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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01487-00

Fecha
14 de mayo de 2026
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01487-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación de la CNDJ, por las razones expuestas. SEGUNDO: Amparar al señor César Ernesto Morales Rodríguez los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. TERCERO: Dejar sin efecto la actuación surtida dentro del radicado 20250305-001 y, en consecuencia, ordenar al juez Diecisiete de Paz y Equidad de Bogotá que, dentro del término de 10 días siguientes a la notificación de este proveído, imprima el procedimiento que corresponde a ese conflicto entre particulares, conforme lo expuesto en la parte motiva. CUARTO: Remitir copia de esta providencia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, a la Secretaría de Integración Social, a la Policía Nacional y a la Personería local de Teusaquillo, autoridades que intervinieron en la diligencia de restitución de inmueble del 9 de febrero de 2026. QUINTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01487-00

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

14 de mayo de 2026

Demandante: César Ernesto Morales Rodríguez
Demandados: Juzgado Diecisiete de Paz y Equidad de
Bogotá y Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01487-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ

Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01487-00
Demandante: CÉSAR ERNESTO MORALES RODRÍGUEZ
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y
JUZGADO DIECISIETE DE PAZ Y EQUIDAD DE BOGOTÁ

Temas: Tutela contra diligencia de desalojo. Concede amparo.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La sala decide el presente mecanismo de conformidad con los Decretos 2591 de
1991, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación1.

I. ANTECEDENTES

1.1. La petición

Mediante escrito radicado el 25 de febrero de 2026, el señor César Ernesto Morales
Rodríguez, en nombre propio, interpuso acción de tutela contra el Juzgado
Diecisiete de Paz y Equidad de Bogotá y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial
(en adelante CNDJ) con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Estimó vulneradas tales garantías constitucionales con ocasión del desalojo
«arbitrario» de que fue sujeto por parte del juez Diecisiete de Paz y Equidad de
Bogotá el 9 de febrero de 2026, pese a que es un poseedor de buena fe de más de
16 años2 de la casa ubicada en la calle 58 No. 17 – 30 de esta ciudad3. Todo en el
marco del incumplimiento de una conciliación efectuada entre los señores Jorge
Hernando Torroledo Piñeros y Cristian Camilo Roa Trujillo4, procedimiento que se
identificó, inicialmente, con el radicado 20250305-001.

1.2. Pretensiones

1 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2 Amparado en unos contratos de cesión de derechos y subrogación de la obligación contenida

dentro de un proceso ejecutivo y en la compra de unos derechos herenciales.
3 Identificada con la matricula inmobiliaria 50C-228707.
4 En su calidad de comprador y vendedor del inmueble en comento.

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Demandante: César Ernesto Morales Rodríguez
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Bogotá y Comisión Nacional de Disciplina Judicial
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En consecuencia, el accionante elevó las siguientes pretensiones:

1. TUTELAR el derecho fundamental al, DEBIDO PROCESO, como quiera que SE
ESTA APLICANDO UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL CARENTE DE COMPETENCIA
GENERANDO DAÑOS A LOS AFECTADOS. Por aplicación indebida de la Ley de este
FUNCIONARIO JUDICIAL. JUEZ 17 DE PAZ Y EQUIDAD. Y extralimitación de su
investidura.

2. En consecuencia, ORDENAR, A LAS ENTIDADES ACCIONADAS, aplicar los
correctivos pertinentes, para impedir el abuzo (sic) del derecho y la aplicación indebida
de la ley. Para que en un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas contadas a
partir de la notificación del fallo de tutela, REALIZAR LAS RESPECTIVAS
CORRECCIONES AL PROCEDIMIENTO ERRADO DÁNDOLE EL TRAMITE QUE
CORRESPONDE A CADA CASO EN CONCRETO.

3. ORDENAR AL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - COMISIÓN
NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL, abrir proceso disciplinario y denuncias
Penales, en el evento que lo considere necesario en contra de los funcionarios que
participaron en la DILIGENCIA DE DESALOJO Y EN EL TRAMITE JUDICIAL
PERPETRADO POR EL JUEZ 17 DE PAZ Y EQUIDAD.

3- Se prevenga a las entidades accionadas para que en el futuro no se vuelva a incurrir
en conductas de la misma naturaleza, so pena de imponérsele a los funcionarios
responsables, las sanciones previstas en el Decreto 2591 de 1991.

4- Se le notifique de manera personal a las partes, o en su defecto por el medio más
idóneo, el fallo de tutela que se profiera por su despacho como resultado de la presente
acción.

1.3. Hechos

La solicitud de amparo presentada por el tutelante se sustenta en los siguientes
hechos que, a juicio de la sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en
este fallo:

Narró que es poseedor de buena fe de una casa ubicada en la calle 58 No. 17 – 30
de Bogotá, porque le compró a un propietario de ese inmueble (el señor Manuel
José López Charlot) unos derechos (i) litigiosos, el 5 de agosto de 2009, con lo cual
se logró la terminación de un proceso ejecutivo y el levantamiento de unas medidas
cautelares; y (ii) herenciales, el 26 de mayo de 2015.

Refirió que recibió, de forma material, el aludido bien el 14 de agosto de 2009 y,
actualmente, cumple los requisitos para la prescripción adquisitiva de dominio, la
cual será debatida ante la jurisdicción ordinaria (más de 16 años).

