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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01456-01

Fecha
25 de junio de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01456-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 29 de abril de 2026 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito de relevancia constitucional para, en su lugar: SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por Cristian Morales Rodríguez, de conformidad con los argumentos expuestos. TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01456-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

25 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., veinticinco (25) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01456-01
Accionante: Cristian Morales Rodríguez
Accionados: Tribunal Administrativo del Tolima

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Revocar y, en su lugar, negar el amparo por no demostrarse los
defectos alegados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
impugnación interpuesta contra la sentencia proferida el 29 de abril de 2026 por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró
improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito de relevancia
constitucional.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. El señor Cristian Morales Rodríguez, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, interpuso demanda de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial; el Instituto Nacional Penitenciario y
Carcelario; la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios; el Ministerio de
Justicia y del Derecho, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa –
Policía Nacional, departamento del Tolima y el municipio de Ibagué, con la finalidad
de que se les declarara administrativa y patrimonialmente responsables por el
presunto hacinamiento padecido como PPL1 en la Permanente Central de la Policía
de Ibagué desde el 8 de abril de 2021 hasta el 15 de junio de 2022.

3. El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué, mediante providencia del
30 de julio de 2024 rechazó la demanda, al considerar que a la fecha de su
interposición había fenecido el término de caducidad, pues el señor Morales
Rodríguez conoció del hacinamiento carcelario desde el día siguiente a su detención,
es decir, el 9 de abril de 2021 y por ende, la fecha de vencimiento del término de
caducidad sería el 9 de abril de 2023, pero el señor Morales Rodríguez presentó

1 Persona privada de la libertad.

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Accionante: Cristian Morales Rodríguez

petición para el agotamiento del requisito de procedibilidad de la conciliación
extrajudicial el 16 de abril de 2024, se expidió constancia el 28 de mayo de 2024 y se
interpuso la demanda el 29 de mayo de 2024.

4. En sede de apelación, el Tribunal Administrativo del Tolima, a través de la sentencia
del 18 de septiembre de 2025, confirmó la decisión judicial anterior, pero precisó que
el señor Morales Rodríguez tuvo conocimiento de la condición de hacinamiento de la
permanente central de Ibagué desde el 8 de abril de 2021.

5. Finalmente, el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Ibagué profirió auto
del 1° de diciembre de 2025 de obedézcase y cúmplase la decisión judicial anterior.

2.2. Fundamento jurídico

6. La parte accionante señaló que las autoridades judiciales accionadas vulneraron
los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. En relación con la caducidad en el medio de control de reparación directa citó
apartados de las sentencias T-342 de junio 29 de 2016, T-238 de julio 4 de 2023, SU-
241 del 20 de junio de 2024 proferidas por la Corte Constitucional y las sentencias
del 30 de enero de 2013, rad. 25000-23-26-000-1997-05265-01, 9 de diciembre de
2013, rad. 50001-23-31-000-2012-00196-01, 1° de marzo de 2018, rad. 68001-23-
31-000-2010-00605-01, 3 de octubre de 2019, rad. 70001-23-33-000-2014-00186-01
y 2 de marzo de 2023, rad. 11001031500020220133502, proferidas por el Consejo
de Estado, en las que se analizó la forma como se contabiliza el término de caducidad
del medio de control de reparación directa cuando el daño se asocia o vincula a
condiciones derivadas del hacinamiento carcelario.

7. Sumado a lo anterior, sostuvo que los principios pro damato, pro homine y pro
actione exigen privilegiar el acceso a la administración de justicia y la protección
efectiva de los derechos fundamentales frente a interpretaciones excesivamente
formalistas de los requisitos procesales y de la caducidad. En respaldo de dicha tesis,
citó las sentencias T-334 del 17 de agosto de 2018 y T-229 del 16 de agosto de 2021
de la Corte Constitucional; del 25 de 2016, rad. 11001-03-25-000-2012-00386-00 y;
del 10 de noviembre de 2000, exp. 18.805 del Consejo de Estado. En lo que respecta
a casos en donde se alegan violaciones de derechos humanos citó un apartado de
la sentencia T-004 del 15 de enero de 2025 de la Corte Constitucional.

