RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2026-01536-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01536-00

Fecha
19 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2026-01536-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Departamento del Valle del Cauca, por los motivos planteados en el numeral 3.2 de esta providencia. Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Héctor Pava Rojas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercera: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto: De no ser impugnada esta providencia, enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2026-01536-00

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

19 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01536-00
Accionante: Héctor Pava Rojas
Accionados: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Se declara improcedente la acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la
acción de tutela interpuesta por el señor Héctor Pava Rojas, actuando en nombre
propio, en contra del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por la presunta
vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al
acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y al principio de legalidad
supuestamente ocurrida con ocasión de la sentencia núm. 123 del 29 de julio de
20201 que revocó la providencia núm. 083 del 17 de agosto de 2018 proferida por
el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cali al interior del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-33 33-004-
2015-00152-00/01.

II. ANTECEDENTES
2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela2 se colige que el señor Héctor Pava Rojas laboró3 en la
Gobernación del Valle del Cauca y que mediante el Decreto 1443 del 1 de diciembre
de 2014, expedido por dicha entidad territorial, se dispuso su retiro del servicio a
partir del 1 de enero de 2015, con fundamento en que había cumplido los requisitos
para acceder a la pensión de vejez.

3. El accionante sostuvo que dicha decisión fue adoptada pese a que el
reconocimiento de su pensión por parte de Colpensiones se encontraba suspendido
para efectos de inclusión en nómina, por cuanto no había presentado renuncia a su
cargo. Afirmó que, al ser beneficiario del régimen de transición previsto en la Ley
100 de 1993, tenía derecho a permanecer en el servicio hasta alcanzar la edad de
retiro forzoso.

1
Índice 2 del aplicativo SAMAI, 5_EXPEDIENTEDIGI_Demanda_4_20260227091521994
2
Presentado el 26 de febrero de 2026.
3
Como profesional Universitario Código 219 Grado 01

www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01536-00
Accionante: Héctor Pava Rojas

4. Inconforme con lo anterior, el actor demandó la legalidad del acto administrativo
que dispuso su retiro en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. El proceso fue conocido en primera instancia por el Juzgado Cuarto
Administrativo Oral del Circuito de Cali, que mediante sentencia del 17 de agosto
de 2018 declaró la nulidad del decreto demandado y accedió a las pretensiones de
la demanda.

5. Contra dicha decisión, el Departamento del Valle del Cauca interpuso recurso
de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca,
que mediante sentencia del 29 de julio de 20204 revocó el fallo del a quo y, en su
lugar, negó las pretensiones del demandante.

2.2. Fundamento jurídico

6. El señor Pava Rojas consideró trasgredidos sus derechos fundamentales al
debido proceso, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la
igualdad, con ocasión de la providencia reprochada del Tribunal.

7. El accionante invocó como fundamento de procedibilidad de la acción las
causales genéricas desarrolladas por la jurisprudencia constitucional,
particularmente las establecidas en la Sentencia C-590 de 2005. Asimismo, en sus
pretensiones, afirmó que la decisión judicial incurrió en un defecto sustantivo y en
un desconocimiento del precedente jurisprudencial.

8. No obstante, aunque mencionó dichas causales, no las desarrolló. En ese
entendido, su argumentación se limitó principalmente a alegar que era beneficiario
del régimen de transición y a transcribir la normativa5 supuestamente inaplicada,
pero no explicó de qué manera la autoridad judicial se apartó de esta ni porqué su
interpretación resultó manifiestamente irrazonable.

2.3. Pretensiones

9. Con fundamento en lo anterior, solicitó:

«PRIMERO: TUTELAR mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO a
la IGUALDAD, al ACCESO a la ADMINISTRACION DE JUSTICIA, al MINIMO
VITAL, al PRINCIPIO DE LEGALIDAD, toda vez que el TRIBUNAL
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, en SENTENCIA
DE SEGUNDA INSTANCIA No.123 DE FECHA JULIO (29) DE (2020)
(PROCESO 76001-33-33-004-2015-00152-01). Incurrió en un defecto
sustantivo y jurisprudencial al REVOCAR la sentencia No.083 del 17 de agosto
de 2018 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cali
que accedió a las pretensiones de mi demanda y en su lugar NEGARLAS, pues
se observa que, de manera errada, desconoció las pruebas aportadas durante
el debate procesal, el precedente judicial y lo establecido en el artículo 53 de la
Constitución Política.

