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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01533-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Gloria María Gómez Montoya

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01533-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de los señores Sandra Paola Arenas Rueda, Luis Antonio Arenas Rueda, Claudia Patricia Arenas Rueda, por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO: DEJAR sin efectos la providencia del 29 de agosto de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, al interior del medio de control de reparación directa identificado con radicado 11001-33-43-063-2021-00189-00/01, para que, en su lugar, se profiera una decisión de remplazo en la que efectúe la valoración de los registros civiles de nacimiento de los actores, conforme a las consideraciones expuestas en la presente providencia. 20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D. C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Sandra Paola Arenas Rueda y otros Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B Radicado: 11001-03-15-000-2026-01533-00 TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto de las demás pretensiones, por no encontrarse superado el requisito de relevancia constitucional. CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01533-00

Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01533-00
Demandantes: SANDRA PAOLA ARENAS RUEDA Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

Tema: Tutela contra providencia judicial. Ampara y declara
improcedencia por no superar el requisito de relevancia
constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo constitucional de la referencia, de conformidad con
los Decretos 2591 de 1991, 333 de 2021 y el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala
Plena de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

Los señores Sandra Paola Arenas Rueda, Luis Antonio Arenas Rueda, Claudia
Patricia Arenas Rueda, Tránsito Rueda Barrera, Antonio Vicente Arenas Argüello,
Julio César Rueda, Yudy Andrea Arenas Rueda y Adriana Rocío Arenas Rueda,
actuando a través de apoderado judicial1, instauraron acción de tutela2 contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B3 en la
que solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.

Dichas garantías constitucionales las consideraron vulneradas con ocasión de la
sentencia de segunda instancia proferida el 29 de agosto de 2025, que modificó
parcialmente la decisión dictada el 1.° de agosto de 2024 por el Juzgado Sesenta
y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá dentro del medio de control
de reparación directa, identificado con radicado 11001-33-43-063-2021-00189-

1 Índices 02 Samai. Otorgado mediate mensaje de datos al abogado Ricardo Andrés Rodríguez,

sustituto de Roca Abogados S.A.S.
2 Radicada el 26 de febrero de 2026 con secuencia: 2340
3 Sala integrada por los Magistrados Clara Cecilia Suárez Vargas, Henry Aldemar Barreto Mogollón

y Franklin Pérez Camargo.

Demandantes: Sandra Paola Arenas Rueda y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01533-00

00/01 que formularon los actores contra la Nación - Instituto Nacional Penitenciario
y Carcelario,–INPEC.

1.2. Pretensiones

Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

[…]
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración, se amparen los derechos
fundamentales de los accionantes y se deje sin efectos la sentencia proferida dentro
del expediente identificado con CUNRP 11001334306320210018901 por la
SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN TERCERA DE LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA de fecha 29/8/2025.

TERCERA: Como consecuencia de la anterior decisión y de conformidad con el
numeral 5.o del artículo 29.o del Decreto Ley 2591 de 1991, se ordene a la
SUBSECCIÓN B DE LA SECCIÓN TERCERA DE LA SALA PLENA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA que, en el término de cuarenta y ocho
horas (48 h) contabilizadas a partir de la notificación de la sentencia, se profiera
decisión sustitutiva de la sentencia de 29/8/2025 dentro del expediente identificado
con CUNRP 11001334306320210018901.

En concreto, se solicita ordenar explícitamente que la sentencia sustitutiva sea
modificada en los siguientes puntos:

I. Se declare que no existe falta de legitimación en la causa por activa de SANDRA
PAOLA ARENAS RUEDA, LUIS ANTONIO ARENAS RUEDA y CLAUDIA PATRICIA
ARENAS RUEDA y que, por el contrario, estos sí se encuentran legitimados por activa
en el expediente identificado con CUNRP 11001334306320210018901.

II. La condena en costas al INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y
CARCELARIO acudiendo a los parámetros del Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 y no
del Acuerdo 1887 de 2003 proferido por la Sala Administrativa del Consejo Superior
de la Judicatura.4

1.3. Hechos

Los accionantes formularon demanda de reparación directa contra la Nación -
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario–INPEC para que se declarara la
responsabilidad patrimonial por los daños y perjuicios causados como
consecuencia de la muerte del señor Miguel Ángel Arenas Rueda, el día 5 de enero
de 2019, que fue catalogada como suicido, cuando este se encontraba privado de
la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá.

Como fundamento, atribuyeron a la demandada la falta de adopción de medidas
efectivas que permitieran prevenir el desenlace fatal, tras estar enterada dicha
institución de las patologías psicológicas diagnosticadas, así como de las múltiples

4 Transcripción literal del texto original que puede contener errores.

2

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Demandantes: Sandra Paola Arenas Rueda y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B
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solicitudes realizadas por sus familiares y su apoderado para que se le garantizara
atención médica y tratamiento especializado.

