RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01492-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01492-00

Fecha
24 de marzo de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01492-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por el señor Humberto Arturo Agudelo, por incumplimiento del requisito general de relevancia constitucional, en lo que atañe a los defectos sustantivo y fáctico alegados, y NEGAR el amparo frente al desconocimiento del precedente invocado, por lo razonado en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01492-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

24 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01492-00
Accionante: HUMBERTO ARTURO AGUDELO
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN C
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial / declara improcedente por falta de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala resuelve la acción de tutela instaurada por el señor Humberto Arturo
Agudelo contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, de conformidad con lo consagrado en los artículos 86 de la
Constitución Política y 29 del Decreto 2591 de 19911.

ANTECEDENTES
La demanda

1. El 25 de febrero de 2026, el señor Humberto Arturo Agudelo, a través de
apoderado judicial, presentó acción de tutela con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia 2, que considera vulnerados por la sentencia del 1º de
octubre de 2025 y el auto del 5 de noviembre de 2025 -que resolvió la solicitud de
adición, aclaración y corrección en su contra-, dictados por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, en virtud de los cuales ordenó
seguir adelante la ejecución por una suma inferior a la solicitada en la demanda
ejecutiva tramitada en primera instancia ante el Juzgado 29 Administrativo de
Bogotá3, con el radicado 2022-00162-01.

Hechos relevantes

2. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
señor Humberto Arturo Agudelo demandó a la Unidad Administrativa Especial

1 Que ingresó al despacho para fallo el 9 de marzo de 2026.
2 También consideró vulnerados los siguientes principios: i) «remuneración mínima vital y móvil
proporcional a la cantidad y calidad del trabajo»; ii) «irrenunciabilidad a los beneficios mínimos» y iii)
«situación más favorable al trabajador en caso de duda».
3 El a quo ordenó seguir adelante la ejecución de conformidad con el mandamiento de pago,

indicando que los valores y fechas serían definidos en la liquidación del crédito, momento en el que
se tendría en cuenta, el pago parcial realizado por la entidad por valor de $100.790.605.

1

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01492-00
Accionante: Humberto Arturo Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, con el fin de obtener el pago adecuado de
los recargos por horas extras, diurnas y nocturnas laboradas en exceso de la
jornada máxima legal establecida para los empleados públicos del orden territorial.

3. Mediante sentencia del 24 de febrero de 2017, el Juzgado 29 Administrativo de
Bogotá accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó a la entidad realizar el
pago de las:

4. La decisión se confirmó parcialmente por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C con sentencia del 31 de octubre
de 2018, en el sentido de precisar la condena, para que al momento de la liquidación
se tuvieran en cuenta las situaciones administrativas del actor, y en todo caso, las
horas extras laboradas no superaran las 50 mensuales que establece la norma.
Asimismo, se revocó el reconocimiento y pago del descanso compensatorio por
exceso de horas extras.

5. La sentencia quedó ejecutoriada el 14 de noviembre de 2018 y el 15 de agosto
de 2019 se presentó solicitud ante la entidad para su cumplimiento, motivo por el
que se expidió la Resolución 833 de 6 de diciembre de 2018, en la que se reconoció
un valor de $12.064.362.

6. Inconforme con la suma, el actor ejerció la acción ejecutiva para que se hiciera
efectivo el pago completo de los valores ordenados en las sentencias debidamente
ejecutoriadas.

7. Con auto del 25 de agosto de 2022, el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá libró
mandamiento de pago por valor de $100.790.605 por concepto de capital
debidamente indexado hasta la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Esta decisión
se adicionó con auto del 6 de octubre de 2022, así:

2

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01492-00
Accionante: Humberto Arturo Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

8. Surtido el trámite correspondiente, el 29 de mayo de 2024, el juzgado ejecutor de
primera instancia profirió sentencia en la que declaró no probada la excepción de
pago total y en consecuencia, ordenó seguir adelante la ejecución. Puntualmente,
señaló que la obligación se cumplió parcialmente, porque la UAECOB hizo un pago
parcial de $100.790.605, pero estaría pendiente por cancelar los intereses
causados.

9. Inconforme con la decisión, la entidad ejecutada presentó recurso de apelación,
que se resolvió por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca mediante sentencia del 1º de octubre de 2025, en
la que se confirmó parcialmente el fallo que declaró no probada la excepción de
pago total de la obligación y, en consecuencia, se ordenó seguir adelante la
ejecución por la suma de $450.539.

10. Visto lo anterior, el 6 de octubre de 2025, el accionante radicó solicitud de
aclaración, que se resolvió desfavorablemente con auto del 5 de noviembre
siguiente.

11. A juicio de la parte actora, la decisión desconoce sus derechos fundamentales
porque la liquidación efectuada por el Tribunal accionado no siguió puntualmente
los parámetros establecidos en las sentencias aportadas como título de recaudo,
dado que, efectuó la liquidación aplicando porcentajes de recargos del 100 % y del
135 %, cuando en el proceso ordinario se determinó que los recargos corresponden
al 200 % y al 235 %.

