Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01456-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01456-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01456-00
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
29 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá D.C. veintinueve (29) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01456-00
Accionante: Cristian Morales Rodríguez
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima y Juzgado Octavo Oral
Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué
Referencia: Acción de tutela – Sentencia de primera instancia
La Sala resuelve la demanda en ejercicio de la acción de tutela interpuesta por el señor
Cristian Morales Rodríguez contra (i) el auto del 30 de julio de 2024 proferido por el
Juzgado Octavo Oral Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y (ii) el auto del 18 de
septiembre de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima.
SÍNTESIS1
La parte actora cuestiona el auto mediante el cual se rechazó la demanda por haber
operado el fenómeno jurídico de la caducidad en el medio de control de reparación directa
promovido contra el Municipio de Ibagué; el Departamento del Tolima; la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; el Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario; la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios; el
Ministerio de Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, con el fin de que se les declarara responsables por los
perjuicios que sufrió el actor como consecuencia del hacinamiento padecido cuando
estuvo privado de la libertad. A su vez, cuestiona la providencia que confirmó esa
decisión. La Sala declara la improcedencia de la demanda de tutela, por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.
I. ANTECEDENTES
A. Solicitud de amparo
1. El 24 de febrero de 2026, el señor Cristian Morales Rodríguez presentó una demanda
en ejercicio de la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Según el
accionante, esas garantías constitucionales fueron vulneradas por (i) el auto proferido el
30 de julio de 2024 por el Juzgado Octavo Oral Administrativo del Circuito Judicial de
Ibagué y (ii) el auto proferido el 18 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo
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Temas: Demanda de tutela contra providencia judicial / Caducidad del medio de control de reparación
directa / Hacinamiento carcelario / Se declara la improcedencia por incumplimiento del requisito de
relevancia constitucional.
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01456-00
Accionante: Cristian Morales Rodríguez
Se declara la improcedencia
del Tolima, en el medio de control de reparación directa con radicado 73001-33-33-008-
2024-00140-00/01.
2. El accionante formuló las pretensiones que se transcriben a continuación:
1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y,
en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el
Juzgado 8 Administrativo del Circuito de Ibagué el 30 de julio de 2024, y el auto
proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 18 de septiembre de 2025, en el
proceso de REPARACIÓN DIRECTA de CRISTIAN MORALES RODRÍGUEZ,
radicado No. 73001-33-33-008-2024-00140-00, así como también las actuaciones
posteriores al fallo, proferidas por el Juzgado 8 Administrativo Oral del Circuito de
Ibagué.
2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir decisión de reemplazo, de
acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de
que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados 2.
B. Hechos
3. El señor Cristian Morales Rodríguez –aquí accionante– estuvo detenido en las
instalaciones de la Permanente Central de la Policía de Ibagué (Tolima) desde el 8 de
abril de 2021 hasta el 15 de junio de 2022.
4. Durante su reclusión fue sometido a condiciones de hacinamiento, como lo confirmó
el Departamento de Policía de Tolima – Estación de Policía de Chaparral, mediante un
oficio del 19 de enero de 2023, en el cual respondió una petición de información y
reconoció que tales instalaciones estaban diseñadas para un cupo máximo de 46
personas privadas de la libertad, y las “antiguas instalaciones de espacio público” tenían
un cupo de 20 personas privadas de la libertad, por lo que había un porcentaje de
hacinamiento del 561%.
5.El 16 de abril de 2024, el demandante solicitó una conciliación extrajudicial ante la
Procuraduría 106 Judicial I para Asuntos Administrativos, la cual se declaró fallida el 28
de mayo de 2024.
6.El 29 de mayo de 2024 el accionante presentó una demanda en ejercicio del medio de
control de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial; el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC–; la
Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC–; el Ministerio de Justicia y del
Derecho; el Ministerio de Defensa Nacional; la Policía Nacional; la Fiscalía General de la
Nación; el Departamento del Tolima y el Municipio de Ibagué, con el fin de que se les
declarara responsables por los perjuicios causados durante su reclusión, debido a las
condiciones de hacinamiento.