SEGUNDO: que se DEJE SIN EFECTOS la SENTENCIA DE SEGUNDA

4
Del plenario se evidenció además que el actor interpuso un recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia, el cual
fue rechazado por improcedente por esta Subsección mediante auto del 5 de septiembre de 2025.
5
Constitución Política: Artículos 1º, 2º. 13. 25. 53. 58.90 y 125 Legales: Ley 100 de 1993, Ley 797 de 2003, Decreto 2400 de
1968 artículo 31, Decreto 1950 de 1973 artículo 122, Ley 33 de 1985, Ley 344 de 1986, Ley 909 de 2004 y Artículo 138 del
C.P.A y de lo C.A. (Ley 1437 de 2011), La Ley 153 de 1887 artículos 4, 5 y 8.

www.consejodeestado.gov.co 2
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01536-00
Accionante: Héctor Pava Rojas

INSTANCIA No.123 DE FEСНА JULIO (29) DE (2020) (PROCESO 76001-33-
33-004-2015-00152-01), proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCА.

TERCERO: REVOCAR la SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA No.123 DE
FECHA JULIO (29) DE (2020) (PROCESO 76001-33-33-004-2015-00152-01),
proferida por el TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL VALLE
DEL CAUCA.

CUARTO: Dejar para su cumplimiento lo ordenado en la sentencia No.083 del
17 de agosto de 2018 proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del
Circuito de Cali que accedió a las pretensiones de mi demanda.

QUINTO: ORDENAR al Departamento del Valle del Cauca a pagar a Héctor
Pava Rojas (actor de los hechos) todas las sumas correspondientes a sueldos,
primas, bonificaciones, vacaciones, aumento de los sueldos, cesantías que se
produjeron y demás derechos laborales que deje de percibir a raíz de mi
desvinculación del servicio, esto es, desde el 01 de enero de 2015 hasta el día
en que mi persona cumplí los Setenta Años (70 años) o sea el día 29 de junio
del año 2021, igualmente las sumas que resulten se actualizarán al valor
presente.

SEXTO: Que la entidad demandada de cumplimiento a esta sentencia en los
términos previstos en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley 1437 de 2011.» (sic
a toda la cita).

2.4. Intervenciones

10. La acción de tutela fue admitida mediante auto6 del 27 de febrero de 2026,
a través del cual se ordenó notificar al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca
como accionado y al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Cali y al
Departamento del Valle del Cauca, como terceros interesados en el resultado del
proceso. Asimismo, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado para lo de su competencia.

2.4.1. El Departamento del Valle del Cauca solicitó declarar la improcedencia
de la acción frente a esta entidad, en consideración a que no existía una acción u
omisión que le fuese atribuible o que configurara una vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales invocados por el accionante, toda vez que los hechos y
pretensiones expuestos en la demanda de tutela se dirigían exclusivamente contra
la decisión judicial proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por
lo que pidió desvincular a esta entidad del trámite constitucional.

11. Con relación a la acción de tutela indicó que esta no cumplió con el requisito
de inmediatez al no acreditarse circunstancias válidas que justificaran su
presentación tardía.

2.4.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Cali no emitieron ningún pronunciamiento. El a quo
remitió el vínculo de acceso al expediente.

2.4.3. No se rindieron más informes.

6
Índice 4 del aplicativo SAMAI

www.consejodeestado.gov.co 3
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01536-00
Accionante: Héctor Pava Rojas

III. CONSIDERACIONES
3.1. Competencia

12. La Sala de Subsección A, de la Sección Segunda del Consejo de Estado es
competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo
dispuesto en el Decreto 2591 de 1991, el Acuerdo 080 de 20197 y demás normas
concordantes.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. De la solicitud de desvinculación

13. El Departamento del Valle del Cauca solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva, por inexistencia de un nexo de causalidad entre
la presunta vulneración de derechos fundamentales invocados en protección y esa
entidad.

