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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01530-00

Fecha
6 de abril de 2026
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01530-00

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01530-00 (2330)
Accionantes: Argelio Antonio Álvarez Argel, Lucas Mateo Álvarez Argel,
Aritson Antonio Álvarez Argel, Argemiro Antonio Álvarez Argel,
Navia Isabel Álvarez Argel, Samia Salina Álvarez Argel, Alba
Rosa Álvarez Argel, Emilia Rosa Álvarez Argel, Liliana Patricia
Álvarez Argel, Rosalba Argel Rosi y Gabriela Rosa Álvarez
Buelvas
Accionados: Juzgado Tercero Administrativo de Montería y Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba

Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de
reparación directa. Subtema 2: daños por privación injusta de la libertad. Subtema
3: requisito de suficiencia argumentativa.

Sentencia de primera instancia

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud interpuesta por los señores Argelio Antonio Álvarez Argel y otros en
ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política.

1. Síntesis del caso

Los señores Argelio Antonio Álvarez Argel, Lucas Mateo Álvarez Argel, Aritson
Antonio Álvarez Argel, Argemiro Antonio Álvarez Argel, Navia Isabel Álvarez Argel,
Samia Salina Álvarez Argel, Alba Rosa Álvarez Argel, Emilia Rosa Álvarez Argel,
Liliana Patricia Álvarez Argel, Rosalba Argel Rosi y Gabriela Rosa Álvarez Buelvas,
a través de apoderado judicial, presentaron escrito de tutela con la pretensión de
amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, que consideraron vulnerados por el
Juzgado Tercero Administrativo de Montería y la Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba, con ocasión de las sentencias del 21 de marzo
de 2023 y del 15 de agosto de 2025 proferidas, respectivamente, dentro del
expediente con radicado núm. 23001-33-33-003-2021-00071-00/01.

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01530-00 (2330)
Accionantes: Argelio Antonio Álvarez Argel y otros
Accionados: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba y otro

2. Antecedentes

2.1. Hechos relevantes

1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las
partes en el trámite constitucional, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2. El señor Lucas Mateo Álvarez Argel y algunos miembros de su núcleo familiar2
presentaron demanda, en ejercicio del medio de control de reparación directa, en
contra de la Fiscalía General de la Nación, con la pretensión de que el juez
administrativo declarara responsable a dicha entidad y la condenara por los daños
y perjuicios causados con la privación de la libertad de la que fue objeto el señor
Argelio Antonio Álvarez Argel.

3. La mencionada privación de la libertad fue el resultado de la medida de
aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia, cumplida desde el 1
de febrero de 2017 hasta el 31 de octubre de 2018, dictada en el marco del proceso
penal adelantado por el homicidio agravado del señor Oscar David Martínez
Hernández.

4. El asunto correspondió conocerlo, bajo radicado núm. 23001-33-33-003-
2021-00071-00, al Juzgado Tercero Administrativo de Montería que negó las
pretensiones de la demanda en sentencia del 21 de marzo de 20233. Fundamentó
su decisión en que, si bien quedó acreditado el daño con la privación de la libertad
del señor Argelio Antonio Álvarez Argel no se demostró que este fuera antijurídico.

5. Apelada la anterior decisión, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba la confirmó en sentencia del 15 de agosto de 20254.
Luego de abordar los elementos de la responsabilidad del Estado por privación de
la libertad desde la normativa y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado sobre la materia y de precisar que el carácter injusto de la
medida exigía analizar su legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y necesidad,
destacó que la medida de aseguramiento la solicita la Fiscalía, pero que es el juez
de control de garantías el que la impone, pues en el caso concreto no se demandó
a esta última autoridad.

6. En ese orden, al analizar las pruebas aportadas al proceso, encontró que la
Fiscalía General de la Nación contó con materiales probatorios, evidencia física e
información legalmente obtenida para solicitar la medida de aseguramiento ante el
juez de garantías, en particular, la declaración que rindió la madre del occiso, la
señora Gloria Inés Hernández Girón, «quien de manera clara identificó […] con
nombre propio a alias “Morroco” cuyo nombre es el del […] demandante Argelio
Antonio Álvarez Argel».