La demanda correspondió en primera instancia al Juzgado Sesenta y Tres
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, que en sentencia del 1.° de agosto
de 2024 declaró de oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por
activa respecto de los señores Sandra Paola Arenas Rueda, Luis Antonio Arenas
Rueda y Claudia Patricia Arenas Rueda, y declaró probada la causal eximente de
responsabilidad de culpa exclusiva y determinante de la víctima, por lo que negó
las pretensiones de la demanda, sin condena en costas.

Como sustento de la primera declaración señaló que la parte demandante no
aportó los registros civiles de nacimiento con el propósito de determinar el lazo de
consanguinidad o parentesco con la víctima directa, en calidad de hermanos, ni se
acreditó el vínculo para ser reconocidos como terceros damnificados.

En razón a lo anterior, la parte demandante solicitó aclaración y adición de la
decisión en cuanto a la motivación sobre la falta de legitimación en la causa por
activa y respecto al medio de prueba que sirvió de sustento para determinar que
la muerte de la víctima había sido por causa de suicidio. Solicitud que le fue
resuelta negativamente por no configurarse los presupuestos de los artículos 285
y 287 del Código General del Proceso.

Inconforme con la decisión, el extremo activo formuló oportunamente recurso de
apelación en el que manifestó que la legitimación en la causa por activa echada
de menos por el a quo estaba acreditada, a tal punto que desde la audiencia inicial
se decretaron como prueba los registros civiles de nacimiento de los tres
demandantes en cuestión, con lo que se debió concluir el parentesco de estos con
el señor Miguel Ángel Arenas Rueda (q. e. p. d.), pues en dichos documentos se
podría observar que comparten filiación tanto por línea paterna como por línea
materna.

Igualmente, discutió la configuración de la causal de eximente de responsabilidad
declarada por el juzgado, con sustento en que no habría pruebas concluyentes
sobre el suicidio del señor Arenas Rueda y que aun estando ello probado, esto
debía implicar la responsabilidad de la demandada por la falta a sus deberes de
cuidado y vigilancia.

Por último, reprochó la falta de condena en costas y solicitó que se diera aplicación
al numeral 4.°, del artículo 365 de la Ley 1564 de 2012.

Conoció el recurso el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B que en sentencia del 29 de agosto de 2025 modificó la de primera
instancia únicamente en cuanto al numeral segundo de la misma para en su lugar

3

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Demandantes: Sandra Paola Arenas Rueda y otros
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condenar a la demandada al pago de perjuicios morales y disponer condena en
costas contra el INPEC.

En dicha decisión, consideró el tribunal, al abordar el aspecto de legitimación en
la causa por activa, que compartía la postura del a quo sobre la ausencia de prueba
que permitiera reconocer a los señores Sandra Paola Arenas Rueda, Luis Antonio
Arenas Rueda, Claudia Patricia Arenas Rueda la calidad de hermanos de la
víctima directa y en tal sentido, al no haber sido este un aspecto «objeto de
reproche en el recurso de apelación», entendería por aceptada esta
determinación, por lo que procedería a confirmar la falta de legitimación en esa
instancia.

En cuanto al análisis de responsabilidad señaló que el daño antijurídico estaba
plenamente demostrado y consistía en el deceso de una persona que se
encontraba bajo custodia del Estado. Asimismo, que el título de imputación por
falla en el servicio se configuró con la omisión del INPEC al no efectuar un
seguimiento médico ni adoptar medidas preventivas proporcionales al riesgo
clínico conocido con antelación por la institución.

Estimó que para tal asunto no operaba el eximente de responsabilidad alegado
por la demandada consiste en la culpa exclusiva de la víctima, por cuanto esta se
encontraba en una situación de especial sujeción reforzada por su estado de salud
mental y debía haber sido objeto de vigilancia estricta por parte del centro
penitenciario.

Finalmente, con relación a la liquidación de costas y agencias en derecho, advirtió
que en el trámite de esa instancia no se encontraban causadas y demostradas
expensas por tal concepto. Sin embargo, atendiendo el artículo 188 del C.P.A.C.A,
así como el Acuerdo 1887 de 26 de junio de 2003 del Consejo Superior de la
Judicatura, modificado por el Acuerdo No. 2222 del 10 de diciembre de 2003, el
numeral 1.° del artículo 365 del Código General del Proceso y que el recurso de
apelación de la parte demandante prosperó, determinó como agencias en derecho
el monto equivalente a un millón de pesos.

El anterior proveído se notificó a las partes por correo electrónico el 5 de
septiembre de 2025.