Pretensiones

12. La parte accionante solicita que se amparen sus derechos fundamentales a la
igualdad y al debido proceso y que en consecuencia, se deje sin efectos la sentencia
proferida el 1º de octubre de 2025 por el Tribunal accionado dentro del proceso
ejecutivo 2022-00162-01, y el auto del 5 de noviembre de 2025, mediante el cual se
resolvió la solicitud de aclaración de la sentencia.

13. Asimismo, solicita que se ordene a la autoridad judicial accionada proferir nueva
providencia, conforme a lo consagrado en los artículos 35 y 39 del Decreto Ley 1042
de 1978, en la que se respeten los porcentajes para el pago del trabajo
suplementario allí consagrados, que corresponden al 200 % cuando se trata de
festivos diurnos y al 235 % en casos de festivos nocturnos, en ambos casos
liquidados sobre el supuesto de una jornada máxima laboral de 190 horas
mensuales y no de 240 horas. Esto conforme a la sentencia de unificación proferida
por el Consejo de Estado el 12 de febrero de 20154.

14. Además, pide que se tenga en cuenta que las horas extras se deben liquidar
considerando su carga laboral real, dado que cumplió 15 turnos mensuales de 24
horas, y por ende, acumuló un promedio de 360 horas mensuales, por lo que resulta

4 Radicado 20555 23 25000 2010 00725 01.

3

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01492-00
Accionante: Humberto Arturo Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

inequitativo liquidar sus recargos partiendo de una jornada laboral que no exceda
de 190 horas, porque a partir de la hora 191, no se le pagaría ningún recargo.

Fundamentos de la demanda de tutela

15. Según la parte actora, las providencias censuradas adolecen de los siguientes
defectos:

16. Sustantivo. La autoridad judicial accionada desconoció lo normado en el
artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, e incluso, lo ordenado en la sentencia
aportada como base de recaudo, como quiera que liquidó los recargos diurnos y
nocturnos con el 100 % y el 135 %, respectivamente.

17. Trajo a colación apartes del fallo de tutela proferido el 25 de septiembre de 2023,
por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado5, en la que se accedió
al amparo en un caso de contornos fácticos similares, tras determinar que la
liquidación del trabajo suplementario se debe realizar con el 200 % y el 235 %, en
forma adicional al pago del salario mensual, atendiendo a la literalidad de la norma
(artículo 39 del Decreto 1042 de 1978), por cuanto, allí se prevé ese incremento sin
perjuicio de la remuneración ordinaria a la que tenga derecho el empleado por haber
laborado el mes completo.

18. Acotó que dicho fallo de tutela se confirmó por la Sección Segunda, Subsección
B del Consejo de Estado6, con sentencia del 27 de noviembre de 2023, en la que
se indicó que las providencias censuradas incurrieron en los defectos sustantivo y
fáctico, al ordenar la liquidación de los recargos originados en el trabajo
suplementario con el 100 % y el 135 %, cuando la norma es clara al señalar que el
incremento se realiza sobre el 200 % y el 235 %, sin perjuicio de la remuneración
ordinaria que perciba el trabajador.

19. También indicó que la autoridad judicial accionada desconoció entre otras, las
sentencias del 9 de noviembre de 2023, proferida por el Consejo de Estado con
ponencia del magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, dentro del radicado
25000234200020180152601; la emitida dentro del radicado
25000234200020130542001, con ponencia del magistrado William Gómez
Hernández; la del 14 de noviembre de 2024, expedida con ponencia del magistrado
Luis Eduardo Mesa Nieves dentro del radicado 250002342000201801500; y la del
2 de junio de 2022, emitida con ponencia del magistrado Rafael Francisco Suárez
Vargas dentro del proceso ejecutivo 250002342000201901070-01, en las que se
expuso con claridad que los recargos por horas extras diurnas son del 200 % y por
hora extra nocturna del 235 %. A su juicio, esto, resulta acorde a la línea de
unificación acogida por la misma Corporación en sentencia del 12 de febrero de
2015.

5 Radicado 11001031500020230429900, M.P. Fredy Ibarra Martínez.
6 M.P. César Palomino Cortés.

4

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01492-00
Accionante: Humberto Arturo Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

20. En suma, la parte actora considera que la liquidación efectuada por el Tribunal
accionado en la providencia objeto de reproche, modificó la sentencia aportada
como título de recaudo, al variar los porcentajes utilizados para liquidar el trabajo
suplementario, proceder que afecta de manera irremediable el patrimonio del
ejecutante.