8. Finalmente, concluyó que, en escenarios de disparidad interpretativa, se debe
adoptar una lectura más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales,
cuyo alcance adquiere especial relevancia frente a situaciones de hacinamiento
carcelario, máxime cuando no existe unificación jurisprudencial al respecto.

2.3. Pretensiones

9. La parte accionante solicitó:

« 1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al
accionante y, en consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia

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proferido por el Juzgado 8 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 30 de julio
de 2024, y el auto proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima el 18 de
septiembre de 2025, en el proceso de REPARACIÓN DIRECTA de CRISTIAN
MORALES RODRÍGUEZ, radicado No. 73001-33-33-008-2024 00140-00, así
como también las actuaciones posteriores al fallo, proferidas por el Juzgado 8
Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.

2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir decisión de reemplazo,
de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el
fin de que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera
consagrados». (Sic en toda la cita)

2.4. Intervenciones

10. Por medio del auto del 2 de marzo de 2026, la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado admitió la acción de tutela y ordenó notificar al Tribunal
Administrativo del Tolima y el Juzgado Octavo Administrativo de Ibagué como
accionados y a la Nación – Rama judicial – Dirección de Administración Judicial,
INPEC, USPEC, Ministerio de Defensa – Policía Nacional, Municipio de Ibagué,
Departamento del Tolima, Ministerio de Justicia y del Derecho y Fiscalía General de
la Nación como terceros interesados en el resultado del proceso.

11. El Ministerio de Defensa Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, la Unidad de Servicios
Penitenciarios y Carcelarios, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
y la Alcaldía de Ibagué: solicitaron su desvinculación por falta de legitimación en la
causa por pasiva, al considerar que no incurrieron en la vulneración de ningún
derecho fundamental y la acción de tutela no se dirige en su contra.

12. El Ministerio de Justicia, la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Ibagué consideraron que la acción de tutela se torna improcedente, pues no es
un mecanismo previsto para revivir términos judiciales.

2.5. Sentencia impugnada

13. LaSubsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 29 de abril de 2026, declaró improcedente la acción de tutela, al
considerar que carece de relevancia constitucional, pues, a su juicio, pretende reabrir
el debate concluido en el proceso de reparación directa, sin que se advierta una
actuación arbitraria o ilegítima por parte de la autoridad judicial accionada.

14. Al respecto, sostuvo que la parte accionante planteó en el recurso de apelación
que, para la contabilización del término de caducidad no debía tenerse en cuenta el
momento de su detención, pues se trataba de un daño continuado, argumento frente
al cual, la autoridad judicial accionada respondió que el cómputo del término de
caducidad inicia desde la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, de
conformidad con el literal i) del numeral 2° del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011,
motivo por el cual, en el caso concreto, inició a partir del 8 de abril de 2021, fecha en
la que fue detenido.

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2.6. Impugnación

15. La parte accionante interpuso impugnación contra la decisión judicial anterior, para
lo cual argumentó que el asunto sí tiene relevancia constitucional, pues no acude a
una tercera instancia por el hecho de argumentar que, en efecto, no se aplicaron los
principios pro homine, pro actione y pro damato, sino que las autoridades judiciales
accionadas optaron por una interpretación regresiva y restrictiva que desconoce la
especial protección que se les debe garantizar a las personas privadas de la libertad.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

16. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto
en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20192 y demás normas concordantes.

3.2. Cuestión previa

17. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia del 29 de abril de 2026, negó las solicitudes de desvinculación formuladas
por el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, el Ministerio de Justicia y
del Derecho, el Municipio de Ibagué, el INPEC y la Fiscalía General de la Nación.

18. Por otro lado, se observa que la parte accionante dirige la acción de tutela contra
las providencias expedidas el 30 de julio de 2024 por el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Ibagué y el 18 de septiembre de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Tolima. Sin embargo, fue esta última decisión la que puso fin al
proceso en cuestión, motivo por el cual, en el evento en que la acción de tutela cumpla
con los requisitos de procedibilidad, se analizará únicamente dicha providencia.

