Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01548-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 11001-03-15-000-2026-01548-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01548-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
16 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01548-01
Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera –
Subsección C
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / DECLARA
IMPROCEDENCIA – Falta de relevancia constitucional.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la parte actora en contra de
la sentencia proferida el 19 de marzo de 2026, por la Sección Segunda – Subsección
A del Consejo de Estado, mediante la cual se negó la solicitud de amparo.
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.
El 26 de febrero de 2026, el señor Harold Eduardo Sua Montaña presentó acción
de tutela contra la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al
debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia.
2.
Solicitó que se dejaran sin efectos los autos del 24 de noviembre y 9 de diciembre
de 2025, emitidos dentro de la acción popular1 promovida contra la Registraduría
Nacional del Estado Civil (Registraduría), a fin de que -hasta tanto se corrigieran los
tarjetones electorales- se suspendiera la realización de las elecciones a Consejos
Municipales y Locales de Juventud de Suba, Bosa, Engativá, Puente Aranda y
Kennedy para el periodo 2025-2029, así como la consulta de candidatos a la
Presidencia, Senado y Cámara de Representantes del “Pacto Histórico”, programada
para el 26 de octubre de 2025.
3.
En la primera de las providencias cuestionadas, la autoridad judicial accionada
rechazó la demanda al considerar que el accionante no subsanó las falencias
señaladas en el auto inadmisorio del 11 de noviembre de 2025. En concreto, no
1 Radicado: 25000-23-41-000-2025-01825-00
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Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera–
Subsección A
específico la amenaza o vulneración colectiva que pretendía conjurar ni la entidad a
la cual atribuía dicha afectación. Tampoco adecuó las pretensiones al medio de
control ejercido, insistiendo en planteamientos dirigidos al amparo de derechos
subjetivos e individuales, y reiteró los hechos inicialmente alegados, sin delimitar las
acciones u omisiones atribuidas a la entidad accionada, ni los derechos colectivos
presuntamente vulnerados. Finalmente, no acreditó el cumplimiento del requisito de
constitución en renuencia a la Registraduría.
4.
Posteriormente, mediante auto del 9 de diciembre de 2025, el Tribunal accionado
rechazó por improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la anterior
decisión judicial, al considerar que -conforme a la Ley 472 de 1998 y la jurisprudencia
unificada del Consejo de Estado- dicha decisión no era susceptible de ese medio de
impugnación.
5.
La parte actora sostuvo que el órgano judicial accionado incurrió en defecto
sustantivo al aplicar las disposiciones del CPACA para determinar la competencia
del Tribunal y exigirle el cumplimiento de ciertos requisitos allí consagrados para la
admisión de la demanda, pero excluir dicha normativa para definir la procedencia del
recurso de apelación contra el auto que rechazó la acción popular. Se dio un
entendimiento a lo dispuesto en la Ley 472 de 1998 que implicó negarle al
demandante, la posibilidad de discutir ante el superior la decisión de rechazar el
medio de control.
6.
Además, se rechazó la acción popular por inaplicación del inciso final del artículo
14 de la Ley 472 de 1998 “en concordancia con el sintagma del precitado literal ‘si
fuera posible’”, pero incoherentemente se usó la misma Ley para justificar la
improcedencia del medio exceptivo interpuesto contra la decisión de no tramitar la
demanda.
7.
Por último, alegó que fue erróneo rechazar el medio de control bajo el entendido
de que las inconformidades planteadas versaban sobre asuntos de naturaleza
eminentemente electoral. Señaló que, en aplicación del principio de prevalencia del
derecho sustancial sobre las formas, la demanda debía admitirse, pues lo realmente
invocado correspondía a la presunta afectación de los derechos e intereses
colectivos relacionados con la moralidad administrativa y la confianza legítima de los
participantes en el proceso electoral, respecto de las irregularidades advertidas en
las tarjetas electorales.
B. Sentencia de primera instancia
8.
