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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01484-00

Fecha
6 de abril de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01484-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Nación - Ministerio de Educación Nacional, conforme a la motivación. SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados 12 Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01484-00 Accionante: Carlos César Benítez Silvera Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar por el señor Carlos César Benítez Silvera, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991. CUARTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01484-00

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

6 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Seis (6) de Abril de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado : 11001-03-15-000-2026-01484-001
Demandante : Carlos César Benítez Silvera
Demandado : Tribunal Administrativo del Cesar
Vinculados : Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG),
departamento del Cesar y Juzgado Tercero (3°)
Administrativo de Valledupar
Acción : Tutela
Tema : Tutela contra providencia judicial, diferencias salariales en
escalafón docente
Decisión : Sentencia de primera instancia

Procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia en la acción de tutela
incoada por Carlos César Benítez Silvera contra el Tribunal Administrativo del
Cesar, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva.

I. ANTECEDENTES

1.1 Contexto fáctico.

1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos

por el actor frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se revisará lo
relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se resolverá lo
pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2 La demanda de tutela.

2. El señor Carlos César Benítez Silvera, quien actúa a través de apoderada judicial,

interpuso el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, acceso a la administración
de justicia y tutela judicial efectiva, presuntamente vulnerados por el Tribunal
Administrativo del Cesar.

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Expediente digital disponible en Samai.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01484-00
Accionante: Carlos César Benítez Silvera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

3. Por consiguiente, solicitó dejar sin efectos la sentencia de 21 de agosto de 2025,

mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó la providencia de 23
de mayo del mismo año, en la que el Juzgado Tercero (3°) Administrativo de
Valledupar negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho promovida contra la Nación - Ministerio de Educación
Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el
departamento de Cesar (expediente 20001-33-33-003-2024-00168-01). En su
lugar, pidió que se ordene a la autoridad accionada emitir un nuevo fallo « […] con
una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta
[su] situación particular […] a la luz de los argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los
hechos debidamente probados […]».

1.3 Hechos2.

4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por

el accionante, se puede evidenciar que, el 18 de julio de 2024 instauró demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación - Ministerio de
Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y
el departamento de Cesar (expediente 20001-33-33-003-2024-00168-01),
encaminada a obtener la anulación de los oficios CES2024ER007370-
CES2024EE003547 del 26 de febrero de 2024 y 2024-EE-070301 del 5 de marzo
siguiente, a través de los cuales se le negó «[…] el derecho a la diferencia en el
incremento salarial que fue decretado de manera indiscriminada y desigual en el año 2008 para
el grado en el escalafón 3DM, con ocasión que fue realizado un incremento del 44.89%, por
medio de los Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008, proferidos por el MEN, mientras que
el incremento efectuando a la categoría del escalafón 3BM fue del 13.92% en su salario; así
como también por la diferencia de incrementos que se realizó en el año 2009 ».

5. Que, de ese asunto ordinario conoció el Juzgado Tercero (3°) Administrativo de

Valledupar que, el 23 de mayo de 2025 negó las pretensiones, al estimar que «[l]a
identidad del cargo no se erige en una asignación caprichosa de la administración, sino que ello se
encuentra directamente relacionado con las responsabilidades encargadas; Así pues, el grado de
escalafón 3BM, no se encuentra en un plano de igualdad frente al grado de escalafón 3DM, debido
a que los grados son disimiles, por lo que no se vulnera el derecho a la igualdad, pues existe un
criterio objetivo para un trato distinto».

6. Inconforme con esa decisión interpuso recurso de apelación, desatado el 21 de

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Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital en SAMAI, índice 00002.
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Accionante: Carlos César Benítez Silvera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

agosto de 2025 por el Tribunal Administrativo del Cesar, en el sentido de
confirmarla, con fundamento en que «[…] no existe discriminación al aplicar incrementos
salariales desiguales, pues si bien desempeñan las mismas funciones, bajo las mismas condiciones
y con el mismo nivel de responsabilidad, la estructura del escalafón docente clasifica por grupos a
los maestros oficiales acorde con su formación académica y prevé que estos puedan ascender en
el escalafón si cumplen con los requisitos académicos y la evaluación del periodo de prueba,
desempeño o competencias según el caso, descritos en el artículo 21 del Decreto 1278 de 2002 y
en el caso de estudio no se evidencia que la parte activa haya solicitado el ascenso de escalafón ».

