 00021 del expediente de Samai de primera instancia.
10
Índice 00022 del expediente de Samai de primera instancia.
11
Índice 00023 del expediente de Samai de primera instancia.
12
Índice 00024 del expediente de Samai de primera instancia.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01452-01
Accionante: Edward Martínez Caicedo
Accionados: Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Ibagué y otro
introductor se citan múltiples [providencias] de la Sección Tercera, Sala de lo Contencioso
Administrativo, claramente se evidencia que la Subsección A y la […] C, tienen posturas diferentes
frente a la contabilización del término de caducidad en los procesos de reparación directa en los que
se discuten temas de hacinamiento carcelario», lo cual «solo prueba que el […] Consejo de Estado
no ha realizado unificación de criterios frente a este particular tema, hecho que de golpe derrumba
la causal especifica invocada».
15. Agregó que «[…] en lo que difiere el actor es [en] la fecha en la que, en [este] asunto se inició
el conteo, hecho que ya fue objeto de discusión dentro del recurso de apelación, solo que […] no
está de acuerdo», lo que demuestra que su intención es «convertir la acción de tutela en una
tercera instancia, con la cual […] se le conceda la razón».
16. 1.4.7 El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC13 afirmó que,
«[…] la competencia para resolver la inconformidad del accionante es el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA Y OTRO», frente a lo cual no tiene injerencia alguna.
17. 1.4.8 La Fiscalía General de la Nación14 deprecó su desvinculación de este
trámite constitucional por falta de legitimación en la causa por pasiva, puesto que,
«[…] no existe relación de causalidad entre [sus] actuaciones […] y la presunta vulneración de los
derechos fundamentales alegados por el accionante, con ocasión del(as) [determinaciones] de la(s)
autoridad(es) judicial(es) objeto de reproche en el escrito de tutela».
18. 1.4.9 El Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Ibagué y la gobernación del
Tolima guardaron silencio en la oportunidad prevista para el efecto.
1.5 Providencia impugnada15.
19. Mediante sentencia de Doce (12) de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026), el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B declaró improcedente la acción
de tutela de la referencia por no satisfacer el presupuesto de la relevancia
constitucional, al considerar que, «[…] los fundamentos que soportan la interposición de la
acción de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron debidamente
debatidos, analizados y resueltos en el trámite del recurso de apelación presentado en contra del
auto del 6 de febrero de 2025, con miras a que, con base en la jurisprudencia sobre la caducidad de
la acción de reparación directa en caso de daños continuados, se estableciera que no había operado
dicho fenómeno, en la medida que el hacinamiento carcelario soportado en la Permanente Central
de Ibagué se extendió en el tiempo, desde el 5 de agosto de 2021 ».
13
Índice 00025 de Samai.
14
Índice 00026 de Samai.
15
Índice 00029 del expediente de Samai de primera instancia.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01452-01
Accionante: Edward Martínez Caicedo
Accionados: Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Ibagué y otro
1.6 La impugnación16.
20. Inconforme con esa determinación, el accionante la impugnó, para cuyo propósito
reiteró los argumentos expuestos en la solicitud de amparo.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
21. En virtud de los artículos 3217 del Decreto ley 2591 de 199118 y 2519 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201920 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción.
22. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Legitimación en la causa por pasiva.
23. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…] se
dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó
el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha considerado
que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la
persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la
vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».
16
Índice 00036 del expediente de Samai de primera instancia.
17
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
18
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
19
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
20
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01452-01
Accionante: Edward Martínez Caicedo
Accionados: Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Ibagué y otro
24. La Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y Metropolitana de
Ibagué y la Fiscalía General de la Nación, en el escrito de intervención solicitaron
su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto, no
profirieron las providencias objeto de reproche y no tienen injerencia alguna en esas
determinaciones.
25. Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en
calidad de terceras con interés, por integrar el extremo pasivo dentro del proceso
contencioso en cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y
contradicción, por lo que, se confirmará la decisión de primera instancia de negar
su solicitud.
