Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01522-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01522-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2026-01522-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01522-00
Accionante: Fátima del Carmen Alarcón Acosta
Accionado: Tribunal Administrativo del Magdalena
Tema: Derechos: debido proceso, acceso a la administración de justicia
e igualdad, entre otros. Tutela contra providencia judicial.
Reconocimiento y pago de diferencias salariales derivadas de los
incrementos decretados para los años 2008 y 2009, para docentes
ubicados en el escalafón 3BD. NIEGA AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Fátima del Carmen
Alarcón Acosta, mediante apoderada judicial, en contra del Tribunal Administrativo
del Magdalena.
ANTECEDENTES
La accionante solicita se amparen sus derechos fundamentales al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva y
al principio de favorabilidad; que considera vulnerados por la sentencia del 30 de
julio de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 47001-33-33-007-2024-00286-00 [01].
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
Que la accionante ostenta la calidad de docente oficial en la categoría 3BD del
escalafón docente vigente regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002.
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Que el Gobierno Nacional «dispuso incrementos iguales para el personal - Archivo Central.
docente
vinculado al nuevo escalafón establecido en el Decreto Ley 1278 de 2002 durante
los años 2005, 2006 y 2007. No obstante, para los años 2008 y 2009 decretó
aumentos porcentuales inequitativos en la asignación básica salarial de dicho
personal».
Que, por lo anterior, la accionante se vio afectada porque los docentes ubicados en
categorías inferiores, como la 3DD, fueron beneficiados con mayores incrementos
salariales respecto de su categoría (3BD), «para el año 2008 la categoría 3DD del
escalafón docente recibió un incremento acumulado en su salario del 58,52%,
mientras que la categoría 3BD únicamente obtuvo un incremento total del 18,9%,
[…] en el año 2009 a la categoría 3DD del escalafón docente, que fue un incremento
del 7,67%, […] mientras que a la categoría 3BD del mismo escalafón, le fue
realizado un incremento del 19.63%».
Que presentó reclamación administrativa ante la Nación- Ministerio de Educación
Nacional y la Secretaría de Educación Departamental del Magdalena solicitando el
reconocimiento y pago de las diferencias salariales derivadas de los incrementos
desiguales decretados para los años 2008 y 2009; dicha petición fue negada
mediante acto administrativo ficto o presunto y el Oficio núm. 2024-EE-061684 del
28 de febrero de 2024.
Que radicó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la
Nación- Ministerio de Educación Nacional y el departamento del Magdalena, le
correspondió al Juzgado 7º Administrativo Oral del Circuito Judicial de Santa Marta
con radicado 47001-33-33-007-2024-00286-00 [01], quien en sentencia del 25 de
febrero de 2025 denegó las pretensiones, decisión que fue confirmada en segunda
instancia por el Tribunal Administrativo del Magdalena en providencia del 30 de julio
de igual año.
Considera que en la providencia del 30 de julio de 2025 se configuran los siguientes
defectos:
• Sustantivo, en criterio de la accionante la sentencia objeto de discusión no logra
articular cómo la tesis sustentada por la jurisprudencia vertical, que defiende los
incrementos salariales basados en la idoneidad del desempeño y las competencias
del personal docente, podría justificar la legalidad de los aumentos desiguales en el
caso de la demandante, quien demostró que ocupaba una posición superior en el
escalafón 3BD en comparación con la categoría 3DD, para los años 2008 y 2009.
• Fáctico, el Tribunal valoró de manera indebida el material probatorio «respecto del
debate jurídico planteado, puesto que no se acreditó por parte del extremo pasivo
que el mayor incremento salarial otorgado a los docentes ubicados en un nivel
inferior del escalafón, como es el caso del escalafón 3DD, en comparación con la
accionante, quien se encontraba en la categoría 3BD, respondiera a razones
objetivas, verificables y debidamente fundamentadas».
2
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• Archivo Central.
Por otro lado, trajo a colación caso similar al planteado, donde el Juzgado 23
Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín, mediante sentencia del 25 de
marzo de 20251, resolvió acceder a las pretensiones de la demanda, al constatar
que el incremento salarial otorgado al nivel inferior -2A- fue inferior al del nivel
superior -2B.
