Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01459-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01459-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01459-00
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 11001-03-15-000- 2026-01459-001
Accionante : Confival Capital S.A.S.
Accionado : Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección
B
Vinculados : Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, distrito
de Barranquilla, Juzgado Primero (1°) Administrativo de Barranquilla,
Alberto Francisco Ortega Salgado y Nelson de Jesús Castaño Cano
Acción : Tutela
Tema : Mora Judicial
Decisión : Primera instancia
1. Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia, en la acción de tutela incoada
por Confival Capital S.A.S. contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de
Decisión Oral, Sección B, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales de
petición y acceso a la administración de justicia.
I. ANTECEDENTES
1.1. Contexto fáctico
2. De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por la sociedad
tutelante frente a la vulneración alegada; luego, revisará lo relativo a la procedencia de la
acción; y, finalmente, resolverá lo pertinente respecto a las pretensiones de este
mecanismo constitucional.
1.2. La demanda de tutela.
3. El accionante interpuso la presente tutela con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales de petición y acceso a la administración de justicia, que
consideró vulnerados por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral,
Sección B.
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4. Por consiguiente, solicitó «[…] se ordene a la autoridad judicial accionada que, dentro de un término
perentorio y razonable fijado por el despacho, emita una respuesta integral, motivada y definitiva frente a
la solicitud de corrección […]».
1.3. Hechos2
5. De acuerdo con lo expuesto por el accionante y los documentos que obran en el
expediente, el 13 de enero de 2025, la sociedad Confival Capital S.A.S. radicó ante el
Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla una solicitud de
corrección de errores mecanográficos sobre los nombres de los beneficiarios en la
sentencia de segunda instancia del proceso con radicado 08-001-33-33-001-2016-
00052-00. En vista de ello, el 16 de enero de 2025, dicho despacho judicial remitió la
petición al Tribunal Administrativo del Atlántico por razones de competencia.
6. Así las cosas, la entidad accionante manifiesta que, para el momento de interposición
de la acción de tutela han transcurrido más de trece meses sin que ninguna de las dos
autoridades judiciales haya emitido una respuesta de fondo ni proferido el auto de
corrección respectivo, omisión que considera violatoria de sus derechos fundamentales
de petición y de acceso a la administración de justicia, puesto que la omisión judicial
obstaculiza la disposición de los recursos derivados del fallo.
II. TRÁMITE PROCESAL
7. Por satisfacer los requisitos formales, el despacho sustanciador, mediante auto del 26
de febrero de 2026, admitió la acción de tutela. En dicha decisión, se ordenó notificar al
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Sección B y vincular como
terceros con interés a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional,
distrito de Barranquilla, Juzgado Primero (1°) Administrativo de Barranquilla, Alberto
Francisco Ortega Salgado y Nelson de Jesús Castaño Cano.
2.1. Contestaciones de la acción
2.1.1. Juzgado Primero (1°) Administrativo de Barranquilla3 manifestó que profirió la
sentencia de primera instancia, en el proceso cuestionado, el 15 de febrero del 2018 y,
posteriormente, el 13 de enero del 2025 recibió una solicitud de corrección de la sentencia
de segunda instancia, por parte de la sociedad accionante, pero al no ser la competente
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para resolver sobre la misma, la remitió al Tribunal Administrativo del Atlántico el 16 de
enero siguiente. Por estas razones, manifestó no haber vulnerado los derechos de la
parte activa de este trámite procesal.
2.1.2. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla 4 solicitó declarar la
falta de legitimación en la causa por pasiva, dado que no es la entidad encargada de dar
cumplimiento a las pretensiones del accionante.
2.1.3. La Policía Nacional de Colombia5 pidió ser desvinculado, debido a que no tiene
injerencia en las decisiones del Tribunal Administrativo.
Las demás entidades y terceros, a pesar de haber sido debidamente notificados,
no intervinieron en esta acción de tutela.
III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia
8. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de
las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de
2021.