Relató que, conforme lo muestra el certificado de libertad de la casa en comento,
otro propietario, el señor Cristian Camilo Roa Trujillo transfirió su derecho de
dominio en un 41.1%, sin atender que no tenía la posesión y, por ende, no podía
garantizar el disfrute inmediato de ese bien.

Indicó que, a comienzos del año 2025, el adquirente de ese porcentaje, el señor
Jorge Hernando Torroledo Piñeros, inició en la jurisdicción de paz un trámite de
solución de conflictos entre particulares para obtener la entrega del inmueble
ubicado en la Calle 58 No. 17 – 30 de Bogotá. Procedimiento que le correspondió
al juez Diecisiete de Paz y Equidad de Bogotá, funcionario que propició un acuerdo

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entre comprador y vendedor que quedó reflejado en el acta del 12 de marzo de
2025.

Precisó que como dicho acuerdo fue incumplido, el juez accionado dispuso la
entrega real y material pretendida y fijó, el 27 de noviembre de 2025, para llevar a
cabo la diligencia de restitución del inmueble. Para el efecto, notificó por conducta
concluyente al señor Cristian Camilo Roa Trujillo y a los demás ocupantes del
predio y convocó a la Secretaría de Integración Social, al Instituto de Protección y
Bienestar Animal, al Instituto de Bienestar Familiar, a la Personería Distrital y a la
Policía Nacional.

Puso de presente que dicha diligencia fue reprogramada para el 9 de febrero de
2026, data en la que, arbitrariamente, fue despojado de la casa para satisfacer los
intereses de un solo dueño, todo con anuencia de la Policía Nacional. Actuación
que fue objeto de una solicitud de reconsideración por su parte, por cuanto (i) no se
citaron a todas las partes involucradas «desde el inicio de los trámites previos a la
conciliación» ni se contó con su participación integral y pacífica en el proceso; (ii)
no era competente la jurisdicción de paz, en razón a la cuantía del predio y a la
posesión existente; (iii) no se realizaron las notificaciones en debida forma; (iv) no
se atendieron las oposiciones presentadas en oportunidad; y (v) no se imprimió el
trámite que correspondía. Todo lo cual transgredía sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Señaló que le dio a conocer a la CNDJ los supuestos abusos cometidos por el
funcionario accionado, sin obtener pronunciamiento alguno.

1.4. Sustento de la petición

El actor detalló que el 26 de noviembre de 2025 radicó en el Juzgado Diecisiete de
Paz y Equidad un memorial en el que pidió el link del expediente, se opuso a la
diligencia que se llevaría a cabo el día siguiente y renunció a someterse a la
jurisdicción porque la controversia tiene cuantía y «unos temas asociados a la
posesión».

Explicó que el desalojo de que fue sujeto fue arbitrario, porque el juez accionado no
tenía competencia, no integró «a la totalidad de las partes necesarias», no se
pronunció respecto de su oposición y no efectuó las notificaciones de forma eficaz.

Reveló que el 9 de febrero de 2026, día de la diligencia de desalojo, el funcionario
instructor (i) ordenó romper candados con la ayuda de terceros, sin atender razones
y, «lo más sensible con la anuencia de la policía»; (ii) desconoció la existencia de
adultos mayores que habitaban el inmueble; (iii) dispuso el uso abusivo de coteros
para que trasladaran los enseres y electrodomésticos, decisión que provocó daños
y pérdidas y (iv) equiparó su actuación a la de un reivindicatorio de dominio, para
«satisfacer los intereses de un titular que tan solo era dueño del 41.1% del inmueble,
pero con ese alcance le entrega el 100% del mismo».

Reseñó que interpuso un recurso de reconsideración que, a la fecha, no ha sido
tramitado ni resuelto.

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Recalcó que las vías de hecho advertidas fueron dadas a conocer a la CNDJ,
autoridad que no ha «dado análisis mínimamente al actuar del JUEZ de PAZ y su
desproporción violatoria». Añadió que se hace necesario que esta entidad vigile y
controle a ese funcionario.

1.5. Trámite de la primera instancia

Mediante escrito del 3 de marzo de 2026, el suscrito magistrado manifestó su
impedimento para conocer de la acción de tutela de la referencia bajo la causal
prevista en el numeral 1º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, el cual
fue declarado infundado a través de providencia del 12 de marzo del mismo año, al
no encontrar acreditados los supuestos para su configuración.

Por auto del 13 de abril de 2026, el despacho ponente admitió la demanda de tutela,
ordenó notificar, en calidad de demandados, al juez Diecisiete de Paz y Equidad de
Bogotá y a los magistrados de la CNDJ y, como terceros con interés, a los señores
Jorge Hernando Torrolado Piñeros y Cristian Camilo Roa Trujillo, así como a los
demás ocupantes de la casa ubicada en la calle 58 No. 17 – 30 de esta ciudad.

De igual forma, dispuso publicar un aviso en la página web de la Corporación sobre
la existencia de este mecanismo con miras a posibilitar la vinculación de posibles
interesados.

1.6. Intervenciones

1.6.1 El señor Cesar Ernesto Morales Rodríguez aportó video de parte de la
diligencia de desalojo, copias de algunas de las actuaciones surtidas dentro del
radicado 20250305-001 y respuesta a la solicitud de reconsideración.

