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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01520-00

Fecha
15 de abril de 2026
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01520-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por Rina Isabel Celedón Núñez, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2°) Niéganse la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Educación. 3º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01520-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

15 de abril de 2026

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, quince (15) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01520-00
Demandante: RINA ISABEL CELEDÓN NUÑEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
SE DECLARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA POR FALTA DE RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL. ESCALAFÓN DOCENTE.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la sentencia que confirmó la decisión que le negó
sus pretensiones en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho encaminado a
obtener el reconocimiento y pago de las diferencias salariales presuntamente derivadas de un
incremento salarial en el escalafón docente. La Sala encontró que no se superó el requisito de
relevancia constitucional porque la controversia se orientó a reabrir un debate propio del juez
natural.

La Sala decide la acción de tutela presentada1 por la señora Rina Isabel Celedón Núñez
en contra del Tribunal Administrativo del Magdalena para la protección de sus derechos
fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia
consagrados en los artículos 29, 13 y 229 de la Constitución Política, presuntamente
vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 23 de julio de 2025 en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 47001-33-33-011-2024-
00227-01.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1
Mediante escrito presentado ante esta Corporación el 26 de febrero de 2026 (índice 00001 del aplicativo
SAMAI).

2
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01520-00
Actora: Rina Isabel Celedón Núñez
Acción de tutela

1) La parte demandante se desempeñó para el momento de los hechos como docente
oficial, vinculada con el régimen del Decreto Ley 1278 de 2002, en el grado 2CE del
escalafón docente.

2) El Gobierno Nacional decretó incrementos salariales iguales para los docentes
regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002 durante los años 2005, 2006 y 2007; sin
embargo, para el año 2009 dispuso aumentos porcentuales diferenciados entre los
diferentes grados y niveles del escalafón, de manera que al grado 2AE se le aplicó un
incremento del 15,61%, mientras que al grado 2CE se le aplicó un incremento del
0,75%, circunstancia que, en su criterio, generó una afectación económica por la
disminución de la base salarial proyectada hacia vigencias posteriores.

3) Con fundamento en lo anterior, la parte accionante presentó reclamación
administrativa ante la Nación - Ministerio de Educación Nacional y ante la Secretaría
de Educación del departamento del Magdalena, en la cual solicitó el reconocimiento y
pago de las diferencias salariales derivadas del incremento desigual de los años 2008
y 2009; dichas reclamaciones fueron negadas mediante los oficios nos.
MAG2024EE002480 del y 2024-EE-055441 del 21 y el 27 de febrero de 2024,
expedidos por la Secretaría de Educación del Magdalena y el Ministerio de Educación
Nacional, respectivamente.

4) En ese contexto, promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación - Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de
Educación del Magdalena, con el propósito de que se declarara la nulidad de los actos
que negaron su reclamación y se ordenara el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales que estimó causadas, debate que fue resuelto por el
Juzgado Undécimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, mediante
sentencia del 11 de diciembre 2024, en la cual se negaron las pretensiones2.

2
El juzgado consideró que no es procedente acceder a las pretensiones de la demandante, toda vez
que no se logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos enjuiciados.

El régimen del escalafón docente regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002 prevé una estructura por
niveles y grados que responde a criterios objetivos asociados con la formación, experiencia, tiempo de
prestación de servicio docente y evaluación, y, por tanto, permite diferencias salariales entre quienes se
encuentran ubicados en distintos niveles del escalafón.

La distinción salarial entre niveles como 2AE y 2CE no implica, por sí misma, un trato discriminatorio, en
tanto obedece a parámetros normativos previamente establecidos y a la potestad de configuración
normativa del Gobierno Nacional en materia salarial, ejercida en desarrollo de la Ley 4 de 1992; en esa
medida, estimó que la existencia de incrementos porcentuales diferenciados no desconoce el principio
de igualdad cuando la diferenciación encuentra sustento en criterios objetivos derivados de la estructura
del régimen docente.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01520-00
Actora: Rina Isabel Celedón Núñez
Acción de tutela

5) La parte demandante apeló dicha providencia3 y, mediante sentencia del 23 de julio
de 2025, el Tribunal Administrativo del Magdalena confirmó la decisión de primera
instancia con fundamento en que no se configuraba una vulneración del derecho de
igualdad, en tanto el trato salarial diferenciado entre los niveles del escalafón docente
se encontraba justificado en criterios objetivos derivados de la estructura del régimen
previsto en el Decreto Ley 1278 de 2002, en la potestad de configuración normativa en
materia salarial y en la necesidad de mejorar la remuneración de los docentes
estatales, la cual era inferior a los salarios del mercado laboral.

