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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01467-01

Fecha
23 de julio de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01467-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. CONFIRMAR el fallo de tutela de primera instancia del 13 de abril de 2026, proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por las razones expuestas en este fallo. 15 «Respecto de Ana Rosa Castiblanco Torres, la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo resaltó que como consecuencia de las fallas del Estado al realizar el levantamiento de cadáveres, su identificación e inhumación “fue considerada como desaparecida y solamente después de una intensa búsqueda, [dieciséis] años después, se dio con el paradero de sus restos mortales”. Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 12 de diciembre de 2007, citada en Corte Interamericana de Derechos Humanos - Caso Rodríguez Vera y Otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs Colombia. Párrafo 218.» 16 «Corte Constitucional, sentencia SU-168 de 2023» 19 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 11001-03-15-000-2026-01467-01 Demandante: Rosa Linda Gutiérrez de Piñeres de la Rosa y otros 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01467-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

23 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-01467-01
Demandante ROSA LINDA GUTIÉRREZ DE PIÑERES DE LA ROSA Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
TERCERA, SUBSECCIÓN A Y JUZGADO 58 ADMINISTRATIVO DE
BOGOTÁ
Temas Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación
directa. Caducidad de la acción. Holocausto del Palacio de Justicia.
La relevancia constitucional. Desconocimiento del precedente.
Desaparición de personas en el contexto del conflicto armado.
Parámetro de cómputo de la caducidad. Certeza sobre el paradero de
la víctima o plena identificación de sus restos mortales. Carácter
continuado del daño.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la magistrada Beatriz Teresa Bustos,
contra el fallo de tutela del 13 de abril de 2026, proferido por el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección A, que dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por Gladys Gutiérrez de
Piñeres de la Rosa y Antonio Lozano Gutiérrez de Piñeres por las razones expuestas en la
parte motiva.
SEGUNDO: AMPARAR los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia de Rosa Linda Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Benjamín de la Rosa Rodríguez,
Alberto Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Alejandro Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Carlos
José Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Pedro Manuel Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Ricardo
Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Adriana Paola Gutiérrez de Piñeres Almendrales, José
Fernando Lozano Gutiérrez de Pineres y Antonio Lozano Sterling.
TERCERO: DEJAR SIN EFECTOS la sentencia del 9 de octubre de 2025, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del
radicado 11001-33-43-058-2018-00185-01. En consecuencia, ORDENAR a dicha autoridad
judicial que, dentro del término de veinte (20) días contados a partir de la notificación de esta
sentencia, profiera un fallo de reemplazo en el que aplique el precedente interamericano,
constitucional y contencioso administrativo pertinente, en particular, el contenido en: (i) la
sentencia del 14 de noviembre de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
caso Rodríguez Vera y otros vs. Colombia; (ii) la sentencia del 13 de septiembre de 2024,
proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del radicado
25000-23-36-000-2018-00254-01; y (iii) la Sentencia SU-439 de 2024. »

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 24 de febrero de 20261, la señora Rosa Linda Gutiérrez de Piñeres de la Rosa,
Gladys Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Carlos Gutiérrez de Piñeres de la Rosa,
Ricardo Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Pedro Manuel Gutiérrez de Piñeres de la
Rosa, Alejandro Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Alberto Gutiérrez de Piñeres de
la Rosa, Benjamín de la Rosa Rodríguez, Adriana Paola Gutiérrez de Piñeres
Almendrales, Antonio Lozano Gutiérrez de Piñeres y Antonio Lozano Sterling,

1
Samai, índice 2. Expediente 11001-03-15-000-2026-01467-00.
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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01467-01
Demandante: Rosa Linda Gutiérrez de Piñeres de la Rosa y otros

mediante apoderado judicial, interpusieron acción de tutela contra el Juzgado 58
Administrativo de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección A, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la reparación integral del daño, a la vida, a la integridad, a la
igualdad y de acceso a la administración de justicia.

La vulneración de sus garantías constitucionales la atribuyen a las sentencias del
10 de noviembre de 2023 y del 9 de octubre de 2025, proferidas en el medio de
control de reparación directa con radicado 110013343-058-2018-00185-00/01.

En consecuencia, formularon las siguientes pretensiones:
«6.1. Con la presente acción constitucional se pretende que el Honorable Consejo de Estado,
revoque la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera, Subsección A, que revocó la sentencia proferida el 10 de
noviembre de 2023 por el Juzgado Cincuenta y Ocho (58) Administrativo del Circuito de
Bogotá -Sección Tercera y negó las pretensiones de la demanda y la sentencia del Juzgado
Cincuenta y Ocho (58) Administrativo del Circuito de Bogotá -Sección Tercera. En su lugar,
dicte una nueva Sentencia que ampare lo derechos fundamentales de los accionantes al
acceso efectivo a la administración de justicia, al debido proceso, a la reparación integral del
daño, a la seguridad y protección de la vida, a la integridad personal, a la igualdad entre otros
derechos fundamentales transgredidos; o que por una decisión de tutela se amparen los
mencionados derechos fundamentales conculcados a los accionantes y se ordene a el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, Subsección A, que profiera una
nueva sentencia de segunda instancia en que se amparen a los accionistas los derechos
fundamentales de los accionantes al acceso efectivo a la administración de justicia al debido
proceso, a la reparación integral del daño, a la seguridad, protección de la vida y a la integridad
personal, a la igualdad entre otros derechos fundamentales transgredidos. 6.2. Se sirva amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso (art 29 C.N), al Acceso
Efectivo a la Administración de Justicia (art 229 C.N),al Principio Democrático de Legalidad
(arts. 2,4,6,122,123 C.N), a la Reparación Integral del Daño (arts. 2,90 de la C.N), al Derecho
Fundamental a la Seguridad y Protección a la Vida y a la Integridad Personal (art 2 C.N), a la
Igualdad (art 13 C.N); así como las Garantías de la Confianza Legítima (art 83 de la C.N), que
se le vulneraron a los Demandantes, por parte del Juzgado 58 Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá y por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección –Tercera
Subsección A, en la Acción y Medio de Control de Reparación Directa, identificado con la
Radicación 110013343-058-2018 00185-01. Demandante: Gladys Esther de la Rosa de
Piñeres y otros. Demandado: Nación- Ministerio de Defensa Nacional, que se tramitó en
segunda instancia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección –Tercera
Subsección A, al incurrir en las causales genéricas y específicas de procedibilidad de la acción
de tutela en contra de las sentencias judiciales que fueron explicadas procedentemente. 6.2.1. Por lo anterior, en FORMA PRINCIPAL, respetuosamente solicito a su señoría, se
profiera una nueva decisión de fondo, en la que se le respeten en forma definitiva los
derechos fundamentales deprecados, examinando el caso concreto de cara a cada una
de las pruebas que obran en el proceso de reparación directa antes mencionado, y con
la aplicación de los precedentes judiciales del Consejo de Estado, de la Corte
Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo anterior, a fin de
no hacer ilusorias las pretensiones de amparo aquí planteadas, y someter a los
accionantes a una nueva decisión judicial. 6.2.2. O en su defecto, en FORMA SUBSIDIARIA, ordene al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca – Sección Tercera, Subsección A, profiera una nueva decisión al interior
del citado proceso de reparación directa, en la que se le respeten los derechos
fundamentales al Debido Proceso (art 29 C.N), al Acceso Efectivo a la Administración
de Justicia (art 229 C.N),al Principio Democrático de Legalidad (arts. 2,4,6,122,123
C.N), a la Reparación Integral del Daño antijurídico imputable a la Nación- Ministerio de
Defensa (arts.

2,90 de la C.N), al Derecho Fundamental a la Seguridad y Protección a
la Vida y a la Integridad Personal (art 2 C.N), a la Igualdad (art 13 C.N); así como las
Garantías de la Confianza Legítima (art 83 de la C.N). 6.3. Por otro lado, en usanza a los principios de igualdad, seguridad jurídica, debido proceso,
buena fe, confianza legítima, se le ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca –
Sección Tercera, Subsección A y el Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá,
que respeten los precedentes jurisprudenciales que, sobre el particular, han establecido el
Honorable Consejo de Estado como Órgano de Cierre de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, la Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos».
(Subraya la Sala) (sic toda la cita)

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Demandante: Rosa Linda Gutiérrez de Piñeres de la Rosa y otros

2. Hechos

Del escrito se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 17 de mayo de 2018, Rosa Linda Gutiérrez de Piñeres de la Rosa y otros
presentaron demanda de reparación directa contra la Nación, Ministerio de
Defensa, Ejército Nacional pretendiendo la declaratoria de responsabilidad y
el reconocimiento de los perjuicios derivados de la falla en el servicio que
conllevó la muerte de Nury Esther Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, sucedida
los días 6 y 7 de noviembre de 1985 en la ciudad de Bogotá, durante el
Holocausto del Palacio de Justicia y por las falencias en el manejo e
identificación de los cuerpos.

