Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01509-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01509-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01509-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01509-01
Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo
3 de julio de 2026
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01509-01
Accionante: Carlos Carlos Moscote Fuentes
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Bogotá D.C., tres (3) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01509-01
Accionante: Carlos Carlos Moscote Fuentes
Accionado: Tribunal Administrativo del Cesar
Referencia: Acción de tutela
Acción de tutela contra providencia judicial-carácter subsidiario del amparo. Requisitos generales y
especiales de procedencia. Relevancia constitucional – improcedencia.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte accionante contra la sentencia del
20 de abril de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, que declaró improcedente el amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de tutela
Carlos Carlos Moscote Fuentes, a través de apoderada judicial, formuló acción de tutela
con el propósito de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva
y al principio de favorabilidad 1, que estimó vulnerados por el Tribunal Administrativo del
Cesar con ocasión de la sentencia proferida el 21 de agosto de 2025 dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado número 20001-33-
33- 010-2024-00135-00/01.
2. Hechos
El escrito de tutela se sustenta en los siguientes supuestos fácticos:
2.1. El accionante afirmó que ostenta la calidad de docente oficial, clasificado en la
categoría 3AD-3BD del escalafón, regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.
2.2. El 26 de febrero de 2024, solicitó a la Secretaría de Educación Municipal de
Valledupar y al Ministerio de Educación Nacional el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales y prestacionales causadas en los tres (3) años anteriores a la
1 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado AC5C825866BD9BFF
3FF32C50B23A6944 10E5336A61C63549 34CCDC8BE78B7CDA.
1
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01509-01
Accionante: Carlos Carlos Moscote Fuentes
reclamación administrativa. Lo anterior, con fundamento en la presunta desigualdad en
los incrementos salariales aplicados a las categorías 3AD y 3BD respecto a la categoría
3DD en los años 2008 y 2009.
Dicha solicitud fue resuelta de manera desfavorable mediante: (i) el Oficio núm. 2024-EE-
067886 (radicado relacionado núm. 2024-ER-0118506) del 4 de marzo de 2024, expedido
por la Subdirectora Técnica de Relacionamiento con la Ciudadanía del Ministerio de
Educación Nacional; y (ii) el Oficio núm. VAL2024ER004433-VAL2024EE008114 del 8
de marzo de 2024, proferido por el Secretario de Educación del municipio de Valledupar.
2.3. Por lo anterior, el señor Moscote Fuentes presentó demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de obtener la inaplicación
por ilegalidad del Decreto 284 de 2024, mediante el cual se derogaron los Decretos 887
de 2023, 449 de 2022, 965 de 2021 y 319 de 2020, o, en su defecto, la declaratoria de
nulidad de los actos que lo modifiquen, adicionen o aclaren, en lo relativo a la asignación
salarial correspondiente a la categoría 3AD-3BD.
Sostuvo que, para los tres (3) años anteriores a la reclamación, los salarios debieron ser
superiores a los fijados en dichas disposiciones.
Adicionalmente, solicitó la inaplicación de los decretos que se expidieran con
posterioridad a la presentación de la demanda, en la medida en que modificaran la
remuneración de los docentes y directivos docentes en condiciones que consideró
irregulares, hasta la ejecutoria de la sentencia.
Igualmente, deprecó la nulidad de los actos administrativos que negaron su reclamación
(oficios de marzo de 2024), así como el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales correspondientes a los tres (3) años anteriores a la reclamación, teniendo en
cuenta la prescripción trienal.
Como consecuencia, solicitó el restablecimiento del derecho mediante el pago de dichas
diferencias, con efectos hacia el futuro, junto con la reliquidación de prestaciones sociales
(prima de navidad, prima de servicios, prima de vacaciones, bonificación pedagógica,
horas extras, cesantías anualizadas, entre otros emolumentos), así como el
reconocimiento de la actualización monetaria e intereses moratorios.
