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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01531-00

Fecha
20 de abril de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Florez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01531-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones indicadas en la parte motiva. SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el medio más expedito. TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01531-00

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Florez

20 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá D. C., veinte (20) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01531-00
Accionante: ANA VICTORIA NIETO SALAZAR
Accionado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Tutela contra providencia de alta corte. Improcedencia por carecer de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Antecedentes

1. A través de apoderada, Ana Victoria Nieto Salazar formuló acción de tutela contra
la sentencia de 18 de septiembre de 2024 proferida por la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial del Valle del Cauca, y contra la sentencia de 15 de octubre de
2025 proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial dentro del proceso
disciplinario con radicado 76001-25-02-000-2021-00207-00/01. Con el fin de facilitar
la exposición de los antecedentes, se mencionarán los del proceso ordinario y
posteriormente los fundamentos de tutela.

Antecedentes del proceso disciplinario identificado con el radicado 76001-25-
02-000-2021-00207-00/01

2. La tutelante se desempeñaba como Fiscal Diecinueve (19) Especializada ante
los jueces penales del circuito especializado de Cali (Gaula). Cuando ejercía sus
funciones, recibió anónimos y denuncias periodísticas que le atribuían presuntas
irregularidades en investigaciones relacionadas con el secuestro del señor Juan
Víctor Franklin Monsalve y otros procesos penales.

3. Con fundamento en esas noticias y denuncias anónimas, la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial del Valle del Cauca inició indagación preliminar y
posteriormente proceso disciplinario relacionado con la manera en la que adelantó
la investigación penal 76001-60-00-193-2016-21847 adelantado por el delito de
secuestro extorsivo agravado.

4. El reproche disciplinario se concentra en que Ana Victoria Nieto Salazar omitió la
judicialización de los señores Fabian Andrés Vargas Alban, Pablo Andrés Sanabria
González y José Luis Salas Bastidas, pese a contar, según el criterio del órgano
disciplinario, con elementos materiales probatorios suficientes para procedente en
tal sentido, circunstancia que solo habría corregido una vez el proceso fue

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01531-00
Accionante: Ana Victoria Nieto Salazar
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

reasignado en el año 2021 a la Fiscalía Doce (12) delegada ante el Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Bogotá.

5. En sentencia de primera instancia de 18 de septiembre de 2024, la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial del Valle del Cauca declaró disciplinariamente
responsable a Ana Victoria Nieto Salazar por la comisión de una falta gravísima,
equiparando su conducta a un prevaricato por omisión agravado, al considerar que,
como fiscal, dejó de adoptar decisiones de judicialización necesarias dentro del
proceso penal. Fue destituida e inhabilitada por 10 años. La decisión fue apelada
ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, autoridad que confirmó la decisión
de sanción disciplinaria.

6. Afirmó el escrito de amparo “el proceso disciplinario se estructuró sobre la
premisa de que la valoración probatoria y las decisiones estratégicas adoptadas por
la doctora Nieto en el marco de una investigación penal en curso constituían una
omisión dolosa sancionable, trasladando al escenario disciplinario el análisis sobre
la suficiencia, oportunidad y mérito de los elementos materiales de prueba, es decir,
aspectos que hacen parte del ámbito técnico y funcional propio de la dirección de la
acción penal“1.

Fundamentos del escrito de tutela.

7. La parte actora sostuvo que las providencias vulneraron los derechos
fundamentales al debido proceso e incurrieron en defecto sustantivo y violación
directa a la constitución al desconocer el contenido de los artículos 228 y 230 de la
constitución, respecto a los límites del control disciplinario en el ámbito funcional de
un operador judicial.

8. Añadieron que el defecto sustantivo se evidencia en la ausencia de acreditación
rigurosa del elemento subjetivo de la conducta, al omitir demostrar el dolo exigido
por el tipo disciplinario y, en su lugar, asumieron que la sola decisión de no proferir
determinadas órdenes de manera inmediata equivalía a una voluntad deliberada de
quebrantar la ley. Con ello, transformaron una discrepancia técnica en la valoración
probatoria en un reproche doloso, desconociendo que el dolo no puede presumirse
ni derivarse automáticamente de una divergencia interpretativa.