7. Sobre la precedente situación, el tutelante expone que la providencia objeto de

censura incurre en (i) defecto sustantivo, comoquiera que, «realiza una interpretación
abiertamente irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y legales aplicables
al caso, particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del
Decreto Ley 1278 de 2002» ; (ii) defecto fáctico, porque, «[…] no se allegó prueba alguna
que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa
[…]»; y (iii) desconocimiento del precedente, al omitir « […] aplicar […] la sentencia C-
1064 de 2001, que exige garantizar la igualdad sustancial en la fijación de incrementos
salariales».

II. TRÁMITE PROCESAL

8. Por satisfacer los requisitos formales, esta Corporación, a través de auto de 27

de febrero de 2026, admitió la presente acción de tutela. En dicha decisión se (i)
ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Cesar; y, (ii) dispuso vincular a la
Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG) y al departamento de Cesar, en los términos del artículo 13
del Decreto 2591 de 1991.

2.1 Contestaciones de la acción.

9. 2.1.1 El Juzgado Tercero (3°) Administrativo de Valledupar3 aportó el enlace

digital para acceder al expediente ordinario con radicado 20001-33-33-003-2024-
00168-01, pero no se pronunció frente a los hechos y pretensiones expuestos por
el actor.

10. 2.1.2 El Tribunal Administrativo del Cesar4 adujo que «[…] reitera y acoge los

fundamentos de orden constitucional, legal y jurisprudencial expuestos en la providencia de fecha

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Índice 00011 de Samai.
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Índice 00012 de Samai.
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veintiuno (21) de agosto de dos mil veinticinco (2025), así como los criterios impartidos por el juez
constitucional en la decisión adoptada dentro del presente trámite».

11. Además, indicó que «[…] los once (11) despachos administrativos del circuito de Valledupar

y los seis (6) despachos del Tribunal Administrativo han mantenido una línea uniforme en la decisión
de los procesos relacionados con el incremento salarial por concepto de escalafón docente
desestimando las pretensiones de las demandas presentadas, conforme al marco legal y
constitucional vigente».

12. 2.1.3 La Nación - Ministerio de Educación Nacional5 deprecó su
desvinculación del presente trámite constitucional, al carecer de legitimación en la
causa por pasiva, por cuanto «[…] la controversia planteada […] recae sobre una decisión
adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR».

13. 2.1.4 El departamento de Cesar guardó silencio en la oportunidad prevista para

el efecto.

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia.

14. Esta Corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en

virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de
2017 y 333 de 2021.

3.2 La acción.

15. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política

y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Legitimación en la causa por pasiva

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Accionante: Carlos César Benítez Silvera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

16. El artículo 13 del Decreto 2591 de 1991, dispone que la acción de tutela «[…] se

dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o
amenazó el derecho fundamental […]». En ese sentido, la Corte Constitucional9, ha

considerado que, «[…] La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud
legal de la persona contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder
por la vulneración o amenaza del derecho fundamental […]».

17. La Nación - Ministerio de Educación Nacional, en el escrito de intervención

solicitó su desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto no profirió la providencia cuestionada.

18. Al respecto, la Sala advierte que su vinculación en el presente asunto fue en

calidad de tercera con interés, por integrar el extremo pasivo dentro del proceso
contencioso en cuestión, esto, en aras de garantizar su derecho a la defensa y
contradicción, por lo que, se negará su solicitud.

3.4 Problema jurídico.

19. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela, examinar el

eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar el fallo de 21
de agosto de 2025, mediante el cual el Tribunal Administrativo del Cesar confirmó
la providencia de 23 de mayo del mismo año, en la que el Juzgado Tercero (3°)
Administrativo de Valledupar negó las pretensiones formuladas en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho promovida por el tutelante contra la Nación
• Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y el departamento de Cesar (expediente 20001-33-33-003-2024-00168-
01); y, en caso afirmativo, si se han vulnerado las garantías superiores al debido
proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva
invocadas en la solicitud de amparo.

3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales.

