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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01505-00

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01505-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 26 Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01505-00 Actora: ROSA MARTÍNEZ JIMÉNEZ

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01505-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2026-01505-00
Referencia: Acción de tutela
Actora: ROSA MARTÍNEZ JIMÉNEZ
TESIS: LA ACCIÓN DE TUTELA ES IMPROCEDENTE POR FALTA DEL REQUISITO
GENERAL DE LA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA PARTE ACTORA
PRETENDE DEBATIR ASPECTOS QUE YA FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN
SEDE ORDINARIA.
DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, SEGURIDAD
SOCIAL Y MÍNIMO VITAL.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora

contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE1 y la SECCIÓN

SEGUNDA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO2.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

La señora ROSA MARTÍNEZ JIMÉNEZ, en ejercicio de la acción de

tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la

1
En adelante Tribunal.
2 En adelante Sección Segunda.

2

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Actora: ROSA MARTÍNEZ JIMÉNEZ

protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la

igualdad, a la seguridad social y al mínimo vital, los cuales estima

vulnerados por el TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA, al haber

proferido las providencias de 16 de diciembre de 2019 y 25 de

septiembre de 2025, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2017-00353-01.

I.2. Hechos

Manifestó que laboró de manera ininterrumpida como docente

durante 43 años en la escuela anexa de la INSTITUCIÓN

EDUCATIVA NORMAL DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO, iniciando

sus labores el 28 de enero de 1972 hasta el 23 de julio de 2015 y,

que fue nombrada mediante Resolución núm. 9769 de 18 de

septiembre de 1973 como maestra consejera a partir del 1º. de

septiembre de ese año, sin que ello afectara su primera designación,

ya que continuó en el mismo cargo hasta su retiro definitivo.

Indicó que en el 2001 solicitó el reconocimiento de la pensión gracia

al considerar que cumplía con los requisitos exigidos establecidos en

la Ley 114 de 4 de diciembre de 19133, es decir, ser docente

3
“Se crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela.”

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Actora: ROSA MARTÍNEZ JIMÉNEZ

territorial antes de 1980 y cumplir 20 años de servicio, no obstante,

fue negada mediante las resoluciones núms. 24812 de 24 de octubre

de 2001 y 3163 de 5 de junio de 2002.

Adujo que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del

derecho con el fin de obtener el reconocimiento de dicha prestación,

sin embargo, fue fallada en contra en el año 2011 al no haberse

acreditado los 20 años como docente territorial, decisión que fue

confirmada por el TRIBUNAL.

Sostuvo que el 23 de julio de 2015 se produjo su retiro forzoso y

mediante Oficio núm. 345 de 2015 se consolidó su historia laboral,

se certificó el tiempo de servicio y su estatus final, por lo que

presentó nueva reclamación administrativa que dio lugar a las

resoluciones núms. RDP 028926 de 19 de julio, RDP 035116 de 11 y

RDP 036449 de 21 de septiembre de 2017, que negaron el

reconocimiento de la pensión gracia.

Indicó que presentó nueva demanda a la cual le correspondió el

número único de radicación 2017-00353-00 y fue resuelta en

primera instancia por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SUCRE

que, en providencia de 16 de diciembre de 2019 declaró probada la

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excepción de cosa juzgada respecto al proceso judicial iniciado en el

2011, al existir identidad de objeto, causa y partes.

Manifestó que inconforme con lo anterior, interpuso recurso de

apelación que correspondió por reparto a la SECCIÓN SEGUNDA

que, en sentencia de 25 de septiembre de 2025, confirmó la decisión

del a quo.

I.3 Fundamentos de la solicitud

Manifestó que la decisión judicial cuestionada incurrió en defectos

procedimental por exceso ritual manifiesto y fáctico, al

interpretar como iguales el proceso identificado con el número único

de radicación 2002-01410-01 y el de objeto de controversia, pues

considera que las circunstancias que rodearon a cada uno eran

diferentes, ya que en este último se presentaron hechos nuevos

como la finalización del vínculo laboral y se dirigía contra actos

nuevos y distintos a los previamente estudiados.

Asimismo, indicó que incurrió en desconocimiento del precedente

al desconocer la jurisprudencia que permite revisar nuevamente

derechos pensionales periódicos cuando las circunstancias fácticas o

jurídicas cambian.

