RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01501-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01501-00

Fecha
16 de abril de 2026
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01501-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Delia Alexandra Martínez Rincón, por las razones expuestas en la parte motiva. 2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01501-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

16 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2026-01501-00
Demandante DELIA ALEXANDRA MARTÍNEZ RINCÓN
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE
Temas Tutela contra providencia judicial. Defectos sustantivo y fáctico. Medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Diferencia
salarial escalafón docente. Requisitos de procedencia de tutela contra
providencia judicial: la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por la señora Delia Alexandra Martínez Rincón, de conformidad con lo
dispuesto por los decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 25 de febrero de 20261, por intermedio de apoderada, la señora Delia Alexandra
Martínez Rincón interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Sucre, por estimar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al
principio de favorabilidad con la sentencia del 6 de agosto de 2025 por la que el
tribunal accionado confirmó la decisión de primera instancia en la que se negaron
las pretensiones de la demanda al interior del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 70001-33-33-002-2024-00167-00/01.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
(Sic a toda la cita)
«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE en la sentencia proferida el
día 6 DE AGOSTO DE 2025, en el expediente radicado bajo número 70001-33-33-002-
2024-00167-01, transgredió los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO,
IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL
EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) DELIA ALEXANDRA
MARTÍNEZ RINCON, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a la
jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al caso y, el
material probatorio obrante en el proceso ordinario.
2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE SUCRE dejar sin efectos la providencia referida en el numeral
anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la norma aplicable al
debate jurídico y, analizando de manera concreta la situación particular del (la) docente
DELIA ALEXANDRA MARTÍNEZ RINCON (sic) a la luz de los argumentos planteados en
la demanda ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico.».

2. Hechos
Del escrito se advierten como hechos relevantes los siguientes:

1
Samai, índice 2.
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01501-00
Demandante: Delia Alexandra Martínez Rincón

2.1. La señora Delia Alexandra Martínez Rincón se desempeña como docente
oficial en la categoría 3AM del escalafón docente vigente.
2.2. Sostuvo que con ocasión del incremento ordenado para el personal docente
vinculado en el nuevo escalafón establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002,
para el año 2008 y 2009 hubo aumentos porcentuales inequitativos en la
asignación básica salarial de dicho personal, lo que generó una diferenciación
ya que a los docentes ubicados en la categoría 3AM se les incrementó en un
porcentaje del 35,81%, mientras que a la categoría 3DM se le incrementó el
salario en un 52,56%, acumulado.
2.3. La accionante presentó reclamación administrativa ante el Ministerio de
Educación Nacional y la Secretaría de Educación de Sucre, en donde pidió el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los
incrementos desiguales por los años 2008 y 2009. Ambas autoridades negaron
las pretensiones formuladas «materializando dicha negativa mediante los oficios del 17
DE MARZO DE 2024, y 2024-EE-054024, respectivamente».

2.4. Para el año 2024 la señora Delia Alexandra Martínez Rincón haciendo uso del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda
contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional y el departamento de
Sucre, con el fin de que se inaplicara el Decreto 284 de 2024 y de los demás
decretos que modificaron lo relacionado con el aumento de la asignación
salarial que correspondía a la categoría 3AM, así como también se declarara
la nulidad de los «oficios No. SUC2024ER004318 de fecha 17 de marzo de 2024 proferido
por el Departamento de Sucre y el oficio No. 2024-EE-054024 del día 27 de febrero del mismo
año expedido por el MEN, mediante los cuales se le negó el derecho al reconocimiento y pago
de la diferencia en el incremento salarial para el año 2008 del grado 3AM (17,40%) con el
grado del escalafón 3DM (44,89%) y para el año 2009 del 3AM (18,41%) con el grado del
escalafón 3DM (7,67%).»