21. Fáctico. Considera que las providencias cuestionadas no tuvieron en cuenta la
parte motiva de las sentencias de primera y segunda instancia aportadas como título
ejecutivo, donde se transcriben los apartes pertinentes de la sentencia de
unificación en la materia, y se deja claro los porcentajes con los que se deben
liquidar los recargos por el trabajo suplementario.

22. Con esa variación de los porcentajes reconocidos en las sentencias
debidamente ejecutoriadas, la autoridad judicial accionada desconoció el principio
de cosa juzgada e inmutabilidad de las sentencias.

Trámite en primera instancia

23. Mediante auto del 27 de febrero de 2026, se admitió la acción de tutela contra
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, y se
vinculó, en calidad de tercera con interés, a la Unidad Administrativa Especial de
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, dado que intervino como demandada en el
proceso ejecutivo con radicado 11001-33-35-029-2022-00162-00/01.

24. De igual forma, se ordenó al Juzgado 29 Administrativo de Bogotá con el fin de
que remitiera copia digitalizada del expediente ejecutivo con radicado 11001-33-35-
029-2022-00162-00/01.

Intervenciones

25. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección C, a través del magistrado ponente de la decisión cuestionada, solicitó
que se declare improcedente la acción de tutela, dado que no cumple con los
requisitos generales de procedibilidad para cuestionar providencias judiciales.

26. En todo caso, señaló que se remite a los argumentos esgrimidos en la
providencia censurada, que se sustentaron debidamente conforme a los principios
de la sana crítica y la buena fe.

27. La Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá
D.C. adujo que la sentencia cuestionada se fundamentó en una liquidación
pormenorizada realizada por el área contable de la Sección Segunda del Tribunal
accionado, la cual arrojó un capital de $46.205.203 y $55.035.941 de intereses
moratorios, subtotal del que, una vez descontado el pago parcial realizado por la
Entidad mediante Resolución No. 57 del 17 de enero de 2024 por valor de
$100.790.605, arroja un saldo insoluto provisional de $450.539,00.

5

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01492-00
Accionante: Humberto Arturo Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

28. En ese orden, no se evidencia una decisión caprichosa ni vulneradora de los
derechos fundamentales invocados por el actor. Lo único que se observa es el
desacuerdo en la interpretación que apoya la parte ejecutante, que da lugar a una
liquidación distinta a la efectuada por el juez ejecutor de segunda instancia, y que,
en todo caso, resulta improcedente ventilar en sede de tutela.

29. Resaltó que en la providencia objeto de reproche se hizo referencia que el valor
de $450.539,00 a favor del ejecutante es una suma provisional, toda vez que es en
la liquidación del crédito donde se establecerán los valores definitivos adeudados,
en caso de existir.

30. En todo caso, advirtió que el actor no es un sujeto de especial protección y que
la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, porque lo que pretende el
accionante es revivir un debate planteado en el proceso ejecutivo, y por lo tanto,
debió interponer un recurso extraordinario de revisión.

CONSIDERACIONES

Competencia

31. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de
Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia dentro del
proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 37 del
Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo 080 de
20197.

Problema jurídico y metodología de la decisión

32. En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo satisface los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

33. Solo en el evento en que se cumplan tales exigencias, se analizará si se
encuentran configurados los defectos atribuidos a las providencias del 1º de octubre
de 2025 y 5 de noviembre de 2025 y si, por consiguiente, el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, y de acceso a la administración de
justicia del accionante.

34. Con el fin de resolver los anteriores problemas jurídicos, de manera sucinta, la
Subsección reiterará el precedente constitucional sobre procedencia de tutela
contra providencias judiciales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

35. Conforme el precedente constitucional fijado en la C-590 de 20058, reiterado de
manera consistente por la Corte Constitucional, la procedencia de la acción de tutela

7 Reglamento interno de esta corporación, puntualmente el artículo 13- “Distribución de los procesos
entre las secciones”.
8 Corte Constitucional C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño)

6

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01492-00
Accionante: Humberto Arturo Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

contra decisiones judiciales es excepcional y exige que el actor satisfaga una
importante carga argumentativa dirigida a mostrar que concurren seis causales
genéricas de procedencia, y al menos una específica.

36. De manera reiterada la Corte ha indicado que en el análisis de las causales
generales de procedencia en contra de providencias judiciales, el juez de tutela
debe verificar9; (i) que se acredite la legitimación en la causa (artículos 5, 10 y 13,
Decreto-Ley 2591 de 1991); (ii) que la providencia cuestionada no sea una
sentencia de tutela10, ni una decisión proferida con ocasión del control abstracto de
constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, como tampoco la que
resuelva el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad por parte del
Consejo de Estado; (iii) que se cumpla con el requisito de inmediatez, es decir que
la tutela se promueva en un plazo razonable; (iv) que se identifique de forma clara,
detallada y comprensible los hechos que amenazan o afectan los derechos
fundamentales en cuestión y que, si existió la posibilidad, ellos hayan sido alegados
en el trámite procesal; (v) que se cumpla con el requisito de subsidiariedad, esto es
que el interesado acredite que agotó todos los medios de defensa judicial a su
alcance, salvo que pretenda evitar la consumación de un perjuicio irremediable 11 o
los medios de defensa judicial existentes no sean idóneos o eficaces para evitarlo;
(vi) que la cuestión planteada sea de evidente relevancia constitucional, lo que exige
que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o
económico; (vii) que cuando se trate de una irregularidad procesal, que esta tenga
un efecto decisivo en la decisión judicial cuestionada, es decir que si tal error no
hubiere ocurrido el alcance de la decisión hubiese sido sustancialmente distinta.

