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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01517-00

Fecha
10 de abril de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01517-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Gizzela del Pilar García Ramírez contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01517-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

10 de abril de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01517-00
Accionante: Gizzela del Pilar García Ramírez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01517-00
Accionante: Gizzela del Pilar García Ramírez
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de la acción de tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional.
Improcedencia.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Gizzela del Pilar García Ramírez, por
intermedio de apoderada judicial, contra el Tribunal Administrativo del Magdalena.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El 26 de febrero de 20261, Gizzela del Pilar García Ramírez, por conducto de apoderada
judicial2, interpuso acción de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia,
a la tutela judicial efectiva, así como al principio de favorabilidad, los cuales consideró
vulnerados por el Tribunal Administrativo del Magdalena con ocasión de la sentencia del
23 de julio de 2025, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado número 47001-33-33-011-2024-00260-00/013.

2. Hechos

El escrito se sustenta en la siguiente relación fáctica4:

2.1. La accionante manifestó ostentar la calidad de docente oficial, clasificada en la
categoría 2C del escalafón docente previsto en el Decreto Ley 1278 de 2002.

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 435442D924D504F3 78854C2670CCB6A4 602C41D8B38377B4
A357854DC2852484.
2 Mónica María Escobar Ocampo.
3 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado A1C2CA846C209E7A 500EE5F3C35DE319 D6F8C727F33199BC

14017C1735FF384C
4 Ibid.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01517-00
Accionante: Gizzela del Pilar García Ramírez

2.2. Señaló que el Gobierno Nacional estableció incrementos salariales homogéneos
para el personal docente entre 2005 y 2007; no obstante, en las vigencias 2008 y 2009
dispuso aumentos porcentuales diferenciados en la asignación básica salarial sin que, a
su juicio, existiera una motivación suficiente que los justificara. Añadió que esa situación
se corrigió a partir del año 2012, cuando se retomó un esquema uniforme de incrementos.

2.3. Con fundamento en lo anterior, la accionante presentó reclamación administrativa
ante la Nación-Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación del
Departamento del Magdalena, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de las
diferencias salariales derivadas de los incrementos que considera desiguales para las
vigencias 2008 y 2009. Esta solicitud fue resuelta negativamente por ambas entidades
mediante decisiones expresas y fictas.

2.4. Ante dicha negativa, la solicitante formuló demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación-Ministerio de Educación
Nacional y el Departamento del Magdalena. En dicha demanda solicitó la inaplicación por
ilegalidad del decreto expedido en el año 2024 que fijó la escala salarial del personal
docente, así como la declaratoria de nulidad de los actos administrativos que rechazaron
su reclamación. Como consecuencia de lo anterior, solicitó el reconocimiento y pago de
las diferencias salariales causadas dentro de los tres (3) años anteriores a la reclamación
administrativa, en atención al fenómeno de la prescripción, así como de aquellas que se
generen con posterioridad.

2.5. El proceso le correspondió por reparto al Juzgado Once Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Santa Marta, bajo el radicado núm. 47001-33-33-011-2024-00260-00,
autoridad judicial que, mediante sentencia del 11 de diciembre de 2024, negó las
pretensiones de la demanda al considerar que el Gobierno Nacional está facultado para
fijar condiciones salariales diferenciadas entre los docentes, según el grado y nivel en el
escalafón. Asimismo, concluyó que los incrementos porcentuales diferenciados no
vulneran el derecho a la igualdad, en tanto recaen sobre situaciones no comparables,
habida cuenta de las diferencias en los requisitos de formación, experiencia y
permanencia en la carrera docente.

2.6. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión de primera
instancia, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante
sentencia del 23 de julio de 2025, en el sentido de confirmarla. La referida corporación
consideró que no se configuraba un antagonismo manifiesto entre los decretos salariales
cuestionados y las normas constitucionales invocadas, en la medida en que el trato
diferenciado obedecía a criterios objetivos relacionados con el grado y nivel en el
escalafón docente.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

3.1. La parte actora solicitó al juez constitucional el amparo de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados por el Tribunal Administrativo del Magdalena
mediante la sentencia del 23 de julio de 2025, proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 47001-33-33-011-2024-
00260-00/01.

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Accionante: Gizzela del Pilar García Ramírez

3.2. Como fundamento de la solicitud de amparo, la accionante estructuró sus cargos en
torno a la configuración de los defectos sustantivo y fáctico.

En relación con el defecto sustantivo, sostuvo que la autoridad judicial accionada realizó
una interpretación irrazonable del ordenamiento jurídico, en particular del principio de
igualdad en materia salarial. A su juicio, no se justificó adecuadamente la razón por la
cual, pese a que la demandante se encontraba en una categoría superior del escalafón
docente (2C), se le reconoció un incremento inferior al otorgado a un docente ubicado en
un nivel inferior al otorgado a un docente en un nivel inferior (2A).