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I.4. Pretensiones

La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales

invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 1. TUTELAR mis derechos fundamentales al Debido Proceso,
Igualdad, Seguridad Social y Mínimo Vital.

2. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A, del 25 de septiembre de
2025 (Rad. 70001-23-33-000-2017-00353-01).

3. ORDENAR el reconocimiento de pensión gracia, su liquidación y
pago.

4. En caso de ser negada la anterior pretensión ruego a usted
Ordenar a la entidad accionada que profiera una nueva sentencia
de fondo, en la cual NO SE APLIQUE LA EXCEPCIÓN DE COSA
JUZGADA, y se proceda a estudiar los méritos de mi solicitud de
Pensión Gracia, teniendo en cuenta la prueba sobreviniente de mi
retiro definitivo en 2015 y la continuidad del servicio certificada
desde 1972. […]”. (Destacado pertenece al texto).

I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL y la SECCIÓN SEGUNDA, pese a ser

notificados en debida forma, guardaron silencio.

I.6. Interviniente

I.6.1.- La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP) pese a ser notificada en debida

forma, guardó silencio.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(expediente núm. 2009-01328, actora : Nery Germania Álvarez

Bello, magistrada María Elizabeth García González), en un asunto

que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la

jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela

contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la

violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

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jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional,

sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o

aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia

de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, con ponencia del magistrado Jorge

Octavio Ramírez Ramírez (expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez
constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional so
pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a
otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión
de relevancia constitucional que afecta los derechos
fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber

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del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que
el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De
no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un
mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar
las competencias de las distintas autoridades judiciales, de
concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones
inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda
meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro
que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la
sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales
de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina
fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una
grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los
casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes
de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera
independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por
ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados
y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre
que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible
pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas
exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por
el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la
decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que
dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los
debates sobre la protección de los derechos fundamentales no
pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las
sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de
selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las
sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala

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respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es
necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales
de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas.
En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda
una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al
menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial
que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se
decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o
que presentan una evidente y grosera contradicción entre los
fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo
a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en
esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede
como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental
vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución. […]”. (Destacado fuera del
texto).

En el presente asunto, la actora pretende que se dejen sin efecto las

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providencias de 16 de diciembre de 2019 y 25 de septiembre de

2025, proferidas, respectivamente, por el TRIBUNAL y la SECCIÓN

SEGUNDA, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2017-00353-01.

A las citadas providencias se le atribuye la vulneración de los

derechos fundamentales invocados, habida cuenta que, a su juicio,

incurrieron en defectos procedimental por exceso ritual

manifiesto y fáctico, al interpretar como iguales el proceso

identificado con el número único de radicación 2002-01410-01 y el

de objeto de controversia, pues considera que las circunstancias que

rodearon a cada uno eran diferentes, ya que en este último se

presentaron hechos nuevos como la finalización del vínculo laboral y

se dirigía contra actos nuevos y distintos a los previamente

estudiados.

Asimismo, que incurrieron en desconocimiento del precedente al

desconocer la jurisprudencia que permite revisar nuevamente

derechos pensionales periódicos cuando las circunstancias fácticas o

jurídicas cambian.

Es del caso advertir que aun cuando en la acción de tutela se solicita

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dejar sin efectos tanto la providencia de 16 de diciembre de 2019

proferida por el TRIBUNAL, como la dictada el 25 de septiembre de

2025 por la SECCIÓN SEGUNDA, la Sala realizará únicamente el

análisis de la presunta vulneración de los derechos fundamentales

invocados frente a la decisión de segunda instancia, toda vez que fue

esta la que dio por terminado el proceso.

Por lo anterior, en el caso sub examine, el problema jurídico que debe

resolver la Sala consiste en: i) determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de superarse tal derrotero; ii)

establecer si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos

fundamentales invocados.