2.2. Como antecedente del caso particular, en el expediente se lee que la
desaparición física de la señora Nury Esther fue inicialmente informada por la
Corte Suprema de Justicia el 4 de diciembre de 1985, fecha que quedó
consignada como la de su fallecimiento en el registro civil de defunción inscrito
el 21 de octubre de 2009.

También se indicó que el 14 de noviembre de 2014, la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CORIDH), en el caso Rodríguez Vera vs. Colombia,
reconoció los errores del Estado en el levantamiento de los cuerpos del Palacio
de Justicia.

Se agregó que, el 18 de febrero de 2016, el Estado colombiano realizó la
diligencia de exhumación del que sería el cadáver de la señora Nury Esther
Gutiérrez de la Rosa y el Instituto Nacional de Medicina Legal tomó las
correspondientes muestras. Sin embargo, para el 23 de agosto de 2017 el
fiscal del caso informó que los análisis forenses no habían arrojado resultados
concluyentes. Y, el 29 de agosto de 2017, el coordinador del Grupo Nacional
de Patología Forense, confirmó que no fue posible obtener perfil genético de
las muestras óseas, ni se logró verificar la identidad de los restos como
pertenecientes a Nury Esther Gutiérrez de Piñeres de la Rosa.

Se indicó que a la fecha de interposición de la demanda no se había
establecido el paradero de la señora Nury Esther tornándose el caso como una
desaparición forzada atribuible al Estado Colombiano.

2.3. El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Juzgado 58
Administrativo del Circuito de Bogotá que, en sentencia del 10 de noviembre
de 2023, declaró la responsabilidad patrimonial y extracontractual del
Ministerio de Defensa «por los daños causados a los demandantes con ocasión de
la indebida identificación y entrega de los restos mortales de la señora Nury Esther
Gutiérrez de Piñeres de La Rosa». Como consecuencia de lo anterior, lo condenó
a pagar a favor de la madre, hermanos y algunas sobrinas de la víctima directa
la suma indicada en la parte resolutiva del fallo, por concepto de perjuicio
moral. Esta categoría de daño se negó respecto de los alegados tíos y algunos
sobrinos de la víctima directa, por falta de prueba sobre el parentesco y la
aflicción que padecieron con ocasión al daño alegado.

El juez negó las demás pretensiones de la demanda.

El cargo de desaparición forzada se negó porque no se acreditó el elemento
de imputación a los agentes del Estado. Se indicó que los indicios sugerían
que la víctima falleció dentro del edificio, probablemente junto a quienes
permanecieron en el cuarto piso del Palacio de Justicia, el 6 de noviembre de
1985.

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Demandante: Rosa Linda Gutiérrez de Piñeres de la Rosa y otros

Respecto de la caducidad de la acción, el a quo declaró la caducidad de la
acción respecto de la alegada muerte de la víctima directa; pero, la descartó
frente al hecho victimizante de desaparición forzada y ante el daño derivado
de la incapacidad del Estado para identificar y entregar los restos mortales de
su familiar. Respecto de la desaparición forzada adujo que, mientras no
aparezca la víctima ni exista sentencia penal definitiva, el término no inicia.

2.4. La entidad demandada interpuso recurso de apelación. Alegó que el juez de
la causa valoró indebidamente las pruebas del proceso y fundamentó la
condena en una sentencia del sistema interamericano, sin analizar
integralmente las circunstancias en que se realizaron las labores de embalaje,
identificación y entrega de los cuerpos tras la toma del Palacio de Justicia.

Sostuvo que estas diligencias se realizaron con escasos recursos y
limitaciones tecnológicas propias de la época y sin intención de cometer
errores o revictimizar a la familia de la señora Nury Esther. Agregó que la
identificación de restos mortales es competencia de Medicina Legal y que el
Ministerio solo prestó apoyo logístico en el traslado de los cuerpos.

2.5. La parte demandante presentó escrito de adhesión al recurso de apelación en
el sentido de indicar que la sentencia desconoció su derecho al debido proceso
al negar los perjuicios morales a varios familiares de la víctima directa bajo el
argumento de la falta de acreditación del vínculo filial, pues el juzgador pudo
traer tales documentos al proceso en ejercicio de su facultad de saneamiento.
Además de que existían otros medios de prueba que dan cuenta del vínculo
familiar alegado.

También solicitó que se ampliara el reconocimiento de perjuicios en todas las
categorías solicitadas y las personas que conforman la parte activa de la
demanda, dado que, a su juicio, la petición cuenta con sustento fáctico y
jurisprudencial.

De otro lado, alegó que la muerte de la víctima directa es un delito de lesa
humanidad respecto del cual no se predica la caducidad de la acción.

2.6. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en sentencia del 9 de octubre de 2025, revocó la sentencia de
condena y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

Argumentó que operó la caducidad de la acción frente a los daños por muerte
y desaparición forzada, pues la víctima había sido reconocida como fallecida
y su familia conocía desde hace mucho tiempo la relación del hecho con la
acciones u omisiones de los agentes del Estado. En cambio, consideró que el
daño por indebida identificación de los restos no estaba caducado porque solo
se conoció con el oficio de Medicina Legal de 2017.

No obstante, revocó la condena contra el Ministerio de Defensa, al considerar
que, aunque hubo irregularidades en el manejo inicial de los cadáveres, no se
probó que estas causaran la imposibilidad actual de identificar los restos.
Además, precisó que la identificación forense correspondía a Medicina Legal
y no al Ministerio de Defensa.

3. Fundamentos de la acción

3.1. La parte actora sostuvo que la solicitud de amparo supera los requisitos
generales de procedibilidad. Respecto de la legitimación en la causa por
activa, manifestó que los accionantes son titulares de los derechos invocados
porque fueron quienes promovieron el medio de control en el que se
materializaron los errores alegados. Asimismo, estiman que se cumple con la
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legitimación en la causa por pasiva ya que las autoridades accionadas son los
jueces que conocieron el proceso de reparación directa en primera y segunda
instancia.

También manifestaron que el asunto supera el presupuesto de relevancia
constitucional porque cuestiona las providencias del Juzgado 58
Administrativo de Bogotá y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al
considerar que vulneraron sus derechos fundamentales porque incurrieron en
varios defectos al negar la responsabilidad del Ministerio de Defensa por la
muerte, desaparición e indebida identificación de los restos de la señora Nury
Esther Gutiérrez de Piñeres ocurrida en el contexto de la toma y retoma del
Palacio de Justicia.

También advirtió que agotaron todos los mecanismos de defensa judicial a
disposición pues el proceso ordinario surtió las dos instancias
correspondientes y los recursos extraordinarios no resultan idóneos para
perseguir la satisfacción de las pretensiones de la acción de tutela.

Finalmente, manifestaron que la acción de tutela se interpuso dentro de la
pauta temporal de los seis meses establecidos en la jurisprudencia
constitucional, que no se discute una providencia de tutela y que se hizo una
relación clara de los hechos y pretensiones.

3.2. Respecto de los requisitos especiales de procedencia, en el escrito de tutela
se discutió que el Juzgado 58 Administrativo del Circuito de Bogotá incurrió en
defecto procedimental, en defecto sustantivo y en defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto al no reconocer la indemnización a favor de algunos
familiares de la víctima directa y ejercer sus poderes de saneamiento para
procurar que las pruebas necesarias fueran incorporadas al proceso.

También alegó el desconocimiento del principio de reparación integral y la
concreción de defecto sustantivo ante el desconocimiento del artículo 16 de la
Ley 446 de 1998 y en defecto fáctico por omisión en la valoración de las
pruebas que eran relevantes para reconocer los perjuicios pretendidos en la
demanda.