9. Agregó que la autoridad disciplinaria invirtió indebidamente la carga de la prueba,
exigiendo a la doctora Nieto Salazar justificar la legalidad de su actuación frente a
una imputación dolosa que no fue demostrada. Indicó que también se transgredió
el derecho a la igualdad, al aplicar un estándar de control disciplinario que
desconoce el precedente constitucional sobre la máxima protección de la autonomía
funcional y la mínima injerencia en decisiones valorativas. Argumentó que, se
sancionó una opción de valoración probatoria y de oportunidad procesal como si se
tratara de una omisión dolosa. Finalizó:

“La decisión adoptada por la doctora ANA VICTORIA NIETO SALAZAR
constituyó una opción de valoración probatoria legítima, razonada y
jurídicamente sustentada, en modo alguno arbitraria, excesiva o

1
Folio 3 del escrito de amparo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01531-00
Accionante: Ana Victoria Nieto Salazar
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

irrazonable como para habilitar la intervención correctiva de la autoridad
disciplinaria. Por el contrario, se trató de una determinación derivada de
un análisis integral de los elementos materiales probatorios recaudados
en la investigación penal con radicado 760016000193201621847.”2

10. Señaló que la decisión de la fiscal tutelante de no vincular al proceso judicial a
Fabian Andrés Vargas Alban, Pablo Andrés Sanabria González y a José Luis Salas
Bastidas fue coherente, técnica y jurídicamente sólida, sustentada en la valoración
probatoria sería y responsable.

11. Mencionó que las providencias atacadas incurrieron en un defecto fáctico, pues
“prescindieron de una apreciación integral del conjunto de actuaciones
investigativas desplegadas por la Fiscal, concentrando el análisis exclusivamente
en el resultado de la no judicialización y desatendiendo el iter investigativo que lo
antecedió”3.

12. En relación con el defecto procedimental, la apoderada de la parte actora
sostuvo que las decisiones judiciales incurrieron en irregularidades procesales, en
particular la forma en que la autoridad disciplinaria estructuró el juicio de
responsabilidad, pues las decisiones cuestionadas trasladaron a la investigada la
exigencia de justificar la legalidad y razonabilidad de su actuación funcional.

13. Afirmó que el análisis disciplinario partió de una premisa invertida consistente
en los siguiente: asumió como problemática la decisión de no judicializar y se exigió
a la Fiscal explicar por qué no debía formular imputación o acusación, cuando lo
jurídicamente exigible era que la autoridad disciplinaria acreditara de manera clara
que dicha determinación obedecía a una conducta dolosa, arbitraria o
deliberadamente contraria a sus deberes funcionales.

14. Finalizó el escrito de amparo sosteniendo que la acción de tutela satisface los
requisitos de procedencia general.

15. Solicitó amparar los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y
a la igualdad y declarar la cesación de los efectos jurídicos de los efectos jurídicos
de las providencias atacadas.

Trámite de tutela

16. El 2 de marzo de 2026, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, y
vinculó como parte accionada a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del
Valle del Cauca (Sala Primera de Decisión) y a la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial. Se vinculó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
Igualmente se vinculó a los ciudadanos Iván Aguirre Benavides y Jorge Iván Ríos
García, y a los demás sujetos dentro del proceso disciplinario identificado con el
radicado número 76001-25-02-000-2021-00207-00/01.

2
Folio 7 del escrito de amparo.
3
Folio 16 del escrito de amparo.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01531-00
Accionante: Ana Victoria Nieto Salazar
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

17. En índice samai 11, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Valle
del Cauca remitió el expediente digital del proceso disciplinario que llevo a la
decisión de sanción de la tutelante. En índice samai 14 se remitió informe de
respuesta a la acción de tutela suscrita por el magistrado ponente de la decisión
disciplinaria de primera instancia. Solicitó que se negara o se declarara
improcedente el amparo, pues no se presentó vulneración de derechos
fundamentales. Adujo que el amparo no puede convertirse en una tercera instancia
para reabrir discusiones judiciales ya cerradas en dos instancias. Agregó que varios
de los cargos que ahora pretende estructurar en sede constitucional no fueron
propuestos dentro del trámite disciplinario ni en el recurso de apelación promovido
contra la decisión de primera instancia.