2. Los fundamentos de la vulneración

La parte actora alegó que la providencia judicial cuestionada adolece de un defecto
sustantivo en la medida en que la autoridad judicial demandada avaló un trato salarial
desigual derivado de los incrementos porcentuales aplicados en la vigencia 2009 entre
los niveles 2AE y 2CE del escalafón docente, a pesar de que se trataba de una
diferencia porcentual que no podía justificarse únicamente en la estructura general del
escalafón docente.

Conforme con lo debatido en el proceso ordinario, resaltó que al grado 2AE se le aplicó
un incremento superior al reconocido al nivel 2CE, lo cual habría generado una

Las asignaciones salariales y sus variaciones anuales no resultan arbitrarias ni caprichosas, pues se
vinculan con variables propias del sistema escalafonario y con políticas públicas en materia de
remuneración docente.

En relación con los incrementos decretados en las vigencias discutidas, el juzgado consideró que no se
acreditó la existencia de un trato inequitativo que implicara vulneración de derechos fundamentales o
desconocimiento del ordenamiento jurídico, pues la diferenciación entre incrementos porcentuales
obedece a las diferencias propias de cada escalafón (estudio de posgrado, tiempo en el servicio docente,
etc)
3
Los fundamentos de la apelación se centraron en reiterar que se vulneró su derecho fundamental a la
igualdad derivada de los incrementos salariales diferenciados aplicados en las vigencias 2008 y 2009,
particularmente entre los niveles 2AE y 2CE del escalafón docente.

El incremento porcentual aplicado al nivel 2AE fue superior al otorgado al nivel 2CE, lo cual configuró un
trato desigual e injustificado, pese a que el nivel 2CE exige mayores requisitos de formación y
experiencia dentro de la estructura del Decreto Ley 1278 de 2002.

La diferencia porcentual no obedecía a la lógica ordinaria del escalafón docente, sino a una decisión que
impactó de manera desfavorable la base salarial de quienes se encontraban en el nivel 2CE, con efectos
que no se agotaban en la anualidad correspondiente, sino que se proyectaban hacia vigencias
posteriores.

Dicha desigualdad no fue compensada en años subsiguientes y no existían elementos suficientes que
acreditaran la existencia de criterios objetivos, razonables y válidos que justificaran la disparidad en los
porcentajes de incremento.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01520-00
Actora: Rina Isabel Celedón Núñez
Acción de tutela

afectación permanente sobre la base salarial y, por ende, sobre los ingresos posteriores
de quienes se encontraban ubicados en el grado 2CE.

Ahora bien, en la acción de tutela la parte demandante argumenta la existencia de un
defecto fáctico cometido por el ad-quem debido a que este valoró de manera
inadecuada las pruebas obrantes en el plenario, ya que, en su parecer, no se acreditó
por parte del extremo pasivo de la litis que el mayor incremento otorgado a los docentes
ubicados en el escalafón 2AE por sobre aquellos ubicados en el escalafón 2CE
respondiera a razones objetivas, verificables y debidamente fundamentadas.

En función de lo argumentado, también plantea diversas preguntas orientadas a debatir
el grado de análisis y discrecionalidad efectuado por el tribunal al momento de revisar
los razonamientos, pruebas, normatividad vigente al momento de los hechos y la
jurisprudencia porque no se efectuó un debate riguroso que justificase la decisión de
confirmar la sentencia del juzgado, por medio de la cual se negaron las pretensiones
de la demanda.

Asimismo, evidencia que, al encontrarse en la categoría 2CE, esto es, en un rango
superior al 2AE, es un criterio válido para justificar una remuneración superior por el
mayor grado de formación, desempeño y trayectoria profesional.

Esto, en la medida que la pertenencia a la categoría 2CE no es un dato meramente
administrativo o nominal, sino que constituye un criterio objetivo y normativamente
respaldado que distingue grados de aptitud profesional, experiencia y desempeño
superiores a los requeridos para aquellos del grado 2AE. De esta forma, el acceso al
nivel 2CE, según lo previsto en los arts. 20 y 21 del Estatuto Docente, exige haber
prestado servicios por un periodo mínimo y acreditar una evaluación por competencias
con puntaje superior al 80%, lo que demuestra que tales exigencias no solo acreditan
una mayor formación y trayectoria, sino que configuran un estándar que el
ordenamiento utiliza expresamente para justificar una retribución diferencial. Por tanto,
la ubicación en el escalafón 2CE opera como indicio fuerte -e inicialmente suficiente-
de que su remuneración debe ser, en principio, superior a la de quienes permanecen
en el nivel 2AE.