7. Mediante auto del 30 de julio de 2024, el Juzgado Octavo Oral Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué, rechazó la demanda por haber operado el fenómeno jurídico
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Índice 2 del expediente digital en Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01456-00
Accionante: Cristian Morales Rodríguez
Se declara la improcedencia
de la caducidad, pues el accionante tuvo conocimiento de la situación de hacinamiento
desde el 9 de abril de 2021 –día siguiente a su detención–, en tanto desde ese momento
podía advertir, sin necesidad de un informe técnico, las condiciones presentadas en las
instalaciones de la Permanente Central de Ibagué. Señaló que, para la fecha en que se
agotó el trámite de conciliación extrajudicial, ya había operado la caducidad.
8. El accionante apeló la providencia del 30 de julio de 2024 3 y, en auto del 18 de
septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo del Tolima la confirmó. Indicó que, desde
el momento en que el señor Morales Rodríguez ingresó a las instalaciones de la
Permanente Central de la Policía de Ibagué, el 8 de abril de 2021, tuvo conocimiento de
las condiciones de hacinamiento presentadas, pues era un hecho notorio, de manera que
desde ese momento podía acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa a solicitar
la reparación de sus perjuicios.
8.1.Expuso que, no obstante, la solicitud de conciliación se radicó hasta el 16 de abril de
2024 y la demanda el 29 de mayo siguiente, es decir, cuando habían transcurrido más
de dos años desde el conocimiento de la falla de la administración.
C. Fundamentos de la vulneración
9. Aunque la parte actora no invoca la configuración de alguna de las causales
específicas de procedibilidad de la demanda de tutela contra providencias judiciales,
expone que se desconocieron principios y se transgredieron sus derechos fundamentales
al acceso a la administración de justicia y al debido proceso, así como la protección de
los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.
10.Además, hace referencia a la jurisprudencia del Consejo de Estado4 en la cual se
analizó el término de la caducidad en casos de daño continuado y cómo se contabiliza
cuando se relaciona con condiciones derivadas del hacinamiento carcelario. Así mismo,
menciona providencias en las cuales la Corte Constitucional5 se pronunció frente a la
caducidad.
3
Expuso que se trataba de un daño continuado, que se mantuvo durante todo el tiempo que permaneció
en el centro de reclusión, de manera que el término de la caducidad no debía contarse desde el primer día
de detención, sino desde el último día en que estuvo detenido en la Permanente Central, fecha en la cual
cesó el perjuicio por causa del hacinamiento.
4
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2015, radicado 25000-
23-41-000-2014-01569-01, C.P. Stella Conto Díaz; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 30 de enero de 2013, radicado 25000-23-26-000-1997-05265-01, C.P. Danilo Rojas
Betancourth; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 3 de octubre de 2019,
radicado 70001-23-33-000-2014-00186-01, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico; Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, sentencia del 8 de junio de 2017, radicado 76001-23-33-000-2014-00839-01, C.P.
Stella Conto Díaz; Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 8 de junio de 2016, radicado 11001-
03-15-000-2015-02405-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección A, sentencia del 9 de diciembre de 2013, radicado 50001-23-31-000-2012-00196-01, C.P.
Mauricio Fajardo Gómez, entre otras.
5
Sentencia C-115 del 25 de marzo de 1998, M.P. Hernando Herrera Vergara; sentencia T-191 del 20 de
marzo de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.; sentencia T-342 del 29 de junio de 2016, M.P. Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, sentencia SU-241 del 20 de junio de 2024, M.P. Cristina Pardo Schlesinger;
sentencia T-238 del 4 de julio de 2023, M.P. Diana Fajardo Rivera.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01456-00
Accionante: Cristian Morales Rodríguez
Se declara la improcedencia
10.1. Particularmente, indica que, cuando se presenta un daño de carácter continuado, la
afectación no ocurre en un solo momento, sino que se prolonga en el tiempo de manera
continua o intermitente, por lo cual el término de dos años para iniciar el proceso de
reparación directa debe computarse a partir del día siguiente en el que cesó el daño.
10.2. Expone que, la regla de caducidad en el medio de control de reparación directa no
debe aplicarse de manera absoluta y rígida, sino en atención a las particularidades del
caso y en aplicación de los principios pro damato y pro homine.