3.3. Respecto de la sentencia de segunda instancia, la parte actora alegó la
concreción del defecto de violación directa a la Constitución ante el
desconocimiento del preámbulo y de los artículos 1, 2, 90, 11, 12, 17, 18, 19,
20, 21, 28, 34, 44, 73, 217, 218 y 223 del texto constitucional, porque el tribunal
accionado soslayó que el Ministerio de Defensa incurrió en falla en el servicio
al omitir adoptar las medidas necesarias para evitar el Holocausto del Palacio
de Justicia, en el que falleció la señora Nury Esther Gutiérrez de Piñeres de la
Rosa. Agregó que esa entidad incumplió sus obligaciones legales y
constitucionales, evidenciando la negligencia e inercia de un Estado que ha
incumplido su deber con las víctimas indirectas de la toma y retoma del Palacio
de Justicia y les sigue ocasionando perjuicios inmateriales.

Solicitó que, en garantía de su derecho a la igualdad, se tenga en cuenta que
en varias decisiones del Consejo de Estado se ha reconocido la indemnización
a favor de las víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia, por lo que
al desconocer este precedente soslaya hechos que ya fueron reconocidos por
el tribunal de cierre y que tienen identidad fáctica que permite su extensión
para resolver el caso particular. En concreto, mencionó la sentencia de 7 de
noviembre de 2025, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, radicación 25000232600020120053702 (61919). Dijo que en
esa oportunidad el alto tribunal reconoció a las víctimas indirectas la suma de

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300 SMLMV por concepto de perjuicio moral en un caso relacionado con los
hechos del 6 y 7 de noviembre en el Palacio de Justicia.

3.4. Por lo anterior, solicitó que se amparen los derechos fundamentales invocados
y que se deje sin efecto la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca y, en su lugar, se dicte una sentencia que aplique el
precedente de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y de la Corte
Interamericana de Derechos humanos.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 27 de febrero de 2026, el despacho sustanciador de primera
instancia admitió la acción de tutela presentada por Rosa Linda Gutiérrez de
Piñeres de la Rosa, Gladys Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Carlos Gutiérrez
de Piñeres de la Rosa, Ricardo Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Pedro Manuel
Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Alejandro Gutiérrez de Piñeres de la Rosa,
Alberto Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Benjamín de la Rosa Rodríguez,
Adriana Paola Gutiérrez de Piñeres Almendrales, Antonio Lozano Gutiérrez de
Piñeres y Antonio Lozano Sterling, por conducto de apoderado, contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A y el
Juzgado 58 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.

Asimismo, vinculó, en calidad de terceros con interés, a los demás sujetos
procesales del medio de control de reparación directa 11001-33-43-058-2018-
00185-00/01, así: a la Nación, Ministerio de Defensa, al Consejo Superior de la
Judicatura; al Ministerio Público y a las personas que conformaron la parte
activa de la demanda y que no figuran como accionantes: Gladys Esther de la
Rosa de Piñeres, Angélica María Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Omar
Enrique de la Rosa Rodríguez, Carlos Horacio de la Rosa Rodríguez, Maibryth
Alexandra Estarita de Piñeres, Mercedes Susana Estarita Gutiérrez de
Piñeres, Juliet Alexandra Gutiérrez de Piñeres Jiménez, Liseth Soledad
Lozano Gutiérrez de Piñeres, José Fernando Lozano Gutiérrez de Piñeres,
Andrés Felipe Gutiérrez de Piñeres Almendrales, Ivonne del Carmen Franco
de la Rosa, Carmen Rosa Franco de la Rosa, Jorge Enrique Franco de la Rosa
y Edgardo Enrique Estarita Rodgers.

Finalmente, reconoció a William Flórez Noriega como apoderado de los
accionantes, a excepción de los señores Adriana Paola Gutiérrez de Piñeres
Almendrales, Antonio Lozano Gutiérrez de Piñeres y Gladys Gutiérrez de
Piñeres de la Rosa, respecto de quienes solicitó que se aportara poder que lo
faculte para actuar en su nombre.

4.2. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, por conducto de
abogada adscrita a la Unidad de Asistencia Legal, solicitó que se niegue la
acción de tutela porque considera que las autoridades acusadas no incurrieron
en los errores alegados, sino que sus providencias están debidamente
fundamentadas y amparadas en los principios de autonomía e independencia
judicial.

Con todo, solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por activa
de esa entidad, dado que no tuvo participación en los hechos de la tutela ni
tiene competencia para satisfacer sus pretensiones.

4.3. El procurador delegado de Intervención 9° (Cuarto ante el Consejo de Estado)
solicitó que se le desvincule de la presente acción de tutela porque no tiene
legitimación en la causa por pasiva frente a la causa principal de la acción.
Precisó que al Ministerio Público le asiste la posibilidad de intervenir

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discrecionalmente en los procesos que sean de interés, pero que no tiene una
legitimación general como parte del proceso ni como tercero.

4.4. El abogado de la parte accionante adjuntó los poderes suscritos por Rosa
Linda Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Benjamín de la Rosa Rodríguez,
Alberto Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Alejandro Gutiérrez de Piñeres de la
Rosa, Carlos José Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Pedro Manuel Gutiérrez
de Pineres de la Rosa, Ricardo Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, Antonio
Lozano Sterling, Adriana Paola Gutiérrez de Piñeres Almendrales, José
Fernando Lozano Gutiérrez de Pineres y Gladys Gutiérrez de Piñeres de la
Rosa.

4.5. El Juzgado 58 Administrativo de Bogotá relacionó el enlace digital para
acceder al expediente del medio de control de reparación directa sub examine
e informó que notificó a los demandantes del proceso a través de mensaje de
datos remitido a quien fungió como su apoderado en el trámite judicial.

4.6. La Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, por conducto de la ponente de la providencia acusada, solicitó
que se declare la improcedencia de la acción de tutela porque no satisface el
presupuesto general de relevancia constitucional, dado que se toma el
mecanismo constitucional como una tercera instancia para exponer los
desacuerdos con una decisión que no fue favorable a las pretensiones de la
parte demandante.

También advirtió que la mayor parte del escrito de tutela se dirige a cuestionar
la sentencia ordinaria de primera instancia respecto del reconocimiento y
tasación de los perjuicios, los cuales carecen de objeto y de relevancia
constitucional porque se trata de una determinación revocada en segunda
instancia.

Respecto de los reproches elevados contra la sentencia emitida por ese
tribunal destacó que insiste en los argumentos defendidos en el proceso
ordinario y que ya fueron estudiados en cada una de las instancias. En todo
caso, destacó que la parte actora no asumió una postura clara para indicar si
el daño consistía en la indebida identificación de los restos, la muerte o la
desaparición forzada de la víctima.

En esa línea destacó que, a pesar de que el juez de primera instancia limitó la
litis al daño relativo a la muerte de la señora Nury Esther, el tribunal lo amplió
a la indebida identificación de los restos con el propósito de asegurar un
análisis integral de los planteamientos de la parte actora.

Establecido lo anterior, advirtió que, aunque se evidenciaron irregularidades
en la identificación de los restos mortales de la víctima directa, aquellas no
eran atribuibles a la única entidad demandada, Ministerio de Defensa, sino al
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Por lo que,
consideró que no se acreditó el presupuesto de imputación.

Así, explicó que el análisis inicial de la caducidad se centró en los hechos de
homicidio y desaparición forzada, respecto de los que indicó que el término
para ejercer el medio de control de reparación directa debía iniciar desde el
conocimiento oficial del fallecimiento de la víctima, hecho acreditado con el
registro civil de defunción y otros documentos que establecieron la muerte en
los hechos ocurridos en el palacio de justicia. Esta determinación impedía que
se analizaran las circunstancias que generaron los daños alegados, es decir,
la omisión de vigilancia estatal en el Palacio de Justicia.

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Demandante: Rosa Linda Gutiérrez de Piñeres de la Rosa y otros

De acuerdo con lo anterior, adujo que «la ausencia de un pronunciamiento sobre
la supuesta falla en la vigilancia del Palacio de Justicia no obedece a una omisión
judicial ni a un desconocimiento de los argumentos de la parte actora, sino a la
aplicación estricta de las reglas procesales relativas a la caducidad del medio de
control, que impedían efectuar un análisis de fondo sobre los daños asociados a la
muerte o desaparición de la víctima».

4.7. El despacho sustanciador del proceso en la primera instancia presentó
proyecto de decisión ante la Subsección A de la Sección Tercera, pero no
alcanzó la mayoría necesaria. Por lo tanto, el 24 de marzo de 2026, se sorteó
conjuez y quedó designado el consejero Fredy Ibarra para conformar la
mayoría de la Sala.

