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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01515-00

Fecha
15 de abril de 2026
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01515-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida por Mariluz Muñoz Zuluaga, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional, por los motivos dados. TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra esta deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello14. CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01515-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

15 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 15 de abril de 2026

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01515-00
Demandante: Mariluz Muñoz Zuluaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la sentencia de segunda instancia que confirmó
la decisión de primera instancia de negar las pretensiones de una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, cuyo objetivo era obtener el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales presuntamente derivadas de un incremento salarial en el escalafón
docente.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por Mariluz Muñoz Zuluaga
contra el Tribunal Administrativo de Risaralda.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte actora. 1.2. Posición de la parte accionada y demás
vinculados.

1.1. Posición de la parte actora

1. El 26 de febrero de 2026, Mariluz Muñoz Zuluaga, a través de
apoderada, presentó una acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
de Risaralda, por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad, acceso a la administración de justicia, tutela
judicial efectiva, así como al principio de favorabilidad, con ocasión de la
Sentencia de 4 de septiembre de 2025, proferida por la autoridad judicial
accionada, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho No. 66001-33-33-002-2024-00350-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA en la sentencia
proferida el día 4 de septiembre de 2025, en el expediente radicado bajo
número 66001-33-33-002-2024-00350-00, transgredió los derechos fundamentales
al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,
TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD de la) señora MARILUZ
MUÑOZ ZULUAGA, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01515-00
Demandante: Mariluz Muñoz Zuluaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo aplicable al
caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE RISARALDA, dejar sin efectos la providencia referida en el
numeral anterior y se profiera una nueva con una debida interpretación de la
norma aplicable al debate jurídico y, analizando de manera concreta la
situación particular de la docente MARILUZ MUÑOZ ZULUAGA a la luz de los
argumentos planteados en la demanda ordinaria y, los hechos debidamente
probados en el debate jurídico.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
extraen los siguientes:

4. 1) Mariluz Muñoz Zuluaga ostenta la calidad de docente oficial
perteneciente a la categoría 3CM del escalafón docente vigente, reglado
por el Decreto 1278 de 2002.

5. 2) El Gobierno Nacional dispuso, mediante los Decretos 624, 714, 1407
de 2008, incrementos salariales diferentes para cada escalafón, de manera
que, al grado 3DM se le aplicó un incremento del 44,89%, mientras que al
grado 3CM se le aplicó un incremento del 32,71%.

6. 3) El 5 de marzo de 2024, el accionante presentó reclamación
administrativa ante la Nación - el Ministerio de Educación Nacional y la
Secretaría de Educación de Pereira, en la cual solicitó el reconocimiento y
pago de las diferencias salariales y prestacionales derivadas del incremento
desigual que se hizo de los salarios. Dichas reclamaciones fueron negadas
mediante el Oficio No. 20240315-11279-I de 15 de marzo de 2024 y el Oficio
sin número de 5 de marzo de 2024, expedidos por la directora operativa de
gestión jurídica de la Alcaldía de Pereira y el jefe de la Oficina Asesora de
Planeación y Finanzas del Ministerio de Educación, respectivamente.

7. 4) El 18 de septiembre de 2024, la señora Muñoz Zuluaga presentó
demanda contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional y el
municipio de Pereira, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, orientada a obtener la nulidad de Oficios No.
20240315-11279-I de 15 de marzo de 2024 y el de 5 de marzo de 2024 y, a
título de restablecimiento del derecho, el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales, de cara al porcentaje en que se aumentó el escalafón
3DM para el año 2008, que se causaron en los 3 años anteriores a la
reclamación administrativa prestada, así como la reliquidación de la primas
de navidad, servicios, vacaciones, bonificación pedagógica, horas extras y
demás emolumentos percibidos.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01515-00
Demandante: Mariluz Muñoz Zuluaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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8. 5) Mediante Sentencia de 17 de marzo de 2025, el Juzgado 2
Administrativo de Pereira negó las pretensiones de la demanda2. Indicó que
no se logró demostrar la vulneración del derecho a la igualdad cuando los
docentes demandantes eran comparados con aquellos que se
encontraban en condiciones profesionales diferentes, es decir, comparar un
escalafón y grado con otro que desde su creación tenía unos requisitos
diferentes a los primeros, lo que probaba que se trataban de tratos
desiguales a situaciones disímiles.