De conformidad con los parámetros planteados en líneas anteriores,

la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,

según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida

por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la

relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C- 590 de 2005 antes transcrita, cuando

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la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una

cuestión de «evidente relevancia constitucional». Bajo esta

expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción

de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una

tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios

de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede

encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario

que se ponga de presente el desconocimiento de garantías

esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal

que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser

examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de

agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser
desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la
revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
4
Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
5
Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001
03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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providencias judiciales para evitar que se convierta en una
tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como
requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta
sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad
tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “el
principio constitucional de la autonomía funcional de los
jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita
que la acción de tutela se torne en un instrumento para
“involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte
“derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la
acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos
necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa
del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto
es de relevancia constitucional por la afección de sus
derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este
requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe
motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia
constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga
de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo,
para que el Juez pueda determinar si se cumple tal
requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el
amparo constitucional [10].

El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela

[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del
artículo 50 (“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal
Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y
para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional (LOTC), respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en
particular, contra providencias judiciales.”

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no puede erigirse en una instancia procesal adicional. En
consecuencia, en caso de que de la acción de tutela se derive que
esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una
discusión en torno a derechos fundamentales. No está
concebida para cuestiones de mera legalidad o de
apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas
cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de
2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo
siguiente:

“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la
cuestión que se pretende discutir por medio de la acción
de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la
tutela contra providencias judiciales no da lugar a una
tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de
un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela
contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto
de evidente relevancia constitucional y no puede ser
utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si
bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de
relevancia constitucional de aquellos que no lo son,
también lo es que esta Corporación ha sido
particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios
de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en
los antecedentes originados en la Asamblea Nacional
Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de
dos ámbitos del derecho al debido proceso. El primero
que emerge de la propia Constitución y que es el
denominado debido proceso constitucional, y otro
que es fruto de la labor legislativa, al que se denomina
simplemente debido proceso [12].

En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional
• art. 29 CN-, aboga por la protección de las garantías
esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio de
la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez
natural [13]; el derecho a presentar y controvertir las

[11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[12] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
[13] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”

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pruebas; el derecho de defensa –que incluye el derecho
a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia
en el proceso penal; el principio de predeterminación de
las reglas procesales o principio de legalidad; el derecho
a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y
la prohibición de juicios secretos. […]

Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la
relevancia constitucional de un caso, por violación al debido
proceso, por ejemplo, cuando el asunto que se estudia hace parte
de su núcleo esencial o cuando se presentan desvíos caprichosos
y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de defensa
y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose
de manera grave el equilibrio procesal entre las partes.

No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra
decisiones judiciales impone un estudio riguroso de los
requisitos de procedibilidad y de prosperidad de la acción,
más cuando se trata de atacar las providencias de las altas
Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la
sentencia SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado fuera del texto).

Asimismo, la Corte Constitucional en sentencia SU-215 de 2022,

precisó que la exigencia de dicho requisito tiene como finalidades las

siguientes:

“[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii)
la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela,
instituida para la protección y restablecimiento de los derechos
fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la
acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la
solución de discusiones de naturaleza eminentemente
legal […]”. (Destacado fuera de texto)

En la providencia aludida la Corte Constitucional reiteró que “[…] la

tutela contra providencias judiciales implica un juicio de

validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado,

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circunstancia que excluye su formulación para la discusión de

asuntos de interpretación que dieron origen a la controversia

judicial [...]”, por lo que indicó que para determinar si la acción de

tutela en concreto cumplía con el requisito general de relevancia

constitucional debía analizarse:

“[…](i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un
derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares
o privadas; y, (iii) que se justifique razonablemente una
afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir,
además, una vulneración arbitraria o violatoria de
derechos fundamentales […]”. (Destacado fuera de texto)

En definitiva, la relevancia constitucional como requisito genérico de

procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales tiene

como propósito: (i) evitar que la acción de tutela se utilice para

discutir asuntos de mera legalidad o de contenido estrictamente

económico; (ii) impedir que la acción de tutela se convierta en una

instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones

judiciales; y (iii) preservar la competencia y la independencia del juez

ordinario.

Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que en la providencia

cuestionada de 25 de septiembre de 2025, la SECCIÓN SEGUNDA

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realizó un estudio comparativo entre las partes, pretensiones y

hechos alegados en los dos procesos iniciados por la actora, para lo

cual logró determinar que existía identidad de partes y objeto, aun

cuando se evidenciaban diferencias en la redacción de las

pretensiones y el debate giraba en torno al cumplimiento de los

requisitos para acceder a la pensión gracia, por lo que se cumplía con

los presupuestos para declarar probada la excepción de cosa

juzgada.

