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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01549-00

Fecha
10 de abril de 2026
Consejero ponente
Adriana Polidura Castillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01549-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Alba Noris Galeano Ospina contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda- Subsección A y el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá, con fundamento en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito, en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01549-00

Consejero ponente: Adriana Polidura Castillo

10 de abril de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01549-00
Accionantes: Alba Noris Galeano Ospina

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERA PONENTE: ADRIANA POLIDURA CASTILLO

Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01549-00
Accionantes: Alba Noris Galeano Ospina
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda
Subsección A y Juzgado Veintidós Administrativo del
Circuito de Bogotá
Referencia: Acción de tutela

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial – Carácter subsidiario del amparo. Requisitos
generales y especiales de procedencia. Subsidiariedad. Improcedencia

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela formulada por Alba Noris Galeano Ospina contra el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda Subsección A y el Juzgado
Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

La señora Alba Noris Galeano Ospina, actuando en nombre propio1, interpuso acción
de tutela en procura del amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, los cuales consideró
vulnerados por el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá, con ocasión
del auto proferido el 28 de octubre de 2025, mediante el cual se negó el decreto de una
medida cautelar dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado número
11001-33-35-022-2024-00193-00/01.

Asimismo, atribuyó la vulneración de sus garantías fundamentales a la providencia
dictada el 9 de diciembre de 2025 por la Subsección A de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se confirmó la decisión
adoptada el 10 de marzo de 2025 por el juez de primera instancia, que negó el decreto
de una medida cautelar de embargo sobre un bien inmueble de propiedad de la
ejecutada y una de sus cuentas bancarias en el Banco Davivienda.

1 Índice 00002 del aplicativo SAMAI, certificado 7B510343479AF461 5EB8256C3832E90B 66AD43945912C566

9B6D4CE9FA880169.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01549-00
Accionantes: Alba Noris Galeano Ospina

2. Hechos

El escrito de tutela se sustenta en la siguiente relación fáctica:

2.1. Mediante sentencia del 1° de octubre de 2018, el Juzgado Veintidós Administrativo
del Circuito de Bogotá declaró la existencia de un contrato realidad y ordenó a la Subred
Integrada de Servicios de Salud Sur ESE pagar a la señora Alba Noris Galeano Ospina
una indemnización equivalente a las acreencias salariales y prestaciones sociales
percibidas por una auxiliar de enfermería de planta. Asimismo, dispuso el pago de los
aportes a pensión y salud por las diferencias entre lo debido y lo efectivamente cotizado
durante el periodo comprendido entre el 2 de mayo de 2005 y el 30 de abril de 2016.

Dicha decisión fue confirmada parcialmente por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección A, mediante providencia del 11 de julio
de 2019.

2.2. Con el propósito de dar cumplimiento a lo ordenado, la entidad demandada expidió
la Resolución 1444 del 3 de diciembre de 2020, mediante la cual reconoció la suma de
$93.131.654, distribuida así: i) $21.683.475 a favor de la demandante; ii) $32.596.079
para su apoderado; iii) $22.739.200 con destino a la AFP Protección, y iv) $16.112.900
para la EPS Salud Total.

2.3. No obstante, la señora Galeano Ospina consideró que la suma adeudada era
superior y, en consecuencia, promovió demanda ejecutiva en la que solicitó, como
medida cautelar, el embargo y retención de productos bancarios a nombre de la
ejecutada en el Banco Davivienda (cuenta de ahorro número 004800391056), así como
de un bien inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 50S-40764275.

2.4. El asunto le correspondió por reparto al Juzgado Veintidós Administrativo del
Circuito de Bogotá bajo el radicado número 11001-33-35-022-2024-00193-00,
autoridad judicial que, mediante auto del 6 de agosto de 2024 libró mandamiento de
pago por la suma de $130.937.537.

Posteriormente, mediante providencia del 10 de marzo de 2025, el juzgado negó la
medida cautelar solicitada, al dar prevalencia a una certificación de la entidad ejecutada
que indicaba el carácter inembargable de la cuenta. Señaló que, dado que la finalidad
de la medida cautelar es asegurar el pago de la obligación o evitar la insolvencia, y
considerando que se trataba de una entidad pública con capacidad de pago y
constitucionalmente no susceptible de insolvencia, resultaba inocuo decretarla.

2.5. Contra la anterior decisión, la accionante presentó solicitud de aclaración y, en
subsidio, recurso de apelación, al considerar que la Subred Sur se encontraba en riesgo
financiero, lo que podía generar un peligro para un acreedor.

