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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01546-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01546-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Negar la solicitud de desvinculación del Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por departamento de Boyacá - Secretaría de Hacienda - Dirección Departamental de Pasivos Pensionales de Boyacá, quien actúa a través de apoderado judicial, por las razones aquí expuestas. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01546-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01546-00
Accionante: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ - SECRETARÍA DE
HACIENDA - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE PASIVOS
PENSIONALES DE BOYACÁ
Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN D

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho – cuotas partes pensionales. Caducidad
de la acción establecida en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
Defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el departamento de Boyacá - Secretaría de Hacienda - Dirección
Departamental de Pasivos Pensionales de Boyacá, quien actúa a través de
apoderado judicial, contra la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 26 de febrero de 2026, la parte demandante solicitó al juez constitucional la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la igualdad, así como los principios de confianza
legítima y seguridad jurídica, supuestamente vulnerados por la autoridad judicial
accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

[sic a toda la cita] “2.1 Amparar los derechos fundamentales al debido proceso, acceso
a la justicia, seguridad jurídica, confianza legítima, prevalencia del derecho sustancial y
tutela judicial efectiva del Departamento de Boyacá, vulnerados por la sentencia del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca del 14 de agosto de 2025, notificada el día 26
de agosto de 2025.

2.2. Dejar sin efectos la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca dentro del proceso No. 11001334205120230008301, y en su lugar,
ordenar que se emita una nueva decisión judicial en la que se resuelva de fondo el

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Demandante: Departamento de Boyacá

recurso de reposición interpuesto por el apoderado, en el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentado por el Departamento de Boyacá”.

2. Hechos

La parte actora relató que presentó demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho contra la Nación – Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Protección Social (UGPP) y Par Telecom, con la pretensión de que se declarara
la nulidad parcial de las Resoluciones nos. 1830 del 8 de septiembre de 1992 y 1826
del 19 de agosto de 1993, mediante las cuales se reconoció y reliquidó una pensión
de jubilación y se estableció el monto de una cuota parte pensional a cargo de la
Caja de Previsión Social de Boyacá.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara la modificación de
los actos acusados, estableciendo que el porcentaje correcto de la cuota parte
pensional respecto de la pensión de jubilación reconocida a favor de la señora Ana
Rosa Adorcinda Cortés, era del 28 % del valor de la pensión.

Precisó que el proceso correspondió por reparto al Juzgado Cincuenta y Uno
Administrativo del Circuito de Bogotá, bajo el radicado no. 11001-33-42-051-2023-
00083-00, el cual mediante sentencia del 14 de diciembre de 2024 negó las
pretensiones de la demanda, al considerar que la cuota parte pensional se ajustó a
la normatividad aplicable y a la proporción del tiempo de servicio, sin que los factores
salariales incidieran en la distribución entre las entidades. Asimismo, señaló que no
se probó que la reliquidación hubiese alterado indebidamente la proporción de días
que debía financiar la entidad demandante.

Contra dicha decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación, al
estimar que el fallo desconoció las pruebas obrantes en el expediente y omitió
aplicar la normatividad y la jurisprudencia vigentes sobre la correcta distribución de
las cuotas partes pensionales, pues consideró que debió surtirse la consulta previa
al proyecto del acto administrativo de reliquidación, en el que se incluyeron primas
y bonificaciones propias de un régimen especial.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 14 de agosto de 20251, revocó la decisión que negó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarar configurada de oficio la
excepción de caducidad, tras concluir que la demanda fue presentada una vez
transcurridos los cinco años contados a partir del reconocimiento pensional, razón
por la cual resultaba aplicable lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora manifestó que se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra sentencias judiciales. En cuanto a la relevancia
constitucional indicó que la controversia planteada no se limita a un simple
desacuerdo sobre la interpretación de la ley ordinaria, sino que presenta una
dimensión constitucional directa, en la medida en que la decisión cuestionada

1
Notificada por correo electrónico de 26 de agosto de 2025
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vulnera derechos fundamentales, específicamente el debido proceso, el acceso a la
justicia, la confianza legítima y la tutela judicial efectiva.

Asimismo, precisó que el debate trasciende el interés particular, puesto que la
providencia impugnada incide en el sistema de reparto y en la sostenibilidad del
régimen pensional interadministrativo, con efectos directos sobre la administración
de los recursos públicos y la protección de los derechos sociales de los
exfuncionarios beneficiarios de las cuotas partes pensionales. En relación con las
causales especiales de procedibilidad, explicó que se configuraron los defectos
sustantivo y el desconocimiento del precedente judicial.