5. Providencia impugnada

En sentencia del 13 de abril de 2026, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró la improcedencia del amparo frente a Gladys Gutiérrez
de Piñeres de la Rosa y Antonio Lozano Gutiérrez de Piñeres, debido a que no se
acreditó contrato de mandato a favor del profesional del derecho que interpone la
solicitud de amparo para representarlos en este proceso constitucional.

Adicional a lo anterior, accedió al amparo de los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de los demás accionantes y, en consecuencia,
dejó sin efectos la sentencia del 9 de octubre de 2025, proferida por la Subsección
A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca dentro del
radicado 11001-33-43-058-2018-00185-01. Por ello, ordenó a esa autoridad judicial
que, en el término de 20 días desde la notificación del fallo de tutela, emitiera una
decisión de reemplazo en la que aplicara « (i) la sentencia del 14 de noviembre de 2014
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Rodríguez Vera y otros vs.
Colombia; (ii) la sentencia del 13 de septiembre de 2024, proferida por la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del radicado 25000-23-36-000-2018-
00254-01; y (iii) la Sentencia SU-439 de 2024.»

En la parte considerativa del fallo de tutela, se evidencia que el tribunal en la
delimitación del estudio del caso particular descartó los cargos expuestos contra la
sentencia ordinaria de primera instancia, debido a que fue revocada por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca. En esa medida, consideró que el problema
jurídico a resolver se concentraba en establecer si el tribunal accionado incurrió en
desconocimiento del precedente constitucional, contencioso e interamericano al
declarar la caducidad de la acción y negar las pretensiones de la demanda, sin
atender la jurisprudencia aplicable a casos de personas desaparecidas en los
hechos del Palacio de Justicia cuyos restos no han sido identificados.

Conviene precisar que, en el análisis del presupuesto de relevancia constitucional,
el juez de tutela de primera instancia recondujo el defecto invocado por el actor,
pues, aunque se formuló, de manera general como desconocimiento del
precedente, del escrito de tutela era posible inferir que el reproche constitucional se
dirigía contra la declaratoria de caducidad y negativa de reparación integral en un
asunto relacionado con graves violaciones de los derechos humanos. Por ello, en
aplicación del principio iura novit curia, entendió que se debía analizar si la autoridad
judicial accionada omitió aplicar un enfoque reforzado y contextual sobre
desaparición de personas, identificación de restos y acceso efectivo a la justicia de
las víctimas del Palacio de Justicia.

El a quo hizo un recuento de la jurisprudencia constitucional y contenciosa sobre la
caducidad de la acción en el medio de control de reparación directa en casos de
graves violaciones a los derechos humanos, así como del fallo de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rodríguez Vera vs. Colombia.
Luego, descendió al caso concreto para concluir que el tribunal accionado incurrió
8

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en desconocimiento del precedente judicial porque no tomó en consideración la
anunciada providencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que
no solo se analizó la manera en la que fueron tratados los restos mortales de las
víctimas directas, sino la situación de las personas desaparecidas (aunque no de
manera forzada).

Recordó que, en el fallo, la Corte IDH estudió las situaciones de las personas que
fallecieron en la toma y retoma del Palacio de Justicia y cuyos restos fueron
inhumados en el cementerio del sur de la ciudad de Bogotá, respecto de los cuales
las labores de identificación iniciaron varias décadas después de ocurridos los
hechos.

Así, indicó que el defecto se concretó porque el tribunal accionado se limitó a
estudiar el caso a la luz de la figura de la desaparición forzada, pero no lo abordó
como un asunto de persona desaparecida según los lineamientos de la sentencia
de la Corte IDH. En línea, con lo anterior, recordó que, según la Corte Constitucional
y el tribunal regional, «el conocimiento de los familiares de que una persona
desaparecida falleció no afecta su condición jurídica de desaparecida».

El a quo también consideró que se desconoció el precedente contencioso
administrativo. En particular, la sentencia del 14 de septiembre de 2024, proferida
por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, posteriormente
reiterado en la sentencia del 7 de noviembre de 2025 por la Subsección C, respecto
de los hechos de personas que fallecieron en los eventos del 6 y 7 de noviembre de
1985, en las que se indicó que en estos casos el término de caducidad inicia desde
que, de manera científica, se identifican los restos humanos de una persona.

La decisión registró salvamento de voto, porque se consideró que la acción de tutela
no acreditó el presupuesto general de relevancia constitucional. Dijo que este
requisito no depende exclusivamente de la importancia del asunto tratado sino de
la robustez de la argumentación expuesta contra una providencia judicial. En
específico, consideró que el cargo por desconocimiento del precedente no estuvo
bien fundamentado porque reprocha el reconocimiento y tasación de los perjuicios
en primera instancia. Respecto de la segunda instancia solo mencionó las
sentencias cuya aplicación invoca pero no justificó las reglas jurisprudenciales
supuestamente desatendidas por el tribunal accionado.

6. Impugnación

La magistrada ponente de la sentencia acusada impugnó el fallo de tutela de
primera instancia.

Como fundamento de la impugnación, argumentó que la acción de tutela debió
declararse improcedente porque la parte actora no cumplió con la carga
argumentativa mínima exigida contra providencias judiciales. En particular, advirtió
que el escrito de tutela se dirigió principalmente contra la sentencia del Juzgado 58
Administrativo de Bogotá ya revocada, y no contra la decisión vigente del tribunal
que integra.

Según la impugnante, la tutela no explicó de manera clara y concreta cuál fue el
defecto constitucional de la sentencia del tribunal, ni atacó de manera directa los
argumentos en que se sustentó la caducidad, la delimitación del daño y la falta de
acreditación del nexo causal respecto de la indebida identificación de los restos. Por
ello, considera que el juez de tutela no podía reconstruir oficiosamente el cargo ni
convertir una inconformidad general con la decisión ordinaria en un debate
constitucional de fondo, pues tal actuación desnaturaliza la tutela y la transforma en
una tercera instancia.

9

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Sostiene que la tutela también era improcedente porque el actor no cumplió la carga
mínima para alegar desconocimiento del precedente. Expuso que no basta con
mencionar decisiones sobre el Palacio de Justicia o de graves violaciones a los
derechos humanos; sino que la parte actora debía identificar la regla jurisprudencial
aplicable, demostrar la similitud fáctica y jurídica con el caso concreto y explicar
cómo el tribunal se apartó injustificadamente de ella.

De acuerdo con lo anterior, insistió en que no es admisible que el a quo
reconstruyera de oficio el cargo y supliera la deficiencia argumentativa del escrito
de tutela. Además, reprochó que el juez de tutela no valoró de fondo los argumentos
expuestos por el tribunal en la contestación, especialmente sobre la falta de claridad
de la tutela y la ausencia de justificación suficiente del supuesto desconocimiento
del precedente judicial.

De otro lado indicó que la providencia acusada no desconoció la sentencia de la
Corte IDH en el caso Rodríguez Vera vs. Colombia, porque el asunto de Nury Esther
Gutiérrez no era equiparable a los casos de personas que salieron con vida del
Palacio de Justicia y luego desaparecieron bajo la custodia del Estado. Según la
impugnante, en este caso existían elementos objetivos que acreditaban el
fallecimiento de la víctima directa: certificación temprana del fallecimiento,
necropsia, registro civil de defunción, restos a ella atribuidos y una sentencia previa
de reparación por el daño de su muerte.

También afirmó que la falta de confirmación genética en 2017 no equivale a
desaparición forzada ni mantiene abierta indefinidamente la caducidad, pues
Medicina Legal no descartó que los restos correspondieran a la víctima, sino que
indicó que no fue posible obtener un perfil genético concluyente por la degradación
del ADN, la carbonización y el paso del tiempo. Por eso, estima que el tribunal
distinguió razonablemente entre muerte, desaparición forzada e indebida
identificación de restos, y decidió conforme al daño alegado y probado en el proceso
ordinario.

En la impugnación se afirmó que no se concretó el desconocimiento del precedente
del Consejo de Estado, porque el caso citado en la tutela tenía supuestos distintos:
allí hubo identificación errónea, falta de entrega del cadáver, fosa común y posterior
restitución de restos. Expuso que, en el caso concreto, existían elementos previos
sobre la muerte de la víctima y, además, Medicina Legal no descartó la identidad de
los restos, sino que no pudo confirmarla por degradación del ADN.

Agregó que tampoco se desconoció el precedente de la Corte Constitucional porque
en el caso particular no se acreditaron barreras que impidieran demandar
oportunamente, tanto así que el núcleo familiar de la señora Nury Esther acudió a
la jurisdicción contenciosa y obtuvo sentencia favorable en 1995 por su
fallecimiento.