A título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento y pago de
las diferencias salariales con ocasión del incremento decretado de manera
desigual entre las categorías 3AM y 3DM del escalafón docente.
2.5. En primera instancia el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo conoció
del proceso 70001-33-33-002-2024-00167-00. En sentencia del 27 de junio de
2025 negó las pretensiones de la demanda.
Como fundamento de su decisión señaló que el salario de los docentes estaba
relacionado con el grado de escalafón, ya que está vinculado con la
preparación académica, experiencia docente y méritos reconocidos al
momento en que se asumió el empleo.
Explicó que la demandante no demostró estar incluida en el escalafón nacional
docente en la categoría 3AM para los años 2008 y 2009, ya que fue nombrada
en propiedad e inscrita en el escalafón docente en el año 2006. Mientras que
el tránsito al escalafón 3AM tuvo lugar el 30 de septiembre de 2016. De ahí
que «Tampoco, puede efectuarse un juicio de igualdad entre ella, quien, al menos, para el
año 2006 fue inscrita en el escalafón sin nivel y, aquellos que para los años 2008 y 2009
pertenecían a los Niveles 3AM y/o 3DM, teniendo en cuenta que, las características que los
rodean son diferentes».

Dijo que el Gobierno Nacional cuenta con la posibilidad de establecer las
diferencias salariales en los diferentes escalafones. Esta decisión debe cumplir
el principio de progresividad y procurar que ningún incremento sea inferior al
IPC del año inmediatamente anterior. Por lo que afirmó que el incremento
aplicado durante los años 2008 y 2009 para el escalafón 3AM se encuentra
ajustado a derecho, ya que el IPC del año 2007 fue del 5,69% y del 2008 fue
del 7,67%. Consideró que, lo anterior garantizó la movilidad salarial y

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01501-00
Demandante: Delia Alexandra Martínez Rincón

capacidad adquisitiva del salario, por lo que encontraba justificada
objetivamente la diferencia.
Esta decisión fue apelada por la parte demandante.
2.6. El Tribunal Administrativo de Sucre, Sala Quinta de Decisión, conoció en
segunda instancia el recurso de apelación, y con sentencia del 6 de agosto de
2025 confirmó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo.
Como fundamento indicó que no es posible otorgar la nivelación salarial
pretendida pues para las vigencias fiscales 2008 y 2009 la señora Martínez
Rincón no se encontraba incluida en el nivel 3AM, debido a que las
disposiciones que regulan el régimen salarial de los docentes rigen hacia el
futuro.
Precisó que los salarios devengados estaban sustentados en el estatuto de
profesionalización de los docentes. Que a pesar de las diferencias
porcentuales en el aumento de los salarios año a año, ello se debía a
incentivos realizados a los educadores por sus esfuerzos, consagración y
experiencia, derivado de sus méritos y calidades, por lo que encontraba
justificada objetivamente la diferencia.
Por último, indicó que el juicio de igualdad se debe hacer entre sujetos
comparables, es decir, aquellos que tienen la misma situación fáctica y
jurídica, lo cual no sucede en este caso porque si bien los dos desarrollan las
mismas funciones no tienen el mismo escalafón.
3. Fundamentos de la acción
De manera preliminar, la parte demandante manifestó que la solicitud de amparo
cumple los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales. En cuanto al fondo del asunto, alegó que la sentencia
cuestionada incurrió en los siguientes vicios:
3.1. Defecto sustantivo: Se configura en este caso porque el tribunal realizó una
interpretación irrazonable y desproporcionada de las normas aplicables al
caso, específicamente el artículo 13 de la Constitución Política, la Ley 4° de
1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002. Señaló que el tribunal confirmó la
decisión de primera instancia argumentando que los incrementos salariales
diferenciados entre 3AM y 3DM fueron tomados bajo criterios objetivos, como
la formación y la experiencia (aspectos propios del escalafón docente). No
obstante, esa conclusión desconoce que la controversia radica en el trato
desigual en los incrementos porcentuales aplicados en los años 2008 y 2009,
en donde se le incrementó en un porcentaje del 52,56% a la categoría 3DM,
mientras que a la categoría 3AM el incremento fue de un 35,81%, diferencia
que no fue compensada en años posteriores.
Indicó que el tribunal desconoció el alcance normativo del principio de igualdad
y el mandato de progresividad al no verificar si existían razones objetivas y
constitucionales válidas para justificar un incremento salarial tan dispar. Así
pues, afirmó que se dejó de aplicar la sentencia C-1064 de 2001 la cual exige
una justificación objetiva y suficiente para los tratos diferenciados en materia
salarial, específicamente: «los porcentajes de aumentos salariales para los servidores de
las escalas superiores no pueden ser igual o mayor a los de los incrementos para los de las
escalas inmediatamente inferiores. De lo contrario se desconocerían los principios de equidad
y progresividad».