2.4 Cuestión preliminar.
26. En el asunto sub examine el demandante pide dejar sin efectos los proveídos de
(i) Seis (6) de Febrero de Dos Mil Veinticinco (2025), mediante el cual, el Juzgado
Quinto (5°) Administrativo de Ibagué, dispuso el rechazo de la demanda de
reparación directa que promovió contra la Nación - Ministerio de Justicia y del
Derecho, Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional de Colombia, Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía General de la
Nación, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios - USPC, departamento del Tolima y municipio de
Ibagué (expediente 73001-33-33-005-2024-00139-01), por haber operado la
caducidad; y (ii) Veintiocho (28) de Agosto de ese año, a través del cual, el Tribunal
Administrativo del Tolima confirmó esa determinación.
27. Sin embargo, esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la providencia
de Veintiocho (28) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), por ser la que, al desatar
el recurso de apelación interpuesto contra la de Seis (6) de Febrero del mismo año,
decidió de manera definitiva el mencionado asunto contencioso-administrativo.
2.5 Problema Jurídico.
28. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la providencia
de Veintiocho (28) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), por medio de la cual el
Tribunal Administrativo del Tolima confirmó el auto de Seis (6) de Febrero del mismo
año, en el que, el Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Ibagué rechazó la demanda
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01452-01
Accionante: Edward Martínez Caicedo
Accionados: Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Ibagué y otro
de reparación directa que promovió el tutelante contra la Nación - Ministerio de
Justicia y del Derecho, Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional de
Colombia, Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Fiscalía
General de la Nación, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC, Unidad
de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPC, departamento del Tolima y
municipio de Ibagué (expediente 73001-33-33-005-2024-00139-01), al encontrar
configurado el fenómeno jurídico de la caducidad; y, en caso afirmativo, si se han
vulnerado las garantías superiores al debido proceso y acceso a la administración
de justicia invocadas en la solicitud de amparo.
2.6 La acción de tutela contra providencias judiciales.
29. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 21 y de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado22, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando
estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
30. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
21 Sentencia C-590 de 2005.
22 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth
García González.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01452-01
Accionante: Edward Martínez Caicedo
Accionados: Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Ibagué y otro
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.
31. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales;
(vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en
estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica
del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado;
y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial
supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se
está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que
afectan derechos fundamentales.
32. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que, a juicio del actor, el
rechazo de su demanda de reparación directa por hacinamiento carcelario
conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia; (ii) contra la decisión objeto de censura no
procede recurso alguno; (iii) se establecieron los hechos que originaron el supuesto
quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) el requisito de inmediatez se
satisface, teniendo en cuenta que la providencia atacada quedó ejecutoriada el
Ocho (8) de Septiembre de Dos Mil Veinticinco (2025)23 y la solicitud de amparo se
presentó el Veinticuatro (24) de Febrero de Dos Mil Veintiséis (2026), es decir,
23
Según constancia de ejecutoria emitida por la secretaria del Tribunal Administrativo del Tolima.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01452-01
Accionante: Edward Martínez Caicedo
Accionados: Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Ibagué y otro
dentro de los seis meses; y (v) el auto acusado no es de tutela.
33. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo
del asunto bajo las causales específicas denominadas desconocimiento del
precedente y violación directa de la Constitución, comoquiera que, pese a que el
demandante no las señaló, la génesis de la vulneración invocada radica, en su
criterio, en una presunta indebida aplicación de los principios pro damato, pro
homine y pro actione y de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo
de Estado, relacionada con el término de caducidad en materia de hacinamiento
carcelario, por lo que, en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez
de tutela debe interpretar de manera extensiva el escrito inicial24, resulta procedente
analizar este trámite a partir de las aludidas causales de procedencia de tutela
contra providencia judicial.