D. Trámite procesal
11. Mediante auto del 2 de marzo de 20266 se admitió la demanda de tutela y se ordenó
notificar al Tribunal Administrativo del Tolima y al Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito Judicial de Ibagué, como autoridades accionadas; así mismo, se ordenó notificar
a la Nación – Rama Judicial – Dirección de Administración Judicial, al Instituto Nacional
Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios
(USPEC), al Ministerio de Defensa – Policía Nacional, al Municipio de Ibagué, al
Departamento de Ibagué, al Departamento del Tolima, al Ministerio de Justicia y el
Derecho y a la Fiscalía General de la Nación, en calidad de terceros con interés.
E. Oposiciones e intervenciones
12. La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué7 (tercero con interés)
solicitó que se declarara la improcedencia de la demanda de tutela, pues el mecanismo
constitucional no puede convertirse en una instancia adicional de los procesos judiciales.
13. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial8 (tercero con interés) solicitó (i) su
desvinculación del presente proceso de tutela; (ii) la vinculación de la Dirección Seccional
de la Administración Judicial de Ibagué y (iii) que se negara el amparo, en lo concerniente
a dicha autoridad. Afirmó que la parte actora intentó reabrir un debate meramente
procesal, relacionado con la forma de contabilizar el término de la caducidad en el medio
de control de reparación directa, por lo que la demanda de tutela carece de relevancia
constitucional.
14. El Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional9 (tercero con interés) solicitó su
desvinculación del proceso de tutela, por cuanto no es la autoridad competente para
determinar la admisión, inadmisión o rechazo del medio de control de reparación directa.
15. El Ministerio de Justicia y del Derecho10 (tercero con interés) solicitó que se declarara
la improcedencia de la demanda de tutela, pues no puede convertirse en el mecanismo
6
Índice 4 del expediente digital en Samai.
7 Índice 12 del expediente digital en Samai.
8 Índice 14 del expediente digital en Samai.
9 Índice 16 del expediente digital en Samai.
10 Índice 17 del expediente digital en Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01456-00
Accionante: Cristian Morales Rodríguez
Se declara la improcedencia
para revivir términos judiciales. Además, afirmó que carece de legitimación en la causa
por pasiva.
16. El Municipio de Ibagué11 (tercero con interés) solicitó su desvinculación del proceso
de tutela, en tanto no se alegó acción u omisión alguna frente a dicha autoridad que
vulnerara o pusiera en riesgo los derechos fundamentales del demandante.
17. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario12 (tercero con interés) solicitó que se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva respecto de esa autoridad, pues
únicamente las autoridades judiciales pueden responder por las decisiones que profieren.
18. El Tribunal Administrativo del Tolima13 (accionado) solicitó que se negara el amparo,
por cuanto las providencias cuestionadas no constituyen actuaciones arbitrarias o
infundadas, sino que responden al análisis riguroso de las normas aplicables y el estudio
de los elementos de prueba obrantes en el expediente.
19. La Fiscalía General de la Nación14 (tercero con interés) indicó, en primer lugar, que
carece de legitimación en la causa por pasiva. Por otro lado, afirmó que la demanda de
tutela resultaba improcedente, toda vez que la parte actora la utilizó como mecanismo
para reabrir el debate legal.
20. El Juzgado Octavo Oral Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué (accionado) y
la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (tercero con interés) pese a estar
debidamente notificados, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
F. Competencia
21. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política, en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, y en el Reglamento del Consejo
de Estado (Acuerdo 80 de 2019).
G. Solicitudes de desvinculación
22. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial solicitó su desvinculación del
presente proceso de tutela. Además, expuso que, debía vincularse como tercero con
interés en el presente proceso de tutela a la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Ibagué, en virtud de la desconcentración administrativa. No obstante, la Sala
11 Índice 18 del expediente digital en Samai.
12 Índice 19 del expediente digital en Samai.
13 Índice 20 del expediente digital en Samai.
14 Índice 21 del expediente digital en Samai.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01456-00
Accionante: Cristian Morales Rodríguez
Se declara la improcedencia
negará tal solicitud, en tanto fue vinculada en calidad de tercero con interés, pues obró
como demandada en el medio de control de reparación directa.
23. Igualmente, el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, el Ministerio de
Justicia y del Derecho, el Municipio de Ibagué, el INPEC y la Fiscalía General de la Nación
solicitaron que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva y, en
consecuencia, su desvinculación del proceso de tutela. Sin embargo, se advierte que
esas entidades también obraron como demandadas en el medio de control de reparación
directa, en el que se profirieron las providencias aquí cuestionadas.