1.6.2 La CNDJ evidenció que no encontró ninguna comunicación, correo o
actuación disciplinaria relacionada con el señor César Ernesto Morales Rodríguez.

Precisó que, en caso de existir una queja disciplinaria, en todo caso esta le
correspondería, en primera instancia, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial
del respectivo distrito.

Pidió su desvinculación por cuanto no se acreditó su participación en los hechos
que motivan la solicitud de amparo.

1.6.2 El juez Diecisiete de Paz y Equidad de Bogotá manifestó que, conforme a
la anotación 30 del certificado de libertad del inmueble ubicado en la Calle 58 No.
17 – 30 de Bogotá, los señores Cristian Camilo Roa Trujillo y Jorge Hernando
Torroledo Piñeros son el penúltimo y último propietario de ese bien.

Puso de relieve que (i) en el aludido predio no existían vallas en la fachada que
alertaran sobre la existencia de un proceso de pertenencia por posesión o sucesión;
y (ii) las personas que recibieron las notificaciones del desalojo y asistieron a la
diligencia no acreditaron su condición de poseedores de buena fe ni demostraron
un mejor derecho.

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Destacó que como los señores Roa Trujillo y Torroledo Piñeros no cumplieron los
compromisos fijados en el acta del 12 de marzo de 2025, emitió el auto del 5 de
noviembre del mismo año, en el que ordenó el desalojo y la entrega del bien
referenciado al interesado o convocante. Decisión que notificó el 22 siguiente.

Puntualizó que dicha diligencia se programó el 27 de noviembre de 2025, pero no
se efectuó en dicha oportunidad porque «no todas las entidades púbicas distritales
confirmaron el apoyo y el acompañamiento» requerido.

Enfatizó que el desalojo, finalmente, se llevó a cabo el 9 de febrero de 2026,
diligencia en la que el accionante tuvo la oportunidad ser escuchado, pero se
«encerró dentro de la reja con dos personas más con candado», como una forma
de obstruir su desarrollo.

Subrayó que, si bien es cierto que el señor César Ernesto Morales Rodríguez gritaba
que tenía derecho, también lo es que no se acercó para acreditar su condición de
poseedor de buena fe o para efectuar una intervención. Añadió que el antes
nombrado, de acuerdo con lo manifestado en el escrito de tutela, renunció en todo
momento a someterse a la jurisdicción de paz.

Especificó que notificó, en debida forma, a la parte incumplida y a los ocupantes del
predio, al punto que el señor César Ernesto Morales Rodríguez conocía la existencia
del proceso e hizo presencia en la diligencia.

Precisó que el procedimiento que adelantó no tenía cuantía, por cuanto lo que
perseguía era «la entrega material y real del inmueble» y no un resarcimiento
económico.

Indicó que, como operador judicial investido de funciones de policía, dispuso las
gestiones requeridas para garantizar el ingreso al inmueble y finiquitar a través del
desalojo la entrega real y material del inmueble al interesado, esto es, al señor Jorge
Hernando Torroledo Piñeros.

Mostró que la Personería Distrital hizo presencia en el lugar, por la activación que
efectuó el actor, y procedió a revisar el expediente sin encontrar vacíos o vicios.

Afirmó que la Policía ni él efectuaron amenazas al accionante, solo denotaron las
implicaciones jurídicas que tenía obstruir el desarrollo de la diligencia. Empero, la
respuesta sí fue agresiva y grosera.

Detalló que él pregunto al tutelante si tenía la logística para «para cargar, descargar,
transportar y almacenar los bienes, enseres, electrodomésticos y un vehículo
(varado) por sus propios medios a lo cual indicó que NO». Acto seguido, junto con
otra ocupante, aceptaron la ayuda brindada por la parte interesada y se llevaron sus
cosas en dos furgones y una grúa.

Pormenorizó que el cargue y el descargue de los aludidos bienes estuvo en todo
momento bajo la supervisión de los ocupantes, quienes no manifestaron queja ni
reportaron novedad alguna. Señaló, además, que entre ellos no se encontraban
personas de la tercera edad; únicamente, se registró la presencia de una mujer que

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no superaba los 65 años, profesional, pensionada y con red de apoyo, circunstancia
que no ameritó la activación de medidas especiales.

Aseguró que el actor presentó una solicitud reconsideración, la cual fue resuelta
negativamente el 24 de febrero de 2026.

Reveló que al accionante le negó el acceso al expediente, por cuanto no era parte
y este se encontraba bajo reserva. No obstante, como medida de transparencia, el
8 de abril de 2026 le concedió a la Personería Distrital el acceso pleno al trámite.

Recordó que el conflicto que avocó se originó exclusivamente entre los señores Roa
Trujillo y Torroledo Piñeros, de modo que ninguna otra persona tenía interés en la
actuación. Agregó que se ha vuelto frecuente que algunos ciudadanos infractores
intenten «cazar disputas» durante las diligencias y audiencias, llegando incluso a
faltar al respeto a los operadores de justicia, como ocurrió el 9 de febrero de 2026.

Finalmente, pidió que se declare la improcedencia de la acción de tutela, por cuanto
no cumple el presupuesto de la subsidiaridad.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La sala es competente para conocer de la acción constitucional del asunto, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del
Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 2015, modificado por los Decreto 333 de 2021 y 799 de 2025, así como el
Acuerdo 080 de 20195 de la Sala Plena del Consejo de Estado.