1 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01530-00, índice 2, certificado 78A7E3B4086E6122
9199F1A623D08E59 32A32F61F524FE9C 63D4FCB33B28F7CC.
2 Los demás demandantes son: Argelio Antonio, Aritson Antonio, Argemiro Antonio, Navia Isabel, Samia Salina,

Alba Rosa, Emilia Rosa, Liliana Patricia Álvarez Argel, Rosalba Argel Rosi y Gabriela Rosa Álvarez Buelvas.
3 Samai, expediente núm. 23001-33-33-003-2021-00071-00, índice 19, certificado DD58ED3FBEE26C81

C036557DE9C0A631 B5B21CAA722B39E3 6837AA75CEAC03BF.
4 Samai, expediente núm. 23001-33-33-003-2021-00071-00, índice 10, certificado 96B97407DC346BB7

E4269812ADE20DED 8F6657ECEC956504 1CAE4422599F6D93.

2

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01530-00 (2330)
Accionantes: Argelio Antonio Álvarez Argel y otros
Accionados: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba y otro

7. En tal sentido, advirtió que no se probó que la referida entidad hubiera
cometido un error, por ejemplo, con la plena identificación del señor Argelio Antonio
Álvarez Argel, pues en todo caso fue absuelto en aplicación del principio de duda
razonable. Por lo anterior, el Tribunal concluyó que el daño no fue antijurídico.

2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela

8. Los señores Argelio Antonio, Lucas Mateo, Aritson Antonio, Argemiro Antonio,
Navia Isabel, Samia Salina, Alba Rosa, Emilia Rosa y Liliana Patricia Álvarez Argel,
Rosalba Argel Rosi y Gabriela Rosa Álvarez Buelvas solicitaron al juez
constitucional5 que amparara sus derechos fundamentales al debido proceso, al
acceso a la administración de justicia y a la igualdad. En consecuencia, que
ordenara lo siguiente:

Segunda: Como consecuencia de lo anterior, se deje sin valor y efecto las sentencias
(i) en Primera Instancia, Sentencia dictada por el JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MONTERIA de fecha 21 de marzo de 2023
que negó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de
REPARACION DIRECTA bajo el radicado No. 33.001.33.33.003.2021-00071-00 esta
primera sentencia en caso de ser necesario y a criterio de los honorables magistrados;
(ii) la de Segunda Instancia, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CORDOBA, de fecha 15 de agosto de 2025 dentro del
radicado No. 23001333300320210007101 que confirmó lo decido en la del 21 de
marzo de 2023 en el que actúan como demandantes el señor ARGELIO ANTONIO
ÁLVAREZ ARGEL y otros; y demandadas la Nación –Fiscalía General de la Nación,
y se ordene, por consiguiente, al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CORDOBA –
Sala Cuarta de Decisión -, proferir un nuevo fallo en el que se concedan las
pretensiones de la demanda, por injusta privación de la libertad del señor ARGELIO
ÁLVAREZ ARGEL6.

9. Como fundamento de sus pretensiones, la parte actora sintetizó las
actuaciones surtidas en los procesos penal y de reparación directa y manifestó que
los jueces accionados no analizaron a «fondo el asunto» frente a las pruebas
recaudadas en sede penal para «aplicar» la medida de aseguramiento, pues en la
audiencia de imposición el defensor destacó que la Fiscalía solo contaba con la
declaración de la señora Gloria Hernández Girón, pues las demás pruebas daban
cuenta del delito investigado y no de su autor.

10. Expuso que se demostró en el proceso penal que el señor Argelio Antonio
Álvarez Argel es una persona humilde, trabajadora, que jamás ha pertenecido a una
banda criminal como se quiso hacer ver, y que al momento de su captura se
desplazaba en una «humilde bicicleta y mal trajeado». Agregó que este acudió con
prontitud y diligencia a todas las audiencias de la causa penal, pese a que tenía que
desplazarse desde el municipio de Turbo (Antioquia) hasta Montería (Córdoba), ya
que sabía que no había cometido el delito investigado, razones para considerar sin
duda que su privación fue injusta.