Explicó que el trato otorgado a los docentes del grado 3DM frente al grado
3AM para los años 2008 y 2009 se realizó sin que mediara una justificación
normativa, técnica, ni presupuestal, ya que se dispuso un aumento del 52,56%
para el grado 3DM y apenas del 35,81% para el grado 3AM. Adujo que la falta
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01501-00
Demandante: Delia Alexandra Martínez Rincón

de integración del precedente constitucional impidió que el juez aplicara un
juicio de proporcionalidad a los actos demandados, pues de haberse aplicado
la sentencia C-1064 de 2001 la conclusión jurídica habría sido opuesta ya que
los actos que fijaron el incremento salarial serían nulos por contrariar el
principio de igualdad sustancial.
Mencionó que no cuestiona la facultad del Ejecutivo para definir el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, sino que debate la forma
arbitraria en la que se ejerce, pues las diferencias salariales deben ser
sustentadas en criterios objetivos racionales y proporcionales, que garanticen
el respeto de los principios de igualdad y de equidad material. Por lo que, no
es dable mencionar las brechas salariales para justificar la legalidad de la
actuación administrativa, cuando dichos fundamentos no fueron consignados
en los actos que dispusieron el incremento salarial.
3.2. Defecto fáctico: Se presenta pues el tribunal incurrió en una indebida
valoración probatoria ya que no se aportó prueba alguna que demostrara «la
existencia de motivos válidos que justificaran dicha decisión administrativa». Reiteró que la
sentencia acusada tampoco precisó las justificaciones en la disparidad en el
incremento de los salarios.
Resaltó que, el artículo 13 de la Constitución Política y el Convenio 111 de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a la discriminación en
empleo y ocupación, indicó que el trato diferente como no discriminatorio en
materia salarial y prestacional debe tener sustento en razones jurídicas y
objetivas, pues cualquier tratamiento dispar que tenga una valoración subjetiva
es considerado arbitrario. Manifestó que era deber del tribunal abordar de
manera rigurosa el problema planteado, lo cual no ocurrió «pues desestimó las
pretensiones de la demanda sobre la base de una supuesta justificación relacionada con la
corrección de una brecha salarial, la cual no fue acreditada dentro del expediente ni
respaldada en los decretos que ordenaron los incrementos cuestionados».

4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Por auto del 3 de marzo de 20262 se admitió la acción de tutela presentada
por la señora Delia Alexandra Martínez Rincón contra el Tribunal
Administrativo de Sucre.
Asimismo, vinculó en calidad de terceros con interés al Juzgado Segundo
Administrativo de Sincelejo, a la Nación, Ministerio de Educación Nacional, al
Departamento de Sucre, así como al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio (FOMAG), a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado y al Ministerio Público; ofició al mencionado juzgado para que remitiera
copia del expediente 70001-33-33-002-2024-00167-00/01; reconoció personería
a la abogada de la parte actora; y ordenó las notificaciones correspondientes.
4.2. La Gobernación del departamento de Sucre3 señaló que la señora Martínez
Rincón fue nombrada docente de inglés en una institución educativa del
municipio de Ovejas, mediante el Decreto 0389 del 2 de enero de 2008, y que
el 20 de septiembre de 2016 ascendió al grado 3 nivel A, a través de la
Resolución 5178, razón suficiente para que no se le otorgara el derecho a la
nivelación pretendida ya que para los años 2008 y 2009 no se encontraba en
la categoría 3AM.
A su vez, dijo que no se vulneró el derecho a la igualdad dado que no es
procedente realizar la comparación alegada «ya que para los años 2008 y 2009 la
demandante no acreditó su pertenencia al grado 3AM, lo cual impide establecer una relación
directa de desigualdad respecto al grado 3 DM», más aún cuando el salario va ligado

