Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01548-00
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01548-00
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01548-00
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
19 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01548-00
Accionantes: Harold Eduardo Sua Montaña
Accionados: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera,
Subsección C.
Tema: Tutela contra providencias judiciales. Medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos. Rechazo de la demanda. Aplicación
normativa. NIEGA AMPARO.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Subsección decide la acción de tutela instaurada por el señor Harold Eduardo
Sua Montaña en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, con ocasión de los autos del 24 de noviembre y 9 de
diciembre de 2025 proferidos en el medio de control de protección de los derechos
e intereses colectivos, al que le fue asignado el número de radicado 25000-23-41-
000-2025-01825-00.
ANTECEDENTES
La parte actora pretende que se protejan sus derechos fundamentales al debido
proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.
HECHOS
La solicitud de tutela se fundamenta en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
El accionante narró que instauró medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos en contra de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para
lograr la protección de la moralidad administrativa y patrimonio público por su
actuación en la realización de las elecciones de consejeros locales de juventud y
consulta electoral, debido a la similitud o confluencia de ciertos logos.
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Que el 11 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Primera, Subsección C, inadmitió la demanda y le concedió tres días
contados a partir de la notificación de esa providencia, para que la subsanara en los
siguientes aspectos: i) especificara con claridad las pretensiones, indicando la
amenaza que pretendía hacer cesar, teniendo en cuenta que las elecciones ya se
habían desarrollado; ii) adecuara las pretensiones al medio de control incoado, en
los términos del artículo 2 de la Ley 472 de 1998; iii) expresara de manera clara los
hechos; iv) allegara el documento que acredite el cumplimiento del requisito de
renuencia; y v) acreditara el envío de la demanda y anexos a las entidades
accionadas.
Que efectuó la subsanación requerida, pero el 24 de noviembre de 2025, la
Subsección rechazó la demanda porque consideró que no la corrigió en los términos
exigidos, por lo cual interpuso recurso de apelación en contra de esa decisión,
acorde con el numeral 1 del artículo 243 de la Ley 1437 de 2011, y el 9 de diciembre
de 2025, la autoridad judicial rechazó de plano, por improcedente, la apelación, por
no estar contemplado en la Ley 472 de 1998.
Considera que las decisiones del 24 de noviembre y 9 de diciembre de 2025
adolecen de defecto sustantivo porque se aplicaron indebidamente las leyes 1437
de 2011 y 472 de 1998, en tanto el rechazo del recurso de apelación interpuesto
contra el auto de rechazo de la demanda se fundamentó en la improcedencia de
aplicar la primera de las leyes mencionadas, a pesar de que las normas allí
consagradas fueron empleadas para determinar la competencia de la autoridad
judicial e inadmitir la demanda.
Que, además, para rechazar la demanda i) se inaplicó el enunciado final del artículo
14 de la Ley 472 de 1998 «en concordancia con el sintagma del precitado literal ´si
fuera posible´», pero se utilizó esa misma Ley para justificar la improcedencia del
recurso de apelación mencionado y ii) se adujo que el concepto de violación recaía
sobre situaciones jurídicas de naturaleza electoral, lo que desconoce el debido
proceso y la prevalencia del derecho sustancial sobre lo formal.
PRETENSIONES
Solicitó que se dejaran sin efectos los autos del 24 de noviembre y 9 de diciembre
de 2025 proferidos por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Primera, Subsección C, en el medio de control de protección de los derechos e
intereses colectivos que instauró.
ACTUACIÓN PROCESAL
El 2 de marzo de 2026, se admitió la demanda y se corrió el traslado respectivo.
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POSICIÓN DEL ACCIONADO
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C,
afirmó que las razones de hecho y de derecho que motivaron el rechazo de la
demanda y de los recursos interpuestos no pueden controvertirse a través de esta
acción, al no tener la naturaleza de un recurso adicional y paralelo al trámite del
medio de control.
Adujo que el rechazo del medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos no hace tránsito a cosa juzgada, por lo cual el accionante puede corregir
los errores identificados e instaurar nuevamente la demanda, siempre que cumpla
con los requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley 472 de 1998.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Para efectos de resolver la presente acción, la Sala abordará las siguientes
temáticas: i) generalidad de la acción de tutela; ii) procedencia de la acción de tutela
contra decisiones judiciales y iii) análisis del caso concreto.