5 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01530-00, índice 2, certificado 78A7E3B4086E6122
9199F1A623D08E59 32A32F61F524FE9C 63D4FCB33B28F7CC.
6 Se transcribe incluso con errores de texto.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01530-00 (2330)
Accionantes: Argelio Antonio Álvarez Argel y otros
Accionados: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba y otro

11. La parte accionante también alegó que no se atendieron los argumentos
formulados en el recurso de apelación de sentencia y que en los fallos objeto de
tutela no se valoraron las pruebas recaudadas en el proceso penal, especialmente
la declaración de la señora Gloría Inés Hernández Girón, quien efectuó una
descripción diferente de la morfología del señor Argelio Antonio Álvarez Argel, los
testimonios que daban cuenta de que no se trataba de la persona con el alias de
«morroco», y la sentencia absolutoria. Además, indicó que:

Devolviéndonos al asunto, tenemos que los hechos generadores de la vulneración de
los derechos deprecados consistió en (i) la privación injusta de la libertad en sede
penal abiertamente desproporcionada por carecer de elementos materiales
probatorios que soportaran y justificaran sin hesitación alguna, privar de la libertad al
tutelante, (ii) indebida valoración de los medios probatorios ad initio toda vez que la
sola declaración de la señora GLORIA HERNANDEZ GIRON (madre del joven
asesinado) no era suficiente para privar de la libertad al tutelante, (iii) La medida
restrictiva de la libertad no se ajustaba a los presupuestos establecidos en la
Sentencia SU - 072 de 2018 de razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, toda vez
que no existía prueba suficiente para privar de la libertad al tutelante, (iv) no se
cumplían los requisitos establecidos en el artículo 308 de la ley 906 de 2004 para para
decretar medida de aseguramiento contra ARGELIO ÁLVAREZ, toda vez que no era
necesaria, primer requisito que no se cumplía en las condiciones que fue capturado
el tutelante y la colaboración que siempre mostró para el normal desarrollo del
proceso; no constituía un peligro ni para la sociedad ni para la víctima, recuérdese las
condiciones en que ARGELIO fue capturado, - en una bicicleta y mal trajeado en la
ciudad de Montería, como es que una persona representa un peligro para la sociedad
y para la víctima en estas condiciones y alejado del lugar de los hechos sucedidos
hacia aproximadamente siete años; por último, ARGELIO ÁLVAREZ, no podía ser
considerado como un imputado que no iba a comparecer al proceso penal toda vez
que era el más interesado en que se demostrara su inocencia en un hecho punible
que no cometió, itero, ARGELIO ÁLVAREZ, siempre se mostró desde un inició
colaborador y respetuoso con la justicia, tan es así que se desplazaba desde la ciudad
de Montería hasta el Municipio de Turbo – Antioquia a cumplir con su deber de
colaboración con la justicia.

12. Por último, afirmó que el juez de control de garantías no tuvo en cuenta el
parágrafo del artículo 308 de la Ley 906 de 2004, según el cual la calificación jurídica
provisional de la conducta investigada no será, en sí misma, determinante para
inferir el riesgo de obstrucción a la justicia, la probabilidad de que el imputado no
comparezca al proceso o el peligro para la sociedad o la víctima.

2.3. Trámite procesal

13. El despacho ponente, mediante auto del 3 de marzo de 20267, admitió la
solicitud de amparo; vinculó, como terceros con interés, a la Fiscalía General de la
Nación y a los señores Navia Isabel Álvarez Argel, Samia Salima Álvarez Argel, Alba
Rosa Álvarez Argel y Liliana Patricia Álvarez Argel; requirió al Juzgado Tercero
Administrativo de Montería para que aportara, en medio digital, el expediente
ordinario; pidió que se aportaran los poderes otorgados por todos los accionantes;

7 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01530-00, índice 5, certificado 6F969F20C2C515E1
9CC2596BF838E6AF 49D732900C103D42 60C9F7F16C17481A.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01530-00 (2330)
Accionantes: Argelio Antonio Álvarez Argel y otros
Accionados: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba y otro

tuvo como pruebas los documentos adjuntados con la demanda; y reconoció
personería al abogado de algunos de los tutelantes.