PRETENSIONES
La accionante pide que se amparen los derechos invocados; dejando sin efectos la
sentencia del 30 de julio de 2025, proferida dentro del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 47001-33-33-007-2024-00286-00 [01]
y, en consecuencia, se ordene a la autoridad judicial accionada que emita una nueva
decisión con una debida interpretación de la norma aplicable al debate jurídico y,
analizando las particularidades del caso concreto.
TRÁMITE DEL PROCESO
El 2 de marzo de 2026, se admitió la acción de tutela, se vinculó como terceros
interesados al Ministerio de Educación Nacional y al departamento del Magdalena
y se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada.
POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo del Magdalena expresó que de la interpretación de la
normativa aplicable coligió que el Gobierno Nacional cuenta con la competencia
para fijar y modificar el régimen salarial de los empleados públicos, lo cual
comprende la facultad de establecer las escalas salariales diferenciadas atendiendo
a la estructura jerárquica del sistema, los criterios de mérito, formación, experiencia
y las políticas públicas orientadas a la organización y financiación del servicio.
Precisó que en la decisión cuestionada se destacó que los incrementos
diferenciados pueden obedecer a criterios de equidad salarial o de política
administrativa, encaminados a mejorar las condiciones de quienes se encuentran
en niveles de remuneración más bajos dentro de la estructura del régimen
correspondiente, sin que ello implique una afectación real o una desmejora de
quienes están en niveles superiores.
Que los cargos formulados por la tutelante evidencian su inconformidad con la
decisión cuestionada; al respecto, el Tribunal recordó que la acción de tutela contra
providencias judiciales no puede convertirse en una instancia adicional del proceso
ordinario. Estima que la accionante pretende reabrir el debate jurídico que ya fue
resuelto por el juez ordinario. Razón por la cual, pide que se declare improcedente
el mecanismo constitucional.
1 Radicado núm. 05001-33-33-023-2024-00171-00
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• Archivo Central.
POSICIÓN DE LOS VINCULADOS
El Ministerio de Educación Nacional manifestó que la acción de tutela resulta
improcedente por no satisfacer los requisitos de: relevancia constitucional, ya que
presenta como debate procesal una controversia de naturaleza estrictamente
económica, un litigio que involucra intereses privados, situación que excede la
competencia del juez de tutela, y subsidiariedad.
La Gobernación del Magdalena fue debidamente notificada de la acción de tutela,
pero guardó silencio.
Se decidirá previa las siguientes,
CONSIDERACIONES
A la Sala le corresponde decidir sobre la tutela solicitada, para lo cual se abordarán
los siguientes temas: I) generalidades de la acción de tutela; II) procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales y III) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales; cuando
éstos se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para
evitar un perjuicio irremediable.
Procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales2, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/053.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21, se
enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar
cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional,
so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras
jurisdicciones. [...].
2 Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
3 M.P. Jaime Córdoba Triviño
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• Archivo Central.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios-
de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate
de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable.
[...]
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. [...]
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. [...].»
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. [...]
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. [...]
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
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mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido - Archivo Central.
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»4
En la misma línea, el Alto Tribunal Constitucional en sentencia SU-0215 de 2022
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada5.
[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”6.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente
a los argumentos propuestos por el accionante, […]. Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela7.»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
En síntesis, la señora Fátima del Carmen Alarcón Acosta estima que el Tribunal
Administrativo del Magdalena transgrede sus derechos fundamentales al debido
proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad, a la tutela judicial
efectiva y al principio de favorabilidad, con ocasión de la sentencia del 30 de julio
de 2025, proferida en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 47001-33-33-007-2024-00286-00 [01].
