Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01453-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01453-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01453-00
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 22 de mayo de 2026
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01453-00
Demandante: Camilo Andrés Rodríguez Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL| Relevancia constitucional
Síntesis del caso: La parte actora enjuició las providencias de primera y segunda instancia,
que rechazaron una demanda de reparación directa.
De acuerdo con la competencia asignada1, la Sala procederá a resolver,
en primera instancia, la acción de tutela presentada por Camilo Andrés
Rodríguez Rodríguez en contra del Juzgado 9 Administrativo de Ibagué y el
Tribunal Administrativo de Tolima.
Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.
1.1. Posición de la parte actora
1. El 24 de febrero de 2026, Camilo Andrés Rodríguez Rodríguez, a través
de apoderada judicial, presentó una acción de tutela en contra del
Juzgado 9 Administrativo de Ibagué y el Tribunal Administrativo de Tolima,
por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la igualdad,
debido proceso y acceso a la administración de justicia, con ocasión de las
providencias de 7 de junio de 2024 y 28 de agosto de 2025 proferidas,
respectivamente, por las autoridades judiciales accionadas dentro del
proceso de reparación directa No. 73001-33-33-009-2024-00091-00/01.
2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se
trascribe):
“1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al
accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera
instancia proferido por el Juzgado 9 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué
1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de
2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01453-00
Demandante: Camilo Andrés Rodríguez Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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el 7 de junio de 2024, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima
el 28 de agosto de 2025, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de CAMILO
ANDRÉS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, radicado No. 73001-33-33-009-2024 00091-00,
así como también las actuaciones posteriores al fallo, proferidas por el Juzgado
9 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.
2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir decisión de reemplazo,
de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con
el fin de que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera
consagrados.”.
3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:
4. 1) Camilo Andrés Rodríguez Rodríguez estuvo privado de la libertad
desde el 20 de agosto de 2021 hasta el 3 de mayo de 2022 en la Permanente
Central de la Policía Metropolitana de Ibagué.
5. 2) El señor Rodríguez Rodríguez, una vez recobró su libertad, manifestó
que presuntamente había sido víctima de hacinamiento durante su
reclusión. Por tal motivo, el 17 de enero de 2023, mediante derecho de
petición dirigido a la Policía Metropolitana de Ibagué, solicitó información
sobre la capacidad total de la Permanente Central para albergar personas
privadas de la libertad, así como la existencia de posibles condiciones de
hacinamiento carcelario.
6. 3) La Policía Metropolitana de Ibagué, mediante Oficio GS-2023-
003124-METIB/COSEC-DISPO-29.25 de 19 de enero de 2023, indicó que, para
el periodo en que el actor estuvo detenido, el centro presentaba un nivel de
hacinamiento del 561%.
7. 4) A partir de dicha constatación oficial, el demandante presentó
solicitud de conciliación extrajudicial, radicada el 28 de febrero de 2024,
ante la Procuraduría 106 Judicial I para Asuntos Administrativos de Ibagué, y
esta se declaró fallida en audiencia de 19 de abril de 2024.
8. 5) El 19 de abril de 2024, presentó demanda, en ejercicio del medio
de control de reparación directa, en contra del municipio de Ibagué,
departamento de Tolima, Nación - Rama Judicial - Dirección de
Administración Judicial, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC),
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Nación - Ministerio
de Justicia y del Derecho, Nación - Ministerio de Defensa – Policía Nacional
y Fiscalía General de la Nación, con el fin de obtener la reparación de los
perjuicios sufridos por el hacinamiento durante su reclusión.
9. 6) La demanda correspondió, por reparto, al Juzgado 9 Administrativo
de Ibagué, el cual, mediante Auto de 7 de junio de 2024, rechazó la
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Demandante: Camilo Andrés Rodríguez Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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demanda por considerar que operó el fenómeno jurídico de la caducidad,
tras estimar que el término de 2 años debía contarse desde el 20 de agosto
de 2021, día en que el accionante ingresó al centro de detención.
10. 7) La parte demandante apeló el auto que rechazó la demanda, con
fundamento en sentencias del Consejo de Estado2 y bajo el argumento de
que el hacinamiento carcelario que sufrió Camilo Andrés Rodríguez
constituía un daño continuado o de carácter sucesivo que se prolongó
durante toda su detención. Por ende, el término de caducidad debía
contabilizarse desde que él salió de la Permanente Central de la Policía de
Ibagué, y no desde el momento en el que ingresó.