18. Aunado a lo anterior, esbozó que la acción de tutela se erige como una
inconformidad con las conclusiones fácticas y jurídicas a las que arribaron las
decisiones de primera y segunda instancia. En las decisiones disciplinarias se
explicó de manera detallada la omisión en la que ocurrió la funcionaria judicial.
Aclaró que el juicio disciplinario se dirigió a verificar el incumplimiento objetivo de
los deberes funcionales delimitados en el ordenamiento jurídico.

19. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial4 intervino para solicitar que se
declare improcedente el amparo o se niegue. Indicó que se utiliza la tutela como
una tercera instancia para reabrir un debate judicial ya resuelto en dos instancias.
Agregó que se trata de una tutela dirigida contra una providencia proferida por una
alta corte, y que no satisface dicha carga argumentativa. Además, si se examina de
fondo la supuesta vulneración de los derechos fundamentales, se verifica que no se
produjo dicha conculcación.

20. Iván Aguirre Benavides, vinculado en el auto admisorio, intervino5 con el fin de
solicitar que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, a la
defensa y a la igualdad de la tutelante, reiterando las razones contenidas en el
escrito de amparo. Indicó que la tutelante fue fiscal durante más de treinta años,
laboró sin ninguna tacha, sanción o reproche, afirmó que es una decisión
desproporcionada y cuando se encontraba a un año de cumplir los requisitos de
pensión. Agregó que la decisión disciplinaria no explicó las razones por las cuales
debía aplicarse la máxima sanción.

21. El señor Jorge Iván Ríos García no intervino pese a estar notificado.

CONSIDERACIONES
Competencia

22. La Subsección A de la Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa
del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de primera instancia
dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo
37 del Decreto 2591 de 1991 en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080
de 2019.

4
Índice samai 16.
5
Índice Samai 18

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01531-00
Accionante: Ana Victoria Nieto Salazar
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

Determinación del problema jurídico

23. A juicio de esta Sala, de manera preliminar, deberá establecerse si la acción de
tutela satisface las causales generales de procedencia de la solicitud de amparo de
los derechos fundamentales contra providencia. Esto, en atención a que se trata de
una acción de tutela contra una sentencia judicial proferida en segunda instancia,
dentro de un proceso disciplinario resuelto en segunda instancia por la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial respecto a la responsabilidad individual de la
tutelante en su condición de fiscal especializada en la ciudad de Cali.

24. Con el fin de resolver el primer problema jurídico, se reiterará el precedente
sobre causales de procedencia generales de tutela contra providencia contra altas
cortes. En caso de responder afirmativamente al primer problema jurídico, se
formulará un problema jurídico de fondo.

Acción de tutela contra providencias judiciales proferidas por altas cortes

25. En precedente de unificación de la Corte Constitucional6 se ha señalado que,
una acción de tutela formulada contra una providencia proferida por una alta corte
debe cumplir una “carga argumentativa transversal”, elemento que se concreta en
un análisis más restrictivo y riguroso sobre el cumplimiento de los requisitos
generales y específicos de procedencia. Al respecto, la Corte ha señalado que, en
estos eventos, debe acreditarse que se trata de “un caso definitivamente
incompatible con el alcance y límite de los derechos fundamentales que han sido
desarrollados por la Corte Constitucional o cuando se genera una anomalía de tal
entidad que es necesaria la intervención del juez constitucional”7. Por lo tanto:

“(…) además de cumplir con los requisitos generales de procedencia de
la acción de tutela y con los especiales de procedibilidad contra
providencias judiciales, el accionante debe acreditar una irregularidad
que contraríe abiertamente los mandatos constitucionales, de tal manera
que amerite la intervención urgente del juez de tutela”