A su juicio, la autoridad judicial accionada incurrió en los defectos: sustantivo, bajo
el entendido que el Tribunal no logró explicar cómo la tesis sustentada por la
jurisprudencia vertical, que defiende los incrementos salariales basados en la
idoneidad del desempeño y las competencias del personal docente, podría justificar
la legalidad de los aumentos desiguales en el caso de la demandante, quien
demostró que ocupaba una posición superior en el escalafón 3BD en comparación
4 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
5 Sentencia SU-074 de 2022.
6 Sentencia SU-074 de 2022.
7 Sentencia SU-072 de 2018.
6
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con la categoría 3DD, en los años 2008 y 2009. - Archivo Central.
En el fáctico, porque la parte demandada no acreditó que el mayor incremento
salarial otorgado a los docentes ubicados en el escalafón 3DD, inferiores a la
categoría 3BD, atienda a razones objetivas, verificables y debidamente
fundamentadas.
La Sala observa que la acción de tutela contra la providencia del 30 de julio de 2025
cumple los requisitos de procedencia, pues a) tiene relevancia constitucional en la
medida en que se debe examinar la presunta vulneración de los derechos
fundamentales invocados por incurrir en los errores citados, la demandante
argumentó suficientemente la solicitud; b) la accionante no cuenta con otro medio
de defensa para discutir lo aquí expuesto; c) se cumple con el requisito de
inmediatez, pues la acción se presentó el 26 de febrero del año en curso, esto es,
dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la sentencia, lo cual fue el
26 de agosto de 2025 y cobró ejecutoria el 2 de septiembre de la misma anualidad
y d) la tutela no se dirige contra un fallo de la misma naturaleza.
El Tribunal Administrativo del Magdalena señaló que el problema jurídico era
determinar si le asiste derecho a la accionante al reconocimiento y pago de las
diferencias salariales derivadas de los incrementos porcentuales diferenciados en
la asignación básica mensual derivada de los ajustes aplicados en los años 2008 y
2009 a los docentes oficiales, así como los artículos 46 y 49 del Decreto Ley 1278
de 2002, por desconocer estos los principios de igualdad y legalidad.
Que el Gobierno Nacional a través del Decreto 1278 de 2002 8 estableció la
estructura del escalafón docente, el cual está conformado por tres (3) grados
definidos por el nivel de formación académica (1,2 y 3) y cuatro (4) niveles salariales
(A, B, C y D).
En cuanto a la presunta violación del derecho a la igualdad, el Tribunal dijo que el
artículo 13 de la Constitución Política consagra tres (3) mandatos constitucionales:
1) el deber de dar un trato igual a quienes están en situaciones equivalentes; 2) el
mandato de trato diferenciado ante realidades distintas, y 3) la prohibición de
discriminaciones arbitrarias.
Que tanto la Corte Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos
Humanos realiza un juicio o test integrado de igualdad, donde: 1) debe identificarse
el criterio de comparación o tertium comparationis; 2) se debe establecer si
efectivamente existe un tratamiento desigual entre iguales o uno igual entre
desiguales, desde una perspectiva tanto fáctica como jurídica y, 3) determinar si el
trato diferenciado está justificado constitucionalmente.
8 Regula las relaciones del Estado con los educadores a su servicio, con el objetivo de garantizar una docencia
ejercida por profesionales idóneos, reconociendo su formación, experiencia, desempeño y competencias como
elementos esenciales para el ingreso, permanencia, ascenso y retiro del servicio.
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• Archivo Central.
Luego de examinar los decretos salariales que fijan y modifican la remuneración de
los servidores públicos docentes y directivos docentes, evidenció que, para los años
2006, 2007 y 2010 los incrementos fueron aplicados de manera uniforme en todos
los niveles del escalafón, «para el año 2006 se fijó un aumento del 5%, para 2007
un 4.5% y para 2010 un ajuste salarial del 2%», mientras que para los años 2008,
2009 y 2010 el alza no se distribuyó de forma homogénea entre los diferentes
niveles del escalafón.
El artículo 2º de la Ley 4ª de 1992 dispone una serie de prohibiciones y obligaciones
que el Gobierno debe cumplir estrictamente al ejecutar lo dispuesto en el artículo
150 de la Constitución Política.