1.4. Fundamentos de la vulneración

La parte actora, indicó que la accionada incurrió en defecto procedimental
absoluto y defecto sustantivo en razón a la «fijación de agencias en derecho
con base en una norma derogada».

Estimó que tales defectos, analizados de manera conjunta se concretan en que el

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juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido y para la
fijación de agencias en derecho dio aplicación a una norma que había perdido
vigencia como lo era el numeral 3.1.3, artículo 6 del Acuerdo 1887 de 26 de junio
de 2003 expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, la cual fue derogada
expresamente por el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 que empezó a regir a partir
de su publicación; es decir, del 5 de agosto de 2016 y que por tanto debió ser el
fundamento de la decisión.

Explicó que al no encontrarse contemplada la fijación de agencias en derecho en
la Ley 1437 de 2011, se debía efectuar la remisión a la Ley 1564 de 2012 que en
su artículo 366 dispuso la sujeción a las tarifas que estableciera el Consejo
Superior de la Judicatura, quien a su vez en el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016
prohíbe el desconocimiento de los límites allí fijados y establece que estos se
deban fijar en salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que no ocurrió en
este caso.

Mencionó que el tribunal erró al fijar las agencias en derecho indicando una suma
de dinero por este concepto, toda vez que la providencia debía limitarse a
condenar en costas, pues la liquidación le correspondía realizarla de manera
exclusiva al secretario, quien la debía efectuar para su respectiva aprobación.

Señaló que mientras el Acuerdo 1887 de 2003 solo contempla una tarifa máxima
del 5 % que se determina por el monto de las pretensiones, el Acuerdo PSAA16-
10554 de 2016 establece un límite mínimo que corresponde a un SMMLV. En tal
sentido, estimó que, al haberse proferido la sentencia cuestionada en el 2025 bajo
la vigencia de esta última disposición, estando establecido para ese año el salario
mínimo en $1.423.500, se le estaría privando a la parte demandante del 42,35 %
faltante, por concepto de agencias en derecho, pues únicamente se le reconoció
la suma de $1.000.000,00 m/cte.

Finalmente, invocó como defecto fáctico la falta de valoración absoluta de las
pruebas documentales que acreditaban la relación de parentesco en segundo
grado de consanguinidad de la víctima directa con los demandantes Luis Antonio,
Sandra Paola y Claudia Patricia Arenas Rueda. Medios de convicción que fueron
enunciados y aportados por el extremo activo desde el escrito inicial de la demanda
y se decretaron como pruebas en la etapa de audiencia inicial adelantada por el a
quo.

Consideró que los registros civiles de nacimiento en cuestión se debieron valorar
en igualdad de condiciones a los que se aportaron por cuenta de los demás
integrantes del extremo activo, pues corresponden a los documentos idóneos que
se allegaron con la demanda y fueron decretados en el proceso ordinario.

Advirtió que tal falencia la puso de presente en la solicitud de aclaración y adición

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de la sentencia de primera instancia, que, ante la negativa recibida, la reiteró en el
recurso de apelación que conoció la autoridad accionada. Por ello, es que
controvierte el decir de esta de que la parte demandante convalidó la falta de
legitimación en la causa por activa al no haber formulado reparo alguno en la
apelación.

1.5. Trámite de la acción de tutela

Por auto del 4 de marzo de 2026 se admitió la acción de tutela y ordenó notificar a
la parte accionante5 y, como parte accionada, al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.6

Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés jurídico en el
resultado del proceso, al Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito
Judicial de Bogotá «a quo del proceso contencioso» y al INPEC «parte demandada
del ordinario».7

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica, se presentaron las
siguientes:

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección B8

La Magistrada Ponente solicitó declarar la improcedencia de la tutela por no
cumplir del requisito de subsidiariedad en cuanto al reproche planteado en torno a
la falta de legitimación en la causa por activa declarada, tras estimar que dicho
aspecto debió formularse por medio de solicitud de adición, siendo este el
mecanismo idóneo para complementar las providencias judiciales cuando se
considera que estas omitieron pronunciarse sobre algún punto objeto de debate.

Refirió que si el accionante consideraba omitido el pronunciamiento sobre un
aspecto que había planteado en el recurso de apelación debió formular
oportunamente dicho mecanismo procesal con el fin de que la Sala se pronunciara
de manera expresa sobre esa cuestión y se corrigiera la mencionada omisión.

5 Índice 008 de Samai.
6Índice 008 de Samai. La notificación fue enviada a los correos:
scs03sb04tadmincdm@notificacionesrj.gov.co,
rmemorialessec03satadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.
7 Índice 008 de Samai. La notificación fue enviada a los correos:
jadmin63bt@cendoj.ramajudicial.gov.co, notificaciones@inpec.gov.co.
8 Índice 012 y 016 de Samai.

