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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01465-01

Fecha
6 de agosto de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01465-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión impugnada que declaró la improcedencia de la presente acción de tutela, pero por las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01465-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

6 de agosto de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01465-01
Demandante: Gloria Esther Gaviria Carvajalino

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón

Bogotá, D.C., 6 de agosto de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01465-01
Demandante: GLORIA ESTHER GAVIRIA CARVAJALINO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Tema: Contra providencia dictada en proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho. Defecto fáctico. Retiro del servicio. Improcedencia de la
acción de tutela. Legitimación en la causa por activa.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 27
de marzo de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
que declaró improcedente la acción de tutela.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 24 de febrero de 2026, la señora Gloria Esther Gaviria Carvajalino, en ejercicio de la
acción de tutela, por conducto de apoderado, pidió la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo e
igualdad.

A juicio del tutelante, la vulneración de dichas garantías superiores se deriva de la
sentencia de 27 de agosto de 2025, dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia,
que confirmó la sentencia del 24 de marzo de 2022 dictada por el Juzgado Treinta
Administrativo de Medellín que denegó pretensiones dentro del proceso de nulidad No.
05001 33 33 030 2017 00484 00/01.

2. Pretensiones

La accionante formuló las siguientes pretensiones:
1. TUTELAR los derechos fundamentales al Debido Proceso (Art. 29 C.P.). Acceso a la Administración
de Justicia (art. 229 C.P.), Trabajo (Art. 25 C.P.) e Igualdad (Art. 13 C.P.).

2. REVOCAR la sentencia del 27 de agosto de 2025 dictada por el Tribunal Administrativo de Antioquia
– Sala Octava de Decisión.

3. ORDENAR al Tribunal emitir un nuevo fallo valorando la desviación de poder y el principio de
razonabilidad y proporcionalidad, o en su defecto, declarar la nulidad de la Resolución No. 0319 del 25
de abril de 2017, y el restablecimiento del derecho del Señor Patrullero HERMAN VILLALOBOS ARIAS,
conforme las pretensiones de la demanda.

3. Hechos

Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01465-01
Demandante: Gloria Esther Gaviria Carvajalino

3.1. Actuación administrativa

El señor Herman Villalobos Arias ingresó a la Policía Nacional el 6 de junio de 2007, en
el grado de patrullero del nivel ejecutivo, luego de haber superado el curso 018 de la
Dirección Nacional de la Escuela de Formación “Alfonso López Pumarejo”.

El 23 de abril de 2017, el señor Herman Villalobos Arias fue aprehendido como
consecuencia de la orden de captura No. 7 de 7 de abril de 2017 expedida por el Juzgado
30 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías por el presunto delito de hurto
calificado y agravado.

El 24 de abril de 2017, la Junta de Evaluación y Calificación para Suboficiales, Personal
del Nivel Ejecutivo y Agentes emitió el acta No. 175 SUBCO-GUTAH, por medio de la
cual propuso el retiro de forma discrecional del servicio del señor Herman Villalobos Arias.

Mediante Resolución No. 00319 de 25 de abril de 2017, el comandante de la Policía
Metropolitana del Valle de Aburrá dispuso el retiro de forma discrecional del servicio del
señor Herman Villalobos Arias. Decisión que fue notificada al accionante el 25 de abril de
2017.

3.2. Actuación Judicial

El señor Herman Villalobos Arias promovió demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Policía Nacional con el fin de que se declarara la nulidad de la
Resolución 00319 del 25 de abril de 2017 y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó, entre otras cosas, su reintegro al cargo que desempeñaba o a otro de igual o
superior jerarquía y al grado que ostentaran sus compañeros de curso y antigüedad,
además del pago de todos los emolumentos dejados de percibir, de manera indexada,
desde su retiro del servicio hasta la fecha de su reincorporación, más los intereses
corrientes a que hubiera lugar, el reconocimiento que no hubo ni existió solución de
continuidad en la relación laboral que tuvo con la Policía Nacional, además del pago de
todas las sumas que demostró haber pagado por servicios médicos para él y su núcleo
familiar y el reconocimiento de 100 SMLMV a título de compensación e indemnización
por la angustia que le causó su retiro.

La demanda se adelantó bajo el radicado 05001 33 33 030 2017 00484 00 y correspondió
al Juzgado 30 Administrativo de Medellín que, por sentencia del 24 de marzo de 2022,
declaró probadas las excepciones denominadas (i) inexistencia de vicios de nulidad con
relación al acto demandado, (ii) inexistencia de falsa motivación, (iii) inexistencia de
expedición irregular del acto e (iv) inexistencia de desviación de poder, propuestas por la
Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional y negó las pretensiones de la demanda.