9. 6) La anterior decisión fue apelada por la demandante. Argumentó
que en aquella se realizó un análisis fragmentado de la vulneración del
derecho a la igualdad y no se abordó el reproche de ausencia de
fundamentación para el trato diferenciado en los incrementos porcentuales
a la base salarial del año 2008, pues no se indagó sobre las razones objetivas
de hecho y de derecho para la aplicación de los incrementos salariales,
razones por las cuales los actos administrativos demandados debían
anularse por la causal de nulidad de falsa motivación.

10. 7) El Tribunal Administrativo de Risaralda, a través de la Sentencia de 4
de septiembre de 2025, confirmó la decisión de primera instancia3. Indicó
que el Decreto Ley 1278 de 2002 establecía unas características distintas
para los docentes escalafonados en un grado diferente al otro, a manera
de ejemplo, los títulos académicos que se exigían para el docente
escalafonado en el grado 3DM, eran diferentes a los que se le exigían a un
docente escalafonado en el grado 3CM, por lo que no se podían efectuar
comparaciones entre la asignación salarial entre ambos.

11. Agregó que la entidad demandada estableció la actualización
salarial de los docentes para la vigencia 2008, dentro de los límites y de
acuerdo con las competencias que le habían sido conferidas, sin que se
encontrara acreditada vulneración al principio de progresividad, toda vez
que el mismo fue realizado en un porcentaje igual o superior al establecido
a la variación del IPC para el año anterior, lo que garantizaba la movilidad
salarial y la capacidad adquisitiva del mismo; esto de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Política y lo sostenido por la
Corte Constitucional.

12. En ese orden de ideas, consideró que, en consonancia con lo que
señaló el juzgado, no resultaba de recibo la interpretación de la parte
demandante respecto de la normativa invocada, de cara a la
diferenciación en el porcentaje del incremento al salario. Concluyó que la
parte demandante no probó las causales de nulidad sustancial alegadas en

2 “3. NEGAR las suplicas de las demandas en cada uno de los 29 procesos referenciados.”
3 “CONFIRMAR la sentencia proferida en este proceso, por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de

Pereira, por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia.”

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01515-00
Demandante: Mariluz Muñoz Zuluaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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relación con los aumentos salariales de los docentes ubicados en diferente
grado de escalafón y nivel salarial, para el 2008, ya que no se trataba de
sujetos ubicados en plano de igualdad y, por lo tanto, no existía un
imperativo normativo o jurisprudencial para predicar la obligación de
aumentos iguales.

13. Como fundamento de la vulneración, la accionante indicó que la
autoridad judicial accionada incurrió en los defectos sustantivo y fáctico.

14. Respecto del sustantivo, advirtió que la autoridad judicial accionada
realizó una interpretación irrazonable y arbitraria del alcance del artículo 13
de la Constitución Política, y de los artículos 3, 4 y 6 de la Ley 4 de 1992 y, 46
y 49 el Decreto Ley 1278 de 2002, toda vez que avaló un trato salarial
desigual derivado del incremento porcentual aplicado en el año 2008,
mediante el Decreto 624, 714, 1407 de 2008, entre los grados 3CM y 3DM,
correspondiente al 32,71% y 44,89%, respectivamente.

15. Sobre el fáctico, adujo que el tribunal incurrió en una indebida
valoración probatoria del debate jurídico planteado, toda vez que no hubo
prueba que demostrara la existencia de motivos válidos que justificaran la
decisión administrativa para otorgar un trato inequitativo.