11. 8) Mediante Auto de 28 de agosto de 20253, el Tribunal Administrativo
de Tolima confirmó el rechazo de la demanda, tras considerar que las
circunstancias de hacinamiento que, presuntamente, padeció el señor
Rodríguez Rodríguez en la Permanente Central de Ibagué, obedecieron a
un daño de ejecución instantánea, independientemente que este hubiera
generado efectos en el tiempo. Por tanto, el término legal para demandar
feneció el 20 de agosto de 2023.
12. Como fundamento de la vulneración, la parte actora alegó que las
providencias judiciales cuestionadas adolecían de un desconocimiento del
precedente judicial, en tanto ignoraron los criterios fijados por el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional4 sobre el cómputo del término de
caducidad, el cual debía contabilizarse a partir del momento en el que la
víctima se hubiera percatado de las condiciones de hacinamiento
carcelario, y no desde el primer día que ingresó al centro de detención.
13. Además, manifestó que la decisión del tribunal vulneró los principios
pro damato, pro homine y pro actione, toda vez que, debió adoptar la
interpretación más favorable para garantizar la protección efectiva de los
derechos fundamentales del actor por encima de las formas procesales.
Señaló que, en el caso concreto, la vulneración tenía carácter continuo,
progresivo y estructural, y que el acceso a la información permaneció
condicionado durante el tiempo de reclusión. En ese sentido, estimó que
impedir un pronunciamiento de fondo por parte de la autoridad judicial
vulneraba sus derechos fundamentales.
2 Consejo de Estado - Subsección B - Sección Tercera, Sentencia de 26 de junio de 2015, radicado No. 25000-23-
41-000-2014-01569-01(AG); Sentencia de 18 de octubre de 2007, radicado No. AG2001-00029; Consejo de Estado -
Subsección A - Sección Tercera, Sentencia de 25 de agosto de 2011, radicado No. 9001-23-31-000-1997-08009-
01(20316).
3 Notificado por estados el 2 de septiembre de 2025.
4 Corte Constitucional, Sentencia T-342 de 2016, Sentencia T-238 de 2023, Sentencia SU-241 de 2024. Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 30 de enero de 2013, Rad. 25000-23-26-000-1997-05265-01,
Sentencia de 9 de diciembre de 2013, Rad. 2001-23-31-000-2012-00196-01, Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, Sentenica de 1 de marzo de 2018, Rad. 68001-23-31-000-2010-00605-01, Sentencia de 3 de octubre
de 2019, Rad. 70001-23-33-000-2014-00186-01, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 2
de marzo de 2023, Rad. 11001-03-15-000-2022-01335-02.
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Demandado: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados5
14. El Juzgado 9 Administrativo de Ibagué6 remitió el expediente del
proceso ordinario solicitado e indicó que la providencia que rechazó la
demanda tuvo fundamento en el análisis jurídico de la situación tal como lo
confirmó el juez de segunda instancia. Razón por la cual, era improcedente
la acción constitucional de amparo, además manifestó que la actuación
realizada no constituyó una vía de hecho, ni se enmarco en ninguna de las
causales generales o específicas de la procedibilidad de la acción de
tutela, igualmente, señaló que sobre la temática en discusión ya habían sido
resueltas otras 23 acciones de tutela.
15. El Tribunal Administrativo de Tolima7 indicó que el actor tuvo
conocimiento del hacinamiento desde el momento en que ingresó a la
Permanente Central de Ibagué, por lo que esa era la fecha para iniciar el
conteo de la caducidad. Igualmente, manifestó que, en un caso de
situaciones fácticas similares, la Sección Tercera del Consejo de Estado
declaró la caducidad del medio de control, tras concluir que la certeza del
daño se tuvo desde el momento de reclusión en el centro carcelario8.
16. La Coordinadora del grupo de tutelas del INPEC9, la Secretaría
General de la Policía Nacional10 y la Oficina Jurídica del municipio de
Ibagué11 alegaron falta de legitimación pasiva en la causa, por carecer de
aptitud legal para conocer y dar respuesta a la presente acción de tutela.
En consecuencia, solicitaron se desvincularan a las entidades.
17. El jefe de la oficina asesora jurídica de la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios (USPEC)12 solicitó que la desvinculación de la
entidad, toda vez que a esta no se le atribuyó la presunta vulneración de los
derechos fundamentales alegados.
18. La Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Ibagué13 solicitó que se declarara la
5 Mediante Auto de 2 de marzo de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Tolima y el Juzgado 9 Administrativo de Ibagué, y vinculó, como terceros con interés, a la Nación
• Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario
(INPEC); la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio
de Defensa Nacional-Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, el Departamento de Tolima, el municipio de
Ibagué, Fanny Rodríguez Rodríguez, José Uribe Rodrígez, Dora Yaneth Rodríguez y Angela Patricia Rodríguez
Rodríguez.