Generalidades de la acción de tutela
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución y el Decreto
2591 de 1991, la acción de tutela puede ejercerse con el objeto de reclamar la
protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando éstos
se vean vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o particular y procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.
Procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
La Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales de forma excepcional, por la vulneración de los derechos
fundamentales1, siempre y cuando se cumpla la totalidad de los requisitos generales
y al menos una de las causales específicas establecidas en la Sentencia C590/052.
Concretamente, en cuanto a las primeras exigencias, en la Sentencia SU128/21,
estas se enlistaron así:
«a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
1
Dicha posición es reiterada por la Corte Constitucional, entre otras, en sentencia T-849 A de 2013.
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M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. [...]
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de
evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. [...]
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a
partir del hecho que originó la vulneración. [...]
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que
esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se
impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos
que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que
hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto
hubiere sido posible.
f. Que no se trate de sentencias de tutela. [...] »
Ahora, para que proceda la tutela contra una decisión judicial esta tiene que haber
incurrido en al menos una de las siguientes causales:
«a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que
profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de
competencia para ello. [...]
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio
que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la
decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide
con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan
una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de
un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de
una decisión que afecta derechos fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa
motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. [...]
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por
ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un
derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando
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sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido
constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución.»3
En la misma línea, el alto tribunal constitucional, en Sentencia SU-215 de 2022,
enfatizó en el respeto que debe tenerse por los principios de autonomía e
independencia judicial, la cosa juzgada y de la seguridad jurídica y expresó:
«… Basada en lo anterior, esta Corporación ha indicado que cuando la
tutela se dirige en contra de las providencias de las altas cortes, como
órganos de cierre, su examen sobre la procedencia de la tutela debe ser
especialmente exigente pues la sustentación de tales requisitos requiere
de una argumentación cualificada4.
[...] “el juez de tutela debe limitarse a analizar los yerros puntuales de la
providencia cuestionada señalados por el accionante, pues tiene ‘vedado
adelantar un control oficioso y exhaustivo de la providencia reprochada”5.
Esto implica que el juez de tutela debe restringir su análisis únicamente a
los argumentos propuestos por el accionante, [...] Si el juez constata
alguna irregularidad debe comprobar que sea grave y de una entidad tal
que amerite la intervención urgente del juez de tutela6»
En ese orden de ideas, al juez constitucional le corresponde examinar las exigencias
generales de procedibilidad cuando se discuten providencias judiciales y, de
encontrarlas superadas, verificar si se configura algún defecto de los señalados, si
este es determinante en la decisión y si su gravedad es tal que habilite la
intervención del juez constitucional.
Análisis del caso concreto
A esta Subsección corresponde analizar si se superan los requisitos generales de
procedencia que habilitan el estudio de los autos controvertidos, pues solo en el
evento de encontrarse satisfechos habría lugar a examinar los disensos esgrimidos.
Al respecto, se observa que i) el asunto a resolver tiene relevancia constitucional,
en la medida en que se centra en establecer si en la decisión judicial controvertida
se vulneraron los derechos fundamentales reclamados en protección por la
incursión en el defecto sustantivo; ii) la acción se presentó con inmediatez, pues el
auto del 9 de diciembre de 2025 discutido en esta sede fue notificado por estado del
11 de ese mes y año y esta acción fue instaurada el 26 de febrero de 2026; iii) se
agotaron los mecanismos de defensa judicial con los que se contaba; iv) se
identificaron claramente los hechos generadores de la vulneración y los derechos
estimados como transgredidos; v) se alegó una irregularidad procesal que podría
3
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
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Sentencia SU-074 de 2022.
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Sentencia SU-074 de 2022.
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Sentencia SU-072 de 2018.
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tener incidencia en la decisión; y vi) no se trata de una sentencia de tutela.
En consecuencia, se procederá al estudio del defecto invocado por el accionante,
previo análisis de los razonamientos que llevaron a la autoridad judicial a confirmar
la decisión de primera instancia de la acción popular.