1.2. Posición de la parte accionada y demás vinculados4

16. El Tribunal Administrativo de Risaralda5, luego de hacer un recuento
de los fundamentos fácticos de la acción de tutela, afirmó que esta se
tornaba improcedente para atacar providencias judiciales, en virtud de la
preservación de la autonomía judicial y la cosa juzgada.

17. Alegó una carencia de relevancia constitucional porque no había
relación directa con la presunta afectación de los derechos invocados, y lo
que pretendió la parte accionante fue someter este asunto, ya resuelto, a
una tercera instancia, por eso sus pretensiones estaban encaminadas a que
se efectuara un nuevo análisis del asunto6. Por ende, solicitó declarar la
improcedencia de la acción y/o negar el amparo solicitado.

18. El Ministerio de Educación Nacional7, luego de exponer los
antecedentes del caso, puso de presente que la providencia judicial
atacada no podía ser excluida del ordenamiento jurídico vía tutela, ya que

4 Mediante Auto de 2 de marzo de 2026, el despacho ponente resolvió (1) admitir la solicitud de amparo, (2) tener

como accionado al Tribunal Administrativo de Risaralda y, (3) vincular al Juzgado 2 Administrativo de Pereira, a la
Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y al municipio de
Pereira.
5
Índice 16 del aplicativo SAMAI.
6
Sentencia T-453 de 2010 Corte Constitucional
7 Índices 17 y 18 del aplicativo SAMAI.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01515-00
Demandante: Mariluz Muñoz Zuluaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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eso desconocería la independencia y autonomía judicial, pues, el juez
constitucional no podía ser el reemplazo del juez natural de la causa.

19. Por otra parte, hizo alusión a las facultades del Ministerio de Educación
Nacional, para indicar que bajo ningún aspecto su actuar implicaba
vulneraciones de derecho fundamentales. En consecuencia, solicitó que se
declarara improcedente la acción de tutela y se le desvinculara por falta
de legitimación pasiva en la causa.

20. El Juzgado 2 Administrativo de Pereira y el municipio de Pereira, a
pesar de haber sido debidamente notificados8, guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Solicitud de desvinculación 2.2 Procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial. 2.3. Conclusión.

2.1. Solicitud de desvinculación

21. En relación con la solicitud de desvinculación del Ministerio de
Educación Nacional, la Sala la negará porque su vinculación se hizo en
calidad de tercero interesado en el proceso y la eventual decisión de
amparo de los derechos fundamentales que reclama la parte actora podría
llegar a tener incidencia en el proceso ordinario en el que fungió como
demandado.

2.2. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

22. La Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela, tras
evidenciar que no se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.

23. Para la Corte Constitucional, este requisito (relevancia constitucional)
encuentra su razón de ser en el carácter residual de esta acción, la
especialidad de las competencias tanto de los jueces de tutela como de los
jueces ordinarios, así como la necesidad de evitar que este mecanismo se
convierta en una instancia adicional para reabrir debates de carácter legal.
En ese orden, como finalidades de la relevancia constitucional han sido
identificadas las de preservar las competencias judiciales, respetar la
autonomía e independencia de los jueces, restringir la acción de tutela a
asuntos donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta
se convierta en una instancia adicional9.

8 Índice 8 SAMAI.
9 Corte Constitucional, Sentencias SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y SU-215 de 2022.

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Demandante: Mariluz Muñoz Zuluaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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24. Por su parte, la Corte Constitucional, en Sentencia SU-295 de 202310,
estableció que la relevancia constitucional se acredita a partir de tres
criterios: (1) no tratarse de asuntos legales o meramente económicos, (2)
perseguir la protección de derechos fundamentales y (3) no reabrir debates
concluidos.

25. Bajo este entendido, la Sala considera que la parte actora no
desplegó, en el escrito de tutela, la carga argumentativa suficiente para
explicar por qué esta controversia tiene una marcada trascendencia
constitucional que amerite la intervención del juez de tutela, y pretendió
revivir un debate propio del juez natural sobre una situación definida y
consolidada. Así, buscó que, a través de la acción de tutela, se estudiaran
nuevamente aspectos como el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales derivadas del incremento desigual que se hizo de
los salarios respecto de los escalafones 3CM y 3DM.