2.2. Cuestión previa

La CNDJ solicitó su desvinculación porque no participó en los hechos que motivan
este mecanismo.

La sala negará tal petición, debido a que esa autoridad fue vinculada como
demandada y, por ende, su comparecencia resultaba indispensable para garantizar
su derecho de defensa y contradicción.

2.3. Breve contexto de los jueces de paz

Si bien es cierto que de conformidad con los artículos 17 y 19 de la Ley 497 de 1999,
los jueces de paz no son servidores públicos ni tienen derecho a remuneración
alguna por las funciones que desempeñan; también lo es que pertenecen a la Rama
Judicial del poder público, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley 270 de 1996,
modificado por el artículo 4º de la Ley 1285 de 2009, que establece lo siguiente:

ARTÍCULO 11. La Rama Judicial del Poder Público está constituida por:
[…]

5 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

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d). De la Jurisdicción de Paz: Jueces de Paz.

La integración de la jurisdicción de paz a la Rama Judicial fue analizada y avalada
por la Corte Constitucional, en sentencia C-713 de 2008, así:

Resulta plenamente válido que dicha jurisdicción especial, autorizada directamente por
la Constitución pero cuyo desarrollo corresponde al Legislador, se inscriba en la
estructura orgánica de la rama judicial.

Ahora bien, los jueces de paz constituyen una autoridad, no solo porque pertenecen
a una de las ramas del poder público y ejercen función jurisdiccional en la
administración de justicia comunitaria, sino también porque las partes involucradas
en un conflicto les confieren dicha potestad. Sobre este aspecto, el fallo mencionado
de la Corte Constitucional indicó:

Sin embargo, no pueden perderse de vista las especificidades de la jurisdicción de paz,
pues se trata de particulares investidos por las partes de la autoridad para administrar
justicia y resolver ciertos conflictos en equidad.

Es tan clara la condición de autoridad de los jueces de paz, que a la luz del parágrafo
del artículo 29 de la Ley 497 de 1999, las sentencias que estos profieren tienen los
mismos efectos que las de los jueces ordinarios. Incluso, estos funcionarios están
investidos de amplias facultades para hacer cumplir sus sentencias y los acuerdos
conciliatorios que ante ellos se suscriban, según lo dispone el artículo 37 ibidem.
Dichas normas prevén:

ARTÍCULO 29. De la sentencia.
[…]
Parágrafo. El acta de la audiencia de conciliación en la que conste el acuerdo a que
hubieren llegado las partes y la sentencia, tendrán los mismos efectos que las
sentencias proferidas por los jueces ordinarios.

ARTÍCULO 37. Facultades especiales. Son facultades especiales de los jueces de paz,
sancionar a quien incumpla lo pactado en el acuerdo conciliatorio y lo ordenado
mediante sentencia con amonestación privada, amonestación pública, multas hasta por
quince (15) salarios mínimos mensuales legales vigentes y actividades comunitarias
no superiores a dos (2) meses, sin perjuicio de las demás acciones legales a que haya
lugar. No obstante el juez de paz no podrá imponer sanciones que impliquen privación
de la libertad.

Con la imposición de actividades comunitarias, el juez evitará entorpecer la actividad
laboral, la vida familiar y social del afectado y le está prohibido imponer trabajos
degradantes de la condición humana o violatorio de los derechos humanos.

Para la ejecución de dichas sanciones las autoridades judiciales y de policía están en
el deber de prestar su colaboración.

En ese orden de ideas, los jueces de paz constituyen una autoridad judicial, en tanto
forman parte de la Rama Judicial y las partes en conflicto les reconocen dicha
condición. Por ello, sus decisiones producen los mismos efectos que las de los
jueces ordinarios y cuentan con facultades especiales para posibilitar su
cumplimiento.

2.4. Problema jurídico

Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por el señor César Ernesto

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Morales Rodríguez, el material probatorio recaudado y los informes presentados, la
sala deberá establecer si el Juzgado Diecisiete de Paz y Equidad de Bogotá y la
CNDJ desconocieron sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia con ocasión del desalojo de que fue sujeto, el 9 de
febrero de 2026.

Para resolver lo anterior, se analizarán los siguientes aspectos: (i) la procedencia
de la acción de tutela; (ii) los requisitos adjetivos de procedibilidad; y finalmente, de
encontrarse superados se abordará; y (iii) el caso concreto.

2.5 De la procedencia de la acción de tutela

Conforme lo preceptúa el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela
es un mecanismo preferente y sumario que permite a cualquier persona reclamar la
protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando quiera que resulten
vulnerados por acciones u omisiones de autoridades públicas o, excepcionalmente,
de particulares.

Su procedencia se encuentra supeditada a la carencia de medios de defensa judicial
ordinarios o, en su defecto, a la falta de idoneidad de aquellos para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable; caso en el que se habilita su ejercicio
como mecanismo transitorio, lo cual limita sus efectos futuros a la activación, por
parte del peticionario, de los instrumentos jurídicos pertinentes.

En ese orden de ideas, resulta evidente que el mecanismo de amparo demanda la
concurrencia de determinados presupuestos procesales que le son inherentes,
como son la subsidiariedad, la inmediatez, sin los cuales no le es dable al juez
constitucional inmiscuirse en determinada controversia.