Mediante auto del 24 de noviembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Primera, Subsección C, rechazó la demanda de protección
de los derechos e intereses colectivos porque no subsanó los yerros advertidos en
el auto admisorio, puntualmente i) no especificó con claridad la amenaza que
pretendía hacer cesar y manifestó desconocimiento sobre la entidad a la que
atribuyó la vulneración de los derechos colectivos; ii) no adecuó las pretensiones
del medio de control de protección de derechos colectivos; iii) insistió en los hechos,
sin especificar las acciones, omisiones y derechos colectivos infringidos, lo que
impedía delimitar el objeto del litigio, la imputación de responsabilidad de la
accionado y el problema jurídico planteado; y iv) no se allegó documento
acreditando el requisito de renuencia establecido en los artículos 18 de la Ley 472
de 1998, 144 y 161 (numeral 4) de la Ley 1437 de 2011.
Posteriormente, a través del auto del 9 de diciembre de 2025, la Subsección rechazó
de plano el recurso de apelación interpuesto en contra del proveído del 24 de
noviembre de 2025 porque determinó que en la Ley 472 de 1998, norma especial
sobre las acciones populares, se estableció que dicho recurso únicamente procedía
contra la sentencia de primera instancia (art. 37) y la decisión sobre el decreto de la
medida cautelar (art. 26), lo que era acorde con lo definido en el auto de unificación
del 26 de junio de 2019 (rad. 25000-23-27-000-2010-02540-01) proferido por la Sala
Plena del Consejo de Estado, posición que luego fue reiterada. Además, precisó
que no procedían los recursos de reposición y súplica porque el auto de rechazo de
la demanda fue proferido por la sala de decisión.
Efectuado el recuento de los argumentos de la autoridad judicial accionada en esta
sede para rechazar tanto la demanda como el recurso de apelación interpuesto en
contra de esa decisión, esta Sala advierte que, si bien el actor alegó que para
adoptar la primera determinación se inaplicó el «enunciado final del artículo 14 de
la ley 1472 de 1998 (sic) en concordancia con la sintagma del precitado literal ´si
fuera posible´», lo cierto es que dicho artículo de la Ley 472 de 1998, que se
entiende es al que pretendía aludir el actor, se refiere es al conocimiento de los
procesos suscitados con ocasión del medio de control de protección de los derechos
e intereses colectivos, cuando se discuten las acciones y omisiones de entidades y
personas privadas que desempeñan funciones administrativas, por parte de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, lo que no se discute en la presente
acción.
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Ahora, si la norma a la que buscaba hacer referencia el solicitante del amparo es el
artículo 18 ejusdem sobre los requisitos de la demanda, concretamente el literal d)
que prevé el deber de indicar la autoridad presuntamente responsable de la
amenaza o del agravio, si fuere posible, lo cierto es que tampoco se observa su
transgresión, en tanto esa no constituyó una de las razones para inadmitir y,
después, rechazar la demanda por falta de subsanación.
De otra parte, el accionante sostuvo que la decisión de rechazo cuestionada aludió
a que el concepto de violación recaía sobre situaciones jurídicas de naturaleza
electoral; sin embargo, no se advierte que ello haya ocurrido y, en todo caso, no se
evidencia la eventual incidencia que ello podría tener en la decisión cuestionada en
esta sede.
Por último, en relación con el auto del 9 de diciembre de 2025, se observa que no
le asiste razón al accionante al afirmar que la competencia de la autoridad judicial y
las razones de inadmisión de la demanda estuvieron fundamentadas en la Ley 1437
de 2011, pues las decisiones adoptadas en el medio de control de protección de los
derechos e intereses colectivos atendieron a las previsiones de la Ley 472 de 1998.
Lo expuesto conlleva descartar la configuración del defecto sustantivo invocado y,
en cambio, evidencia que la autoridad judicial analizó el ordenamiento jurídico y
adoptó las decisiones a las que había lugar, acorde con su autonomía e
independencia judicial, por lo cual se negará el amparo solicitado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero. NEGAR el amparo solicitado, de conformidad con la parte motiva de esta
providencia.
Segundo. Si esta providencia no fuere impugnada en tiempo oportuno, remítase el
expediente de la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
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Tercero. Notificar a las partes en la forma dispuesta en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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