Asimismo, que si bien la actora trajo al proceso objeto de tutela

nuevas pruebas tales como los actos administrativos y el acta de

retiro del servicio, ello no era argumento suficiente para desestimar

la identidad de causa en torno a la configuración de la cosa juzgada,

ya que las pretensiones derivaban de las mismas vulneraciones y

períodos de servicio ya alegados.

Al respecto la SECCIÓN SEGUNDA señaló lo siguiente:

“[…] Análisis del problema jurídico

23. El fenómeno de la cosa juzgada, de contenido sustancial,
corresponde a una excepción que doctrinariamente se ha
entendido como mixta, por cuanto en su calidad de medio de
defensa no solo ataca el fondo del litigio en lo relacionado con la
inviabilidad de las pretensiones o del derecho reclamado cuando
su procedencia ya ha sido analizada y juzgada sino que también
controvierte el proceso en sí mismo desde el punto de vista

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formal en lo que tiene que ver con la habilitación del juez para
conocer y emitir un pronunciamiento de mérito frente a un
conflicto previamente resuelto.

24. Esta institución se deriva del principio de seguridad jurídica,
con base en el cual lo que se busca es dar certeza a las partes
respecto de la firmeza y definición permanente de sus
controversias a fin de evitar la existencia de decisiones judiciales
contradictorias en punto a unos mismos hechos y derechos en
tensión.

25. Por esa razón, la cosa juzgada garantiza la inmutabilidad y
unicidad de las providencias, en el entendido de que no podrán
ser objeto de nuevas manifestaciones o estudios judiciales pues
lo resuelto deberá ser definitivo. Al respecto, el artículo 303 del
CGP regula esta figura de la siguiente forma:

«Artículo 303. Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida
en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada siempre que
el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, se funde en la
misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes. Se entiende que hay identidad jurídica
de partes cuando las del segundo proceso son sucesores por causa
de muerte de las que figuraron en el primero o causahabientes
suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro
de la demanda si se trata de derechos sujetos a registro, y al
secuestro en los demás casos. En los procesos en que se emplace
a personas indeterminadas para que comparezcan como parte,
incluidos los de filiación, la cosa juzgada surtirá efectos en relación
con todas las comprendidas en el emplazamiento. La cosa juzgada
no se opone al recurso extraordinario de revisión. […]»

26. A su turno, esta Sección8 ha tenido la oportunidad de
pronunciarse sobre el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, en
los siguientes términos:

«[…] 15. De acuerdo con la disposición del referido estatuto
procesal, para que se configure, el juez debe verificar
necesariamente la existencia de tres elementos, estos son: i)
identidad de objeto, ii) identidad de causa e iii) identidad jurídica
de partes. Estos elementos han sido definidos por la jurisprudencia
constitucional en los siguientes términos:

• Identidad de objeto, es decir, la demanda debe versar sobre la
misma pretensión material o inmaterial sobre la cual se predica la
cosa juzgada. Se presenta cuando sobre lo pretendido existe un
derecho reconocido, declarado o modificado sobre una o varias
cosas o sobre una relación jurídica. Igualmente se predica
identidad sobre aquellos elementos consecuenciales de un derecho
que no fueron declarados expresamente.

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• Identidad de causa, es decir, la demanda y la decisión que hizo
tránsito a cosa juzgada deben tener los mismos fundamentos o
hechos como sustento. Cuando además de los mismos hechos, la
demanda presenta nuevos elementos, solamente se permite el
análisis de los nuevos supuestos, caso en el cual, el juez puede
retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para
proceder a fallar sobre la nueva causa.

• Identidad de partes, es decir, al proceso deben concurrir las
mismas partes e intervinientes que resultaron vinculadas y
obligadas por la decisión que constituye cosa juzgada.

[…] 17. De acuerdo con lo expuesto, es claro que la institución
jurídico procesal de la cosa juzgada conlleva para el funcionario
judicial la prohibición de emitir pronunciamiento sobre aquellos
asuntos que previamente han sido objeto de una decisión judicial
de fondo. […].»