H. Sentido de la decisión
24. La Sala declarará la improcedencia de la demanda de tutela por incumplimiento del
requisito de relevancia constitucional. En ese sentido y por razones metodológicas, en
esta providencia no se hará la verificación de los demás requisitos generales de
procedencia15.
I. El requisito de relevancia constitucional
25. La Corte Constitucional ha reconocido que la acción de tutela contra providencias
judiciales se admite de manera excepcional con el objeto de proteger los derechos
fundamentales16. En ese orden de ideas, ha determinado que la tutela contra providencias
judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección de la decisión
cuestionada17, con el fin de impedir “que el mecanismo de amparo constitucional sea
utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole
probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial”.
26. En línea con lo anterior, con el fin de evitar que la acción de tutela contra providencia
judicial sea empleada indebidamente como un mecanismo para revivir el debate del
proceso ordinario, entre sus requisitos de procedibilidad, la Corte Constitucional
estableció que la cuestión que se discute debe ser de evidente relevancia constitucional.
De esta manera, se busca evitar que el juez constitucional se involucre en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones18.
15
Como requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional ha establecido los siguientes: a) que la cuestión que se discute resulte de evidente
relevancia constitucional; b) que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable; c) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela
se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración; d) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora; e) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron
la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible, y f) que no se trate de sentencias de tutela (Sentencia C-590 de
2005).
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
17
Corte Constitucional, sentencias T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger; SU-128 de 2021,
M.P. Cristina Pardo Schlesinger y SU-134 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
18
Corte Constitucional. Entre otras, las sentencias SU-263 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio; SU-210 de
2017, M.P. José Antonio Cepeda; SU-068 de 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos; SU-184 de 2019, M.P. Alberto
Rojas Ríos y SU-073 de 2020, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01456-00
Accionante: Cristian Morales Rodríguez
Se declara la improcedencia
27. En la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional identificó los siguientes
criterios de análisis para establecer si la demanda en ejercicio de la acción de tutela
contra una providencia judicial supera el requisito de relevancia constitucional:
(i) El caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse exclusivamente a
un asunto meramente legal y/o económico, en otras palabras, el asunto debe
ser trascendente para la interpretación, aplicación y desarrollo de la
Constitución Política o para la determinación del alcance de un derecho
fundamental.
(ii) La controversia no debe limitarse a una discusión meramente legal o de
contenido estrictamente económico, en ese sentido, no se debe emplear la
acción de tutela como una tercera instancia o un recurso adicional para reabrir
debates meramente legales y la solicitud debe trascender la mera
inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales.
(iii) Se deben plantear argumentos suficientes dirigidos a demostrar que la
providencia judicial afectó de manera grave un derecho fundamental.
Entonces, no basta con la sola referencia a la afectación de las garantías
superiores para encontrar probada la relevancia constitucional, sino que se
debe justificar razonablemente la existencia de una restricción
desproporcionada a un derecho fundamental.
(iv) El examen de la acción de tutela dirigida contra decisiones de las altas cortes
debe ser estricto, lo que implica verificar que en efecto se haya presentado una
actuación judicial claramente arbitraria o violatoria de los derechos
fundamentales.
28. Para la Corte Constitucional19, el requisito de relevancia constitucional comporta tres
finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
29. De conformidad con la anterior, la Corte Constitucional ha insistido en que la
intervención del juez constitucional sólo está justificada cuando “(…) la providencia
judicial sea definitivamente incompatible con el alcance y límite de los derechos
fundamentales que han sido desarrollados por la Corte o que ella genere una anomalía
en el sistema jurídico de tal entidad que haga necesaria o imperiosa la intervención del
juez constitucional20”.
19
Corte Constitucional, sentencia SU-573 de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
20
Corte Constitucional, sentencia T-166 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01456-00
Accionante: Cristian Morales Rodríguez
Se declara la improcedencia
J. Requisitos específicos de procedibilidad de los reparos contra la providencia
judicial invocados en la demanda de tutela
30. En el caso objeto de estudio la parte actora presentó una demanda en ejercicio de la
acción de tutela contra los autos proferidos el 30 de julio de 2024 y el 18 de septiembre
de 2025 por el Juzgado Octavo Oral Administrativo del Circuito Judicial de Ibagué y el
Tribunal Administrativo del Tolima, respectivamente. En primer lugar, la Sala precisa que
centrará su análisis en el auto del 18 de septiembre de 2025, por ser el que puso fin al
proceso de reparación directa.