Lo anterior, luego de concluir que el ejercicio de la facultad discrecional por parte de la
administración resultó razonable, pues el solo hecho de la captura e imputación de cargos
tornaba inviable la continuación del demandante en el servicio dada la afectación en su
prestación y la pérdida de la confianza. Lo anterior, en consideración a que el actor estuvo
incurso en investigaciones disciplinarias, omitió el ejercicio de su función policial y fue
vinculado a un proceso penal por el presunto delito de hurto calificado y agravado dentro
del cual se ordenó su captura y le fueron imputados cargos, circunstancias que hicieron
razonable y necesario su retiro del servicio activo.

Inconforme, el demandante apeló al considerar que la sentencia de primera instancia no
tuvo en cuenta la conexidad temporal entre la captura y el retiro discrecional y que no
había valorado los múltiples reconocimientos, felicitaciones, condecoraciones y la
ausencia de sanciones disciplinarias; sin embargo, sí tuvo en cuenta los llamados de
atención y las anotaciones negativas consignadas en el formulario II de seguimiento y
evaluación para fundamentar el acto de retiro, sin que éstos constituyeran un antecedente
disciplinario.
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Demandante: Gloria Esther Gaviria Carvajalino

Destacó que las investigaciones disciplinarias que se adelantaron en contra del
accionante durante toda su trayectoria laboral fueron archivadas y que la decisión de
retiro del servicio no estuvo soportada en elementos objetivos ni atendió los principios de
razonabilidad y proporcionalidad por lo que incurrió en los vicios de falsa motivación y
desviación del poder comoquiera que una orden de captura no equivale a una sentencia,
que los llamados de atención fueron por conductas que no afectaban sustancialmente su
deber funcional y que por los hechos frente a los cuales se adelantó la investigación
disciplinaria en su contra también fueron objeto de investigación penal que culminó con
la absolución a su favor sin que exista una condena en firme que pueda desvirtuar su
presunción de inocencia.

El señor Herman Villalobos falleció el 24 de marzo de 2024, sin que dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho se hubiera adelantado algún trámite de
sucesión procesal.

Mediante sentencia del 27 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de Antioquia
confirmó la sentencia de primera instancia luego de concluir que no existió prueba de la
que pudiera inferir que la entidad demandada utilizó en contra del actor incorrectamente
el poder discrecional y que por el contrario, quedaron suficientemente expresados los
motivos que condujeron a la Junta de Evaluación y Clasificación a recomendar su retiro
con base en razones y criterios objetivos y razonables y que fueron indicativos que su
retiro se fundó en la discrecionalidad y no en la arbitrariedad y que estuvo inspirado en el
mejoramiento del servicio, además, destacó que el demandante no aportó elementos de
prueba de los que se pudiera inferir que su retiro no obedeció a razones del buen servicio
y que se había probado que la entidad demandada cumplió a cabalidad con el
procedimiento adecuado para la expedición del acto administrativo cuestionado y que se
cumplieron los parámetros jurisprudenciales establecidos en la sentencia de unificación
del 7 de abril de 2022 proferida por el Consejo de Estado.

4. Fundamentos de la acción de tutela

La parte actora no hizo ninguna manifestación expresa frente al cumplimiento de los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. En el encabezado del escrito de tutela adujo que la accionante tiene la
condición de compañera supérstite, con sociedad patrimonial entre compañeros
permanentes legalmente reconocida con el fallecido Herman Villalobos, y aportó el
certificado de defunción de este último y el acta de conciliación No. 08782 de 10 de
diciembre de 2015 de la Inspección General de la Policía Nacional, a través de la cual se
declaró la existencia de la unión marital de hecho y conformación de la sociedad
patrimonial entre el señor Herman Villalobos y Gloria Esther Gaviria Carvajalino. En
cuanto al fondo del asunto, señaló que las providencias cuestionadas incurrieron en:

Defecto fáctico, por cuanto el Tribunal Administrativo de Antioquia no valoró
integralmente el material probatorio que acreditaba el compromiso institucional, las
calificaciones en nivel superior, la trayectoria laboral, las excelentes evaluaciones y la
ausencia de sanciones disciplinarias del señor Villalobos al momento de su retiro, ni la
absolución penal posterior y la incidencia de esta frente a la causa que motivó su retiro.