26. Recientemente, en sentencia T-202 de 2025, la Corte Constitucional recordó la
especial y exigente carga argumentativa que debe satisfacer una acción de tutela
dirigida contra una alta corte. Señaló que, el tutelante debe hacer un esfuerzo
especial en señalar en qué defectos específicos (sustantivo, fáctico, procedimental,
orgánico, desconocimiento del precedente, violación directa a la constitución, entre
otros), con el fin de evidenciar la manera en la que la providencia de manera
protuberante y ostensible afecta derechos fundamentales. Se reiteró que, al tratarse
de una acción de tutela contra una sentencia de una alta Corporación, como sucede
con el Consejo de Estado o la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, la
corporación ha indicado, entre otros en los fallos SU-573 de 2019, SU-257 de 2021,
SU-215 de 2022, SU-269 de 2023 y SU-451 de 2024, que el examen de procedencia
debe realizarse de forma más rigurosa o estricta.

6
Cfr. SU-128 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), T-495 de 2024 (Juan Carlos Cortes
González), -917 de 2010, SU-050 de 2017, SU-573 de 2017 (M.P. Antonio José Lizarazo), SU-050
de 2018 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger), y SU-167 de 2024 (M.P. José Fernando Reyes Cuartas)
7
Cfr. SU-209 de 2021 (M.P. Cristina Pardo Schlesinger)

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01531-00
Accionante: Ana Victoria Nieto Salazar
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

27. Eso no significa que la tutela no sea procedente, sino que en la evaluación
adoptada por el juez constitucional tiene que considerarse una argumentación
cualificada, dada la importancia y el rol que cumplen los órganos de cierre de cada
jurisdicción dentro del sistema judicial. Cuando la tutela se dirige contra una decisión
expedida por una alta Corte, “además de cumplir con los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela y con los especiales de procedibilidad contra
providencias judiciales, se debe acreditar una irregularidad que contraríe
abiertamente los mandatos constitucionales, de tal manera que amerite la
intervención urgente del juez de tutela”.8

28. Además de una carga argumentativa especialmente exigente que, evidencie
una contradicción objetiva entre preceptos constitucionales y la decisión judicial, el
tutelante debe satisfacer los requisitos de 1) legitimación por activa y por pasiva, 2)
relevancia constitucional, 3) subsidiariedad, 4) inmediatez, 5) irregularidad procesal
decisiva, 6) identificación razonable de los hechos vulneradores del derecho, y 7)
que no se ataquen sentencias de tutela9.

29. Respecto al requisito general de procedencia de tutela contra providencias de
relevancia constitucional, conforme la jurisprudencia de la Corte Constitucional
consiste en un examen a las razones que expone el tutelante en la petición de
protección. Se ha indicado que, si bien la acción de tutela no precisa de una técnica
argumentativa especializada o erudita, si exige un esfuerzo por parte del actor para
presentar justificaciones desde una perspectiva en la que se invoque y demuestre
la vulneración de una norma supra legal. Además, se ha señalado que por esa vía
están descartadas razones que reiteran argumentos resueltos dentro del proceso
ordinario, de carácter estrictamente económico, de mera legalidad, o en la que se
pretende utilizar el amparo como una instancia adicional.

30. Las providencias de unificación10 han indicado que el juez de tutela debe
declarar improcedente la acción cuando: (i) no tienen el alcance para desarrollar la
constitución política o determinar el alcance de un derecho fundamental; (ii) que la
controversia se limite a una discusión meramente legal o de contenido estrictamente
económico con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que no se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos fundamentales.

31. Con base en lo anterior, se examinará si la acción de tutela de la referencia
satisface los requisitos de procedencia formal.

Análisis formal del caso en concreto

32. Descendiendo al caso concreto, se verifica que la acción de tutela es
improcedente por carecer de relevancia constitucional, especialmente, por carecer
de la suficiente carga argumentativa relacionada con una sentencia proferida por
una Alta Corte. En efecto, conforme el diseño institucional previsto en la Carta de

8
Corte Constitucional, Sentencia SU-149 de 2021.
9
Conceptos ampliamente explicados por la Corte Constitucional en sentencias C-590 de 2005 entre
otras.
10
SU-033 de 2018, SU-128 de 2021 y la SU-215 de 2022.