Lo anterior tiene como objetivo salvaguardar a la tutela del uso inadecuado,
irracional y desmesurado, que podría desnaturalizar su valor preeminente y especial
dentro del ordenamiento jurídico y, de contera, atentar contra el fin superior que el
constituyente le confirió.

2.6. Caso concreto

El señor César Ernesto Morales Rodríguez precisó que la vulneración que alega
tiene doble fuente: una del Juzgado Diecisiete de Paz y Equidad de Bogotá que con
sus vías de hecho lo privó de la posesión de buena fe que tenía para favorecer los
intereses de un solo propietario del inmueble ubicado en la calle 58 No. 17 – 30 de
esta ciudad. Y, otra de la CNDJ que no se ha pronunciado ni ha desplegado
medidas de vigilancia y control que se requieren para conjurar su situación.

En cuanto a la vulneración ocurrida en la jurisdicción de paz, el accionante alega
que el juez Diecisiete de Paz y Equidad de Bogotá no tenía competencia, no integró
«a la totalidad de las partes necesarias», no se pronunció respecto de su oposición
y no efectuó las notificaciones de forma eficaz.

El procedimiento objeto de cuestionamiento inició el 12 de marzo de 2025, con la
recepción de una solicitud presentada por el señor Jorge Hernando Torroledo

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Piñeros, quien indica que el señor Cristian Camilo Roa Trujillo incumplió la entrega
del bien inmueble ubicado en la Calle 58 No. 17 30, adquirido mediante un contrato
de compraventa celebrado entre ellos en septiembre de 2023, por un porcentaje del
41.1.%. Allí se especificó que el conflicto no tiene cuantía.

El juez Diecisiete de Paz y Equidad de Bogotá, mediante acta 20250305-001 del 12
de marzo de 2025, dejó constancia de que los señores Torroledo Piñeros y Roa
Trujillo alcanzaron un acuerdo conciliatorio respecto de la entrega del inmueble
«libre de ocupantes», la cual tendría lugar a más tardar el 30 de octubre de 2025.

En esta diligencia (i) el señor Roa Trujillo explicó que no había podido hacer la
entrega requerida porque al inmueble «ingresaron personas a ocuparlo de manera
ilegal y sin autorización y por esta razón no ha podido cumplir con lo establecido en
el contrato de compraventa»; y (ii) la autoridad judicial accionada dejó nota que la
inobservancia de lo pactado generaría de manera inmediata la restitución de la
propiedad a través de un despacho comisorio.

En primer término, la sala observa que uno de los principios que rige la jurisdicción
de paz es el de la garantía de derechos6, el cual obliga a los jueces que la integran
a «respetar y garantizar los derechos, no sólo de quienes intervienen en el proceso
directamente, sino de todos aquellos que se afecten con él».

Imperativo que se refleja en (i) el inciso 3º del artículo 23 de la Ley 497 de 19997,
que señala que la solicitud de un asunto particular, se «comunicará por una sola
vez, por el medio más idóneo, a todas las personas interesadas y a aquellas que se
pudieren afectar directa o indirectamente con el acuerdo a que se llegue o con la
decisión que se adopte»; y (ii) el parágrafo del artículo 24 ibidem que prevé que «a
la audiencia de conciliación podrán ingresar las personas de la comunidad
interesadas en su solución».

En relación con el asunto, la sala evidencia que el juez accionado no garantizó los
derechos de las personas afectadas directa o indirectamente con el procedimiento
que tramitaba, pues no comunicó a los demás propietarios del inmueble8 ni a los
tenedores o poseedores del aquel9 el inicio de su actuación, lo que a la postre les
impidió participar en la audiencia de conciliación.

De ahí que, el acta de conciliación del 12 de marzo de 2025, se suscribió solo entre
los señores Torroledo Piñeros y Roa Trujillo, pero comprometió, sin su anuencia, a
otras personas involucradas, al indicar que (i) la entrega del inmueble se haría «libre
de ocupantes», a más tardar el 30 de octubre de 2025; y (ii) el incumplimiento de lo
expuesto, generaría la restitución inmediata de esa propiedad al primero de los
nombrados.

En este punto, es pertinente destacar que, conforme a los artículos 1º y 8º de la Ley

6 Artículo 7º de la Ley 497 de 1999.
7 «Por la cual se crean los jueces de paz y se reglamenta su organización y funcionamiento».
8 Del certificado de libertad de la casa en comento se desprende que son sus propietarios los señores

Mónica Viviana Lópe Susunagaz, Cristian Camilo Roa Trujillo [Era propietario del 82.2% y vendió el
41.1% al señor Torroledo Piñeros], y Jorge Hernando Torroledo Piñeros, en porcentajes del 16.6%,
41.1% y 41.1%, respectivamente.
9 Quienes detentaban materialmente el bien, como el accionante.

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497 de 1999, la jurisdicción de paz busca lograr la solución integral y pacífica de los
conflictos entre particulares.

En este caso, el acuerdo alcanzado entre los señores Torroledo Piñeros y Roa
Trujillo lejos de propender por una solución integral y pacífica del conflicto, afectó
los derechos de terceros respecto del mismo inmueble, sin que estos se hubieran
sometido voluntariamente a la jurisdicción de paz10.