Mediante sentencia del 19 de marzo de 2026, la Sección Segunda – Subsección
A del Consejo de Estado negó el amparo por falta de acreditación del defecto
sustantivo alegado. Se descartó el argumento del actor, relativo a la inaplicación del
inciso final del artículo 14 de la Ley 472 de 1998 porque dicha disposición regula
únicamente la competencia de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo para
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Accionante: Harold Eduardo Sua Montaña
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Subsección A
conocer acciones populares dirigidas contra entidades públicas o particulares que
ejercen funciones administrativas, asunto ajeno a la controversia objeto de análisis.
9.
Precisó que, si la norma a la que hacía referencia el demandante era el artículo
18 ejusdem sobre los requisitos de la demanda, concretamente el literal d) que prevé
el deber de indicar la autoridad presuntamente responsable de la amenaza, lo cierto
era que tampoco se observaba su desconocimiento en el caso concreto, pues lo allí
regulado no constituyó una de las razones para inadmitir o rechazar la demanda.
10.
Por último, resaltó que no era cierto que la decisión de rechazar la acción
obedeciera a que el concepto de violación de la demanda recayera sobre situaciones
jurídicas de naturaleza electoral. De igual forma, indicó que carecía de veracidad la
afirmación según la cual, la admisión de la acción y la competencia de la autoridad
judicial se fundamentaron en las previsiones del CPACA, pues las decisiones
adoptadas en el medio de control de protección de los derechos e intereses
colectivos atendieron lo dispuesto en la Ley 472 de 1998.
C. La impugnación
11.
La parte actora pidió revocar la decisión de primera instancia reiterando que la
inadmisión de la demanda se sustentó en el incumplimiento de requisitos enlistados
en el CPACA, tales como la renuencia de la entidad demandada. Además, acorde a
lo dispuesto en auto del 28 de octubre de 2025, proferido por el Juzgado 31
Administrativo del Circuito de Bogotá -primera autoridad judicial que conoció del
asunto- consta que la competencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca se
definió acorde a lo dispuesto en el numeral 14 del artículo 152 de la Ley 1437 de
2011.
12.
De otro lado, resaltó que el fallo impugnado es “contradictorio” al considerar que
la constitución en renuencia de la entidad demandada es un requisito sine qua non
para la procedencia de la acción popular, pese a que los artículos 18 de la Ley 472
de 1998 y 144 y 161, numeral 4, de la Ley 1437 de 2011, nada disponen sobre el
particular. Por el contrario, dichas normas prevén que el medio de control se puede
interponer sin señalar, incluso, la parte demandada.
13.
Así, resultaba necesario acceder al amparo y que el juez de tutela determine si la
indebida aplicación de la Ley 472 de 1998 vulneró los derechos fundamentales del
actor al acceso a la administración de justicia y a la igualdad procesal.
II. CONSIDERACIONES
D. Competencia
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Subsección A
14.
La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 19912.
E. Análisis del caso concreto
15.
La Sala modificará la decisión de primera instancia que negó el amparo y, en su
lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela, al no satisfacer el requisito
de relevancia constitucional. Del contenido de la demanda y la impugnación se
advierte que la parte actora dirige sus reparos a cuestionar la interpretación
normativa y jurisprudencial acogida por la autoridad accionada, con el propósito de
reabrir el debate jurídico, planteando una discusión eminentemente legal, ajena al
ámbito de la acción de tutela.
16. Los planteamientos expuestos por la parte actora no desvirtúan la razonabilidad
de los argumentos que sustentaron las providencias cuestionadas. En efecto, se
omitió controvertir el fundamento central expuesto por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca en auto del 24 de noviembre de 2025, consistente en que, conforme
a la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, en el trámite de las acciones
populares únicamente son susceptibles de recurso de apelación el auto que decreta
medidas cautelares y la sentencia de primera instancia.