En conclusión, solicitó que se revoque el fallo de tutela porque la parte actora no
formuló con suficiencia argumentativa los cargos contra la sentencia acusada y no
justificó el supuesto desconocimiento del precedente. De manera subsidiaria, pidió
que se niegue el amparo, dado que el tribunal distinguió razonablemente los daños
alegados, aplicó la caducidad frente a la muerte y la desaparición forzada y negó la
indebida identificación por falta del nexo causal.

7. Oposición a la impugnación

El apoderado de los accionantes presentó escrito de oposición a la impugnación y
solicitó que el fallo de tutela del 13 de abril de 2026 sea confirmado.

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Argumentó que el juez de tutela está facultado para revisar integralmente los hechos
y precisar los cargos constitucionales, de acuerdo con lo indicado en las sentencias
SU-484 de 2008 y T-310 de 1995.

De otro lado, indicó que en el caso particular no operó la caducidad de la acción
porque los hechos del Palacio de Justicia fueron catalogados como delitos de lesa
humanidad y porque persiste la incertidumbre sobre la identificación de los restos
de Nury Esther.

Además, reiteró que las decisiones cuestionadas vulneraron el derecho
fundamental de los accionantes al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia al aplicar en forma restrictiva el artículo 164 del CPACA y desconocer
precedentes nacionales e internacionales sobre la desaparición de personas.

De acuerdo con lo anterior, presentó las siguientes pretensiones:
«Con fundamento en lo expuesto solicito que se nieguen las pretensiones de la impugnación
presentada por la Ilustre Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en contra del fallo del 13 de abril de 2026 dictado por la egregia Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, en el asunto referenciado, y en su lugar se confirme el l fallo
del 13 de abril de 2026 dictado por la egregia Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado.»

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no

2
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los particulares en los casos que señala este Decreto».
3
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
4
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
5
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

A partir de los argumentos expuestos en la impugnación, la Sala analizará, en primer
lugar, si el juez de tutela de primera instancia acertó al encontrar satisfecho el
requisito de relevancia constitucional, pues, según la magistrada impugnante, el
escrito de tutela carecía de carga argumentativa suficiente para discutir una
providencia judicial.

De otro lado, debe estudiarse si están dados los presupuestos para declarar que la
Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca
incurrió en desconocimiento del precedente judicial por soslayar la aplicación del
precedente constitucional, contencioso e interamericano al resolver la segunda
instancia del proceso de reparación directa sub examine.

4. Análisis sobre el cumplimiento del presupuesto general de relevancia
constitucional

La impugnante sostuvo que el a quo erró al declarar superado este requisito porque
desbordó la competencia del juez de tutela al suplir de oficio la carente carga
argumentativa del escrito de tutela para construir y fundamentar el defecto de
desconocimiento del precedente judicial. Enfatizó en que los accionantes hicieron
una mención general a la sentencia del caso Rodríguez Vera vs. Colombia y a una
sentencia de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que no
era exigible en el caso particular porque fue emitida con posterioridad a la sentencia
judicial acusada. Por lo que insistió en la falta de relevancia del caso particular y en
la inviabilidad de que sea el juez de tutela quien construya el cargo que se resolverá
en la sentencia.

Al respecto, esta Sala considera que la gestión del juez a quo para ajustar el cargo
de la acción de tutela conforme al escenario fáctico e inconformidades expuestas
en la solicitud de amparo, se ajusta al precedente de la Corte Constitucional sobre
la aplicación del principio de iura novit curia en eventos que, por sus especiales
características, exigen un rol activo del juez constitucional en la conducción del
proceso.

Así, por ejemplo, en las sentencias T-146 de 2010 y T-577 de 2017, la Corte
Constitucional indicó que el principio mencionado es una de las columnas
vertebrales de la acción de tutela y que en virtud de éste el juez tiene la facultad de
aplicar las disposiciones jurídicas pertinentes en una causa, aunque las partes no
las invoquen expresamente. Respecto de la aplicación de este principio en casos
particulares, en estas providencias se indicó:
«Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en consideración que “la jurisprudencia constitucional ha
sido sensible en la aplicación de este principio a las condiciones materiales del caso. Así, por
ejemplo, se asume y demanda del juez una actitud más oficiosa y activa en aquellos casos en los
que la tutela la invoca un sujeto de especial protección constitucional o una persona que, por sus
particulares circunstancias, ve limitado sus derechos de defensa. De igual forma, el juez no puede
desempeñar el mismo papel si el proceso, por el contrario, es adelantado por alguien que sí cuenta
con todas las posibilidades y los medios para acceder a una buena defensa judicial.”6

6
«Sentencias T-146 de 2010, M.P. María Victoria Calle Correa, fundamento jurídico N° 9.2; y T-195 de 2017. M.P. (e) José
Antonio Cepeda Amarís, fundamento jurídico N° 9.1.4.»

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De igual manera, y tratándose de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la Corte ha precisado que “los accionantes deben asumir una carga
argumentativa mínima, pues, aunque la tutela no es una acción de naturaleza formal o técnica, el respeto por
la autonomía e independencia de los jueces sí exige que el interesado brinde suficientes razones para la
creación de un problema de constitucionalidad. Cumplida la exigencia de construir una discusión relevante
desde el punto de vista de los derechos fundamentales, el juez de tutela cuenta con la posibilidad de aplicar los
principios iura novit curia, y fallar ultra o extra petita, como se explicó en la decisión de unificación SU-195 de
2012.”» (Subraya la Sala)

En el caso concreto se estima razonable la decisión del a quo de reconducir el
problema jurídico objeto de análisis en la sentencia de tutela a partir del escenario
fáctico y de los argumentos expuestos por los accionantes, considerando su
condición de sujetos de especial protección constitucional, como víctimas del
conflicto armado interno y el posible compromiso de su derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia.

Conviene en este punto precisar que las víctimas indirectas del Holocausto del
Palacio de justicia son sujetos de especial protección constitucional porque son
víctimas de graves violaciones de los derechos humanos y por lo tanto titulares
autónomos de los derechos a la verdad, justicia y reparación integral. De manera
que existe un deber reforzado del Estado de garantizar su acceso efectivo a la
administración de justicia frente a los daños que padecieron.

Frente a la calidad de sujetos de especial protección constitucional de las víctimas
de graves violaciones a los derechos humanos se ha pronunciado la Corte
Constitucional en la sentencias T-488 de 20177, T-083 de 20188 y T-446 de 20239,
reiterada en la T-025 de 2026.

Entonces, en el caso particular se evidencia que en la acción de tutela se identificó
el cargo por desconocimiento del precedente judicial y se invocaron las sentencias
cuya aplicación se pretendía a efectos de resolver el caso particular. Respecto de
la sentencia del 7 de noviembre de 2025, proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, aunque no se desplegó una argumentación
robusta tendiente a explicar los presupuestos para la materialización del cargo, si
se evidencia que el actor relacionó algunos párrafos de la providencia y reprochó
que se hubiera declarado la caducidad en el caso de Nury Esther10.

En el escrito de tutela también se hizo referencia al caso Rodríguez Vera y otros vs.
Colombia en relación con los tipos de desapariciones que se desarrollaron en el

