Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01477-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01477-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01477-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
20 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01477-00
Accionante: María Claudia Arias Ariza
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / IMPROCEDENCIA -Tercera
instancia.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia dentro de la acción de tutela
de la referencia.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 25 de febrero de 2026, la señora María Claudia Arias Ariza presentó acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de que se ampararan sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, tutela judicial efectiva y acceso
a la administración de justicia 2 . Considera que estos fueron vulnerados por la
autoridad accionada al proferir sentencia del 21 de agosto de 2025, al interior del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho3 promovido contra la Nación –
Ministerio de Educación Nacional -MEN- y el departamento del Cesar.
2.
El medio de control se ejerció con la pretensión de que se inaplicaran una serie
de decretos nacionales relacionados con la asignación salarial de los docentes
oficiales4 y, en consecuencia, se declarara la nulidad de los actos administrativos
que le negaron a la actora el derecho a la diferencia del incremento salarial que fue
establecido de manera desigual en los referidos actos administrativos 5. Sustentó su
demanda en que los preceptos debatidos hicieron un incremento mayor en el sueldo
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 También invocó la protección del principio de favorabilidad.
3 Radicado: 20001-33-33-005-2024-00151-01.
4 El Decreto Nacional 284 de 2024, que derogó el 887 del 2 de junio de 2023, que derogó a su vez el 449 de
2022, que a si mismo derogó el 965 de 2021 y que con posterioridad derogó el 319 de 2020.
5 Oficio sin número del 5 de marzo de 2024 y 20240312-10244-1 del 12 de marzo de ese mismo año.
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01477-00
Accionante: María Claudia Arias Ariza
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
de los docentes de menor categoría en comparación con los de una superior, para
los años 2008, 2009 y 2011; por lo que solicitó el pago de las diferencias salariales.
3.
En la providencia cuestionada, el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la
decisión adoptada el 27 de junio de 2025 por el Juzgado Quinto Administrativo de
Valledupar, que declaró negó las pretensiones de la demanda. Precisó que la
diferencia porcentual en el aumento de la asignación salarial para los dos grupos de
docentes clasificados en las categorías 3BM y 3DM es ajustada a derecho, pues el
Gobierno Nacional no está obligado a incrementar en un porcentaje igual el valor año
tras año, ya que cuenta con amplia potestad de configuración normativa para fijar la
escala salarial en tanto se limite a lo dispuesto en la Ley 4 de 1992, como lo hizo en
el caso de estudio.
4.
La parte actora sostuvo que con esta decisión judicial se incurrió en defecto
sustantivo por sustentarse en una interpretación irracional y desproporcionada de las
normas aplicables al caso concreto, particularmente el artículo 13 de la Constitución,
la Ley 4 de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 200. Se confirmó la decisión de primera
instancia bajo el argumento de que los incrementos salariales diferenciados entre los
grados 3BM y 3DM obedecieron a criterios objetivos como la formación y la
experiencia propios del escalafón docente, por lo que, ello no configuraba una
vulneración al principio de igualdad. Conclusión que desconoció que la controversia
versaba sobre un trato desigual en los incrementos porcentuales aplicados en los
años 2008 y 2009 que proyectó efectos permanentes sobre la base salarial, que no
fueron compensados en años posteriores.
5.
No se analizó si existían razones objetivas y constitucionalmente válidas para
justificar un incremento salarial dispar para categorías de docentes que, si bien se
diferencian por los requisitos a cumplir, comparten la misma fuente de regulación y
están sujetas al régimen salarial establecido en la Ley 4 de 1992. Asumir que
cualquier trato diferenciado queda automáticamente justificado por el diseño del
escalafón docente, desnaturaliza el test de igualdad establecido por la Corte
Constitucional y más específicamente, lo dispuesto en la sentencia C-1064 de 2001
que exige una justificación objetiva y suficiente para tratos diferenciados en materia
salarial.