27. En este asunto, la discusión central consiste en determinar
si se configura el fenómeno de la cosa juzgada entre el caso en
examen y lo decidido por el Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Sincelejo y el Tribunal Administrativo de Sucre
dentro del expediente 70001 33 31 003 2002 01410 00 01. Para
tal fin, resulta pertinente elaborar un cuadro comparativo de
ambos medios de control que permita establecer la existencia —
o no— de identidad en la causa, el objeto y las partes, conforme
a lo dispuesto en el artículo 303 del CGP.

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28. De lo expuesto se desprende que la demandante ya había
acudido previamente a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con radicado 70001 33
31 003 2002 01410 00/01. En dicho proceso, el Juzgado Tercero

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Administrativo del Circuito de Sincelejo profirió sentencia de
primera instancia el 19 de agosto de 20119, que negó las
pretensiones de la demanda al establecer que solamente prestó
sus servicios docentes en el nivel territorial, entre el 28 de enero
de 1972 al 30 de septiembre de 1973, tiempo que resulta
insuficiente para acceder a la pensión gracia pretendida toda vez
que el restante lo hizo con vinculación del orden nacional.

29. Contra esta decisión interpuso recurso de apelación, que fue
resuelto por el Tribunal Administrativo de Sucre mediante
providencia del 11 de octubre de 201210 confirmando la primera
instancia dado que no cumplía con el requisito de haber laborado
durante al menos 20 años como docente territorial o
nacionalizada.

30. En la demanda que dio origen al presente proceso, la actora
reconoce la existencia del fallo anterior y que la negativa de las
pretensiones obedeció a que el Tribunal estimó que la mayoría
del tiempo de servicio era de carácter nacional, pese a que en
el expediente obraban actos de nombramiento expedidos por
autoridades departamentales que, según la parte actora,
acreditaban su condición de docente territorial.

31. En este contexto, la Sala encuentra acreditada la excepción
de cosa juzgada debido a que entre el proceso anteriormente
resuelto y el presente existe identidad de partes porque en
ambos figuran como demandante la señora Rosa Martínez
Jiménez como y demandada la UGPP.

32. Asimismo, comparten idéntico objeto pues si bien existen
diferencias en cuanto a la redacción de las pretensiones, en su
esencia estas son iguales ya que el derecho en tensión para cada
litigio es el reconocimiento de la pensión gracia de que trata la
Ley 114 de 1913, al margen de que se hayan demandado
resoluciones diferentes.

33. En cuanto a la identidad de causa, se advierte que en ambos
procesos el debate gira en torno al cumplimiento de los
requisitos para acceder a la pensión gracia, específicamente, lo
correspondiente a estar vinculada como docente territorial o
nacionalizada con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 y
contar con al menos 20 años de servicio en dicha condición.

34. En lo relativo al tiempo de servicio, en uno y otro proceso
se invocaron idénticos periodos laborados: del 28 de enero de
1972 al 30 de septiembre de 1972 mediante nombramiento
realizado por el gobernador del departamento de Sucre, en
virtud del Decreto 1017 del 15 de diciembre de 197112; y a

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partir del 1° de octubre de 1973 a través de nombramiento
realizado por el Ministerio de Educación Nacional por la
Resolución 9767 del 18 de septiembre de 1973; lapsos que
corresponden a los mismos sobre los que ahora se pretende
generar un nuevo pronunciamiento.

35. Ahora bien, los argumentos que sustentan esta nueva
demanda se centran en la afirmación de una prueba
sobreviniente relacionada con la expedición del Decreto 345 del
23 de julio de 2015, a través del cual la Secretaría de Educación
y Cultura del Municipio de Sincelejo retiró del servicio a la actora
por haber cumplido la edad de retiro forzoso y en la que se
registró que fue nombrada por el Decreto 1017 del 15 de
diciembre de 1971, posesionada a partir del 28 de enero de
1972, lo que determina el carácter territorial de sus servicios.

36. Sin embargo, para esta Subsección13 la invocación de
mejores explicaciones, el cuestionamiento de la valoración
probatoria o la presentación de nuevas pruebas no son
argumentos suficientes para desestimar la identidad de causa
en torno a la configuración de la cosa juzgada. Esto se debe a
que la identidad de causa se deriva de las mismas vinculaciones
y periodos de servicio que se originan en ambos procesos, los
cuales, en este caso, corresponden a las de los años 1972 y
1973.