7
«En vista de que en este caso la accionante y sus agenciados son víctimas del conflicto armado (en su mayoría menores
de edad), para la Sala es claro que se trata de sujetos de especial protección constitucional que se han visto involucrados
en un contexto de violencia, lo cual evidencia una situación de alta vulnerabilidad que hace necesaria la intervención del
juez constitucional.»
8
«Además, (iii) cuando la acción de tutela es promovida por personas que requieren especial protección constitucional,
como los niños y niñas, las mujeres cabeza de familia, las víctimas del conflicto armado, las personas en condición
de discapacidad, las personas de la tercera edad, entre otros, el examen de procedencia de la acción de tutela es menos
estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos»
9
«En la jurisprudencia constitucional se ha establecido que las víctimas del conflicto armado interno han estado expuestas
a un contexto de violencia, por tanto, se encuentran en una situación de vulnerabilidad y son sujetos de especial protección
constitucional»
10
Página 26 del escrito de tutela: «Con fundamento en las mentadas violaciones, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, en la sentencia de Segunda Instancia declaró la caducidad de la pretensión por la muerte de Nury Esther
Gutiérrez de Piñeres de la Rosa, al considerar que “para la fecha en que se presentó la presente acción de reparación
directa —2 de mayo de 2018— ya había transcurrido el término de caducidad previsto en el artículo 164 del CPACA o del
134 del CCA, esto es, más de dos años contados desde el conocimiento del daño y las fallas en que incurrió la
administración al no brindar seguridad lo que ocasionó que en el enfrentamiento entre la fuerza pública y el grupo
subversivo resultara sin vida la señora Nury Esther Gutiérrez de Piñeres de la Rosa. Sobre esta materia el fallo reciente
de la Sección Tercera del Consejo de Estado de fecha 7 de noviembre de 2025 Radicación: 25000232600020120053702
(61919). Demandante: TERESA DEL SOCORRO ISAZA DE ECHEVERRY Y OTROS. Demandado: NACION-
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, en un medio de reparación directa similar al que nos ocupa, condenó a la Nación-
Ministerio de Defensa- por los hechos del Holocausto del Palacio de Justicia, presentado por los accionantes de la acción
de tutela referenciada, que sostiene que “Para la Sala, las muertes y desaparecimientos ocurridos durante los fatídicos
hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia y, en el caso en concreto, la del señor Echeverry Correa,
son constitutivas de un delito de lesa humanidad conforme se dispuso por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
en el caso Rodríguez Vera vs. Colombia, de manera que, contrario a lo estimado por el a quo, el ejercicio del derecho de
acción, respecto de la muerte del servidor judicial de que trata este expediente no había caducado.” (ver último párrafo
de la página 13 que termina en la página 14 de la sentencia de segunda instancia de la Sección Tercera del Consejo de
Estado Radicación: 25000232600020120053702 (61919)».

13

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Holocausto del Palacio de Justicia y con la tesis de que la desaparición de los restos
por la negligencia en el levantamiento, limpieza, embalaje, identificación y entrega
de los cuerpos constituye un trato degradante que materializa una falla en el servicio
atribuible a los agentes del Estado.

Así las cosas, se insiste, la gestión del a quo con miras a reconducir el problema
jurídico ante las falencias argumentativas de la acción de tutela está respaldada en
el precedente de la Corte Constitucional y en el contenido del escrito de tutela, por
lo que esta Sala considera razonable la decisión de declarar que el caso particular
supera el presupuesto de relevancia constitucional.

Establecido lo anterior, la Sala pasará a estudiar los cargos expuestos por la
magistrada impugnante frente a las consideraciones del a quo para declarar
próspero el defecto por desconocimiento del precedente judicial.

5. Desconocimiento del precedente judicial: análisis de los cargos de la
impugnación

5.1. En el escrito de impugnación también se reprochó que la sentencia ordinaria
de segunda instancia no desconoció la sentencia de la Corte IDH en el caso
Rodríguez Vera vs. Colombia, porque el asunto de Nury Esther Gutiérrez no
era equiparable a los casos de personas que salieron con vida del Palacio de
Justicia y luego desaparecieron bajo la custodia del Estado, comoquiera que
en el expediente existían elementos objetivos que acreditaban su fallecimiento,
como la certificación sobre su muerte, necropsia, registro civil de defunción,
restos mortales a ella atribuidos y una sentencia previa de reparación por su
muerte.

Al respecto se precisa que, en el fallo de tutela el a quo indicó que el caso
concreto no se trataba de una desaparición forzada dado que la situación de
la víctima directa no se acompasaba con la de las personas que salieron con
vida del Palacio de Justicia y luego desaparecieron bajo la custodia del Estado,
aspecto coincidente con lo indicado por la impugnante; sin embargo, el a quo
precisó que el caso analizado hace parte de aquella categoría, explicada en el
caso Rodríguez Vera vs. Colombia, en la que se encuentran las personas que
fallecieron en la toma y retoma del Palacio de Justicia, pero respecto de
quienes no se ha logrado la debida identificación de los restos, situación que,
a su juicio, también se cataloga como desaparición de personas, aunque no
de manera forzada, si de manera involuntaria.

Así, en la sentencia de tutela lo que precisamente se reprocha es que el
tribunal accionado limitara el análisis del caso ordinario a la categoría de
desaparición forzada, cuando en el caso Rodríguez Vera vs. Colombia, se
estableció la existencia de diferentes categorías de personas desaparecidas
en los hechos del Holocausto del Palacio de Justicia. En específico, las
personas desaparecidas involuntariamente en contextos de conflicto armado
o de desastres naturales, cuyo paradero se desconoce, pero respecto de
quienes no hay pruebas de que los agentes del Estado los hayan privado de
su libertad o hayan ocultado deliberadamente su paradero.

La Sala observa que esta conclusión se acompasa con el contenido de la
mencionada sentencia de la Corte IDH, en la que, a ese respecto, se indicó:
«226. Al respecto, la Corte recuerda que la desaparición de una persona, porque no se conoce
su paradero, no es lo mismo que una desaparición forzada. La desaparición forzada de
personas es una violación de derechos humanos constituida por tres elementos concurrentes:
a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de agentes estatales o la aquiescencia
de éstos, y c) la negativa de reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la
persona interesada. En el presente caso, no hay controversia en que las presuntas víctimas
desaparecidas se encontraban en el Palacio de Justicia y, exceptuando a Ana Rosa
14

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Castiblanco Torres, tras la toma y la retoma del mismo se desconoce su paradero hasta el
día de hoy, por lo que se encuentran desaparecidas, en el sentido general del término.
Corresponde a esta Corte determinar si esta desaparición física de las presuntas víctimas, se
debe además a una desaparición forzada, en tanto habrían salido vivos del Palacio de Justicia,
en custodia de agentes estatales, que niegan su detención hasta la presente fecha y luego de
lo cual se desconoce su destino.
(…) 326. Por otra parte, respecto a Ana Rosa Castiblanco Torres y Norma Constanza
Esguerra Forero, la Corte resalta que por dieciséis años se desconoció el paradero de la
señora Castiblanco Torres, cuyo cuerpo fue encontrado en la fosa común del Cementerio del
Sur (supra párr. 133), mientras que hasta el momento de la emisión de esta Sentencia se
desconoce el paradero de la señora Esguerra Forero, a pesar de que desde 1986 se conoce
la posibilidad de que sus restos hayan sido entregados erróneamente a los familiares de un
Magistrado fallecido en los hechos (supra párr. 307). La Corte ha establecido que el derecho
de los familiares de las víctimas de conocer donde se encuentran los restos de sus seres
queridos constituye, además de una exigencia del derecho a conocer la verdad, una medida
de reparación y, por lo tanto, hace nacer el deber correlativo para el Estado de satisfacer estas
justas expectativas. Recibir los cuerpos de las personas que fallecieron en los hechos era de
suma importancia para sus familiares, así como permitir sepultarlos de acuerdo a sus
creencias y cerrar el proceso de duelo que vivieron con los hechos.
327. Este Tribunal considera que la forma en que se trataron los cuerpos de las personas
fallecidas, la inhumación en fosas comunes sin respetar parámetros mínimos que facilitaran
la posterior identificación de los cuerpos, así como la falta de entrega de los cuerpos a los
familiares puede constituir un trato denigrante, en perjuicio de la persona fallecida, así como
de sus familiares. En este sentido, la falta de determinación del paradero de la señora
Castiblanco Torres dieciséis años y de la señora Esguerra Forero hasta la actualidad, implica
una violación del deber de garantizar su derecho a la vida, reconocidos en el artículo 4 de la
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma. La evaluación acerca de
la obligación de garantizar dicho derecho por la vía de una investigación efectiva se realiza en
el capítulo XI de esta Sentencia, mientras que la alegada violación del derecho a la integridad
personal de los familiares de estas víctimas se analiza en el capítulo XIII infra.
(…) 478. En el presente caso once víctimas aún se encuentran desaparecidas, en el sentido
de que se desconoce su destino o paradero. Como se mencionó previamente, aún bajo la
hipótesis de la muerte de esas personas, el Estado tenía y tiene la obligación de adoptar todas
las medidas que sean pertinentes para esclarecer y determinar su paradero. La Corte advierte
que esta obligación es independiente de que la desaparición de la persona sea consecuencia
del ilícito de desaparición forzada propiamente o de otras circunstancias tales como su muerte
en el operativo de retoma del Palacio de Justicia, errores en la entrega de los restos u otras
razones». (Subraya la Sala)

Así las cosas, frente al cargo de la impugnación se advierte que el fallo de
tutela de primera instancia no discutió que el tribunal descartara el hecho
victimizante de desaparición forzada en el caso particular, por el contrario
validó la conclusión; pero reprochó que se limitara a este concepto y no
analizara el daño alegado a partir de las demás categorías desarrolladas en la
sentencia de la Corte IDH, en la que se indicó que en estos eventos se
concreta una desaparición que constituye un trato denigrante debido a que las
víctimas indirectas tienen derecho a conocer donde se encuentran los restos
de sus seres queridos y al Estado le asiste el deber de satisfacer estas
expectativas.