31. Por otro lado, la parte actora afirma que esa decisión vulneró sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso. Si bien no
alegó la configuración de ningún defecto, lo cierto es que estos se encuadran en una
violación directa de la Constitución y desconocimiento del precedente jurisprudencial. A
continuación, la Sala describirá las características y elementos de esos defectos, con el
propósito de determinar el objeto de la litis.
32. En la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional determinó que la violación
directa de la Constitución es un requisito específico y autónomo que habilita la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Al respecto, la jurisprudencia
constitucional lo ha definido como el defecto que se estructura cuando la autoridad judicial
se aparta del mandato de supremacía constitucional contenido en el artículo 4 de la
Constitución Política21.
32.1. En ese orden, este defecto se puede configurar en los siguientes supuestos: (i) la
autoridad judicial deja de aplicar una norma constitucional que resulta aplicable al caso
concreto y (ii) la autoridad judicial aplica una norma legal al margen de los postulados
constitucionales.
33. De otro lado, sobre el desconocimiento del precedente jurisprudencial, la Corte
Constitucional ha determinado que constituye precedente una sentencia previa relevante
para la solución de un nuevo caso. En cuanto a su influencia en resolver nuevos casos,
ha establecido que “como los supuestos de hecho similares deben recibir un tratamiento
jurídico similar, la sentencia precedente debería determinar el sentido de la decisión
posterior”.
34. Sumado a lo anterior, ha sostenido que “los precedentes judiciales proyectan un
valor vinculante en la actividad de los distintos operadores jurídicos. En virtud de los
principios de igualdad y seguridad jurídica, los jueces están obligados a seguirlos, o a
justificar adecuadamente la decisión de apartarse de ellos”.
21
Corte Constitucional, sentencias SU-069 de 2018 y SU-037 de 2019.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01456-00
Accionante: Cristian Morales Rodríguez
Se declara la improcedencia
K. El caso concreto
35. La Sala evidencia que la demanda de tutela no cumple con el requisito de relevancia
constitucional, en tanto tiene como propósito reabrir el debate concluido en el proceso de
reparación directa, sin que se advierta una actuación arbitraria o ilegítima por parte de la
autoridad judicial accionada.
36. Se observa que los argumentos presentados por el accionante fueron expuestos ante
la autoridad judicial competente en el recurso de apelación interpuesto contra el auto
proferido el 30 de julio de 2024 por el Juzgado Octavo Oral Administrativo del Circuito
Judicial de Ibagué.
37. Particularmente, en el recurso de apelación, el actor señaló que, para la
contabilización del término de la caducidad no debía tenerse en cuenta el momento de
su detención en la Permanente Central de la Policía de Ibagué, pues se trataba de un
daño continuado, pues este se prolongó durante todos los meses que el detenido estuvo
recluido en dicha estación.
38. Además, expuso que se trataba de una vulneración de derechos fundamentales y de
derechos humanos, debido al hacinamiento carcelario que tuvo que soportar, el cual se
extendió en el tiempo. Afirmó que no se tuvo en cuenta que el último día que estuvo
detenido en la Permanente Central fue cuando cesó el perjuicio causado por el
hacinamiento.
39. Los anteriores planteamientos fueron resueltos por el Tribunal Administrativo del
Tolima en el auto del 18 de septiembre de 2025 –aquí cuestionado–, en el cual se dispuso
que, de conformidad con el literal i) del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de
201122, por regla general, el punto de partida para el cómputo del término de caducidad
es la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, sin que deba verificarse el tipo
de daño causado.
40. Expuso que el señor Morales Rodríguez tuvo conocimiento directo de las condiciones
de hacinamiento carcelario presentadas en las instalaciones de la Permanente Central
de la Policía de Ibagué el 8 de abril de 2021 –fecha en la cual fue detenido–, pues era un
hecho notorio.
41. Expresamente, el Tribunal accionado indicó que:
En este punto, se ha de establecer que, por regla general y para el caso concreto, el punto
de partida para el cómputo del término de caducidad es la ocurrencia de la acción u
22
ARTÍCULO 164. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR LA DEMANDA. La demanda deberá ser
presentada:
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad (…)
i) Cuando se pretenda la reparación directa, la demanda deberá presentarse dentro del término de dos (2)
años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de
cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que
pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01456-00
Accionante: Cristian Morales Rodríguez
Se declara la improcedencia
omisión causante del daño (hecho dañoso), sin que sea necesario entrar a verificar el
tipo de daño que se cause (continuado).
