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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01495-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01495-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por la señora Astrid Ustariz Guerra. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01495-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01495-00
Demandante: ASTRID USTARIZ GUERRA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Temas: Tutela por presunta vulneración de los derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia – Mora
judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación1.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

El 24 de febrero de 20262, la señora Astrid Ustariz Guerra, obrando en nombre
propio, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar con la
que pretende el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia.

La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con
ocasión de la presunta mora judicial injustificada presentada al interior del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, iniciado contra la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial que se identificó con
el radicado 20001-33-33-008-2018-00432-00/01.

1
Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.
2
Acción de tutela promovida por medio del buzón web del aplicativo de Tutelas y Habeas Corpus
de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

Demandante: Astrid Ustariz Guerra
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01495-00

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]

2. Que se imparta justicia sin más dilaciones.

3. Qué en un término de 48 horas contadas a partir de la notificación de la sentencia
de ésta, se emita sentencia de segunda instancia y no se violen más los términos
señalados por la ley, puesto que ha transcurrido más de un año y no ha habido
pronunciamiento alguno referente al recurso presentado por la administración de
justicia3.

1.3. Hechos

La Sala encontró los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que
se adoptará en la sentencia:

En el 2018, la señora Astrid Ustariz Guerra presentó demanda en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación,
Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se
inaplicara la frase «constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización
al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en
Salud», contenida en el artículo 1° del Decreto 383 de 2013 y, en consecuencia,
se le reconociera que la bonificación judicial constituía factor salarial para la
liquidación de todos los factores devengados.

El proceso fue repartido al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito Judicial
de Valledupar que, en escrito del 11 de febrero de 2019 manifestó impedimento
para conocer del asunto, el cual fue declarado fundado por el Tribunal
Administrativo del Cesar.

En consecuencia, el proceso fue asignado al Juzgado 401 Administrativo
Transitorio del Circuito Judicial de Valledupar que, por medio de sentencia del 27
de octubre de 2021, accedió a las pretensiones.

Inconforme con ello, el 16 de noviembre de 2021, el extremo pasivo presentó
recurso de apelación e incidente de nulidad. La última solicitud fue resuelta
mediante auto del 4 de abril de 2022 en el que fue rechazado.

El 18 de mayo de 2022 fue repartido el proceso al Tribunal Administrativo del Cesar
y el 14 de junio siguiente, pasó el expediente al Despacho del Magistrado José

3
Transcripción literal que puede contener errores.

2

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Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
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Antonio Aponte Olivella, quien manifestó impedimento el 7 de julio del mismo año.

Asimismo, las magistradas Doris Pinzón Amado y María Luz Álvarez Araújo se
manifestaron impedidas mediante escritos del 21 de julio y 4 de agosto de 2022.

La totalidad de los impedimentos fueron resueltos por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B en auto del 13 de abril de 2023, en el cual se
declararon fundados.

Por lo tanto, el 6 de julio de 2023, el Tribunal Administrativo del Cesar ordenó llevar
a cabo el sorteo de los conjueces que integrarían la Sala de Decisión, para lo cual
el 28 de julio del mismo año, se eligió a la doctora Ruth Mercedes Castro como
conjuez ponente y a los doctores María Paulina Lafaurie Fernández y Fabio
Guerrero Montes como conjueces integrantes de la Sala.

El 26 de septiembre de 2024, la conjuez ponente admitió el recurso de apelación,
el cual fue notificado el 30 de septiembre de 2024.

Seguido de ello, el 8 de octubre de 2024, el proceso pasó a Despacho para dictar
sentencia de segundo grado.

El 4 de junio de 2025, el apoderado judicial de la parte demandante presentó
solicitud de impulso procesal.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La accionante señaló los artículos 86 de la Constitución Política, 116 y 121 del
Código General del Proceso, sobre los cuales indicó que ya había transcurrido el
doble del tiempo establecido por la norma, para que la conjuez ponente dictara la
providencia de segundo grado en el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho.

1.5. Trámite de la acción de tutela

El 2 de marzo de 2026, la Magistrada Ponente manifestó impedimento para
conocer del asunto, en atención al cargo detentado como magistrada del Tribunal
Administrativo de Antioquia, en el cual percibió como funcionaria de la Rama
Judicial la bonificación por compensación prevista en el Decreto 610 de 1998,
modificado por el Decreto 1102 de 2012, lo cual implicaba que tuviera un interés
directo en el asunto.

Sin embargo, por medio de auto del 12 de marzo de 2026, los demás integrantes
de la Sala declararon infundado el impedimento, tras considerar que en el trámite
tutelar no se estaba discutiendo el reconocimiento de la bonificación judicial, sino

3

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la mora judicial.