20. De conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional 6 y de la Sala

Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado7, es posible acudir
a la acción de tutela para obtener el amparo de derechos fundamentales cuando

6 Sentencia C-590 de 2005.
7 sentencia de 31 de julio de 2012, radicado núm. 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth

García González.
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Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. En este
contexto, se han estructurado ciertos requisitos de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales, generales y específicos, los cuales, deben
satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede
someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si
con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a
vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.

21. Requisitos generales: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente

relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y
extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se
trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que
se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)
cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora; (v) que el actor identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto
hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración
al riguroso proceso de selección que hace la Corporación.

22. Requisitos específicos: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia;
(ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actúa completamente
al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el
juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal
en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda
la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error
inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de
terceros y esto lo condujo adoptar una decisión que afecta derechos
fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte
de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos
de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte

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Accionante: Carlos César Benítez Silvera
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Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar
la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede
cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en
eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se
trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.

23. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que (i) el asunto planteado
comporta relevancia constitucional, en la medida en que recae, a juicio del actor,
en una indebida aplicación normativa y valoración probatoria relacionada con la
fijación de incrementos salariales en el escalafón docente, lo cual, de comprobarse,
conllevaría a la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva; (ii) contra
la decisión objeto de censura no procede recurso alguno; (iii) se establecieron los
hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores;
(iv) el requisito de inmediatez se satisface, teniendo en cuenta que la providencia
atacada quedó ejecutoriada el 2 de septiembre de 20258 y la solicitud de amparo
se presentó el 25 de febrero de febrero de 2026, es decir, dentro de los seis meses;
y (v) el fallo acusado no es de tutela.

24. En razón a que se colman los anteriores presupuestos, la Sala analizará el fondo

del asunto bajo las causales específicas denominadas defecto sustantivo y defecto
fáctico, comoquiera que, pese a que el actor alegó también desconocimiento del
precedente, se advierte que sus reproches y la génesis de la vulneración invocada
radican, a su juicio, en una presunta indebida aplicación normativa y valoración
probatoria relacionada con el incremento salarial del escalafón docente, por lo que,
en virtud del principio de oficiosidad, que señala que el juez de tutela está en la
obligación de interpretar de manera extensiva el escrito inicial9, resulta procedente
analizar este trámite a partir de las aludidas causales de procedencia de tutela
contra providencia judicial.

8
Según constancia de ejecutoria emitida por la secretaría general del Tribunal Administrativo del Cesar.
9
Corte Constitucional, sentencia T-389 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «Respecto del papel del juez de tutela,
esta Corte ha advertido que cuenta con amplias facultades de interpretación, en razón a su función de garante de los
derechos fundamentales de las personas, y su rol es mucho más activo que el de otros operadores jurídicos. En esta medida
es su deber esclarecer los hechos que dieron origen a la acción, así como eventualmente las pretensiones que llevarían a la
salvaguarda de los mismos [...].
15. Por lo tanto, es claro que el juez de tutela no está supeditado a las formalidades que se exigen en otras jurisdicciones, y
en esta medida está dentro de sus facultades la interpretación extensiva que realice acerca de la demanda».
7

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3.5.1 Defecto sustantivo.

25. Sea lo primero precisar que el artículo 230 de la Constitución Política prevé que

los jueces se encuentran sometidos al imperio de la ley. En virtud de dicho mandato,
las autoridades judiciales deben decidir las controversias de acuerdo con las
normas que regulan la materia, como expresión del principio de legalidad.

26. La jurisprudencia constitucional10 ha estimado que la providencia judicial
proferida con desconocimiento del sistema normativo incurre en el denominado
defecto sustantivo, que se configura cuando la controversia es decidida con
fundamento en una disposición legal inaplicable al caso concreto, bien porque fue
derogada, declarada inexequible, versa sobre otro asunto que no tiene relación con
el decidido, la interpretación que hace de ella el juez es paradójica o simplemente
se omite aplicarla. Al respecto, la Corte Constitucional sostuvo:

Esta Corporación ha caracterizado este defecto como la existencia de una falencia o
yerro en una providencia judicial, originada en el proceso de interpretación y aplicación
de las disposiciones jurídicas al caso sometido al conocimiento del juez. Para que el
defecto dé lugar a la procedencia de la acción de tutela, debe tratarse de una
irregularidad de alta trascendencia, que lleve a la emisión de un fallo que obstaculice o
lesione la efectividad de los derechos constitucionales 11.