17. Concretamente, el fallador de instancia explicó que, en principio, esta
Corporación aceptó la procedencia de la apelación contra el auto que admitía o
negaba el llamamiento en garantía, rechazaba la demanda o finalizaba el trámite de
la acción popular. Sin embargo, dicha postura cambió mediante auto de unificación
del 26 de junio de 20193, en el que se precisó que, en atención a la celeridad que
caracteriza este tipo de acciones, el recurso procedente contra las decisiones
dictadas durante su trámite era únicamente el de reposición, salvo respecto de las
providencias previstas en los artículos 26 y 37 de la Ley 472 de 1998. Criterio que
fue reiterado por el Consejo de Estado hasta la fecha en que se profirió el auto objeto
de tutela y que imponía rechazar de plano el recurso interpuesto por el actor, dada
su improcedencia.
18. Acto seguido, expuso que, en aplicación del parágrafo del artículo 318 del CGP -
norma aplicable por remisión expresa de la Ley 472 de 1998-, el Tribunal debía
tramitar la impugnación conforme al recurso procedente, el cual, según el artículo
36 de la Ley ejusdem, era el de reposición. No obstante, dicha vía también resultaba
improcedente, pues el CGP previó que solo procede contra autos proferidos por el
juez o magistrado ponente y, en el caso concreto, el rechazo de la demanda fue
2 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
3 Cita original: “CE. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Plena. M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. 26
de junio de 2019. Exp. 25000232700020100254001 (AP). Demandante: Felipe Zuleta Lleras. Demandada:
Nación-Ministerio De Hacienda y Crédito Público Y Otros.”
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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01548-01
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proferido por la Subsección C de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca.
19. Sobre este análisis normativo y jurisprudencial, nada expuso el actor en el escrito
de tutela ni en la impugnación. Sus reproches se limitaron a afirmar que el CPACA
debía aplicarse para definir la procedencia del recurso de apelación, por haberse
tenido en cuenta para determinar otros aspectos procesales. Con ello, dejó de
controvertir que la autoridad accionada explicó, con apoyo en el criterio unificado del
Consejo de Estado, que el auto que rechazó la acción popular no era susceptible de
apelación y que, en todo caso, tampoco procedía el recurso de reposición en el
asunto particular.
20. En ese contexto, se advierte que la inconformidad del actor se sustenta en una
interpretación subjetiva sobre la forma en que debían articularse las disposiciones
de las Leyes 1437 de 2011 y 472 de 1998, dentro del trámite de la acción popular,
discusión de carácter eminentemente legal que no evidencia la configuración de un
defecto de relevancia constitucional. Así, más que demostrarse una actuación
arbitraria o caprichosa por parte del Tribunal, lo que se evidencia es el desacuerdo
del accionante frente al criterio hermenéutico acogido por el juez natural de la causa.
21. De otra parte, el actor sostuvo que la autoridad enjuiciada se equivocó al rechazar
la demanda por no haberse identificado en debida forma a la parte demandada y no
acreditarse el requisito de constitución en renuencia, pese a lo dispuesto en el
artículo “14” de la Ley 472 de 1998, cuyo inciso final, con la expresión “si fuere
posible”, contempla la posibilidad de presentar la demanda, incluso, sin identificar la
autoridad presuntamente responsable de la vulneración.
22. Al respecto, alegó que resultaba incongruente aplicar la Ley 472 de 1998 para
declarar improcedente el recurso de apelación contra el rechazo de la demanda y al
mismo tiempo, inaplicar lo dispuesto en el artículo “14” ibidem. Ese actuar,
evidenciaba que el Tribunal accionado aplicó parcialmente dicha normatividad,
evitando darle trámite a la acción popular promovida por el señor Sua.
23. En relación con ese planteamiento, el accionante tampoco cuestionó las razones
concretas expuestas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para rechazar
la demanda. Nuevamente, sus reparos se limitan a sostener una interpretación
distinta, basada en sus apreciaciones de la Ley 472 de 1998, fundada en
aplicaciones subjetivas sobre su alcance, para lo cual incluso citó una disposición
ajena al asunto debatido, pues como lo indicó el a quo la norma que adujo inaplicada
no contiene la expresión referida, ni versa sobre los requisitos de procedencia de la
acción popular, sino que enuncia los sujetos contra quienes esta puede dirigirse.