Finalmente, arguye que, contrario a lo planteado por el tribunal, en sede judicial no se
cuestiona la facultad del ejecutivo para definir el régimen salarial y prestacional de los

5
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01520-00
Actora: Rina Isabel Celedón Núñez
Acción de tutela

empleados públicos, por el contrario, se argumenta que dicha potestad no puede ser
ejercida de manera voluntariosa, caprichosa o arbitraria.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA en
la sentencia proferida el día 23 de julio de 2025, en el expediente radicado
bajo número 47-001-3333-011-2024-00227-01, transgredió los derechos
fundamentales al DEBIDO PROCESO, IGUALDAD, ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, TUTELA JUDICIAL EFECTIVA y
PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD del (la) señor (a) RINA ISABEL
CELEDON NUÑEZ, por considerar que las razones de la decisión no se
ajustan a la jurisprudencia emitida por las Altas Cortes, el marco normativo
aplicable al caso y, el material probatorio obrante en el proceso ordinario.

2. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL MAGDALENA dejar sin efectos la providencia
referida en el numeral anterior y se profiera una nueva con una debida
interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y, analizando de
manera concreta la situación particular del (la) docente RINA ISABEL
CELEDON NUÑEZ a la luz de los argumentos planteados en la demanda
ordinaria y, los hechos debidamente probados en el debate jurídico”.
(mayúsculas del original - archivo disponible en medio magnético en el
índice 00002 del aplicativo SAMAI)

4. Actuación procesal.

Mediante auto del 27 de febrero de 2026 (índice 00004 del aplicativo Samai) se admitió
la acción de tutela, se notificó al presidente y magistrados integrantes del Tribunal
Administrativo del Magdalena y se vinculó al titular del Juzgado Undécimo
Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta, al ministro de Educación Nacional
y al secretario de educación del departamento del Magdalena, entregándoles copia de
la demanda y los anexos.

5. Actuación de la autoridad judicial demandada y las autoridades vinculadas

El Tribunal Administrativo del Magdalena solicitó que se declare improcedente la
presenta acción de tutela por no encontrarse configurada vulneración alguna atribuible
a esa Corporación.

El Juzgado Undécimo Administrativo del Circuito Judicial de Santa Marta arguyó que
la decisión adoptada por el a-quo en sentencia del 11 de diciembre de 2024 fue
proferida con base en el acervo probatorio, la normativa vigente y la jurisprudencia

6
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01520-00
Actora: Rina Isabel Celedón Núñez
Acción de tutela

aplicable a la materia, por lo cual no se configuró la transgresión a sus derechos
fundamentales.

La Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional solicitó que se
declarara la improcedencia de la acción de tutela y, en subsidio, se desvinculase a esa
autoridad de la acción de tutela y se negaran las pretensiones por considerar que no
se configura ninguno de los defectos que habilitan la procedencia excepcional del
amparo contra providencias judiciales.

El apoderado judicial y el secretario de educación del municipio de Magdalena no
presentaron informe de respuesta a la acción de tutela, pese a estar debidamente
notificados el 3 de marzo de 2026 (índice 0008 del aplicativo SAMAI).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela, y 2) el caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para
desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir
términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01520-00
Actora: Rina Isabel Celedón Núñez
Acción de tutela

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo del Magdalena con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales antes referidos, presuntamente vulnerados con
ocasión de la sentencia del 23 de julio de 2025, mediante la cual se confirmó la decisión
que negó las pretensiones formuladas en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho promovida por la actora para lograr el reconocimiento y pago de las diferencias
salariales y prestacionales que estimó causadas a partir del incremento salarial
diferencial aplicado en las vigencias 2008 y 2009 entre los niveles 2AE y 2CE del
escalafón docente regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.

En cuanto a la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación Nacional, la Sala
negará dicha petición, en la medida en que dicha autoridad fue parte del proceso
ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho en el cual se profirieron las
providencias judiciales cuestionadas en este mecanismo constitucional.

Así las cosas, dado que la acción de tutela se dirige contra providencias judiciales que
resolvieron un litigio en el cual participó y que los cargos de la demanda guardan
relación directa con dicho trámite, su vinculación en esta sede constitucional resulta
necesaria, para garantizar su derecho de defensa y debido proceso, motivo por el cual
en la parte resolutiva de esta providencia se negará dicha solicitud.