2.4. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
de Valledupar, bajo el radicado número 20001-33-33- 010-2024-00135-00, autoridad
judicial que, mediante sentencia del 21 de mayo de 2025, negó las pretensiones de la
demanda. Consideró que los actos acusados fueron expedidos conforme a derecho, en
tanto el régimen salarial docente se estructura con base en el grado y nivel del escalafón,
lo cual justifica diferencias remuneratorias.
Asimismo, indicó que las variaciones porcentuales en los incrementos salariales
obedecen a criterios de experiencia, formación académica, responsabilidad y
desempeño, en desarrollo de la potestad de configuración normativa del legislador y del
Gobierno Nacional, la cual se ejerce conforme a parámetros constitucionales y legales.
2
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01509-01
Accionante: Carlos Carlos Moscote Fuentes
En relación con el juicio de igualdad, precisó que este debe efectuarse respecto de
sujetos en condiciones fácticas y jurídicas equivalentes. No obstante, concluyó que los
docentes pertenecientes a las categorías 3AD, 3BD y 3DD no se encuentran en la misma
situación, dado que pertenecen a distintos niveles del escalafón.
2.5. Inconforme con dicha decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación. Alegó
que la providencia carecía de un análisis suficiente y razonado frente a los argumentos
centrales de la demanda, en particular, en lo relativo a la ausencia de justificación de los
incrementos salariales diferenciados en los años 2008, 2009 y 2011.
Señaló que no se cuestiona la existencia de diferencias salariales entre categorías, sino
la falta de justificación objetiva de los porcentajes de incremento, lo cual , a su juicio,
configura un trato discriminatorio que incide de manera acumulativa en la base salarial,
perpetuando la desigualdad en el tiempo.
2.6. El Tribunal Administrativo del Cesar, mediante sentencia del 21 de agosto de 2025,
confirmó la decisión de primera instancia, con fundamento en argumentos
sustancialmente coincidentes.
3. Pretensiones y argumentos de la solicitud
La parte actora solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso,
a la igualdad, de acceso a la administración de justicia, a la tutela judicial efectiva y al
principio de favorabilidad.
En consecuencia, pidió dejar sin efectos la sentencia proferida el 21 de agosto de 2025
por el Tribunal Administrativo del Cesar y, en su lugar, ordenar la emisión de una decisión
de reemplazo conforme a las pretensiones planteadas en el proceso ordinario.
Para sustentar la solicitud, alegó la configuración de los siguientes defectos:
3.1. Defecto sustantivo. Sostuvo que la autoridad judicial accionada realizó una
interpretación irrazonable y desproporcionada de las normas aplicables, en particular del
artículo 13 de la Constitución Política, la Ley 4ª de 1992 y el Decreto Ley 1278 de 2002.
Indicó que se desconoció el alcance del principio de igualdad y del mandato de
progresividad, al reducir el análisis a una comparación abstracta entre grados del
escalafón, sin verificar la existencia de razones objetivas y constitucionalmente válidas
que justificaran la diferencia en los incrementos salariales dentro de un mismo año, pese
a tratarse de un régimen salarial unitario.
Asimismo, en ese sentido, afirmó que la providencia cuestionada omitió aplicar el
precedente constitucional fijado por la Corte Constitucional, en particular la sentencia C-
1064 de 2001, que exige una justificación objetiva y suficiente para establecer los tratos
diferenciados en materia salarial.
3
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01509-01
Accionante: Carlos Carlos Moscote Fuentes
3.2. Defecto fáctico. Señaló que el Tribunal incurrió en una indebida valoración
probatoria en tanto no se allegó prueba alguna que sustentara la existencia de motivos
que justificaran el incremento desigual en los salarios. Así, a juicio de la accionante, ni el
expediente ni la sentencia ofrecen alguna justificación al trato inequitativo en el aumento
salarial, lo que genera incertidumbre sobre la legitimidad de la decisión administrativa y
“desnaturaliza los fines del servicio educativo y compromete la legalidad del acto
administrativo cuestionado”2.
