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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01458-00

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01458-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por el señor Rafael Ricardo Ramírez Rojas, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01458-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

30 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-01458-00
Demandante RAFAEL RICARDO RAMÍREZ ROJAS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TOLIMA Y JUZGADO QUINTO
ADMINISTRATIVO DE IBAGUÉ
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Causales generales de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial. Relevancia
constitucional. Medio de control de reparación directa por
hacinamiento durante reclusión. Caducidad del medio de control.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por Rafael Ricardo Ramírez Rojas, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 24 de febrero de 20261, el señor Rafael Ricardo Ramírez Rojas, mediante
apoderada judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Tolima y el Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué por considerar vulnerados sus
derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, con los autos del 3 de abril y del 30 de octubre de 2025,
por medio de los cuales se rechazó la demanda por caducidad de la acción en el
proceso de reparación directa 73001-33-33-005-2024-00202-00/02.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones2:
« 1.- Declarar vulnerados los derechos fundamentales antes señalados al accionante y, en
consecuencia, declarar la nulidad del auto de primera instancia proferido por el Juzgado
5 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué el 3 de abril de 2025, y el auto proferido por
el Tribunal Administrativo del Tolima el 30 de octubre de 2025, en el proceso de
REPARACIÓN DIRECTA de RAFAEL RICARDO RAMÍREZ ROJAS, radicado No.
73001-33-33-005-2024-00202-00, así como también las actuaciones posteriores al fallo,
proferidas por el Juzgado 5 Administrativo Oral del Circuito de Ibagué.
2.- Ordenar al Tribunal Administrativo del Tolima proferir decisión de reemplazo, de
acuerdo con lo establecido en la Constitución, la ley y la jurisprudencia, con el fin de
que no se vulneren los derechos fundamentales en la primera consagrados.».

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 23 de julio de 2024, el señor Rafael Ricardo Ramírez Rojas presentó
demanda de reparación directa contra el Municipio de Guamo (Tolima) y otros
con el propósito de que se declare su responsabilidad administrativa por los
perjuicios derivados de la reclusión en condiciones de hacinamiento del

1
Samai, índice 2.
2
Página 28 de la acción de tutela. SAMAI, índice 2.
1

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01458-00
Demandante: Rafael Ricardo Ramírez Rojas

demandante en las instalaciones de la Estación de Policía del Guamo en
donde estuvo recluido desde el 25 de septiembre de 2020 hasta el 25 de
octubre de 2022.

2.2. El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Juzgado
Quinto Administrativo de Ibagué y fue identificado con el radicado 73001-33-33-
005-2024-00202-00. En auto del 9 de agosto de 2024, el juez inadmitió la
demanda y solicitó que fuera subsanada en el sentido de (i) aclarar el título de
imputación invocado; (ii) discriminar la estimación de la cuantía según los
conceptos por los que se pretendía recibir la indemnización; (iii) adecuar los
hechos de la demanda en el sentido indicado en la providencia.

2.3. En auto del 12 de septiembre de 2024, el juez de la causa resolvió rechazar
de plano la demanda por no haber sido subsanada en los términos exigidos
en el admisorio. Esta decisión fue apelada por la parte demandante y, en auto
del 6 de febrero de 2025, el Tribunal Administrativo de Tolima revocó la
decisión de rechazo y devolvió el expediente al juzgado de origen para que
prosiguiera con el estudio de la admisión.

2.4. El 3 de abril de 2025, el juez Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué indicó
que, aunque se podían tener por subsanados los aspectos mencionados en el
auto del 9 de agosto de 2024, no era posible admitir la demanda de reparación
directa debido a que había operado el fenómeno de caducidad de la acción.

Explicó que el señor Rafael Ricardo fue recluido en las instalaciones de la
Estación de Policía del Guamo el 25 de septiembre de 2020, fecha en la que
conoció del hacinamiento en el establecimiento carcelario, por lo que
consideró que desde esa fecha debía iniciar el cómputo de la caducidad de la
acción, de manera que el límite para presentar la demanda era el 26 de
septiembre de 2022. A pesar de lo anterior, advirtió que la solicitud de
conciliación se radicó el 16 de febrero de 2024 y la demanda el 22 de julio de
ese mismo año, a su juicio, cuando ya había caducado la acción.
2.5. La parte demandante apeló la decisión de caducidad.