Se relaciona el aparte pertinente del fallo de tutela:
«83. En conclusión, a juicio de esta Sala, el Tribunal acertó al concluir que no se había
producido una desaparición forzada, tal como lo había indicado la demanda de reparación
directa, empero, esa no era la única forma de examinar la situación de la Señora Nury Ester
Gutiérrez de Piñeres, de quien se sabe perdió la vida en la toma y retoma del palacio de
justicia, pero se desconoce el paradero de sus restos óseos (…).
84. Por la particular situación de aquellos hechos, no resulta procedente que, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca estudiara la situación de la señora Nury Esther únicamente
desde la perspectiva de la desaparición forzada de personas, la cual, es solo una forma de
desaparición, pues tal como lo indicó la Corte IDH aquel día se produjeron otras formas de
desapariciones, concretamente de restos humanos de personas que se presumen, murieron
en el incendió o los combates de aquel día, como el caso de Ana Rosa Castiblanco Torres o

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Norma Constanza Esguerra Forero, quienes no fueron desaparecidas forzadamente, pero se
desconoce su paradero.
85. En esa medida, esta Sala, en su condición de juez de tutela, echa de menos que el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca no haya tenido en cuenta la sentencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos del caso Rodríguez Vera vs. Colombia de 14 de
noviembre de 2014, en la que no solo abordó la manera en la que fueron tratados los restos
humanos de las víctimas mortales, sino, particularmente, la situación de desaparecidos (no
forzosamente), de aquellas personas que fallecieron aquel día y cuyos restos humanos fueron
inhumados en el cementerio del sur de la ciudad de Bogotá, y que, en todo caso, las labores
de investigación para su adecuada identificación iniciaron pasadas varias décadas de los
trágicos hechos. Es decir, el Tribunal se limitó a examinar la situación de Nury Esther Gutiérrez
de Piñeres desde la perspectiva de la desaparición forzada, cuando era procedente, siguiendo
los parámetro (sic) fijados en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
o la sentencia de 13 de septiembre de 2024 proferida por esta Subsección A en un caso con
contornos fácticos similares, cuando, resultaba procedente examinarlo desde la perspectiva
de una persona que se encontraba desaparecida pues no se conoce, con certeza científica el
paradero de los restos óseos al no ser posible su identificación, sumado al hecho que aquellos
días posteriores al 6 y 7 de noviembre de 1985 la disposición de los cadáveres desatendió
protocolos básicos de cuidado.» (Subraya la Sala)

Ilustrado lo anterior, para esta Sección el fallo de tutela no incurrió en la
imprecisión mencionada en el escrito de impugnación, pues no se desconoció
que el caso, por sus especiales características, no se trataba de una
desaparición forzada; sino que se reprochó que no se hubiera analizado el
daño alegado a partir de una categoría más amplia de desaparición ni se
hubiera tenido en cuenta el desarrollo que dio a estos casos la Corte IDH al
catalogarlos como un trato denigrante que constituye una vulneración
permanente en el tiempo de los derechos de los que son titulares las víctimas
indirectas.

Así las cosas, esta Sala considera que la determinación del a quo sobre el
desconocimiento del precedente de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Rodríguez Vera vs. Colombia está debidamente
fundamentado. Es clara la regla que deriva del fallo interamericano en la que
se indica que la forma en que se trataron los cuerpos de las personas
fallecidas, la inhumación en fosas comunes sin respetar parámetros mínimos
que facilitaran la posterior identificación de los cuerpos, así como la falta de
entrega de los cuerpos a los familiares, entre otros, puede constituir un trato
denigrante, en perjuicio de la persona fallecida, así como de sus familiares, a
quienes les asiste el derecho de saber dónde se encuentran los restos de sus
seres queridos.

Al margen de si se concretó o no la responsabilidad del Estado, lo cierto es
que debió analizarse el término de caducidad en el marco de sus especiales
características y a la luz del precedente interamericano y contencioso que
orientaba las reglas de decisión pertinentes para resolverlo. A ese respecto,
se recuerda que en la demanda de reparación directa se indicó que la
exhumación de los restos mortales de Nury Esther Gutiérrez de Piñeres
obedeció a los errores e irregularidades en el levantamiento de los cadáveres
durante el Holocausto del Palacio de Justicia y que al momento de la
presentación de la demanda no se ha determinado que el cuerpo exhumado
corresponda al de la señora Gutiérrez de Piñeres, por lo que se alegó que el
daño se seguía causando11.

Es claro que en el presente caso se alegó la concreción de un daño de tracto
sucesivo que no debió descartarse solo porque no encajaba en el concepto de
desaparición forzada. Correspondía a la autoridad comprender el daño
alegado desde una perspectiva más amplia que se compadeciera con un

11
Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa 110013343-058-2018-00185-01. Archivo denominado
«01Demanda», páginas 117.

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enfoque constitucional y que considerara el hecho probado en el expediente
de que la víctima directa es una persona cuyos restos mortales no se han
identificado y por lo tanto no se conoce con certeza científica su paradero.

5.2. Aunque en el escrito de impugnación se argumentó que el daño alegado por
los demandantes en el proceso ordinario fue el de desaparición forzada, se
considera que tal catalogación no relevaba al tribunal de analizar activamente
la caducidad de la acción desde los hechos de la demanda, el daño realmente
invocado y la jurisprudencia pertinente. Esto porque, en casos de graves
violaciones a los derechos humanos, el juez contencioso debe evitar incurrir
en excesiva rigurosidad formal de manera que convierta la caducidad en una
barrera desproporcionada e irrazonable de acceso a la justicia, especialmente
cuando la determinación del momento de inicio del término depende del
esclarecimiento del daño, del paradero de la víctima, del conocimiento de una
posible imputación estatal o de si el daño es de ejecución instantánea o de
tracto sucesivo.

De otra parte, tampoco se desconoce que existen indicios en el caso concreto
que sugieren que la víctima directa habría fallecido durante la toma y retoma
del Palacio de Justicia; sin embargo, esa circunstancia no desvirtúa el hecho
también acreditado de que los familiares continúan soportando una
incertidumbre grave y prolongada sobre el paradero de sus restos mortales.
Dicha incertidumbre ha sido claramente alimentada por los errores históricos
en la identificación y entrega de los restos de otras víctimas, y exige ser
disipada mediante la identificación científica de los restos.

5.3. Para esta Sección, las consideraciones expuestas en el fallo de tutela de
primera instancia tampoco desconocen el término de caducidad consagrado
en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, como lo considera la impugnante.
Ello es así porque analizar el daño alegado desde una categoría más amplia
que la desaparición forzada y determinar el inicio del cómputo en función de la
naturaleza del daño, de su conocimiento y de la posibilidad razonable de
imputarlo al Estado, no equivale a desconocer la caducidad como institución
procesal.

Por el contrario, tal análisis supone armonizar la caducidad con el derecho de
acceso a la administración de justicia y con el deber del juez de examinar los
hechos alegados en la demanda a partir de su contenido sustancial, y no
únicamente de la denominación jurídica que le dio la parte actora. Asimismo,
se precisa que la causa por la cual no ha sido posible identificar los restos
mortales de la víctima directa no corresponde, en estricto sentido, al análisis
relativo al cómputo de la caducidad del medio de control, sino al estudio de
fondo sobre la eventual responsabilidad del Estado, a partir de acreditación del
daño y su imputación, por ello ese argumento expuesto en la impugnación no
es pertinente a efectos de determinar la oportunidad de la acción.

5.4. De otro lado, la magistrada impugnante sostuvo que la sentencia de la que fue
ponente no desconoció el precedente del Consejo de Estado contenido en el
fallo del 13 de septiembre de 2024, proferido por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado en el radicado interno 67165, en el que se tomó
la caducidad desde la fecha de identificación de los restos de una de las
víctimas de la toma y retoma del Palacio de Justicia.