Menoscabo que se hizo evidente, cuando el juez Diecisiete de Paz y Equidad de
Bogotá, por auto del 5 de noviembre de 2025, evidenció el incumplimiento del señor
Cristian Camilo Roa Trrujillo Roa Trujillo y, sin involucrar a los demás propietarios,
tenedores y poseedores, dispuso (i) la entrega material del inmueble «por los
medios legales y de fuerza que se requieran» para garantizar los derechos del señor
Torroledo Piñeros; (ii) el apoyo de entidades públicas; y (iii) la notificación «a los
ocupantes irregulares del inmueble». En lo pertinente se destaca:

Entregar real y materialmente del bien inmueble «por los medios legales y de fuerza
que se requieran para garantizar los derechos de propiedad privada […] del señor
JORGE HERNANDO TORROLEDO».

Convocar a la Policía Nacional y demás entidades públicas para que apoyen la
diligencia «en garantía de los derechos tanto del propietario como de los
funcionarios que acompañen la diligencia y de los ocupantes irregulares del
inmueble».

Notificar a las partes, así como a los ocupantes irregulares del inmueble «de la
diligencia resolutiva de este, en un término no menos de 3 días de antelación a la
fecha de la diligencia».

Decisión que, en modo alguno, fue en equidad, conforme lo ordena el artículo 2º de
la Ley 497 de 199911, toda vez que no estuvo orientada a brindar una solución
equilibrada, sino a «garantizar los derechos de propiedad privada […] del señor
Jorge Hernando Torroledo», como si éste ostentara la titularidad del 100% del
inmueble12.

Proveído que, como ya se vislumbró, además desbordó el ámbito de competencia
del juez Diecisiete de Paz y Equidad de Bogotá, por cuanto afectó a los demás
copropietarios y a los tenedores o poseedores del bien, sin que estos se hubieran
sometido, voluntariamente y de común acuerdo, a la jurisdicción de paz.

Respecto de lo último, el accionante afirmó, en el escrito introductorio del proceso,
que, el 26 de noviembre de 2025, radicó en el Juzgado Diecisiete de Paz y Equidad
de Bogotá un memorial en el que pidió el enlace o vínculo del expediente, se opuso
a la diligencia de restitución que se programó, inicialmente, para el 27 de noviembre
de 2025 y renunció a someterse a la jurisdicción porque la controversia tiene
cuantía13 y «unos temas asociados a la posesión»14.

10 Artículo 9º de la Ley 497 de 1999. «Los jueces de paz conocerán de los conflictos que las personas

o la comunidad, en forma voluntaria y de común acuerdo, sometan a su conocimiento».
11 «Las decisiones que profieran los jueces de paz deberán ser en equidad, conforme a los criterios

de justicia propios de la comunidad».
12 Cuando solo tenía el 41.1%.
13 Según el actor, el avalúo comercial del inmueble asciende a $1.400.000.
14 En sentir del tutelante, que compromete la jurisdicción ordinaria vía demanda de pertenencia, de

prescripción adquisitiva o reivindicatoria.

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Situación que pone de relieve que, al no haberse sometido todas las partes
involucradas en el conflicto a la jurisdicción de paz, la autoridad judicial accionada
carecía de competencia para disponer la entrega de la totalidad del inmueble a un
propietario que ostentaba una participación del 41,1%, en detrimento de los
derechos de los demás copropietarios y de los tenedores o poseedores que lo
habitaban, como el actor en este caso.

Con ese contexto, el juez Diecisiete de Paz y Equidad de Bogotá, en el auto del 5
de noviembre de 2025, debió instar a los señores Roa Trujillo y Torroledo Piñeros,
por ejemplo, a iniciar un proceso civil de restitución frente a los terceros, o a
proceder con el saneamiento por evicción que procede cuando un comprador ve
frustrada la posesión del bien adquirido por cuenta de un tercero; pero, de ninguna
manera, tenía competencia para adoptar medidas que afectaran «por los medios
legales y de fuerza» a quienes no se sometieron a la jurisdicción de paz.

El recuento efectuado hasta el momento permite inferir que el juez Paz y Equidad
de Bogotá no garantizó los derechos de las personas afectadas directa o
indirectamente con el procedimiento que tramitaba; no emitió una decisión en
equidad y desbordó el marco de su competencia, lo cual necesariamente
compromete los derechos fundamentales invocados, en especial el debido proceso.

Por otra parte, cabe precisar que la diligencia de restitución se programó para el 27
de noviembre de 2025, pero no pudo materializarse en dicha fecha15.

Ahora bien, por aviso del 5 de febrero de 2026 se «notificó» al señor Cristian Camilo
Roa Trujillo y a los demás ocupantes de la diligencia de restitución de inmueble que
se llevaría a cabo el 9 siguiente. En este documento, se anunció la entrega del bien
al apoderado del señor Torroledo Piñeros; y el uso de «uso de los mecanismos que
otorga la ley», así como de terceros para el traslado de bienes que aun se
encuentren en el lugar.

Lo anterior, con el fin de dar cumplimiento al despacho comisorio C-20260202-001
del 02 de febrero de 2026, ordenado por el juez accionado.

