República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01493-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
6 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01493-00 (2280)
Accionante: María Alejandra Pineda Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control reparación
directa. Subtema 2: reconocimiento de perjuicios inmateriales. Subtema 3: defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por María Alejandra Pineda Arias contra el
Tribunal Administrativo de Caldas.
1. Síntesis del caso
La señora María Alejandra Pineda Arias, por intermedio de apoderado, presentó
acción de tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al
debido proceso e igualdad, que consideró vulnerados con ocasión de la sentencia
del 30 de septiembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas,
dentro del expediente con radicado núm. 17001-33-33-004-2013-00172-00/05.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela y los demás elementos aportados por las partes en
el trámite constitucional, la Sala encuentra acreditados los siguientes hechos:
2. El 5 de noviembre de 2011 en la calle 34 entre carreras 29 y 29 A del barrio
Cervantes de la ciudad de Manizales se presentó la ruptura de una de las tuberías
de la planta de tratamiento de agua, que pertenece a la empresa Aguas de
Manizales S.A. E.S.P. y, que abastecía del líquido a la referida comunidad. Este
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Accionante: María Alejandra Pineda Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
hecho generó un deslizamiento por las laderas del sector, que ocasionó la pérdida
de vidas humanas y de los bienes muebles de las personas que habitan el sector.
3. La señora María Alejandra Pineda Arias, junto con su grupo familiar,
presentaron demanda de reparación directa, contra el municipio de Manizales y la
empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P., con el fin de que se declarara la
responsabilidad administrativa de la parte demandada y la reparación de los
perjuicios materiales e inmateriales causados por los hechos ocurridos el 5 de
noviembre de 2011, en el barrio Cervantes del mencionado ente territorial.
4. El Juzgado Cuarto Administrativo de Manizales, mediante sentencia del 21 de
septiembre de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, pues
no otorgó en su integridad los perjuicios morales y materiales reclamados por los
demandantes y negó el reconocimiento del daño a la salud. Contra dicha decisión,
las dos partes del litigio presentaron recurso de apelación.
5. El Tribunal Administrativo de Caldas, a través de providencia del 30 de
septiembre de 2025, modificó parcialmente el fallo de primera instancia, en lo
relativo al porcentaje que debía ser asumido por el municipio de Manizales y la
empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P., en atención a su participación en la
producción del daño. Esto implicó una reducción de los perjuicios morales
reconocidos por el a quo, así como los perjuicios materiales que, a título de lucro
cesante, le fueron otorgados a los señores Leopoldo Vasco Otálvaro y Mónica
Andrea Pineda Arias.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
6. La parte actora solicitó en el escrito de tutela1 lo siguiente:
1. Se tutelen los derechos fundamental al debido proceso y a la igualdad consagrados
en los artículos 13 y 29 de la Constitución Política, en consecuencia, ordene modificar
la sentencia proferida el 30 de septiembre de 2025, mediante la cual el Tribunal
Administrativo de Caldas aplicó un criterio para la indemnización del perjuicio inmaterial
que no se corresponde con el precedente de unificación del Consejo de Estado.
2. Como consecuencia de lo anterior ruego que ordene dejar sin efectos la decisión de
segunda instancia proferida por Tribunal Administrativo de Caldas dentro del proceso
radicado número 17001-333-004-2013-00172-05, se ordene la reparación integral por
cada daño establecido en el proceso y la indemnización de perjuicios inmateriales de
conformidad con las reglas sentadas en el precedente de unificación sobre la materia,
sentado por el Consejo de Estado2.
7. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora manifestó que la
providencia del Tribunal Administrativo de Caldas incurrió en defecto sustantivo,
porque efectuó una indebida interpretación y aplicación del artículo 88 del Código
General del Proceso y del artículo 16 de la Ley 446 de 1998, en lo que respecta a
1
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01493-00, índice 2, certificado núm. F1900D4EBB403B20 B0E7D119D58B237D
6B7F83AD4CC6FF93 8B0B3176BD28E041.
2
Se transcribe incluso con errores
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la acumulación de pretensiones y el reconocimiento de los perjuicios de forma
independiente para cada uno de los demandantes.
8. En este sentido, explicó que la autoridad judicial accionada analizó los
diferentes daños reclamados por cada grupo familiar demandante, como si se
tratara de una sola pretensión, sin tener en cuenta las circunstancias individuales y
cada sujeto, lo cual derivó en la inaplicación injustificada del artículo 16 de la Ley
446 de 1998, cuya norma procesal establece la forma de valoración del menoscabo
en estos asuntos.
9. De igual manera, expresó que la «compensación proporcional» usada como
criterio para la valoración del daño y estimación de los perjuicios, no atiende a los
principios de reparación integral y equidad de conformidad con lo ordenado en el
artículo 16 de la Ley 446 de 1998.
10. De otro lado, afirmó que la providencia cuestionada desconoció el precedente,
al no atender los criterios establecidos en la sentencia de unificación proferida por
la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 28 de agosto de 2014, dentro del
expediente con radicado núm. 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251), por cuanto
adoptó la metodología de «compensación proporcional» para determinar el valor de
la indemnización por el perjuicio moral reconocido a los demandantes, sin valorar
los diferentes daños causados de forma autónoma e independiente.