14. No obstante, es menester señalar que por auto calendado el 27 de febrero
de 2026, se ordenó vincular al ente territorial citado por tener interés en el resultado
del proceso, toda vez que fue parte demandada en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, por lo que, con la finalidad de garantizar su derecho
de defensa, se negará su desvinculación.

3.3. Problema jurídico

15. De conformidad con lo expuesto, el problema jurídico se circunscribe en
establecer si el escrito presentado por el señor Héctor Pava Rojas cumple con los
requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencia judicial8.

16. En el evento en que la repuesta anterior sea afirmativa, se deberá determinar
si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en los defectos sustantivo
y por desconocimiento del precedente con ocasión de la sentencia núm. 123 del 29
de julio de 20209 que revocó la providencia núm. 083 del 17 de agosto de 2018
proferida por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral del Circuito de Cali al interior
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 76001-
33 33-004-2015-00152-00/01 y con ello, en la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de
justicia, al mínimo vital y al principio de legalidad del accionante.

3.4. Procedencia de la acción de tutela

17. La acción de tutela, establecida en el artículo 86 de la Constitución Política
de Colombia de 1991 y desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, así como por los
Decretos 306 de 1992 y 1382 de 2000, compilados en el Decreto 1069 de 2015,
protege los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados,

7 Reglamento interno del Consejo de Estado
8
En particular, los de relevancia constitucional, subsidiariedad e inmediatez.
9
Índice 2 del aplicativo SAMAI, 5_EXPEDIENTEDIGI_Demanda_4_20260227091521994

www.consejodeestado.gov.co 4
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01536-00
Accionante: Héctor Pava Rojas

actuando de manera residual o subsidiaria en ausencia de otros medios judiciales,
salvo cuando se requiera utilizar como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

3.4.1. La relevancia constitucional como requisito de procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales

18. La Corte Constitucional, ha establecido que el requisito de relevancia
constitucional se entiende satisfecho cuando la controversia objeto de tutela trata
de un asunto que involucra algún debate jurídico al contenido, alcance y goce de
un derecho fundamental o un principio constitucional y ha precisado que es
imperativo que se demuestre de forma marcada e indiscutible que se cumple con
el referido requisito10. La finalidad de esta exigencia es la de preservar la
independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional e
impedir que la acción de tutela se torne en una instancia o recurso adicional de los
procesos ordinarios.

19. En ese sentido, en la Sentencia SU-215 de 202211, se establecieron los
siguientes criterios para determinar si se cumple con el referido requisito:

20. Que la controversia verse sobre un asunto constitucional, mas no
meramente legal y/o económico. Es decir, que el caso no se circunscriba a la
determinación de aspectos legales de un derecho, derivados de la correcta
interpretación o aplicación de una norma de rango legal o reglamentario, y que el
debate no sea estrictamente monetario de ni connotaciones particulares o privadas
que no representen un interés general12.

21. Que el caso verse sobre un debate jurídico que gire en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental. Dicho de otro modo, no basta con
que la parte actora alegue la violación al debido proceso y a la seguridad social,
sino que debe ir más allá «de la mera adecuación del caso a un lenguaje que
exponga una relación con derechos fundamentales», lo cual supone justificar de
manera razonada y clara la «existencia de una restricción desproporcionada a un
derecho fundamental»13.

22. Que la acción de tutela no sea empleada como una tercera instancia o un
recurso adicional para reabrir debates resueltos por los jueces ordinarios.
Sobre este punto, el máximo órgano constitucional ha expresado que la tutela
contra providencias judiciales no es un juicio de corrección sino de validez del fallo
cuestionado. Por ende, la intervención del juez constitucional solo se justifica si se
verifica la existencia de «una actuación ostensible arbitraria e ilegítima de la
autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido
proceso»14.