2.6.1 Desconocimiento del precedente.
34. Al respecto, se precisa que el desconocimiento del precedente tiene dos
modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela contra
providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii) como defecto
sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La primera tiene su origen
en el artículo 241 superior y se predica exclusivamente de los precedentes fijados
por la Corte Constitucional en su jurisprudencia25, y la segunda, hace referencia a
cuando la autoridad jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin
justificación suficiente, lo que lleva a concluir que, la providencia adolece de un
defecto sustantivo26 en virtud de los principios del debido proceso, igualdad y buena
fe27.
24
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los derechos
fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida es su
deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
25
Sentencia T-360 de 2014: «En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a desconocerse cuando: (i) se
aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se
contraría la ratio decidendi de sentencias de control de constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que
la Corte ha señalado es la que debe acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una
sentencia de exequibilidad condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión de tutela».
26
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995 M. P. Carlos
Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa,
T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M.
P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P. Jorge Iván Palacio Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González
Cuervo.
27
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M. P. Jorge Iván
Palacio Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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2.6.2 Violación directa de la Constitución Política.
35. Se tiene que esta se configura cuando el juez ordinario adopta una postura que
la desconoce, y en el evento de la tutela contra providencia judicial, cuando (i) en
esta se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de acuerdo con el
precedente constitucional, (ii) se trata de un derecho fundamental de aplicación
inmediata, y (iii) el juez en sus decisiones vulnera derechos fundamentales sin
aplicar el principio de interpretación conforme a la Carta Política.
2.7 Análisis del caso concreto.
36. En el asunto sub examine, el accionante aduce que la providencia cuestionada
incurrió en desconocimiento del precedente, al no tener en cuenta que en varios
pronunciamientos, tanto de la Corte Constitucional28 como del Consejo de Estado29,
se ha aclarado que, en materia de hacinamiento carcelario, el conteo de la
caducidad debe hacerse a partir del efectivo conocimiento del daño que, en su caso,
ocurrió con la respuesta brindada el 19 de enero de 2023, luego de solicitar que se
le informara cuál era la capacidad total con la que contaba la Permanente Central
de la Policía de Ibagué para albergar detenidos y si en dichas instalaciones existía
hacinamiento carcelario.
37. Asimismo, en violación directa de la Constitución, por cuanto inaplicó «[…] los
principios pro damato, pro homine y pro actione, los cuales plantean la exigencia de dar prevalencia
a las previsiones del texto constitucional frente a todas aquellas situaciones donde existe diversidad
de criterios, especialmente cuando […] se encuentran comprometidos los derechos fundamentales,
de modo que la interpretación de las normas favorezca la protección material de tales derechos antes
que las formalidades procesales, particularmente, cuando la discusión se origina en omisiones
estatales que generaron afectaciones prolongadas -como el hacinamiento- y cuando el individuo no
se encontraba en condiciones reales de ejercer plena agencia para comprender el alcance jurídico
de la vulneración desde el primer día de reclusión».
38. Ahora bien, antes de proceder a realizar el estudio de fondo del presente caso,
resulta oportuno anotar que, la caducidad es una figura jurídico-procesal que tiene
como fin regular el tiempo con el que cuentan las personas para ejercer el derecho
de acción, es decir, para acudir ante la administración de justicia en aras de dirimir
28
Sentencias T-342 de 29 de junio de 2016, T-238 de 4 de julio de 2023 y SU-241 de 20 de junio de 2024.
29
Providencias de (i) 30 de enero de 2013, expediente 25000-23-26-000-1997-05265-01; (ii) 9 de diciembre de 2013,
expediente 50001-23-31-000-2012-00196-01; (iii) 1° de marzo de 2018, expediente 68001-23-31-000-2010-00605-01; (iv) 3
de octubre de 2019, expediente 70001-23-33-000-2014-00186-01; y (v) 2 de marzo de 2023, expediente 11001-03-15-000-
2022-01335-02.
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controversias, con lo que, se materializa el principio de seguridad jurídica, porque
evita que un conflicto permanezca sin solución indefinidamente. Esta se configura
cuando no se instauran los medios judiciales dentro del término otorgado en la
normativa, lo que imposibilita al juez decidir de fondo30.