Respecto del defecto sustantivo sostuvo que la autoridad judicial accionada aplicó
de manera retroactiva el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 a una demanda
interpuesta con anterioridad a su entrada en vigencia. Agregó que, para la fecha en
que se profirió la sentencia -14 de agosto de 2025-, dicha disposición no se
encontraba vigente, toda vez que la Corte Constitucional, mediante comunicado del
17 de junio de 2025, informó que por Auto 841 de la misma fecha, la aplicación de
la norma quedaba suspendida hasta que la Sala Plena se pronunciara sobre su
constitucionalidad.

Precisó que la demanda fue presentada bajo la vigencia del artículo 164 de la Ley
1437 de 2011, el cual permitía su interposición en cualquier tiempo. Añadió que las
cuotas partes pensionales configuran obligaciones de ejecución sucesiva, razón por
la cual el término de caducidad no se agota con un único acto administrativo, sino
que se renueva mientras subsista la relación jurídica derivada del pago compartido
de la pensión.

Señaló que, en un caso con contornos fácticos similares, la Sección Tercera del
Consejo de Estado -expediente 11001-03-15-000-2025-05029-00- amparó los
derechos fundamentales al considerar que el Tribunal incurrió en un yerro al
interpretar el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, pues se limitó a afirmar que dicha
norma consagró un término de caducidad de cinco años para las reclamaciones
pensionales y que, por virtud de su tenor literal, resultaba aplicable a los asuntos en
curso. Sin embargo, no efectuó un análisis adecuado sobre la forma en que debía
computarse dicho término y aplicó la ley de manera retroactiva.

Adujo además que se desconoció el precedente judicial fijado en las sentencias
del 29 de noviembre de 2024 (radicado n.° 2016-06215) y del 12 de febrero de 2025
(radicado n.° 2018-00419-01), proferidas por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en las cuales se precisó que “las cuotas partes pensionales constituyen
obligaciones de tracto sucesivo, no sujetas a caducidad”, y que “la aplicación
retroactiva del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 vulnera el debido proceso y el
acceso a la justicia”.

Asimismo, sostuvo que el Tribunal accionado se apartó de la sentencia del 11 de
marzo de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá (radicado n.°
15238-33-33-001-2024-00193-01), y concluyó que al hacerlo sin una motivación
constitucionalmente suficiente, incurrió en una “vía de hecho” por desconocimiento
del precedente judicial, en contravía de lo dispuesto en los artículos 228 y 230 de la
Constitución Política. Recordó que, si bien la jurisprudencia constituye un criterio
auxiliar de la actividad judicial, adquiere carácter vinculante cuando desarrolla

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derechos fundamentales o unifica la interpretación judicial, conforme a lo precisado
por la Sentencia C-836 de 2001.

Sostuvo, igualmente, que de conformidad con el artículo 29 de la Constitución
Política, nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que
se le imputa, lo cual materializa el principio de irretroactividad normativa. En ese
sentido, afirmó que las disposiciones constitucionales que regulan de manera
expresa los efectos derivados del tránsito de las leyes en el tiempo se encuentran
principalmente en los artículos 29 y 58 superiores, los cuales garantizan la
seguridad jurídica y la protección de las situaciones jurídicas consolidadas.

Por último, manifestó que, al tratarse de una prestación periódica, la demanda
orientada a analizar la legalidad del acto administrativo mediante el cual se
reconoció el pago de una pensión, y en la que resulta necesario determinar las
cuotas partes correspondientes a las entidades obligadas al pago de la prestación
social, puede presentarse en cualquier tiempo, de conformidad con la jurisprudencia
aplicable y con lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

4. Trámite procesal

Por auto de 3 de marzo de 2026, el despacho del magistrado sustanciador admitió
la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar a la parte accionante
y a la autoridad judicial accionada -Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Segunda, Subsección D-. De igual modo, se dispuso vincular al trámite a a
la Nación, Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones,
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social – UGPP, Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y
Teleasociados en liquidación, y al Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del
Circuito de Bogotá, en calidad de terceros con interés. Así como a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en virtud de lo dispuesto en el artículo 610
del Código General del Proceso2.