2.6. El Tribunal Administrativo del Tolima, en auto del 30 de octubre de 2025,
confirmó la decisión de caducidad de la acción. Como fundamento de su
decisión precisó que la posición asumida por la mayoría de esa Sala de
decisión era que el cómputo de caducidad en casos de hacinamiento
carcelario debe iniciar a partir del momento en el que se tuvo certeza de la
ocurrencia del hecho dañoso. Para este caso, expuso que el término inició a
contar desde el 25 de septiembre de 2020, fecha en la que el demandante
ingresó a la Estación de Policía del Guamo, pues desde ese momento se
percató de las condiciones de hacinamiento del sitio de reclusión y de las
consecuencias que podría conllevar su estancia en ese lugar.
2.7. La providencia contó con el salvamento de voto del magistrado Luis Eduardo
Collazos, quien consideró que, ante la ausencia de una postura clara del
órgano de cierre sobre la caducidad de la acción en casos de responsabilidad
del Estado por hacinamiento carcelario, debía privilegiarse la interpretación
que favorezca el derecho de acceso a la administración de justicia.
Agregó que, en su consideración, la demanda acusa un daño continuado, por
lo que el término de caducidad no inicia con el primer día de detención sino
cuando cesa la causación del daño.

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Demandante: Rafael Ricardo Ramírez Rojas

2.8. La providencia fue notificada mediante fijación de estado del 11 de noviembre
de 20253.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora indicó que cumplió con los presupuestos generales de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales, dado que (i) la solicitud de
amparo evidencia la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia y a la igualdad; (ii) agotó los recursos
procedentes contra las decisiones cuestionadas; (iii) presentó la tutela dentro de los
parámetros temporales establecidos por el Consejo de Estado; (iv) relacionó de
manera clara los hechos de la demanda, el fundamento de la acción y sus
pretensiones; y (v) reprochó autos emitidos en la primera y segunda instancia de un
proceso ordinario de reparación directa, no una sentencia de tutela.

El actor relacionó varios acápites en los que desarrolló el alcance del derecho
fundamental al debido proceso4; la normativa y doctrina internacional sobre debido
proceso y hacinamiento carcelario5; la figura de la caducidad en el medio de control
de reparación directa6 y su aplicación en casos de hacinamiento carcelario, así
como los principios pro actione y pro damnato7.

Respecto de estos últimos principios, indicó que la doctrina constitucional ha
establecido que, ante dos escenarios de disparidad interpretativa, como ocurre en
casos de hacinamiento carcelario frente al cómputo de caducidad, debe privilegiarse
la interpretación más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales.
Advirtió que este criterio adquiere relevancia especial en casos de hacinamiento
carcelario, donde las afectaciones a la integridad física, psicológica y a la dignidad
humana de las personas privadas de la libertad tienen un carácter continuo y de
alta intensidad. En ese sentido, considera que la aplicación rígida de los requisitos
formales, como fijar el inicio del término desde el ingreso al centro de detención,
desconoce la naturaleza persistente del daño.

De acuerdo con lo anterior, estima desproporcionado aplicar criterios restrictivos
que cierren el acceso al análisis de fondo del caso sin considerar la naturaleza
continua del daño y las circunstancias del caso. Advirtió que, en ausencia de
unificación jurisprudencial, debe adoptarse el criterio más favorable al término de
caducidad, a fin de permitir el acceso a la justicia y el examen probatorio de la
presunta vulneración.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 3 de marzo de 2026, el despacho ponente requirió a la parte
accionante para que identifique cómo se configuran los defectos especiales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales en el
caso particular.