11. Asimismo, indicó que la magnitud de los perjuicios materiales y morales que se
acreditaron en el desarrollo del proceso ordinario, a través de informes técnicos y
declaraciones, permitía inferir que no era procedente atribuir a factores ambientales
imprevisibles e irresistible la causación del daño para disminuir el valor de los
perjuicios reconocidos, de modo que el asunto sí era imputable a las entidades
demandadas.
12. En suma, advirtió que la falta de un análisis diferenciado del asunto derivó en
un estudio sobre la imputación que desconoce las obligaciones de cada una de las
entidades demandadas, respecto de cada uno de los daños causados a los
demandantes, dando lugar a la disminución indebida de la condena en un 30%, por
lo que se vulneró el artículo 16 de la Ley 446 de 1998.
2.3. Trámite procesal
13.El despacho ponente, mediante auto del 3 de marzo de 20263, admitió la
demanda, ordenó la notificación al Tribunal Administrativo de Caldas, en su calidad
de autoridad accionada y, puso en conocimiento el escrito de tutela al Juzgado
Cuarto Administrativo de Manizales, al municipio de Manizales, a la empresa Aguas
de Manizales S.A. E.S.P., la Previsora S.A., compañía de seguros, a Seguros
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Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01493-00 índice 4, certificado CF790AFE3A30E4CE A188A00BFA94990A
C4F64A35A4AE1FF6 D11D463098E4747C.
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Generales Suramericana S.A y a los demás integrantes de la parte demandante del
proceso ordinario4, en su condición de terceros con interés.
2.4. Intervenciones
14. El Tribunal Administrativo de Caldas5 manifestó que los argumentos expuestos
en la solicitud de amparo carecen de relevancia constitucional, pues la parte actora
pretende dejar sin efectos la sentencia del 30 de septiembre de 2025 a partir de una
nueva valoración del material probatorio, de los criterios adoptados para la
imputación, del análisis del nexo de causalidad y de la tasación de perjuicios, con
base en reproches de naturaleza estrictamente legal.
15. Adujo que en el presente asunto no se configuran los defectos sustantivo,
fáctico y desconocimiento del precedente alegados por la parte actora, toda vez que
la decisión acusada efectuó un análisis razonado y pertinente de la normativa
constitucional, legal, de las pruebas y de la jurisprudencia aplicable al asunto, sin
que se pueda advertir una actuación arbitraria y caprichosa.
16. Destacó que la acción de tutela no puede ser utilizada como un mecanismo
para reabrir el debate que se agotó en una providencia judicial, puesto que ello
equivale a convertir la solicitud de amparo en una tercera instancia. Tal proceder
vulneraría los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada, pilares esenciales del
ordenamiento jurídico.
17. Por lo expuesto, solicitó que se declare improcedente la tutela o, en su defecto,
se niegue el amparo invocado.
18.El Juzgado Cuarto Administrativo de Manizales6 remitió, a esta corporación, el
expediente del medio de control de reparación directa, sin pronunciarse sobre los
hechos y pretensiones del escrito de tutela.
19. El municipio de Manizales7 pidió que se declare improcedente la tutela, debido
a que no cumple con el requisito de subsidiariedad, pues la parte actora puede
exponer las inconformidades que, a su juicio, presenta la decisión objeto de
reproche, a través del recurso extraordinario de revisión de conformidad con la
causal establecida en el numeral 5 del artículo 250 del CPACA.
20. Consideró que en el presente asunto no se cumplen los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, en tanto la decisión
acusada se encuentra debidamente fundamentada en los hechos, las pruebas, la
4
Los señores Fabio Andrés Otálvaro Murillo, Gloria Patricia López Loaiza, Cristian David Otálvaro López, Valeria Otálvaro
López, Jorge Iván López Loaiza, Henry López Loaiza, Leopoldo Vasco Otálvaro, María Gloria Otálvaro, Jesús María Pineda
López, María Rosalba Arias Ocampo, Mónica Andrea Pineda Arias, Jaqueline Pineda Arias, Julián Arles Pineda Arias, Luisa
Fernanda Giraldo Ramírez, Sebastián Pineda Giraldo, Doris Pineda Arias, Bernardo Bernal Avendaño y Santiago Bernal
Pineda.
5
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01493-00 Incide 15, certificado 6B340F609FB572D5 9CBBEFA75D4A2A23
7F6FF3A6A97D7352 9950FDDE1E4C22A3.
6
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01493-00 Incide 9, certificado DEA073211FABB3E1 19811031C06E880A
2CBE01D5D3BC26A9 0DEEE9F022AEEE9A.
7
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01493-00 Incide 11, certificado 127B733DF3AE7395 BA5BB5346FD01D82
11E955E51BB2C07E 9226C2D383190787.
4
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normativa y la jurisprudencia aplicable. Además, respetó ampliamente los derechos
fundamentales de todos los sujetos procesales.
21. La empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P.8 aseveró que carece de
legitimación en la causa por pasiva, toda vez que los argumentos de la tutela están
dirigidos a cuestionar una providencia judicial, en cuya expedición no tuvo injerencia
alguna. En consecuencia, solicitó que se le desvincule del presente trámite
constitucional.
22. La Previsora S.A., compañía de seguros9, señaló que el Tribunal Administrativo
de Caldas estudió todos y cada uno de los argumentos expuestos por las partes y,
profirió su decisión de forma razonada y ajustada a la jurisprudencia del Consejo de
Estado.
23. Que la accionante, en el escrito de tutela, propone las mismas razones en las
que sustentó sus pretensiones al interior del proceso ordinario, por lo que pretende
utilizar este mecanismo excepcional como una tercera oportunidad para que se
revise nuevamente su caso, pese a que el asunto ya fue estudiado y decidido por
los jueces naturales.