4. Trámite de tutela e intervenciones
Mediante auto del 4 de marzo de 20263, el despacho ponente de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado admitió la acción de tutela vinculó como terceros
con interés al Ministerio de Educación Nacional y al municipio de Valledupar; reconoció
personería a la abogada Clarena López Henao como apoderada de la accionante; solicitó
al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Valledupar que allegara el expediente
ordinario objeto de controversia y ordenó la notificación de las partes e intervinientes.
Surtido el trámite de notificación, se recibieron las siguientes intervenciones:
4.1. La Alcaldía del municipio de Valledupar 4 solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional, al estimar
que el asunto planteado corresponde a una controversia de naturaleza legal y no a la
vulneración de un derecho fundamental.
De esta forma, mencionó que el accionante agotó las instancias ordinarias y que pretende
emplear la acción de tutela como una instancia adicional que valore nuevamente el
debate sobre la legalidad del Decreto de incremento salarial desigual y reemplace el
criterio técnico y jurídico del juez contencioso administrativo que decidió ya el fondo del
asunto.
Agregó que no se configura defecto fáctico, sustantivo, procedimental u orgánico alguno,
sino una inconformidad subjetiva de la parte actora con la decisión adoptada en sede
ordinaria. En ese sentido, sostuvo que la acción de tutela no puede ser utilizada para
reabrir un debate jurídico ya resuelto por el juez natural.
4.2. El Ministerio de Educación Nacional5 solicitó igualmente que se declare la
improcedencia del amparo por ausencia de relevancia constitucional, en tanto la
controversia versa sobre un asunto de contenido eminentemente económico, lo cual
excede la competencia del juez de tutela. Además, señaló que, a través de la presente
acción, se pretende controvertir una decisión judicial adoptada en ejercicio de la
2 Índice 00002 del expediente digital de primera instancia en el aplicativo SAMAI, certificado
AC5C825866BD9BFF 3FF32C50B23A6944 10E5336A61C63549 34CCDC8BE78B7CDA.
3 Índice 00005 del expediente digital de primera instancia, certificado 6C130F32097B3325 A64853C06C946401
98405F976B41770E 305CC3F27FE4558A.
4
Índice 00012 del expediente digital de primera instancia, certificado 40F1133E408C9211 0BBB04FD7E56FDCC
CB27D6616AC2F360 20C184C05644B43F.
5 Índice 00015 del expediente digital de primera instancia, certificado 241E6E16C692C94A 841644CEB873792F
AB4EA29BBC072096 683940977BC52CD6.
4
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01509-01
Accionante: Carlos Carlos Moscote Fuentes
autonomía judicial y amparada por la presunción de legalidad, lo cual resulta
improcedente en sede de tutela.
Asimismo, sostuvo que no se demuestra que las vulneraciones a las garantías procesales
invocadas por la parte actora afecten de manera grave la existencia o supervivencia del
accionante, ni el acceso a la administración de justicia, ni tampoco se evidenció la
existencia de una vulneración de los derechos fundamentales del accionante.
Adicionalmente, solicitó su desvinculación del trámite, al considerar que no es la autoridad
responsable de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados.
4.3. El Tribunal Administrativo del Cesar6, allegó copia digital del expediente ordinario
al presente trámite.
4.4. El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Valledupar guardó silencio,
pese a haber sido debidamente notificado en el proceso.
5. Sentencia de primera instancia
Mediante sentencia del 20 de abril de 20267, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado, declaró improcedente el amparo solicitado, al considerar que el
asunto planteado carecía de relevancia constitucional. Lo anterior, por cuanto consideró
que la parte actora pretende convertir el mecanismo constitucional en una instancia
adicional.