En los términos en que fue planteada la controversia la Sala declarará la improcedencia
de la acción de tutela por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional, así
como por el planteamiento de controversias de carácter meramente económico,
conforme se expone a continuación:

2.1 La relevancia constitucional en la acción de tutela contra providencias
judiciales

Cuando una acción de tutela se promueve en contra de una providencia judicial su
procedencia está sometida a una serie de requisitos generales, sin los cuales el juez
constitucional no puede entrar a realizar un análisis de fondo.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01520-00
Actora: Rina Isabel Celedón Núñez
Acción de tutela

En efecto, tales presupuestos generales se instituyeron con la finalidad de que no todos
los asuntos puedan ser decididos en sede de tutela, so pena de vaciar la competencia
de los jueces ordinarios y desconocer principios de raigambre constitucional como la
seguridad jurídica y la autonomía e independencia judicial.

Con ese norte, la jurisprudencia, específicamente en la sentencia C-590 de 2005 de la
Corte Constitucional, que constituye el fallo hito en la materia, estableció un modelo de
requisitos generales de procedencia y defectos o causales específicas, orientados a
preservar el carácter extraordinario de este mecanismo residual, dentro de los cuales
se la imperiosa necesidad de constatar que el debate que se propone reviste una
genuina, verdadera y marcada relevancia constitucional ocupa un lugar central.

En la sentencia del 5 de agosto de 2014, la Sala Plena de esta Corporación señaló que
el cumplimiento de este requisito está orientado a la consecución de tres finalidades
concatenadas: i) preservar la competencia e independencia de los jueces ordinarios,
impidiendo que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; ii)
restringir el amparo a cuestiones que comprometen la vigencia efectiva de derechos
fundamentales, evitando que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones; e iii) impedir que este mecanismo se
convierta en una instancia o recurso adicional frente a decisiones judiciales
ejecutoriadas.

En similares términos, en jurisprudencia de unificación reciente4, la Corte ha reiterado
que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede desnaturalizarse en un
medio para revisar la “correcta” aplicación del ordenamiento, sustituir el criterio del juez
natural o reabrir debates probatorios ya concluidos, e insistió en que el juez
constitucional sólo puede intervenir cuando la controversia planteada trasciende el
ámbito de la legalidad y se proyecta como un problema genuinamente constitucional
que afecte derechos fundamentales de las partes involucradas.

De acuerdo con esta línea, en primer lugar, la Sala Plena de la Corte Constitucional
enfatizó que el asunto sometido a acción de tutela debe involucrar un problema de
índole constitucional claro y marcado, relacionado con el contenido, alcance o goce de
un derecho fundamental, sin que pueda reducirse a la simple inconformidad frente a la
interpretación de normas legales o a divergencias sobre la valoración probatoria, de
manera que las controversias que “se limitan a la mera determinación de aspectos

4
Corte Constitucional, sentencia SU-103 de 2022.

9
Expediente: 11001-03-15-000-2026-01520-00
Actora: Rina Isabel Celedón Núñez
Acción de tutela

legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de
una norma procesal5”, carecen, en principio, de relevancia constitucional, salvo que se
acredite de manera específica una afectación grave y desproporcionada de derechos
fundamentales.

En efecto, en la referida sentencia SU-103 de 2022, que ratificó el criterio que ya se
había planteado en la sentencia SU-128 de 2021, la Corte indicó que no cumplen este
presupuesto aquellos casos en los que “la controversia no versa sobre un asunto
constitucional, sino uno meramente legal y/o económico” o cuando la parte actora
“busca una instancia adicional para reabrir debates meramente legales ya concluidos
con la intención de revivir los términos procesales”.

En segundo lugar, la propia Corte estableció que la relevancia constitucional entraña
una exigente carga argumentativa para la parte actora ya que no es suficiente con
invocar, en abstracto, la vulneración de derechos fundamentales, por cuanto le asiste
la carga de explicar, de forma concreta y razonada, por qué la decisión cuestionada
comporta una restricción constitucionalmente inaceptable, postulado que fue reiterado
por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 en la
que se dispuso que “no basta con (…) aducir la vulneración de derechos fundamentales
para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales6”, enfatizando en que corresponde al demandante justificar por qué su
pretensión tiene tal entidad, so pena de rechazo o improcedencia.