Análisis de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto

37. Legitimación en la causa. El señor Humberto Arturo Agudelo se encuentra
legitimado para interponer la acción de tutela, toda vez que es el titular de los
derechos que considera vulnerados, en su condición de ejecutante en el proceso
ejecutivo con radicado 2022-00162-01, en el marco del cual se adoptaron las
decisiones cuestionadas.

38. El requisito de legitimación en la causa por pasiva también se cumple, porque
la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca fue la autoridad judicial que profirió la sentencia del 1º de octubre de
2025 y el auto del 5 de noviembre del mismo año, a los que la parte actora atribuye
la vulneración de sus derechos fundamentales.

39. Inmediatez. En este caso, la Sala considera que se cumple el requisito, toda
vez que la sentencia cuestionada fue proferida el 1º de octubre de 2025 y notificada
al día siguiente12, pero con posterioridad, la parte ejecutante presentó solicitud de

9 Se sigue literalmente la manera en la que fueron fijadas las reglas de procedibilidad formal en la

SU-215 de 2022.
10 La única excepción a esta regla tiene que ver con la doctrina de la cosa juzgada fraudulenta y el

principio del fraude todo lo corrompe. Al respecto ver, entre otras, las Sentencias: T-218 de 2012 y
T-373 de 2014.
11 Ver, entre otras, la Sentencia SU-659 de 2015.

12 Samai, índice 39, expediente 11001333502920220016201.

7

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01492-00
Accionante: Humberto Arturo Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

adición, aclaración y corrección (sic), que se resolvió con auto del 5 de noviembre
de 2025, razón por la cual se concluye que si la tutela se radicó el 25 de febrero de
2026, se ejerció en un término razonable.

40. La providencia cuestionada no fue proferida en otro proceso de tutela.

41. Subsidiariedad13. La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro
medio de defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la
configuración de un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección
debe ser idónea y eficaz para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o
amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá el amparo impetrado.

42. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un
campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer
que la Constitución y la ley determinan una serie de mecanismos judiciales
igualmente eficaces e idóneos para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

43. La presente acción de tutela cumple con el requisito de subsidiariedad, pues se
agotaron todos los medios judiciales ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico
para proponer la controversia que aquí se planteó.

44. Relevancia constitucional. Esta Subsección ha sido consistente en estimar
que el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se limita a señalar
los derechos fundamentales vulnerados y que se identifiquen los defectos contra la
providencia. Se requiere que la solicitud de amparo contenga i) una carga
argumentativa mínima y ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia
o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

45. La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente14 reiterado de la Corte
Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de
tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni
en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la
interpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento
constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en
juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada
especialidad.

46. La tutela sólo se justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de
marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple
señalamiento de que se están afectando garantías iusfundamentales, sino porque,

13 En este acápite, la Sala acoge y reitera las consideraciones de la Sección Cuarta de esta
Corporación, expuestas, entre otras, en las siguientes providencias de tutela: (i) sentencia del 1º de
junio de 2016 (expediente 2015-03373-00), M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas y (ii) sentencia
del 1º de junio de 2017 (expediente 2017-00150-00), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (e).
14 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103

de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01492-00
Accionante: Humberto Arturo Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el
alcance de un derecho fundamental.

Caso concreto

47. En esta oportunidad, el señor Humberto Arturo Agudelo presentó acción de
tutela a fin de que se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, vulnerados, a su juicio, por la
sentencia del 1º de octubre de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C confirmó parcialmente el fallo de
primera instancia proferido el 29 de mayo de 2024 por el Juzgado 29 Administrativo
de Bogotá, que declaró no probada la excepción de pago total de la obligación15 y
en consecuencia ordenó seguir adelante la ejecución. Modificó el numeral tercero
de la sentencia recurrida, y ordenó:

48. En la sentencia censurada, se advierte que el Tribunal Administrativo accionado
para llegar a esa decisión, acudió al área contable de la Corporación para efectos
de realizar la liquidación de los valores adeudados al señor Agudelo por concepto
de trabajo suplementario, y orientó que la liquidación de los recargos se realizara
con el 100 % para las horas extras diurnas y con el 135 % para las nocturnas. Así
discurrió:

Analizada dicha liquidación, el Despacho sustanciador mediante correo
electrónico enviado el diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticinco
(2025) solicitó su corrección por cuanto en la misma, se tuvo como fecha de
inicio el año 2007 cuando la sentencia ordenó claramente calcular las horas
extras desde el día 26 de marzo del año 2010. Adicionalmente ha sido
posición de esta Sala que los recargos dominicales y festivos diurnos y los
recargos dominicales y festivos nocturnos deben calcularse con el 100% y el
135% y no con el 200 y 235% por las razones que a continuación se explican:

En cuanto a las horas extras se tiene que en sentencia de unificación del H.
Consejo de Estado del 12 de febrero de 2015, radicado 25000-23-25-000-
2010-00725-01 No. Interno (1046-2013). M.P. Dr. Gerardo Arenas Monsalve
se dispuso lo siguiente:

(…)

15 De conformidad con lo expuesto, el juez de primer grado, procedió a declarar de Oficio la excepción

de “Pago Parcial”, teniendo en cuenta que los apoderados de las partes manifiestan que
efectivamente se realizó un pago por el valor de $100.790.605; sin embargo, se instó a la parte
ejecutada para que allegue certificación en la que indique la fecha exacta en que realizó dicho pago;
asimismo, se precisó que dicho valor ($100.790.605) sería tenido en cuenta como abono por
concepto de Capital, quedando pendiente un pago por concepto de Capital y los intereses Moratorios
desde el 15 de noviembre de 2018 hasta 14 de febrero de 2019 (por los 3 primeros meses) y del 16
de agosto de 2019 hasta el 14 de septiembre de 2019 – teniendo en cuenta que la solicitud de
cumplimiento fue radicada el 15 de agosto de 2019 y, del 15 de septiembre de 2019 hasta el 23 de
enero de 2024 o según la certificación de fecha de pago que allegue la entidad ejecutada – hasta el
pago total de la obligación. Tomado de los antecedentes consignados en la sentencia censurada.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01492-00
Accionante: Humberto Arturo Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

En cuanto a los recargos dominicales y festivos diurnos y los recargos
dominicales y festivos nocturnos debe recordarse lo dispuesto en el artículo
39 del Decreto 1042 de 1978, que establece: (…)

Frente al particular, la sentencia ordinaria de primera instancia que hoy obra
como título de recaudo ejecutivo, en su marco normativo indicó que, de
conformidad con el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978 “el cual establece en
síntesis que el trabajo realizado en los días de descanso obligatorio es trabajo
suplementario por cumplirse por fuera de la jornada ordinaria, amén que el
mismo tiene un recargo propio y diferente del que las normas estipulan para
el trabajo suplementario que realiza en días hábiles. Es por ello, que cuando
la norma define que el trabajo realizado en días domingos y festivos se
remunera con el equivalente al doble del valor de un día de trabajo por cada
dominical o festivo laborado, se debe entender que se remunera con un
recargo del 100% sobre el valor del trabajo realizado”. (Negrillas por fuera de
texto)

En tal sentido, la sentencia de segunda instancia que hace parte del título
ejecutivo complejo, se indicó:

Dominicales y festivos: (…) Por lo anterior, en los precisos términos
ordenados por el A quo procede el reajuste de los dominicales y festivos
laborados por el actor y para tales efectos la entidad deberá tener en cuenta
a los parámetros indicados por los artículos 33, 35, 36 y 39 del Decreto 1042
de 1978, es decir el factor hora será calculado con base en la asignación
básica mensual divida (sic) por el número de horas de la jornada ordinaria
mensual (190) y no 240.

49. Asimismo, como sustento de su decisión, el Tribunal accionado refirió varias
sentencias proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado en las que se
acogió la interpretación, según la cual, los recargos por trabajo suplementario
corresponden al doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo
laborado, es decir, al 100 %.

50. También como jurisprudencia reciente, citó la sentencia proferida por la Sección
Segunda del Consejo de Estado el 18 de octubre de 2023, con ponencia del
magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas, en la que se indicó con claridad que
«Según el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, la jurisprudencia de la Sección
Segunda del Consejo de Estado y los conceptos del Departamento Administrativo
de la Función Pública, el trabajo ordinario en días dominicales y festivos se retribuye
con el doble del valor de un día de labores, es decir, con a) el pago del día de
trabajo; b) un recargo del 100%; y c) el derecho a un día de descanso remunerado.
Lo anterior no equivale a un recargo del 200%, como lo entendió la entidad
demandada (…)». Refirió que esta tesis se reiteró en la sentencia del 9 de
noviembre del mismo año, proferida por la misma autoridad judicial.