39. El literal i) del numeral 2 del artículo 164 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo preceptúa que la demanda de
reparación directa debe presentarse, como regla general, dentro de los dos (2) años
siguientes a la ocurrencia de la acción u omisión que produjo el daño que se
pretende indemnizar o desde su conocimiento, motivo por el cual, si se promueve
luego de dicho lapso, acontece la caducidad. El tenor de la mencionada norma
prevé:
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del
término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la
acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener
conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad
de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
40. Por su parte, el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009 31 señala que, cuando los
litigios que se ventilan a través del medio de control de reparación directa, entre
otros mecanismos judiciales, son transigibles, la conciliación «siempre constituirá
requisito de procedibilidad», por lo que su agotamiento está sujeto a lo dispuesto en
el artículo 96 de la Ley 2220 de 202232, el cual, estipula que, la presentación de la
solicitud de aquella suspende la caducidad hasta cuando concurra alguno de los
presupuestos allí previstos. Dicho precepto consagra:
Artículo 96. Suspensión del término de caducidad del medio de control. La
presentación de la petición de convocatoria de conciliación extrajudicial ante los agentes
del Ministerio Público suspende el término de caducidad del medio de control
contencioso administrativo, según el caso, hasta:
1. La ejecutoria de la providencia que imprueba del acuerdo conciliatorio por el juez de
lo contencioso administrativo.
30
Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 21 de febrero de 2011, C. P. Olga Mélida Valle de De La
Hoz, expediente: 52001-23-31-000-2010-00214-01 (39360).
31
«Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia».
32
«Por medio de la cual se expide el estatuto de conciliación y se dictan otras disposiciones».
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2. La expedición de las constancias a que se refiere la presente Iey; o
3, El vencimiento del término de tres (3) meses contados a partir de la presentación de
la solicitud.
Lo primero que ocurra.
PARÁGRAFO. Las partes por mutuo acuerdo podrán prorrogar el término de tres (3)
meses consagrado para el trámite conciliatorio extrajudicial, pero en dicho lapso no
operará la suspensión del término de caducidad o prescripción.
41. En virtud del citado mandato, una vez se configure alguna de esas situaciones,
se reanuda el término para instaurar la demanda contencioso-administrativa de
reparación directa, por lo que, esta debe incoarse antes que el período computable
para la caducidad sume más de dos (2) años, plazo que está constituido por los
lapsos comprendidos entre la fecha de la ocurrencia o conocimiento del daño
antijurídico que se pretende resarcir y la presentación de la solicitud de conciliación,
y desde el momento en que acontece alguno de los sucesos enunciados en la norma
transcrita hasta la interposición del escrito inicial.
42. En el evento en que los dos (2) años que trata el literal i) del numeral 2 del artículo
164 del CPACA finalicen un día feriado o vacante, el medio de control debe
promoverse el primer día hábil siguiente, tal como lo autoriza el artículo 62 33 del
Código de Régimen Político y Municipal.
43. Por otra parte, resulta oportuno indicar que, el daño antijurídico puede ser
instantáneo o de tracto sucesivo (continuado); el primero hace referencia al que se
configura en un instante exacto y verificable, y el segundo se estructura cuando se
conocen sus consecuencias negativas «[…] con el discurrir del tiempo y con posterioridad al
hecho generador»34.
44. Esa diferenciación encuentra justificación al momento de computar la caducidad
de la demanda de reparación directa, puesto que, en el evento en que se pretenda
la indemnización de un perjuicio inmediato, se contabiliza desde su ocurrencia o
conocimiento; en cambio, cuando se suplica el resarcimiento pecuniario de un
agravio continuado, el lapso para acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa
se inicia al cesar el hecho que dio origen a los perjuicios, « […] a menos que el
33
«En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales, se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a
menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado
o de vacante, se extenderá el plazo hasta el primer día hábil».
34
Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 25 de agosto de 2011, C. P. Hernán Andrade Rincón,
expediente 19001-23-31-000-1997-08009-01 (20316).