Por lo tanto, el 24 de marzo del año en curso, la Magistrada Ponente admitió la
acción de tutela, ordenó notificar a la parte demandante4 y, como parte
demandada, a los conjueces que integran la sala del Tribunal Administrativo del
Cesar5.

1.6. Intervención

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentó la
siguiente:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Cesar

Por medio de informe rendido el 27 de marzo de 2026, la conjuez sustanciadora
explicó que el proceso de la referencia ingresó al Despacho para fallo el 8 de
octubre de 2024, sin embargo, recordó que los conjueces no contaban con planta
de personal para la sustanciación de providencias, sino que lo realizaban de
manera personal y conjunta a las demás actividades laborales que poseen.

Adujo que, era consiente de la legítima expectativa que tenían los usuarios de la
administración de justicia respecto de la prontitud en las decisiones judiciales, no
obstante, la asignación de procesos en ocasiones superaba la capacidad material
y humana para asumir el cúmulo de funciones asignadas, en tanto sobrepasaba la
jornada legal prevista.

Igualmente, advirtió que, para el momento, solamente estaban ejerciendo
funciones dos conjueces en el tribunal, pues el resto había renunciado. Sin
perjuicio de lo anterior, reiteró su compromiso institucional con la prestación
eficiente, responsable y garantista del servicio público de administración de
justicia, en estricto cumplimiento de los principios constitucionales que orientan la
función judicial.

Para concluir, sostuvo que se descartaba la existencia de una vulneración de
derechos fundamentales, concluyéndose la improcedencia del presente trámite
tutelar.

4
Índice 21 de Samai. La notificación se realizó al correo electrónico: astrid.ustariz@gmail.com.
5
Índices 21 y 26 de Samai. La notificación se realizó a los buzones web:
tutelastacsr@cendoj.ramajudicial.gov.co, sectriadm@cendoj.ramajudicial.gov.co,
ruthmcastro@hotmail.com, fabioguerrerom@hotmail.com y mariapaulafaurief@hotmail.com.

4

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Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer de la demanda presentada por
la señora Astrid Ustariz Guerra, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 5. °
del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1. º del
Decreto 333 de 2021, por cuanto esta se dirige, contra el Tribunal Administrativo
del Cesar.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala dar respuesta al siguiente interrogante:

• ¿El Tribunal Administrativo del Cesar vulneró los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de la señora Astrid Ustariz Guerra con ocasión de la mora judicial
injustificada, por la omisión en darle trámite al medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho el cual se encuentra al Despacho
para fallo desde el 8 de octubre de 2024?

Para resolver tal problema jurídico, resulta pertinente analizar los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela; (ii) derecho al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia; (iii) mora judicial injustificada y, (iv) el caso
concreto.

2.3. Generalidades de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la
acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales, siempre que sean violados o amenazados por la acción
u omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable6.

6
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

5

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2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica del artículo 229 de la Constitución7, del derecho fundamental al debido
proceso8 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de
fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia9.

El derecho mencionado ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para
que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una
resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la
ley […]»10.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de
llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a
atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la
certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la
luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que
aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos
materia de su decisión […]»11.

Frente a esto, debe además recordarse que, de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el «[…] ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías”12, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades

7
«Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley
indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado».
8
«Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y
administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o
tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia
a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien
sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de
oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones
injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la
sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso».
9
Sentencia T-006 de 1992.
10
Sentencia T-476 de 1998.
11
Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
12
Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

6

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judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para
que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con
lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad.
Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad
de que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las
personas […]»13.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1. ° de la Ley Estatuaria de la
Administración de Justicia14 y con sustento en los principios de celeridad, eficiencia
y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director del
proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de evitar el desgaste
que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una sentencia
inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario
judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin
vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la
agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante,
activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través
de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la
obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos
mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia material […]»15.

2.5. La mora judicial injustificada

La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial puede
llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, en
aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación es originada
no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de
exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la
omisión sistemática de sus deberes16.

Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que «atendiendo la
realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento de los términos

13
Ibídem.
14
Ley 270 de 1996. «Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que
cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social
y lograr y mantener la concordia nacional».
15
Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio
Palacio.
16
Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.

7

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procesales no es imputable al actuar de los funcionarios judiciales»17.