2
Samai, índice 5.
3
Samai, índice 12.

4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01501-00
Demandante: Delia Alexandra Martínez Rincón

con el grado de escalafón que se demuestre para la posesión, pues se verifica
la preparación académica, la experiencia docente y los méritos reconocidos al
momento de asumir el empleo, por lo que toda diferencia salarial no puede
interpretarse como una vulneración al principio de proporcionalidad.
Añadió que respecto a la referencia que se realizó de la sentencia del 25 de
marzo de 2025 dictada por el Juzgado Veintitrés Administrativo de Medellín
(Exp. 05001-33-33-023-2024-00171-00), esta decisión no era vinculante ya que
fue apelada por el departamento de Antioquia y no se encontraba en firme. En
consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de tutela al no
acreditarse una transgresión de los derechos fundamentales invocados por el
demandante.
4.3. El Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo4 afirmó que profirió la
sentencia de primera instancia en el proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho. Consideró que la mencionada decisión se
fundamentó en los supuestos fácticos y normativos que rigen la materia, en el
material probatorio del expediente y señaló que acogió distintas posiciones
jurisprudenciales del órgano de cierre de la jurisdicción contencioso
administrativo. De tal manera, que solicitó negar las pretensiones en lo relativo
a cualquier responsabilidad que se le pueda atribuir a este despacho judicial.
Adjuntó un enlace de una carpeta de SharePoint que contenía el expediente,
y anexó las piezas procesales.
4.4. El Ministerio de Educación Nacional5 solicitó que se declarara improcedente
la acción de tutela. Señaló que el asunto de la referencia carece de relevancia
constitucional dado que no se acreditó la vulneración de garantías
fundamentales, además que el debate excede la competencia del juez de
tutela al girar en torno a una controversia de naturaleza económica.
4.5. El Tribunal Administrativo de Sucre, el Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG), el Ministerio Público y la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio a pesar de
haber sido notificadas6.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa

4
Samai, índice 13.
5
Samai, índice 16 y 18.
6
Samai, índice 8.
7
Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección
inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados
por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este Decreto».

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01501-00
Demandante: Delia Alexandra Martínez Rincón

excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales8
y especiales9 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional10 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso. Por tanto, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige
una mejor fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial objeto de
tutela y el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe restringirse
únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el proceso.
3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos y por tratarse de la acción de tutela
contra providencias judiciales, la Sala debe surtir un primer análisis para establecer
si la solicitud de amparo supera los requisitos generales de procedibilidad,
especialmente el de relevancia constitucional.
De superar dicho examen, se estudiará si el Tribunal Administrativo de Sucre
incurrió en un defecto sustantivo y fáctico al proferir la sentencia del 6 de agosto de
2025, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho 70001-33-33-002-2024-00167-00/01.
4. Requisito de relevancia constitucional: su alcance y análisis en el caso
particular

La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. Con base en esta premisa, la procedencia de
la tutela contra providencias judiciales está condicionada a que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional.
Para dilucidar si una solicitud de amparo de tutela cumple o no con este requisito,
esta Sala de decisión, a partir de lo señalado por la Sala Plena del Consejo de
Estado en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 y por la Corte
Constitucional en la sentencia T-248 de 2018, ha fijado algunos criterios
orientadores:
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.