24. Por lo anterior, la acción de tutela carece de relevancia constitucional, debido a
que plantea una discusión sobre la acumulación de pretensiones prevista en el
artículo 88 del CGP y la obligación de tasar autónomamente cada perjuicio por cada
víctima, lo cual comporta una controversia de interpretación de norma procesal
ordinaria y no una cuestión de naturaleza constitucional.
25. Agregó que la tutela no cumple con el requisito de subsidiariedad, por cuanto la
accionante omitió analizar la viabilidad y agotamiento del recurso extraordinario de
revisión previsto en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), conforme las
causales 1 y 8.
26. Por otro lado, mencionó que la sentencia de unificación del 28 de agosto de
2014, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado10, no ordena la suma
matemática e independiente de perjuicios morales por cada víctima. Por el contrario,
esta decisión fijó un tope máximo de 100 SMLMV por nivel de parentesco y
establece que la acumulación de víctimas puede generar un «incremento
razonable» sobre dicho valor máximo, orientado por criterios de proporcionalidad.
27. Con base en lo anterior, advirtió que el Tribunal Administrativo de Caldas aplicó
dicha metodología y reconoció los montos base por nivel de parentesco e incorporó
incrementos porcentuales proporcionales por cada demandante.
8
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01493-00 Incide 16, certificado 5954E6A241EA6316 D32F8CE7E67010B9
EA3D4983B84A2F90 1C521CD31D17A11D.
9
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-01493-00 Incide 18, certificado 1410E48DA64467AA D0D62CD45F257A39
14C9A4A30413DB7E AC630B9AFACCD6CF.
10
Radicado núm. 05001-23-31-000-2003-00209-01 (exp. 28.804).
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28. Adicionalmente, refirió que el artículo 88 del CGP no exige acumulación
aritmética ilimitada de perjuicios morales. Además, la reducción del 30% por
concurrencia del fenómeno de «La Niña» está plenamente justificada.
29. En este orden, concluyó que el método de tasación de perjuicios aplicado por el
Tribunal accionado se fundamentó en los hechos, las pruebas, la normativa y la
jurisprudencia vigente, de manera que no se configuró ninguno de los defectos
alegados en la tutela.
30. Por lo expuesto, solicitó que se declare improcedente o, en su defecto, se
niegue la tutela promovida por la señora María Alejandra Pinenda Arias.
31. Los demás sujetos vinculados al trámite constitucional guardaron silencio.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
32. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por María Alejandra Pineda Arias en contra
del Tribunal Administrativo de Caldas.
3.2. Legitimación en la causa
33. La legitimación en la causa por activa de la señora María Alejandra Pineda Arias
está acreditada, porque fue la demandante en el proceso de reparación directa en
el que se expidió la providencia que, a su juicio, desconoció sus derechos
fundamentales.
34. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Tribunal
Administrativo de Caldas, debido a que fue la autoridad que profirió la providencia,
objeto de tutela.
35. La empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P. solicitó su desvinculación, al
considerar que no está llamada a responder por la vulneración de los derechos
fundamentales de la parte accionante.
36. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercero, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad actuó como parte demandada dentro del proceso ordinario en el
que fue expedida la providencia objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión
que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se
negará su solicitud.
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3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
37. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado11 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional12.
38.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de defensa
judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa y
determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que afecte un
derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal vulneración;
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
39. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales13 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
40. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución14.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
41. Con respecto al requisito de relevancia constitucional, la jurisprudencia de la
Corte Constitucional15 ha destacado el deber que le asiste al juez de tutela de
pronunciarse de forma expresa, y con claridad, en torno a las razones por las cuales
el asunto que entra a resolver supera este presupuesto, de cara a los lineamientos
que ha impartido el órgano de cierre sobre la materia.
11
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
12
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
13
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
14
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
15
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
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42. Así pues, la Corte Constitucional16 ha fijado unos criterios que deben ser
acatados con el fin de tener por superado el requisito de relevancia constitucional
en un caso en concreto, los cuales son los siguientes:
i) Que esté inmiscuido «el contenido, alcance y goce de algún derecho
fundamental y no referirse exclusivamente a un asunto meramente legal
y/o económico»17 lo que implica revisar «que el asunto tenga la entidad
para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar
el alcance de un derecho fundamental»18;
ii) que el asunto no sea exclusivamente económico o que no tenga
únicamente un carácter legal, lo que ocurre por ejemplo cuando se discute
la forma de interpretar o aplicar una norma o en los eventos en que la
controversia versa sobre un aspecto monetario que solo comporta
incidencia para los particulares más no para el interés general; y
iii) que la solicitud de amparo cumpla con una carga argumentativa mínima
que permita exponer las razones por las cuales la providencia judicial
incurrió en una afectación grave de derechos fundamentales.
43. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que la
decisión cuestionada fue proferida con desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
44. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de reparación directa en el que se profirió la decisión
objeto de tutela.
45. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 30 de septiembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de
Caldas fue notificada el 1 de octubre siguiente19, y la demanda de tutela se presentó
el 25 de febrero de 202620, esto es, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional21 y del Consejo de Estado22 como razonable.
46.En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos de la afectación alegada, y no
16
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
18
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022.
19
Samai, exp. 17001-3333-004-2013-00172-05, índice 40.