En ese entendido, la jurisprudencia constitucional ha construido un entendimiento más
exigente sobre la carga argumentativa asociada con dicho requisito. Así, las
mencionadas sentencias SU-215 de 2022 y la SU-103 de 2022 de la Corte
Constitucional fueron específicas en destacar que la relevancia constitucional no se
presume por la sola invocación de vocabulario constitucional, ni por la sola mención de
un derecho fundamental, en tanto corresponde a la parte actora exponer un problema
jurídico de naturaleza constitucional e identificar con claridad los defectos que se
pretenden atribuir a la providencia objeto de censura, con una explicación clara sobre
el por qué estos desbordan el margen de interpretación y conducen a la vulneración
concreta de un derecho fundamental, de ahí que se ha reiterado que la acreditación del
requisito “más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una

5
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021.
6
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, CP Jorge Octavio Ramírez Ramírez,
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, radicación no. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01520-00
Actora: Rina Isabel Celedón Núñez
Acción de tutela

relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia
de una restricción desproporcionada” de tales derechos:

“Para determinar si este requisito se cumple, el juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la
entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el alcance de
un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a una discusión meramente legal
o de contenido estrictamente económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que
se justifique razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.
Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una providencia judicial de una alta
corte, se exige advertir, además, una vulneración arbitraria o violatoria de derechos
fundamentales.”.7

En tercer lugar, la relevancia constitucional está destinada a impedir que la acción de
tutela se utilice como tercera instancia o mecanismo para reiterar desacuerdos o
simples desavenencias con el criterio del juez natural, punto sobre el cual, tanto la Corte
Constitucional como el Consejo de Estado han sido enfáticos en que la acción de tutela
no puede erigirse en un escenario para revisar, en abstracto, la corrección jurídica de
la decisión, sustituir la apreciación probatoria del fallador ordinario ni reabrir litigios
legalmente concluidos.

Al respecto, la Corte Constitucional, entre otras, en la sentencia T-022 de 2019,
determinó que la acción de tutela constituye un juicio de validez y no de corrección de
las decisiones de los jueces, motivo por el cual en aquellos casos en los que resulta
diáfano que la intención de las partes es instrumentalizar este mecanismo con el único
fin de cuestionar la interpretación, el criterio o la posición del juez natural, simplemente
por encontrarse en desacuerdo con la decisión desfavorable a sus intereses, dicho
mecanismo carece de una verdadera trascendencia desde la óptica constitucional.

El Consejo de Estado ha destacado que, si de la acción se desprende que el objetivo
del actor es convertir la tutela en una instancia adicional a las del proceso ordinario con
miras a evidenciar las inconformidades con la providencia objeto de censura,
específicamente, con su interpretación normativa o sus conclusiones probatorias, la
consecuencia lógica es que es que el amparo así deprecado se torna a todas luces
improcedente pues en esa hipótesis se está ante un debate infraconstitucional que no
compromete directamente mandatos superiores y cuya resolución compete únicamente

7
Idem.

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Acción de tutela

a los jueces ordinarios, quienes fueron investidos por el legislador de precisas
facultades para ello.

El juez de tutela no es ni puede actuar como superior funcional de los jueces ordinarios,
de modo que su análisis debe contraerse a aquellos debates que comporten una
genuina y marcada importancia desde el punto de vista de los derechos fundamentales,
en orden a evitar inmiscuirse en discusiones que no son de su resorte, so pena de
vaciar de contenido las competencias asignadas a cada jurisdicción. El rol del juez de
tutela no puede ni debe confundirse con el de una instancia revisora de las providencias
proferidas por los jueces naturales en su ejercicio de tal y cualquier intento dirigido a
reemplazar o arrogarse competencias de juez ordinario, desde luego, debe ser
contenido.

En suma, a partir de lo dispuesto, entre otras, en las sentencias SU-573 de 2019, SU-
128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, es necesario verificar que la acción
de tutela reúna los siguientes parámetros: i) el debate planteado en la acción de tutela
debe trascender la mera legalidad y tener la virtualidad de incidir en la interpretación,
aplicación o eficacia de la Constitución o de un derecho fundamental; ii) la controversia
no puede limitarse a un asunto estrictamente patrimonial o privado carente de
proyección constitucional; iii) el escrito de acción de tutela debe mostrar una afectación
grave, concreta y desproporcionada de derechos fundamentales atribuible a una
decisión judicial arbitraria o irrazonable, y iv) no es constitucionalmente relevante una
pretensión dirigida a replantear discusiones que ya fueron propuestas, analizadas y
resueltas en el proceso ordinario, mediante los recursos propios de la jurisdicción
competente.

Tales criterios, además, son aún más rigurosos cuando se pretenda emplear la acción
para cuestionar una decisión de una Alta Corte, pues, de conformidad con lo
establecido por la propia Corte Constitucional en la sentencia SU-573 de 2019, esta
hipótesis comporta un escrutinio aún más estricto, en el que se “exige valorar, prima
facie, si la decisión se fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad
judicial, violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría ‘la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de las demás jurisdicciones’ en
estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios.” (negrillas adicionales).”8.