Dijo que ese asunto tenía supuestos fácticos diferentes al caso concreto, pues
en esa providencia el daño derivó de «la errónea identificación positiva y de la
desaparición material del cadáver, pues el cuerpo fue tramitado bajo otra identidad,
reconocido por los familiares como correspondiente a René Francisco Acuña
Jiménez, no entregado y finalmente enviado a una fosa común. En cambio, en el caso

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que analizó la Sala no existe una conclusión pericial según la cual los restos
exhumados no pertenezcan a la víctima directa. Lo que informó Medicina Legal fue
que no se logró obtener un perfil genético reproducible debido a la escasa cantidad
de ADN o a su alta degradación».

Aunque es cierto que hay ciertas diferencias fácticas entre los casos objeto de
comparación, también lo es que existen similitudes jurídicamente relevantes
que hacían exigible la consideración de la sentencia invocada a efectos de
decidir sobre la caducidad de la acción. En la sentencia del 13 de septiembre
de 2024, que analizó eventos de desaparición de personas en los hechos de
la toma y retoma del Palacio de Justicia, la Subsección A de la Sección Tercera
del Consejo de Estado determinó que, tanto en los casos de desaparición
forzada como de desaparición involuntaria, la «certeza» sobre la suerte de la
víctima o la plena identificación de sus restos óseos, constituye el criterio
determinante para establecer la cesación de un daño de carácter continuado.

La regla de decisión allí establecida no se limitó a que los restos no hubieran
sido entregados a sus familiares, sino a la persistencia de la incertidumbre
sobre el destino de la víctima directa hasta tanto exista una identificación
científica y cierta de sus restos mortales. Así pues, se estima que la regla era
extensible al caso particular, en el que si bien existen indicios fuertes de que
la víctima falleció durante el Holocausto del Palacio de Justicia, los restos
entregados a sus familiares fueron posteriormente exhumados sin que fuera
posible determinar científicamente que pertenecían a ella.

En ese contexto, se advierte que en los dos casos coincidía el problema
jurídico respecto de la falta de certeza en la identificación de los restos
mortales de su familiar y, por lo tanto, sobre la cesación del daño que catalogó
como de tracto sucesivo.

Como fundamento de lo anterior, se relaciona el aparte pertinente de la
sentencia del 13 de septiembre de 2024, proferida por la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del radicado 25000-23-36-000-
2018-00254-01:

«En estas condiciones, es posible concluir que tanto en la desaparición forzada12 como en los
casos de personas dadas por desaparecidas, inclusive en los casos de desaparición
involuntaria13, la certeza sobre la suerte o el paradero de la víctima o la plena identificación de
sus restos óseos es el criterio determinante para comprobar la cesación de esos actos que
tienen las características de un daño continuado. Al respecto, la Corte IDH explicó que esta
conducta era de carácter permanente porque no cesaba “mientras no se conozca el paradero
de la persona desaparecida o se identifiquen con certeza sus restos”14. Así las cosas, la
desaparición de una persona, cualquiera sea su modalidad, es una conducta de ejecución
continuada o permanente, porque está constituida por un conjunto complejo de actos que se
prolongan en el tiempo y solo cesa cuando se conoce el paradero de la persona desaparecida

12
«Este Tribunal determinó que Carlos Horacio Urán Rojas salió con vida del Palacio de Justicia en custodia de agentes
estatales, luego de lo cual no fue liberado. Por consiguiente, la Corte considera que con ello se configuró el primer y
segundo elemento de la desaparición forzada, en el sentido de que fue privado de su libertad por parte de agentes
estatales. (…) En virtud de lo anterior, es posible concluir que el señor Carlos Horacio Urán Rojas fue desaparecido
forzadamente. Al respecto, la Corte recuerda que la naturaleza permanente de la desaparición forzada implica que la
misma permanece hasta tanto no se conozca el paradero de la persona desaparecida y se determine con certeza su
identidad. En este sentido, el 8 de noviembre de 1985 se identificaron los restos de Carlos Horacio Urán Rojas y los
mismos fueron entregados a sus familiares. A partir de este momento cesó su desaparición forzada. Sin embargo, ello no
afecta la calificación como desaparición forzada de los hechos cometidos en su perjuicio por el período que la persona
permaneció desaparecida, sin importar la duración de este. Corte Interamericana de Derechos Humanos - Caso
Rodríguez Vera y Otros (desaparecidos del Palacio de Justicia) vs Colombia. Párrafo 368. »
13
«Ley 1531 de 2012, “Por medio de la cual se crea la Acción de Declaración de Ausencia por Desaparición Forzada y otras
formas de desaparición involuntaria y sus efectos civiles”. Artículo 2. Acción de declaración de ausencia por desaparición
forzada. Créase la acción de la Declaración de Ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición
involuntaria, entendiendo esta, como la situación jurídica de las personas de quienes no se tenga noticia de su paradero
y no hubieren sido halladas vivas, ni muertas»
14
«Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Velásquez Rodríguez c. Honduras, sentencia de 29 de julio de 1988;
Caso Godínez Cruz Vs. Honduras, sentencia de 20 de enero de 1989; Caso Fairén Garbi y Solís Corrales Vs. Honduras,
sentencia del 15 de marzo de 1989; y Caso Blake Vs. Guatemala, sentencia de 2 de julio de 1996.»

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o se identifican con certeza sus restos15 pues mientras esto no ocurra, persisten los efectos
de la desaparición, esto es, la violación a los derechos de la víctima directa y de sus familiares.
Cabe destacar que aún si las víctimas indirectas son informadas del fallecimiento de la
persona desaparecida, como ocurrió en el presente caso, en el que los familiares del señor
René Francisco Acuña Jiménez lo reconocieron en el Instituto de Medicina Legal, el daño
sigue produciéndose hasta que no se hallen o identifiquen con certeza sus restos16.
Si la desaparición forzada y las otras clases de desaparición constituyen conductas de
ejecución permanente o continuada, es acertado concluir que, aún si la víctima fallece, siguen
consumándose sus efectos hasta cuando se conozca su paradero o se identifiquen con
certeza sus restos óseos.»

5.5. Finalmente, en relación con la sentencia SU-439 de 2024, la impugnante
sostuvo que los accionantes no enfrentaron barreras estructurales para
acceder a la justicia y a la verdad que justificaran un enfoque flexible y pro
víctima. Para sustentar esa afirmación, recordó que el núcleo familiar de la
víctima directa demandó oportunamente por su muerte.

Sin embargo, en el fallo de primera instancia se explicó por qué, frente al daño
específico alegado y respecto de los accionantes en particular, el a quo
consideró acreditada la existencia de barreras estructurales de acceso a la
justicia y a la verdad y los argumentos de la impugnación no logran desvirtuar
esa conclusión.

Conviene relacionar el aparte pertinente de la sentencia de tutela de primera
instancia:
«98. En el caso concreto, se presentaron barreras de acceso relevantes, puntualmente,
aquellas referenciadas por la propia Corte interamericana de derechos humanos relacionada
con la falta de actividades estatales dirigidas a la científica identificación de los restos humanos
de las personas que fueron inhumadas en el cementerio del sur de Bogotá, y que de manera
deliberada se incumplieron los protocolos para la disposición de las víctimas del holocausto.
En esa medida, la situación de las personas desaparecidas forzadamente y dadas por
desaparecidas tuvo que llegar hasta la Corte Interamericana para que iniciaran las actividades
de inhumación e identificación de los restos óseos. Esa barrera de acceso fue soslayada por
el Tribunal impugnado.»

6. Por las anteriores razones, la Sección Cuarta del Consejo de Estado
confirmará la sentencia de tutela de primera instancia adoptada por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado en tanto se
constató la acreditación del requisito de relevancia constitucional y la
pertinencia del precedente judicial invocado por el a quo para resolver el caso
particular.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. CONFIRMAR el fallo de tutela de primera instancia del 13 de abril de 2026,
proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, por las
razones expuestas en este fallo.

15
«Respecto de Ana Rosa Castiblanco Torres, la decisión del Tribunal Contencioso Administrativo resaltó que como
consecuencia de las fallas del Estado al realizar el levantamiento de cadáveres, su identificación e inhumación “fue
considerada como desaparecida y solamente después de una intensa búsqueda, [dieciséis] años después, se dio con el
paradero de sus restos mortales”. Sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de 12 de diciembre de 2007,
citada en Corte Interamericana de Derechos Humanos - Caso Rodríguez Vera y Otros (desaparecidos del Palacio de
Justicia) vs Colombia. Párrafo 218.»
16
«Corte Constitucional, sentencia SU-168 de 2023»

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2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

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