En ese sentido, afirmó que el tribunal no desarrolló de manera suficiente la razonabilidad
de dicha diferenciación a la luz de los principios de igualdad material y equidad retributiva
que rigen el servicio público docente. Sobre el particular expuso que:

“Así pues, resulta notorio que la sentencia de segunda instancia no expone de
manera clara y coherente cómo la tesis sustentada por la jurisprudencia vertical,
que defiende los incrementos salariales basados en la idoneidad del desempeño y
las competencias del personal docente, podría justificar la legalidad de los
aumentos desiguales en el caso del (la) demandante, quien demostró en el proceso
judicial que ocupaba una posición superior en el escalafón 2C en comparación con
la categoría 2A, a la cual se le otorgó un ajuste salarial significativamente mayor
durante los años 2008 y 2009.”5

Agregó que sostener que los incrementos salariales no guardan relación con el nivel de
formación académica, la experiencia acumulada y el desempeño en el ejercicio de la
función docente implica desconocer los artículos 25 y 53 de la Constitución Política.
Asimismo, precisó que no cuestiona la facultad del Ejecutivo para definir el régimen
salarial y prestacional de los empleados públicos, sino la ausencia de motivación
suficiente en los actos administrativos que establecieron los incrementos, así como la
falta de acreditación de criterios objetivos que justificaran dicha diferenciación.

En cuanto al defecto fáctico, la parte accionante afirmó que la providencia cuestionada
adolece de una indebida valoración probatoria. Indicó que el Tribunal no verificó la
existencia de elementos de juicio que acreditaran razones técnicas, jurídicas o fácticas
que justificaran los incrementos salariales diferenciados y que, por el contrario, sustentó
su decisión en supuestos no demostrados dentro del proceso.

En esa línea, señaló que la autoridad judicial desestimó las pretensiones con fundamento
en una supuesta corrección de brechas salariales, sin que dicha circunstancia hubiera
sido demostrada en el expediente. De esta manera, sostuvo que la decisión carece de
respaldo probatorio y se apoya en meras conjeturas.

En particular, indicó que no obra en el expediente prueba alguna que permita concluir
que el mayor incremento otorgado a la categoría 2A obedeciera a criterios objetivos o a
una finalidad legítima. En consecuencia, afirmó que la decisión judicial se fundamentó en
hipótesis no acreditadas, lo que evidencia una valoración probatoria insuficiente e
irrazonable.

5 Pág. 10, ibid.

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Accionante: Gizzela del Pilar García Ramírez

Con base en lo anterior, concluyó que la providencia cuestionada incurre en defecto
fáctico, en la medida en que omitió verificar y motivar adecuadamente los supuestos de
hecho que sustentan la decisión, con lo cual se vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso y a la tutela judicial efectiva.

Finalmente, agregó que en otros asuntos algunos juzgados administrativos accedieron a
pretensiones similares, al constatar la existencia de un trato inequitativo derivado de
incrementos salariales desproporcionados entre niveles del escalafón docente.

4. Trámite de tutela e intervenciones

4.1. Mediante auto del 2 de marzo de 20266, el despacho de la Magistrada Ponente
admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Magdalena; vinculó como
terceros interesados al Juzgado Once Administrativo del Circuito de Santa Marta, a la
Nación-Ministerio de Educación-Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y al
Departamento del Magdalena-Secretaría de Educación, y requirió a las autoridades
judiciales mencionadas que remitieran el expediente identificado con el radicado núm.
47-001-3333-011-2024-00260-00/01.

Enviadas las notificaciones de rigor, se recibieron los siguientes informes:

4.2. El Departamento del Magdalena-Secretaría de Educación7, solicitó su
desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, al señalar que no se le
atribuye conducta alguna que haya vulnerado los derechos fundamentales invocados, en
la medida en que la controversia se circunscribe a la providencia judicial proferida por el
Tribunal accionado.

Esta posición fue complementada en memorial posterior8, donde solicitó que se declare
la improcedencia de la acción por incumplirse el requisito de subsidiariedad, en tanto la
accionante ya había agotado las instancias ordinarias previstas por el ordenamiento
jurídico. Agregó que se pretendía revivir términos y reclamar pretensiones que ya habían
sido resueltas y habían hecho tránsito a cosa juzgada. De otro lado, sostuvo que tampoco
se cumplía con el requisito de procedibilidad de inmediatez, puesto que habían pasado
nueve meses desde la sentencia de segunda instancia, periodo en el que no se llevó a
cabo la presentación de la acción constitucional, por lo que superó el término razonable
de 6 meses.

4.3. El Juzgado Once Administrativo de Santa Marta9, manifestó que no corresponde
a ese despacho pronunciarse sobre la inconformidad de la accionante frente a la decisión
adoptada por su superior funcional. En todo caso, indicó que la sentencia de primera
instancia, proferida el 11 de diciembre de 2024, se adoptó con fundamento en las pruebas

6 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado 6BBF87F4B01584AA 6A3F1D7B9A528BE9 A805D68F76DEDAC8

7C4B667FF3868C5B.
7 Índice 000010 del aplicativo SAMAI, certificado 9DA0F9B014593225 7EE9E96CF3EFEB35 37F1236A8E3E8E76

502B874FBB434687.
8 Índice 00016 del aplicativo SAMAI, certificado 18EDD49330F12432 93F130897ABEE337
F3C3D256A5228F38 C792D71B2D7AB2B5.
9 Índice 000011 del aplicativo SAMAI, certificado A58E9208EFA37EEA 1825B36C3A54A127 FE67D2B7A33DAA77

B6AB4887A1D5C99A.

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Accionante: Gizzela del Pilar García Ramírez

allegadas al proceso, así como en las normas y la jurisprudencia aplicables. En ese
sentido, precisó que el hecho de que la decisión resultara adversa a los intereses de la
actora no implica, por sí mismo, la vulneración de sus derechos fundamentales.