2.4. Intervenciones

14. El abogado de la parte accionante aportó los poderes que le fueron otorgados
por los señores Navia Isabel, Samia Salima, Alba Rosa y Liliana Patricia Álvarez
Argel para adelantar el presente trámite constitucional8.

15. El Juzgado Tercero Administrativo de Montería contestó9 que la sentencia que
negó las pretensiones de la demanda ordinaria tuvo suficiente sustento probatorio,
pues valoró adecuadamente los medios disponibles en el expediente, entre otros,
las piezas del proceso penal. Por lo tanto, afirmó que no vulneró derechos
fundamentales y que la tutela resultaba improcedente.

16. La Fiscalía General de la Nación manifestó que no tiene legitimación en la
causa por pasiva ya que no tiene competencia para atender las pretensiones de
amparo, y que no se cumple con el requisito de relevancia constitucional, pues la
parte tutelante no sustentó de manera adecuada y conforme a las reglas
jurisprudenciales alguna causal específica de procedibilidad. Agregó que no existe
vulneración de derechos fundamentales y solicitó que se declare la improcedencia
de la acción10.

17. El Tribunal Administrativo de Córdoba se opuso a las pretensiones de la tutela
dado que consideró que es improcedente, por cuanto se busca agotar el debate
sobre si la privación de la libertad fue justa o no, asunto resuelto por los jueces
naturales. Expuso que no se configuró alguna causal específica en las sentencias
objeto de reparos y solicitó que se declare la improcedencia de la acción11.

3. Consideraciones

3.1. Competencia

18. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 de la Constitución Política
y 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta contra el Juzgado Tercero Administrativo
de Montería y la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba.

3.2. Legitimación en la causa

19. La legitimación en la causa por activa de los señores Argelio Antonio, Lucas
Mateo, Aritson Antonio, Argemiro Antonio, Navia Isabel, Samia Salina, Alba Rosa,
Emilia Rosa y Liliana Patricia Álvarez Argel, Rosalba Argel Rosi y Gabriela Rosa

8 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01530-00, índice 13, certificado 0E8247B1595640B3
86FE00683AB2CDD4 4014BBA85E9E1C31 E890FEF54433AD89.
9 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01530-00, índice 14, certificado 02A3FA2835DAD897

1E37FEAF9C555618 416500402E342522 E828311EB5ACCA8D.
10 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01530-00, índice 15, certificado 26CE7054CB595CBD

00383563A8ADAA02 0E58388742B66CDB 4F6DD16742C23AED.
11 Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-01530-00, índice 16, certificado 6E94F9210A82CC0F

2D58611991E1140E E5F339D28150ED19 4D116F02B5BEAF61.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01530-00 (2330)
Accionantes: Argelio Antonio Álvarez Argel y otros
Accionados: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba y otro

Álvarez Buelvas se encuentra acreditada, por cuanto fueron los demandantes
dentro del proceso de reparación directa que finalizó con la sentencia de segunda
instancia del 15 de agosto de 2025 y, por lo tanto, son los titulares de los derechos
que consideraron fueron vulnerados.

20. También está probada la legitimación en la causa por pasiva del Juzgado
Tercero Administrativo de Montería y de la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal
Administrativo de Córdoba porque fueron las autoridades que profirieron las
sentencias del 21 de marzo de 2023 y del 15 de agosto de 2025, respectivamente,
que, según afirmó la parte tutelante, vulneraron sus derechos fundamentales.

21. Por otro lado, se advierte que la Fiscalía General de la Nación solicitó su
desvinculación al considerar que no estaba llamada a responder por la vulneración
de los derechos fundamentales de la parte accionante.

22. Al respecto, la Sala aclara que su vinculación al presente asunto fue en calidad
de tercera, en aras de garantizar sus derechos de defensa y contradicción, toda vez
que dicha entidad actuó como parte demandada dentro del proceso ordinario en el
que fue expedida las providencias objeto de reparos y, en consecuencia, la decisión
que resuelva la tutela podría afectar sus intereses. Por los motivos expuestos, se
negará su solicitud.

3.3. Cuestión preliminar

23. La Subsección advierte que, pese a que en el escrito inicial se cuestionaron
las decisiones proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo de Montería y la
Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, los argumentos
que sustentan sus pretensiones son los mismos respecto a una y otra.