8
Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que el actor
indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) el accionante haya utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales (subsidiariedad);
(iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia
constitucional; (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela; (vi) injerencia de la irregularidad procesal
en la providencia atacada.
9
Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) defecto
orgánico, (ii) defecto procedimental, (iii) defecto fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) defecto por error inducido,
(vi) defecto por falta de motivación, (vii) defecto por desconocimiento del precedente y (viii) defecto por violación directa
de la Constitución.
10
Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo de Estado.
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No. 11001-03-15-000-2012-
02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01501-00
Demandante: Delia Alexandra Martínez Rincón

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por
las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.

En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al juez
verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia adicional al
proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal propósito, le
corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en que se profirió la
providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela son iguales; y si
estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.

5. Análisis del caso concreto

5.1. La Sala advierte que la tutela en estudio es en efecto improcedente porque no
cumple con el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que la
parte actora busca que esta acción se convierta en un mecanismo adicional
para prolongar la discusión que ya fue conocida y resuelta por el juez natural
pues los argumentos que presentó la accionante en el escrito de tutela,
guardan gran similitud con el recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia. Como se analizará a continuación.

5.2. Se advierte que los planteamientos propuestos por la actora en el recurso de
apelación11 presentado contra la sentencia del 27 de junio de 2025 proferida
por el Juzgado Segundo Administrativo de Sincelejo coinciden con los
argumentos del escrito de tutela, pues manifestó inconformidad frente a la
omisión de indagar por los fundamentos de la aplicación de incrementos
salariales desiguales. Mencionó que no se estaba debatiendo la competencia
del Gobierno Nacional para expedir Decretos nacionales que fijaran los
salarios de los docentes oficiales según su escalafón.

Dijo que la controversia no radicaba en la existencia de salarios diferenciados
por escalafón, sino en la inequidad de los porcentajes de incremento aplicados
en los años mencionados, que generaron una brecha acumulativa contraria a
los principios de igualdad, proporcionalidad y mérito. Argumentó que estas

11
Samai, índice 24. Expediente 70001-33-33-002-2024-00167-00.

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01501-00
Demandante: Delia Alexandra Martínez Rincón

diferencias carecen de justificación técnica y jurídica, vulneran derechos
fundamentales y perpetúan desigualdades en el tiempo. Por esto indicó lo
siguiente:
«En este caso, se observa un tratamiento desigual que resulta particularmente problemático,
dado que las circunstancias fácticas no han variado. Los incrementos porcentuales salariales
aplicados en los años 2005, 2006, 2007, 2010 y desde 2012 hasta la fecha se han
implementado de manera uniforme para todo el escalafón docente. Sin embargo, los
aumentos para los años 2008, 2009 y 2011 presentaron diferencias significativas entre los
distintos grados y niveles, a pesar que todos están sujetos al mismo marco normativo,
específicamente el Decreto Ley 1278 de 2002. Esta disparidad en el tratamiento salarial no
encuentra justificación, ya que el principio de igualdad y no discriminación exige un trato
equitativo en situaciones equivalentes, por lo que, la falta de variación en las condiciones
fácticas y normativas refuerza la necesidad de aplicar criterios idénticos en la determinación
de los incrementos porcentuales para esas anualidades, máxime cuando la parte demandada
al interior del proceso no logró justificar adecuadamente esta inconsistencia, lo que socava la
legalidad de la actuación administrativa acusada.
En este sentido, es evidente que, en este caso y en virtud del principio de favorabilidad, deben
aplicarse los incrementos salariales anuales de manera uniforme a todos los docentes. No es
aceptable que algunos docentes reciban incrementos porcentuales mayores que otros, ya que
esto vulnera claramente el principio constitucional de favorabilidad establecido en el artículo
53 de la Constitución Política. Tal actuación por parte del Ministerio de Educación Nacional y
de la Entidad Territorial Demandada constituye una transgresión a este principio
fundamental.»