26. Aunado a lo anterior, pese a que la parte demandante hizo referencia
a que sí existía una vulneración de sus garantías constitucionales, lo cierto es
que los argumentos planteados no resultaron suficientes para que el juez
constitucional realizara algún tipo de pronunciamiento de fondo en la
presente controversia.

27. La Sala evidenció que reiteró los mismos argumentos que expuso en el
proceso ordinario, concretamente, en la demanda11 y el recurso de
apelación12, esto es, el reconocimiento y pago de las diferencias salariales,

10 Reiterado en: Corte Constitucional, Sentencia SU-169 de 2024.
11 índice 2 del aplicativo SAMAI en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 66001-33-33-002-2024-

00350-00 (se trascribe): “(…)SEGUNDO: Para el año 2008, en contravía de lo estipulado en los artículos 13 y 53 de
la Constitución Política y de los artículos 3, 4 y 6 de la Ley 4ª. de 1992 y de los artículos 46 y 49 del propio Decreto
Ley 1278 de 2002, se determinaron incrementos salariales de manera indiscriminada como docente oficial
perteneciente a la categoría escalafón 3DM, con ocasión que fue realizado un incremento del 44.89%, por medio
de los Decretos Nacionales 624, 714 y 1407 de 2008, proferidos por el MEN, mientras que el incremento efectuando
a la categoría del escalafón 3CM, fue del 32.71% en su salario causando una diferencia,.
(…)
En este orden de ideas, es claro que el actuar de las entidades a quienes se les solicita la cancelación de las
diferencias salariales y prestacionales, son inconstitucionales e ilegales, además en contravía de la jurisprudencia
que ha regulado lo relacionado con la igualdad de los incrementos salariales entre iguales, siendo vulneradas por
las entidades públicas que han intervenido en la intervención de los actos administrativos que negaron el
reconocimiento, pues por tratarse de un derecho que se genera de tracto sucesivo, es lamentable que durante
tanto tiempo, se hubiesen prescrito unas diferencias salariales a reclamar pero es justo que se nivele el salario con
los incrementos salariales que debieron ser iguales.”
12 índice 30 del aplicativo SAMAI en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 66001-33-33-002-

2024-00350-00 (se trascribe): “En este sentido, el A quo no abordó el reproche central planteado en la demanda,
consistente en la ausencia de fundamentación para el trato diferenciado en los incrementos porcentuales a la
base salarial aplicados a ciertos años, sin que se adoptara medida similar para otros, omitiendo así indagar sobre
las razones de hecho y de derecho, así como el fundamento técnico que tuvo en cuenta la Administración para
aplicar incrementos salariales desiguales para determinadas anualidades. De esta manera, la primera instancia
no cumplió con el deber de verificar, a efectos de resolver los cargos de nulidad planteados en el concepto de
violación, si tal disparidad obedeció a una situación irregular e injustificada o, si por el contrario, derivó de una
causa objetiva y legítima como lo argumentó el Ministerio de Educación Nacional, y en uno u otro escenario,
identificar los elementos de juicio debidamente aportados al interior del proceso que permitieran inclinarse por
alguna posición.
(…)
Es relevante señalar que la defensa por parte de las entidades demandadas se ha limitado a argumentar que las
remuneraciones están basadas en la formación, experiencia y desempeño de los docentes según su escalafón, lo
cual no está en disputa. Lo que verdaderamente se controvierte es la inequidad en los incrementos porcentuales
aplicados en los años 2008, 2009 y 2011, incrementos que han dejado una huella en la estructura salarial actual,
perpetuando una desigualdad contraria a los derechos laborales y constitucionales de los docentes oficiales.