24. Por lo anterior, y en atención a que la sentencia del 21 de marzo de 2023 fue
recurrida y la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba
desató lo pertinente mediante el fallo del 15 de agosto de 2025, el reclamo
constitucional formulado será estudiado solo frente a esta última, en tanto fue la que
puso fin al asunto.

3.4. Problema jurídico

25. En atención a los argumentos de las partes y de los vinculados, la Sala deberá
establecer si: ¿la solicitud de amparo supera los requisitos de procedibilidad de la
tutela contra providencia judicial?

26. En caso afirmativo, se tendrá que determinar si: ¿la Sala Cuarta de Decisión
del Tribunal Administrativo de Córdoba vulneró los derechos fundamentales
invocados por los accionantes? En concreto, habrá que analizar si la sentencia del
15 de agosto de 2025 incurrió en el defecto fáctico.

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Accionantes: Argelio Antonio Álvarez Argel y otros
Accionados: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba y otro

3.4.1. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

27. Reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado12 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela contra providencia judicial procede de manera
excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos, en procura
de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo de este
mecanismo constitucional13.

28. En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:

i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional.
ii) Que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial.
iii) Que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado.
iv) Que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia
directa y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis
y que afecte un derecho fundamental.
v) Que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración.
vi) Que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.

29. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad del
recurso de amparo versan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad,
hacen incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales 14 y,
por tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la acción de tutela. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.

30. En tal virtud, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii)
procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido a la
autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente
constitucional; o viii) violación directa de la Constitución15.

31. En particular, frente al requisito de exposición suficiente de hechos y
argumentos, es preciso indicar que el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991
establece que la acción de tutela tiene un carácter informal. No obstante, la solicitud
de amparo deberá exponer con la mayor claridad posible la acción o la omisión que
la motiva, el derecho que se considera amenazado, el nombre de la autoridad
accionada y la descripción de las demás circunstancias relevantes para decidirla.

12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014,
expediente núm. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
13 Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
14 Corte Constitucional, sentencia SU-024 de 2018.
15 Corte Constitucional, sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01530-00 (2330)
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Accionados: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba y otro

32. En las acciones de tutela contra providencia judicial, la Corte Constitucional,
en la sentencia C-590 de 2005, incluyó como un requisito general de procedibilidad
que la parte actora identifique de manera razonable los hechos generadores de la
vulneración y los derechos afectados, toda vez que en esta oportunidad se busca
afectar la seguridad jurídica y los efectos de cosa juzgada que generan una decisión
judicial.

33. En igual sentido, el tribunal constitucional, en sentencia SU-585 de 2017,
sostuvo que:

[A] pesar de que la tutela es una acción informal, estas exigencias argumentativas
pretenden que se evidencie la transgresión de los derechos fundamentales, con
suficiente claridad y se evite que el juez de tutela termine realizando un indebido
control oficioso de las providencias judiciales de otros jueces. En este aspecto, resulta
de vital importancia identificar la causal, o las causales de procedibilidad especial, la
que de verificarse determinaría la prosperidad de la tutela contra la providencia
judicial.

34. Teniendo en cuenta lo anterior, cuando la acción es presentada contra una
providencia judicial, es necesario que la parte actora cumpla una carga
argumentativa mayor y describa los motivos, causales o defectos en los que incurre
la decisión judicial enjuiciada. Al respecto, el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, manifestó que:

[E]sta exigencia se justifica porque de prosperar el amparo se afectaría el principio de
cosa juzgada de la sentencia o el auto cuya revisión se pretende en sede de tutela, y
que solo podría ocurrir cuando de la argumentación que el actor haga, se deduzca
con claridad que la decisión es arbitraria e irrazonable y vulneró derechos
fundamentales16.

3.5. Caso concreto

35. En el asunto bajo estudio, el señor Argelio Antonio Álvarez Argel y algunos de
sus familiares presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación
directa, contra la Fiscalía General de la Nación, con la pretensión de que se
declarara la responsabilidad por la privación de la libertad de la que fue objeto y se
ordenara el pago de los perjuicios causados.