4.4. El Tribunal Administrativo del Magdalena10, solicitó declarar la improcedencia del
amparo, al considerar que no existe vulneración de derechos fundamentales que le sea
atribuible. Para sustentar su posición, realizó una exposición de la sentencia proferida el
23 de julio de 2025 y señaló que la inconformidad de la accionante se dirige, en esencia,
contra la interpretación jurídica adoptada en dicha providencia.

Indicó que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede constituirse en una
instancia adicional destinada a reabrir el debate decidido por el juez natural. En relación
con el defecto sustantivo alegado, sostuvo que no se configura, por cuanto la providencia
cuestionada aplicó las normas pertinentes al régimen salarial y desarrolló una
interpretación razonada y acorde con el ordenamiento jurídico. En ese sentido, afirmó
que el desacuerdo de la accionante con dicha interpretación no comporta arbitrariedad ni
desconocimiento del orden jurídico.

Respecto del defecto fáctico, señaló que tampoco se configura, en la medida en que la
decisión no se fundamentó en la omisión de pruebas relevantes ni en una valoración
irrazonable del acervo probatorio, sino en la aplicación del marco normativo y de los
criterios que estructuran el sistema salarial correspondiente.

Finalmente, en relación con las decisiones adoptadas por otros despachos judiciales en
asuntos similares, indicó que la existencia de interpretaciones divergentes no implica la
vulneración de derechos fundamentales, en tanto dicha situación se explica por la
autonomía e independencia judicial, sin que ello habilite la intervención del juez de tutela.
En consecuencia, concluyó que la accionante pretende reabrir una controversia ya
resuelta, lo cual desconoce el carácter subsidiario y excepcional del amparo
constitucional.

4.5. El Ministerio de Educación Nacional11, solicitó declarar la improcedencia de la
acción de tutela, al considerar que no se evidencia la vulneración de los derechos
fundamentales de la accionante. Asimismo, sostuvo que la controversia planteada tiene
un carácter eminentemente económico y responde a intereses de naturaleza particular,
lo cual excede el ámbito de competencia del juez de tutela por carecer de relevancia
constitucional.

10 Índice 000012 del aplicativo SAMAI, certificado 6C9799E9F173BA44 7FA6232AF959CE70 D56A3BDA377445DE

7F6D9D29691667F3.
11 Índice 00013 del aplicativo SAMAI, certificado 5C5AB892EA93BAE9 2AC8A49A0723C9D3 046A045EDC60B756

29BE0038629D0327.

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Accionante: Gizzela del Pilar García Ramírez

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

2. Legitimación en la causa

2.1 Se cumple la legitimación en la causa por activa, en razón de que Gizzela del Pilar
García Ramírez es la titular de los derechos fundamentales que afirma fueron vulnerados
en su condición de demandante en el marco del proceso promovido en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el radicado núm. 47001-33-33-
011-2024-00260-00/01. Sin perjuicio de lo anterior, se advierte que la accionante actuó a
través de apoderada debidamente acreditada, lo que fue desarrollado en el auto
admisorio cuando se reconoció personería a la mencionada abogada.

2.2. También se acredita la legitimación en la causa por pasiva, puesto que el Tribunal
Administrativo del Magdalena fue la autoridad judicial que profirió la decisión que, según
la accionante, vulneró sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 200512 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que

12 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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Accionante: Gizzela del Pilar García Ramírez

habilitan la interposición de la tutela13 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto14.

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no es
la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona pues
ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los
jueces naturales, así como su autonomía funcional”15.

4.1. Relevancia constitucional

Dado que la acción de tutela no es una instancia adicional para controvertir las decisiones
judiciales y, por el contrario, es un mecanismo excepcional cuyo objeto exclusivo es la
protección efectiva de los derechos fundamentales, se requiere que el asunto que origina
la solicitud de amparo contra una providencia judicial tenga una clara, marcada e
indiscutible importancia constitucional, lo que impide que el juez constitucional invada la
órbita de competencia del juez natural de la causa, a la vez que garantiza la autonomía
e independencia judicial.

Así, la Corte Constitucional ha resaltado que la relevancia constitucional tiene por
finalidad: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales
y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces”16.

En línea con lo anterior, en la Sentencia SU-215 de 2022 la Corte Constitucional fijó como
criterios para definir el cumplimiento del requisito de relevancia constitucional: i) que el
debate en tutela gire en torno al contenido, alcance y goce de un derecho fundamental;

13 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir
al juez de tutela, salvo que se busque evitar que se configure un perjuicio irremediable; que la petición cumpla con el
requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse la solicitud en una irregularidad procesal, en principio, esta
tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima violatoria de los derechos fundamentales; que se
identifiquen en forma razonable los hechos que generan la vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido
cuestionados al interior del proceso y; que el fallo censurado no sea de tutela.
14 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional, a saber: a) defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo en
cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el que se
origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en contravía de
ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando la
autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión que afecta derechos
fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de
los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces desconocen la aplicación de la Ley
Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta Política que antepone de manera
preferente la aplicación de sus postulados.
14 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
16 Corte Constitucional, SU 573 de 2019.

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Accionante: Gizzela del Pilar García Ramírez

ii) que la controversia no se limite a asuntos de mera legalidad o económicos; y iii) que el
reparo formule argumentos suficientes dirigidos a demostrar la configuración de un
defecto.

Además, indicó que, si la providencia objeto de reparo fue emitida por una alta corte, el
estudio de procedibilidad debe ser mucho más estricto, lo que implica verificar la
existencia de una actuación claramente arbitraria y violatoria de derechos fundamentales.