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Demandante: Mariluz Muñoz Zuluaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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de cara al porcentaje en que se aumentó el escalafón 3DM para el año
2008. En esa medida, se advierte que la parte buscó que, a través de la
acción de tutela, se estudiara un aspecto que ya fue resuelto, es decir,
utilizarla como una instancia adicional. Debe precisarse que tales
argumentos fueron abordados y resueltos por el Tribunal Administrativo de
Risaralda, en los siguientes términos (se trascribe):

“(...) la Sala de Decisión que, al pretender la nulidad de actos administrativos
como los que ahora se cuestionan, la parte demandante debe demostrar que
han sido expedidos con alguna causal de nulidad; sin embargo, la información
que brinda el material probatorio obrante en el plenario es muy limitada, sin que
la carga argumentativa permita llegar a la conclusión propuesta, en cuanto de
los documentos que reposan en el plenario no es posible advertir una
vulneración al derecho a la igualdad, habida cuenta que el tratamiento
diferente que se establece en los actos acusados, en relación con el porcentaje
del aumento salarial entre quienes se encontraban en el escalafón 3DM y
quienes se encontraban en el escalafón 3CM no debe considerarse
discriminatorio, por las siguientes razones.

Itera esta colegiatura judicial que los criterios que el legislador señaló
específicamente en el numeral 2º del artículo 111 de la Ley 715 de 2001,
mediante la cual se confirieron facultades extraordinarias al Presidente de la
República para expedir los decretos que se pide inaplicar, en virtud del principio
de la configuración legislativa, bien puede el legislador considerar que es
necesario fijar unas diferentes condiciones salariales para los docentes
escalafonados de un grado, respecto de otro, atendiendo unos parámetros, sin
que ello signifique que se esté discriminado a los docentes de uno u otro grado.
(--)
Ahora bien, debe reseñar esta Magistratura que no existe una norma, ni alguna
jurisprudencia o línea jurisprudencial que respalde la tesis de la parte
demandante, según la cual el Gobierno Nacional está obligado a realizar
incrementos iguales para todos los servidores públicos sin que importe o sea
relevante su nivel y grado o incluso para el caso concreto, para todos los
docentes, quienes también tienen su propia regulación específica al respecto
(diferentes grados de escalafón y nivel salarial); aquello no se deduce ni de la
redacción de los artículos 2°, 3° y 4° de la Ley 4ª de 1992, ni tampoco del artículo
53 de la Carta Política que se reseñan como vulnerados en el escrito de
demanda (…).

Igualmente, en el sub lite se acusa ilegalidad de los actos opugnados, sin
señalar la norma legal que dispone la obligación de un incremento salarial igual
entre los distintos grados de escalafón, lo que supone que estos últimos deben
ser homogéneos y, por lo mismo, el solo establecimiento de grados dentro del
escalafón sería per se discriminatorio, lo que por supuesto no resiste mayor

(…)
En este sentido, es evidente que, en este caso y en virtud del principio de favorabilidad, deben aplicarse los
incrementos salariales anuales de manera uniforme a todos los docentes. No es aceptable que algunos docentes
reciban incrementos porcentuales mayores que otros, ya que esto vulnera claramente el principio constitucional
de favorabilidad establecido en el artículo 53 de la Constitución Política. Tal actuación por parte del Ministerio de
Educación Nacional y de la Entidad Territorial Demandada constituye una transgresión a este principio
fundamental.
(…)
Es por esta razón que dentro de las pretensiones incoadas en el líbelo de la demanda se solicitó inaplicar por ilegal
el Decreto Nacional 284 de 2024, normatividad vigente que fija la remuneración de los servidores públicos
docentes y directivos docentes al servicio del Estado en los niveles de preescolar, básica y media, pues se
encuentra afectado por una irregularidad en las anualidades de 2008, 2009 y 2011, pues esa base salarial
efectuada con incrementos porcentuales desiguales, ha sido arrastrada año a año, pues era la base para calcular
el salario del año subsiguiente y así sucesivamente hasta la actualidad. En conclusión, es claro que los actos
administrativos demandados desconocieron los principios constitucionales y legales establecidos, generando que
en la actualidad los docentes estén percibiendo un salario inferior al que realmente deberían estar percibiendo.”.