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01531-00
Accionante: Ana Victoria Nieto Salazar
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

1991 después del acto legislativo 02 de 2015, la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial es la corte de cierre encargada de ejercer la función jurisdiccional
disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la rama judicial.

33. Se trata en entonces, de una acción de tutela ejercida contra una providencia
proferida por una alta corte. El precedente constitucional exige que, en este tipo de
acciones de amparo, el actor demuestre que el juez ordinario incurrió en una
arbitrariedad ostensible que haga necesaria la intervención del juez constitucional.
En el caso concreto, por el contrario, la parte tutelante muestra argumentos de
desacuerdo o discrepancia con el fallo disciplinario que fue adverso, más no
muestra la manera en la que la decisión judicial incurrió en un yerro que afecte su
validez.

34. En efecto, el escrito constitucional presenta como argumentos, razones de
discrepancia con el fallo de la comisión nacional de disciplina judicial, a la manera
de un recurso ordinario adicional. No presenta de manera transversal una
arbitrariedad que exija la intervención del juez de tutela. El centro del ataque
constitucional, presentado, al mismos tiempo como defecto sustantivo, fáctico,
procedimental y violación directa a la constitución, estriba en que, a criterio de la
parte actora, la decisión proferida dentro del proceso penal de abstenerse de
vincular al proceso penal a personas que eran señaladas de participar en la
comisión de una conducta punible, fue adecuadamente argumentada y por tal
motivo estaba cobijada por la autonomía judicial que protege a las decisiones de
una fiscal delegada, en ejercicio, de sus funciones. Se sostiene que esta situación
implicó que los jueces disciplinarios incurrieron en los defectos sustantivos, fácticos,
procedimental y violación directa de la constitución. Agregó que la decisión judicial
atacada no examinó los elementos subjetivos de la conducta disciplinaria que se le
imputó, lo cual, además de que fue un cargo de la apelación dentro del proceso
disciplinario, si fue examinado por el juez disciplinario en sede de segunda
instancia11.

35. A juicio de esta Sala, las razones expuestas en el escrito para desarrollar cada
uno de los cargos de inconstitucionalidad de la sentencia, además de que parte de
la misma premisa, en todo caso, se presentan como un recurso adicional contra la
decisión que fue adversa a la parte tutelante. No muestra una arbitrariedad
ostensible que exija la intervención del juez constitucional, sino una discrepancia de
criterio con la decisión disciplinaria de 15 de octubre de 2025.

36. La tesis principal de la tutela es una discrepancia de criterio que además fue
discutida en las dos instancias del proceso disciplinario, pues se trató de la tesis

11
Folio 122 y subsiguientes de la sentencia atacada: “(…) la Corporación encuentra acreditado el dolo
en la ejecución de la falta disciplinaria por parte de la encartada en ocasión a que de manera
consciente y voluntaria enfiló su comportamiento en desconocer sus deberes legales y
constitucionales que la conminaban a no renunciar al ejercicio de la acción penal en contra de los
señores Fabián Andrés Vargas Albán, Pablo Andrés Sanabria González y José Luis Salas Bastidas,
pues ignorando las solicitudes de la policía judicial del 6 de junio de 2017 en el que se puso de
presente los elementos de prueba que acreditaban la participación de los dos primeros en el ilícito
del señor Juan Víctor Franklin Monsalve decidió no adelantar actuación alguna, aun cuando frente a
otras personas sí había realizado vinculaciones, permitiendo que no se cumpliera de manera
oportuna y correcta con la administración de justicia y de su deber funcional de perseguir a los
culpable”. Índice samai 2 certificado A5C6910E6EFAA012

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01531-00
Accionante: Ana Victoria Nieto Salazar
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

defensiva y de la apelación durante el desarrollo de la primera y segunda instancia12.
Se trata entonces de los mismos argumentos que ya fueron resueltos en dos
instancias, motivo por el cual, más allá de presentarse como defectos específicos
de tutela contra providencia, ya fueron efectivamente examinados por los jueces
naturales. Por lo anterior, se declarará improcedente la petición de amparo por
carecer de relevancia constitucional.