Por ello, recordó que dentro de las pretensiones de la demanda solicitó la
inaplicación del Decreto 284 de 2024 y la nulidad de los actos administrativos
derivados, con el fin de restablecer el derecho afectado y garantizar
incrementos salariales proporcionales y equitativos conforme con la
Constitución, la Ley 4 de 1992 y el Decreto 1278 de 2002.
5.3. Mediante sentencia del 6 de agosto de 2025, el Tribunal Administrativo de
Sucre, confirmó la decisión del juez de primera instancia al considerar que no
existe una única fórmula que el Gobierno Nacional aplique al incremento
salarial anual que se realiza en los distintos grados del escalafón docente pues
cuenta con amplia potestad de configuración normativa para fijar la escala
salarial en tanto se limite a lo dispuesto en la Ley 4 de 1992.
Luego de referirse al régimen especial del escalafón docente regulado por la
Ley 2277 de 1979, relacionó los hechos que se encontraban acreditados en el
caso concreto. Advirtiendo que la demandante cambió al escalafón 3AM en el
año 2016, por medio de la Resolución 5178 de 2016, por lo que explicó que
no era posible otorgarle la nivelación salarial pretendida pues para las
vigencias fiscales 2008 y 2009 la señora Martínez Rincón no se encontraba
incluida en el nivel 3AM.
Respecto a la vulneración al derecho a la igualdad anotó «no resulta procedente
realizar la comparación alegada, ya que para los años 2008 y 2009 la demandante no acreditó
su pertenencia al grado 3 AM, lo cual impide establecer una relación directa de desigualdad
respecto al grado 3 DM», adujo que en el evento de considerar la diferenciación
entre los niveles 3AM y 3DM era importante tener presente que un docente
que está en un grado determinado tiene unas condiciones de experiencia y
formación diferentes a las de un docente que está en otro grado del escalafón,
por ello «las variables salariales de los años 2008 y 2009 entre los grados y niveles 3 AM y
3 DM, a las que alude la parte demandante se encuentran justificados por el legislador, en
tanto tienen que ver con la formación profesional del docente, por lo que no resultan ni
injustificadas ni caprichosas».

Explicó que, en los aumentos decretados en los años 2008 y 2009 se respetó
el mínimo que se ha considerado para mantener el poder adquisitivo, y que se
tuvo en cuenta también factores como la formación, la capacitación, y la
experiencia para el aumento de los salarios. Por lo que, el salario va ligado
con el grado de escalafón que acredite el docente al momento de la posesión.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01501-00
Demandante: Delia Alexandra Martínez Rincón

De ahí que no toda diferencia puede interpretarse como una vulneración al
principio de proporcionalidad, ya que la Ley 4 de 1992 le otorga al Gobierno
Nacional la facultad de fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados
públicos incluidos los docentes, facultad que debe ejercerse dentro de los
parámetros de la ley marco, teniendo en cuenta que se debe contrarrestar la
inflación y que no se puede desmejorar los salarios ni las prestaciones
sociales. Así entonces, aclaró que «Tales decisiones responden a la necesidad de
cerrar brechas, corregir distorsiones internas en la estructura organizacional o garantizar una
remuneración acorde con las funciones efectivamente desempeñadas», por ello la
situación reprochada como desigual no cumple con la exigencia de la
comparación.
Mencionó que la demandante pretende equiparar los niveles 3AM con el 3DM,
sin advertir que «uno y otro reciben una remuneración de asiento o de base al momento
de la reglamentación distinta», luego el educador que apenas ingresa al escalafón
tiene una remuneración menor a quien tiene mayor trayectoria, situación que
no resulta comparable.
Mencionó que el Decreto 1278 de 2002 estableció tres grados definidos por el
nivel de formación (1, 2, y 3) y cuatro niveles salariales (A, B, C, y D), a los
que se accede por evaluación de desempeño y competencias. Consideró que
el juicio de igualdad aplica para una misma situación, lo cual no ocurre cuando
hay diferentes grupos de servidores que se rigen por sistemas diferentes
(sentencia C-313 de 2003). Por lo que, concluyó:
«Por consiguiente, no puede efectuarse un juicio de igualdad como lo alega la entre el
demandante, entre esta y los docentes que se encontraban para los años 2008 y 2009 en el
grado 3 DM, en principio, porque la demandante no ostentaba el grado de 3 AM, pues solo
hasta el año 2016 ascendió al grado 3 nivel AM e igualmente se reitera que, no puede
aplicarse en este caso el principio de “a trabajo igual, salario igual”, pues los supuestos
fácticos entre uno y otros son distintos, precisamente, por pertenecer a nivel distintos en el
escalafón nacional ».