20
Samai, exp. 11001-15-000-2026-01493-00, índice 1.
21
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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resultaba posible que hubiera expuesto la vulneración reclamada en sede del
proceso objeto de estudio, precisamente porque su cuestionamiento está dirigido
en contra de la decisión que le puso fin a la actuación judicial.
47. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de reparación directa.
48. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo y
desconocimiento del precedente y, en ese orden, continuará con el análisis de fondo
en los términos que planteó la parte actora.
3.4. Problema jurídico
49. Corresponde a la Sala determinar si ¿el Tribunal Administrativo de Caldas
incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del precedente, y vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad al proferir la sentencia
del 30 de septiembre de 2025, mediante la cual modificó parcialmente la providencia
de primera instancia23, al disminuir el valor de los perjuicios morales y materiales
reconocidos a la parte demandante dentro del proceso de reparación directa con
radicado 17001-3333-004-2013-00172-05?.
50. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.
3.4.1. El defecto sustantivo
51. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado24.
52. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
53. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios judiciales
en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e interpretación de
23
Sentencia del 21 de septiembre de 2021, proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo de Manizales.
24
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
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las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio de autonomía e
independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra sujeta a los valores,
principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello, “pese a la autonomía de
los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes al caso concreto, para
determinar su forma de aplicación y para establecer la manera de interpretar e integrar
el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es dable apartarse de las disposiciones
de la Constitución o la ley, ya que la justicia se administra con sujeción a los
contenidos, postulados y principios constitucionales que son de forzosa aplicación
[…]25.
54. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
55. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).26
3.4.2. El desconocimiento del precedente judicial
56. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas27.
57. Al respecto, la Corte Constitucional28 ha considerado que el precedente se
define como aquella la sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos
analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente
considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior.
Frente a la obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:
90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
25
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
26
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
27 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
28 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
10
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precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto de
la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al imperio
de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia para
fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo principal
garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los principios de
seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el ordenamiento
constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un principio
relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la aplicación de
la ley y por otras prescripciones constitucionales29.
58. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia30.
59. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos sin «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»31.
60. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela32.
61. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
29 Se transcribe incluso con errores.
30 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
31 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
32 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
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decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación33.
62. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.
3.5. Caso concreto
63. En el asunto bajo estudio, María Alejandra Pineda Arias y otras personas
presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra
la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P. y el municipio de Manizales, con el fin
de que se resarcieran los perjuicios causados con ocasión del deslizamiento de
tierra ocurrido el 5 de noviembre de 2011 en el barrio Cervantes del referido ente
territorial.
64. En primera instancia, el Juzgado Cuarto Administrativo de Manizales, mediante
providencia del 21 de septiembre de 2021, accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda. Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo de Caldas
emitió fallo el 30 de septiembre de 2025, en el que modificó la decisión del a quo,
en lo que respecta a la imputabilidad del daño y el valor de los perjuicios
reconocidos.
65. Ahora bien, la parte accionante argumentó en el escrito de tutela, en concreto,
que la autoridad judicial accionada, al proferir el fallo del 30 de septiembre de 2025,
incurrió en defecto sustantivo, por cuanto efectuó una indebida interpretación y
aplicación del artículo 88 del Código General del Proceso y del artículo 16 de la Ley
446 de 1998, en lo que respecta a la acumulación de pretensiones y el
reconocimiento de los perjuicios.
66. En este sentido, explicó que la autoridad judicial accionada analizó los
diferentes daños reclamados por cada grupo familiar demandante, como si se
tratara de una sola pretensión, sin tener en cuenta las circunstancias individuales y
cada sujeto, lo cual derivó en la inaplicación injustificada del artículo 16 de la Ley
446 de 1998, cuya norma procesal establece la forma de valoración del menoscabo
en estos asuntos.
67. Añadió que en la referida disposición normativa no se encuentra el criterio de
«compensación proporcional» que empleó el Tribunal accionado para determinar
los perjuicios reclamados por la parte demandante.
33 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
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68. Por otro lado, afirmó que la providencia cuestionada desconoció el precedente,
al no atender los criterios establecidos en la sentencia de unificación, proferida por
la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 28 de agosto de 2014 34, por cuanto
adoptó la metodología de «compensación proporcional» para determinar el valor de
la indemnización por el perjuicio moral reconocido a los demandantes, sin examinar
los diferentes daños causados de forma autónoma e independiente, en atención a
las pruebas aportadas al proceso ordinario.
69. Ahora bien, al examinar el contenido de la providencia objeto de tutela, se
observa que, el Tribunal Administrativo de Caldas examinó el contenido de los
informes técnicos allegados al expediente de reparación directa, con los que
constató que el 5 de noviembre de 2011 se presentó un deslizamiento de tierra en
la calle 34 entre carreras 29 y 29 A del barrio Cervantes del municipio de Manizales
que causó pérdidas de vidas humanas y el detrimento de bienes muebles, enseres
y prendas de vestir pertenecientes a las personas afectadas por el desastre,
miembros de dicha localidad.
70. Asimismo, se advierte que la autoridad judicial accionada, a partir de los
documentos técnicos y los testimonios aportados al trámite judicial, evidenció que
el municipio de Manizales conocía «la inestabilidad del terreno de la ladera del barrio
Cervantes, los problemas de captación de aguas lluvias, de escorrentía y la posible
producción de un deslizamiento de tierra sobre la zona». De manera que era
evidente que el lugar exigía vigilancia especializada, lo cual resultaba relevante, si
se tenía en cuenta que para la fecha del suceso la ciudad se encontraba en una alta
temporada invernal.