10
Sentencias C-590 de 2005, T-102 de 2006, T-136 de 2015, SU-573 de 2019, SU-073 de 2019 y T-140 de 2022,
proferidas por la Corte Constitucional.
11
Corte Constitucional, Sentencia SU-215 de 2022, MP Cristina Pardo Schlesinger.
12
Sentencias T-610 de 2015, SU-573 de 2019, SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
13
Sentencias SU-439 de 2017, SU-573 de 2019 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
14
Sentencias T-555 de 2009, T-016 de 2019 y T- 410 de 2022, proferidas por la Corte Constitucional.

www.consejodeestado.gov.co 5
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01536-00
Accionante: Héctor Pava Rojas

23. Que la solicitud de amparo que pretenda la protección de los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados, no se haya originado en el
comportamiento negligente u omisivo del accionante en el procedimiento judicial.15

3.4.3. Del requisito de subsidiariedad

24. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagró el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determinó
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991.

25. Así las cosas, cuando existen otros mecanismos de defensa judicial que
resultan idóneos y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se
consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la tutela.

26. Al respecto, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo
su competencia16.

27. No obstante, es claro que en determinadas oportunidades el enfoque bajo el
cual se resuelven no es suficiente para precaver la vulneración de derechos
fundamentales, puesto que los recursos pueden ser ineficientes o inadecuados,
momento en el cual la tutela se torna procedente para precaver la eventual
conculcación de estas garantías de orden superior.

3.4.4. Del requisito de inmediatez

28. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, se debe acreditar que
la tutela contra providencia judicial se ha interpuesto en un plazo razonable,
respecto de lo cual ha señalado:

«[…] de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos
de resolución de conflictos».

Además, como lo señaló la misma Corporación17, el requisito de la inmediatez
protege los derechos de terceros «que pueden ser vulnerados por una tutela

15
Sentencias SU-128 de 2021 y T-410 de 2022 proferidas por la Corte Constitucional.
16 En sentencia T-313 de 1 de abril de 2005, se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan (sic)

un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el
ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del
Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que
desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección
de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
17
Corte Constitucional. Sentencia T-217 de 2013.

www.consejodeestado.gov.co 6
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01536-00
Accionante: Héctor Pava Rojas

ejercida en un plazo irrazonable18»; «da vigencia al principio de seguridad
jurídica, al impedir que el amparo se convierta en un factor que atente contra
ella»19; y previene el abuso del derecho, al «evitar el uso de este mecanismo
constitucional como herramienta supletiva de la propia negligencia en la agencia
de los derechos»20.

29. Se trata entonces de una condición que permite concretar la urgencia del
amparo constitucional y, por tanto, determinar si la acción se interpuso en un plazo
razonable, pues la tutela es un medio excepcional de protección pronta y eficaz de
derechos, por lo que se requiere que se ejerza en un tiempo prudencial.

30. En atención a lo dicho, la Sala Plena de esta Corporación, en sentencia del
5 de agosto de 2014, acogió como regla general «un plazo de seis meses, contados
a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para
determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce
oportunamente.»21

3.5. Caso concreto

31. En el presente asunto, el señor Héctor Pava Rojas interpuso acción de tutela
contra la sentencia núm. 123 del 29 de julio de 2020 proferida por el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, mediante la cual se revocó la providencia núm.
083 del 17 de agosto de 2018 dictada por el Juzgado Cuarto Administrativo Oral
del Circuito de Cali dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho promovido por el hoy accionante contra el Departamento del Valle del
Cauca.

32. En la providencia citada, el ad quem resolvió revocar el fallo favorable al
demandante y, en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, decisión que, a
juicio del actor, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y al principio de
legalidad, al incurrir presuntamente en un defecto sustantivo y en el
desconocimiento del precedente jurisprudencial relacionado con el régimen de
transición pensional.

33. Ahora bien, la providencia judicial cuestionada fue proferida el 29 de julio de
2020, mientras que la presente acción de tutela fue presentada el 27 de febrero de
2026, esto es, aproximadamente cinco (5) años y siete (7) meses después de
emitida la decisión que se acusa de vulnerar los derechos fundamentales del
accionante.