6 Índices 13 y 19 en el aplicativo SAMAI.
7 Índice 27 del aplicativo SAMAI.
8 Consejo de Estado, Sentencia de 6 de diciembre de 2022, Rad. 05001-23-21-000-2002-04829-01.
9 Índice 21 en el aplicativo SAMAI.
10 Índice 16 del aplicativo SAMAI.
11 Índice 24 en el aplicativo SAMAI.
12 Índice 15 en el aplicativo SAMAI.
13 Índice 22 en el aplicativo SAMAI.
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Demandante: Camilo Andrés Rodríguez Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con los requisitos
generales para su procedencia contra providencias judiciales.
19. La Unidad de Asistencia Legal de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial14 solicitó que se negaran las pretensiones de la
acción de tutela al no existir vulneración de los derechos fundamentales, y
que se ordenara la desvinculación de la entidad por configurarse una falta
de legitimación pasiva en la causa.
20. La apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho15 solicitó se
declarara la improcedencia de la acción de tutela, ya que no era posible
utilizar el mecanismo constitucional para revivir términos judiciales. Además,
alegó una falta de legitimación pasiva en la causa y, con fundamento en
ello, solicitó su desvinculación del presente asunto.
21. El jefe del área jurídica de la Policía Metropolitana de Ibagué16 pidió
ser excluida por no tener atribuciones judiciales ni responsabilidad para
pronunciarse y/o resolver sobre las pretensiones invocadas y solicitó su
desvinculación.
22. El profesional de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía
General de la Nación17 solicitó que se declarara la improcedencia de la
acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional
y se le desvinculara por carecer de legitimación pasiva en la causa.
23. El departamento de Tolima, Fanny Rodríguez Rodríguez, José Uribe
Rodrígez, Dora Yaneth Rodríguez y Angela Patricia Rodríguez Rodríguez,
pese a haber sido notificados18 en debida forma, guardaron silencio.
2. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Contenido: 2.1. Solicitudes de desvinculación 2.2. Identificación de la providencia objeto
estudio. 2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.4.
Conclusión.
2.1. Solicitudes de desvinculación
24. Frente a la alegada falta de legitimación pasiva en la causa que
formularon la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y
Metropolitana de Ibagué, el municipio de Ibagué, el Ministerio de Justicia y
del Derecho, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, el Instituto
14 Índice 12 del aplicativo SAMAI.
15 Índice 20 en el aplicativo SAMAI.
16 Índice 28 en el aplicativo SAMAI.
17 Índice 26 en el aplicativo SAMAI.
18 Índices 10 y 25 en el aplicativo SAMAI.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01453-00
Demandante: Camilo Andrés Rodríguez Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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Nacional Penitenciario y Carcelario y la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, la Sala considera que, en la medida en que estas
autoridades fueron demandadas en el proceso de reparación directa No.
73001-33-33-009-2024-00091-00/01y sus actuaciones fueron señaladas como
parte del contexto fáctico en el que se originó el daño alegado, su
participación dentro del presente trámite resultaba procedente para que
hicieran valer sus derechos.
25. Por esa razón, y porque fueron vinculadas como terceros con interés
en aras de garantizar su derecho de defensa y debido proceso, se negarán
las referidas solicitudes de desvinculación.
2.2. Identificación de la providencia objeto estudio
26. La Sala considera oportuno aclarar que el objeto de la presente
controversia, de acuerdo con lo planteado por el accionante, lo constituye
el rechazo de la demanda de reparación directa.
27. En ese orden, la Sala pone de presente que se centrará en analizar los
reparos invocados respecto del auto que confirmó la providencia de
primera instancia, proferido por el Tribunal Administrativo de Tolima, el 28 de
agosto de 2025, puesto que, a pesar de que también se enjuició el auto
proferido por el Juzgado 9 Administrativo de Ibagué, lo cierto es que, con
ocasión del recurso de apelación, la decisión del tribunal fue la que resolvió
el litigio. Asimismo, se recalca que, ante una eventual decisión favorable a
las súplicas de amparo, será la autoridad que resolvió la controversia en
segunda instancia la encargada de dar cumplimiento a lo que se ordene.
2.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
28. La Sala declarará improcedente esta solicitud de amparo al no
cumplirse el requisito de relevancia constitucional, por las razones que pasan
a explicarse:
29. Para la Corte Constitucional, el requisito de relevancia constitucional
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional19.