2.6. Mediante proveído del 29 de mayo de 2025, el juzgado negó la aclaración y
concedió el recurso de apelación en efecto devolutivo ante el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca.

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Accionantes: Alba Noris Galeano Ospina

2.7. No obstante, antes de que el superior resolviera la apelación, en atención a otras
solicitudes de medida cautelar pendientes de resolver, el Juzgado Veintidós
Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante auto del 28 de octubre de 2025, decidió
diferir el pronunciamiento sobre nuevas solicitudes cautelares hasta la liquidación del
crédito, bajo el argumento que, al tratarse de entidades públicas que no pueden
insolventarse, resultaría inocuo decretar el embargo, porque no se aseguraría el
pretendido pago ni se evitaría la insolvencia.

Por lo anterior, consideró que no resultaba pertinente retener dineros de la entidad
ejecutada sin que previamente se garanticen los derechos de contradicción y defensa.
En consecuencia, adujo que, tan pronto se haga la liquidación final del crédito y se
constate además la eventual renuencia al deber de pagar, en ese momento procesal,
ese despacho estudiaría de fondo la medida cautelar solicitada, porque ya se contaría
con la firmeza de un crédito debidamente liquidado.

2.8. Finalmente, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-
Subsección A, mediante auto del 9 de diciembre de 2025, confirmó la decisión del 10
de marzo de 2025, bajo el argumento de que los bienes sobre los cuales se pretendía
que se declarara la medida cautelar eran inembargables.

3. Pretensiones y argumentos de la solicitud

La parte actora solicitó el amparo de sus derechos fundamentales y, en consecuencia,
que se dejaran sin efectos las providencias cuestionadas y se ordenara a la autoridad
judicial adoptar medidas para identificar recursos embargables, en los siguientes
términos:

“1. Amparar los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a
la administración de justicia.
2. Dejar sin efectos la providencia judicial en cuanto:
• Traslada de manera exclusiva a la parte ejecutante la carga de identificar recursos
embargables.
3. Ordenar al despacho judicial accionado que:
• Requiera a la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur para que certifique y
discrimine sus recursos,
• Identifique rubros presupuestales destinados al pago de sentencias,
• Evalúe nuevamente las medidas cautelares con base en dicha información,
• O, en su defecto, remita el expediente al Grupo de Apoyo de la Rama Judicial
para la determinación del crédito y fuentes de pago
(…)”2.

Aunque no desarrolló de manera expresa los requisitos de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales ni identificó con precisión los defectos alegados,
la Sala advierte que sus planteamientos permiten inferir la presunta configuración de
un defecto fáctico, en cuanto atribuye al tribunal la omisión de requerir a la entidad

2 Ibid.

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Accionantes: Alba Noris Galeano Ospina

ejecutada para esclarecer asuntos relacionados con la disponibilidad de recursos y la
destinación de la cuenta objeto de embargo.

Indicó que la autoridad judicial accionada exigió al ejecutante probar cuáles recursos
de la entidad pública eran embargables, lo que, en su sentir, desconocía el principio de
carga dinámica de la prueba, pues imponía al acreedor una obligación materialmente
imposible, que desnaturalizaba el proceso ejecutivo.

De otra parte, solicitó oficiar al Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá, con el
fin de que remitiera el expediente de tutela identificado con el radicado número 11001-
31-03-027-2025-00514-00 promovido contra la Superintendencia Financiera de
Colombia y el Banco Davivienda S.A., relacionado con la cuenta bancaria objeto de
embargo dentro del proceso ejecutivo.

4. Trámite de tutela e intervenciones

Mediante auto del 27 de febrero de 20263, el despacho de la magistrada ponente
admitió la acción de tutela, y dispuso vincular, en calidad de tercero con interés, a la
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E., además pidió a las autoridades
judiciales que aportaran el expediente del proceso ejecutivo.

Asimismo, solicitó al Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá remitir el
expediente de tutela identificado con el radicado número 11001-31-03-027-2025-
00514-00, ordenó notificar la actuación a las partes e intervinientes y suspendió los
términos del proceso.

Una vez surtidas las notificaciones correspondientes, se recibieron los siguientes
informes:

4.1. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección
A4 remitió el expediente digital del proceso ordinario y se opuso a las pretensiones de
amparo5. Señaló que la materia relacionada con las medidas cautelares no es pacífica,
en particular cuando se pretende el embargo de un predio en el que se construye un
hospital público, así como de recursos depositados en una cuenta bancaria respecto
de la cual la interesada no allegó prueba suficiente sobre su naturaleza, lo cual impedía
determinar si era susceptible de embargo.