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Decisión: Declara improcedencia
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análisis. Como bien lo anotó la Corte Constitucional, no es posible comparar
prestaciones específicas entre grados de escalafón diferentes.

De este modo, el aumento salarial reconocido a la parte actora se cimentó en
circunstancias y criterios objetivos, de tal manera que el "grado" del escalafón
fue un elemento determinante en su remuneración mensual; luego, para el caso
concreto, no puede ser de recibo que se solicite la aplicación de un incremento
superior, en cuanto la fijación del incremento de los salarios de quienes
conforman el servicio público debe responder, por mandato de las leyes sobre
la materia, a condiciones y contextos reales de orden social, administrativo y
económico, dado Radicación: 66001-33-33-002-2024-00350-02 (D-1112-2025)
Nulidad y Restablecimiento del Derecho que en todo caso el alza salarial no
tiene que ser idéntico para todos, en tanto si bien en un Estado Social de
Derecho se propugna por el aumento salarial para todos sus servidores públicos,
no debe entenderse que este aumento deba realizarse en el mismo porcentaje,
por cuanto la igualdad se extiende y se entiende entre iguales.
Considera la Sala que, como lo señaló el a quo, no resulta de recibo la
interpretación de la parte actora respecto de la normativa invocada, porque
lo que se buscó con la diferenciación en el porcentaje del incremento al salario,
fue, por un lado, garantizar que el docente que pertenece al escalafón inferior
mantenga su valor adquisitivo y, por el otro, reconocer la formación,
capacitación y preparación de quienes se encuentran en un escalafón
superior, cuyo trato diferenciado es justificado en atención a razones objetivas.”

28. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
el cual puso de presente las razones por las cuales consideró que debía
confirmar la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la
demanda.

29. Se aclara que las diferencias interpretativas que existieren entre la
parte demandante y el juez natural de la causa no constituyen, por sí
mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las decisiones del
juez ordinario. En otras palabras, la presentación simple de las discrepancias
entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia dicha decisión, vía
acción de tutela, no da por cumplido el requisito de explicar por qué el
asunto es constitucionalmente relevante. Más, si se trata de una tutela
contra providencia judicial, pues en este contexto, este es un mecanismo
constitucional de amparo de derechos fundamentales de carácter
excepcional13.

30. Aunado a lo expuesto, la Sala también debe destacar que el asunto
objeto de la acción de tutela tiene un carácter legal pues, de un lado, el
demandante puso de presente su inconformidad con la interpretación
realizada por la autoridad judicial, respecto de las disposiciones legales en
que se sustentó la decisión, específicamente la Ley 4 de 1992 y el Decreto
Ley 1278 de 2002, para efectos de determinar si se debía reconocer y pagar
las diferencias salariales, de cara al porcentaje en que se aumentó el
escalafón 3DM para el año 2008, respecto del aumento para el escalafón

13 Corte Constitucional, Sentencias SU-659 de 2015, SU-116 de 2018 y T-269 de 2018.

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Demandante: Mariluz Muñoz Zuluaga
Demandado: Tribunal Administrativo de Risaralda
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedencia
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3CM. En esa medida, la Sala logra evidencia que, lo anterior fue traído a
colación por la parte actora con el fin de que se adoptara una apreciación
normativa más ajustada a sus intereses.

2.3. Conclusión

31. Para la Sala, existen razones suficientes para tener por no cumplido el
requisito de relevancia constitucional y, en consecuencia, se abstendrá de
estudiar los demás requisitos y declarará la improcedencia de la tutela.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo promovida
por Mariluz Muñoz Zuluaga, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de
Educación Nacional, por los motivos dados.

TERCERO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra esta deberán dirigirlo, dentro del término legal,
al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para ello14.

CUARTO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

14 secgeneral@consejodeestado.gov.co.

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