3.3 Cuestión previa
9. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…]se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha considerado que, «[…] La
legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la persona contra quien se
dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho
fundamental […]».
10. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y la Policía Nacional de
Colombia solicitaron su desvinculación del presente trámite constitucional, al carecer de
legitimación en la causa por pasiva, por cuanto no son las llamadas a cumplir las
pretensiones de la sociedad actora. Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el
presente asunto fue en calidad de terceros con interés, por ser las entidades demandadas
dentro del proceso contencioso en cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la
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Expediente electrónico de primera instancia en SAMAI, índice 12.
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defensa y contradicción, por lo que, se negarán sus solicitudes.
3.2. Problema jurídico
11. Se contrae a determinar si el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión
Oral, Sección B ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante,
al incurrir, presuntamente, en mora judicial injustificada al no haber proferido auto que
resuelva de fondo la solicitud de corrección sobre los nombres de los beneficiarios en la
sentencia de segunda instancia del proceso con radicado 08-001-33-33-001-2016-
00052-00.
3.3 La acción de tutela frente a la mora judicial
12. El derecho fundamental al acceso a la administración de justicia comporta la facultad
de toda persona de acudir ante los jueces de la República, en aras de resolver las
controversias que vulneran o amenazan sus derechos.
13. Dicha atribución constitucional no solo refiere a la posibilidad de poner en
funcionamiento el aparato jurisdiccional del Estado, sino también a la de recibir una pronta
solución al conflicto, para lo cual las autoridades cuentan con la facultad de adoptar las
medidas coercitivas previstas en el sistema normativo.
14. Ahora bien, cuando los funcionarios judiciales no actúan dentro de los términos fijados
en las normas procesales, se configura la mora judicial, que constituye un «fenómeno
multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la
administración de justicia, pero que muchas veces una buena parte de la misma es el resultado de
acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo
cargo se encuentra la solución de los procesos»6.
15. No obstante, el mero retraso en las actuaciones judiciales no vulnera el derecho
fundamental que ahora se estudia, por cuanto debe mediar una tardanza injustificada por
parte de los funcionarios para quebrantar esa garantía, caso en el cual será susceptible
de protección a través de la solicitud de amparo.
16. Resulta oportuno advertir que, la jurisprudencia de la Corte Constitucional7 ha indicado
que, como regla general, el juez de tutela no debe inmiscuirse en el trámite de los
6
Corte Constitucional, Sentencia T-945 de 1998, M. P. José Gregorio Hernández Galindo.
7
Sentencia T-258 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
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procesos judiciales debido a que podría desconocer el principio de autonomía judicial.
Sin embargo, cuando se evidencia que, la tardanza no obedece a cuestiones
relacionadas con carga de trabajo, problemas estructurales o complejidad de los asuntos
que se conocen, la acción de tutela resulta procedente para proteger el derecho
fundamental al acceso a la administración de justicia; Por tanto, para establecer la
prosperidad de la acción de tutela en los casos de mora judicial, se deben analizar las
particularidades de cada situación en concreto con el fin de determinar si el retardo es
justificado o no.
3.4 Caso concreto.
17. En el caso bajo estudio, la sociedad Confival Capital S.A.S. acudió al mecanismo de
amparo para solicitar la protección de sus derechos fundamentales de petición y acceso
a la administración de justicia, puesto que, han transcurrido aproximadamente trece (13)
meses desde la presentación de la solicitud de corrección de la sentencia del 13 de marzo
de 2020, proferida dentro del medio de control de reparación directa con radicado núm.
08-001-33-33-001-2016-00052-01.
18. Ahora bien, verificado el expediente en la Sede Electrónica SAMAI, la Sala observa
que el Tribunal Administrativo del Atlántico ha surtido las siguientes actuaciones:
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19. Del análisis exhaustivo de las actuaciones procesales y en consonancia con la
jurisprudencia constitucional aplicable8, la Sala advierte que en el presente asunto no se
configura una mora judicial injustificada que sea atribuible al Tribunal Administrativo del
Atlántico.