En cuanto a la sentencia del Juzgado Veintitrés Administrativo Oral del Circuito
de Medellín, de fecha 25 de marzo de 2025, radicación 05001-3333-023-2024-
00171-00, en donde el demandante pone de presente un caso con similares
supuestos fácticos en donde la decisión judicial accedió a las pretensiones, el
tribunal consideró que no era vinculante al no estar en firme, debido a que se
presentó recurso de apelación contra dicha decisión.
En consecuencia, procedió a confirmar la decisión tomada por el Juez
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Sincelejo.
5.4. Ahora bien, en el escrito de tutela la parte actora presentó los mismos
argumentos que planteó en el recurso de apelación, pero anunciados desde la
presunta configuración de un defecto sustantivo y fáctico.
Indicó que la sentencia efectuó una interpretación irrazonable y
desproporcionada de las normas aplicables al caso, específicamente el
artículo 13 de la Constitución Política, la Ley 4° de 1992 y el Decreto Ley 1278
de 2002. Al respecto indicó:
Que para el periodo 2008 y 2009 se le dio a la categoría 3DM un ajuste salarial
más favorable, a diferencia de la categoría 3AM, lo que evidenció un trato
discriminatorio contrario a los principios de equidad y mérito, afirmó que se
desconoció que la controversia no giraba en torno a la diferencia estructural
sino al trato desigual de los incrementos porcentuales. Indicó que el tribunal
desconoció el alcance normativo del principio de igualdad y el mandato de
progresividad al no verificar si existían razones objetivas y constitucionales
válidas para justificar un incremento salarial tan dispar, así:

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01501-00
Demandante: Delia Alexandra Martínez Rincón

«En estas anualidades es que se debe centrar la atención del despacho a analizar la injusticia
que se cometió con los docentes de la educación pública, puesto que como vemos
gráficamente el Decreto Ley 1278 se creó en el año 2002, y posterior a ello empezó a regularse
los nombramientos bajo esta nueva normatividad salarial, y durante sus primeros años el
Gobierno Nacional expidió en debida forma los decretos de incrementos salariales, pero en el
año 2008 y 2009, realiza los incrementos de manera irregular y diferenciada.
En las anualidades 2008 y 2009, el Gobierno expide los actos administrativos Decretos
Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008 y los Decretos Nacionales 702 y 1238 de 2009 y fija los
salarios para todos el grupo docentes perteneciente al Decreto Ley 1272 de 2002, pero los
expide de manera irregular afectando desde entonces la base salarial de los docentes como
es caso de mi mandante y es que al decretar los incrementos salariales el Gobierno Nacional
toma como referente el decreto anterior es por la razón por la cual hoy en día se afectan los
salarios de mi mandante gracias a esta irregularidad.»