3.5.2 Defecto fáctico.

27. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se encuentra viciada por

defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la norma al caso concreto sin
contar con supuestos ciertos, esto es, «surge cuando carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión »12.

28. La Corte Constitucional ha sostenido que, el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo, que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba no
apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión, se trata de un aspecto negativo
que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se configura en
los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente, pese a obrar
suficiente material probatorio que lo demuestra13.

10
Sentencias T-781 de 2011 y T-907 de 2012, entre otras.
11
Sentencia T-259 de 29 de marzo de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
12
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
13
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
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3.6 Análisis del caso concreto.

29. En el asunto sub examine, el demandante aduce que la providencia cuestionada

incurrió en defecto sustantivo, comoquiera que, «realiza una interpretación abiertamente
irrazonable y desproporcionada de las normas constitucionales y legales aplicables al caso,
particularmente del artículo 13 de la Constitución Política, de la Ley 4 de 1992 y del Decreto Ley
1278 de 2002», avalando un trato discriminatorio y desigual entre categorías del

escalafón docente.

30. Asimismo, en defecto fáctico, porque, «[…] no se allegó prueba alguna que demostrara

la existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa […] ».

31. Ahora bien, se tiene que la autoridad accionada en el fallo objeto de censura,

concluyó:

[…] sería erróneo afirmar, conforme manifestó el recurrente, que el Gobierno Nacional
está imposibilitado para fijar valores en los que se aumente la asignación salarial
diferente entre los escalafones y niveles salariales de los docentes, en otras palabras,
que el aumento salarial debe ser igual para todos los docentes cada año, lo indicado
por el apelante pierde sustento, toda vez que el Gobierno Nacional cuenta con amplia
potestad de configuración normativa para fijar los valores de incremento salarial cada
año y los mismos deben obedecer a razones de política macroeconómica y fiscal de
acuerdo a lo estipulado en el artículo 2, literal “h” de la Ley 4 de 1992.

Así las cosas, la decisión del Gobierno Nacional de aumentar las asignaciones
salariales de la población docente oficial de específica para cada grado y nivel salarial
para los años 2008, 2009 y 2011, se hizo acorde a lo consagrado por las normas que
rigen la materia y con base en la amplia potestad de configuración normativa que fue
otorgada por la misma Constitución Política.

En consonancia con lo anterior, respecto al cargo referente a la falta de motivación en
los actos administrativos demandados sobre la disparidad en el porcentaje de aumento
salarial a pagar, es necesario aclarar que los decretos que establecen la escala única
nacional de salarios y el régimen prestacional de los docentes son un acto
administrativo de carácter general, en ese sentido, no requieren ser justificados con el
mismo detalle que un acto particular y concreto, respecto de las modificaciones que
pueda realizar siempre y cuando se ciña a los lineamientos de la Ley marco, pues la
motivación se entiende implícita en la amplia facultad de configuración normativa que
fue conferida al Gobierno Nacional por el legislador para la materia.

[…]

De otro lado, el recurrente alegó que los actos administrativos demandados vulneran
el principio de igualdad y el principio de “a trabajo igual salario igual” de la población
docente afectada. Sobre el tema, la Corte Constitucional ha sido incisiva en destacar
que en un estado social de derecho la igualdad protegida por la Constitución no es
matemática sino material […].

[…]

De igual manera, sobre el principio de “a trabajo igual salario igual” el Consejo de
Estado14 en reciente jurisprudencia se pronunció indicando:

14
Consejo de estado. Sección primera. Radicado 11001-03-24-000-2012-00238-00 del 20 de marzo de 2025. MP. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes.
9

Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01484-00
Accionante: Carlos César Benítez Silvera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

“155. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que es permitido
otorgar un trato diferencial, siempre que se den las siguientes condiciones: “[…] que
las personas se encuentren efectivamente en distinta situación de hecho; que el
trato distinto que se les otorga tenga una finalidad; que dicha finalidad sea
razonable, vale decir, admisible desde la perspectiva de los valores y principios
constitucionales; que el supuesto de hecho -esto es, la diferencia de situación, la
finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga- sean coherentes entre
sí o, lo que es lo mismo, guarden una racionalidad interna; que esa racionalidad sea
proporcionada, de suerte que la consecuencia Jurídica que constituye el trato
diferente no guarde una absoluta desproporción con las circunstancias de hecho y
la finalidad que la justifican […]” .

