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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01552-00

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01552-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por José Arístides Almonacid León en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado. SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01552-00

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01552-00
Demandante: José Arístides Almonacid León
Demandado: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección A

Temas: Tutela contra providencia judicial. Controversias contractuales.
Inmediatez.

Decisión: Declara improcedente la acción de tutela.

La Sala decide la acción de tutela formulada por José Arístides Almonacid León
contra la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

Solicitud de amparo

1. El 26 de febrero de 2026, José Arístides Almonacid León presentó acción
de tutela con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, acceso a la administración de justicia, trabajo, propiedad y
«responsabilidad del Estado», así como el principio de buena fe.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó dejar sin efectos la sentencia
proferida el 21 de febrero de 2025 por la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado en el proceso de controversias contractuales con radicado
25000-23-26-000-2007-00503-01, para, en su lugar, se ordene proferir una nueva
decisión donde se valore la conducta procesal «diferenciada» de la beneficencia, la
pérdida del dominio como causal estructural del daño, las pruebas allegadas en
segunda instancia y el fallo emitido en el proceso penal como hecho sobreviniente
relevante.

3. Como fundamentos fácticos de la acción de amparo, el accionante, junto
con la sociedad Rodicars Ltda., instauraron demanda en ejercicio del medio de
control de controversias contractuales contra, por un lado, la Beneficencia de
Cundinamarca, con el fin de que se declarara el incumplimiento del Contrato de
Arrendamiento No. 77 del 30 de septiembre de 2002, respecto del inmueble ubicado
en la carrera 24 No. 71-61 de Bogotá, en cuyo clausulado se estipuló que las
instalaciones y mejoras eran de propiedad de los arrendatarios; y, por otra parte,
contra Carlos Fidolo González y la sociedad Supercenter Ltda., en calidad de

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Demandante: José Arístides Almonacid León

adquirentes del inmueble objeto del arrendamiento y posibles responsables de los
perjuicios ocasionados.

4. La anterior demanda se fundamentó en que la sociedad RODICARS LTDA
ha arrendado por más de 30 años un terreno en la carrera 24 de Bogotá, inicialmente
arrendado por el señor Augusto Guevara Betancourt a la Beneficencia de
Cundinamarca. Posteriormente, el señor Guevara Betancourt subarrendó una parte
del terreno a RODICARS, quien realizó mejoras y adecuaciones para su actividad,
las cuales fueron registradas oficialmente en 1984. El 4 de marzo de 1977, la
Beneficencia vendió dicho terreno al señor Carlos Fidolo González Cuéllar, pero no
realizó la entrega del inmueble, dado que el comprador no cumplió con el último
pago del precio pactado en la compraventa, por lo que la primera de las
mencionadas continuó arrendando el inmueble.

5. El señor González Cuéllar vendió el terreno a la sociedad SUPERCENTER
LTDA. El 5 de marzo de 1998, la Beneficencia procedió a suscribir el contrato de
arrendamiento No.005 con la sociedad RODICARS LTDA.En la cláusula 8 de ese
contrato «se acordó que las mejoras efectuadas en el terreno por los arrendatarios
serían de su propiedad, y en el parágrafo único de la cláusula 19 se estipuló que,
en caso de perturbaciones, la Beneficencia se obligaba a salir a la defensa judicial
corriendo por su cuenta el nombramiento de los profesionales del derecho».

6. RODICARS LTDA ha afrontado múltiples demandas, dado que la Sociedad
SUPERCENTER LTDA ha procurado judicialmente la entrega del bien, porque la
Beneficencia no la materializó a favor de Carlos Fidolo González Cuéllar. Además,
el IDU instauró un proceso coactivo que comprometió todo el terreno que no se
encontraba desenglobado y se nombró un secuestre; por tanto, la parte
demandante, junto a los demás arrendatarios, asumió el pago de la obligación de
valorización y el pago de honorarios al profesional encargado de ejecutar el
secuestro del predio, en aras de evitar dicha acción judicial, sin que la Beneficencia
acudiera a la defensa judicial de RODICARS LTDA., y tampoco asumió los pagos
de valorización, ni el reembolso de los gastos asumidos.