71. Adicionalmente, el Tribunal accionado destacó que el «municipio contaba con
información técnica suficiente sobre las falencias estructurales del sector: ausencia
de infraestructura para el manejo de escorrentía, fisuras, deterioro vial y
advertencias expresas de Corpocaldas. Estos antecedentes, sumados a la
clasificación de la ladera como zona de protección ambiental, activaban el deber de
intervención conforme al artículo 76 de la Ley 715 de 2001 y el Decreto Ley 919 de
1989».
72. Por lo anterior, la autoridad judicial accionada concluyó que se encontraba
acreditado que el municipio de Manizales incumplió sus deberes legales de
intervenir una zona con signos evidentes de inestabilidad para la previsión de
desastres.
73. Más adelante, el Tribunal Administrativo de Caldas analizó las obligaciones de
la empresa de servicios públicos Aguas de Manizales S.A., por lo que acudió a lo
dispuesto en los artículos 25 de la Ley 142 de 1994, 15 del contrato de concesión
de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado de Manizales y en la
jurisprudencia del Consejo de Estado35, lo cual le permitió advertir que la
34
Expediente con radicado núm. 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251).
35
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección A. Consejera Ponente: Martha
Nubia Velásquez Rico. Sentencia de 19 de marzo de 2021. Radicado: 05001-23-31-000-2011-01655-01 (58.770).
Demandante: John Jairo Ospina Arcila. Demandados: Municipio de Santa Bárbara y otros.
13
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01493-00 (2280)
Accionante: María Alejandra Pineda Arias
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mencionada entidad «[…] tiene la obligación legal de operar las redes de
conducción de agua potable bajo condiciones que garanticen seguridad,
durabilidad, funcionalidad y calidad. Por lo tanto, le corresponde ejecutar de manera
diligente las labores de mantenimiento necesarias para preservar la integridad y
eficiencia del sistema».
74. Así pues, la autoridad judicial accionada refirió que el daño también era
imputable a la empresa Aguas de Manizales S.A. dada la omisión de sus labores de
mantenimiento y cuidado preventivo de la infraestructura ubicada en el sector del
barrio Cervantes.
75. Lo dicho, por cuanto, estaba acreditado en el plenario con los informes técnicos
aportados por la Universidad Nacional y la empresa de Ingeniería Técnica y
Científica, ITEC S.A.S., además de las declaraciones y los elementos probatorios
recaudados por la Fiscalía Trece Seccional de Manizales, que la tubería ubicada en
el barrio Cervantes presentó un fenómeno de «cedimiento» en sus uniones como
consecuencia del movimiento del terreno, lo que provocó su desarticulación
estructural.
76. Por lo tanto, para el Tribunal accionado, el deterioro de la red de acueducto y
alcantarillado y la falta de mantenimiento de esta permitían inferir que la omisión de
sus deberes contractuales en los que incurrió la empresa Aguas de Manizales S.A.
E.S.P., lo que contribuyó al daño alegado por la parte demandante.
77. Aunado a lo anterior, la autoridad judicial accionada precisó que, si bien el
municipio de Manizales y la empresa Aguas de Manizales S.A. E.S.P., por el
incumplimiento de sus obligaciones jurídicas ocasionaron el daño ocurrido el 5 de
noviembre de 2011 en el barrio Cervantes de la ciudad de Manizales en la calle 34,
entre las carreras 29 y 29 A, también era cierto que un fenómeno meteorológico
como «La Niña de 2010-2011» constituyó una causa de fuerza mayor que concurrió
en la producción del daño alegado por los demandantes, al haber generado un
incremento significativo del nivel freático y la saturación de los suelos en la ladera
del barrio Cervantes.
78. Esto, se sustentó en los informes de la Unidad de Gestión del Riesgo de
Manizales, de la Red de Estaciones Meteorológicas del municipio de Manizales y
en documentos emitidos por el Instituto de Estudios Ambientales (IDEA) de la
Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, que se adjuntaron al proceso
ordinario.
79. Sin embargo, el Tribunal resaltó que la anterior circunstancia no exoneraba de
responsabilidad a las entidades públicas demandadas, sino que modulaba la
intensidad causal para efectos de determinar la responsabilidad administrativa y la
procedencia de las medidas indemnizatorias solicitadas. Sobre el particular expuso
lo siguiente:
En efecto, la jurisprudencia ha establecido que cuando en la producción del daño
antijurídico intervienen múltiples factores, algunos atribuibles a la Administración y
14
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01493-00 (2280)
Accionante: María Alejandra Pineda Arias
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otros a las víctimas, terceros o a fenómenos naturales, se configura una
responsabilidad concurrente, que otorga el deber al Juez de determinar el grado de
participación de cada causa, lo cual también se prevé en el artículo 140 inciso final del
CPACA.
En ese orden, se procede a la graduación de la participación de las entidades
demandadas municipio de Manizales y Aguas de Manizales S.A. E.S.P. y del fenómeno
de la Niña, tras valorar la totalidad del acervo probatorio, la cronología de los hechos,
la naturaleza multifactorial del daño y la conducta de cada interviniente, en los
siguientes términos:
Municipio de Manizales, porcentaje asignado 42%: Por su rol central en
la gestión del riesgo, la deficiencia del sistema de captación de aguas de la
ladera del barrio Cervantes, así como la ausencia de infraestructura para el
manejo de aguas de escorrentía, la falta de mantenimiento ante la presencia
de fisuras, el deterioro de la vía y la carencia de estudios técnicos sobre la
ladera, a pesar de las advertencias expresas emitidas por Corpocaldas.