Sostuvo que la autoridad accionada le dio validez a las anotaciones registradas en el
formulario de seguimiento institucional, pero desconoció el principio de inmediatez que
debía existir entre la fecha de ocurrencia de la conducta que generó la afectación al
formulario, esto es, el 17 de abril y 20 de octubre de 2015, y la fecha en que notificó el
retiro de la institución del señor Herman Villalobos Arias por facultad discrecional o
pérdida de confianza mediante Resolución No. 0319 de 25 de abril de 2017.

Adujo que tanto para la <<Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, Personal
del Nivel Ejecutivo y Agentes>> como para la autoridad judicial accionada, los 2 procesos
disciplinarios archivados que se adelantaron en contra del señor Herman Villalobos
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Demandante: Gloria Esther Gaviria Carvajalino

fueron determinantes para tomar la decisión de su retiro, lo que transgredió sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo e
igualdad.

5. Intervenciones

El magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia, ponente de la decisión
cuestionada, señaló la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir con el requisito
de relevancia constitucional, por cuanto a través de ella se pretende reabrir un debate ya
concluido.

Afirmó que la decisión cuestionada fue suficientemente motivada, sin que se avizore el
defecto alegado por el accionante, lo que demuestra que la parte actora presentó la
acción de tutela en razón de su inconformidad con la decisión judicial y no porque se
hubiera presentado una vulneración a sus derechos fundamentales.

El Ministerio de Defensa – Policía Nacional adujo la improcedencia de la acción de
tutela por falta de legitimación en la causa por activa, por cuanto la señora Gloria Esther
Gaviria no es titular de los hechos o pretensiones elevadas dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho y, en caso de que obtuviera resultados favorables a la
solicitud de amparo, existiría una imposibilidad jurídica y material frente al cumplimiento,
dado que el señor Herman Villalobos falleció el 24 de marzo de 2024, lo que impediría su
reintegro.

El Juzgado Treinta Administrativo de Medellín no rindió informe pese a haber sido
notificado en debida forma de la acción de tutela1.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante sentencia del 27 de
marzo de 2026 declaró improcedente la acción de tutela, sin hacer ninguna mención a la
legitimación en la causa por activa, indicó que, el Tribunal Administrativo de Antioquia,
luego de valorar el acervo probatorio, determinó que la Resolución 00319 del 25 de abril
de 2017, mediante la cual se retiró discrecionalmente del servicio activo al señor Herman
Villalobos Arias, miembro uniformado de la Institución Policial en el grado de patrullero,
no incurrió en falsa motivación ni en desviación de poder, porque estuvo respaldada en
razones objetivas y de interés público, de conformidad con el estudio realizado por la
<<Junta de Evaluación y Clasificación para Suboficiales, nivel ejecutivo y agentes>> de
la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Concluyó que la parte actora pretendía utilizar este mecanismo constitucional como si se
tratara de una instancia adicional, pues los reproches contenidos en el escrito de tutela
buscaban reabrir un debate que tuvo lugar en el proceso ordinario, lo que desborda el
ámbito de competencia del juez constitucional, en tanto no le correspondía definir la forma
en que el juez natural debía decidir.

7. Impugnación

La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, acceder a la solicitud de amparo.

Luego de reiterar los argumentos expuestos en la acción de tutela afirmó que tanto el
juez del proceso administrativo como el juez de tutela de primera instancia desconocieron
la sentencia absolutoria del Juzgado Treinta y Siete Penal Municipal con funciones de
conocimiento de Medellín como el archivo del proceso disciplinario que adelantó la Policía
Nacional en contra del señor Villalobos y solicitó que se reconociera que la captura y
privación de la libertad del señor Herman Villalobos Arias por el delito de hurto calificado

1 Mediante comunicación enviada el 2 de marzo de 2026 al correo adm30med@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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y agravado, del cual fue absuelto, al igual que el proceso disciplinario derivado del mismo,
que terminó archivado fue la causal real y determinante que originó su retiro inmediato
del servicio de la Policía Nacional por voluntad discrecional de la Dirección General de la
Policía Nacional.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la solicitud de amparo.

La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, que declaró la improcedencia de la
acción, pero porque se configura la falta de legitimación en la causa por activa de la
señora Gloria Esther Gaviria Carvajalino.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la legitimación en la causa por activa, y, (iii)
análisis del caso concreto.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005, fijó dos tipos de requisitos para
la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales2 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal, y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos3 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando se
han superado los requisitos generales.

3. La legitimación en la causa por activa

Según el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela «podrá ser ejercida
por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante». Al respecto, en
sentencias T-511 de 2017 y T-005 de 202210, la Corte Constitucional señaló que la
legitimación en la causa es uno de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela.
Por consiguiente, de no satisfacerse este requisito, el juez deberá declarar improcedente
el amparo solicitado.