8
Criterio que, a su vez fue ratificado en la sentencia SU-215 de 16 de junio de 2022, MP Natalia Ángel
Cabo.

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01520-00
Actora: Rina Isabel Celedón Núñez
Acción de tutela

En conclusión, la relevancia constitucional opera como un filtro material y obligatorio
que condiciona el estudio de fondo de las acciones de tutela contra providencias
judiciales, en tanto exige que la parte actora demuestre, con una argumentación clara
y específica, que la providencia cuestionada desborda el margen de interpretación
razonable y comporta una afectación grave e injustificada de derechos fundamentales.

En esa medida, el análisis de este presupuesto de procedibilidad de la acción obliga al
juez de tutela a declarar improcedente el amparo cuando se advierta que se pretende
emplearlo para expresar desacuerdos con la decisión, replantear discusiones
probatorias o jurídicas ya zanjadas, o perseguir fines meramente económicos o
privados; únicamente cuando se supera este umbral es legítimo avanzar al examen de
los defectos alegados en el caso concreto.

2.2 El análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

1) La Sala considera que la acción de tutela no superó el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto, a partir del examen integral de la demanda, se desprende
que los reproches de la parte actora se dirigen, esencialmente, a controvertir la
conclusión adoptada por el Tribunal Administrativo del Magdalena en la sentencia del
23 de julio de 2025.

2) En el presente asunto, si bien la parte demandante invocó la presunta vulneración
de sus derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a la
administración de justicia, así como la existencia de supuestos defectos en la
providencia cuestionada, lo cierto es que la sustentación de tales cargos se limitó a
reiterar su inconformidad con la decisión judicial adversa a sus intereses, en tanto
insiste en que el incremento salarial aplicado en la vigencia 2009 para el grado 2CE
(0,75%) debió ser equiparado al reconocido para el grado 2AE (15,61%) y que esa
diferencia afectó su base salarial.

3) No obstante, tales aspectos fueron objeto de análisis en la providencia que aquí se
cuestiona, en la cual el tribunal explicó las razones por las cuales no se configuraba
una vulneración del derecho a la igualdad y por qué el trato diferenciado se encontraba
justificado en el marco del escalafón docente, con lo cual descartó que existiera un
deber de equiparación automática entre categorías distintas:

"(...) no toda diferencia de trato constituye una vulneración al derecho a la
igualdad ni configura discriminación. Por ello, la Corte Constitucional ha

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Expediente: 11001-03-15-000-2026-01520-00
Actora: Rina Isabel Celedón Núñez
Acción de tutela

desarrollado una metodología denominada “juicio o test integrado de
igualdad”, también adoptada por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, la cual permite evaluar cuándo una distinción normativa o fáctica
resulta justificada o, por el contrario, constituye una forma de
discriminación prohibida.

Este juicio consta de tres etapas: en primer lugar, debe identificarse el
criterio de comparación o tertium comparationis; en segundo lugar, se debe
establecer si efectivamente existe un tratamiento desigual entre iguales o
uno igual entre desiguales, desde una perspectiva tanto fáctica como
jurídica; y, en tercer lugar, corresponde determinar si el trato diferenciado
está justificado constitucionalmente.

En línea con lo anterior, el artículo 53 de la Carta consagra los principios
mínimos que rigen el estatuto del trabajo en Colombia. Entre ellos, destaca
que la remuneración debe ser proporcional a la cantidad y calidad del
trabajo realizado, de donde se desprende el principio según el cual 'a
trabajo igual, salario igual'. Este principio, de carácter relacional, guarda
estrecha conexión con el juicio de igualdad y ha sido reconocido de forma
reiterada por la Corte Constitucional:

“(…) “El principio a trabajo igual, salario igual, responde entonces a un
criterio relacional, propio del juicio de igualdad. Por ende, para acreditar su
vulneración debe estarse ante dos sujetos que al desempeñar las mismas
funciones y estar sometidos al mismo régimen jurídico de exigencias de
cualificación para el empleo, son comparables y, no obstante, ello, reciben
una remuneración diferente. Se insiste entonces en que la discriminación
salarial injustificada debe basarse en la inexistencia de un parámetro
objetivo, discernible y razonable, que justifique la diferenciación.