51. Con el apoyo de esos pronunciamientos judiciales y acudiendo también al
concepto emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública en el
mismo sentido, el Tribunal accionado concluyó:

Del anterior recuento jurisprudencial, se concluye que, el recargo por trabajo
en dominicales y festivos diurnos asciende al 200% y está integrado por el
100 % de la asignación básica y un 100 % del recargo dominical o festivo26 .
La norma cuando establece “sin perjuicio de la remuneración ordinaria”, lo
que hace referencia es sólo al “disfrute del descanso compensatorio”.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01492-00
Accionante: Humberto Arturo Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Por consiguiente, la liquidación de tales emolumentos debe ajustarse a lo
indicado en la norma y a la orientación jurisprudencial existente al respecto y
finalmente a lo expresado en la parte motiva del título ejecutivo.

Conforme a los anteriores parámetros, se obtuvo liquidación efectuada por el
Contador de la Sección Segunda de esta Corporación22, respecto de las horas
extras diurnas y nocturnas mensuales laboradas en exceso de la jornada
laboral ordinaria, recargos dominicales y festivos diurnos y nocturnos, sobre
la jornada máxima legal de 190 horas mensuales (recargos al 35%, 100% y
135%), teniendo en cuenta las asignaciones básicas devengadas por el
ejecutante sin exceder el pago de 50 horas extras en el mes.

En dicha liquidación, se calcularon además los intereses moratorios causados
a partir a 31 de enero de 2024 como fecha provisional, como quiera que no
existe certeza de la fecha exacta de pago, pues las partes coinciden en que
fue en enero del año 2024 pero no aportaron el comprobante de pago
correspondiente.

Luego entonces, la liquidación elaborada en esta instancia, arrojó un capital
de $46.205.203 y $55.035.941 de intereses moratorios, subtotal al cual se
descontó el pago parcial realizado por la entidad en atención al mandamiento
de pago librado en el presente proceso, esto es la suma de $100.790.605,
restando un saldo insoluto pendiente por cancelar en favor del demandante
por valor de cuatrocientos cincuenta mil quinientos treinta y nueve pesos
($450.539.00).

Así las cosas, como quiera que aún existe un monto pendiente de cancelar
hay lugar a seguir adelante con la ejecución, pero únicamente por el monto
insatisfecho.

Sin embargo, debe precisar la Sala que, dicha liquidación es provisional como
quiera que el valor realmente pendiente de cancelar es el que resulte de la
liquidación del crédito, momento en el cual deberá determinarse la fecha
exacta del pago parcial realizado por la ejecutada en el mes de enero del año
2024.

52. Inconforme con lo decidido, el 6 de octubre de 2025, la parte ejecutante
presentó solicitud de «adición, aclaración y corrección», respecto de la liquidación
de los recargos festivos diurnos y nocturnos, dado que en su concepto el recargo a
aplicar es del 200 % y 235 %, respectivamente.

53. De la lectura del memorial, adjunto a la demanda de tutela, se advierte que los
argumentos esgrimidos como sustento de tal pedimento, se contraen a señalar que:
(i) el Tribunal modificó la orden impartida en la sentencia aportada como título de
recaudo, toda vez que allí se determinó que el recargo por el trabajo realizado en
días dominicales o festivos en jornada diurna corresponde al 200 % y el recargo
por el trabajo realizado en esos días, pero en jornada nocturna, corresponde al 235
%; (ii) la autoridad judicial desconoció lo señalado en la sentencia de unificación
proferida por el Consejo de Estado el 12 de febrero de 202516, en la que se indicó
que los recargos para la liquidación del trabajo suplementario corresponden al 35
%, al 200 % y al 235 %, y que se debe realizar partiendo de que la jornada máxima
legal mensual para los empleados públicos es de 190 horas mensuales y no de

16 Radicado 25000232500020100072500, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01492-00
Accionante: Humberto Arturo Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

240; (iii) se inaplicó el artículo 39 del Decreto Ley 1042 de 1978, que con claridad
señala que el recargo se paga sin perjuicio de la remuneración ordinaria a la que
tiene derecho el empleado por haber laborado el mes completo, por lo que el valor
de los recargos a pagar es de 200 % por festivo diurno y 235 % por cada festivo
nocturno laborado; (iv) se desconocieron pronunciamientos del Consejo de Estado
en la materia17.

54. Así las cosas, salta a la vista que la discusión planteada por el accionante es la
misma que se surtió en el proceso de origen, que no es otra distinta a la liquidación
y pago de la condena que se pretende ejecutar, aspecto sobre el que resolvió
expresamente el Tribunal accionado al señalar que los recargos por el trabajo
suplementario se deben calcular con el 100 % cuando se desarrolla en jornada
diurna y el 135 % cuando se cumple en jornada nocturna, teniendo en cuenta que
la jornada laboral de los empleados públicos es de máximo 190 horas mensuales.