3
Samai proceso 73001-33-33-005-2024-00202-02, índice 7.
4
Invocó los artículos 29 y 229 de la Constitución Política y las sentencias T-1341 de 2001, T-068 de 2005 y T-954 de 2006
de la Corte Constitucional relativas al derecho fundamental al debido proceso
5
Invocó los artículos 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los artículos 14 y 15 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y los artículos 8 y 9 de la como sustento citó las siguientes sentencias de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, proferidas en los procesos que se relacionan a continuación Convención
Americana sobre Derechos Humanos
6
Como sustento citó las siguientes sentencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado, proferidas en los procesos
que se relacionan a continuación: rad. 25000-23-26-000-1997-05265-01 (22867); de 9 de diciembre de 2013, rad. 50001-
23-31-000-2012-00196-01(48152) rad. 76001233300020140083901 (54799); de 1 de marzo de 2018, rad. 68001-23-31-
000-2010-00605-01 (49396); de 3 de octubre de 2019, rad. 70001-23-33-000-2014-00186-01(AG). También se refirió a la
sentencia de la Sección Segunda de 2 de marzo de 2023, rad. 11001031500020220133502; y a las sentencias de la
Corte Constitucional T-342 de 2016, T-238 de 2023 y SU-241 de 2024.
7
Para establecer su alcance se refirió a las sentencias T-334 de 2018 y T-229 de 2021 de la Corte Constitucional, así
como a la sentencia del 25 de febrero de 2016, proferida en el radicado 11001-03-25-000-2012-00386-00 (1493-12) por
la Sección Segunda del Consejo de Estado.
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4.2. En el memorial de subsanación, el actor indicó que la sentencia acusada
incurrió en los defectos fáctico y sustantivo. Respecto del primero de los cargos
argumentó que la decisión de rechazo de la demanda se adoptó sin sustento
probatorio suficiente. Esto, porque las autoridades de instancia tuvieron por
acreditado el momento de conocimiento del daño, sin una prueba concreta que
así lo demostrara, pues aseveraron que el actor conoció de las circunstancias
de hacinamiento en el momento en que entró en el centro de reclusión, pero
no relacionaron una prueba concreta que sustentara tal aseveración, sino que
más bien se trató de una inferencia general.

Advirtió que el Consejo de Estado ha reprochado en su jurisprudencia que se
asuma que la persona privada de la libertad conoce de las condiciones de
hacinamiento desde el momento de su ingreso en los centros de reclusión
transitoria, pues se trata de una conclusión fáctica sin soporte probatorio.

De otra parte, consideró que las accionadas incurrieron en defecto sustantivo
por la forma en la que interpretaron el fenómeno de la caducidad, dado que
equipararon el ingreso del accionante al centro de detención con el
conocimiento del daño, pero omitieron analizar otros aspectos relevantes para
determinar el parámetro de inicio del cómputo tales como la naturaleza del
daño alegado y el momento en el que el afectado tuvo conocimiento cierto de
su dimensión.

En línea con lo anterior, considera que el razonamiento expuesto en las
providencias judiciales fue en exceso rigurosa y formalista, contrariando el
precedente constitucional que exige que las reglas procesales se interpreten
de manera compatible con el derecho de acceso a la administración de justicia
y a los principios pro actione y pro homine. Esta interpretación se traduce en
que el operador privilegie la interpretación normativa que permita el estudio de
fondo de los casos para que la parte actora pueda demostrar sus afirmaciones
en la etapa probatoria del proceso.

4.3. El 3 de marzo de 2026, el despacho ponente admitió la acción de tutela
presentada por el señor Rafael Ricardo Ramírez Rojas, mediante apoderado
judicial, contra el Tribunal Administrativo del Tolima y el Juzgado Quinto
Administrativo de Ibagué.

Además, se ofició al Juzgado Quinto Administrativo de Ibagué, para que
autorice el acceso al expediente del proceso con radicado 73001-33-33-005-
2024-00202-00/02, en Samai.

4.4. El Tribunal Administrativo del Tolima, por conducto del magistrado ponente
del auto cuestionado, solicitó que se nieguen las pretensiones de la demanda
debido a que la providencia que declaró la caducidad de la acción estuvo
razonablemente sustentada en los hechos de la demanda y en las pruebas
del proceso, sin que se evidencie vulneración alguna de los derechos
fundamentales del accionante.

Explicó que, si bien es cierto que en la determinación del cómputo de la
caducidad en casos de hacinamiento carcelario deben considerarse las
particularidades del escenario fáctico, sin que sea admisible tomar la fecha de
ingreso a la reclusión como parámetro aislado, también lo es que en este caso
la decisión se tomó considerando las particularidades fácticas y las pruebas
del proceso.

Destacó el Oficio GS-2024-051453 ESTPO-13.0 del 22 de marzo de 2024,
expedido por la Policía Nacional en respuesta al derecho de petición del
demandante en el que se certificó que el porcentaje de hacinamiento carcelario
en la Estación de la Policía del Guamo para los años 2020 a 2022 y el Oficio
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158-EPCGUM-DIR del 6 de febrero de 2023 en el que el director del
Establecimiento Penitenciario y Carcelario del Municipio del Guamo informó el
índice de hacinamiento mes a mes durante los años 2020 a 2023.

Adicional a lo anterior, recordó que, en sentencia del 6 de diciembre de 2022,
la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado (rad. 2002-04829-
01) indicó que el hacinamiento carcelario no se trata de un daño de tracto
sucesivo sino instantáneo, lo que implica que el cómputo de la caducidad inicia
desde la fecha en la que demandante tuvo conocimiento del daño.