5. Oposición

5.1. Respuesta de la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca

La magistrada ponente de la sentencia objetada rindió informe en el que solicitó
declarar improcedente la acción de tutela por falta del requisito de relevancia
constitucional y, de manera subsidiaria, negar las pretensiones de la demanda. Al
respecto, sostuvo que en la sentencia se concluyó que en el asunto se configuró el
fenómeno de la caducidad, por lo que procedía su declaratoria de oficio en virtud de
lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

En cuanto a los defectos invocados por la parte accionante indicó que no se
encuentran demostrados, toda vez que la aplicación de la Ley 2381 de 2024, al ser
de carácter eminentemente procesal, es inmediata. En consecuencia, era aplicable
al momento de proferirse la sentencia de segunda instancia, y las providencias
invocadas no constituyen sentencias de unificación ni precedente vertical

2
La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas n.º 40157 a 40163 de 5 de
marzo de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.
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obligatorio.

Por último, precisó que el Auto 841 de 2025 de la Corte Constitucional, mediante el
cual se suspendió la entrada en vigencia de la Ley 2381 de 2024, fue publicado el
14 de agosto de 2025, esto es, en la misma fecha en que se profirió la sentencia
objeto de reproche, sin que dicha providencia hubiese sido notificada, razón por la
cual no había adquirido efectos jurídicos vinculantes.

5.2. Respuesta de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

La apoderada de la entidad rindió informe en el que solicitó que se declarara la
improcedencia de la acción de tutela, al considerar que la parte actora no podía
pretender utilizar el mecanismo constitucional como una instancia adicional para
revisar las decisiones adoptadas por el juez natural. Asimismo, precisó que no
existía vulneración alguna de los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, toda vez que dentro del proceso judicial se le garantizaron plenamente sus
derechos de contradicción y defensa, por lo que de manera subsidiaria pidió negar
las pretensiones.

Indicó que la decisión adoptada en el marco del proceso judicial respetó el debido
proceso y se ajustó estrictamente a las normas y a la jurisprudencia aplicables, así
como a las pruebas oportunamente aportadas y debidamente valoradas por el
despacho judicial al momento de resolver el caso.

5.3. Respuesta del Ministerio de Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones

El apoderado de la entidad rindió informe en el que solicitó declarar la
improcedencia de la acción de tutela, así como su desvinculación del trámite, al
advertir que lo que se cuestiona es una decisión proferida por una autoridad judicial,
respecto de la cual el Ministerio carece de competencia.

Señaló que la acción de tutela fue promovida con el propósito de controvertir la
interpretación efectuada por el juez natural en relación con la aplicación inmediata
del término previsto en la Ley 2381 de 2024, circunstancia que evidencia la ausencia
de relevancia constitucional.

5.4. El Patrimonio Autónomo de Remanentes Telecom y Teleasociados en
liquidación – PAR y el Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de
Bogotá, no rindieron informe.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del
Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

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2. Cuestión preliminar

En el escrito de contestación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y de
las Comunicaciones solicitó su desvinculación del trámite constitucional, al exponer
que carece de competencia para atender las pretensiones planteadas por la parte
accionante.

Conforme lo disponen los artículos 86 de la Constitución Política, el 5 del Decreto
2591 de 1991 y en atención a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en la que
al estudiar la falta de legitimación en la causa por pasiva ha explicado que este
requisito “hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción,
de ser la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental, en
3
caso de que la transgresión del derecho alegado resulte demostrada” . Así las cosas, la
Sala negará la solicitud presentada, en la medida en que se constató que su
vinculación se efectuó en calidad de tercero con interés, por haber sido parte
accionada en el proceso ordinario dentro del cual se profirió la decisión judicial que
ahora se controvierte.

3. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a esta Sala determinar si la acción de tutela presentada por el
departamento de Boyacá - Secretaría de Hacienda - Dirección Departamental de
Pasivos Pensionales de Boyacá, quien actúa a través de apoderado judicial, resulta
procedente conforme a los requisitos generales establecidos para cuestionar
providencias judiciales. En caso afirmativo, deberá establecer si la Subsección D de
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca incurrió en los
defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial, con ocasión de
la sentencia dictada el 14 de agosto de 2025.

4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos4 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos Civiles
y Políticos5, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud del
bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20126, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcional de la solicitud de tutela contra providencias judiciales,
cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

3
Sentencia T-005 de 2022.
4
Aprobada por el Congreso de la República medio de la Ley 16 de 1972.
5
Aprobado por el Congreso de la República medio de la Ley 74 de 1968.
6
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
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Más adelante, la misma Sala en sentencia de 5 de agosto de 2014 7, precisó el
ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias judiciales, lo que
llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también, respecto “de sus
máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas que “pueden
eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”. En la misma
decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación que sistematizó
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20058.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al
alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es
decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado
a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique de manera
razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.

Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico9; (ii) Defecto procedimental absoluto10; (iii) Defecto
fáctico11; (iv) Defecto material o sustantivo12; (v) Error inducido13; (vi) Decisión sin
motivación14; (vii) Desconocimiento del precedente15 y (viii) Violación directa de la
16
Constitución .

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el

7
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
8
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
9
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
10
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
11
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
12
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
13
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
14
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
15
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario
aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
16
Esas consideraciones se han reiterado por la Corte Constitucional en las recientes sentencias SU-114 de
2023 y SU-061 de 2023, M. P. Diana Fajardo Rivera.
7

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interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo17 y de la Corte Constitucional18.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa juzgada
y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez natural,
atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al momento de
estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

5. Estudio y solución del caso concreto

5.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

La Sala encuentra que, en el presente caso, i) la acción de tutela es de evidente
relevancia constitucional, porque debe determinarse si el fallo de segunda instancia
proferido dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
mediante el cual se revocó la sentencia de primera instancia que había negado las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, se declaró probada la excepción de
caducidad con fundamento en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la igualdad, así como los principios de confianza legítima y seguridad jurídica.
Asimismo, se advierte que el asunto cuenta con la suficiente carga argumentativa y
explicativa.

En relación con los demás requisitos se encuentran acreditados, toda vez que (ii) la
parte accionante no cuenta con otro medio de defensa judicial, pues en el caso se
agotó el recurso de apelación contra la sentencia reprochada, y se observa que no
se configura ninguna de las causales de procedencia del recurso extraordinario de
revisión y de unificación de jurisprudencia, (iii) se cumple el requisito de la
inmediatez, toda vez que la providencia objetada fue notificada mediante correo
electrónico enviado el 26 de agosto de 202519 y la acción de tutela se presentó el 26
de febrero de 2026, dentro de los seis (6) meses establecidos como plazo razonable
precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional20; (iv) se identificaron de
manera razonable los hechos que generaron la supuesta vulneración de derechos
fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un fallo de tutela.

17
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01), Sentencia
del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01, Sentencia
del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
18
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella Ortiz
Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto Rojas Ríos
y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
19
Artículo 205. Notificación por medios electrónicos. <Artículo modificado por el artículo 52 de la Ley 2080
de 2021. El nuevo texto es el siguiente:> La notificación electrónica de las providencias se someterá a las
siguientes reglas: 1. La providencia a ser notificada se remitirá por el Secretario al canal digital registrado y para
su envío se deberán utilizar los mecanismos que garanticen la autenticidad e integridad del mensaje. 2. La
notificación de la providencia se entenderá realizada una vez transcurridos dos (2) días hábiles siguientes al
envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Se presumirá
que el destinatario ha recibido la notificación cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro
medio constatar el acceso del destinatario al mensaje. El Secretario hará constar este hecho en el expediente.
De las notificaciones realizadas electrónicamente se conservarán los registros para consulta permanente en
línea por cualquier interesado.
20
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y sentencia T-619 de
2019, Corte Constitucional, M.P.: Antonio José Lizarazo Ocampo.
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Demandante: Departamento de Boyacá

5.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos alegados

El departamento de Boyacá - Secretaría de Hacienda - Dirección Departamental de
Pasivos Pensionales de Boyacá, quien actúa por intermedio de apoderado judicial,
presentó acción de tutela contra la Subsección D de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca por la supuesta vulneración de sus
derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia
y a la igualdad, así como los principios de confianza legítima y seguridad jurídica,
con la sentencia de 14 de agosto de 2025, por la cual revocó la decisión emanada
del Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá de 14 de
diciembre de 2024, que negó las pretensiones de la demanda y, en su lugar, declaró
probada de oficio la excepción de caducidad.

De manera concreta, la parte actora alegó que la decisión proferida por el Tribunal
accionado incurrió en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente
judicial, al aplicar de forma retroactiva el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 a una
demanda presentada con anterioridad a su entrada en vigencia, a la cual resultaba
aplicable el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011. Añadió que, para el momento en
que se profirió la sentencia, dicha disposición se encontraba suspendida por la Corte
Constitucional, en virtud del Auto 841 del 17 de junio de 2025.