Agregó que la ejecutada es una entidad encargada de la prestación de servicios de
salud, razón por la cual cualquier medida cautelar sobre sus bienes debe adoptarse
con especial cautela, a fin de no desconocer derechos de terceros ni afectar la
prestación de un servicio público esencial.

3 Índice 00004 del aplicativo SAMAI, certificado 75B40FA0215D90DA 4D3F5AE5305BCDAA F037BED18FFFA7F3

B01B0E25338D7F2D.
4 Índice 000012 del aplicativo SAMAI, certificado 7DE267900EF68A44 317141341F5D2EAF 4E40139ACC3A9BBC

37EBF4D37FFDA79D.
5 Índice 000018 del aplicativo SAMAI, certificado B3AEE86DEA4BB033 CAEEEED2CBECD13F
A145FD5052C83232 F3062139719F2E1C.

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Accionantes: Alba Noris Galeano Ospina

Finalmente, advirtió que, en el presente caso, la acción de tutela se utiliza como una
tercera instancia para reabrir el debate y, además, solicitar la práctica de nuevas
pruebas, pese a que las decisiones adoptadas en el trámite ordinario, en ambas
instancias, resultaron adversas a la parte actora.

4.2. El Juzgado Veintisiete Civil del Circuito de Bogotá6, allegó copia del expediente
de la acción de tutela identificada con el radicado número 11001-31-03-027-2025-
00514-00.

4.3. El Juzgado Veintidós Administrativo de Bogotá7 aportó el expediente digital
requerido y realizó un recuento de las actuaciones surtidas al interior del proceso
ejecutivo. Solicitó negar las pretensiones de amparo, al considerar que no se evidencia
vulneración de los derechos fundamentales de la accionante por parte de ese
despacho. Por el contrario, indicó que, previa verificación de la inembargabilidad de los
bienes sobre los cuales recaía la medida solicitada, la petición cautelar fue resuelta
conforme a derecho, decisión que fue confirmada por el superior funcional.

Asimismo, destacó que dicha postura ha sido avalada en múltiples oportunidades por
la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, como se desprende
de los autos proferidos el 24 de abril de 2025 (rad. 11001-33-35-022-2024-00198-01)
y el 22 de julio de 2025 (rad. 11001-33-35-020-2024-00084-01).

4.4. La Superintendencia Financiera de Colombia8, pese a no haber sido accionada
ni vinculada formalmente, allegó escrito en el que se opuso a las pretensiones de la
demanda y solicitó su desvinculación del trámite. Indicó que participó como accionada
dentro de la acción de tutela radicada bajo el núm. 11001-31-03-027-2025-00514-00;
no obstante, precisó que no tiene relación alguna con el proceso ejecutivo cuestionado
mediante este mecanismo constitucional.

4.5. La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. a pesar de haber sido
notificada en debida forma, guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

Esta Sala es competente para decidir la presente acción de tutela, de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 37 del Decreto
2591 de 1991.

6 Índice 00013 del aplicativo SAMAI, certificado 39979B3EBA5F4662 3E7954C80C8585E7 00BF4193A844CABA

19D54AB065DB2B9F.
7 Índice 00014 del aplicativo SAMAI, certificado 6E6BE7B6F608596F BA58D5DC433D0677 8AA3063ECF5B1179

EEF4138E01DBA9AE.
8 Índice 00015 del aplicativo SAMAI, certificado 8084D2C2E37B059B 6ADC5582D7A3B420 57AFC76ACA924A0E

41C51CDFFFA5150E.

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Accionantes: Alba Noris Galeano Ospina

2. Legitimación en la causa

2.1. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, en tanto
Alba Noris Galeano Ospina es la titular de los derechos fundamentales que afirma
vulneradas, en su condición de ejecutante dentro del proceso ejecutivo identificado con
el radicado núm. 11001-33-35-022-2024-00193-00/01.

2.2. De igual forma, se encuentra acreditada la legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección A profirieron las
decisiones que, según la parte actora, vulneraron sus derechos fundamentales.

3. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si en el caso sub judice se encuentran superados los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.
En caso afirmativo, se procederá a realizar el estudio de fondo frente a los argumentos
expuestos por la parte accionante.