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En cuanto a los cuestionamientos por la condena en costas de segunda instancia,
advirtió que si bien pudo presentarse una imprecisión en la referencia normativa
utilizada para sustentar la fijación de las agencias en derecho, al hacerse alusión
en la sentencia al Acuerdo 1887 de 2003 que no estaba vigente para la fecha de
interposición de la demanda, lo cierto es que «ambos instrumentos normativos
regulan sustancialmente la misma materia», de tal suerte que no habría incidencia
alguna en la determinación adoptada, máxime cuando el Acuerdo PSAA16-10554
de 2016, en su artículo 3.°, parágrafo 5.º, establece que cuando la demanda
prospera parcialmente, el juez puede abstenerse de condenar en costas o imponer
una condena parcial, lo cual también comprende la fijación de las agencias en
derecho.

Por lo anterior solicitó la negativa del amparo al no existir actuación atribuible que
configure vulneración de derechos fundamentales.

1.6.2. Juzgado Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá9

La titular del juzgado solicitó que se negara el amparo por cuanto la violación
alegada no se encontraba configurada.

Advirtió que la tutela no constituye una tercera instancia en la que se pueda
pretender la modificación, revocatoria o reapertura del debate jurídico ya resuelto
dentro de un proceso ordinario válidamente tramitado.

Señaló que a la parte accionante se le garantizó en cada etapa procesal la
oportunidad de intervenir dentro del trámite judicial en ejercicio de sus derechos
de contradicción y defensa, lo que en efecto sucedió con la formulación del recurso
de apelación contra la sentencia de primer grado.

Recordó el carácter excepcional y subsidiario de la tutela contra providencias
judiciales y estimó que este asunto la inconformidad del extremo activo se dirige a
cuestionar la valoración probatoria y la interpretación jurídica realizada por el juez
natural, lo que resultaría improcedente.

1.6.3. Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC10

La entidad señaló que el presente mecanismo resulta improcedente por cuanto el
extremo actor no agotó el recurso revisión ante la jurisdicción contenciosa
administrativa, siendo este el medio de impugnación excepcional mediante el cual
es posible examinar las decisiones emitidas por un órgano judicial, revestidas de
cosa juzgada, por ser irregulares o ilegales, con la finalidad de restablecer el orden
jurídico.

9Índice 0015 de Samai.
10 Índice 0013 de Samai.

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Hizo un recuento de los presupuestos de procedencia de la acción de tutela y
estimó que en este asunto no se superaban.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer, en primera instancia, de la acción de tutela
presentada por los actores contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B, de conformidad con lo establecido en los Decretos
2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021 y el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación, modificado por el Acuerdo 434
de 2024.

2.2. Problema jurídico

Acorde con lo señalado en los antecedentes, las pretensiones invocadas por la
parte actora, el material probatorio recaudado y las intervenciones presentadas,
corresponde a esta Corporación resolver:

• ¿Se superan los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela
en contra de providencias judiciales?

En caso de ser positiva la anterior respuesta, se resolverá:

• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
B vulneró las garantías invocadas por el extremo activo, con ocasión de la
providencia del 29 de agosto de 2025, que modificó parcialmente la decisión
dictada el 1.° de agosto de 2024 por el Juzgado Sesenta y Tres
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá dentro del medio de control
de reparación directa, identificado con radicado 11001-33-43- 063-2021-
00189-00/01?

Para resolver los interrogantes planteados, resulta pertinente analizar los
siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) de los requisitos generales de procedibilidad de la tutela,
(iii) el derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, y (iv)
el caso concreto.

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2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 201211
unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de
tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma
Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema12 y declaró su
procedencia.13

Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para
realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que supere la
relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez;
y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el
cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse
en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la
solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde
para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la
causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir
el debate de instancia.

Igualmente, se debe resaltar que esta acción constitucional no puede ser
considerada como una «tercera instancia» que se emplee, por ejemplo, para revivir
términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez
natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad

2.4.1. Relevancia constitucional

La Corte Constitucional en la Sentencia SU-215 de 202214 explicó que las
providencias judiciales hacen tránsito a cosa juzgada, por tanto, cuando se
interponga un mecanismo de amparo constitucional debe atenderse lo siguiente:

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P.

María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes

reseñado.
13 Se dijo en la mencionada sentencia «DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia».
14 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia SU-215 del 16.06.22. M.P. Natalia Ángel Cabo.