Resaltó que esta tesis fue convalidada en sede de tutela por la Subsecciones
A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso 11001-03-
15-000 2023-02769-00-01. Destacó que los jueces de tutela expusieron que,
ante la diferencia de criterios en la Sección Tercera, debía prevalecer la
autonomía judicial.

De conformidad con lo anterior, indicó que esa Sala de Decisión es de la
postura de que el hacinamiento carcelario es un daño instantáneo cuyos
efectos se extienden en el tiempo, por lo que el término de caducidad inicia
desde el momento en que el actor conoció del hecho dañoso, lo que en este
caso ocurrió el 25 de septiembre de 2020, fecha en la que el actor ingresó
bajo custodia de la Estación de Policía del Guamo. Lo anterior, porque desde
ese momento fueron visibles las condiciones de hacinamiento en el centro de
reclusión y las consecuencias que podrían conllevar su estancia en ese lugar.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19918, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales9 y
especiales10 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

8
Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto”.
9
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); iii)
que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en
la providencia atacada.
10
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i) defecto
orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto por error inducido, vi)
defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii) defecto por violación directa de la
Constitución.
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Ahora bien, cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida
por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por lo
que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor
relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como presupuesto
adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la providencia judicial
atacada debe contener un error ostensible, manifiesto y flagrante que riña de
manera directa con la Constitución Política y que justifique la intervención del juez
constitucional.

3. Planteamiento del problema jurídico

De acuerdo con los antecedentes expuestos y por tratarse de una acción de tutela
contra una providencia judicial, la Sala debe surtir un primer análisis para establecer
si la solicitud de amparo supera los requisitos generales de procedibilidad,
especialmente el de relevancia constitucional.

En caso de superar dicho examen, el problema jurídico se concentrará en establecer
si el Tribunal Administrativo del Tolima incurrió en defecto fáctico y defecto
sustantivo al proferir la providencia del 30 de octubre de 2025 que confirmó la
decisión de caducidad de la acción, en el proceso ordinario de reparación directa
73001-33-33-005-2024-00202-02.

Se precisa que el análisis se surtirá solo respecto del auto emitido en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo del Tolima debido a que fue el que puso fin
al proceso y resolvió los cargos contra la decisión de rechazo de primera instancia.

4. Análisis del presupuesto de procedibilidad de relevancia constitucional
en el caso particular

4.1. La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y
la independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para
reemplazar al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su
labor, entonces, está orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados
y a proferir órdenes encaminadas a su restablecimiento.

Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias
judiciales está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este
requisito, esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del
Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por
la Corte Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos
criterios orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no
puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones
se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera
los derechos fundamentales.

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(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda
de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada,
deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el
estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión
cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de
derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la
demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los
jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y
conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las
decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso
ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se
ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces
competentes.

En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en
que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de
tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.
4.2. Se advierte que la presente acción de tutela no cumple con el requisito de
relevancia constitucional, pues es utilizada como un mecanismo adicional para
prolongar la discusión que ya se planteó ante el juez natural, en este caso, el
Tribunal Administrativo del Tolima, que por auto de 30 de octubre de 2025
confirmó la decisión del a quo de rechazar la demanda al considerar que había
operado la caducidad del medio de control de reparación directa 73001-33-33-
005-2024-00202-02.

4.3. En el escrito de tutela y de subsanación, el actor se refirió al alcance (i) del
derecho fundamental al debido proceso, (ii) de la normativa internacional sobre
el hacinamiento carcelario y (iii) de la caducidad en la reparación directa,
haciendo especial énfasis en los principios pro actione y pro damnato. Sostuvo
que, ante interpretaciones diversas del Consejo de Estado sobre el cómputo
de caducidad en contextos de hacinamiento ─donde el daño es continuo y de
alta intensidad─, debe preferirse la interpretación más favorable a los
derechos fundamentales, pues fijar el inicio del término desde el ingreso al
centro de reclusión desconoce la naturaleza persistente del daño y restringe
injustificadamente el acceso a la justicia.
Asimismo, alegó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico al
inferir sin soporte probatorio que el actor conocía el daño desde su ingreso, y
en defecto sustantivo, al equiparar dicho ingreso con el conocimiento del daño
sin analizar su verdadera dimensión no el momento en que adquirió certeza
de aquella. En su criterio, esta interpretación es excesivamente formalista y
contraria a la jurisprudencia constitucional, que exige aplicar las reglas
procesales de manera que se garantice el acceso efectivo a la justicia y el
estudio de fondo del caso.