30. En el mismo sentido, dicha corporación, en Sentencia SU-295 de
202320, estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de
tres criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o simplemente económicos,
(2) perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir
debates concluidos.
31. La Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01(IJ), adujo expresamente que el
requisito que se analiza requiere la conjunción de varios elementos: (1) una
carga argumentativa por parte del accionante que explique, con
suficiencia, la relevancia de la controversia para el juez de tutela, esto es, la
necesidad de su intervención en el asunto21; (2) que la solicitud de amparo
no se presente con el objeto de obtener una instancia adicional al proceso
ordinario22 y (3) que se trate de una controversia sobre derechos
fundamentales y no asuntos de simple legalidad23.
32. En el asunto de la referencia se cuestiona la aplicación del fenómeno
jurídico de la caducidad como sustento del rechazo de la demanda de
reparación directa que presentó el actor con ocasión a las condiciones de
hacinamiento que vivió durante su reclusión.
33. Si bien, en la acción de tutela se alegó un aparente desconocimiento
del precedente judicial porque, a juicio del actor, la autoridad judicial
demandada inaplicó jurisprudencia en relación con el cómputo del término
de caducidad en eventos de daño continuado o sucesivo como el
hacinamiento carcelario porque aquel debía contabilizarse desde la
cesación del daño o desde el momento en que el afectado tuvo
conocimiento cierto de su configuración, lo cierto es que, para la Sala,
resulta claro que los fundamentos que soportaron la interposición de la
acción de tutela se dirigieron exclusivamente a discutir aspectos que ya
19 Corte Constitucional, Sentencias SU 573 de 2019, SU 128 de 2021 y SU 215 de 2022.
20 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
21 (se trascribe) Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-
01. “El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que
el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces,
aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
22 Ídem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal
adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
23 Ídem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos
fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
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Decisión: Declara improcedencia
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fueron expuestos, analizados y resueltos en el trámite del proceso de
reparación directa, tanto en primera como en segunda instancia, con miras
a que se acogiera una interpretación favorable sobre el punto de partida
del término de caducidad.
34. En efecto, los aspectos en concreto que fundamentaron la acción de
tutela son una reiteración de los argumentos que Camilo Andrés Rodríguez
utilizó en la apelación que presentó en contra del auto proferido por el
Juzgado 9 Administrativo de Ibagué, el 7 de junio de 2024. Tales argumentos
estuvieron encaminados a demostrar que el daño alegado tenía un
carácter continuado y que, en consecuencia, el término de caducidad
debía contarse a partir del momento en que cesara dicho daño. Asimismo,
el actor sostuvo que esa autoridad judicial desconoció el precedente
establecido por el Consejo de Estado para la contabilización de dicho
término, en los siguientes términos:
“Siendo así como lo ha determinado el Honorable CONSEJO DE ESTADO - SALA
DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCION TERCERA SUBSECCION B, en
sentencia del 26 de junio de 2.015, radicación número: 25000-23-41-000-2014-
01569-01(AG) (…)
Cabe resaltar que la conducta vulnerante, que para el caso en discusión
corresponde a la vulneración de derechos fundamentales y derechos
humanos, como lo tiene entendido la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, debido al hacinamiento carcelario soportado en la Permanente
Central, se extendió en el tiempo para el privado de la libertad CAMILO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, desde el día 20 de agosto de 2.021, día de su captura,
hasta el día 03 de mayo de 2.022, día en el que fue trasladado al Complejo
Penitenciario y Carcelario de Ibagué – Picaleña COIBA, es decir, por más de 16
meses, prolongándose el daño que no dejó de existir hasta el día que dejó de
sufrir las consecuencias del hacinamiento.
No puede considerarse para efectos del fenómeno de la caducidad del medio
de control de la referencia, la fecha de detención del privado de la libertad,
por cuanto se estaría dejando por fuera de la órbita procesal el último día en el
que este estuvo detenido en la Permanente Central, fecha en la que cesó el
perjuicio por causa del hacinamiento.
Para efectos de acreditar lo aquí manifestado, obra jurisprudencia del máximo
órgano de lo contencioso administrativo, que ha admitido excepciones al
término de caducidad en los casos en los que el perjuicio se produce
lentamente, como consecuencia de hechos sucesivos, para lo cual se puede
observar sentencia de Tutela T-5.402.361, de fecha 29 de junio de 2.016”24.
35. Estos planteamientos fueron objeto de estudio por parte del Tribunal
Administrativo de Tolima en el Auto de 28 de agosto de 2025, con las
consideraciones que a continuación se trascriben:
24 Índice 13 del aplicativo SAMAI del juzgado. Recurso de apelación presentado por el demandante en el proceso
de reparación directa. Pág. 5.