En este punto, resulta pertinente señalar que en el marco de las órdenes que se
libran y comunican a través de despachos comisorios existen dos funciones: la
jurisdiccional [a cargo de la autoridad judicial comitente, esto es, la que resuelve el
asunto] y la administrativa [a cargo de la autoridad comisionada, esto es, la que solo
ejecuta sin ninguna injerencia o poder de decisión16].

Trasladado lo anterior a la jurisdicción de paz, se entiende que los jueces que la
integran libran las comisiones para adelantar diligencias, como la de entrega de
bienes inmuebles; y las autoridades locales [alcaldías o inspectores de policía]

15 Porque no todas las entidades púbicas convocadas pudieron brindar su apoyo.
16 Son instrumentos para materializar órdenes previamente impartidas por los funcionarios

judiciales.

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tienen a cargo su ejecución. A las personerías locales les corresponde la función de
ministerio público en las diligencias en cuestión17.

Lo esbozado explica la razón por la que el señor César Ernesto Morales Rodríguez
pidió de la Secretaría de Gobierno del Distrito Capital de Bogotá copia del despacho
comisorio a que aludió el juez accionado e información de los funcionarios que
delegó para llevar a cabo la diligencia de restitución.

Requerimiento que fue atendido por la alcaldesa local de Teusaquillo, el 20 de abril
de 2026, en el sentido de que «en la fecha del 09/02/2026» el despacho no
programó ni ejecutó diligencia alguna de restitución de inmueble y/o desalojo.

Ya, en cuanto a la diligencia del 9 de febrero de 2026, el actor arguyó que la
autoridad judicial accionada dispuso romper candados; desconoció que algunos
ocupantes eran adultos mayores; ordenó de forma abusiva el traslado de los
enseres y electrodomésticos, lo que generó daños y perdidas; y terminó
equiparando su actuación a la de un reivindicatorio de domino.

El juez Diecisiete de Paz y Equidad de Bogotá ejecutó su propia orden18 y en el acta
de la diligencia «dejó constancia de la entrega del bien inmueble ubicado en la Calle
58 No. 17 30 a través del proceso de restitución por incumplimiento a obligaciones
y responsabilidades comerciales, así como de convivencia y lo establecido en la
Ley 1810 de arrendamiento de vivienda urbana y al código nacional de
seguridad, convivencia y justicia ciudadana. Comisorio No. 20260202-001»
(resaltado fuera del texto).

En este documento, la autoridad judicial accionada reseñó que (i) hubo oposición
por parte de los ocupantes del inmueble «por lo que se hizo uso de la fuerza y de
cerrajero», máxime cuando no se habían hecho parte del proceso ni ejercido, en
oportunidad, su derecho de controversia; (ii) ellos, finalmente, aceptaron el apoyo
de vehículos y personal de logística para sacar y trasladar sus enseres y
electrodomésticos; y (iii) dentro del grupo, había una mujer adulta que no requirió
atención u oferta de servicios de las entidades públicas.

De igual manera, dejó constancia de que la Personería local intervino de forma
irregular en la diligencia, presentando una oposición parcial carente de
argumentación técnica, jurídica o legal que sustentara su criterio. Asimismo, señaló
que, al concluir la actuación, el inmueble quedó completamente desocupado y fue
recibido a satisfacción por el apoderado del señor Jorge Hernando Torroledo
Piñeros.

A continuación, se transcribe el acta:

Se da inicio a la diligencia de restitución del inmueble con la presencia del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar, la Secretaría de Integración Social virtualmente y la
Policía Nacional para garantizar los derechos de los ocupantes. Durante la diligencia
hubo oposición por parte de los ocupantes, por lo que se hizo uso de la fuerza y de
cerrajero para el ingreso al inmueble. Las personas que colocaron oposición durante la

17 Ver, entre otros, el numeral 4º del artículo 76 del Acuerdo Distrital 755 de 2019 y el artículo 24 de

la Resolución interna 993 del 10 de noviembre de 2020.
18 En condición de delegado del juzgado.

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diligencia no son sujeto procesales.

Pero aun así, se les escuchó su argumentación técnica, en la cual se alegó propiedad
por posesión sin demostrar a través de documentos legales tal derecho ni radicado en
juzgado alguno sobre este tema.

Los ocupantes nunca se hicieron parte del proceso, aun siendo notificados el 5 de
noviembre y el 11 de enero de 2026. Para ejercer su derecho a la controversia, pero si
se hicieron presentes en la diligencia de restitución.

Al ingresar al inmueble se había decretado allanamiento por la resistencia de los
ocupantes y al ingresar al inmueble encontramos la presencia de una persona adulta
mujer, un perro y un gato.

Se hace ofrecimiento de una bodega para el almacenamiento de bienes enseres y
electrodomésticos por 30 días, vehículos para el traslado de estos y personal para el
cargue y descargue. A lo que los ocupantes solo aceptan vehículos y personal de
logística para el cargue y descargue.

Hace presencia en la diligencia funcionarios de la Personería de manera irregular, en
especial por la Jefe de la localidad, quien mostró una posición parcial, sin
argumentación técnica, jurídica y legal que apoyara su criterio.

Aun así, el suscrito juez compartió los documentos que hacen parte del expediente
para su verificación y se le solicitó que cualquier petición al juzgado respecto a esta
diligencia se haga de manera formal por correo.