36. En primera instancia, el Juzgado Tercero Administrativo de Montería negó las
pretensiones de la demanda en sentencia del 21 de marzo de 2023. Apelada esta
decisión, la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba la
confirmó en fallo del 15 de agosto de 2025.

37. Ahora bien, en el escrito de tutela, los accionantes solicitaron el amparo de los
derechos fundamentales que consideraron vulnerados por la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba con la sentencia del 15 de agosto
de 2025. Para ello, expusieron argumentos dirigidos a sostener que la privación de

16 Consejo de Estado Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 21 de marzo de 2019, expediente núm.

25000-23-36-000-2019-00003-01(AC).

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01530-00 (2330)
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Accionados: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba y otro

la libertad fue injusta toda vez que, por un lado, el señor Argelio Antonio Álvarez
Argel no cometió el delito que se le acusó, y, por otro lado, no había lugar a la
imposición de la medida de aseguramiento porque no atendió los criterios de
razonabilidad, proporcionalidad, necesidad y legalidad.

38. Al respecto, para analizar si el escrito de tutela supera, en particular, el
requisito de hechos y argumentos establecido por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional es preciso tener en cuenta que el Tribunal accionado explicó en la
sentencia del 15 de agosto de 2025 lo siguiente:

Ahora bien, para Sala es fundamental especificar que la solicitud de la medida de
aseguramiento la hace Fiscalía General de la Nación, y quien decide si la impone o
no, es el Juez de Control de Garantías. Ello lo indica el numeral 1 del artículo 250 de
la Constitución Política de Colombia, inciso 217 del artículo 2, numeral 8 del artículo
114, y 306 de la Ley 906 de 2004.

En el presente caso únicamente fue demandada la Fiscalía General de la Nación, a
quien se le atribuye el perjuicio causado por la privación de la libertad de que fue
objeto en dicha diligencia Argelio Antonio Álvarez Argel. Así, le corresponde a la Sala
verificar si el actuar de la Fiscalía General de la Nación dio lugar a que la privación
del demandante fuera injusta17.

39. De lo expuesto, se destaca que, en efecto, de acuerdo con el artículo 306 de
la Ley 906 de 2004, corresponde al juez de control de garantías imponer la medida
de aseguramiento, autoridad que debe verificar el cumplimiento de los requisitos
previstos en el artículo 308 ibidem y la legalidad, proporcionalidad, razonabilidad y
necesidad de la medida.

40. En el caso concreto, la Sala advierte que los cargos de amparo buscan
demostrar que el Tribunal accionado desconoció que la medida de aseguramiento
que privó de la libertad al señor Argelio Antonio Álvarez Argel no cumplió con los
requisitos exigidos para su imposición; no obstante, la decisión de detención
preventiva fue dictada en el proceso penal por el juez de control de garantías en
ejercicio de sus competencias.

41. En ese orden, para que el Tribunal hubiera podido analizar la responsabilidad
del Estado por los daños derivados de la medida de aseguramiento de detención
preventiva impuesta por la autoridad judicial de control de garantías, resultaba
necesario demandar a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, para que representara sus intereses en el proceso de
reparación directa, en los términos previstos en la Ley 270 de 1996, sin embargo,
no fue así.

42. Cabe recordar que el proceso ordinario fue iniciado por el señor Argelio
Antonio Álvarez Argel y sus familiares únicamente contra la Fiscalía General de la
Nación, y que, por lo tanto, como se explicó en la sentencia del 15 de agosto de
2025, el Tribunal limitó su ámbito de competencia a estudiar las actuaciones de la
entidad investigadora y no del juez de control de garantías.

17 Se transcribe incluso con errores de texto.

9

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01530-00 (2330)
Accionantes: Argelio Antonio Álvarez Argel y otros
Accionados: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba y otro

43. Bajo esa línea de argumentación, esta Sala advierte que cualquier reparo de
tutela dirigido a demostrar que los jueces administrativos desconocieron que la
privación de la libertad del señor Argelio Antonio Álvarez Argel fue injusta por el
incumplimiento de los requisitos previstos para la imposición de la medida de
aseguramiento, escapa y resulta ajeno a la sentencia del 15 de agosto de 2025.