En esa línea, dicha Corporación precisó que:

[…] por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere de un
mayor tiempo del establecido en las normas y en la Constitución para su
estudio, para valorar pruebas o para analizar la normatividad existente. Por
ello, la jurisprudencia ha destacado que cuando la tardanza no es imputable al
actuar del juez o cuando existe una justificación que explique el retardo, no se
entienden vulnerados los derechos al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego
de hacer un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i) cuando
es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la
diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se constata que efectivamente
existen problemas estructurales en la administración de justicia que generan un
exceso de carga laboral o de congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la
misma providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se acredita
que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su comportamiento es el
resultado de una omisión en el cumplimiento de sus funciones. (Resaltado propio)

Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición reiterada
en relación con la existencia de mora judicial18, según la cual solo se predica si
hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la competencia del
juez. En el evento de acreditarse esta conducta, constituye violación al derecho de
acceso a la administración de justicia y de contera, al debido proceso de las partes.

2.6. Caso concreto

La señora Astrid Ustariz Guerra alegó la vulneración de sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia por
parte del Tribunal Administrativo del Cesar, con ocasión de la presunta mora
judicial injustificada en dictar la decisión de segunda instancia al interior del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con el radicado
20001-33-33-008-2018-00432-00/01.

Del informe allegado por la autoridad judicial accionada, la conjuez encargada de
proferir la decisión reclamada indicó que no se configuraba la mora judicial
injustificada en el caso, en atención a que el proceso había pasado al Despacho
para dictar el fallo de segundo grado, el 8 de octubre de 2024.

17
Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.
18
Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 14.09.23, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad.
76001-23-33-000-2023-00520-01 y (ii) 18.04.24, M.P. Gloria María Gómez Montoya, Rad. 11001-
03-15-000-2023-06923-01.

8

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Sostuvo que, si bien no desconocía la expectativa legítima del extremo activo
sobre la prontitud de la decisión, se debía considerar que, al desempeñarse como
conjuez y no magistrada, no tenía a su disposición el recurso humano habilitado
para la sustanciación de providencias; por lo cual, tramitar la totalidad de
expedientes a su cargo en ocasiones superaba su capacidad laboral.

Además, puso de presente que actualmente el tribunal solo contaba con dos
conjueces activos para la proyección de todos los procesos asignados, puesto que
los demás habían renunciado. En consecuencia, la carga era aún mayor, sin
embargo, se encontraba comprometía con la eficacia y eficiencia del servicio.

La Corte Constitucional ha indicado que la dilación injustificada que configura la
violación de derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, se caracteriza por (i) el incumplimiento de los términos
señalados en la ley para adelantar actuación por parte del funcionario competente;
(ii) la omisión en el cumplimento de las obligaciones en el trámite de los procesos
a cargo de la autoridad judicial y, (iii) la falta de motivo razonable y prueba de que
la demora obedece a circunstancias que no se pueden contrarrestar.

De las actuaciones obrantes en Samai, se evidencia que el Despacho accionado
ha sido diligente, por cuanto la demanda fue repartida para el trámite de segunda
instancia el 18 de mayo de 2022 y, a partir de la fecha se han realizado las
actuaciones pertinentes como se muestra a continuación:

Actuación Fecha

Reparto del proceso al Tribunal Administrativo del Cesar. 18/05/2022

Paso al Despacho 14/06/2022

Manifestación de impedimento del Magistrado José Antonio
07/07/2022
Aponte Olivella.

Manifestación de impedimento de la Magistrada Doris Pinzón 21/07/2022
Amado.
Manifestación de impedimento de la Magistrada María Luz 04/08/2022
Álvarez Araújo.
Auto que resuelve impedimentos proferido por el Consejo de 13/04/2023
Estado, Sección Segunda, Subsección B.
Auto ordena llevar a cabo sorteo de conjueces dictado por el
06/07/2023
Tribunal Administrativo del Cesar.

Auto que realiza sorteo de conjueces. 28/07/2023

Auto que admite recurso de apelación dictado por la conjuez
26/09/2024
Ruth Mercedes Castro.

9

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Paso al Despacho para sentencia. 08/10/2024

Como se observa, el tribunal ha actuado de forma diligente, respetando las etapas
y concediendo las oportunidades procesales para garantizar el derecho de defensa
y contradicción de los demandados y la imparcialidad para adoptar una
decisión. Por lo tanto, pese a que la autoridad judicial accionada no ha proferido
la decisión de segunda instancia, de su contestación es clara en indicar que esto
se encuentra justificado.

Además, no se evidencia que exista un perjuicio irremediable de parte
del accionante que le permita al juez constitucional ordenar la agilización del
trámite.

En virtud de lo mencionado, esta Sala de Decisión negará el amparo deprecado
ya que no se encuentra una situación de dilación injustificada o indebida, pues no
se observa que la autoridad judicial accionada haya actuado de manera negligente
o que su comportamiento sea el resultado de una omisión en el cumplimento de
sus funciones.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la acción de tutela interpuesta por la señora Astrid Ustariz
Guerra.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, al día siguiente a su ejecutoria, REMITIR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

10

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Demandante: Astrid Ustariz Guerra
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01495-00

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

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