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Decisión: Declara improcedencia
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En este punto, se ha de establecer que, por regla general y para el caso
concreto, el punto de partida para el cómputo del término de caducidad es la
ocurrencia de la acción u omisión causante del daño (hecho dañoso), sin que
sea necesario entrar a verificar el tipo de daño que se cause (continuado).
Bajo este hilo conductor, es patente que el actor desde el mismo momento en
que entró a las instalaciones de la Permanente Central de la Policía de Ibagué
el 20 de agosto del año 2021 (…), tuvo conocimiento directo de las condiciones
de hacinamiento presentadas pues era un hecho notorio (514% de
hacinamiento)10, y por ende de la falla del servicio carcelario, habilitándolo
para que pudiera acudir desde ese momento a la jurisdicción contenciosa
administrativa a solicitar la reparación de sus perjuicios y no esperar a que
terminara su reclusión para accionar, como equivocadamente lo considera el
extremo demandante, lo que conduciría a una ampliación injustificada del
término legal de caducidad del medio de control.
En este sentido, ante la comprobación en esta temprana etapa procesal de la
configuración del fenómeno jurídico de la caducidad, pues la solicitud de
conciliación extrajudicial se radicó sólo hasta el 28 de febrero de 2024 y la
demanda en el 19 de abril de esta misma anualidad, esto es cuando habían
transcurrido más de dos (2) años desde el conocimiento de la falla de la
administración, no quedaba alternativa diferente que declarar probada la
caducidad como lo hizo el a quo, garantizando con ello la seguridad jurídica y
el interés general, y evitando un desgaste innecesario de la administración de
justicia.
En un asunto de contornos similares al sub lite el Honorable Consejo de Estado -
Sección Tercera25 realizó identifica valoración y declaró probada la caducidad
del
medio de control, determinación contra la que se promovió acción de tutela,
la cual fue negada bajo las siguientes consideraciones 26.
(…)”27.
36. De acuerdo con lo anterior, la Sala evidenció que, aunque el tribunal
no se pronunció, expresamente, sobre las providencias citadas por la parte
actora, lo cierto es que, para fundamentar su decisión en relación con el
rechazo de la demanda, la naturaleza del daño y la caducidad del medio
de control en casos relacionados con hacinamiento carcelario hizo alusión
a otras y, con ello, resolvió los reparos planteados en el recurso de apelación
y concluyó que, dadas las circunstancias específicas del caso, se trataba
de un hecho dañoso que el actor estaba en capacidad de identificar desde
el inicio las condiciones que dieron lugar a su reclamo judicial, lo cual excluía
la posibilidad de aplicar una regla excepcional como pretendía.
37. En esa medida, dejó claro que, aunque los efectos del daño se
hubieran prolongado en el tiempo, dicha circunstancia no implicaba un
cómputo distinto del término de caducidad, ya que el accionante tuvo
conocimiento del hacinamiento desde el momento en que ingresó a la
Permanente Central de Ibagué.
25 Radicado 05001-23-31-000-2002-04829-01(47148).
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Providencia de 5 de octubre de 2023. Rad. No. 11001-03-15-000-2023-
02769-01.
27 Índice 4 del aplicativo SAMAI del tribunal. Auto confirma rechazó de demanda. Pág. 7.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01453-00
Demandante: Camilo Andrés Rodríguez Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________
38. En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción
de la referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la
demanda es reabrir un debate jurídico procesal que era propio del proceso
ordinario y al juez constitucional le está vedado pronunciarse sobre materias
que desbordan su competencia. Se recuerda que la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia
dicha decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito de relevancia
constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues
este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos
fundamentales de carácter excepcional28.
2.4. Conclusión
39. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por el
incumplimiento del requisito de relevancia constitucional y, en
consecuencia, se abstendrá de estudiar los demás requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela y emitir un pronunciamiento de fondo.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por
Camilo Andrés Rodríguez Rodríguez por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación formuladas por Fiscalía
General de la Nación, la Policía Nacional y Metropolitana de Ibagué, el
municipio de Ibagué, el Ministerio de Justicia y del Derecho, la Unidad de
Servicios Penitenciarios y Carcelarios el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por los
motivos dados.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta, deberán dirigirlos, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin29.
28 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.
29 secgeneral@consejodeestado.gov.co.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01453-00
Demandante: Camilo Andrés Rodríguez Rodríguez
Demandado: Tribunal Administrativo de Tolima y otro
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
______________________________________________________________________________________________________________
CUARTO: En caso de no ser impugnada esta decisión, REMITIR a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
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