Adicionalmente, sostuvo que se desconoció el precedente judicial relevante fijado
en las sentencias proferidas en noviembre de 2024 y febrero de 2025 por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en las cuales se precisó que las cuotas partes
pensionales no están sujetas a caducidad y que la aplicación retroactiva del artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 vulnera los derechos fundamentales al debido proceso
y al acceso a la administración de justicia. Así como de la sentencia del 11 de marzo
de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

En relación con el defecto sustantivo, resulta del caso precisar que se materializa
cuando la decisión que adopta el juez desborda el marco de acción que la
Constitución y la ley le reconoce, lo cual, de acuerdo con la jurisprudencia de la
Corte Constitucional puede darse en los siguientes casos:

“(i) Cuando existe carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la
decisión se sustenta en una norma inexistente, derogada, o que ha sido
declarada inconstitucional. (ii) La decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable por no ser pertinente. A pesar de que la norma en
cuestión está vigente y es constitucional, su aplicación no resulta adecuada a
la situación fáctica objeto de estudio como, por ejemplo, cuando se le
reconocen efectos distintos a los señalados por el legislador (iv) Cuando se
aplica una norma cuya interpretación desconoce una sentencia con
efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido
contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el
ordenamiento jurídico. (v) La disposición aplicada se muestra
injustificadamente regresiva o claramente contraria a la Constitución.
(vi) Cuando un poder concedido al juez se utiliza para un fin no previsto en la
disposición. (vii) La decisión se funda en una interpretación no sistemática del
derecho, omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso. (viii) El
servidor judicial da una insuficiente sustentación o justificación de una
actuación que afecta derechos fundamentales. (ix) Se desconoce el
precedente judicial sin ofrecer un mínimo razonable de argumentación.
(x) Cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad
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ante una violación manifiesta de la Constitución. Se trata de la aplicación de
normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido
normativo no ha sido declarado inexequible, este es contrario a la constitución,
o al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por
lo que debe ser igualmente inaplicada. (xi) Cuando la providencia incurre en
incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se
configura cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones
expuestas en la providencia”21.

Además de las anteriores circunstancias, se ha señalado que una autoridad judicial
puede incurrir en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable en, al menos,
dos hipótesis: “(i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta
no tiene (contraevidente –interpretación contra legem–), o de manera injustificada para los
intereses legítimos de una de las partes; y (ii) cuando le confiere a la disposición
infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir
de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de rango
constitucional o conduce a resultados desproporcionados, sacando la decisión del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable”22.

Sobre la aplicación del precedente judicial la Corte Constitucional ha dicho que
implica que23: “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad con el(los)
caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el caso pendiente de fallo
son semejantes a los supuestos de hecho que enmarcan el caso del pasado, (ii) si la
consecuencia jurídica aplicada a los supuestos del caso pasado, constituye la pretensión
del caso presente y (iii) si la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado
en una distinta o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su
aplicación”.

El precedente judicial es de dos tipos: (i) el horizontal, que incluye las decisiones
que dictó el mismo juez u otro de igual jerarquía, y (ii) el vertical, que está
conformado por las decisiones de los jueces de superior jerarquía, en especial, las
decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción.

En cuanto al precedente vertical, la Corte Constitucional ha dicho que el respeto por
las decisiones proferidas por los jueces de superior jerarquía -y, en especial, de los
órganos de cierre en cada una de las jurisdicciones- no constituye una facultad
discrecional del funcionario judicial, sino que es un deber de ineludible
cumplimiento. Es decir, para garantizar un mínimo de seguridad jurídica y el derecho
a la igualdad, los funcionarios judiciales se encuentran vinculados a la regla
jurisprudencial que haya fijado el órgano de cierre de cada jurisdicción.

En resumidas cuentas, para examinar la procedencia de la tutela contra
providencias judiciales, por desconocimiento del precedente judicial, se deben
observar las siguientes reglas24:

1. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría desconocido y
exponer las razones por las que estima que se desconoció 25.