4. Procedibilidad de la acción.

En los casos en que la solicitud de amparo ataca una providencia judicial, la doctrina
constitucional ha indicado que el juez de tutela debe, en forma preliminar, realizar un
examen de procedibilidad general de la acción, pues solo una vez verificada la
observancia de los requisitos que la determinan, procede el pronunciamiento de fondo
sobre la problemática jurídica que el extremo actor plantea, en función de los defectos
que reprocha a la actuación acusada y conforme a las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Es así como, tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales, la Corte
Constitucional a través de la sentencia C-590 de 20059 indicó que estas proceden si se
cumplen ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad, unos de carácter general, que
habilitan la interposición de la tutela10 y otros de carácter específico, que tocan con la
procedencia misma del amparo, una vez interpuesto11.

9 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10 De acuerdo con la sentencia C-590 de 2005, la tutela en contra de providencia judicial está sujeta al cumplimiento

de los siguientes requisitos generales de procedibilidad: que el asunto sometido a estudio del juez de tutela tenga
relevancia constitucional; que el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de
acudir al juez de tutela; que la petición cumpla con el requisito de inmediatez; que en el evento de fundamentarse
la solicitud en una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión de fondo que se estima
violatoria de los derechos fundamentales; que se identifiquen en forma razonable los hechos que generan la
vulneración de los derechos y, de ser posible, hayan sido cuestionados al interior del proceso y; que el fallo
censurado no sea de tutela
11 Las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se concretan en los

defectos o errores en que puede incurrir la decisión cuestionada, de modo que, si en una decisión judicial se presenta
alguna de las causales específicas, podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional. A saber: a) Defecto
orgánico, que se presenta cuando el juez carece de competencia; b) defecto procedimental, que ocurre cuando la
autoridad judicial actuó al margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto es, cuando el juez no tuvo
en cuenta el material de prueba obrante en el expediente para proferir decisión; d) defecto material o sustantivo, el
que se origina en el evento en que se decida con fundamento en normas inexistentes o inconstitucionales, en
contravía de ellas, o existe una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error
inducido, cuando la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar una decisión

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Accionantes: Alba Noris Galeano Ospina

Bajo esta línea jurisprudencial, en este tipo de tutelas, “la función del juez de tutela no
es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona
pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por
parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”12.

4.1. Subsidiariedad.

El carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el artículo
86 Superior como presupuesto general de procedencia de la misma, al establecer que
“solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial,
salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º
del Decreto 2591 de 1991.

Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un
mecanismo principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, se debe
acudir a los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa que resulten idóneos
y eficaces para su amparo, con el fin de: i) prevenir la intromisión indebida de una
autoridad distinta a la que adelanta el proceso ordinario; ii) que no se alteren o
sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el
Legislador; y iii) que los ciudadanos observen un mínimo de diligencia en la gestión de
sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar deficiencias, errores o descuidos,
ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial13.

Sobre el particular, en la sentencia T – 053 de 2020, la Corte Constitucional precisó los
siguientes tres eventos que hacen improcedente la tutela contra providencia judicial por
no superar el requisito de subsidiariedad:

“[...] (i) cuando el asunto está en trámite; (ii) en el evento en que no se han
agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios; y (iii) si se usa
para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico” (La Sala subraya).

Por lo anterior, la Corte Constitucional precisa que la tutela no se puede emplear para
“obtener un pronunciamiento más rápido sin el agotamiento de las instancias ordinarias
de la respectiva jurisdicción”14, los tutelantes no pueden pretender que el juez
constitucional invada las competencias del juez ordinario para resolver el conflicto.

que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; g) desconocimiento del precedente constitucional,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance y h) violación directa de la Constitución Política, cuando los jueces
desconocen la aplicación de la Ley Fundamental, conforme al mandato consagrado en el artículo 4º de la Carta
Política que antepone de manera preferente la aplicación de sus postulados.
11 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005. M.P. Jaime Córdoba Triviño.
12 Corte Constitucional, sentencia T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004.
13 Ver sentencia de la Corte Constitucional T-017 de 2012. M.P. María Victoria Calle Correa.
14
Corte Constitucional, Sentencia SU-599 de 1999, reiterada en la Sentencia T-610 de 2015.