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[…] el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la providencia
cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado adelantar un control
oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”. Asimismo, enfatizó en que,
cuando se cuestiona una providencia de una alta corte el análisis de procedencia
debe ser más restrictivo teniendo en cuenta que la decisión fue proferida por un
órgano de cierre y “no solo tienen relevancia en términos de seguridad jurídica, sino
que también son fundamentales en la búsqueda de uniformidad de las decisiones
de los jueces de menor jerarquía y, por esta vía, en la materialización del principio
de igualdad.

Al abordar el caso concreto, el alto tribunal constitucional precisó que la acción de
tutela contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no una corrección
del fallo cuestionado. En ese sentido, no se puede utilizar este instrumento como
una instancia adicional para discutir cuestiones probatorias o formas de
interpretación de las normas que se zanjaron por el juez natural. Lo anterior como
un eje fundamental para:

[…] lograr un correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico, pues así
se previene la irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia
y se garantiza que la cuestión sea analizada a la luz de la Constitución.

Refirió que las finalidades de este requisito son las siguientes:

[…] (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la
autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica
finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los
derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como
una instancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones
competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal15
(Énfasis de la Sala).

De ese modo, expuso que los criterios relevantes para determinar si un asunto
reviste relevancia constitucional son los siguientes:

En primer lugar, el caso debe involucrar algún debate jurídico que gire en torno al
contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental y no referirse
exclusivamente a un asunto meramente legal y/o económico16; es decir, la cuestión
“debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional17.

[…]

En segundo lugar, la controversia no debe limitarse a una puramente legal y/o
económica.

[…]

15 Sentencia SU-573 de 2019.
16 Sentencia SU-103 de 2022.
17 Sentencia SU-103 de 2022.

10

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Demandantes: Sandra Paola Arenas Rueda y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01533-00

Al respecto, la jurisprudencia ha sido clara en señalar que “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los
recursos ordinarios, pues la competencia del juez de tutela se restringe a los asuntos
de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no a problemas de carácter legal18”. En este orden, se reitera que
el examen de relevancia constitucional exige que la solicitud de amparo trascienda
la mera “inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales19”.

En tercer lugar, la acción de tutela debe plantear argumentos suficientes dirigidos a
demostrar que la providencia judicial afectó de manera grave un derecho
fundamental.

[…]

Por último, y como arriba se indicó, el examen de la acción de tutela dirigida contra
decisiones de las altas cortes debe ser estricto20, lo que implica verificar que en
efecto se haya presentado una actuación judicial claramente arbitraria o violatoria
de los derechos fundamentales. Así, la tutela contra providencias judiciales no debe
representar una instancia adicional de los litigios ordinarios, ni es un escenario para
definir controversias doctrinarias o interpretativas de corrección legal21.
(Resaltado de la Sala)

El presente asunto reviste de relevancia constitucional comoquiera que la
discusión planteada por la parte actora se centra en establecer una posible
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia como consecuencia del defecto fáctico, los cuales se
encuentran fundamentados razonablemente y con suficiente carga argumentativa
en líbelo inicial.

En este caso, no se trata de una simple discrepancia con la interpretación de la
autoridad judicial accionada al confirmar la sentencia de primera instancia en
cuanto a la falta de legitimación en la causa por activa declarada, sino que los
accionantes tienen la intención de demostrar el error en que se incurrió al omitir la
valoración probatoria que, de haberse atendido oportunamente, hubiera cambiado
totalmente el sentido del fallo, pues si en el expediente ordinario en realidad
reposaban los registros civiles de nacimiento de los señores Sandra Paola, Luis
Antonio y Claudia Patricia Arenas Rueda, echados de menos por el tribunal para
tener por acreditado el grado de consanguinidad de estos con la víctima directa,
otra hubiese sido la decisión.

El escrito de amparo contiene múltiples argumentos que exponen cómo se
materializó la transgresión de las garantías fundamentales invocadas que
consisten en la falta de valoración de las pruebas aportadas y decretadas en el
proceso ordinario, aunado a que la exposición de la parte actora no se hace de

18 Sentencia SU-103 de 2022.
19 Sentencia SU-128 de 2021.
20 Sentencia SU-573 de 2019.
21 Ibid.

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Sección Tercera, Subsección B
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01533-00

una manera abstracta, sino que, por el contrario, esta se realizó de forma puntual,
precisando el yerro en el que presuntamente incurrió el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B.

Por todo lo anterior se concluye que, sobre el defecto fáctico invocado se
acreditaron los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia SU-215
de 2022 para encontrar superado el requisito de relevancia constitucional, en
atención a que se está en presencia de una posible vulneración de los derechos
fundamentales del extremo tutelante, cuya controversia no se enfocó en un debate
de contenido legal, sino que se justificó en una notoria tensión entre las garantías
expuestas y la decisión judicial objeto de reproche.