156. De la jurisprudencia en mención se puede concluir que el trato diferenciado es
constitucionalmente admisible siempre que cumpla con una serie de requisitos
estrictos de razonabilidad y proporcionalidad. Lo anterior refuerza el principio de
igualdad material consagrado en la Constitución Política, que permite excepciones
al trato igualitario en la medida en que estén justificadas en criterios objetivos y
razonables, evitando discriminaciones arbitrarias o desproporcionadas.

[…]

Del mismo modo, se tiene que la estructura del escalafón docente se encuentra
conformada por 3 grados (1, 2 y 3) en el que serán ubicados con base a su formación
académica y 4 niveles salariales en los que se inscribirán o ascenderán una vez
superado la evaluación del periodo de prueba o las evaluaciones de desempeño y
competencias, conforme fue dispuesto en el artículo 2015 y siguientes del Decreto 1278
de 2002.

Ahora bien, para el año 2008 fue expedido en el mes de febrero el Decreto 624, que
fijó la asignación básica mensual para los docentes del grado 2 distinguiendo solo por
grado de escalafón y nivel salarial, no obstante, por medio del Decreto 714 de marzo
del mismo año, se modificó el decreto anterior en el sentido que se fijó para los
docentes del grado 2 en sus distintos niveles una asignación diferente para quienes
tuviesen título de especialización y quienes no, beneficiando a quienes tuvieran mejor
nivel de formación profesional, lo cual se encuentra conforme con los objetivos y
criterios de la Ley 4 de 1992.

En el caso concreto se evidencia que, la parte actora está inconforme con el aumento
del salario fijado al nivel y grado que le corresponde. con respecto al de otro punto del
escalafón, pero por ello no puede predicarse la igualdad, porque el comparativo
muestra que no lo son, acorde con la estructura de la población docente, dejando
infundado el argumento de desigualdad alegado por la parte activa.

Desde este análisis, es posible afirmar que no existe discriminación al aplicar
incrementos salariales desiguales, pues si bien desempeñan las mismas funciones,
bajo las mismas condiciones y con el mismo nivel de responsabilidad, la estructura del
escalafón docente clasifica por grupos a los maestros oficiales acorde con su formación
académica y prevé que estos puedan ascender en el escalafón si cumplen con los
requisitos académicos y la evaluación del periodo de prueba, desempeño o
competencias según el caso, descritos en el artículo 21 del Decreto 1278 de 2002 y en
el caso de estudio no se evidencia que la parte activa haya solicitado el ascenso de
escalafón.

32. De lo expuesto se colige que, contrario a lo indicado por el tutelante, la autoridad

demandada sí aplicó en debida forma el Decreto 1278 de 2002, distinto es que

15
ARTÍCULO 20. ESTRUCTURA DEL ESCALAFÓN DOCENTE. El Escalafón Docente estará conformado por tres (3)
grados. Los grados se establecen con base en formación académica. Cada grado estará compuesto por cuatro (4) niveles
salariales (A - B - C - D).
Quienes superen el período de prueba se ubicarán en el Nivel Salarial A del correspondiente grado, según el título académico
que acrediten; pudiendo ser reubicados en el nivel siguiente o ascender de grado, después de tres (3) años de servicio,
siempre y cuando obtengan en la respectiva evaluación de competencias el puntaje indicado para ello, según lo dispuesto
en el artículo 36 del presente decreto.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2026-01484-00
Accionante: Carlos César Benítez Silvera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

concluyera que, precisamente, uno de sus principales objetivos era establecer un
escalafón docente cuya clasificación atendiera diversos criterios como el nivel de
responsabilidad, desempeño, competencias, formación académica y experiencia,
para así determinar un salario diferencial de los educadores, sin que ello implicara
un trato discriminatorio o desigual.