Asimismo, consideró que los cargos planteados en la acción de tutela fueron estudiados
de manera suficiente y motivada por el Tribunal Administrativo del Cesar en el fallo
acusado. Al respecto, precisó que no le asiste razón al accionante al afirmar que los
aumentos salariales de los años 2008, 2009 y 2011 afectaron los ingresos de los años
siguientes, debido a que dichos valores son fijados por el respectivo decreto en un monto
líquido y no porcentualmente.
De igual forma, advirtió que, si bien el Estado tiene el deber de aumentar los salarios con
el fin de mitigar la inflación, esto no implica que se deban establecer incrementos
uniformes. Además, precisó que el derecho a la igualdad implica otorgar un trato igual a
quienes se encuentran en situaciones idénticas y, en este caso, no se encontró
acreditado que se diera un tratamiento desigual entre sujetos que se encontraran en las
mismas condiciones.
Finalmente, señaló que el asunto se redujo a una situación netamente económica, en
tanto su objetivo es obtener un aumento retroactivo del salario sin precisar cómo esto
incide en la vulneración de sus derechos fundamentales. En consecuencia, declaró su
improcedencia.
6. Impugnación
6
Índice 00013 del expediente digital de primera instancia, certificado 213C7D6E94E2B809 B01269F3065F16E5
A4911C8C9524EB2F 90C81236E114CD55.
7 Índice 00021 del expediente digital de primera instancia, certificado 572E9D6F86FC039C 731036E163C2EC54
80C1DAB08761E21D 123686E097656F29.
5
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01509-01
Accionante: Carlos Carlos Moscote Fuentes
La parte actora impugnó8 la decisión de primera instancia y manifestó su desacuerdo
con los fundamentos expuestos, al estimar que la acción de tutela sí cumple con el
requisito de relevancia constitucional, en tanto se encuentran comprometidos sus
derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad.
Además, precisó que no pretende reabrir el debate legal que cursó en la jurisdicción
contenciosa, sino evitar la consolidación de la vulneración constitucional ocasionada por
el incremento salarial desigual sin justificación.
Asimismo, a su juicio, se configuró un defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente constitucional fijado en la Sentencia C-1064 de 2001, el cual exige la
existencia de una justificación suficiente y objetiva cuando se establecen tratos salariales
diferenciados entre los distintos grados del escalafón docente. Sostuvo que la omisión de
este análisis impidió al Tribunal efectuar un adecuado juicio de proporcionalidad respecto
de los actos demandados.
De otra parte, alegó la configuración de un defecto fáctico, al considerar que no obran en
el expediente pruebas que acrediten las razones que justificaron los incrementos
salariales diferenciales correspondientes a los años 2008 y 2009.
Con fundamento en lo anterior, solicitó revocar el fallo de tutela proferido en primera
instancia.
Mediante auto del 12 de mayo de 20269, el magistrado ponente de la Subsección A de
la Sección Tercera del Consejo de Estado concedió la impugnación interpuesta por la
parte actora.
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 32
del Decreto 2591 de 1991.
2. Legitimación en la causa
2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto el
señor Carlos Carlos Moscote Fuentes es el titular de los derechos fundamentales que
estima vulnerados, en su condición de demandante dentro del medio de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 20001-33-33- 010-2024-
00135-00/01.
8
Índice 00026 del expediente digital de primera instancia, certificado 6411D72462E7CCEF 6D3A9B0400A81026
8678B6FD60F5F8B2 DCBE2BE3F8B2C965.
9 Índice 00028 del expediente digital de primera instancia, certificado 02084227FD7C1C12 0CCA97053BA09C9C
D3E1C659D3D3D050 848D53D25F08145F.
6
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01509-01
Accionante: Carlos Carlos Moscote Fuentes
2.2. Asimismo, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva, dado
que el Tribunal Administrativo del Cesar es la autoridad judicial que profirió la sentencia
del 21 de agosto de 2025 que, según el accionante, vulneró sus derechos fundamentales.
3. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
20 de abril de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela.