21
Corte Constitucional, sentencia SU-574 de 2019, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
22
Ibíd.
23
Sentencia T-158 de 2006, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
24
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
25
La Corte Constitucional ha dicho: “la existencia de un precedente no depende del hecho de que se haya
dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable al caso. Es
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2. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se habría dejado
de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso análogo ya decidido.
3. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se dejó de aplicar.
4. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen diferencias
entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las razones para
apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá desconocimiento del
precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco habrá desconocimiento
del precedente si el juez expone las razones para apartarse.
5. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la razón central de
la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge de la valoración que
el juez hace de las normas frente a los hechos y el material probatorio en cada caso
concreto26.
6. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la protección del
derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la garantía de la
confianza legítima.

De las pruebas que obran en el expediente está demostrado que la parte accionante
interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación –
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la Unidad de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) y
Par Telecom, con el fin de que se declarara la nulidad parcial de las Resoluciones
nos. 1830 del 8 de septiembre de 1992 y 1826 del 19 de agosto de 1993, mediante
las cuales se reconoció y reliquidó una pensión de jubilación y se estableció el monto
de una cuota parte pensional a cargo de la Caja de Previsión Social de Boyacá.

A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara la modificación de
los actos acusados, estableciendo que el porcentaje correcto de la cuota parte
pensional respecto de la pensión de jubilación reconocida a favor de la señora Ana
Rosa Adorcinda Cortés, era del 28 % del valor de la pensión.

El Juzgado Cincuenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá mediante
sentencia del 14 de diciembre de 2024, negó las pretensiones de la demanda, al
considerar que la cuota parte pensional se ajustó a la normatividad aplicable y a la
proporción del tiempo de servicio, sin que los factores salariales incidieran en la
distribución entre las entidades. Asimismo, señaló que no se probó que la
reliquidación hubiese alterado indebidamente la proporción de días que debía
financiar la entidad demandante.

La anterior decisión fue apelada por la parte demandante, quien sostuvo que el fallo
desconoció las pruebas obrantes en el expediente y omitió aplicar la normatividad y
la jurisprudencia vigentes sobre la correcta distribución de las cuotas partes
pensionales, pues, a su juicio, debió surtirse la consulta previa al proyecto del acto
administrativo de reliquidación, en el cual se incluyeron primas y bonificaciones
propias de un régimen especial.

necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta indispensable que se
aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega, tiene el deber de indicar
que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución jurídica del caso (su ratio
decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá demandarse la aplicación del
precedente, por vía analógica” (se destaca).
26
Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es “la formulación general, más allá de las particularidades
irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial
específica. Es, si se quiere, el fundamento normativo directo de la parte resolutiva”. Ver, por ejemplo, la
sentencia T-443 de 2010.
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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D,
mediante sentencia del 14 de agosto de 2025 notificada el 26 del mismo mes y año,
revocó la decisión que negó las pretensiones de la demanda, para en su lugar,
declarar configurada de oficio la excepción de caducidad, tras concluir que la
demanda fue presentada una vez transcurridos los cinco años contados a partir del
reconocimiento pensional, razón por la cual resultaba aplicable lo dispuesto en el
inciso segundo del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.

Para arribar a la anterior decisión, la autoridad judicial formuló como problema
jurídico la determinación de si el medio de control se encontraba afectado por el
fenómeno de la caducidad, en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 2381
de 2024. A partir de ello, explicó que el juez natural, en su calidad de director del
proceso, está llamado a revisar las irregularidades o nulidades que se presenten,
así como a preservar la regularidad de la actuación procesal mediante el estudio y
resolución de las excepciones previas que condicionan la posibilidad de proferir una
decisión de fondo. En ese sentido, consideró que la caducidad debe ser declarada
incluso de oficio cuando se encuentre debidamente configurada.

Sobre dicha institución precisó que la caducidad determina el tiempo dentro del cual
debe ejercerse el derecho de acción, por lo que no puede entenderse como una
forma de vulneración o desconocimiento del derecho de acceso a la administración
de justicia, en la medida en que impone el deber de un ejercicio oportuno de dicho
derecho. En ese contexto, recordó que el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 previó
la posibilidad de demandar en cualquier tiempo los actos administrativos que
reconozcan prestaciones periódicas.

No obstante, señaló que el Congreso de la República expidió la Ley 2381 de 2024,
“por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez,
invalidez y muerte de origen común, y se dictan otras disposiciones”, introduciendo una
modificación relevante respecto del término para ejercer las acciones
administrativas y contencioso-administrativas relacionadas con el reconocimiento
de pensiones.