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afectado la hubiera conocido tiempo después»35.
45. Cabe advertir que, el daño continuado no debe confundirse con los hechos que
se extienden en el tiempo, los cuales se presentan cuando una determinada
circunstancia se reitera, pero la causa del deterioro es la misma, situación por la
que la caducidad se cuenta a partir de cuando ocurrió o se supo del siniestro, tal
como lo dijo esta Corporación36, al precisar:
[...] se debe diferenciar el daño continuado o de tracto sucesivo, del hecho dañoso y de
los daños de naturaleza inmediata cuyos efectos o perjuicios se prolongan en el tiempo,
o cuando el mismo daño termina por agravarse pero se realizó con mucho tiempo de
anterioridad, comoquiera que en esos casos el menoscabo se concreta ipso facto en un
momento determinado, y es a partir de éste o de que se le conoció[,] se reitera […], que
el término de caducidad debe empezar a computarse.
46. Ahora bien, en el presente asunto se observa que la autoridad accionada, en la
decisión judicial objeto de reproche, concluyó:
[…] dado que el génesis de la presente controversia se suscita en establecer el
momento a partir del cual inicia el cómputo de la caducidad, la Sala considera necesario
distinguir ante qué tipo de daño nos encontramos, es decir, si ante un daño instantáneo
o continuado, con el propósito de definir el inicio del plazo procesal del presente medio
de control.
En este sentido, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
Sentencia del 06 de diciembre de 2022, C.P: Guillermo Sánchez Luque, proferida dentro
del proceso con radicación No. 05001-23-31-000-2002- 04829-01, se pronunció sobre
el fenómeno de caducidad en los casos en que alegue una falla del servicio derivada
por el hacinamiento carcelario, para lo cual señaló lo siguiente:
“Así lo resaltó la Corte Constitucional, al declarar la exequibilidad de ese
precepto, pues la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano
debe reclamar del Estado determinado derecho. Por ende, según la Corte, la
actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de
protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades
procesales fijadas en la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos
por la ocurrencia del fenómeno indicado, situación que no se extiende a quien no
acudió en tiempo a la defensa de sus derechos.
Este criterio lo reiteró la Corte en el estudio de constitucionalidad del artículo 44
de la Ley 446 de 1998, que modificó el artículo 136.9 CCA, al destacar que la
caducidad no concede derechos subjetivos, sino que apunta a la protección del
interés general, de modo que su configuración impide el ejercicio de la acción y
no puede iniciarse válidamente el proceso. También señaló que la caducidad,
dado su carácter de orden público, es indisponible y puede ser declarada de oficio
por el juez, cuando se verifique su ocurrencia.
El articulo 136 CCA dispuso que el punto de partida para el cómputo del término
de caducidad es el hecho dañoso (acción u omisión causante del daño) y fijó el
plazo para la interposición de la demanda en dos años, sin hacer distinciones
sobre el tipo de daño que se cause. Por ello, basta verificar el día en que ocurrió
el hecho, omisión u operación administrativa para contabilizar el plazo señalado,
35
Consejo de Estado, sección tercera, subsección B, sentencia de 30 de julio de 2015, C. P. Danilo Rojas Betancourth,
expediente 47001-23-31-000-2003-00847-01.
36
Ibidem.
14
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a menos que el perjudicado no hubiera podido conocer el daño en esa fecha,
pues en este evento, la caducidad se debe contar desde que tuvo conocimiento
de este.
Así, aunque los efectos del daño perduren en el tiempo, el conteo del
término de caducidad para demandar inicia desde que se produjo la
conducta dañosa o desde la fecha en que el demandante tuvo conocimiento
del daño.” (Negrilla y subraya fuera del texto original).
Aunado a ello, se tiene que dicha sentencia fue objeto de tutela, la cual fue conocida y
resuelta por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con providencia del 05 de
octubre de 2023, C.P: César Palomino Cortés, dentro del proceso con radicación No.