De modo que, en las acciones de tutela interpuestas contra decisiones judiciales, el
análisis de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad implica la
necesidad de establecer: i) que el asunto tenga la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de un derecho fundamental;
ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal o de contenido
estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales; y iv) que
se advierta una verdadera vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales,
tratándose de una providencia judicial emanada de una alta corte. De manera que la
intervención del juez constitucional se establezca, exclusivamente, ante graves defectos
constitucionales.

Como corolario de lo expuesto, el cumplimiento del requisito de procedibilidad
relacionado con la relevancia constitucional implica que el asunto en cuestión afecte de
manera directa y significativa los derechos fundamentales consagrados en la
Constitución. Esto permite determinar la procedencia y el alcance de la intervención del
juez constitucional con base en tres aspectos: i) la afectación directa o repercusión en la
vulneración de los derechos fundamentales; ii) el impacto en el interés público, ya que el
asunto debe trascender el interés particular de las partes y generar un efecto más amplio
en la sociedad o en el orden jurídico y, iii) la claridad y fundamentación de la petición de
amparo, con el fin de justificar su importancia.

Respecto de esta última, debe destacarse que quien solicita el amparo debe cumplir con
la carga de exponer las razones por las que el reproche a una providencia que ha hecho
tránsito a cosa juzgada trasciende la controversia litigiosa propia de la causa ordinaria, a
una cuestión con relevancia constitucional, en términos de los defectos definidos por la
jurisprudencia como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto17.

5. Caso concreto

La Sala anuncia que la presente acción de tutela no satisface el requisito de relevancia
constitucional, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. En el asunto bajo examen, el origen de la controversia radica, en esencia, en el
cuestionamiento de los incrementos salariales reconocidos al personal docente, en
particular en el hecho de que los docentes ubicados en una categoría inferior del
escalafón (2A) recibieron incrementos superiores a aquellos clasificados en una categoría
superior (2C).

17 Cfr. Sentencia C-590 de 2005.

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Accionante: Gizzela del Pilar García Ramírez

Con fundamento en lo anterior, la parte actora atribuyó a la providencia cuestionada: (i)
la vulneración de diversos principios constitucionales, entre ellos, los de igualdad y mérito;
(ii) la configuración de un defecto fáctico, al considerar que la autoridad judicial
desatendió que en el proceso se acreditaron incrementos salariales desproporcionados
e injustificados, así como la ausencia de demostración, por parte de la demandada, de
razones objetivas que sustentaran dicha diferenciación; y (iii) la configuración de un
defecto sustantivo, en la medida en que no se habría justificado adecuadamente la
razonabilidad de la situación analizada, conforme al marco normativo aplicable.

5.2. En ese contexto, resulta pertinente traer a colación las consideraciones expuestas
por el Tribunal Administrativo del Magdalena en la sentencia del 23 de julio de 2025,
mediante la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante —
hoy accionante— contra la sentencia del 11 de diciembre de 2024, proferida por el
Juzgado Once Administrativo del Circuito de Santa Marta, que negó las pretensiones de
la demanda.

En particular, el Tribunal precisó el alcance del recurso de apelación formulado por la hoy
accionante en los siguientes términos:

“La apoderada judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación el
día contra la sentencia de primera instancia en el que expresó su inconformidad
con la decisión del Juzgado argumentando que el fallo no abordó de manera
adecuada el núcleo del debate planteado, que consistía en cuestionar la legalidad
de los decretos expedidos por el Gobierno Nacional en los años 2008, 2009 y
2011, mediante los cuales se aplicaron incrementos salariales diferenciados a los
docentes regidos por el Decreto 1278 de 2002.

Sostuvo que, la sentencia realizó un análisis fragmentado del caso, al centrarse
únicamente en justificar los incrementos con base en la categoría del escalafón
docente, sin indagar por qué en esos años se aplicaron aumentos porcentuales
diferenciados, mientras que en otras anualidades (2005 a 2007, 2010 y 2012 en
adelante) se mantuvieron aumentos homogéneos. En su criterio, la Administración
no explicó las razones de dicha variabilidad ni sustentó los decretos en estudios
técnicos previos, lo que configuraría una falta de motivación del acto
administrativo, causal de nulidad conforme a la jurisprudencia. De igual forma,
reprochó que el A-quo no exigiera al Ministerio de Educación una justificación
técnica y objetiva sobre los criterios adoptados para los incrementos
diferenciados, ni evaluara si existía un fundamento legítimo y no arbitrario que
explicara el cambio de política salarial en esos años.

Recalcó que no se cuestionó la competencia del Gobierno Nacional para fijar el
régimen salarial de los docentes ni su facultad para establecer aumentos
diferenciados, sino la falta de justificación que diera cuenta del porqué de ese
tratamiento desigual, vulnerando con ello el principio de igualdad consagrado en
el artículo 13 de la Constitución y en convenios internacionales como el Convenio
111 de la OIT.

Expuso que no se cuestiona la existencia de una escala salarial diferenciada para
los docentes, ni la legalidad de los distintos niveles y grados dentro del escalafón,
ni mucho menos la competencia del Gobierno Nacional para fijar los incrementos
salariales anuales mediante decretos, de conformidad con lo dispuesto en la Ley
4a de 1992. Lo que se reprocha, señaló, es que, en los años 2008, 2009 y 2011,
los incrementos porcentuales establecidos no fueron uniformes para todos los
grados del escalafón, lo cual generó una alteración injustificada en las bases
salariales de referencia y, en consecuencia, una diferencia progresiva y

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Accionante: Gizzela del Pilar García Ramírez

acumulativa que se ha mantenido hasta el año 2024, profundizando las brechas
entre docentes que se encontraban en situaciones similares.