7. Según la parte demandante, la Beneficencia obró de mala fe al no informar
sobre el estado litigioso del bien, el proceso y los derechos de SUPERCENTER
LTDA. Asimismo, que, ante la necesidad de la entidad pública de entregar el globo
de terreno, se debió reconocer y pagar las mejoras de propiedad y posesión de
RODICARS LTDA, toda vez que estas se adelantaron «a ciencia y paciencia» de
los dueños del terreno

8. El 25 de mayo de 2012, la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca declaró la falta de legitimación en la causa por
activa del señor Almonacid León ya que aquel actuó en el Contrato de
Arrendamiento en calidad de gerente y/o representante legal de RODICARS LTDA
no a título personal. Además, negó las pretensiones de la demanda, considerando
que RODICARS no probó el cumplimiento de los requisitos para las mejoras
realizadas en el terreno, como la autorización y licencias correspondientes y

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Demandante: José Arístides Almonacid León

tampoco acreditó una anotación de estas en la matrícula inmobiliaria. En cuanto al
impuesto de valorización, el tribunal señaló que el contrato de arrendamiento no
especificaba esta obligación y que no se probó quién había pagado dicho impuesto.
Por lo tanto, consideró que la Beneficencia no incumplió el contrato.

9. La parte demandante interpuso recurso de apelación en contra de la anterior
decisión. El 21 de febrero de 2025, la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado revocó parcialmente la sentencia de primera instancia y, en ese
sentido, declaró la legitimación en la causa por activa de José Arístides Almonacid
León y negó las pretensiones de la demanda que elevó en su favor. Complementó
la decisión recurrida para negar la pretensión de liquidación judicial del contrato No.
77 de 2002 y la confirmó en todo lo demás.

10. Como fundamentos de derecho, el accionante afirmó que la Sentencia del
21 de febrero de 2025 incurrió en defecto fáctico, por omitir la consideración de
hechos como el lanzamiento judicial, el registro formal de mejoras, su aceptación
en el contrato de arrendamiento, la sanción por demolición impuesta por el Distrito
y el registro de embargo; la simulación declarada en la jurisdicción civil y sancionada
penalmente, el ocultamiento precontractual de información que originó la pérdida
del lote, la empresa y las mejoras; la paralización empresarial desde el 2006 hasta
el lanzamiento, y la negativa de subrogación contractual o terminación del
arrendamiento por la Beneficencia. Sobre estos elementos, indicó que la
providencia mencionada se limitó a examinar las fechas contractuales y desconoció
las mejoras por ser construidas antes del contrato de arrendamiento, a pesar de que
estaban reconocidas en este, el cual es ley para las partes.

11. Adicionalmente, manifestó que se incurrió en defecto sustantivo, al no
aplicarse los artículos 58, 83 y 90 de la Constitución Política, relacionados con la
propiedad, buena fe y la responsabilidad estatal, así como el régimen civil de
mejoras y los principios de la contratación estatal. Además, sostuvo que se
configuró la causal de violación directa de la Constitución Política, puesto que se
desconocieron sus derechos al trabajo, acceso a la administración de justicia y
debido proceso, ya que se «ignoró» la destrucción del proyecto empresarial y no se
valoraron elementos probatorios que, a su juicio, eran determinantes.

12. Asimismo, señaló que la providencia discutida carece de motivación, debido
a que esta mencionó pruebas sobre simulación, denuncia penal y conducta
procesal, pero no analizó el nexo causal entre la pérdida del dominio y la destrucción
empresarial y la eventual falla en el servicio «por omisión defensiva en el proceso
de dominio». Por último, aseguró que se incurrió en defecto procedimental por
exceso ritual manifiesto, por la supuesta negativa a valorar la sentencia penal
condenatoria debido a su extemporaneidad, lo cual a su juicio privilegió la forma
sobre la justicia material.

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Demandante: José Arístides Almonacid León

Intervenciones1

13. La Beneficencia de Cundinamarca afirmó que la acción de tutela no superó
los requisitos generales de relevancia constitucional y de subsidiariedad,
comoquiera que la discusión versa sobre aspectos patrimoniales y contractuales,
los cuales ya fueron discutidos y culminaron con una decisión adoptada por el
Consejo de Estado, por lo que no resulta admisible que, una vez agotado el proceso
judicial correspondiente, se pretenda reabrir a través del mecanismo de amparo la
discusión.

14. Sin perjuicio de lo anterior, aseguró que no se configuraron los defectos
invocados, puesto que la corporación judicial mencionada, en la sentencia
cuestionada, examinó los elementos relevantes del proceso y concluyó que el
contrato de arrendamiento tenía fechas ciertas de inicio y terminación, que no se
acreditaron perturbaciones en el goce del inmueble durante la vigencia contractual,
que las mejoras reclamadas no contaban con autorización ni soporte probatorio
suficiente y que los arrendatarios permanecieron incluso durante un período
posterior al vencimiento del contrato. En esos términos, solicitó declarar
improcedente la acción de la referencia o, en su defecto, negar el amparo invocado.

15. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó que
la solicitud de amparo no satisfizo la exigencia de inmediatez, dado que la sentencia
atacada fue notificada el 7 de marzo de 2025, por lo que transcurrieron más de 12
meses para la interposición de la acción. Sostuvo que se configuró una falta de
legitimación parcial, toda vez que la tutela fue promovida por el señor Almonacid
León en nombre propio, mientras que la demanda que dio lugar al fallo cuestionado
fue instaurada por él tanto a título personal como en calidad de representante legal
de la empresa Rodicars Ltda, por lo que la vulneración de los derechos
fundamentales que se plantea en esta acción no es igual, tratándose del accionante
como persona natural.

16. De otra parte, sostuvo que los cargos formulados no están llamados a
prosperar, ya que solo reflejan el desacuerdo del tutelante por no adoptarse la
decisión de acuerdo con su visión del litigio, así como por su lectura de la valoración
de las pruebas, fuentes del derecho y el régimen jurídico del contrato. En
consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción de tutela y, de forma
subsidiaria, negar la protección constitucional deprecada, ante la ausencia de
vulneración de los derechos fundamentales reclamados.

Oposición del accionante

17. El señor Almonacid León manifestó que la exigencia de inmediatez debe
analizarse en función a las circunstancias particulares del caso, dado que la
vulneración es actual y permanente, por cuanto existió una pérdida total del proyecto
empresarial, desaparecieron las mejoras realizadas, se afectó su mínimo vital.

1
El 2 de marzo de 2026, se admitió la acción de tutela en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de
Estado y se vinculó a la Subsección C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a la Beneficencia
de Cundinamarca, a Carlos Fidolo González Cuellar, a la sociedad SUPERCENTER Ltda. y a la sociedad RODICARS Ltda.

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Además, señaló que la controversia es compleja, debido a que involucra procesos
judiciales múltiples, declaratorias de simulación, condenas penales por fraude
procesal y conflictos estructurales de dominio.

18. En cuanto al requisito de relevancia constitucional, aclaró que no pretende
reabrir un debate económico o probatorio, sino discutir que la providencia
cuestionada omitió analizar elementos estructurales determinantes. Además,
sostuvo que si bien la controversia tiene origen en una relación contractual, aquel
actuó como representante legal, sufrió directamente las consecuencias del daño y
resultaron afectados sus derechos fundamentales.

19. Por último, afirmó que el Consejo de Estado omitió valorar integralmente las
pruebas relevantes y analizar la responsabilidad estatal por falla en el servicio;
desconoció el principio de buena fe, la protección constitucional de la propiedad y
el contexto de fraude y simulación; y no estudió el nexo causal entre la pérdida del
dominio y el daño sufrido y la influencia de la conducta estatal en la producción del
daño.

II. CONSIDERACIONES

Competencia

20. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, el
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia, y el Acuerdo No.
80 de 2019, Reglamento Interno del Consejo de Estado, esta Sala es competente
para conocer del proceso de la referencia.

Problema jurídico

21. Corresponde a la Sala determinar, una vez verificados los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, en especial, la exigencia de inmediatez, si la
sentencia emitida el 21 de febrero de 2025 por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado incurrió en las causales específicas de
procedibilidad invocadas por la parte accionante.

Procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial

22. La Sala declarará improcedente la acción de tutela por no cumplirse el
requisito de inmediatez2, conforme a las razones que pasan a exponerse:

23. Examinados los desacuerdos formulados por el accionante, la Sala observa
que estos recaen en la sentencia proferida el 21 de febrero de 2025 por la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante la cual
modificó parcialmente la decisión adoptada por la Subsección C de la Sección
Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, porque, en criterio del actor,

2
Sobre el requisito de inmediatez, puede consultarse: Corte Constitucional, Sentencia SU-184 de 2019

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se incurrió en los defectos fácticos, sustantivo, violación directa de la Constitución
Política, decisión sin motivación y procedimental por exceso ritual manifiesto.

24. En esa medida, se repara en que la providencia mencionada fue notificada
por edicto el 11 de marzo de 2025 y se desfijó el 13 de igual mes y anualidad, por
lo que la providencia adquirió ejecutoria el 18 de marzo de 20253.