37. En particular, los defectos sustantivos, fáctico y de violación directa de la
Constitución no cumplen el requisito de relevancia constitucional, porque la tutela
no muestra un problema verdaderamente constitucional, sino un desacuerdo con la
decisión disciplinaria. La actora presentó esos defectos para insistir en la idea de
que su decisión de no judicializar a ciertas personas era una actuación técnica,
razonable y protegida por la autonomía funcional de la fiscal. Sin embargo, para
esta Subsección, dicho cuestionamiento no demuestra una arbitrariedad ostensible
ni una contradicción abierta con la Constitución, sino solo una discrepancia con la
forma en que las autoridades disciplinarias valoraron los hechos y aplicaron la
norma.

38. Además, la Sala señala que esos mismos cuestionamientos ya habían sido
discutidos dentro del proceso disciplinario en primera y segunda instancia. Por eso,
concluye que la tutela pretende reabrir un debate ya resuelto por los jueces
naturales, como si fuera un recurso adicional. En esa medida, aunque la parte actora
presentó sus reparos bajo los nombres de defecto sustantivo, defecto fáctico y
violación directa de la Constitución, en realidad volvió a plantear la misma tesis
defensiva sobre la valoración probatoria, la ausencia de dolo y la legalidad de su
actuación como fiscal. Por esa razón, el amparo es considerado improcedente por
falta de relevancia constitucional.

39. Finalmente, el argumento relativo a que, dentro del trámite disciplinario, se
trasladó indebidamente a la investigada la carga de la prueba y se afectó su derecho
de defensa y contradicción carece de relevancia constitucional en sede de tutela,
pues no fue planteado oportunamente en el proceso ordinario. En efecto, según lo
expuesto por las autoridades accionadas, la doctora Nieto Salazar conoció desde
su vinculación los hechos y cargos formulados, ejerció su defensa, solicitó pruebas
que fueron decretadas y practicadas, y sus alegaciones fueron examinadas
expresamente. En esas condiciones, se trata de un reproche que no fue puesto en
consideración de las autoridades judiciales accionadas en la oportunidad procesal

12
Folio 66 y subsiguientes de la sentencia atacada. Índice samai 2 certificado
A5C6910E6EFAA012. Se lee en la sentencia atacada al momento de presentar el recurso de
apelación: “La disciplinada refirió que no se probó que actuara con dolo en la ejecución de la falta
reprochada, la cual indicó tampoco se produjo porque no se estructuró los elementos objetivos del
tipo penal endilgado. // Refirió que existió justificación para la no vinculación de Fabián Andrés
Vargas Albán, Pablo Andrés Sanabria González y José Luis Salas Bastidas dentro del proceso
identificado con radicado No. 760016000193201621847. Lo anterior a que según se estudió en la
sentencia las declaraciones de Juan David Rengifo Mendoza fueron contradictorias y disímiles;
asimismo, el testimonio de Luis Fernando Grajales Cuesta da cuenta que esa primera persona en
diligencia de reconocimiento fotográfico no identificó a Salas Bastidas. Aunado a ello que no podía
tenerse en cuenta la sola manifestación de Juan David Rengifo que en una primera oportunidad
había identificado a Salas Pinilla de manera errada. … Asimismo, refirió que la decisión de primera
instancia era violatoria de la autonomía e independencia que debe prevalecer sobre los funcionarios
públicos para tomar cualquier decisión.”

Radicación número: 11001-03-15-000-2026-01531-00
Accionante: Ana Victoria Nieto Salazar
Accionado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial
Referencia: Primera instancia de acción de tutela

correspondiente, de modo que estas no tuvieron ocasión de pronunciarse sobre él,
razón por la cual no puede servir para estructurar la relevancia constitucional de la
tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado, por las razones
indicadas en la parte motiva.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta decisión a las partes y demás interesados por el
medio más expedito.

TERCERO: En caso de no ser impugnada REMITIR a la Corte Constitucional para
su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF

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