6.
De haberse aplicado dicho precedente se hubiera concluido que los actos
administrativos que fijaron el incremento salarial debían declararse nulos por
contrariar el principio de igualdad sustancial.
7.
Expresó que de los apartes jurisprudenciales citados por ambas instancias para
resolver el litigio suscitado, era claro que los mismos respaldaban la procedencia de
las pretensiones de la demanda, pues conforme a la doctrina constitucional y
contencioso-administrativa, toda diferenciación salarial debe fundarse en criterios
objetivos y razonables tales como proporcionalidad, cantidad y calidad del trabajo
desarrollado, y no en tratamientos discriminatorios o carentes de justificación
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01477-00
Accionante: María Claudia Arias Ariza
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
sustantiva. No se articuló esa línea jurisprudencial con las particularidades del caso
concreto, pues no explica por qué resulta proporcionado, suficiente y razonable que
a pesar de que el actor se encuentra en una categoría superior del escalafón, se le
reconozca un aumento salarial inferior al otorgado a quien se ubica en un nivel más
bajo.
8.
El Tribunal afirmó que el Gobierno nacional ostentaba la competencia privativa
para establecer diferencias salariales sin tener en cuenta el grado y nivel en el
escalafón docente, en desconocimiento de que dicha facultad debe respetar los
principios de igualdad y equidad material, sin que fuera válido entrar a suponer
motivos válidos para ejercerla arbitrariamente, como lo es la presunta corrección de
brechas salariales, cuando dichos fundamentos no fueron consignados en los actos
que dispusieron los incrementos cuestionados.
9.
Defecto fáctico por indebida valoración probatoria, puesto que negó las
pretensiones de la actora aunque no se acreditó por parte del extremo pasivo que el
mayor incremento salarial otorgado a los docentes ubicados en un nivel inferior del
escalafón respondiera a razones objetivas, verificables y debidamente
fundamentadas. No se allegó prueba alguna que demostrara la existencia de motivos
válidos que justificaran dicha decisión administrativa, ante el desconocimiento de lo
dispuesto en el Decreto 1278 de 2002 sobre proporcionalidad salarial en función de
la preparación, experiencia, calidad, idoneidad y capacidad demostrada por el
educador.
10.
Lo anterior, en desconocimiento de que la Corte Suprema de Justicia, en la
sentencia del 7 de diciembre de 2022, estableció que cualquier trato diferente en
materia salarial y prestacional debe estar justificado en razones jurídicas y objetivas.
11.
Manifestó que la accionada desestimó las pretensiones de la demanda sobre la
base de una supuesta justificación relacionada con la corrección de una brecha
salarial, la cual no fue acreditada dentro del expediente, ni respaldada en los
decretos que ordenaron los incrementos cuestionados.
B. Trámite procesal y la contestación de la demanda
12.
Mediante auto de 27 de febrero de 20266, se admitió la acción de tutela, se ordenó
notificar a la autoridad judicial demandada y se vinculó al Ministerio de Educación
Nacional -MEN- y el departamento del Cesar, en calidad de terceros con interés. De
igual modo, se ordenó comunicar la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado para lo de su cargo y se requirió al Juzgado Quinto Administrativo
del Circuito de Valledupar para que remitiera copia digital del expediente con
radicado 20001-33-33-005-2024-00151-01.
6 Notificado el 5 de marzo de 2026.
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Accionante: María Claudia Arias Ariza
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
(i) Tribunal Administrativo del Cesar7
13.
Reiteró los fundamentos en que sustentó la decisión cuestionada y expresó
acogerse a los criterios que adopte el juez constitucional en el presente asunto. Pidió
tener en cuenta que los 11 Juzgados Administrativos del Circuito de Valledupar y los
seis despachos del Tribunal accionado, han mantenido una línea uniforme en la
decisión de los procesos relacionados con el incremento salarial por concepto del
escalafón docente desestimando las pretensiones de las demandas presentadas,
conforme al marco legal y constitucional vigente.