No hay ocupantes en el inmueble que requieran atención u oferta de servicios de las
entidades públicas. Además, las mascotas presentes fueron retiradas por los
propietarios de las mismas.

El inmueble se encuentra habitable pero en condiciones de deterioro que requieren una
intervención estructural importante.

Los ocupantes del inmueble trasladaron sus bienes, enseres y electrodomésticos a
otros inmuebles de su propiedad, por lo que solo se usarán los vehículos de carga y
ayudantes del mismo.

Se realiza el cambio de 2 vidrios de ingreso a la casa y el cambio de la chapa.

Se deja constancia que el inmueble cuenta con servicios de agua y luz conectados,
quedando pendiente la validación de facturación a la fecha.

Siendo las 18 horas el inmueble queda totalmente desocupado, con validación de los
ocupantes, en el momento del retiro final de estos del inmueble ubicado en la calle 58
No. 17 30 de Bogotá, es decir, sin ningún bien o enser de propiedad de ellos, por lo
que no hay razón de reclamación o retorno al inmueble.

La parte interesada, es decir los propietarios, realizaron cambio de chapa de ingreso al
inmueble y quedó pendiente el cambio de los 2 vidrios rotos.
[…]

Se entrega el inmueble a satisfacción.

En el asunto sub judice si bien es cierto que, no existe evidencia de las afectaciones
particulares a que alude el tutelante [daños en candados, desprotección a adultos
mayores, y deterioro o perdida de bienes en el proceso de su traslado]; también lo
es que, la actuación del 9 de febrero de 2026 materializó una decisión arbitraria,
que no consulta los principios rectores de la Ley 497 de 1999 y, por lo mismo, resulta
lesiva de quienes directa o indirectamente eran parte del conflicto, no se sometieron
a la jurisdicción de paz ni obtuvieron respuesta frente a sus oposiciones.

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Por otra parte, el actor señala que el juez accionado no tramitó ni resolvió su solicitud
de reconsideración.

Sobre el particular, la sala observa que el juez Diecisiete de Paz y Equidad contestó,
el 24 de febrero y el 8 de abril del año en curso, que el aludido requerimiento es
improcedente y, por lo mismo, no sería resuelto de fondo, así:

1. La reconsideración debe cumplir, como mínimo, estos presupuestos: ser parte
procesal, se haya emitido fallo o sentencia en equidad y se solicite en un término no
mayor de 5 días, a partir del conocimiento de la decisión.

2. Estos supuestos no cumplen por cuanto: el señor Morales Rodríguez no fue parte,
el juzgado no profirió un fallo en equidad y la solicitud no se radicó en el término
referenciado.

3. En esa medida, la reconsideración no procede y, «por lo tanto, no será atendida ni
resuelta».

Finalmente, el señor César Ernesto Morales Rodríguez señala que le dio a conocer
a la CNDJ los supuestos yerros en que incurrió el juzgado accionado, pero esta
autoridad no emitió pronunciamiento alguno ni desplegó medidas de control y
vigilancia.

Sobre el particular, es preciso señalar que el tutelante no aportó comunicación
alguna dirigida a la CNDJ de la cual pudiera desprenderse una falta de respuesta o
intervención.

Por su parte, dicha entidad fue enfática en precisar que, revisadas sus bases de
datos, no encontró ninguna comunicación, correo o actuación disciplinaria
relacionada con el actor.

Sin embargo, la sala observa que la Personería de Bogotá D.C., el 27 de abril de
2026, solicitó a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá el inició de
una investigación disciplinaria en contra del juez Diecisiete de Paz y Equidad de
Bogotá, por su actuación dentro del radicado 20250305-001.

Las razones que anteceden son suficientes para amparar los derechos
fundamentales invocados y dejar sin efectos la actuación surtida por el juez
Diecisiete de Paz y Equidad de Bogotá, lo cual se acompasa con la pretensión del
tutelante consistente en que se realicen «LAS RESPECTIVAS CORRECCIONES
AL PROCEDIMIENTO ERRADO DÁNDOLE EL TRAMITE QUE CORRESPONDE
A CADA CASO EN CONCRETO». Decisión que no implica que el accionante o los
demás poseedores o tenedores tengan derecho, per se, a regresar al predio, toda
vez que tal situación es ajena al objeto de la litis y a la competencia del juez de
tutela.

Lo anterior, no sin antes remitir copia de este proveído a las autoridades que
intervinieron en la diligencia de restitución de inmueble del 9 de febrero de 2026.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y

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por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: Denegar la solicitud de desvinculación de la CNDJ, por las razones
expuestas.

SEGUNDO: Amparar al señor César Ernesto Morales Rodríguez los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

TERCERO: Dejar sin efecto la actuación surtida dentro del radicado 20250305-001
y, en consecuencia, ordenar al juez Diecisiete de Paz y Equidad de Bogotá que,
dentro del término de 10 días siguientes a la notificación de este proveído, imprima
el procedimiento que corresponde a ese conflicto entre particulares, conforme lo
expuesto en la parte motiva.

CUARTO: Remitir copia de esta providencia al Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, a la Secretaría de Integración Social, a la Policía Nacional y a la Personería
local de Teusaquillo, autoridades que intervinieron en la diligencia de restitución de
inmueble del 9 de febrero de 2026.

QUINTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

SEXTO: De no ser impugnada la presente providencia, remitir el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia
oficial con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»

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