(…) es patente que el señor CRISTIAN MORALES RODRIGUEZ desde el mismo momento
en que entró a las instalaciones de la Permanente Central de la Policía de Ibagué el 08
de abril del año 2021, tuvo conocimiento directo de las condiciones de hacinamiento
presentadas pues era un hecho notorio (514% de hacinamiento), y por ende de la falla
del servicio carcelario, habilitándolo para que pudiera acudir desde ese momento a la
jurisdicción contenciosa administrativa a solicitar la reparación de sus perjuicios y no
esperar a que terminara su reclusión para accionar, como equivocadamente lo considera
el extremo demandante, lo que conduciría a una ampliación injustificada del término legal de
caducidad del medio de control.
En este sentido, ante la comprobación en esta temprana etapa procesal de la configuración
del fenómeno jurídico de la caducidad, pues la solicitud de conciliación extrajudicial se radicó
sólo hasta el 16 de abril de 2024 y la demanda en el 29 de mayo de esta misma anualidad,
esto es cuando habían transcurrido más de dos (2) años desde el conocimiento de la falla de
la administración, no quedaba alternativa diferente que declarar probada la caducidad como
lo hizo el a quo, garantizando con ello la seguridad jurídica y el interés general, y evitando un
desgaste innecesario de la administración de justicia.
En un asunto de contornos similares al sub lite el Honorable Consejo de Estado – Sección
Tercera realizó identifica (sic) valoración y declaró probada la caducidad del medio de control,
determinación contra la cual se promovió acción de tutela, la cual fue negada (…) (negrilla
fuera de texto).
42. De conformidad con lo expuesto, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada
resolvió los argumentos que sirvieron de fundamento de la presente demanda, pues el
análisis del Tribunal se centró en evaluar el fenómeno jurídico de la caducidad en los
cuales se alega una falla en el servicio como consecuencia del hacinamiento carcelario
y concluyó que el término transcurre a partir del momento en que la persona privada de
la libertad tiene conocimiento de tal situación.
43. Así las cosas, como lo ha establecido la Sala en casos similares23, se evidencia que
la discusión planteada por el accionante fue resuelta por el Tribunal accionado. Cabe
precisar que, si bien la autoridad judicial accionada no se pronunció puntual y
expresamente frente a todas las providencias cuyo desconocimiento se alegó en la
demanda de tutela, lo cierto es que sí fundamentó su decisión en la jurisprudencia del
Consejo de Estado aplicable al caso, a partir de la cual estableció que el actor
experimentó las condiciones de hacinamiento desde el inicio de su reclusión, de manera
que era posible fijar esa fecha como punto de partida para el cómputo del término.
44. Por lo anterior, la Sala advierte que el actor pretende utilizar el mecanismo
constitucional para controvertir las decisiones adoptadas en el medio de control de
reparación directa, con el fin de que se estudie nuevamente el fenómeno jurídico de la
caducidad, asunto que fue zanjado ante el juez natural de la causa.
23
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 26 de mayo de 2025, radicado 11001-
03-15-000-2025-02062-00, C.P. Alberto Montaña Plata; sentencia del 21 de julio de 2025, radicado 11001-
03-15-000-2025-02098-01, C.P. Fredy Ibarra Martínez; sentencia del 11 de noviembre de 2025, radicado
11001-03-15-000-2025-03050-01, C.P. Diego Enrique Franco Victoria; sentencia del 6 de octubre de 2025,
radicado 11001-03-15-000-2025-03790-01, C.P. Diego Enrique Franco Victoria.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01456-00
Accionante: Cristian Morales Rodríguez
Se declara la improcedencia
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO: DECLARAR la improcedencia de la demanda de tutela, por incumplimiento
del requisito de relevancia constitucional.
SEGUNDO: NEGAR las solicitudes de desvinculación elevadas por el Ministerio de
Defensa Nacional – Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Municipio
de Ibagué, el INPEC y la Fiscalía General de la Nación.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
CUARTO: Una vez notificada, y si no fuera impugnada ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
QUINTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la Corporación.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
11
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