Para el efecto, es necesario establecer si en el caso concreto se encuentran superados
los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia
judicial. En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los
argumentos expuestos por la parte accionante.
4. Procedibilidad de la acción
En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200510, indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela 11, y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto 12.
10 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
11 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento
de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud
en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los
derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los
derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela
12 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los
defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decis ión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
7
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01509-01
Accionante: Carlos Carlos Moscote Fuentes
Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”13.
4.1. Relevancia constitucional.
Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.
Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces” 14.
En línea con lo anterior, en la sentencia SU-215 de 2022, la Corte Constitucional fijó como
criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y, iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.
Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.
De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra las decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
De manera que la intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente,
ante graves defectos constitucionales.
13 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
14 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.
8
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01509-01
Accionante: Carlos Carlos Moscote Fuentes
Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) La afectación directa o repercusión en
la vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que
el asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más
amplio en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la
petición de amparo, con el fin de justificar su importancia.
Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende de la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria,
a una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto 15.
5. Caso concreto
La Sala anticipa que la presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación:
5.1. El accionante cuestiona la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Cesar, al estimar que incurrió en: (i) un defecto sustantivo, por realizar, en su criterio, una
interpretación abiertamente irrazonable y desproporcionada de las normas
constitucionales y legales aplicables al caso, en particular del artículo 13 de la
Constitución Política, de la Ley 4ª de 1992 y del Decreto Ley 1278 de 2002 y por
desconocer el contenido de la Sentencia C-1064 de 2001, que exige una justificación
objetiva y suficiente frente a tratos diferenciados en materia salarial; y (iii) un defecto
fáctico, derivado de una supuesta indebida valoración probatoria, en la medida en que, a
su juicio, no obra en el expediente prueba que acredite motivos válidos que justifiquen la
decisión administrativa adoptada.
5.2. No obstante, del examen de la providencia cuestionada se advierte que el Tribunal
Administrativo del Cesar abordó de manera expresa y suficiente los cargos planteados
en el proceso ordinario y arribó a las siguientes conclusiones:
“En primera medida el recurrente alegó que la inconformidad desde la demanda se
centra en la desigualdad porcentual en el incremento de los salarios de los docentes
para los años 2008, 2009 y 2011, hecho que considera tiene repercusiones a largo
plazo en la base salarial de los años posteriores y que contraviene el principio de
igualdad. Con el propósito de estudiar el cargo se hará en primera medida un recuento
breve de lo probado en el curso del proceso en primera instancia en cuanto al
demandante y se realizará un análisis del desarrollo histórico de los decretos
nacionales que fijan las asignaciones salariales de la población docente.
(…)
15 Cfr. sentencia C-590 de 2005.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01509-01
Accionante: Carlos Carlos Moscote Fuentes
Ahora bien, tampoco está en discusión a lo largo del proceso (y obviamente en el curso
de esta instancia) que el incremento salarial fijado en los años 2008, 2009 y 2011 a
los docentes oficiales presentan diferencias que bien matemáticamente pueden ser
concretadas en términos porcentuales, sin embargo, es de para esta sala del Tribunal
los valores fueron establecidos como montos líquidos en cada año para cada grado y
nivel salarial:
Y es que vistos los decretos que establecen los incrementos salariales que salta a la
vista que la suma fijada como asignación salarial corresponde a un importe neto, hecho
que se repite en cada uno de los decretos posteriores hasta la actualidad, de igual
manera, se avizora que los incrementos que se realizaron en los años subsiguientes
a partir de 2005, no fueron realizados en aumento porcentual, sino que se fijó en una
suma líquida a la que correspondería el salario cada año, como se realizó en el año
2004.