19. Si bien la parte accionante omitió sustentar sus argumentos en causales
específicas de procedibilidad, es posible determinar que se alegan los defectos por
violación directa de la Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial,
en la medida en que se menciona un desconocimiento de varias decisiones judiciales
y de principios fundamentados en la Carta Política y desarrollados a través de la
jurisprudencia. Por ende, en el evento en que se cumplan los requisitos de
procedibilidad, se analizará el caso concreto en esos términos.

3.3. Problema jurídico

20. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
determinar si la acción de tutela cumple los requisitos generales de procedibilidad
para cuestionar providencias judiciales, en particular, el de relevancia constitucional.
En caso afirmativo, deberá establecerse si el Tribunal Administrativo del Tolima
incurrió en los defectos de violación directa de la Constitución Política y

2 Reglamento interno del Consejo de Estado.

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desconocimiento del precedente judicial, al proferir la sentencia del 18 de septiembre
de 2025, al interior del proceso de reparación directa con radicado 73001-33-33-008-
2024-00140-01.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

21. La acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de
Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015
fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las
personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las
autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer
decreto anotado.

22. Lo anterior procede siempre que no exista otro medio de defensa judicial idóneo
para la protección de tales derechos. En ese sentido, la acción de tutela tiene un
carácter residual o subsidiario, pues solo opera en ausencia de otros mecanismos
judiciales, salvo cuando se interpone como mecanismo transitorio para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable.

23. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es
posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los
derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por
decisiones judiciales.

24. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder
en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y
derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier
autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser
controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites
que la Carta le impone.

25. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual,
supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la
protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se
inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de los mismos y en esa
medida las controversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso.

26. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración
jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción
de tutela contra decisiones judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el
delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e
independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la
vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

27. Los presupuestos generales de la acción de tutela dirigida a controvertir
providencias judiciales, son: i) relevancia constitucional; ii) subsidiariedad, salvo,
claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; iii) inmediatez; iv) que la
irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad

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procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte
actora; v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de
derechos; y vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.4.1.5. Si bien la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado
consideró que la acción de tutela carece de relevancia constitucional, lo cierto es
que esta Subsección sí encuentra cumplido dicho requisito, en la medida en que se
centra en establecer una presunta vulneración iusfundamental derivada de la
supuesta configuración de los defectos por violación directa de la Constitución
Política y desconocimiento del precedente judicial, causales que se encuentran
debidamente fundamentadas. Aunado a ello, no se pretende habilitar una tercera
instancia del proceso ordinario, en tanto, como se dijo, las causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial se encuentran
debidamente argumentadas.

3.3.1. En el presente asunto, la Sala advierte que la pretensión de amparo
constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia,
que habilitan su interposición.

3.3.2. En efecto, esta Sala considera que tanto los hechos como los derechos
presuntamente vulnerados se encuentran plenamente individualizados.

3.3.3. Por lo anterior, la Subsección advierte que la providencia objeto de tutela
carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo
constitucional.

3.3.4. Se observa igualmente que la presentación3 del mecanismo constitucional se
dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6
meses desde que adquirió ejecutoria la providencia cuestionada4.

3.3.5. La parte accionante alegó una irregularidad procesal, consistente en una
contradicción interna evidente en la decisión judicial cuestionada.

3.3.6. Por último, se advierte que la acción de tutela no se dirige contra una
providencia de la misma naturaleza.

28. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.5. La violación directa de la Constitución como causal de procedibilidad
de tutela contra providencia judicial

29. En relación con esta causal específica de procedibilidad de tutela contra
providencia judicial, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente:

«[...] Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre

3 24 de febrero de 2026.
4 25 de septiembre de 2025.

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otros eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce
específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los
derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho defecto
se produce cuando se deja de aplicar una disposición constitucional en un
caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación
claramente contraria a la Constitución; o cuando el juez se abstiene de aplicar
la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de los
postulados superiores, siempre que se solicite su declaración por alguna de
las partes en el proceso.

Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el
derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que
también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el
ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos
con base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe señalar
que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor
normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y
previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en
determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente
factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de
tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales
postulados»5.

3.6. El desconocimiento del precedente como causal de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial

30. Respecto de los requisitos específicos de procedibilidad, corresponde determinar
si en el caso concreto se configuró un desconocimiento del precedente vinculante.

31. La Corte Constitucional, al efectuar el estudio de exequibilidad respecto del tal
disposición, precisó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 230 superior, los
jueces solo están sometidos al imperio de la ley y por tanto no están obligados a
fallar en la misma forma como lo han hecho en casos anteriores, siempre y cuando,
«expongan clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su
decisión». Por tal razón, el mismo Tribunal Constitucional consideró en la Sentencia
C-590 de 2005, que el desconocimiento injustificado del precedente judicial por
parte del juez, constituye una causal especial de procedibilidad de la acción de
tutela.

32. Ahora bien, a pesar de la marcada importancia de la regla de vinculación a la
ratio decidendi y el respeto por el precedente, la jurisprudencia constitucional ha
reiterado que tal entendimiento no puede ser absoluto, pues no se trata de petrificar
la interpretación judicial ni de convertir el criterio de autoridad en el único posible
para resolver un asunto concreto. Se trata simplemente de armonizar y salvaguardar
los principios constitucionales que subyacen a la defensa del precedente. Por
consiguiente, si el juez en su sentencia justifica de manera suficiente y razonable el
cambio de criterio respecto de la línea jurisprudencial que ha seguido en casos
sustancialmente idénticos, quedan salvadas las exigencias de la igualdad y de la
independencia judicial.

5 Corte Constitucional, sentencia T – 587 del 21 de septiembre de 2017, magistrado ponente: Alberto

Rojas Ríos.

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33. En otros términos, solo los cambios de jurisprudencia no justificados o no
advertidos de manera franca serán pasibles de control de manera excepcional por
parte del juez de tutela, en tanto que constituyen manifestaciones de arbitrariedad
por parte del Juez que dejan irrealizadas la igualdad de quienes se encuentran en
idénticas circunstancias frente a la ley.

3.7. Análisis de los presuntos defectos por violación directa de la
Constitución Política y desconocimiento del precedente judicial en el caso
concreto

34. Teniendo en cuenta que los defectos por violación directa de la Constitución
Política y desconocimiento del precedente judicial se encuentran estrechamente
relacionados, esta Subsección realizará su estudio de manera conjunta.

35. La parte accionante considera que la contabilización del término de caducidad en
el caso concreto debió efectuarse conforme al criterio adoptado en las sentencias T-
342 de junio 29 de 2016, T-238 de julio 4 de 2023, SU-241 del 20 de junio de 2024
proferidas por la Corte Constitucional y las sentencias del 30 de enero de 2013, rad.
25000-23-26-000-1997-05265-01, 9 de diciembre de 2013, rad. 50001-23-31-000-
2012-00196-01, 1° de marzo de 2018, rad. 68001-23-31-000-2010-00605-01, 3 de
octubre de 2019, rad. 70001-23-33-000-2014-00186-01 y 2 de marzo de 2023, rad.
11001031500020220133502, proferidas por el Consejo de Estado.

36. Sumado a lo anterior, sostuvo que los principios pro damato, pro homine y pro
actione exigen privilegiar el acceso a la administración de justicia y la protección
efectiva de los derechos fundamentales frente a interpretaciones excesivamente
formalistas de los requisitos procesales y de la caducidad. En respaldo de dicha tesis,
citó las sentencias T-334 del 17 de agosto de 2018 y T-229 del 16 de agosto de 2021
de la Corte Constitucional; del 25 de 2016, rad. 11001-03-25-000-2012-00386-00 y;
del 10 de noviembre de 2000, exp. 18.805 del Consejo de Estado. En lo que respecta
a casos en donde se alegan violaciones de derechos humanos citó un apartado de
la sentencia T-004 del 15 de enero de 2025 de la Corte Constitucional.