La legitimación en la causa por activa en materia de tutela se refiere a exigir que quien
actúa sea el titular de los derechos invocados como supuestamente vulnerados. En
sentencia T-105 de 2020, la Corte Constitucional explicó que «quien demanda tiene
legitimidad en la causa por activa cuando es titular de los derechos fundamentales
vulnerados o está en capacidad de actuar en representación de otras personas a quienes
les es imposible defender sus derechos directamente».

A partir de los artículos 86 de la Constitución Política y 10 del Decreto 2591 de 1991,
también puede establecerse que la acción de tutela puede ser ejercida directamente por
el titular del derecho presuntamente vulnerado o por un tercero que actúe en su
nombre. Sobre esta última posibilidad, la Corte Constitucional ha determinado que quien
actúa en nombre de otro puede hacerlo como: «(i) representante legal del titular de los

2 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
3 Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación,

desconocimiento del precedente judicial o violación directa de la Constitución.
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derechos, (ii) apoderado judicial, (iii) agente oficioso y (iv) defensor del pueblo o
personero municipal»11.

La Corte Constitucional también ha determinado que la condición de parte o interviniente
en el proceso en que se dictó la providencia acusada es determinante para efectos de
analizar la legitimación en la causa. En sentencia SU-173 de 2015, la Corte declaró la
falta de legitimación de la causa por activa del demandante que presentó una acción de
tutela en contra de una providencia que anuló un laudo arbitral porque «carece de la
condición de “parte”, es decir de interés legítimo que lo vincule al proceso de anulación
de laudo arbitral del cual predica un defecto que vulnera el debido proceso».

4. Análisis del caso concreto

En el presente caso, la Sala advierte que la demandante, Gloria Esther Gaviria
Carvajalino, pretende que se deje sin efectos la sentencia del 27 de agosto 2025, dictada
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que confirmó la sentencia del 24 de marzo de
2022 dictada por el Juzgado Treinta Administrativo de Medellín que denegó pretensiones
dentro del proceso de nulidad No. 05001 33 33 030 2017 00484 00/01.

A juicio de la Sala, la señora Gloria Esther Gaviria Carvajalino carece de legitimación en
la causa por activa porque no fue parte del proceso ordinario, no es titular de los derechos
discutidos, ni tiene interés legítimo.

En primer lugar, de la revisión del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, la
Sala advierte que los extremos de la litis fueron el señor Herman Villalobos Arias como
demandante y el Ministerio de Defensa, Policía Nacional como demandado, por lo que la
señora Gloria Esther Gaviria Carvajalino no fue parte ni intervino en el proceso en que se
dictó la providencia acusada.

Si bien la Sala encuentra que la accionante acreditó que tuvo una unión marital de hecho
con el fallecido Herman Villalobos Arias, lo cierto es que no fungió como parte en el
proceso ni fue reconocida formalmente como sucesora procesal porque tampoco lo
solicitó.

En línea con lo anterior, debe indicarse que la legitimación para atacar una sentencia
mediante acción de tutela recae, en principio, en quienes fueron parte en el proceso y,
debido a que la señora Gloria Esther Gaviria Carvajalino no acudió al juez ordinario para
solicitar la sucesión procesal tras la muerte del causante, no es viable que en el marco
de la acción de tutela aduzca la condición de compañera permanente supérstite y deba
ser reconocida esa condición por el juez constitucional en un proceso ajeno al que dio
origen a la controversia.

La Sala no desconoce que en las sentencias T-550 de 1995 y SU-691 de 2011 la Corte
Constitucional aceptó la intervención de los herederos dentro de las tutelas; sin embargo,
los supuestos de esta providencia difieren del estudiado, pues en esos casos las tutelas
habían sido iniciadas por los causantes en vida. Mientras tanto, en el asunto que convoca
a la Sala, el causante Herman Villalobos Arias no había iniciado acción de tutela antes
de su fallecimiento, sino que fue con posterioridad a ese hecho que la aquí accionante
presentó la acción de tutela para cuestionar la providencia judicial proferida en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

En este orden de ideas, la Sala considera que la sentencia impugnada amerita ser
confirmada en cuanto declaró la improcedencia de la acción, pero por las razones antes
expuestas.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
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III. FALLA

1. Confirmar la decisión impugnada que declaró la improcedencia de la presente acción
de tutela, pero por las razones expuestas en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente (Con salvamento de voto)

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador 4

4
Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del
numeral 4.1.; y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el
cual se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".
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