(…)
Con lo anterior, es posible concluir en primer lugar que el valor fijado como asignación
salarial en los años posteriores al 2004 no se establece en función de una cifra
porcentual sobre el salario pagado el año inmediatamente anterior, pues el decreto no
lo fija de esa manera, sino que determina un monto líquido, en otras palabras, no se
puede confundir el acto de fijar la asignación salarial con aumentar su valor de manera
porcentual anualmente, toda vez que en la primera se determina un monto y en la
segunda para llegar a un valor determinado es necesario sumar el aumento porcentual
con base en el salario anterior.
Ahora bien, la Ley 4 de 1992 establece que corresponde al Gobierno Nacional fijar el
régimen salarial y prestacional de los empleados públicos entre ellos la población
docente al servicio del Estado por remisión del artículo 46 del Decreto 1278 de 20025.
Bajo esta premisa, para fijar la remuneración de los servidores públicos docentes se
exige que el acto promulgado por el Gobierno Nacional se ajuste a los límites
establecidos por la ley marco, dentro los cuales se destaca (en lo que respecta a la
modificación de las asignaciones salariales) que el valor debe aumentarse anualmente
con el propósito de contrarrestar el fenómeno inflacionario y la imposibilidad de
desmejorar los salarios y prestaciones sociales de los servidores públicos, según fue
establecido por el artículo 2°7 y 4°8 de la ley marco. Y eso es lo que hacen los decretos
de que trata este proceso
Así las cosas, dista la Sala de la posición planteada por la parte demandante en la que
manifestó que el aumento en un porcentaje desigual que se realizó para los años 2008,
2009 y 2011 afectó negativamente el valor del importe en el año siguiente, pues es te
valor no es modificado porcentualmente, sino que el decreto lo fija en un monto líquido
que solo debe seguir los preceptos estipulados por la ley marco.”
Asimismo, al estudiar el reparo presentado por el accionante, según el cual el incremento
salarial debía efectuarse sin consideración a las diferencias existentes entre los distintos
cargos, el Tribunal citó de la sentencia C-1064 de 2001 y, con fundamento en ello, precisó
que:
“Acorde con la jurisprudencia trascrita, es posible concluir que, si bien es necesario
aumentar los salarios de los servidores públicos cada año con el fin de contrarrestar
el efecto de la inflación, el incremento entre unos y otros puede ser diferente teniendo
en cuenta políticas macroeconómicas y fiscales del país.
Además, teniendo en cuenta que la naturaleza de las leyes marco consiste no solo en
establecer unas limitantes para disponer sobre determinadas materias, sino que, dada
la complejidad de algunas de ellas y tendencia al cambio, corresponde al Gobierno
Nacional reglamentarlas cada cierto tiempo de acuerdo con la realidad del país, como
10
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01509-01
Accionante: Carlos Carlos Moscote Fuentes
es el caso de las asignaciones salariales de los servidores públicos. Pretender que los
aumentos salariales no dependen de la situación socioeconómica del país sería, por
un lado, abstraerse de la realidad, por cuanto las condiciones económicas son
mutables por diferentes factores, algunos de ellos intempestivos, y por otro,
desconocer la potestad de configuración normativa que ha sido reconocida al ejecutivo
por la Constitución Nacional”16.
En ese sentido, la autoridad judicial accionada sostuvo que no era acertado afirmar que
el Gobierno Nacional se encuentra imposibilitado para establecer incrementos salariales
diferenciados entre los docentes pertenecientes a distintos niveles del escalafón, en la
medida en que cuenta con una amplia potestad de configuración normativa para fijar,
anualmente, los valores de remuneración, los cuales deben responder a criterios de
política macroeconómica y fiscal, conforme a lo dispuesto en el artículo 2, literal h), de la
Ley 4ª de 1992.
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal concluyó que los incrementos salariales
diferenciados adoptados por el Gobierno Nacional para los años 2008, 2009 y 2011 se
ajustaron al marco constitucional y legal vigente, en tanto obedecieron al ejercicio legítimo
de la potestad de configuración normativa atribuida por la Constitución Política.