Así, la jurisprudencia constitucional ha catalogado como razones
admisibles de diferenciación salarial, entre otras (i) la aplicación de criterios
objetivos de evaluación y desempeño; (ii) las diferencias de la estructura
institucional de las dependencias públicas en que se desempeñan cargos
que se muestran prima facie análogos; y (iii) la distinta clasificación de los
empleos públicos, a partir de la cual se generan diferentes escalas
salariales, que responden a cualificaciones igualmente disímiles para el
acceso a dichos empleos”

En consecuencia, cuando se alega una desigualdad salarial con
fundamento en un supuesto trato discriminatorio entre dos servidores
públicos, dicha situación solo puede ser analizada si se demuestra que
ambos se encuentran en condiciones laborales y funcionales realmente
equivalentes. Es decir, no basta con que desempeñen cargos que
compartan algunas características similares, sino que debe existir una
coincidencia sustancial en sus funciones, responsabilidades y requisitos.
En cualquier caso, una pretensión de esta naturaleza solo sería viable si
se evidencia que no existen razones objetivas, ni justificadas en la
Constitución o en la ley, que expliquen y respalden la diferenciación en el
trato remunerativo.

La anterior postura, ha sido reiterada por el Consejo de Estado al indicar
que:

“(…) De tiempo atrás la jurisprudencia ha señalado que el empleado
público que pretenda el reconocimiento de la nivelación salarial, debe
acreditar que cumplió las mismas funciones asignadas al cargo del cual
reclama el salario, que el empleo tiene idénticas responsabilidades y
categoría y, además, que reúne los requisitos que se exigen para ocuparlo.
Cumplidos estos presupuestos, es posible emplear el principio de «a

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trabajo igual, salario igual» establecido en el artículo 53 de la Constitución
Política de 1991 (…)”.

En la mencionada providencia el Máximo Tribunal de la Jurisdicción
Contenciosa realiza cita de la Corte Constitucional para concluir que, quien
pretenda la nivelación salarial porque considera que la función que cumple
resulta equiparable a la de otro funcionario que se remunera con mayor
salario, debe acreditar que: a) Cumplía las mismas funciones que éste, b)
Contaba con la misma preparación y c) Debe acreditar los requisitos que
exige el empleo.

Con todo, la protección de ese principio constitucional depende de las
circunstancias que se acrediten en cada caso particular, en donde los
elementos probatorios, permitan advertir el desconocimiento del derecho a
la igualdad entre iguales.

En suma, el derecho fundamental a la igualdad y el principio constitucional
de “a trabajo igual, salario igual” constituyen pilares esenciales en la
protección de los derechos laborales en el ordenamiento jurídico
colombiano. Su aplicación no opera de manera automática, sino que exige
una valoración cuidadosa de las condiciones reales y jurídicas en que se
encuentran los servidores públicos que se comparan (...)”. (archivo
disponible en medio magnético en el índice 00002 del aplicativo SAMAI)

4) De ese modo, la autoridad judicial demandada dio cuenta de las razones que
justificaban la confirmación de la negativa de las pretensiones, incluso frente a los
mismos argumentos que hoy reproduce la parte actora en sede de tutela, lo cual
evidencia que la presente acción se orienta a replantear un debate propio del juez
natural y de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, sin que se advierta la
formulación de un problema autónomo de naturaleza constitucional que habilite el
estudio de fondo en esta sede.

5) Así entonces, los argumentos del extremo activo no se refieren a una afectación
grave, específica y desproporcionada de derechos fundamentales, puesto que se
limitan a insistir en que el incremento salarial diferencial aplicado en el año 2009 entre
los grados 2AE y 2CE vulneró el derecho a la igualdad y debió dar lugar al
reconocimiento de las diferencias salariales y prestacionales reclamadas,
planteamiento que corresponde al ámbito propio del juez natural del proceso ordinario.

6) Sin embargo, la providencia transcrita evidencia que la autoridad judicial sí examinó
tales alegaciones y explicó, de manera razonada, por qué el trato diferenciado entre
niveles del escalafón docente se encontraba vinculado con la estructura normativa del
régimen previsto en el Decreto Ley 1278 de 2002 y a la potestad de configuración
normativa del Gobierno Nacional en materia salarial, sin que resultara procedente una
equiparación automática entre categorías distintas sin que en ese análisis se evidencie
una actuación caprichosa, irrazonable o abiertamente contraria a derecho.

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7) La inconformidad central de la parte interesada se orienta, en realidad, a obtener un
nuevo examen sobre la validez constitucional y legal de los incrementos salariales
decretados por el Gobierno Nacional en las vigencias discutidas, así como a que el juez
constitucional reabra una discusión ya dirimida por las autoridades judiciales en sede
natural, pretensión que corresponde al campo de la legalidad y del debate ordinario, no
al de la configuración de un problema constitucional autónomo.