Aguas de Manizales S.A. E.S.P. asignado 28%: Por la falta de
mantenimiento oportuno de su infraestructura hidráulica, que produjo fugas
en la tubería del barrio Cervantes, ocasionadas por el debilitamiento de sus
juntas como consecuencia de la corrosión en los tornillos de amarre.
Fenómeno de La Niña, porcentaje asignado 30%: Por su carácter de
fuerza mayor, que concurrió en la producción del daño, pero no lo explica ni
lo exonera completamente, dada la previsibilidad y la posibilidad de
mitigación.
En todo caso la condena por responsabilidad patrimonial tal como lo ha señalado la
Corte Constitucional36 y el Consejo de Estado37 es solidaria de acuerdo con el artículo
2344 del Código Civil pudiendo en consecuencia las víctimas elegir a la entidad que
deberá pagar la totalidad de la condena (reducida en un 30% como ya se anunció), sin
perjuicio de que dicha entidad pueda repetir contra las otras, en el porcentaje que le
corresponde
De manera que, una vez disminuida en el 30% las condenas, procede realizar la
proporción (regla de tres simple), que conduce a establecer que, concretamente el
municipio de Manizales deberá pagar el sesenta por ciento (60%) y Aguas de Manizales
S.A. E.S.P. el cuarenta por ciento (40%) de la condena que aquí se liquida.
80. Bajo este contexto, el Tribunal Administrativo de Caldas procedió a definir las
medidas de reparación a las que tenía derecho la parte demandante. Así pues, en
cuanto a los perjuicios morales reconocidos a la señora María Alejandra Pineda
Arias, como integrante del segundo grupo de demandantes, la sentencia objeto de
tutela dispuso lo siguiente:
Al señor Leopoldo Vasco Otálvaro se le reconocerá una indemnización por la muerte
de su compañera permanente, Emilsen Pineda Arias. Adicionalmente, se le otorgará
un incremento del 50% sobre el monto máximo establecido en el baremo fijado por el
36
CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-055 de 2016. MP. Luís Ernesto Vargas Silva.
37
CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección B. Consejero Ponente: Ramiro Pazos Guerrero. Sentencia de
dieciocho (18) de octubre de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 20001-23-31-000-2010-00323-01(47603). Actor:
Elvia Rosa Cuello Acosta y otros Demandado: Nación-Ministerio De Defensa-Policía Nacional-Rama Judicial- Fiscalía General
de La Nación. Sala Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, Sentencia Nº 25000-23-26-000-2005-01914-01 de
Consejo de Estado - de 25 de mayo de 2017 Subsección “B” C.P. Ramiro Pazos Guerrero. Bogotá D. C., 14 de diciembre de
2016. Expediente: 40676. Radicación: 630012331000200800150 01. Actor: Leandro Viveros Mosquera y otros Demandado:
Nación-Rama Judicial-Fiscalía General de la Nación
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01493-00 (2280)
Accionante: María Alejandra Pineda Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
Consejo de Estado, por cada uno de sus hijos fallecidos, que fueron 2, y luego se le
aplicará el 70% por concurrencia de causas.
A la señora María Alejandra Pineda Arias se le reconocerá una indemnización por la
muerte de su madre Emilsen Pineda Arias. Adicionalmente, se le otorgará un
incremento del 25% sobre el monto máximo establecido en el baremo fijado por el
Consejo de Estado, por la muerte de cada uno de sus dos hermanos, y luego se le
aplicará el 70% por concurrencia de causas.
A los señores Jesús María Pineda López y María Rosalba Arias Ocampo se les
reconocerá una indemnización por la muerte de su hija Emilsen Pineda Arias.
Adicionalmente, se le otorgará un incremento del 25% sobre el monto máximo
establecido en el baremo fijado por el Consejo de Estado, por cada uno de sus nietos
fallecidos que fueron dos, y luego se le aplicará el 70% por concurrencia de causas.
[…]
Como se dijo anteriormente, debido a la concurrencia del fenómeno de La Niña, las
condenas se reducen en un 30%, y cada entidad demandada deberá cubrir, dentro de
ese 70% final, la proporción que le fue asignada, equivalente a tantos salarios como
corresponda, de la siguiente manera:
[…]
Segundo grupo de demandantes:
Perjuicios
Demandante
morales
Leopoldo Vasco Otálvaro 140 SMLMV
María Alejandra Pineda Arias 105 SMLMV
Jesús María Pineda López 105 SMLMV
María Rosalba Arias Ocampo 105 SMLMV
María Gloria Otálvaro 52,5 SMLMV
Jaqueline Pineda Arias 52,5 SMLMV
Julián Arles Pineda Arias 52,5 SMLMV
Doris Pineda Arias 52,5 SMLMV
Sebastián Pineda Giraldo 33,25 SMLMV
Santiago Bernal Pineda 33,25 SMLMV
Bernardo Bernal Avendaño 14,875 SMLMV
Luisa Fernanda Giraldo Ramírez 14,875 SMLMV
81. De acuerdo con lo anterior, el Tribunal Administrativo de Caldas determinó que
debido al fenómeno de «La Niña» el valor de la condena debía reducirse en un 30%.