Indicó que esta situación vulnera los principios de igualdad, favorabilidad,
progresividad y remuneración mínima, vital y móvil, toda vez que los incrementos
diferenciados no se sustentan en criterios objetivos que justifiquen un trato
desigual entre quienes cumplen funciones equivalentes en el ejercicio de la
docencia oficial. En esa medida, alegó que los actos administrativos demandados
están viciados de nulidad por desconocer normas superiores y generar una
discriminación salarial injustificada, por lo cual solicitó su anulación y el
restablecimiento del derecho mediante el reajuste salarial correspondiente.

Aseveró, que, el Decreto 284 de 2024 constituye la confirmación y consolidación
de una política salarial discriminatoria que se ha mantenido desde el año 2008,
pues en dicho acto nuevamente se establece un incremento porcentual mayor
para los docentes ubicados en el grado 2A en comparación con los del grado 2C,
pese a que ambos desempeñan funciones similares. Señaló que esta diferencia
carece de una justificación objetiva y razonable, lo que evidencia un trato desigual
que vulnera los principios de igualdad, legalidad y favorabilidad. En otras palabras,
que presenta un efecto estructural derivado de la forma en que se realizaron los
incrementos salariales en los años 2008, 2009 y 2011. Explicó que, en esos años,
los aumentos porcentuales fueron aplicados de manera desigual entre los distintos
grados del escalafón, lo que generó una base salarial desfasada. Esta base
errónea, según argumentó, ha sido utilizada como referencia para los incrementos
posteriores, arrastrando una irregularidad que se ha perpetuado hasta la
expedición del decreto más reciente.

Finalmente, señaló que, al reiterar esa diferenciación sin fundamento técnico ni
jurídico, el Gobierno Nacional perpetúa una brecha salarial que no solo resulta
injusta, sino que también contradice los mandatos constitucionales y legales que
exigen una remuneración equitativa y acorde con las funciones desempeñadas
por los servidores públicos, especialmente en el sector educativo.”18 (Negritas en
el texto, subrayas añadidas).

De lo anterior, como primera conclusión, la Sala advierte que los argumentos expuestos
en sede de apelación dentro del proceso ordinario fueron sustancialmente reproducidos
en la presente acción de tutela. En efecto, el núcleo de la controversia continúa centrado
en la existencia de una diferencia salarial entre los docentes ubicados en las categorías
2A y 2C del escalafón, la cual, según la parte actora, se encuentra acreditada y carece
de justificación razonable, en contravía de los principios de igualdad y mérito. De igual
forma, insiste en que la parte demandada no demostró la existencia de criterios objetivos
que sustentaran dicha diferenciación.

Ahora bien, en consonancia con la línea argumentativa del Tribunal Administrativo del
Magdalena, se observa que, para resolver el recurso de apelación, dicha autoridad
judicial abordó: (i) el régimen salarial y prestacional de los docentes escalafonados, en
particular el previsto en el Decreto Ley 1278 de 2002; (ii) el alcance del derecho
fundamental a la igualdad y del principio de “a trabajo igual, salario igual”; y (iii) la
procedencia de la inaplicación por ilegalidad.

18 Índice 00011 del aplicativo SAMAI, certificado 2803FBA60B248DA9 E410E8B157C8B6DF 715DD0474989173F
C6BF15436D1ED36D.

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Accionante: Gizzela del Pilar García Ramírez

Con fundamento en dichos referentes normativos y jurisprudenciales, así como en el
material probatorio que estimó pertinente, el Tribunal precisó el problema jurídico que
debía resolver en los siguientes términos:

“(…) debe la Sala verificar según lo expuesto en el recurso de apelación, si el
Decreto 284 de 2024 incurre en una omisión normativa que vulnere el derecho a
la igualdad y la progresividad salarial de los docentes, al mantener criterios
anteriores que perpetúan diferencias injustificadas frente a los niveles del
escalafón, y si, en consecuencia, debe inaplicarse por contrariar principios
constitucionales o si, por el contrario, se ajusta a la Carta Política al basarse en el
mérito académico. También corresponde verificar si las diferencias en los
incrementos salariales aplicados en los años 2008, 2009 y 2011, cuya política
retoma el Decreto 284 de 2024, generaron un trato desigual sin motivación técnica
ni proporcionalidad entre grados similares, de modo que hayan podido constituir
una discriminación estructural hacia ciertos docentes que, pese a contar con
formación pos gradual, no fueron beneficiarios de incrementos significativos.
(…)”19. (Subrayas añadidas).

En ese orden, el Tribunal analizó los Decretos que, desde el año 2005 fijaron la
remuneración de los docentes y directivos docentes regidos por el Decreto Ley 1278 de
2022, y advirtió que, a partir del año 2008 se desarrollaron variaciones en la estructura
salarial.