11001-03-15-000-2023-02769-01, en la cual negó el amparo deprecado, al considerar
que la sentencia se encontraba ajustada a derecho y que no había transgredido
garantías y derechos fundamentales, para lo cual sostuvo lo siguiente:
“(…) En este contexto, se tiene que lo que originó el daño sufrido por el
tutelante, fue la reclusión en el centro carcelario en las condiciones de
hacinamiento hecho que no eran imposible de conocer para el señor William
Alberto Molina Sánchez, pues tal y como lo ha señalado esta Corporación,
debe diferenciarse “la certeza del daño y la magnitud del mismo ya que la
legitimación para accionar surge de la primera, siendo posible que en el
curso del proceso establezca la segunda” 37 […].
[…]
En este entendido, la Sala acoge la tesis de la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, donde plantea que la caducidad se debe contabilizar a partir del
conocimiento del daño, esto es, desde que se originó su privación de la libertad, el cual
en este caso, con las pruebas aportadas al cartulario por la parte actora, se evidencia,
que el señor EDWAR MOISÉS MARTÍNEZ CAICEDO conoció las condiciones de
hacinamiento en las que se encontraba recluido a partir de su detención, lo cual acaeció
el 05 de agosto de 2021.
Así las cosas, encuentra la Sala que el señor EDWAR MOISÉS MARTÍNEZ CAICEDO,
conoció la causación del daño, esto es las condiciones de hacinamiento a las que
estaba sometido mientras estaba privado de su libertad, el día 5 de agosto de 2021, es
decir, que el accionante contaban hasta el 06 de agosto de 2023 para interponer la
demanda o en su defecto para radicar la solicitud de conciliación e interrumpir el
fenómeno de caducidad.
Sin embargo, el demandante elevó la solicitud de conciliación extrajudicial hasta el 08
de abril de 202438, por lo que se estima que no fue interrumpido el término de caducidad
en tiempo, de tal forma que, para el día 12 de junio de 2024, cuando fue presentada la
demanda, se encontraba ampliamente vencido el término para la interposición del
medio de control de reparación directa, operando el fenómeno jurídico de la caducidad
de la acción.
47. Con base en lo expuesto, se observa que, después de efectuar el
correspondiente estudio probatorio, la autoridad accionada estableció que, de
conformidad con el literal i) del numeral 2 del artículo 164 del CPACA, el término de
caducidad se debe contabilizar a partir del mismo momento en que el accionante
ingresó a las instalaciones de la Permanente Central de la Policía de Ibagué, esto
es, el 5 de agosto de 2021, dado que, tuvo conocimiento directo de las condiciones
de hacinamiento presentadas al ser un hecho notorio (514% de hacinamiento).
37
Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de agosto de 2011, M.P.: Hernán Andrade Rincón.
38
Ver folios 158 a 163 del documento No, 3 del expediente digital visible en el aplicativo SAMAI.
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48. En ese orden de ideas, como el 8 de abril de 2024 se presentó la solicitud de
conciliación extrajudicial y el 12 de junio siguiente se formuló el medio de control de
reparación directa, esto es, más de dos años después de la ocurrencia y
conocimiento del daño que el demandante pretendía se le reparara
pecuniariamente, dicho asunto ordinario se encontraba caducado.
49. Y, aunque esa estadística, en palabras del actor, le hubiera sido suministrada por
la Policía Metropolitana de Ibagué el 19 de enero de 2023, ello no implica que no
fuera manifiesto el hacinamiento, sin necesidad de tener certeza en el cálculo
matemático.
50. Por otra parte, aunque el tutelante mencionó como inobservadas algunas
providencias de la Corte Constitucional39 como del Consejo de Estado40, en las que
en asuntos idénticos al suyo, en los que se deprecó la indemnización derivada del
hacinamiento carcelario, se accedió a las súplicas de los demandantes, con
fundamento en que la caducidad debía contabilizarse desde el efectivo
conocimiento del daño, se advierte que, no existe una posición pacífica y unificada
de la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre el término
de caducidad en las demandas de reparación directa por ese aspecto, por lo que,
mal haría esta Sala si, a través de este mecanismo constitucional impusiera un
criterio específico, por cuanto esto corresponde delimitar a la jurisprudencia de la
sección especializada, esto es, a la Sección Tercera.