8) En otras palabras, el debate planteado no se estructura como la denuncia de una
ruptura protuberante del debido proceso, sino como un desacuerdo con la
interpretación y aplicación que el juez natural realizó del régimen salarial docente y de
los criterios de comparación propios del juicio de igualdad.

9) En estas condiciones, la controversia planteada no trasciende el ámbito de la
legalidad ni se proyecta como un problema constitucional nítido en los términos fijados
por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado sobre acción
de tutela contra providencias judiciales, sino que lo que en realidad se pretende es que
el juez de tutela sustituya el criterio del Tribunal Administrativo del Magdalena en un
asunto propio de su competencia como juez de segunda instancia del proceso
ordinario.

10) En el mismo sentido, la Sala considera que la acción de tutela tampoco supera el
requisito de relevancia constitucional, toda vez que, del examen integral de la demanda,
se advierte que los reproches de la parte actora se encaminan a controvertir la
conclusión adoptada por el Tribunal Administrativo del Magdalena en la sentencia del
23 de julio de 2025, con el propósito de obtener el reconocimiento de pretensiones de
naturaleza eminentemente económica.

11) En tal sentido, la controversia planteada se circunscribe a un debate de carácter
patrimonial, lo que desvirtúa el carácter excepcional y subsidiario de la acción de tutela,
por no evidenciarse la afectación directa de un derecho fundamental sino la mera
inconformidad frente a una decisión judicial en materia económica.

12) Sobre el particular, la Corte Constitucional9 ha sido clara en determinar que, cuando
se trate de pretensiones de carácter puramente económico, se está extralimitando el
campo propio de la acción de tutela, en los siguientes términos:

9
Sentencia T-470 de 1998 MP Dr. Vladimiro Naranjo Mesa

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Acción de tutela

“Las controversias por elementos puramente económicos, que dependen de
la aplicación al caso concreto de las normas legales - no constitucionales -
reguladoras de la materia, exceden ampliamente el campo propio de la
acción de tutela, cuyo único objeto, por mandato del artículo 86 de la
Constitución y según consolidada jurisprudencia de esta Corte, radica en la
protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos constitucionales
fundamentales, ante actos u omisiones que los vulneren o amenacen.”

13) Y es que, en el presente asunto, aunque la parte demandante invoca la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales del debido proceso, igualdad y acceso a
la administración de justicia, así como la existencia de supuestos defectos en la
providencia cuestionada, se evidencia que el fundamento principal de dicha
inconformidad radica en la disparidad del incremento salarial para los escalafones 2AE
y 2CE, esto es, un debate eminentemente económico.

14) Siendo que, para la demandante, al ser los requisitos y exigencias para acceder al
escalafón 2CE superiores a los del escalafón 2AE, resulta irrisorio que el incremento
salarial reconocido para dicho nivel sea inferior al otorgado a sus pares del nivel 2AE.

15) Aunque, en su criterio, esta situación desconoce el principio de equidad y
proporcionalidad en la remuneración, lo que, a su juicio, genera un trato desigual e
injustificado dentro de la estructura salarial aplicable, para la Sala es claro que los
argumentos de la parte actora no se refieren a una afectación grave, específica y
desproporcionada de derechos fundamentales, puesto que se limitan a insistir en que
el incremento salarial diferencial aplicado en el año 2009 entre los grados 2AE y 2CE
vulneró el derecho a la igualdad y debió dar lugar al reconocimiento de las diferencias
salariales y prestacionales reclamadas, planteamiento que corresponde al ámbito
propio del juez natural del proceso.

16) En otras palabras, el asunto sometido a consideración no se circunscribe al ámbito
de la eventual vulneración de derechos fundamentales; por el contrario, se advierte que
la parte demandante pretende, en sede de tutela, la sustitución del criterio adoptado
por el ad-quem, con el propósito de que se reevalúe la decisión judicial y, como
consecuencia de ello, se le reconozca el incremento salarial que, en su concepto, le
corresponde por pertenecer a determinado escalafón docente.

17) Así, la inconformidad planteada se dirige esencialmente a cuestionar la valoración
y las conclusiones alcanzadas por el juez de segunda instancia en relación con el
reconocimiento de un beneficio de naturaleza económica, lo cual desborda el ámbito

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Actora: Rina Isabel Celedón Núñez
Acción de tutela

propio de la acción de tutela, que no está concebida como una instancia adicional para
reabrir debates de carácter estrictamente patrimonial ni para sustituir el criterio del juez
natural en la resolución de controversias de esta índole.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por Rina Isabel Celedón
Núñez, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

2°) Niéganse la solicitud de desvinculación presentada por el Ministerio de Educación.

3º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

4°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Presidente de la Subsección Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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