Que las normas citadas autorizan al Gobierno Nacional para fijar el régimen salarial
de los servidores públicos y aumentar la remuneración de estos; siempre que se
respeten los criterios establecidos en el artículo 2 ibid., dentro de los cuales se
destacan «el compromiso de fomentar la capacitación continua del personal, las
cualidades requeridas para cada cargo, y la implementación de sistemas de
evaluación y promoción».
Citó la Sentencia C 313 de 2003 de la Corte Constitucional al considerarla aplicable
al asunto, porque permite dilucidar que, «si bien los docentes pueden cumplir
funciones similares, las condiciones particulares de cada escalafón —como los
requisitos de ingreso, permanencia y ascenso— generan diferencias sustanciales
que justifican un trato diferenciado. Por tanto, en el análisis de la Corte, el principio
de igualdad no exige un trato idéntico cuando hay razones objetivas que
fundamentan la diferencia».
Descendiendo al caso bajo estudio, señaló que la diferencia de los incrementos
salariales, para los docentes en los años 2008 y 2009, donde se aplicaron
porcentajes variados según el nivel del escalafón, no constituye una violación a los
derechos a la igualdad y al trabajo; bajo el entendido que, el Gobierno cuenta con
plena facultad para establecer tales diferencias, conforme a los criterios
establecidos en el estatuto docente y en la Ley 4ª de 1992.
El Tribunal precisó que la docente se encuentra escalafonada inicialmente en el
grado 3BM y, actualmente en el grado 3BD, ambos pertenecientes al escalafón
docente regulado por el Decreto Ley 1278 de 2002; su inconformidad consistió en
que pese a tener un grado avanzado no recibió aumentos salariales proporcionados
a los otorgados a los grados 3DM y 3DD, especialmente durante los años 2008,
2009 y 2011.
Sobre el particular, el Tribunal no encontró probado que la demandante «haya sido
tratada de forma desigual frente a sujetos en situación equivalente, ni que el sistema
salarial aplicado le imponga cargas injustificadas. Por el contrario, su salario
obedece a la estructura legal y reglamentaria vigente, en virtud de la cual se
reconocen mayores beneficios a quienes han alcanzado mayores niveles de
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formación, lo cual constituye una medida idónea y razonable para promover - Archivo Central.
la
excelencia en el servicio educativo».
Por lo anterior, el Tribunal confirmó la sentencia del 25 de febrero de 2025 que
profirió el Juzgado 7º Administrativo Oral del Circuito de Santa Marta.
Frente al defecto sustantivo, alegado, no se observa cuál fue la norma que el
Tribunal presuntamente inadvirtió o no tuvo en cuenta; ni que haya interpretado de
manera irracional o errónea alguna disposición legal pues desarrolló normativa y
jurisprudencialmente el tema abordado y resolvió de forma completa cada uno de
los puntos establecidos en la apelación.
En cuanto al desarrollo del test de igualdad que dice echar de menos la parte actora,
la autoridad judicial dejó claro que no era posible ese análisis, debido a la diferencia
de grados en el escalafón.
Frente al defecto fáctico tampoco se observa cuáles fueron las pruebas que la
autoridad judicial accionada omitió decretar, practicar o valorar, ni se evidencia una
apreciación contraevidente o defectuosa del material probatorio ni que se haya
ignorado algún elemento, sino que, por el contrario, se estudió de manera íntegra el
acervo probatorio.
En cuanto, a la mención que hace la accionante de la decisión del Juzgado 23
Administrativo del Circuito de Medellín, este no constituye precedente obligatorio
para el Tribunal Administrativo del Magdalena en el caso a estudio, acorde con lo
establecido por la jurisprudencia constitucional9.
En consecuencia, se negará el amparo invocado, puesto que no se materializaron
los errores: sustantivo y fáctico, ni cualquier otro.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
Primero: NEGAR la acción de tutela interpuesta por la señora Fátima del Carmen
Alarcón Acosta, conforme a las consideraciones expuestas en esta providencia.
Segundo: Si esta providencia no fuere impugnada, remítase el expediente a la
Corte Constitucional para su eventual revisión.
9 Corte Constitucional, Sentencia SU-484 de 2024.
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Tercero: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 -del Archivo Central.
Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
10
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