De modo que, recibiría una indemnización por la muerte de su señora madre,
Emilsen Pineda Arias, cuyo concepto tendría un incremento del 25% por la muerte
de cada uno de sus hermanos fallecidos, conforme los criterios definidos por la
sentencia de unificación proferida por el Consejo de Estado el 28 de agosto de
201438.
82.De otro lado, la providencia objeto de tutela desestimó la pretensión relacionada
con la indemnización por concepto de daño a la salud reclamado por la parte
demandante, comoquiera que no se acreditó en el plenario una afectación a la
38
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Consejero Ponente: Jaime Orlando Santofimio
Gamboa. Sentencia de 28 de agosto de 2014. Radicado: 66001-23-31-000-2001-00731-01(26251). Demandante: Ana Rita
Alarcón y otros. Demandado: Municipio de Pereira
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01493-00 (2280)
Accionante: María Alejandra Pineda Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
integridad psico-física de los accionantes que pudiese trascender a la indemnización
por los perjuicios morales reconocidos.
83. En lo que respecta al daño emergente derivado de la pérdida de muebles,
enseres y artículos personales como consecuencia del desastre ocurrido en el barrio
Cervantes el 5 de noviembre de 2011, el Tribunal accionado consideró que este
perjuicio sí fue debidamente acreditado en el proceso, con la prueba testimonial. En
consecuencia, era procedente confirmar la decisión de primera instancia, que
dispuso condenar en abstracto, con el fin de que a través del incidente de reparación
de perjuicios se pudiera determinar el monto indemnizatorio que le correspondería
a los demandantes.
84. Por otra parte, el Tribunal accionado no accedió el reconocimiento y pago del
lucro cesante futuro a favor de la familia de la señora María Alejandra Pineda Arias,
por el fallecimiento de los menores Juan Esteban Vasco Pineda y Daniela Vasco
Pineda, debido a que no se demostró que estos ejercieran una actividad productiva
de la cual dependían los sujetos demandantes.
85. Sin embargo, la autoridad judicial accionada reconoció y ordenó el pago de los
perjuicios por concepto de lucro cesante consolidado y futuro a favor del señor
Leopoldo Vasco Otalvaro, en su condición de esposo de la señora Emilse Pinera
Arias, con fundamento en los siguientes argumentos:
Al momento de su muerte el 5 de noviembre de 2011, Emilse Pineda Arias tenía 39
años de edad, de conformidad con la Resolución 1555 de 2010 le restarían 46.6 años
de vida (559,2 meses), su cónyuge Leopoldo Vasco Otálvaro tenía 35 años y contaba
con una expectativa de vida de 45.6 años (547,2 meses), por lo que la indemnización
se liquidará por el tiempo de expectativa de vida que tenía el señor Leopoldo, en el
sentido de que estadísticamente, éste hubiera fallecido primero.
Este último periodo debe liquidarse en lucro cesante consolidado, hasta la fecha de
esta sentencia y, lucro cesante futuro, desde el día siguiente a la fecha de la sentencia,
hasta la vida probable de Leopoldo Vasco Otálvaro. El lucro cesante consolidado será
de 166,43 meses y el futuro o por consolidar corresponde a 380,77.
De acuerdo con la certificación expedida el 21 de diciembre de 2011 por la empresa
Digitex Internacional Ltda., la señora Emilsen Pineda Arias recibía un salario de
$535.600154, cifra que actualizada arroja el siguiente resultado:
[…]
En consecuencia, al ser una suma inferior al salario mínimo mensual legal vigente
actual, se procederá a realizar la liquidación tomando en cuenta éste último, que
corresponde a la suma de $1.423.500, por resultar más favorable, siguiendo la
jurisprudencia actual del Consejo de Estado39. Asimismo, en cuanto al ingreso base de
liquidación se deben aplicar los criterios expuestos en la sentencia de unificación de 18
de julio de 201940 en los que se esbozó que el incremento del 25% por concepto de
prestaciones sociales procede siempre que: “i) así se pida en la demanda y ii) [que] se
39
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera - Subsección A. Consejera ponente: María
Adriana Marín. Sentencia de 7 de febrero de 2025. Radicado: 27001-23-31-000-2011-00100-01 (55512). Demandante:
Argenis Zapata Suárez y otros. Demandado: Nación (Ministerio de Defensa – Policía Nacional) y otros.
40
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano
Barrera. Radicado: 73001-23-31-000-2009-00133-01 (44.572). Actores: Orlando Correa Salazar y otros. Demandado: Nación
–Rama Judicial y otros.
17
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01493-00 (2280)
Accionante: María Alejandra Pineda Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
pruebe suficientemente que el afectado con la medida trabajaba como empleado al
tiempo de la detención, pues las pretensiones sociales son beneficios que operaran
con ocasión de una relación laboral subordinada”41.
En este orden de ideas, al ingreso base de liquidación se reconocerá el 25% por
prestaciones sociales, toda vez que Emilse Pineda Arias ejercía una actividad formal y
contaba con un contrato de trabajo y, además esto fue solicitado con el escrito de
demanda, e igualmente, se descontará el 50% correspondiente al valor que la víctima
destinaba para su propia subsistencia158 (como así lo señaló la Jueza de primera
instancia y porque ello no fue objeto de apelación). Así, se obtiene un ingreso base de
liquidación de $889.687,5.