51. En todo caso, para la Sala la forma en que la autoridad demandada contabilizó
el término de caducidad en el sub lite, se ajusta al criterio mayoritario, actual y
vigente del Consejo de Estado, según el cual, como se consignó en párrafos
precedentes, en el evento en que, el daño antijurídico corresponda al hacinamiento
carcelario, el plazo en el que debe instaurarse la demanda ordinaria se contabiliza
desde el momento en que se tiene conocimiento del hecho, que es, en la mayoría
de casos, desde que se ingresa al respectivo establecimiento y no desde que se
recobra la libertad y se efectúa la solicitud de información cuantitativa, frente a lo
cual, citó un pronunciamiento reciente sobre la materia, esto es, el fallo de 6 de
diciembre de 2022 de la Subsección C de la Sección Tercera de esta Corporación41.
39
Sentencias T-342 de 29 de junio de 2016, T-238 de 4 de julio de 2023 y SU-241 de 20 de junio de 2024.
40
Providencias de (i) 30 de enero de 2013, expediente 25000-23-26-000-1997-05265-01; (ii) 9 de diciembre de 2013,
expediente 50001-23-31-000-2012-00196-01; (iii) 1° de marzo de 2018, expediente 68001-23-31-000-2010-00605-01; (iv) 3
de octubre de 2019, expediente 70001-23-33-000-2014-00186-01; y (v) 2 de marzo de 2023, expediente 11001-03-15-000-
2022-01335-02.
41
Expediente 05001-23-31-000-2002-04829-01 (47148) C.P. Guillermo Sánchez Luque.
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52. Asimismo, es claro que el Tribunal Administrativo del Tolima ya había resuelto
con suficiente motivación la inconformidad planteada por el tutelante en el recurso
de apelación interpuesto contra el auto de 6 de febrero de 2025, mediante el cual,
el Juzgado Quinto (5°) Administrativo de Ibagué, dispuso el rechazo de la demanda
de reparación directa con radicado 73001-33-33-005-2024-00139-01, por haber
operado la caducidad, la cual reiteró en esta acción de tutela (para lo cual invocó
las causales de desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución), lo que denota que su intención, más allá de manifestar la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales, es utilizar este mecanismo
constitucional como una instancia adicional con el fin de obtener un
pronunciamiento favorable a sus intereses.
53. En ese orden de ideas, se concluye que, la providencia reprochada no incurre en
el desconocimiento del precedente ni violación directa de la Constitución alegados.
54. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que
efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.
III. DECISIÓN
55. Por las razones señaladas, comoquiera que, para la Sala, contrario a lo indicado
en primera instancia, en este caso el análisis efectuado supera el requisito de
relevancia constitucional; sin embargo, la parte actora no acreditó que la providencia
de 28 de agosto de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima hubiere
incurrido en desconocimiento del precedente y en violación directa de la
Constitución, se revocará el fallo impugnado, que declaró improcedente la acción
de tutela de la referencia, para, en su lugar, negar el amparo deprecado.
56. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01452-01
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FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la decisión de negar la solicitud de desvinculación de la
Nación - Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y Metropolitana de
Ibagué y la Fiscalía General de la Nación, conforme a la motivación.
SEGUNDO. REVOCAR la sentencia de 12 de marzo de 2026, emitida por el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia. En su lugar, NEGAR el amparo de los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia invocados
por el señor Edward Martínez Caicedo, por las razones consignadas en la parte
considerativa.
TERCERO. NOTIFICAR esta providencia a las partes por el medio más expedito,
en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
CUARTO. COMUNICAR la presente decisión a la Sección Segunda, Subsección A
de esta Corporación y remitir copia.
QUINTO. Ejecutoriado este fallo, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley 2591
de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA
18
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