20. Para arribar a esta conclusión, es imperativo recordar que el derecho fundamental al
debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia comprenden la garantía
de obtener una decisión de fondo dentro de un plazo razonable. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha sido enfática en señalar que no cualquier prolongación temporal en el
trámite de un proceso o de una petición incidental deviene automáticamente en una
vulneración iusfundamental. De este modo, la estructuración de la mora judicial exige que
la inactividad del operador jurídico o el rebasamiento de los términos procesales carezcan
de un motivo fáctico, probatorio o legal que los justifique, obedeciendo en su lugar a una
omisión arbitraria, negligente o caprichosa del despacho.
21. Se puede evidenciar que entre el 9 de julio de 2025 y el 16 de enero de 2026 el
Tribunal corrió traslado a las partes de la solicitud en comento, y la Secretaría de dicha
corporación lo notificó debidamente; sin embargo, aunque existió demora en poner en
conocimiento dicha orden, ello por si mismo no configura una tardanza injustificada en su
trámite.
22. Es relevante señalar que el Tribunal ordenó remitir la petición advirtiendo que la
solicitante no cumplió con lo establecido en el artículo 78 (numeral 14) del Código General
del Proceso, esto es, enviar una copia del memorial a la contraparte, ni proporcionó
prueba de que se hubiera notificado la cesión de derechos litigiosos. En este contexto,
se observa que ella, inclusive, subsanó los errores señalados. Contra el auto mencionado
de 17 de septiembre de 2025 no fue interpuesto recurso por la accionante, por lo tanto,
lo convalidó y, desde esa fecha hasta el 26 de febrero de 2026 en que se instauró la
8
En concreto las sentencias T 183 del 2024 y SU 297 del 2023 de la Corte Constitucional.
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acción de tutela, no había transcurrido un plazo que pudiera calificarse como mora
injustificada.
23. Al descender estos postulados normativos al caso concreto, se constata que, el 5 de
marzo de 2026 se materializó el traslado efectivo de la solicitud de corrección a las partes
vinculadas al trámite, actuación indispensable para garantizar el derecho de contradicción
y el debido proceso de los intervinientes, por lo que, el 16 siguiente, el expediente ingresó
al Despacho del magistrado ponente para lo de su cargo.
24. Por tanto, se observa que el Tribunal Administrativo del Atlántico ha surtido las
actuaciones inherentes a la solicitud de corrección de la sentencia formulada por la parte
accionante, por lo que, no es dable señalar que estamos en presencia de una mora
judicial injustificada. No obstante, habida cuenta que, dicha solicitud fue radicada desde
julio de 2025, y en procura de garantizar la eficacia de los principios de celeridad y
economía procesal que rigen la administración de justicia, esta Corporación considera
pertinente exhortar al Tribunal Administrativo del Atlántico para que, una vez se verifique
el agotamiento de la etapa de traslado, proceda a resolver la solicitud de corrección
elevada por la sociedad accionante dentro de un plazo razonable.
IV. DECISIÓN
25. Por las razones expuestas la Sala considera que, en el presente asunto, no se
acreditó que la autoridad judicial accionada haya incurrido en mora judicial injustificada,
motivo por el cual se negará el amparo deprecado por la sociedad actora.
26. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación del Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla y la Policía Nacional de Colombia, de conformidad con lo antes
expuesto.
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SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia invocado por la sociedad Confival Capital S.A.S., por las
razones expuestas en las consideraciones de esta sentencia.
TERCERO. EXHORTAR al Tribunal Administrativo del Atlántico para que, una vez
verifique el agotamiento de la etapa de traslado, proceda a resolver la solicitud de
corrección elevada por la sociedad accionante dentro de un plazo razonable.
CUARTO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la forma y
término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
QUINTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a
su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
ELIZABETH BECERRA CORNEJO JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
(Ausente con excusa)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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