En particular, señaló que:

“con la expedición del Decreto 714 de 6 de marzo de 2008 8, se introdujeron
modificaciones en la estructura de los grupos salariales, al establecer
asignaciones diferenciadas para los docentes del grado de escalafón 2,
según contaran o no con título de especialización. Esta modalidad se
mantuvo, al menos, hasta el año 2011, periodo que constituye el núcleo de
la inconformidad de la parte demandante. (…).”20

Con fundamento en el análisis previamente expuesto, el Tribunal expuso las conclusiones
de su decisión en los siguientes términos:

“Con base en lo anterior, y una vez examinados los decretos mediante los cuales
se fijó y modificó la remuneración de los servidores públicos docentes y directivos
docentes, se observa que las variaciones porcentuales en los incrementos
salariales durante los años objeto de análisis fueron las siguientes:

19 Ibid.
20 Ibid.

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Accionante: Gizzela del Pilar García Ramírez

De este modo, los incrementos establecidos para los años 2006, 2007 y 2010 fueron
aplicados de forma uniforme en todos los niveles del escalafón. (…) Por otro lado,
durante los años 2008, 2009 y 2011 los aumentos salariales no se distribuyeron de
manera homogénea entre los diferentes niveles del escalafón docente. En
particular, para 2008, el incremento fue inicialmente dispuesto mediante el Decreto
624 del 29 de febrero, pero este fue modificado poco después por el Decreto 714
del 6 de marzo del mismo año, dando lugar a los porcentajes diferenciados
mencionados. De forma similar, en 2009 el ajuste salarial se estableció primero con
el Decreto 702 del 6 de marzo, y luego fue alterado por el Decreto 1238 del 13 de
abril.

La variación porcentual entre uno y otro decreto es el siguiente:

Ahora bien, el hecho de que en algunos años los aumentos se hayan aplicado de
manera uniforme a todos los grados del escalafón docente, como en 2006 y 2007,
y que en otros se hayan otorgado incrementos diferenciados, no implica por sí solo
una vulneración del derecho a la igualdad ni al trabajo del demandante. Por el
contrario, esta práctica está respaldada y justificada por las mismas normas que
regulan el régimen docente vigente.

Como se mencionó anteriormente, mediante el Decreto Ley 1278 de 2002, el
Gobierno Nacional, en ejercicio de las facultades extraordinarias otorgadas por el
artículo 111 de la Ley 715 de 2001, promulgó el Estatuto de Profesionalización
Docente. Este estatuto estableció, entre otros criterios, mejores salarios de
ingreso a la carrera docente, incentivos por mejoramiento profesional,
reconocimiento al desempeño en el aula, asignación en zonas rurales alejadas,
especialización en áreas específicas, y oportunidades para el desarrollo
académico y profesional de los docentes. En este marco, el artículo 19 del estatuto
definió el escalafón docente basado en aspectos como la formación académica,
experiencia, responsabilidad, desempeño y competencias. Además, este
escalafón determina los diferentes grados y niveles que pueden alcanzarse,
sirviendo también como base para la fijación del salario profesional.

De este modo, el Decreto Ley 1278 de 2002 definió tres grados dentro del
escalafón docente, los cuales se determinan según el nivel de formación
académica del educador.

(…)

Lo expuesto demuestra cómo se aplican los criterios para la profesionalización
docente mediante la organización del escalafón en grados crecientes según el
nivel académico. Así, el grado inicial está destinado a los normalistas superiores,

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Accionante: Gizzela del Pilar García Ramírez

mientras que el grado máximo corresponde a licenciados o profesionales que
cuentan con un título de doctorado.

Ahora bien, en cuanto al salario y prestaciones sociales, el estatuto docente
contempla que el mismo es fijado por el Gobierno Nacional, de acuerdo con el
grado y el nivel que acrediten en el escalafón. (…)

El estatuto docente establece de manera clara que corresponde al Gobierno
Nacional la facultad de determinar el salario de los docentes, basándose en el
grado y nivel que estos acrediten dentro del escalafón.

Por otro lado, la Ley 4 de 1992 regula las facultades, criterios y objetivos que el
Gobierno Nacional debe considerar al establecer y modificar el régimen salarial de
los empleados públicos (…)

De igual forma, se desprende que las normas mencionadas no solo facultan al
Gobierno Nacional para establecer el régimen salarial de los servidores públicos,
sino que también le otorgan la autorización para modificarlo, incrementando las
remuneraciones anualmente. Estas modificaciones deben basarse en los criterios
y objetivos establecidos en el marco legal, entre los cuales sobresalen la
obligación del Estado de promover la capacitación continua del personal a su
servicio; el nivel de los cargos, entendido como la naturaleza de las funciones,
responsabilidades y cualidades requeridas para su desempeño; y la
implementación de sistemas de evaluación y promoción fundamentados en
pruebas generales y/o específicas. Al diseñar estos sistemas, se deben considerar
criterios como la equidad, productividad, eficiencia, desempeño y antigüedad.

En otras palabras, la norma confiere al Gobierno Nacional la autoridad para fijar y
aumentar la remuneración de los servidores públicos, siempre que esta labor se
realice respetando los criterios establecidos en el artículo 2 anteriormente citado.
Entre dichos criterios destacan el compromiso de fomentar la capacitación
continua del personal, las cualidades requeridas para cada cargo, y la
implementación de sistemas de evaluación y promoción. (…)”

Con posterioridad, el Tribunal Administrativo del Magdalena se refirió a la Sentencia C-
313 de 2003 de la Corte Constitucional, en particular al análisis efectuado por dicha
Corporación en torno al principio de “a trabajo igual, salario igual”, con el propósito de
aplicarlo al caso concreto en los siguientes términos:

“Aunque el análisis de la Corte Constitucional se centró en las diferencias entre los
regímenes salariales de los docentes cobijados por el Decreto 1278 de 2002 y el
anterior Decreto 2277 de 1979, su contenido resulta aplicable al presente caso, ya
que permite concluir que, si bien los docentes pueden cumplir funciones similares,
las condiciones particulares de cada escalafón —como los requisitos de ingreso,
permanencia y ascenso— generan diferencias sustanciales que justifican un trato
diferenciado. Por tanto, en el análisis de la Corte, el principio de igualdad no exige
un trato idéntico cuando hay razones objetivas que fundamentan la diferencia.