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Accionantes: Alba Noris Galeano Ospina

En atención al carácter exceptivo de la acción de tutela, la Corte Constitucional en
Sentencia T-396 de 2014, advierte que el amparo constitucional resulta improcedente
cuando se pretende emplear para reabrir un asunto litigioso que, por negligencia,
descuido o distracción de las partes, se encuentra debidamente resuelto. En tal sentido,
desde los primeros pronunciamientos de la Corporación Constitucional, se ha indicado:

“Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además,
pudiendo evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la
acción de tutela para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En
este caso, tampoco la acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo
transitorio, pues esta modalidad procesal se subordina a un medio judicial ordinario
que sirva de cauce para resolver de manera definitiva el agravio o lesión
constitucional.” 15

Con fundamento en lo anterior, se reitera la posición de la Corte Constitucional, pues
la acción de tutela no puede usarse como un mecanismo accesorio para reabrir
términos de caducidad vencidos, pues con esto se vulneraría la seguridad jurídica y
desvirtuaría su propósito. Quien alegue la vulneración de sus derechos fundamentales
debe haber agotado previamente los mecanismos de defensa previstos en la ley. Esto
responde al principio de subsidiariedad, que impide que la tutela se convierta en una
instancia adicional del proceso judicial o en un medio para corregir omisiones y errores
de las partes.

5. Caso concreto

La Sala advierte que la presente acción de tutela no satisface el requisito de
subsidiariedad, por las razones que se exponen a continuación:

5.1. Del examen del escrito de tutela se observa que la parte actora solicitó la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, los cuales estimó vulnerados por
el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá, con ocasión del auto
proferido el 28 de octubre de 2025, mediante el cual se negó el decreto de una medida
cautelar dentro del proceso ejecutivo identificado con el radicado número 11001-33-35-
022-2024-00193-00/01.

Asimismo, la accionante atribuyó la vulneración de sus garantías fundamentales a la
providencia dictada el 9 de diciembre de 2025 por la Subsección A de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a través de la cual se confirmó
la decisión adoptada el 10 de marzo de 2025 por el juez de primera instancia, que negó
el decreto de una medida cautelar de embargo en el mismo proceso.

Aunque la parte actora no desarrolló de manera expresa los requisitos de procedibilidad
de la acción de tutela contra providencias judiciales ni identificó con precisión los
defectos alegados, la Sala advierte que sus planteamientos permiten inferir la posible
configuración de un defecto fáctico, en tanto atribuye al tribunal la omisión de requerir

15 sentencia SU-111 de 1997, reiterado, entre otras, en las sentencias T-1588 de 2000, T-983 de 2001, T-1217 de

2003, T-1140 de 2005, T-1009 de 2006, T-373 de 2007, T-472 de 2008, T-175 de 2011 y T-882 de 2009.

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Accionantes: Alba Noris Galeano Ospina

a la entidad ejecutada para esclarecer asuntos relacionados con la disponibilidad de
recursos y la destinación de la cuenta objeto de embargo.

5.2. Ahora bien, del análisis de las actuaciones del expediente del proceso ejecutivo,
se advierte lo siguiente:

• La accionante promovió demanda ejecutiva contra la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur ESE, con el propósito de obtener el pago de la obligación
contenida en la sentencia del 11 de julio de 2019, proferida por Tribunal
Administrativo de Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección A, que confirmó
parcialmente el fallo emitido por el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito
de Bogotá.

• El asunto fue repartido, en primera instancia, al Juzgado Veintidós Administrativo
del Circuito de Bogotá, el cual, mediante auto del 6 de agosto de 2024, libró
mandamiento de pago.

• En el curso del proceso, dicha autoridad profirió el auto del 10 de marzo de 2025,
mediante el cual negó la medida cautelar solicitada sobre la cuenta de ahorro
núm. 004800391056 del Banco Davivienda y del bien identificado con el número
de matrícula inmobiliaria 50S-40764275.

• Inconforme con esta decisión, la accionante presentó solicitud de aclaración y,
en subsidio, recurso de apelación, bajo el argumento de que la Subred Sur se
encontraba en riesgo financiero, lo que generaba un peligro para el acreedor.

• Mediante proveído del 29 de mayo de 2025, el juzgado negó la solicitud de
aclaración y concedió el recurso de apelación en el efecto devolutivo ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

• Antes de que el superior resolviera el recurso de apelación, y en atención a otras
solicitudes de medidas cautelares pendientes de decisión, el Juzgado Veintidós
Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante auto del 28 de octubre de 2025,
dispuso diferir el pronunciamiento sobre dichas solicitudes hasta la etapa de
liquidación del crédito, al considerar que, tratándose de entidades públicas que
no pueden insolventarse, resultaba inocuo decretar el embargo, en tanto no se
aseguraría el pago ni se evitaría una eventual insolvencia.

• Mediante providencia del 9 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca-Sección Segunda-Subsección A confirmó el auto del 10 de marzo
de 2025.