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4.4. De la revisión del expediente, esta Sala advierte que el Tribunal Administrativo
del Tolima, en providencia de 30 de octubre de 2025 resolvió confirmar la
decisión de rechazo de la demanda adoptada por el juez a quo, con
fundamento en los siguientes argumentos:

Manifestó que el fenómeno de la caducidad fue instituido para garantizar la
seguridad jurídica de los sujetos procesales, siendo una sanción que aparece
cuando se incumple la carga procesal de ejercer el derecho de acción dentro
del plazo fijado por la ley. Adujo que, en el medio de control de reparación
directa (art. 164 de la Ley 1437 de 2011), este término es de dos años contados
a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión, o de cuando
se tuvo o debió tener conocimiento del daño.
Precisó que, en casos de daños por hacinamiento carcelario, fenómeno en el
que intervienen múltiples variables, es necesario analizar con detalle las
condiciones reales de la reclusión, como la capacidad y el número de internos.
Dijo que, en ese contexto, es relevante determinar con certeza cuándo se
conoció el daño y si tiene carácter continuado, por lo que no es admisible basar
la determinación sobre el cómputo de la caducidad únicamente en el ingreso
al centro de reclusión sin soporte probatorio adicional.
En ese sentido, mencionó que obran en el expediente el Oficio GS-2024-
051453 ESTPO-13.0 del 22 de marzo de 2024, expedido por la Policía
Nacional en respuesta al derecho de petición del demandante en el que se
certificó el porcentaje de 87% de hacinamiento carcelario en la Estación de la
Policía del Guamo para los años 2020 a 2022 y el Oficio 158-EPCGUM-DIR
del 6 de febrero de 2023 en el que el director del Establecimiento Penitenciario
y Carcelario del Municipio del Guamo informó que el índice de hacinamiento
de ese centro de reclusión durante los años 2020 a 2023, era del 28%.

En cuanto a la jurisprudencia en la que fundamentó su decisión, la autoridad
judicial accionada indicó que la Sección Tercera del Consejo de Estado,
Subsección C, en un caso similar había adoptado el parámetro del
conocimiento del daño como punto de partida para realizar el conteo de la
caducidad de la acción de reparación directa (sentencia del 6 de diciembre de
2022, radicado 05001-23-31-000-2002-04829-01, número interno 47.148) y,
además, citó varios apartes del fallo de tutela proferido por la Sección Segunda
de esta Corporación, en contra de esa decisión, en el que, en segunda
instancia, confirmó la negativa del amparo solicitado (providencia del 5 de
octubre de 2023, radicado 11001-03-15-000-2023-02769-01).

Establecido lo anterior y a efectos de decidir si operó la caducidad, consideró
importante establecer si el daño que el demandante estaba atribuyendo a los
demandados en el proceso ordinario era instantáneo (aquel que resulta
susceptible de identificarse en un momento preciso) o se trataba de un daño
continuado (aquel que se prolonga en el tiempo).

A partir de lo anterior, concluyó que en el caso concreto se está ante un daño
instantáneo, cuyos efectos se extendieron en el tiempo, por lo que manifestó
que daría aplicación a la jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual
el término de caducidad debe contarse desde que ocurrieron los hechos que
dieron origen a la vulneración de derechos, así:
«Considerando el anterior concepto, se debe precisar que en el presente caso se está ante un
daño instantáneo cuyos efectos se extienden en el tiempo, por tanto, atendiendo el precepto
jurisprudencial del Consejo de Estado se tiene que el término de caducidad del medio de
control de Reparación Directa se debe contar desde el momento en que ocurrió la situación
fáctica que dio origen a la vulneración de los derechos humanos del aquí accionante, así […].

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01458-00
Demandante: Rafael Ricardo Ramírez Rojas