33. Para arribar a dicha deducción, la autoridad accionada tuvo en cuenta el criterio

fijado por esta Corporación en un asunto de miliares contornos16, según el cual, «[l]a
jurisprudencia de la Corte Constitucional ha considerado que es permitido otorgar un trato
diferencial, siempre que se den las siguientes condiciones: […] que las personas se encuentren
efectivamente en distinta situación de hecho; que el trato distinto que se les otorga tenga una
finalidad; que dicha finalidad sea razonable, vale decir, admisible desde la perspectiva de los valores
y principios constitucionales; que el supuesto de hecho -esto es, la diferencia de situación, la
finalidad que se persigue y el trato desigual que se otorga- sean coherentes entre sí o, lo que es lo
mismo, guarden una racionalidad interna; que esa racionalidad sea proporcionada, de suerte que la
consecuencia Jurídica que constituye el trato diferente no guarde una absoluta desproporción con
las circunstancias de hecho y la finalidad que la justifican».

34. Ahora bien, para la Sala, no corresponde a la realidad el argumento del tutelante

con el que explicó el supuesto defecto fáctico en el que, a su juicio, incurrió la
providencia reprochada, relacionado con que no se allegó prueba alguna que
demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran la distinción salarial
alegada, pues, la autoridad accionada, además de todo lo mencionado en
precedencia, advirtió que, «[…] si bien [los docentes] desempeñan las mismas funciones, bajo
las mismas condiciones y con el mismo nivel de responsabilidad, la estructura del escalafón docente
clasifica por grupos a los maestros oficiales acorde con su formación académica y prevé que estos
puedan ascender en el escalafón si cumplen con los requisitos académicos y la evaluación del
periodo de prueba, desempeño o competencias según el caso, descritos en el artículo 21 del
Decreto 1278 de 2002 y en el caso de estudio no se evidencia que la parte activa haya solicitado el
ascenso de escalafón».

35. Asimismo, es claro que el Tribunal Administrativo del Cesar ya había resuelto

con suficiente motivación la inconformidad planteada por el tutelante en el recurso
de apelación interpuesto contra el fallo de 23 de mayo de 2025, en el que el Juzgado
Tercero (3°) Administrativo de Valledupar negó las pretensiones formuladas en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra la Nación -

16
Consejo de estado. Sección primera. Radicado 11001-03-24-000-2012-00238-00 del 20 de marzo de 2025. C.P. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes.

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Accionante: Carlos César Benítez Silvera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

Ministerio de Educación Nacional - Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y el departamento de Cesar (expediente 20001-33-33-003-2024-00168-
01), la cual reiteró en esta acción de tutela (para lo cual invocó las causales de
defecto sustantivo, defecto fáctico y desconocimiento del precedente), lo que
denota que su intención, más allá de manifestar la presunta vulneración de sus
derechos fundamentales, es utilizar este mecanismo constitucional como una
instancia adicional con el fin de obtener un pronunciamiento favorable a sus
intereses.

36. En consecuencia, no se configuró ni el defecto sustantivo ni el fáctico alegados

por el accionante, puesto que, la determinación objeto de reproche estuvo
debidamente fundamentada, tanto normativamente como de conformidad con las
pruebas y postura jurisprudencial del Consejo de Estado sobre la materia.

37. Por último, esta Sala reitera su criterio en cuanto a que el razonamiento que

efectúa el juez natural, al construir la decisión judicial, forma parte de su autonomía
e independencia, ámbito que debe ser respetado por el juez de tutela cuando no
observa vulneración de derechos fundamentales que haga necesaria su
intervención.

IV. DECISIÓN

38. Por las razones expuestas, la Sala considera que en el presente asunto el actor

no acreditó que la providencia de 21 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal
Administrativo del Cesar, hubiere incurrido en defectos sustantivo y fáctico. Por tal
motivo, se negará la solicitud de amparo.

39. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

PRIMERO. NEGAR la solicitud de desvinculación de la Nación - Ministerio de
Educación Nacional, conforme a la motivación.

SEGUNDO. NEGAR el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso,
igualdad, acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva invocados
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Accionante: Carlos César Benítez Silvera
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar

por el señor Carlos César Benítez Silvera, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.

TERCERO. NOTIFICAR esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en
la forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

CUARTO. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991,
ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
(Ausente con excusa)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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