Conclusión que no comparte la misma suerte respecto a los reparos que por
defectos sustantivo y procedimental absoluto formularon los actores con relación
al monto que por condena en costas de segunda instancia estableció el tribunal,
conforme se abordará a continuación en el caso concreto.

2.4.2. Tutela contra decisión de tutela

En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo alguno en
cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que no se trata
de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, pues la providencia del
29 de agosto de 2025 fue proferida al interior del proceso de reparación directa
con radicado 11001-33-43-063-2021-00189-00/01, instaurado por los actores
contra la contra la Nación - Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario–INPEC.

2.4.3. Inmediatez

No se advierte reproche alguno frente a este requisito, puesto que la providencia
cuestionada fue proferida el 29 de agosto de 2025 y notificada por correo el 5 de
septiembre de 2025.

Por su parte, la solicitud de tutela fue presentada el 26 de febrero de 2026, es decir
en menos de 6 meses, tiempo que esta Sala ha considerado razonable para uso
de este mecanismo excepcional22, con ocasión de los criterios fijados por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 200523.

2.4.4. Subsidiariedad

Este requisito se encuentra superado, pues la providencia que se cuestiona en
sede de tutela resolvió en segunda instancia el medio de control de reparación

22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, M. P: Jorge

Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.09.14, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
23 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.

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directa formulado por los señores Sandra Paola Arenas Rueda, Luis Antonio
Arenas Rueda, Claudia Patricia Arenas Rueda, Tránsito Rueda Barrera, Antonio
Vicente Arenas Argüello, Julio César Rueda, Yudy Andrea Arenas Rueda y
Adriana Rocío Arenas Rueda y frente a tal decisión no procede recurso ordinario
alguno.

Tampoco los extraordinarios, pues los motivos que sustentan esta solicitud de
amparo no se enmarcan en las causales que hacen procedente el recurso
extraordinario de revisión ni el de unificación de jurisprudencia.

Contrario a lo estimado por el accionado en su escrito de contestación a esta
acción, los demandantes del proceso ordinario no contaban con otro mecanismo
idóneo para hacer valer sus derechos, pues la solicitud de adición prevista en el
artículo 287 del C.G.P. no sería procedente en ese asunto, toda vez que no se
configuran los presupuestos contemplados por el legislador, pues en ese asunto
no se omitieron aspectos de la litis sino que se tomó una decisión clara en la que
se determinó la falta de acreditación de la legitimación en la causa por activa.

Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido superados,
motivo por el cual se realizará el estudio del caso concreto.

2.5. Generalidades del defecto fáctico

Esta Sala, en decisión de 12 de noviembre del 201524, precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión:

Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso.

De conformidad con la sentencia de 11 de febrero de 201625, estos aspectos tienen
características que se transcriben a continuación:

24 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez

Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
25 Consejo de Estado, sentencia del 11 de febrero de 2016, M.P. Rocío Araújo Oñate, Radicación

No. 11001-03-15-000-2015-03442-01.

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Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para
resolver el problema jurídico sometido a consideración, y ésta
fue negada; ello sin desconocer la facultad del juez ordinario de
negar pruebas que no atiendan los requisitos de conducencia,
pertinencia e idoneidad. Así las cosas, es importante considerar
que no toda negativa a un decreto de pruebas abre la
posibilidad a la configuración del defecto, ya que éste
Omisión de decreto
procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba
y práctica de
que, solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros
pruebas
arriba señalados.
indispensables para
fallar el asunto
De esta manera, se requiere que la parte:

● Identifique el elemento probatorio que solicitó.
● Demuestre que lo solicitó en oportunidad legal.
● Exponga las razones por la cuales la prueba solicitada era
conducente, pertinente o idónea.
● Señale de manera razonada la razón por la cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en
el expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos
que se pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el
fallador ordinario. En este punto, se requiere que, de forma
específica, se concrete en el escrito de amparo, cuáles
Desconocimiento pruebas, aportadas oportuna y legalmente, fueron
del acervo desconocidas por el juez.
probatorio
determinante para Así las cosas, se configura siempre que el interesado:
identificar la
veracidad de los ● Identifique los elementos de prueba no valorados por el
hechos alegados juez.
por las partes ● Demuestre que éstos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
● Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
● Precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para
variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica,
la apreciación efectuada por el fallador, resulta
Valoración irracional
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el peso
o arbitraria de las
otorgado a la prueba se entiende alterado.
pruebas aportadas
Se requiere entonces que la parte:

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● Precise cuál o cuáles de las pruebas fueron objeto de
indebida valoración por el juez.
● Refiera la razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas de
la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia,
en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría
una sustitución arbitraria del juez natural.
● Señale la incidencia de la prueba en el fallo atacado.
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el
asunto con base en pruebas que no observaron los requisitos
legales para su producción o introducción al proceso. Así las
cosas, el juez no ignora la prueba ni se equivoca en su
Dictar sentencia con apreciación, pero yerra al haberla tenido en cuenta para decidir
fundamento en el problema jurídico que le fue planteado, al ser ésta una prueba
pruebas obtenidas que desconoce el debido proceso de las partes.
con violación del
debido proceso Para su configuración corresponde que el actor:
● Señale con claridad los elementos probatorios aportados
con violación al artículo 29 constitucional.
● Exponga las razones que sustentan dicha vulneración.
● Demuestre que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.

Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar
mínimamente en su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la
configuración del defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.

Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución.

2.6. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica del artículo 229 de la Constitución, del derecho fundamental al debido
proceso y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter de
fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia.

Derecho que ofrece al individuo la garantía de acudir ante el juez para que resuelva
«[…] las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con el mismo

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Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada a derecho, y
dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales previstas en
la Constitución y en la ley […]»26

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante
los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas
de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados
judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la
objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del
fallador acerca de los hechos materia de su decisión […]»27

Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que:

«[…] cuando el ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos
y garantías”, y de otro lado, “la obligación correlativa de las autoridades judiciales de
promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para que el acceso de
los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo cual se deben descartar
las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el
derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus
providencias la dimensión pro actione, lo que representa un avance significativo en la
protección de los derechos de las personas […]»28

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley Estatuaria de la
Administración de Justicia y con sustento en los principios de celeridad, eficiencia
y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez, como director del
proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de evitar el desgaste
que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con una sentencia
inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de las partes.

Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que se
proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad subyacente
y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de los derechos
materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política ha sido
encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la
búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia
material […]»29

26 Sentencia T-476 de 1998.
27 Sentencia T-004 de 1995.
28 Corte Constitucional C-796 de 2006.
29 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014.

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2.7. Caso Concreto

La parte actora cuestionó la providencia del 29 de agosto de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B, que
«modificó» parcialmente la sentencia de primera instancia en la que se declaró de
oficio la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de tres
demandantes [Sandra Paola, Luis Antonio y Claudia Patricia Arenas Rueda] y
negó la totalidad de pretensiones.

La decisión en cuestión únicamente «modificó» lo resuelto por el a quo en cuanto
a la negativa de las pretensiones para en su lugar condenar a la demandada al
pago de perjuicios morales y disponer la condena en costas contra el INPEC, pero
mantuvo la declaración de falta de legitimación en la causa referida.

Alegaron los tutelantes que la decisión en cuestión incurrió en defectos fáctico,
sustantivo y procedimental absoluto, de una parte, por omitir la valoración del
material probatorio aportado que fue también un aspecto cuestionado en el recurso
de apelación contra la sentencia de primer grado y, por otro, al haberse impuesto
condena en costas, a favor de la totalidad de los demandantes, por un monto
inferior al que legalmente correspondía y con sustento en una norma que había
perdido vigencia para la fecha de radicación de la demanda ordinaria.

En cuanto al primero de aquellos reproches advirtió que, contrario a lo decidido
por el tribunal, en el expediente se encontraban las documentales con las cuales
se acreditaba la legitimación en la causa por activa de los tres demandantes, que
fueron aportados en el escrito de subsanación de la demanda y de ello daba cuenta
inclusive el auto que decretó pruebas en audiencia inicial que adelantó el Juzgado
Sesenta y Tres Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá. Igualmente, que tal
aspecto sí fue formulado como uno de los cargos del recurso de apelación contra
la sentencia de dicho juzgado.

Por su parte, como se observa de lo narrado anteriormente, el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B al adoptar la
decisión que se cuestiona estimó que no obraba en el expediente prueba que
acreditara la calidad de hermanos de la víctima directa con los tres demandantes
y que al no haber sido esto objeto de reparo alguno por el extremo apelante
quienes, en su sentir, convalidaron la declaración que en tal sentido se realizó en
primera instancia, procedía a confirmar la falta de legitimación en la causa por
activa declarada.

Así las cosas, revisado el material probatorio que obró dentro del proceso ordinario
y por tanto en el presente trámite y que se concreta especialmente en los registros
civiles de nacimiento de los señores Sandra Paola, Luis Antonio y Claudia Patricia
Arenas Rueda, se observa que les asiste razón al discutir la decisión adoptada por

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el ad quem, comoquiera que dichos documentos sí estuvieron incorporados en las
diligencias y fueron aportados con el escrito de subsanación de la demanda, a tal
punto que se decretaron como prueba en audiencia inicial del 2 de agosto de
202330, de la siguiente manera:

Asimismo, se observa que el extremo demandante al formular el recurso de
apelación31 planteó los siguientes cargos:

30 Índice 45 de Samai proceso 11001-33-43- 063-2021-00189 00 [archivo 029 cuaderno principal]
31 Índice 085 Samai proceso ordinario [archivo 056 cuaderno principal].