En tales circunstancias, es preciso indicar que no son de recibo para esta Corporación los
argumentos planteados por la apoderada judicial del señor Ramírez Rojas, toda vez que, la
posición asumida por la mayoría de los integrantes de la Corporación se ha ceñido a que el
cómputo del término de la caducidad debe iniciar a partir del momento en el cual se tuvo
certeza de la ocurrencia del hecho, por lo tanto, como lo afirmo el A-Quo, la fecha en la que
se debe iniciar a contar el término de la caducidad del presente medio de control es el día 25
de septiembre de 2020, fecha en el que el aquí accionante ingresó bajo la custodia de la
Estación de Policial del Municipio del Guamo, toda vez que desde ese momento fue visible las
condiciones de hacinamiento del sitio de reclusión y las consecuencias que podrían conllevar
su estancia en dicha guarnición policial.
Por tal motivo, la posibilidad de acudir a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de
Reparación Directa estuvo vigente hasta el día 25 de septiembre de 2022, así pues, el haber
efectuado ante el Ministerio Público la solicitud de conciliación extrajudicial el día 16 de febrero
de 2024 y al radicar el libelo el día 22 de julio de 2024, para dichas fechas el fenómeno de la
caducidad había operado en el presente medio de control de Reparación Directa que
contempla el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.
Por esta razón, este Tribunal confirmará lo resuelto por el A- Quo mediante proveído
calendado del día 03 de abril de 2025 […]».

4.5. De acuerdo con lo anterior, esta Sala advierte que la acción de tutela analizada
se está empleando como una instancia adicional, lo que no permite que se
supere el requisito general de la relevancia constitucional11 pues, los
argumentos de esta acción aun cuando no son idénticos a los que el señor
Ramírez Rojas planteó en el recurso de apelación contra el auto que rechazó
el medio de control, si tienen varios aspectos en común y en últimas busca
reabrir el debate judicial pues pretende cuestionar la forma en la que se
contabilizó el término de la caducidad, para que se tuviera la demanda como
presentada en término, reiterando que se trata de un daño continuado cuyo
conteo debía iniciar una vez cesó el daño (cuando salió del centro de reclusión).
Aspecto que de antemano supone para esta colegiatura, que el asunto versa
sobre una situación que resultó desfavorable a la parte accionante y que se
limita a poner de presente su inconformidad con la decisión.
Si bien el actor alega la configuración de los defectos fáctico y sustantivo, la
Sala evidencia que se invocan con el propósito de insistir en los argumentos
que fueron expuestos en el recurso de apelación interpuesto contra el auto
que rechazó la demanda, decisión que fue confirmada por el Tribunal
Administrativo del Tolima.
En todo caso, se observa que la decisión del tribunal se fundamentó en las
particularidades del escenario fáctico que se planteó en la demanda, en las
pruebas relevantes para establecer el cómputo de la caducidad y en las reglas
de la experiencia, por lo que la acusación de la carencia de sustento probatorio
de la decisión evidencia el propósito de la parte actora de prolongar el debate
jurídico y probatorio que fue debidamente concluido por los jueces de
instancia.
En relación con la disparidad de criterios que existe en la Sección Tercera del
Consejo de Estado sobre el cómputo de la caducidad de la acción en casos
de hacinamiento carcelario, se advierte que el tribunal accionado, en ejercicio
de su autonomía e independencia consagradas en los artículos 228 y 230 de
la Constitución, adoptó la tesis que estimó más adecuada en virtud de los
supuestos fácticos del caso. Como la providencia reconoció expresamente la
disparidad de criterios y optó motivada y razonadamente por uno de ellos, no
se considera una discusión con relevancia constitucional que justifique afectar
la autonomía del juez natural de la causa.

11
En el mismo sentido se ha pronunciado esta Sección en las sentencias de tutela proferidas en primera instancia el 3 y 10
de julio de 2025, radicados 11001-03-15-000-2025-03123-00, 11001-03-15-000-2025-03075-00 y 11001-03-15-000-
2025-03430-00, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01458-00
Demandante: Rafael Ricardo Ramírez Rojas

4.6. Así pues, de estos argumentos traídos al caso objeto de análisis no se advierte
la razón por la cual el juez constitucional debe irrumpir en la esfera de
autonomía del juez natural de la causa, para revaluar los fundamentos que lo
llevaron a adoptar la decisión en concreto. Esto, en la medida en que no se
advierte prima facie una afectación de las garantías fundamentales de la parte
actora de conformidad con las providencias reprochadas. De manera que, es
posible concluir que el Tribunal Administrativo del Tolima, ya resolvió los
planteamientos del accionante dentro del trámite ordinario 73001-33-33-005-
2024-00202-02.

Valga recordar que, en abundante jurisprudencia del máximo tribunal
constitucional se ha enfatizado que la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales «[…] la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios»,
pues la competencia del juez de tutela se restringe «a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos fundamentales»12.

Así las cosas, la Sala declara la improcedencia de la presente acción de tutela,
al no encontrar acreditado el requisito de la relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela interpuesta por el señor
Rafael Ricardo Ramírez Rojas, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

12
Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.
10

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