(ii) Nación – Ministerio de Educación Nacional8
14.
Manifestó que la cartera ministerial carece de legitimación en la causa por pasiva
en el presente asunto, toda vez que la tutela se dirige a cuestionar una providencia
judicial, sin que se le atribuya acción u omisión que amerite su vinculación en el
proceso. Además, consideró que el asunto carece de relevancia constitucional toda
vez que se presenta como debate procesal una controversia de naturaleza
estrictamente económica, un litigio que involucra intereses privados, situación que
excede la competencia del juez de tutela. Aunado a que no se logró probar la
vulneración de los derechos fundamentales invocados. Por lo anterior, solicitó
declarar improcedente la acción de tutela y su desvinculación del presente asunto.
II. CONSIDERACIONES
C. Cuestión Previa
15.
Esta Subsección negara la solicitud de desvinculación propuesta por el MEN, toda
vez que le asiste un interés legítimo para intervenir en el presente asunto, en la
medida que ostentó la calidad de parte demandada dentro del proceso en el cual se
profirió la providencia que se pretende dejar sin efectos.
D. Análisis del caso concreto
16. La Sala declarará improcedente la solicitud de amparo, por falta de relevancia
constitucional, en la medida en que a través de los alegatos propuestos la parte
actora pretende convertir el mecanismo de amparo constitucional en una tercera
instancia al litigio tramitado y concluido, al querer reabrir un debate ya zanjado por
el juez natural de la causa, por no estar de acuerdo con la decisión adoptada.
17. Aunque la actora invocó 2 defectos la Sala advierte que ambos están
relacionados entre sí y se refieren a un único asunto que no es otro que insistir en
el presunto trato desigual entre los docentes pertenecientes al grado 3BM en
comparación con el 3DM, último grupo al cual se les habría otorgado una base
7 Intervención contenida en 1 folio.
8 Intervención contenida en 7 folios.
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Accionante: María Claudia Arias Ariza
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
salarial más alta que al primero, sin ninguna justificación aparente, esto conforme a
los decretos nacionales que consideró ilegales.
18.
No obstante, se vislumbra que dicho asunto ya fue estudiado de manera
suficiente, motivada y razonable por el Tribunal Administrativo del Cesar en el fallo
acusado. Dicha autoridad judicial explicó que en la sentencia de primera instancia
se efectuó un análisis completo e integral sobre la vulneración del derecho a la
igualdad. Esto, debido a que allí, luego de un análisis amplio del Decreto 2277 de
1979, el Decreto 1278 de 2002 y la sentencia C-078 de 2012, se concluyó que los
criterios apropiables a cada grupo hacían admisible la diferenciación salarial.
19.
Contrario a lo manifestado por la accionante, el Tribunal accionado sí tuvo en
cuenta que acorde a lo dispuesto en los artículos 2, 3 y 12 de la Ley 4 de 1992, el
legislador previó que, en cuanto a la regulación salarial y prestacional de los
empleados públicos, le corresponde al Gobierno Nacional establecer los límites
máximos de los salarios que corresponde a los servidores, de acuerdo con su
ubicación en la estructura de los empleos y con las funciones que deban desarrollar,
y la escala y tipo de remuneración en cada cargo o categoría de cargos.
20.
Incluso precisó que acorde a lo dispuesto por la Corte Constitucional en
sentencia C-710 de 1999, la potestad de modificar anualmente el sistema salarial
de los empleados públicos otorgada al Gobierno Nacional implica que deban
aumentar los sueldos con el fin de contrarrestar el fenómeno de la inflación.
21.