55. La anterior tesis la acogió el Tribunal accionado respaldado en la parte
considerativa de la sentencia aportada como título de recaudo (pg. 14 sentencia del
1º de octubre de 2025) y, en la jurisprudencia del Consejo de Estado18 que sostiene
que el incremento 200 % está integrado por el 100% de la asignación básica, más
otro 100 % del recargo que prevé el artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, con lo
cual se completa «el doble del valor de un día de trabajo por cada dominical o
festivo laborado».

56. En especial, hizo alusión al auto proferido el 9 de noviembre de 2023, por la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación, mediante el cual se
confirmó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, que negó el mandamiento de pago dentro del proceso
ejecutivo con radicado 25000 23 42 000 2022 00726 01, tras explicar que de
conformidad con los lineamientos definidos por esta jurisdicción 19 sobre la
expresión «remuneración equivalente al doble del valor de un día de trabajo por
cada dominical o festivo laborado», contenida en el artículo 39 del Decreto 1042 de
1978, debe entenderse que los recargos dominicales y festivos equivalen al doble
de la remuneración de un día de labor, es decir, un 100 % adicional al trabajo
realizado, no un 200 %, dado que, de acogerse la tesis planteada por el actor, se
estaría reconociendo a su favor el pago de la jornada de trabajo más dos (2) días
de labor adicionales, que no es la intención de la norma citada.

17 Sentencias emitidas en los radicados 11001031500020230429900, M.P. Fredy Ibarra Martínez;

25000234200020180152601, M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar; 25000234200020130542001,
M.P. William Gómez Hernández; 250002342000201801500, M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves;
25000234200020180152301, M.P. Luis Eduardo Mesa Nieves; 2500234200020190107001, M.P.
Rafael Francisco Suárez Suárez, entre otras.
18 Sentencias de: 17 de mayo de 2007, M.P. Jesús María Lemos Bustamante; 6 de diciembre del

2018, Radicado: 250002342000201305425 01, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; 29 de agosto de
2019, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez; 7 de octubre de 2019, M.P. Ponente Gabriel Valbuena
Hernández; 10 de septiembre de 2020, M.P. César Palomino Cortés; 18 de octubre de 2023, M.P.
Rafael Francisco Suárez Vargas; 9 de noviembre de 2023, radicado 25000 23 42 000 2022 00726
01, M.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
19 Tesis acogida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, en: i) auto del 3 de

agosto de 2023, expediente 25000 23 42 000 2022 00550 01 (3477-2023), M.P., Jorge Iván Duque
Gutiérrez; y ii) auto del 18 de octubre de 2023, expediente 25000 23 42 000 2022 00276 01 (6233-
2022), M.P., Rafael Francisco Suárez Vargas.

12

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01492-00
Accionante: Humberto Arturo Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

57. La parte actora no comparte esta postura, e insiste en que los recargos se
liquiden con el 200 % y el 235 %, y para ello, se apoya en pronunciamientos
judiciales, que dicho sea de paso, también invocó en el proceso de origen cuando
realizó la solicitud de aclaración, adición y/o corrección de la sentencia, con el
ánimo de oponerse a la tesis acogida por el juez ejecutor de segunda instancia, tal
y como lo hace ahora, en este escenario constitucional.

58. De ahí que los cargos por los defectos sustantivos y fáctico carezcan de
relevancia constitucional, dado que claramente se advierte el interés de la parte
actora de revivir la discusión surtida en el proceso de origen, en cuanto a la
interpretación y aplicación del artículo 39 del Decreto 1042 de 1978.

59. Aunado a lo anterior, en esta oportunidad también se observa que la
controversia planteada por el señor Humberto Arturo Agudelo, tiene un contenido
meramente económico, lo que resta relevancia constitucional al asunto. Así lo ha
reiterado la Corte Constitucional en diversas oportunidades. Verbigracia, en
sentencia T-024 de 2024, señaló:

La Corte Constitucional fijó cuatro criterios de análisis para establecer si una
tutela tiene relevancia constitucional. Primero, la controversia debe versar
sobre un asunto constitucional, que no meramente legal y/o económico.

60. Recientemente, en sentencia T-352 de 2025, la alta Corporación discurrió:

86. Con fundamento en estas consideraciones, la Corte Constitucional reiteró
tres criterios de análisis para establecer si una acción de tutela es de relevancia
constitucional. En primer lugar, la controversia debe versar sobre un asunto
constitucional y no meramente legal o económico. Las discusiones de orden
legal o aquellas relativas exclusivamente a una disputa económica deben ser
resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite. Esto
por cuanto al juez de tutela “le está prohibido inmiscuirse en materias de
carácter netamente legal o reglamentario que han de ser definidos por las
jurisdicciones correspondientes”.

61. Conforme a todo lo razonado, en lo que atañe a los defectos fáctico y sustantivo,
la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor
Humberto Arturo Agudelo, por incumplimiento del requisito general de relevancia
constitucional.

Del desconocimiento del precedente invocado

62. De otra parte, la Subsección advierte que como parte de los argumentos que
sustentan el defecto sustantivo, el accionante invoca el desconocimiento del
precedente.

63. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia SU-029 de 202420,
señaló que «El defecto sustantivo, en la modalidad de desconocimiento del
precedente judicial, ocurre, entonces, “cuando el juzgador se aparta de los

20 M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.

13

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01492-00
Accionante: Humberto Arturo Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

precedentes que determinan el contenido de la norma aplicable. Al interpretar la
norma de una forma diferente a la autorizada, o al variar la manera en la que el
mismo juez venía decidiendo los mismos problemas jurídicos, surge un error en la
aplicación uniforme de la norma”».

64. Ahora bien, en la misma oportunidad, para determinar cuándo una o varias
sentencias contienen un precedente aplicable a un asunto determinado, la Corte
señaló que se han fijado los siguientes criterios: «i) que en la ratio decidendi de la
sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a
resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en
el nuevo caso y iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente».

65. De los pronunciamientos judiciales invocados por la parte actora como
supuestamente desconocidos, se advierte que las sentencias de primera y segunda
instancia proferidas en el radicado 11001031500020230429900, son fallos de tutela
que solo producen efectos inter partes y, por lo tanto, no resultaban obligatorios
para la autoridad judicial accionada.

66. Ahora bien, es cierto que la parte actora invoca pronunciamientos judiciales
realizados en procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de similares
contornos, en los que esta Corporación hace referencia al pago del trabajo
suplementario, citando en ocasiones los recargos del 200 % y 235 %, pero también
lo es que, ese análisis es el realizado en el proceso ordinario para señalar la
remuneración a la cual tiene derecho el empleado de manera global, en aplicación
a la normativa que rige la materia (Art. 39 D. 1042/78), y en aras de establecer el
factor de horas que debe tenerse como jornada máxima legal aplicable a los
empleados públicos, que valga reiterar es de 190 horas y no de 240.

67. Lo anterior difiere de la controversia que se resuelve en el proceso ejecutivo,
toda vez que, en esa instancia, conforme a lo demostrado en cada caso concreto,
le corresponde al juez ejecutor establecer si la entidad empleadora pagó el trabajo
ordinario y adeuda el trabajo suplementario; o, si lo pagó en forma parcial, como en
algunos casos, en que se liquidó el recargo partiendo de una jornada máxima legal
de 240 horas mensuales, cuando lo correcto son 190 horas; o, si por circunstancias
particulares, no pagó el trabajo ordinario ni suplementario, y en consecuencia,
adeuda la totalidad del trabajo realizado.

68. Todos estos aspectos que se relacionan con el pago total o parcial de la
obligación son los que se ventilan en el proceso ejecutivo y, por ende, el problema
jurídico que allí se resuelve es diametralmente distinto al que se trata en el proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, motivo por el cual las
providencias invocadas por la parte actora no tienen el carácter de precedente
obligatorio para resolver la controversia planteada en el proceso de origen.

69. La Sala tampoco desconoce que la parte actora invoca como precedente la
sentencia dictada el 2 de junio de 2021 por la Sección Segunda, Subsección A, de

14

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01492-00
Accionante: Humberto Arturo Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

esta Corporación, en un proceso ejecutivo de similares contornos21, empero,
revisada la providencia, se advierte que en esa oportunidad no se abordó el fondo
del asunto, en lo que atañe a la liquidación de los recargos por trabajo
suplementario, dado que el a quo no se pronunció sobre ciertos aspectos y, por
ende, se le regresó el expediente para que en primera instancia se estableciera el
monto real adeudado.

70. Conforme a lo expuesto, la Subsección descarta que, al proferir la providencia
censurada, el Tribunal accionado haya desconocido el precedente en la materia,
pues, por el contrario, lo que se observa es que acogió la postura que ha adoptado
el Consejo de Estado frente a la expresión «remuneración equivalente al doble del
valor de un día de trabajo por cada dominical o festivo laborado», contenida en el
artículo 39 del Decreto 1042 de 1978, aplicada al momento de ejecutar los fallos
judiciales en un caso específico.

71. Por todo lo razonado, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo
presentada por el señor Humberto Arturo Agudelo, por incumplimiento del requisito
general de relevancia constitucional, en lo que atañe a los defectos sustantivo y
fáctico alegados, y negará el amparo frente al desconocimiento del precedente
invocado.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo presentada por
el señor Humberto Arturo Agudelo, por incumplimiento del requisito general de
relevancia constitucional, en lo que atañe a los defectos sustantivo y fáctico
alegados, y NEGAR el amparo frente al desconocimiento del precedente invocado,
por lo razonado en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: De no ser impugnada esta sentencia, ENVIAR el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

21 Radicado núm. 2500023420002019010701.

15

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01492-00
Accionante: Humberto Arturo Agudelo
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Referencia: Acción de tutela de primera instancia

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

16

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.