37. En conclusión, en el presente asunto es evidente que existe
identidad en las partes, el objeto y la causa con el proceso
primigenio con radicado 70001 33 31 003 2002 01410 00/01, lo
que lleva a confirmar la sentencia de primera instancia que
declaró probada de oficio la excepción de cosa juzgada. […]”
(Negrilla pertenece al texto).

De los apartes transcritos, la Sala observa que la SECCIÓN

SEGUNDA, contrario a lo alegado por la actora, sí realizó una

comparación entre el proceso objeto de controversia y el primigenio

identificado con el número de radicación 2002-01410-01, resaltando

la identidad de partes, objeto y causa entre ellos, razón que la llevó

a confirmar la decisión del a quo que declaró la excepción de cosa

juzgada.

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Asimismo, resaltó que el haber traído nuevas explicaciones o

cuestionamientos al proceso no implica un cambio sustancial que

lleve a desestimar la identidad de causa en torno a la configuración

de la cosa juzgada, pues, aunque se haya modificado la redacción,

las pretensiones tienen el mismo fin, además que las partes

conservan su identidad y la causa sigue siendo la misma.

Ahora, cabe anotar que la presunta configuración del defecto

del precedente judicial tampoco cumple con la carga argumentativa

que fundamente dicha afirmación, por cuanto la parte actora se limitó

a mencionar que se desconocía la jurisprudencia que permite revisar

derechos pensionales periódicos cuando cambian las circunstancias

fácticas o jurídicas, sin precisar alguna providencia y la presunta

relación fáctica y jurídica que pudiese existir entre lo allí resuelto y

en el caso ventilado en el proceso ordinario cuestionado.

Respecto de la relevancia constitucional y la carga argumentativa

del defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial, esta

Sala16 ha indicado:

“[…] Como se logra apreciar, el apoderado judicial del actor para
sustentar el supuesto defecto sustantivo por desconocimiento
del precedente se limitó a referenciar la fecha y citar apartes de
las decisiones judiciales que, a su juicio, fueron desatendidas;
sin embargo, tal como lo sostuvo esta Sala de Decisión en
pronunciamiento de 19 de abril de 2021, la carga argumentativa

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de esta causal de procedibilidad se entiende satisfecha cuando,
además de lo anterior, la parte actora identifique: i) las reglas
y sub reglas jurisprudenciales que se fijaron en las
providencias que se aducen desatendidas; ii) las
situaciones fácticas coligadas, y iii) los problemas
jurídicos planteados en ambos casos eran análogos o
similares; argumentación que en el caso de autos no se
cumple […]”. (Resaltado fuera del texto).

En suma, para la Sala no se advierte la existencia de una cuestión

que sea de «verdadera relevancia constitucional» que conlleve la

presunta trasgresión de los derechos fundamentales de la parte

actora, sino una divergencia dirigida a cuestionar una decisión

judicial como si este mecanismo se tratase de un recurso o instancia

adicional, en relación con aspectos que fueron resueltos de forma

admisible por la autoridad accionada, por lo cual el juez de tutela no

puede inmiscuirse en dicho asunto, so pena de otorgar a la acción de

tutela un carácter que no le es propio de su naturaleza y de paso

invadir la competencia y la independencia del juez ordinario.

Igualmente, se advierte que el desacuerdo con la interpretación y

consideraciones que efectúe la autoridad que conoce un asunto, se

debe respetar por el juez de tutela, quien no puede desconocer la

decisión que adopte el juez natural dentro del ámbito de sus

competencias, lo cual sólo es dable cuando se vulneran derechos

fundamentales, lo que en el presente caso no se encontró probado.

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En las condiciones anotadas, la Sala concluye que tales

inconformidades carecen del requisito general de la relevancia

constitucional, razón por la que se declarará improcedente la solicitud

de amparo, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 12 de marzo de 2026.

PABLOANDRÉSCÓRDOBAACOSTA CARLOSFERNANDOMANTILLANAVARRO
Presidente

GERMÁNEDUARDOOSORIOCIFUENTES NUBIAMARGOTHPEÑAGARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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