Acto seguido, el Tribunal explicó que en relación con el caso concreto, debía
tenerse en cuenta que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1278 de 2002,
contentivo del estatuto de profesionalización docente, mediante el cual se instituyó
el escalafón docente como sistema de clasificación de los profesores de acuerdo
con su formación académica, experiencia, responsabilidad, desempeño y
competencias, constituido por distintos grados y niveles que los profesionales en
educación podrían ir alcanzando durante su vida laboral, con lo cual se garantizaba
la permanencia en la carrera docente con base en la idoneidad demostrada en su
labor y permitiendo asignar el correspondiente salario profesional.
22.
Acorde a este recuento normativo, pasó a analizar el caso concreto e hizo un
comparativo de la asignación salarial para las categorías de docentes 3BM y 3DM
fijada en los Decretos 4181 de 2004, 624 de 2008, 702 de 2009 y 1027 de 2011, de
lo cual resaltó que: (i) la suma fijada como asignación salarial corresponde a un
importe neto, hecho que se repite en cada uno de los decretos posteriores hasta la
actualidad, y (ii) los incrementos que se realizaron en los años subsiguientes a partir
de 2005, no fueron realizados en aumento porcentual, sino que se fijó en una suma
líquida a la que correspondería el salario cada año, como se realizó en el año 2004.
23.
Acorde a ello, concluyó que el valor fijado como asignación salarial en los años
posteriores al 2004 no dependía porcentualmente del importe pagado el año
inmediatamente anterior, pues el incremento no se calculó con un aumento
5
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porcentual sobre ese valor; sino que, se determinó en un monto líquido; es decir,
no se podía confundir el acto de fijar la asignación salarial con aumentar su valor
de manera porcentual anualmente, toda vez que en la primera se determina un
monto, y en la segunda para llegar a un valor determinado, es necesario sumar el
aumento porcentual con base en el salario anterior.
24.
En este punto, mencionó que para fijar la remuneración de los docentes se exige
que el acto promulgado por el Gobierno Nacional se ajuste a los límites establecidos
por la Ley 4 de 1992, dentro los cuales se destaca (en lo que respecta a la
modificación de las asignaciones salariales) que el valor debe aumentarse
anualmente con el propósito de contrarrestar el fenómeno inflacionario y la
imposibilidad de desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores
públicos, según fue establecido por el artículo 2° y 4°de la referida ley marco.
25.
Así, precisó el Tribunal que distaba de la posición planteada por la demandante,
según la cual, el aumento en un porcentaje desigual que se realizó para los años
2008, 2009 y 2011 afectó negativamente el valor del importe en el año siguiente,
pues este valor no es modificado porcentualmente, sino que el decreto lo fija en un
monto líquido que solo debe seguir los preceptos estipulados por la Ley 4 de 1992.
26.
Continuó explicando la autoridad judicial accionada que, en sentencia C-1064 de
2001 -precedente que en el escrito de tutela se enlista como desconocido al analizar
el caso concreto- proferida por la Corte Constitucional, sobre la naturaleza del
aumento salarial de los servidores públicos, se dispuso que este no tenía que ser
idéntico para todos ellos. Lo anterior, porque la igualdad matemática o mecánica es
contraria al principio según el cual, los iguales deben ser tratados igual y los
diferentes deben ser tratados diferente. Así, determinó que si bien es necesario
aumentar los salarios de los servidores públicos cada año con el fin de contrarrestar
el efecto de la inflación, el incremento entre unos y otros puede ser diferente
teniendo en cuenta políticas macroeconómicas y fiscales del país.
27.
Acorde a ello, precisó que pretender que los aumentos salariales no dependen
de la situación socioeconómica del país sería, por un lado, abstraerse de la realidad,
por cuanto las condiciones económicas son mutables por diferentes factores,
algunos de ellos intempestivos, y por otro, desconocer la potestad de configuración
normativa que ha sido reconocida al ejecutivo por la Constitución Nacional. Luego,
sería erróneo afirmar, conforme manifestó la señora Arias, que el Gobierno
Nacional estaba imposibilitado para fijar valores en los que se aumente la
asignación salarial porcentualmente desigual entre los diferentes escalafones y
niveles salariales de los docentes, en otras palabras, que el porcentaje de aumento
salarial debe ser igual para todos los docentes cada año, de acuerdo con lo
estipulado en el artículo 2, literal “h” de la Ley Marco 4 de 1992.