En el presente caso, la parte demandante cuestiona la diferencia establecida por el
Gobierno al determinar los incrementos salariales para los docentes en los años
2008 y 2009, donde se aplicaron porcentajes variados según el nivel del escalafón
docente al que pertenecen. Sin embargo, este Tribunal considera que dicha
diferencia no constituye una violación al derecho a la igualdad ni al derecho al
trabajo de los docentes. Esto se fundamenta en que, conforme a las normas
previamente analizadas, el Gobierno cuenta con plena facultad para establecer
tales diferencias, según los criterios establecidos en el estatuto docente y la Ley 4
de 1992. Por lo tanto, está permitido aplicar aumentos distintos para cada grado del

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Accionante: Gizzela del Pilar García Ramírez

escalafón, con el fin de cumplir los objetivos del marco normativo, entre los cuales
se destaca el incentivo a la profesionalización del ejercicio docente.

Esto, en función de los objetivos del estatuto docente y la Ley 4 de 1992, como es
el fomento al mejoramiento profesional del magisterio. Cabe destacar que una
diferencia salarial solo se considera discriminatoria cuando carece de justificación
objetiva y razonable, es decir, cuando no responde a criterios válidos desde el punto
de vista constitucional. Esto no ocurre en el caso analizado, ya que el propio
ordenamiento jurídico otorga al Gobierno la competencia para fijar tanto el salario
como su incremento, permitiéndole establecer aumentos distintos según el grado y
nivel en el escalafón, con el propósito de incentivar la profesionalización docente.

Como se mencionó, el legislador estableció como criterios fundamentales para la
expedición del estatuto docente la implementación de incentivos para el
mejoramiento profesional, sistemas de ascenso y oportunidades para el desarrollo
académico de los docentes. Estos principios se reflejan, entre otras disposiciones,
en el artículo 46 del Decreto 1278 de 2002, que señala que los salarios deben
determinarse según el grado y nivel que cada docente posea en el escalafón. Esta
regulación está en consonancia con los lineamientos establecidos en el artículo 2
de la Ley 4 de 1992.

Por su parte, el análisis del principio de igualdad exige comparar situaciones
equivalentes, es decir, personas que desempeñen las mismas funciones, bajo las
mismas condiciones jurídicas y dentro del mismo régimen salarial y prestacional,
por lo que, la desigualdad salarial y el trato discriminatorio se configuran únicamente
cuando no existen razones objetivas y justificadas que las sustenten, y cuando la
diferencia no se basa en criterios constitucionalmente válidos que permitan un trato
distinto. Esto no ocurre en el presente caso, ya que, como se mencionó
anteriormente, el propio marco normativo faculta al Gobierno para establecer los
salarios y sus incrementos para los docentes, permitiéndole aplicar aumentos
diferenciados según el grado y nivel, con el propósito de fomentar el mejoramiento
profesional del personal docente.

En ese orden de ideas, se advierte que la docente demandante se encuentra
escalafonada en la categoría 2C, con título de especialización, y que su
inconformidad radica en que, a pesar de ocupar un grado avanzado en la carrera
docente, no recibió aumentos salariales proporcionales a los que fueron
reconocidos a otros grados del mismo nivel, especialmente durante los años 2008,
2009 y 2011, y que esa diferencia se mantuvo con la expedición del Decreto 284 de
2024. Sin embargo, del análisis normativo y de los antecedentes salariales se
concluye que dicha situación no constituye una discriminación inconstitucional ni
una omisión normativa reprochable, por cuanto las diferencias salariales entre
grados responden a niveles distintos de formación académica, conforme lo
establece expresamente el artículo 21 del Decreto 1278 de 2002.

Así, esta Sala no encuentra probado que la actora haya sido tratada de forma
desigual frente a sujetos en situación equivalente, ni que el sistema salarial aplicado
le imponga cargas injustificadas. Por el contrario, su salario obedece a la estructura
legal y reglamentaria vigente, en virtud de la cual se reconocen mayores beneficios
a quienes han alcanzado mayores niveles de formación, lo cual constituye una
medida idónea y razonable para promover la excelencia en el servicio educativo
(…).” (Subrayas añadidas).

5.3. En ese sentido, la Sala advierte que en sede ordinaria se tuvo en cuenta la existencia
de las diferencias salariales que ahora se reprochan en sede de tutela. Si bien resulta
impreciso el uso indistinto de las expresiones “grados” (referidas al número del escalafón)
y “niveles” (A, B, C, D), la Sala infiere que el Tribunal partió del análisis de la diferencia

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Accionante: Gizzela del Pilar García Ramírez

salarial planteada por la parte demandante tanto en el proceso ordinario como en la
presente acción constitucional.

No obstante, contrario a lo sostenido por la parte actora, el Tribunal consideró que dicha
situación encontraba justificación en un criterio razonable, consistente en el incentivo a
la profesionalización docente, el cual derivó del marco normativo aplicable. Asimismo,
tuvo en cuenta que las diferencias salariales se predican de categorías que responden a
distintos niveles de formación académica y que la remuneración de la actora se ajusta a
la estructura legal y reglamentaria vigente.