24. Respecto a ello, se considera que el cargo también carece de la suficiente carga
argumentativa, pues aunque el accionante citó el artículo 14 de la Ley 472 de 1998,
se entiende que su reparo realmente se dirigía a denotar la inaplicación del artículo
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18 ejusdem, relativo a los requisitos de la demanda, en el que -entre otras cosas- se
menciona que la acción puede interponerse sin indicar el sujeto pasivo. No obstante,
la Sala aclara que, a diferencia de lo alegado por el señor Sua, esa posibilidad está
supeditada a que no se tenga conocimiento de quien es el causante de la afectación
alegada. Es así como se observa que el cargo se sustentó en el alcance que el actor,
motu proprio quiso dar a esa disposición legal, a fin de que se admitiera la demanda
en los términos en que fue interpuesta.
25.Adicionalmente, la falta de carga argumentativa se denota en que el actor
únicamente cuestionó la exigencia de identificar la autoridad presuntamente
responsable de la vulneración alegada, pese a que la inadmisión y posterior rechazo
de la demanda se sustentaron en múltiples requisitos incumplidos. Nada expuso
respecto de las demás exigencias advertidas por la autoridad judicial accionada, ni
controvirtió las razones concretas que soportaron esa determinación, por lo que este
reproche carece de relevancia constitucional.
26. Enel auto proferido el 24 de noviembre de 2025, se mencionó que el actor
incumplió con la carga procesal de corregir la demanda, especificando con claridad
las pretensiones respecto a la entidad accionada, indicando para el efecto, la
amenaza que pretendía cesara, dado que las elecciones ya se habían desarrollado.
También se le impuso: (i) adecuar las pretensiones al medio de control de protección
de derechos colectivos, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 472 de 1998; (ii)
expresar claramente los hechos que sustentaban la acción popular, especificando
qué acción u omisión era atribuible a la entidad accionada como una vulneración de
un derecho colectivo y su respectivo fundamento jurídico; y, (iii) allegar el documento
que acreditara la renuencia.
27. Es claro entonces que el accionante pretende utilizar la acción de tutela como una
instancia adicional dentro del trámite ordinario, con el propósito de obtener la
revocatoria de las decisiones que rechazaron la acción popular, a partir de un
supuesto desconocimiento normativo carente de desarrollo argumentativo
suficiente.
28. Finalmente, la parte actora alegó que la acción popular debió admitirse en
aplicación del principio de prevalencia del derecho sustancial sobre las formas. En
este punto, considera la Sala que tal planteamiento carece de sustento fáctico y
argumentativo. Revisados los autos cuestionados, se advierte que en ningún
momento la autoridad accionada sustentó tales decisiones en la naturaleza electoral
de los hechos alegados. Por el contrario, tal como, se expuso previamente, se
señalaron múltiples falencias en la formulación de los hechos y de las pretensiones,
cuya subsanación se estimó necesaria para delimitar adecuadamente el objeto de
la litis y que, al no ser subsanadas oportunamente, impidieron continuar con el
trámite de la acción popular. En consecuencia este cargo también adolece de
relevancia constitucional.
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Subsección A
29.
De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la autoridad judicial que definió el
caso, en sede ordinaria, presentó razones suficientes para acoger la postura que
determinó el sentido de sus decisiones.
30.
El tutelante omitió presentar al juez de tutela una discusión de contornos
constitucionales, en tanto sus reproches carecen de la carga argumentativa
suficiente para acreditar la configuración de un yerro de esa entidad que implique
vulneración de derechos fundamentales. Así las cosas, se modificará la decisión
adoptada el 19 de marzo de 2026, por la Sección Segunda– Subsección A del
Consejo de Estado, y se declarará la improcedencia del amparo.
31.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 19 de marzo de 2026 por la Sección
Segunda – Subsección A del Consejo de Estado y, en su lugar, declarar
improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de
esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ZORANNY CASTILLO OTÁLORA FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE4
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente puede acceder
al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha.
Se recuerda que, con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad
de registrarse en el sistema Samai.
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