28.
A continuación, el Tribunal desestimó el cargo referente a la falta de motivación
en los actos administrativos demandados sobre la disparidad en el porcentaje de
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aumento salarial, bajo el entendido de que los decretos que establecen la escala
única nacional de salarios y el régimen prestacional de los docentes, son un acto
administrativo de carácter general, por lo que, no requieren ser justificados con el
mismo detalle que un acto particular y concreto, respecto de las modificaciones que
pueda realizar, siempre y cuando se ciña a los lineamientos de la Ley 4 de 1992,
pues la motivación se entiende implícita en la amplia facultad de configuración
normativa que fue conferida al Gobierno Nacional por el legislador para la materia.
29.
Sobre el argumento de que los actos administrativos demandados vulneraban
los principios de igualdad y de “a trabajo igual salario igual” de la población docente,
reiteró lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C-1064 de 2001 al definir
que el aumento salarial no tiene que ser idéntico para todos los servidores públicos,
pues la igualdad protegida por la Constitución no es matemática sino material.
También citó lo dicho por la Sección Primera del Consejo de Estado en sentencia
del 20 de marzo de 20259.
30.
Con todo, evidenció que la demandante ubicada en el escalafón 3BM, estaba
inconforme con el aumento del salario del grado 3DM respecto al suyo, es decir,
con un grupo que si bien se encuentra en el mismo grado no comparte el mismo
nivel salarial, pues uno se encuentra en el nivel B y el otro en el D; si bien es cierto
que el incremento de quienes se encuentran en el escalafón 3DM fue mayor a los
miembros del escalafón 3BM estos corresponden a niveles salariales diferentes y
no podría predicarse ellos la igualdad, porque no lo son acorde con la estructura de
la población docente, dejando infundado el argumento de desigualdad alegado por
la parte activa. En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.
31.
Acorde a lo expuesto, para esta Sala es evidente que el Tribunal Administrativo
del Cesar sustentó debidamente que acorde a la naturaleza propia del escalafón
docente y de la competencia legislativa otorgada al Ejecutivo, era viable conceder
aumentos salariales anuales diferenciados a grupos de docentes que no
correspondían a la misma categoría, acorde a la realidad socioeconómica del país,
sin desconocer la necesidad de ajustar los sueldos a la inflación. Se descarta que
el Tribunal demandado hubiera incurrido en defecto sustantivo por inaplicación de
lo dispuesto en la sentencia C-1064 de 2001, pues tal como acaba de exponerse,
dicho fallo sí fue aplicado al analizarse el caso concreto.
32.
Aunado a lo anterior, la parte actora no explicó y, por ende, no logró acreditar el
motivo por el cual se lesionaron los derechos fundamentales invocados con la
decisión acusada. Máxime si se tiene en cuenta que el asunto se reduce a una
situación netamente económica, ya que su fin último es obtener un aumento
retroactivo del salario, sin denotar en forma clara cómo es que esa reclamación
pecuniaria incide en la garantía de derechos.
33.
En los términos precedentes, la Sala estima que el debate propuesto en la
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Accionante: María Claudia Arias Ariza
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
demanda de tutela no se proyecta de manera directa como una afectación a algún
derecho fundamental, sino que su propósito es reabrir un debate que ya fue zanjado
por los jueces naturales de la causa.
34.
En ese orden de ideas, se declarará improcedente la solicitud de amparo.
35.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación planteada por el Ministerio de
Educación Nacional.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela de la referencia, en
atención a las consideraciones planteadas.
TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
CUARTO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR a la Corte
Constitucional el expediente para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE10
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
10 VF
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