Explicó que el trato otorgado a los docentes del grado 3DM frente al grado
3AM para los años 2008 y 2009 se realizó sin que mediara una justificación
normativa, técnica, ni presupuestal, ya que se dispuso un incremento
porcentual del 35,81% a la categoría 3AM mientras que para la categoría 3DM
el incremento del salario fue del 52,56%. Por lo que, consideró que esa
desigualdad no era razonable y vulneraba los principios de igualdad material
y equidad retributiva.
De ahí que cuestionara que fue inconstitucional el trato otorgado a los
docentes del grado 3AM frente al grado 3DM, a su vez puso de presente que
«la sentencia de segunda instancia incurre en una omisión sustancial al no incorporar ni
analizar el precedente constitucional contenido en la Sentencia C-1064 de 2001 de la Corte
Constitucional, pese a su evidente aplicabilidad al caso concreto. Esta omisión compromete
no solo la solidez argumentativa del fallo, sino también su validez jurídica, al dejar de aplicar
un criterio obligatorio en materia de igualdad y progresividad en la política salarial del Estado».

Reiteró que no cuestionaba la facultad del Ejecutivo para definir el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, sino que debatía la forma
arbitraria en la que se ejerce pues las diferencias salariales deben ser
sustentadas en criterios objetivos racionales y proporcionales. A su vez, dijo
que no existieron pruebas que sustentaran el incremento salarial diferenciado.
5.5. De acuerdo con lo anterior, la acción de tutela analizada se está empleando
para insistir nuevamente en los planteamientos que ya fueron propuestos ante
el juez natural lo que no permite que se supere el requisito general de la
relevancia constitucional, pues los argumentos de esta acción buscan reabrir
el debate judicial ya que se pretende cuestionar la decisión del Tribunal
Administrativo de Sucre al insistir en que se vulneraron sus derechos con los
incrementos salariales diferenciados aplicados en los años 2008 y 2009.
Según su argumento, dichas variaciones impactaron la base salarial de los
años posteriores, pues cada aumento se calcula sobre una cifra previamente
ajustada, lo que genera una acumulación de la disparidad y perpetúa la
desigualdad salarial en el tiempo, situación que, a su juicio, contraviene el
principio de igualdad.
En consecuencia, como se ha expuesto, aunque en la presente acción de
tutela se argumenta que la providencia cuestionada vulneró derechos
fundamentales al incurrir en defectos sustantivo y fáctico, lo cierto es que la
parte actora pretende utilizar este mecanismo constitucional para reiterar los
mismos planteamientos que ya fueron debatidos y resueltos en el proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho.
Dichos argumentos fueron analizados por el juez natural, quien no solo los
desestimó, sino que además explicó de manera detallada las razones jurídicas
y técnicas que sustentan la legalidad y razonabilidad de los incrementos
salariales aplicados en los años objeto de controversia. En su decisión, se
precisó que las diferencias obedecen a criterios normativos vinculados al
10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01501-00
Demandante: Delia Alexandra Martínez Rincón

grado y nivel del escalafón docente, así como a la potestad de configuración
normativa del Gobierno Nacional, ejercida conforme con la Ley 4 de 1992 y el
Decreto 1278 de 2002. Aspectos que de antemano suponen para esta
colegiatura, que el asunto versa sobre una situación que resultó desfavorable
a la parte accionante y que se limita a poner de presente su inconformidad con
la decisión.
De manera que, es posible concluir que el Tribunal Administrativo de Sucre,
como juez natural ya resolvió los planteamientos de la parte actora dentro del
trámite ordinario 70001-33-33-002-2024-00167-00/01, al resolver el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia.
Valga recordar que, en abundante jurisprudencia del máximo tribunal
constitucional ha enfatizado que la tutela no es una instancia o recurso
adicional para reabrir debates meramente legales «la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios» ,
pues la competencia del juez de tutela se restringe «a los asuntos de relevancia
constitucional y a la protección efectiva de los derechos fundamentales» 12.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, al no encontrarse satisfecho el requisito de relevancia
constitucional en el caso examinado, se declarará improcedente la acción de tutela
presentada por la señora Delia Alexandra Martínez Rincón.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,

FALLA

1. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela presentada por la señora Delia
Alexandra Martínez Rincón, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. PUBLICAR la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente
dirección electrónica: https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

12
Corte Constitucional, Sentencia SU-128 de 2021.

11

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.