Ahora bien, dado que el recurso de apelación fue concedido en el efecto devolutivo, la
actuación del proceso ejecutivo continuó su curso.

En ese contexto, al revisar el aplicativo SAMAI, esta Sala constató que el Juzgado
Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá, en audiencia celebrada el 24 de febrero

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01549-00
Accionantes: Alba Noris Galeano Ospina

de 2026, profirió sentencia de primera instancia, mediante la cual: (i) declaró
parcialmente probada la excepción de pago formulada por la Subred Integrada de
Servicios de Salud Sur E.S.E. y, de oficio, la excepción de compensación; (ii) ordenó
seguir adelante con la ejecución a favor de la accionante y en contra de la entidad
ejecutada; y (iii) dispuso que cualquiera de las partes presentara la liquidación del
crédito, en los términos del numeral 1 del artículo 446 del Código General del Proceso.

Contra dicha decisión, ambas partes interpusieron recurso de apelación, razón por la
cual la autoridad judicial concedió el término de diez (10) días para su sustentación.

5.3. Así las cosas, la Sala advierte que las incidencias procesales mencionadas,
evidencian que el proceso ejecutivo identificado con el número de radicado 11001-33-
35-022-2024-00193-00/01 se encuentra en trámite, dado que mediante auto del 26 de
marzo de 202616 el referido juzgado concedió, en el efecto suspensivo, los recursos de
apelación que en contra de la sentencia del 24 de febrero de 2026 interpusieron tanto
la parte ejecutante como la ejecutada.

De otra parte, también se encuentra pendiente el agotamiento de la etapa de liquidación
del crédito, regulada en el numeral 1 del artículo 446 del Código General del Proceso.

Al respecto dicha disposición establece que: i) las partes podrán presentar la liquidación
con especificación del capital y de los intereses causados hasta la fecha de su
presentación; ii) de la misma se correrá traslado a la contraparte en la forma prevista
en el artículo 110 del mismo estatuto, por el término de tres (3) días; iii) vencido dicho
traslado, el juez decidirá si aprueba o modifica la liquidación mediante auto, el cual solo
será apelable cuando resuelva una objeción o altere de oficio la cuenta respectiva.

En consonancia con lo anterior, el artículo 599 del CGP dispone que “desde la
presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de
bienes del ejecutado”. La norma no impone un límite temporal para pedir el decreto de
medidas cautelares.

5.4. En consecuencia, al encontrarse el proceso ejecutivo en curso, resulta claro que la
parte accionante conserva la facultad de solicitar el decreto de medidas cautelares con
el fin de asegurar el cumplimiento de la obligación, una vez finalice la etapa de
liquidación del crédito.

En ese orden, la Sala no puede desconocer el carácter residual y subsidiario de la acción
de tutela, pues ello implicaría invadir la órbita de competencia del juez natural y, además,
interferir en el análisis de aspectos que aún se encuentran pendientes de decisión dentro
del proceso ordinario.

Así las cosas, a partir de las particularidades procesales expuestas, la Sala concluye
que la parte actora incumplió el requisito de subsidiariedad, en tanto el asunto planteado

16 Índice 00137 de expediente ejecutivo en el aplicativo SAMAI, certificado EC2C91B3BD2DD302
F1D40F8F5F55540A B245CACBC0B3F4D7 2281341B7F651176.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01549-00
Accionantes: Alba Noris Galeano Ospina

debe ser resuelto por el juez natural dentro del proceso ejecutivo en curso. Por
consiguiente, no corresponde al juez constitucional intervenir de manera anticipada,
dado que la acción de tutela no puede erigirse en un mecanismo alternativo o sustitutivo
de los medios ordinarios de defensa judicial, salvo que se acredite su ineficacia o
insuficiencia, lo cual no ocurre en el presente caso.

5.5. Finalmente, la acción de tutela tampoco resulta procedente como mecanismo
transitorio de protección, habida cuenta de que la parte actora no acreditó la existencia
de un perjuicio irremediable que justifique la flexibilización excepcional del requisito de
subsidiariedad. En efecto, la sola invocación de dicho perjuicio no es suficiente, pues
este debe demostrarse de manera concreta, circunstancia que no se evidencia en el
caso bajo examen.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de tutela interpuesta por Alba
Noris Galeano Ospina contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-Sección
Segunda- Subsección A y el Juzgado Veintidós Administrativo del Circuito de Bogotá,
con fundamento en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito,
en atención a lo dispuesto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su
eventual revisión, en caso de que no sea impugnada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Magistrado Magistrada

SABF

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