44. Se insiste en que el Tribunal no tenía competencia para resolver sobre la
responsabilidad del Estado por las actuaciones realizadas por el juez de control de
garantías.

45. En este punto, es oportuno indicar también que el escrito de tutela no
controvirtió las razones por las cuales el Tribunal accionado se limitó a «verificar si
el actuar de la Fiscalía General de la Nación dio lugar a que la privación del
demandante fuera injusta».

46. Por otro lado, los accionantes argumentaron, en resumen, que el tribunal no
valoró otros elementos que daban cuenta de que el señor Argelio Antonio Álvarez
Argel no cometió el delito que se le acusaba, como la sentencia absolutoria o los
diferentes testigos del proceso penal. Sobre este asunto, el Tribunal expuso lo
siguiente:

Se precisa que, la competencia del Juez administrativo en asuntos como el presente,
se centra en determinar si al momento de solicitarse o adoptarse la medida de
aseguramiento, que es en la etapa preliminar, la misma tornaba o no en “injusta” y si
atendió a los criterios de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, mas
no, radica en el estudio de lo decidido en las etapas posteriores o en el juicio oral. Es
de precisarse que la aplicación en el tiempo de la sentencia que aquí se acoge, es
retrospectivos, es decir, se aplica a procesos que se encuentran en curso. Ello implica
también la imposibilidad de la Sala de aplicar el régimen objetivo del tipo de
responsabilidad que se expone en el recurso de la parte demandante, pues, en el
curso del trámite procesal dejó de aplicarse18.

47. Pues bien, la Sala observa que los argumentos de amparo no explican por
qué, pese a que el juicio de responsabilidad gira en torno a analizar si la medida de
aseguramiento cumplió con los criterios exigidos para ser impuesta; las pruebas
aportadas al proceso penal con posterioridad o la sentencia absolutoria podían
determinar el carácter injusto de la privación. Por ende, resolver el reparo de tutela
implicaría para el juez constitucional agotar una tercera instancia al proceso de
reparación directa, asunto que escapa del ámbito de su competencia.

48. Similar situación ocurre con el reparo consistente en que la Sala Cuarta de
Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba no se pronunció frente a los
argumentos formulados en el escrito de apelación de sentencia; pues los tutelantes
no identificaron el cargo de inconformidad que no fue decidido en segunda instancia
y, por lo tanto, emitir un pronunciamiento de fondo conllevaría un estudio oficioso
por parte del juez constitucional del recurso interpuesto en el proceso ordinario, lo
cual desnaturaliza este mecanismo de defensa de derechos fundamentales.

18 Se transcribe incluso con errores de texto.

10

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01530-00 (2330)
Accionantes: Argelio Antonio Álvarez Argel y otros
Accionados: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba y otro

49. En todo caso, valga decir que, si la parte accionante consideró que el Tribunal
Administrativo de Córdoba omitió definir sobre algún punto del recurso de apelación,
debió solicitar la adición o complementación del fallo del 15 de agosto de 2025, no
obstante, no lo hizo.

4. Conclusión

50. De acuerdo con las razones contenidas en esta providencia, los cargos del
escrito de tutela no superan el requisito de procedibilidad de suficiencia
argumentativa, motivo por el que la solicitud de amparo será declarada
improcedente.

5. Decisión

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Falla:

Primero: Negar la solicitud de desvinculación propuesta por la Fiscalía General de
la Nación, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

Segundo: Declarar improcedente el amparo de tutela solicitado por los señores
Argelio Antonio, Lucas Mateo, Aritson Antonio, Argemiro Antonio, Navia Isabel,
Samia Salina, Alba Rosa, Emilia Rosa y Liliana Patricia Álvarez Argel, Rosalba Argel
Rosi y Gabriela Rosa Álvarez Buelvas contra el Juzgado Tercero Administrativo de
Montería y la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, por
las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

Tercero: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si
no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

Notifíquese y cúmplase.

Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente

Juan Enrique Bedoya Escobar
Ausente con excusa

Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01530-00 (2330)
Accionantes: Argelio Antonio Álvarez Argel y otros
Accionados: Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo de Córdoba y otro

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.

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