25. Ahora, si bien es cierto el ejercicio de la acción de tutela no cuenta con un
término de caducidad, la jurisprudencia constitucional ha señalado que, dado el
carácter preferente y sumario de protección que encierra la solicitud de amparo, su
interposición debe darse dentro de un término razonable y proporcionado a partir
del hecho generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos
fundamentales. Lo anterior, en aras de i) proteger derechos de terceros, ii) impedir
que el amparo se convierta en un factor de inseguridad jurídica y iii) evitar su uso
como herramienta supletoria de la negligencia en la agencia de derechos,
desnaturalizando con ello su finalidad4.

26. Así, en Sentencia de 5 de agosto de 20145, el Consejo de Estado, Sala
Plena, acogió como regla general un plazo de 6 meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, como tiempo razonable para determinar si
la acción de tutela contra providencia judicial se ejercía oportunamente. Lo anterior,
luego de explicar que la inmediatez cobra mayor relevancia cuando el recurso de
amparo se dirige a cuestionar providencias judiciales, por encontrarse en juego los
principios de cosa juzgada y seguridad jurídica.

27. En ese orden de ideas, el término para presentar la acción de tutela
finalizaba el 19 de septiembre de 2025; sin embargo, la solicitud de amparo, según
la información que reposa en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI, fue instaurada
hasta el 26 de febrero de 2026, por lo que la acción fue presentada por fuera del
término razonable establecido jurisprudencialmente para cuestionar a través de
este mecanismo una providencia judicial.

28. No obstante, como el solo paso del tiempo no habilita al juez constitucional
para considerar incumplido el requisito general de inmediatez, debe determinarse
si la tardanza en la interposición de la acción de tutela estuvo justificada por una
causa válida que hubiera imposibilitado su presentación en un límite razonable. Por
tanto, le corresponde al operador judicial determinar, en cada caso, si existen
razones válidas para la inactividad, si permanece la vulneración o amenaza de
derechos fundamentales y/o si la parte actora se encuentra en un estado de
debilidad manifiesta que haga desproporcionada la exigencia en cuestión6.

29. Al respecto, se aclara que si bien el accionante tiene 76 años, dicha
circunstancia no resulta suficiente, por sí sola, para justificar una flexibilización del

3
Código General del Proceso, artículo 302. Ejecutoria. «Las que sean proferidas por fuera de audiencia quedan ejecutoriadas
tres (3) días después de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los interpuestos».
4
Corte Constitucional. Sentencias T-936 de 2013, T-1063 de 2012 y T-328 de 2010.
5
Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
6
Corte Constitucional. Sentencia T-619 de 2017.

6
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presupuesto de inmediatez, por cuanto el actor no expuso ninguna situación que le
hubiese imposibilitado acudir oportunamente al mecanismo de amparo, por lo que
la exigencia del cumplimiento de este requisito no resulta desproporcionada.

30. Adicionalmente, si bien el demandante sostuvo que la presunta vulneración
de sus garantías fundamentales persiste en el tiempo, es preciso señalar que
aunque la Corte Constitucional ha aceptado que en los casos en que se trate de
una vulneración o amenaza continua y actual de un derecho fundamental es posible
flexibilizar el requisito de inmediatez7, dicha excepción no resulta aplicable al caso
bajo estudio, ya que la vulneración que se alega como continua y actual reside en
la expedición de la Sentencia del 21 de febrero de 2025, por lo que la presunta
conculcación se produjo exclusivamente en ese momento. Lo anterior cobra
relevancia si se considera que lo controvertido es una providencia judicial que hizo
tránsito a cosa juzgada, frente a la cual la eventual afectación de derechos
fundamentales demanda una actuación oportuna y diligente por parte de quien los
considere vulnerados, circunstancia que no se evidencia en el presente asunto.

31. En ese orden de ideas, se declarará improcedente la acción de tutela
formulada por José Arístides Almonacid León en contra de la Subsección A de la
Sección Tercera del Consejo de Estado, al no haberse satisfecho el requisito
general de inmediatez ni acreditado alguna circunstancia que justificará la
inactividad del accionante.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. RESUELVE

PRIMERO. DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela instaurada por José
Arístides Almonacid León en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del
Consejo de Estado.

SEGUNDO. En caso de no ser impugnada la anterior decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

7
Ver entre otras sentencias: SU-108 de 2018 y T-379 de 2018.

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Demandante: José Arístides Almonacid León

Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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