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Entonces, claramente se observa la configuración del defecto fáctico alegado por
los tutelantes en cuanto a la falta de valoración del material probatorio obrante en
el expediente, consistente en los registros civiles de nacimiento de los señores
Sandra Paola, Luis Antonio y Claudia Patricia Arenas Rueda. Pruebas que de
haberse advertido su existencia en el proceso hubiesen ameritado por parte del
tribunal el respectivo estudio de legitimación en la causa que se resolvió
desfavorablemente a los intereses de aquellas personas.

La sentencia acusada tuvo por sustento de su declaración de falta de legitimación
en la causa la inexistencia del medio de convicción idóneo que acreditara el vínculo
de los demandantes con la víctima directa, desconociendo así las documentales
que daban cuenta de ello y que habían sido aportadas oportunamente al proceso.

Omisión que, además se mantuvo al pasar por alto el cargo que en tal sentido
formularon los demandantes en el recurso de apelación donde, como se señaló
anteriormente, se advirtió que el presupuesto de legitimación sí se encontraba
acreditado con los registros aludidos.

En ese orden, resulta imprescindible disponer el amparo de los derechos
fundamentales invocados, para que se realice el estudio del presupuesto en
cuestión con base en las pruebas mencionadas.

Ahora, respecto a lo alegado por los actores frente a la condena en costas, la Sala
evidencia que los argumentos planteados, pese a que hacen alusión a un lenguaje
constitucional, realmente denotan una inconformidad con la decisión proferida por
el juez contencioso, por lo que este mecanismo se torna improcedente al no
cumplir el requisito de relevancia constitucional, como pasa a explicarse.

Si bien los accionantes no comparten los razonamientos efectuados por el Tribunal
Administrativo para la imposición de la condena en costas, lo cierto es que los
mismos ya fueron objeto de análisis normativo, indistintamente a que el resultado
no le sea favorable a sus intereses.

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Es evidente que la controversia esbozada por el extremo actor no satisface el
requisito aludido, debido a que la discusión se circunscribe a aspectos legales y
económicos, y lo que busca es imponer su criterio, el cual estima más acertado,
sobre el del operador judicial, lo cual denota un desconcierto respecto al sentido
de la decisión, sin precisar de qué manera se encuentran siendo transgredidas sus
garantías constitucionales, pues no basta para ello hacer una mera enunciación
de los derechos y los pronunciamientos que al respecto hayan realizado las altas
cortes en este caso sobre las costas procesales y los demás derechos
fundamentales, cuando estos no son aterrizados al caso en concreto, como se
puede observar del escrito inicial.

Se recuerda que la administración de justicia garantiza que los funcionarios
judiciales gocen de autonomía e independencia en sus decisiones, circunstancia
por la que, en principio, no es procedente reprochar las providencias vía acción de
tutela; máxime cuando se advierte, como en el presente caso, que el debate legal
y económico planteado por la parte actora busca mutar el amparo constitucional
en una instancia adicional y reabrir la discusión jurídica ya zanjada por el juez
contencioso, conforme las etapas que para tal efecto estableció el legislador.

De avalarse dicha tesis, conllevaría una deformación de la acción de tutela y la
desarticulación de la organización judicial, por lo que, en el presente caso, este
mecanismo de tutela se torna improcedente por no superar el requisito de
relevancia constitucional.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a
la administración de justicia de los señores Sandra Paola Arenas Rueda, Luis
Antonio Arenas Rueda, Claudia Patricia Arenas Rueda, por las razones expuestas
en la parte motiva.

SEGUNDO: DEJAR sin efectos la providencia del 29 de agosto de 2025, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B,
al interior del medio de control de reparación directa identificado con radicado
11001-33-43-063-2021-00189-00/01, para que, en su lugar, se profiera una
decisión de remplazo en la que efectúe la valoración de los registros civiles de
nacimiento de los actores, conforme a las consideraciones expuestas en la
presente providencia.

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TERCERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto de las demás
pretensiones, por no encontrarse superado el requisito de relevancia
constitucional.

CUARTO: NOTIFICAR a las partes y terceros con interés, en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

QUINTO: En el evento que esta decisión no sea impugnada dentro de los tres (3)
días siguientes a su notificación, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
Ausente con permiso

GLORÍA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

21

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