Al respecto, la autoridad judicial accionada indicó que el artículo 86 de la referida
ley estableció un término de caducidad específico para las acciones administrativas
y contencioso-administrativas dirigidas contra pensiones ya reconocidas,
precisando que dichas acciones no podrán ejercerse después de cinco (5) años
contados a partir del acto de reconocimiento de la pensión por la entidad
competente.

En ese orden de ideas, el Tribunal señaló que resultaba determinante establecer la
entrada en vigencia de la norma en cuestión para analizar la configuración del
fenómeno de la caducidad. Así, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 94
y 95 de la Ley 2381 de 2024, concluyó que a partir del 16 de julio de 2024 entraron
en vigor las disposiciones de dicha ley que no se encuentran directamente
relacionadas con la aplicación del Sistema de Protección Social Integral para la
Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, cuya implementación se difirió para una
fecha posterior.

Con base en lo anterior, la decisión judicial concluyó que la aplicación del artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 debía surtirse desde la fecha de su promulgación, esto
es, el 16 de julio de 2024, razón por la cual resultaba procedente analizar el caso
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concreto a la luz de dicha norma de naturaleza procesal. Asimismo, precisó que, si
bien la Corte Constitucional informó mediante comunicado del 17 de junio de 2025
que, a través del Auto 841 de ese año, se dispuso la suspensión de la entrada en
vigencia de las normas de la Ley 2381 de 2024 hasta tanto se resolviera de manera
definitiva su constitucionalidad, lo cierto es que dicha decisión no había sido
notificada ni publicada oficialmente, por lo que carecía de fuerza vinculante y, en
consecuencia, la norma debía seguir siendo aplicada.

Así las cosas, el Tribunal accionado concluyó que, al haberse proferido los actos
acusados en los años 1992 y 1993, y teniendo en cuenta que la demanda de nulidad
y restablecimiento del derecho fue presentada el 29 de abril de 2022, el medio de
control se encontraba afectado por el fenómeno de la caducidad, en tanto se había
superado ampliamente el término previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
razón por la cual procedía su declaratoria.

En ese orden de ideas, se advierte, en primer lugar, que la parte actora sostuvo que,
en virtud del literal c) del numeral 1.º del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, en
armonía con el inciso final del artículo 157 ibídem, la demanda podía presentarse
en cualquier tiempo, al tratarse de una prestación periódica derivada del
reconocimiento de una pensión, respecto de la cual era necesario determinar las
cuotas partes correspondientes a las entidades obligadas a su pago.

Sobre este punto, la Sala precisa que, frente a dicho argumento, el Tribunal
accionado explicó que, si bien la citada disposición permite demandar en cualquier
tiempo los actos administrativos que reconocen prestaciones periódicas, lo cierto es
que la Ley 2381 de 2024 introdujo una regulación especial y posterior en materia
pensional, al establecer un término de caducidad de cinco (5) años para controvertir
judicialmente los actos de reconocimiento de pensiones. En consecuencia, concluyó
que, en estos casos, no resulta aplicable la regla general prevista en la Ley 1437 de
2011.