En ese contexto, la Sala estima que la parte actora pretende imponer su interpretación
sobre las consideraciones desarrolladas por la autoridad judicial accionada y reabrir el
debate surtido en sede contencioso-administrativa. En particular, busca cuestionar la
razonabilidad de la interpretación acogida por el Tribunal, al sostener que el grado 2
responde a los mismos requisitos académicos y que la discusión no se planteaba entre
grados, sino entre niveles dentro de un mismo grado.

5.4. Asimsio, la Subsección observa que el Tribunal Administrativo del Magdalena
expuso de manera suficiente, coherente y razonable las razones por las cuales no
resultaba procedente acceder a las pretensiones, en tanto (i) los incrementos salariales
diferenciados no vulneraron el derecho a la igualdad, dado que obedecen a criterios
objetivos relacionados con el escalafón docente y no recaen sobre situaciones
comparables; y (ii) la normativa aplicable (Decreto Ley 1278 de 2002 y Ley 4ª de 1992)
justifica la existencia de diferencias en la asignación salarial conforme a la formación,
experiencia y nivel de los docentes.

A partir de lo anterior, la Sala concluye que el debate planteado fue debidamente
examinado por el juez competente, sin que se advierta que la decisión haya sido
adoptada de manera arbitraria o caprichosa, ni que carezca de sustento fáctico o jurídico.
Tampoco se evidencia la vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora
durante el trámite del proceso ordinario.

5.5. Sobre el punto, es pertinente recordar que, en relación con la carga argumentativa y
explicativa que se encuentra en cabeza de quien acude a solicitar la protección a través
del amparo, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha precisado de manera clara
que no basta la simple mención de la vulneración de los derechos al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, sino que para entender como acreditado el
requisito general de procedencia de relevancia constitucional, se requiere demostrar: i)
su existencia; ii) su carácter desproporcionado; y iii) su carácter arbitrario. Así, quien
acude a la tutela debe aportar elementos suficientes que permitan al juez constitucional
advertir tal vulneración21.

5.6. La Sala advierte que no se acreditó la configuración de un defecto sustantivo, toda
vez que la parte accionante no demostró que la autoridad judicial accionada hubiera
incurrido en una interpretación abiertamente irrazonable del ordenamiento jurídico. En
efecto, sus planteamientos se limitan a cuestionar la decisión adoptada en sede ordinaria,

21 Sentencia SU215 de 2022.

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Accionante: Gizzela del Pilar García Ramírez

bajo el argumento de que se desconoció el principio de igualdad en materia salarial, sin
aportar sustento normativo o jurisprudencial que respalde la tesis según la cual el
Gobierno Nacional se encontraba obligado a fijar incrementos salariales uniformes para
todos los docentes, con independencia de su nivel o grado en el escalafón.

5.7. De igual forma, no se acreditó la configuración de un defecto fáctico, en tanto la parte
accionante no demostró la omisión, indebida valoración o desconocimiento de pruebas
relevantes por parte de la autoridad judicial. En efecto, sus argumentos se reducen a
afirmaciones genéricas sobre la supuesta falta de justificación técnica de los incrementos
salariales diferenciados, sin que tales señalamientos se encuentren respaldados en el
acervo probatorio ni en una exigencia normativa concreta. En consecuencia, no se
advierte una ruptura ostensible entre los hechos probados y la decisión adoptada, sino
una simple inconformidad con la valoración probatoria realizada por el juez competente.

5.8. A partir de lo anterior, para la Sala es claro que la parte actora pretende imponer su
interpretación sobre las consideraciones expuestas por la autoridad enjuiciada, así como
reiterar su discrepancia frente a la decisión adoptada y continuar con el debate surtido en
el trámite del proceso primigenio. Esto aunado a que el accionante ni siquiera presentó
los reparos en función de los requisitos especiales pues a pesar de que invocó la
configuración de los defectos sustantivo y fáctico, su argumentación se limitó a reproducir
los reproches elevados en el recurso de apelación presentado en el marco del proceso
ordinario.

Bajo estas condiciones, la Subsección estima que la acción de tutela formulada está
encaminada a continuar con el debate surtido en el trámite de segunda instancia, toda
vez que reitera argumentos de índole legal y probatorio desarrollados en el marco de
esta, sin esbozar las razones concretas por las cuales el derecho fundamental invocado
fue vulnerado con la providencia atacada. Eso escapa de la órbita del juez constitucional,
toda vez que la decisión censurada se sustenta en el principio de autonomía judicial.

5.9. Es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida con un carácter
excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional
fundamental. Entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria,
por lo que su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión
proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que
ello implique, como lo pretende la parte tutelante, un nuevo estudio del caso como si fuera
una instancia adicional a lo ya surtido.

En ese orden, el juicio que efectúa el juez en sede de tutela es de validez y no de
corrección de la decisión cuestionada22, lo que se opone a que se use indebidamente
como una nueva instancia para la discusión de los asuntos de índole probatoria o de
interpretación del derecho, que fueron resueltos en el curso del proceso ordinario23.

22 Corte Constitucional, sentencia T-310 del 30 de abril de 2019.
23 Corte Constitucional, sentencia T-384 del 20 de septiembre de 2008.

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Accionante: Gizzela del Pilar García Ramírez

En consecuencia, la Sala declarará la improcedencia de la presente acción de tutela por
no superar el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Gizzela
del Pilar García Ramírez contra el Tribunal Administrativo del Magdalena, de conformidad
con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en
atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

LMSG

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