[…]
Por lo tanto, el total del lucro cesante que le corresponde al señor Leopoldo Vasco
Otálvaro es: $381.337.045,7 cifra a la que se le aplicará el 70% por concurrencia de
causas.
86. Con fundamento en lo anterior, el Tribunal Administrativo de Caldas concluyó
que, como consecuencia de la concurrencia de causas del daño, entre las omisiones
de las entidades demandadas encargadas de la gestión del riesgo y la
infraestructura hidráulica en el sector afectado, y el fenómeno de «La Niña», las
condenas se debían reducir en un 30%, por lo que les correspondía a las
autoridades accionadas asumir, dentro de su grado de responsabilidad, el 70%
restante de los perjuicios reconocidos.
87. En este orden de ideas, se observa que la sentencia del 30 de septiembre de
2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, realizó un análisis
razonable y adecuado de los documentos aportados al proceso, la normativa y la
jurisprudencia aplicable al asunto, lo que le permitió concluir que, en el caso bajo
estudio, concurrió un conjunto de causas en la producción del daño ocasionado a la
parte demandante, razón por la cual las entidades demandadas debían responder
por los perjuicios ocasionados a favor de los interesados en un 70%.
88. En concreto, contrario a lo expuesto por la parte tutelante, se advierte que la
sentencia objeto de tutela efectuó un análisis pertinente de los perjuicios morales
pretendidos por la hoy tutelante y su grupo familiar, conforme los criterios definidos
por el Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2014,
es decir, según los porcentajes establecidos en dicha decisión, a partir del nivel de
parentesco o cercanía afectiva de los demandantes con las víctimas directas.
89. Ciertamente la providencia cuestionada puntualizó que: «la acumulación de los
perjuicios morales no obedece a una sumatoria aritmética proporcional al número
de pérdidas sufridas, sino que, conforme lo ha señalado el Consejo de Estado,
procede únicamente como un incremento razonable sobre la suma máxima definida
para el nivel de beneficiarios, atendiendo a la intensidad del daño, la relación con
las víctimas y las circunstancias particulares del caso».
41
Criterio adoptado en por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera – Subsección
C. Consejero ponente: Nicolás Yepes Corrales. Sentencia de 9 de abril de 2025. Radicado: 73001233100020100021601
(54255). Demandante: Jesús Milagros Orozco Orozco y otros. Demandado: Nación - Ministerio De Defensa – Ejército
Nacional.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01493-00 (2280)
Accionante: María Alejandra Pineda Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
90. Así pues, para la Sala es claro que el Tribunal accionado, no desconoció la tesis
contenida en la sentencia de unificación, pues tomó como punto de partida, al
momento de fijar la indemnización por daño moral, los topes establecidos por la
Sección Tercera de esta corporación.
91. Lo anterior no implicaba, como lo pretendía la parte accionante, que el daño
moral se valorara de manera subjetiva e individual, sino que exigía un análisis
objetivo, de acuerdo con las particularidades del asunto.
92. De esta manera, se advierte que la autoridad judicial accionada aplicó el criterio
unificado del Consejo de Estado, de acuerdo con las circunstancias en las que se
desarrolló el caso de la señora María Alejandra Pineda Arias y su grupo familiar, en
lo concerniente a la reclamación de los perjuicios morales, sin incurrir en un
desconocimiento del precedente de esta corporación.
93. En concreto se tiene que la providencia cuestionada realizó una valoración de
los daños reclamados por la tutelante, conforme los principios de reparación
integral, equidad y los criterios técnicos actuariales, por lo que no es posible inferir
que efectuó una indebida interpretación y aplicación de las normas referidas por la
accionante en el escrito de tutela (artículos 88 del CPACA, 16 de la Ley 446 de
1998, 13 y 90 de la Constitución).
94. Por lo expuesto, la autoridad accionada, en ejercicio de los principios de
autonomía funcional, independencia y sana crítica, efectuó una interpretación
coherente y razonable de las normas y los criterios jurisprudenciales aplicables al
caso concreto, así como de las pruebas obrantes en el expediente de reparación
directa. Y si bien la providencia objeto de tutela no fue totalmente favorable a la
tutelante, conforme lo pretendido en la demanda de reparación directa, esto no
significa que se hayan desconocido sus garantías constitucionales.
95. De esta manera, no es de recibo que la parte actora pretenda hacer uso de la
acción de tutela como si se tratara de una instancia adicional, con el fin de reabrir el
debate jurídico que se surtió dentro del trámite de la demanda de reparación directa,
con el único propósito de obtener un pronunciamiento que se acomode a sus
intereses y pretensiones.
4. Conclusión
96. La providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas no vulneró los
derechos fundamentales invocados por la parte actora, por cuanto no se evidencia
en su contenido un análisis arbitrario, o caprichoso, ajeno a preceptos jurídicos de
orden constitucional y legal, que constituya una vía de hecho por los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente, que exija la intervención del juez de
tutela. Por tal motivo, se negará la solicitud de amparo invocada por la accionante.
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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01493-00 (2280)
Accionante: María Alejandra Pineda Arias
Accionado: Tribunal Administrativo de Caldas
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla :
Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por Aguas de Manizales
S.A. E.S.P., conforme a lo expuesto en esta providencia.
Segundo: Negar el amparo de tutela solicitado por la señora María Alejandra
Pineda Arias en contra del Tribunal Administrativo de Caldas, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Ausente con excusa
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En
consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspxx.
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