Adicionalmente, la Sala observa que lo relativo a la suspensión de la Ley 2381 de
2024 por la Corte Constitucional fue abordado de manera expresa en la decisión
objeto de reproche, en la cual se indicó que dicha determinación carecía de fuerza
vinculante, en tanto el Auto 841 del 17 de junio de 2025 no había sido notificado ni
publicado.
De las actuaciones registradas en la página oficial de la Corte Constitucional se
evidencia que la decisión correspondiente al expediente D-15989, según lo indicado
por la Secretaría General de dicha corporación, fue notificada por estado n.º 132 del
14 de agosto de 2025 y cuenta con constancia de ejecutoria del 20 del mismo mes
y año, en la que se indicó: “se hace constar que los autos de Sala Plena No. 1167 del 30
de julio de 2025 y 841 del 17 de junio de 2025 y los autos del 12 de agosto de 2025 fueron
notificados por medio del estado número 132 del catorce (14) de agosto de 2025 y
publicados en la misma fecha en la página web de la Corte Constitucional a las 8:00 a.m.
Así mismo, que el término de ejecutoria trascurrió los días 15, 19 y 20 de agosto de 2025”.
Así las cosas, la Sala observa que no le asiste razón a la parte actora al afirmar que
el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D
incurrió en un defecto sustantivo por haber aplicado el artículo 86 de la Ley 2381 de
2024 al caso concreto, pues la autoridad judicial accionada no fundamentó su
decisión en una norma inexistente, derogada o inaplicable para ese momento, ni
efectuó una interpretación irrazonable o contraevidente del ordenamiento jurídico,
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sino que, por el contrario, realizó un análisis sistemático y razonado de la normativa
vigente al momento de proferir el fallo, inclusive explicó los motivos por los que
aplicaba la norma aunque la misma contara con un comunicado que dada a conocer
su suspensión.
En efecto, la jurisprudencia reiterada de la Corte Constitucional ha sostenido que,
como regla general, los jueces deben decidir los asuntos sometidos a su
conocimiento con fundamento en la ley vigente al momento de adoptar la decisión,
por lo que la aplicación inmediata de la ley no desconoce el principio de
irretroactividad.
Bajo ese entendido, para la Sala, el Tribunal accionado actuó dentro del margen de
interpretación razonable que le reconoce el ordenamiento jurídico al aplicar el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, norma que se encontraba vigente al momento
de proferirse la sentencia de segunda instancia, esto es, el 14 de agosto de 2025,
pues como se vio el Auto 841 fue publicado en la misma oportunidad. En
consecuencia, no resulta procedente el argumento de la parte actora según el cual
la autoridad judicial aplicó de manera errónea una norma al caso concreto.
En consecuencia, la Sala concluye que no se configuró el defecto sustantivo
alegado, en la medida en que la decisión cuestionada se fundamentó en una norma
vigente y aplicable al caso concreto. En efecto, el Tribunal explicó de manera
suficiente que la regla especial y posterior prevista en la Ley 2381 de 2024
desplazaba la aplicación general del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011, y adoptó
su decisión conforme al derecho vigente al momento de fallar, en armonía con la
jurisprudencia constitucional sobre la aplicación inmediata de las normas
procesales.
Por otro lado, la parte actora afirmó que la decisión reprochada desconoció el
precedente judicial fijado en las sentencias del 29 de noviembre de 2024(radicado
no. 2016-06215-01) y 12 de febrero de 2025 (radicado no. 2018-00419-01)
proferidas por la Sección Segunda del Consejo de Estado, en las cuales se
precisaba que “las cuotas partes pensionales constituyen obligaciones de tracto
sucesivo, no sujetas a caducidad”. Y que “la aplicación retroactiva del artículo 86 de
la Ley 2381 de 2024 vulnera el debido proceso y el acceso a la justicia”. Asimismo,
sostuvo que el Tribunal accionado también se apartó de la sentencia de 11 de marzo
de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá (radicado no. 15238-33-
33-001-2024-00193-01).
Al respecto, la Sala evidencia que existen criterios interpretativos divergentes entre
las distintas subsecciones de la Sección Segunda del Consejo de Estado en relación
con la aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. En efecto, la Subsección
A27 ha declarado de oficio la caducidad en procesos de nulidad y restablecimiento
del derecho iniciados con anterioridad a la expedición de esa ley. Por su parte, la
Subsección B28 ha sostenido que debe aplicarse el literal c) del numeral 1 del artículo
164 de la Ley 1437 de 2011, al considerar que esa era la norma vigente al momento
de presentación de la demanda y que, para entonces, no se preveía un término de
caducidad para esos casos. Por lo anterior, al existir criterios de interpretación
diferentes no existe una postura unificada y pacífica respecto de la aplicación del
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, por lo tanto, no es posible predicar el
desconocimiento del precedente judicial.

27
Exp. Radicado n.º 2018-00419-01.
28
Exp. Radicado n.º 2016-06215-01.
14

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Finalmente, en lo que respecta a la sentencia de 11 de marzo de 2025 proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, la Sala advierte que corresponde a otra
autoridad judicial, de ahí que, en virtud de la autonomía judicial, existan criterios de
interpretación y decisión distintos frente a casos análogos, por lo que no se
encuentra probado el defecto alegado.
Por lo expuesto, en tanto no se observa la configuración de los defectos alegados,
la Sala negará las pretensiones de la acción de tutela incoada por el departamento
de Boyacá - Secretaría de Hacienda - Dirección Departamental de Pasivos
Pensionales de Boyacá, quien actúa a través de apoderado judicial, contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la Ley,
FALLA
Primero.- Negar la solicitud de desvinculación del Ministerio de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones.

Segundo.- Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por
departamento de Boyacá - Secretaría de Hacienda - Dirección Departamental de
Pasivos Pensionales de Boyacá, quien actúa a través de apoderado judicial, por las
razones aquí expuestas.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto
en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.
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