En la misma línea, señaló que no se configuró defecto alguno en la motivación de los
actos administrativos que fijaron dichas asignaciones salariales, por cuanto, al tratarse
de actos de carácter general, no resulta exigible el mismo grado de motivación propio de
los actos administrativos de contenido particular y concreto, en la medida en que su
justificación se encuentra implícita en la facultad de configuración normativa conferida al
Gobierno Nacional en esta materia.
Asimismo, concluyó que no se evidenció una vulneración al derecho a la igualdad debido
a que la población docente que recibió un incremento salarial desigual se encuentra
ubicada en diferentes niveles y grados del escalafón, lo que a su vez implica que deben
cumplir diferentes requisitos para ocupar sus cargos y, por ende, pueden recibir un trato
diferente.
5.3. Así las cosas, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo del Cesar expuso de
manera suficiente y razonada las razones por las cuales no era procedente acceder a las
pretensiones de la demanda en tanto: (i) no se acreditó la vulneración del principio de “a
trabajo igual, salario igual”, dado que los docentes ubicados en los escalafones 3A D, 3BD
y 3DD no se encuentran en situaciones fácticas y jurídicas equiparables, en razón de los
distintos requisitos exigidos para su ubicación en cada uno de ellos; y (ii) la diferencia en
los incrementos salariales entre dichos grupos resulta conforme al ordenamiento jurídico,
puesto que, contrario a lo afirmado por la parte actora, el Gobierno Nacional no está
obligado a fijar aumentos porcentuales uniformes año tras año, en tanto ejerce su
potestad de configuración normativa dentro de los límites previstos en la Ley 4ª de 1992.
Pues bien, los elementos señalados en precedencia le permiten a la Sala inferir, con
claridad, que el debate planteado en este caso fue adecuadamente examinado por el juez
competente. Asimismo, no se aprecia que la decisión haya sido dictada de forma
16 Ibid
11
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01509-01
Accionante: Carlos Carlos Moscote Fuentes
arbitraria, sin respaldo o análisis de los hechos y fundamentos normativos, ni que se
hayan transgresión los derechos fundamentales de la parte actora durante el desarrollo
del proceso ordinario.
Al punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y explicativa
que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través del amparo,
la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara que no basta
la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, sino que, para entender como acreditado el requisito general
de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i) su existencia; ii) su
carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien acude a la tutela debe
aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional advertir tal
vulneración 17.
Por lo tanto, es claro que no basta con realizar simples afirmaciones con la intención de
lograr que su tesis sea acogida, sino que lo que se requiere es que la parte actora
presente sus reparos de cara a los derechos fundamentales que considera vulnerados y
eleve su argumentación a rango constitucional.
A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como
reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en
el trámite del proceso primigenio. Esto aunado a que el accionante ni siquiera presentó
los reparos en función de los requisitos especiales, pues a pesar de que invocó la
configuración de los defectos sustantivo y fáctico, su argumentación se limitó a reproducir
los reproches elevados en el recurso de apelación presentado en el marco del proceso
ordinario.
5.4. Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de segunda instancia, toda
vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco de esta
sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado fue
vulnerado con la providencia atacada, lo que escapa de la órbita del juez constitucional,
toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.
5.5. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.
17 Sentencia SU-215 de 2022
12
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01509-01
Accionante: Carlos Carlos Moscote Fuentes
En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada 18, lo que se opone a que use indebidamente como
una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario 19.
En consecuencia, la Sala advierte la improcedencia de la presente acción de tutela al
incumplir con el requisito de relevancia constitucional, en ese orden, se confirmará la
decisión proferida en primera instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 20 de abril de 2026 por la Subsección
A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la acción de
tutela de Carlos Carlos Moscote Fuentes en contra del Tribunal Administrativo del Cesar.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito.
TERCERO: ENVIAR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala
FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE FIRMADO ELECTRÓNICAME NTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrada Magistrado
MCMM
18 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
19 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.
13
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.