37. Sin embargo, esta Subsección observa que ninguna de las sentencias aludidas
por la parte accionante constituye precedente para el asunto bajo examen, pues en
cada una de ellas se resuelven problemas jurídicos que no guardan identidad fáctica
ni jurídica con el presente caso, como se expone a continuación:

38. Las sentencias T-342 del 29 de junio de 2016 y T-238 de 2023, proferidas por la
Corte Constitucional versan sobre la contabilización del término de caducidad del
medio de control de reparación directa frente a daños derivados de una falla en la
prestación del servicio médico.

39. De igual manera, las sentencias SU-241 del 20 de junio de 2024 y T-004 del 15
de enero de 2025 de la Corte Constitucional, abordaron una problemática
sustancialmente distinta, relacionada con demandas de reparación directa
promovidas por hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad, genocidio y
crímenes de guerra atribuidos a agentes del Estado.

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40. Por su parte, las sentencias del 30 de enero de 2013, rad. 25000-23-26-000-
1997-05265-01, 9 de diciembre de 2013, rad. 50001-23-31-000-2012-00196-01, 1°
de marzo de 2018, rad. 68001-23-31-000-2010-00605-01, 3 de octubre de 2019,
rad. 70001-23-33-000-2014-00186-01, proferidas por el Consejo de Estado,
resolvieron controversias con supuestos fácticos particulares y no fijaron una regla
jurisprudencial de unificación con carácter vinculante sobre la materia debatida.

41. Asimismo, la sentencia del 2 de marzo de 2023 con radicado 11001-03-15-000-
2022-01335-02, proferida por el Consejo de Estado, examinó la contabilización del
término de caducidad del medio de control de reparación directa frente a daños
ocasionados por la ocupación de un inmueble por un grupo armado ilegal en el
contexto de la denominada zona de distensión del Caguán.

42. A su turno, la sentencia T-334 del 17 de agosto de 2018 de la Corte
Constitucional estudió la reparación de los daños sufridos por el patrullero Torres
Chuquen como consecuencia de un accidente de tránsito, respecto del cual la
certeza sobre la magnitud del daño se consolidó con la expedición del dictamen de
pérdida de capacidad laboral emitido por el Grupo Médico Laboral Regional 1 de la
Policía Nacional.

43. Igualmente, la sentencia T-229 del 16 de agosto de 2021 de la Corte
Constitucional analizó una demanda de reparación directa promovida por los
perjuicios derivados de una falla en el servicio médico, atribuida a la omisión en la
aplicación del protocolo de transfusiones de sangre.

44. Finalmente, las sentencias del 25 de octubre de 2016, rad. 11001-03-25-000-
2012-00386-00) y del 10 de noviembre de 2000, exp. 18.805 del Consejo de Estado,
fueron proferidas en el marco de medios de control distintos al aquí analizado,
concretamente de nulidad y restablecimiento del derecho y de controversias
contractuales.

45. En consecuencia, no se advierte que la autoridad judicial accionada incurriera en
la violación directa de la Constitución Política ni en el desconocimiento del
precedente judicial, pues las sentencias invocadas por la parte accionante carecen
de identidad fáctica y jurídica con el asunto objeto de estudio y, en todo caso, no
existe una regla jurisprudencial unificada sobre la contabilización del término de
caducidad del medio de control de reparación directa en casos relacionados con
hacinamiento carcelario, por lo que resulta aplicable el principio de autonomía
judicial.

46. Así las cosas, esta Subsección procederá a revocar la sentencia proferida el 29
de abril de 2026 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado,
mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito
de relevancia constitucional para, en su lugar, negar el amparo al no demostrarse la
configuración de los defectos alegados.

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Acción De Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01456-01
Accionante: Cristian Morales Rodríguez

47. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

I. FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida el 29 de abril de 2026 por la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual declaró
improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito de relevancia constitucional
para, en su lugar:

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la acción de tutela presentada por Cristian
Morales Rodríguez, de conformidad con los argumentos expuestos.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la
fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TURJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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