34. No obstante lo expuesto en precedencia, y pese a que de inicio podría
colegirse incumplido el requisito de inmediatez, la Sala advierte que la parte actora
presentó oportunamente recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia

18
Sentencias T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-654 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1084 de 2006, T-1009 de
2006, T-792 de 2007, T-594 de 2008 entre otras.
19
Sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-158 de 2006, T-692 de 2006, T-890 de 2006, T-905 de 2006, T-1009 de
2006, T-1084 de 2006, T-825 de 2007, T-299 de 2009, T-691 de 2009 y T-883 de 2009, entre otras.
20
Sentencia T-594 de 2008. En el mismo sentido sentencias T-526 de 2005, T-016 de 2006, T-692 de 2006, T-1009 de 2006,
T-299 de 2009, T-691 de 2009, T-883 de 2009, entre otras.
21
Corte Constitucional, Sentencia T-461 de 2019

www.consejodeestado.gov.co 7
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01536-00
Accionante: Héctor Pava Rojas

contemplado en el artículo 256 del CPACA que le fue resuelto de manera
desfavorable el 5 de septiembre de 2025.

35. En ese orden de ideas, la Sala estima pertinente flexibilizar el requisito
de inmediatez en este asunto, teniendo en cuenta que la parte accionante agotó
el recurso citado, previo a la presentación de esta acción constitucional el día 26 de
febrero de 2026. En consecuencia, el término de seis (6) meses será contabilizado
a partir de la ejecutoria de la decisión proferida el 5 de septiembre de 2025, esto
es, el 15 de septiembre de la anualidad referida, lo que permite concluir que la
interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y
proporcionado».

36. En concordancia con lo anterior, con la interposición del recurso citado, se
infiere que el señor Pava Rojas también cumplió con el requisito de
subsidiariedad pues se advierte que en este momento procesal la providencia
objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el
amparo constitucional.

37. Ahora bien, en el caso concreto se advierte que la acción de tutela no
cumple con la carga de relevancia constitucional toda vez que la parte actora
pretende que, a través del amparo constitucional, se resuelva un debate que es de
competencia del juez natural de la causa, que ya fue controvertido y decidido en
sede ordinaria y claramente desborda sus límites y finalidad.

38. En el asunto objeto de estudio, el actor se limitó a exponer unos apartes de
la providencia de primera instancia que considera deben ser aplicados a su asunto,
pero no fundamentó en manera alguna su postura al respecto, ni por qué tales
planteamientos, más allá de evidenciarse su desazón con la decisión adoptada por
el Tribunal, constituirían una trasgresión ius fundamental.

39. En ese entendido, se infiere que la acción de tutela se dirige a cuestionar la
interpretación judicial por parte de la autoridad judicial accionada respecto de las
causales para la terminación del contrato o la cesación de la relación legal y
reglamentaria y a la potestad del empleador para expedir actos de retiro del servicio
cuando el servidor público cumpla con los requisitos para tener derecho a la
pensión, aspectos que carecen de relevancia constitucional, máxime cuando la
autoridad judicial accionada, sustentó su decisión en la normativa vigente al
respecto.

40. Así las cosas, la inconformidad con la decisión judicial no basta para habilitar
el amparo, pues ello implicaría desnaturalizar la finalidad de la acción y la
convertiría en una instancia adicional.

41. En consideración a lo expuesto, la parte accionante no logró demostrar
cómo fueron afectados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, al acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y al principio de
legalidad ni alguna otra garantía que se desprenda de estos, por lo que se
recuerda que en sede constitucional no basta con alegar la supuesta

www.consejodeestado.gov.co 8
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Acción de Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01536-00
Accionante: Héctor Pava Rojas

trasgresión, sino que debe probarse.

42. Por el contrario, se pudo evidenciar que el proceso en general se ha llevado
de manera transparente, atendiendo los requerimientos de las partes, en los plazos
establecidos por la ley, con respeto al derecho de defensa y de contradicción, sin
vulnerar en medida alguna ningún derecho fundamental de la parte actora, por lo
que el escrito presentado resulta claramente frágil.

43. Así las cosas, en los términos en que fue planteada la controversia, la Sala
declarará la improcedencia de la acción de tutela toda vez que se evidenció que la
misma no cumple con el requisito de relevancia constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Negar la solicitud de desvinculación presentada por el Departamento del
Valle del Cauca, por los motivos planteados en el numeral 3.2 de esta providencia.

Segundo: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor
Héctor Pava Rojas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

Tercera: Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.

Cuarto: De no ser impugnada esta providencia, enviar a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

www.consejodeestado.gov.co 9
Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700
Bogotá D.C. – Colombia

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.