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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01552-01

Fecha
4 de junio de 2026
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01552-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de abril de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. 20 Índice 148 SAMAI, expediente núm. 25000-23-26-000-2007-00503-01. 11 Radicación: 11001-03-15-000-2026-01552-01 Accionante: José Arístides Almonacid León TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01552-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

4 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación núm.: 11001-03-15-000-2026-01552-01
Accionante: JOSÉ ARÍSTIDES ALMONACID LEÓN
Accionado: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN TERCERA -
SUBSECCIÓN A
Tema: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - Se confirma el fallo
impugnado. Se declara improcedente el mecanismo de amparo por no
cumplir con el requisito general de procedencia de inmediatez.

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el accionante contra la sentencia de
23 de abril de 2026, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El señor José Arístides Almonacid León solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y trabajo
en conexidad con el principio de buena fe, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 21 de febrero de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado dentro del medio de control de controversias
contractuales con radicado número 25000-23-26-000-2007-00503-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Indicó que a nombre de la sociedad Rodicars Ltda. presentó el medio de control
de controversias contractuales con radicado núm. 25000-23-26-000-2007-00503-
00/01 en contra de la Beneficencia de Cundinamarca, el señor Carlos Fidolo
González y la sociedad Supercenter Ltda., con el fin de que se declarara el
incumplimiento del contrato de arrendamiento núm. 77 de 30 de septiembre de
2002, se condenara a las demandadas el pago de una indemnización por los
perjuicios causados y las mejoras existentes sobre el inmueble objeto del contrato.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01552-01
Accionante: José Arístides Almonacid León

2.2. Señaló que el conocimiento del asunto le correspondió a la Subsección C de la
Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, autoridad judicial
que mediante sentencia de 25 de mayo de 2012 declaró la falta de legitimación en
la causa por activa de José Arístides Almonacid León y negó las pretensiones de
la demanda.

2.3. Refirió que interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión y que la
Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado, a través de providencia
de 21 de febrero de 2025 modificó, complementó y confirmó en lo demás la decisión
de primera instancia en los siguientes términos:

“[…] PRIMERO: REVOCAR el ordinal primero de la sentencia del 25 de mayo
de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Tercera, Subsección C de Descongestión y, en su lugar, DECLARAR la
legitimación en la causa por activa del señor JOSÉ ARÍSTIDES ALMONACID
LEÓN y negar las pretensiones que había elevado en su favor.

SEGUNDO: COMPLEMENTAR la sentencia del 25 de mayo de 2012, proferida
por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección
C de Descongestión, para negar la pretensión de liquidación judicial del
contrato No. 77 de 2002 conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.

TERCERO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia del 25 de mayo de 2012,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera,
Subsección C de Descongestión. […]”. [Negrilla del texto]

2.4. Manifestó que las providencias vulneraron sus derechos fundamentales citados
supra por haber incurrido en los defectos fáctico, sustantivo, en la causal de
violación directa de la constitución, decisión sin motivación y el defecto por exceso
ritual manifiesto.

2.5. Argumentó que la providencia de segunda instancia omitió el estudio de “[…] •
[l]anzamiento judicial y no por terminación Contrato. • Registro formal de mejoras
en el Folio de Matrícula y aceptadas en Contrato de Arrendamiento • Sanción por
demolición por el Distrito y registrado el Embargo en el Folio Inmobiliario •
Simulación declarada en Jurisdicción Civil y Sancionada Penalmente •
Ocultamiento precontractual de información que originó la pérdida del Patrimonio
estatal y de la Empresa y Mejoras de RODICARS. • Paralización empresarial de
todos sus proyectos desde el 2.006 hasta su Lanzamiento. • Negativa de
subrogación contractual o terminación del Contrato Arrendamiento por parte de la
Beneficencia […]” y únicamente se limitó a examinar “[…] fechas contractuales […]”.

3. Expuso frente al defecto sustantivo que se inaplicaron las siguientes normas “[…]
• Art. 58 CP – Propiedad. • Art. 83 CP – Buena fe. • Art. 90 CP – Responsabilidad
estatal. • Régimen civil de mejoras. • Principios de contratación estatal […]”.

4. Manifestó respecto de la causal de violación directa de la Constitución que “[…]
[s]e desconoció el derecho al trabajo al ignorar la destrucción del proyecto

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Accionante: José Arístides Almonacid León

empresarial. Se desconoció el acceso a la justicia al no analizar el contexto
completo. Se vulneró el debido proceso al no valorar pruebas determinantes […]”.

5. Refirió respecto a la falta de motivación que la decisión omitió realizar un examen
sustancial sobre: “[…] • El nexo causal entre la pérdida del dominio y la destrucción
empresarial. • La eventual falla en el servicio por omisión defensiva en el proceso
dominial. La Corte Constitucional ha sostenido que el juez debe resolver los cargos
estructurales planteados por las partes. La simple mención sin análisis constituye
vulneración del debido proceso […]”.

6. Adujo que la sentencia incurrió en un exceso ritual manifiesto por cuanto “[…] [l]a
negativa a valorar la sentencia penal condenatoria por extemporaneidad implicó
privilegiar la forma sobre la justicia material. La Corte ha señalado que el rigor
procesal no puede sacrificar derechos fundamentales cuando se trata de hechos
determinantes. Aquí no se solicitaba reabrir el debate, sino analizar el impacto
constitucional de hechos sobrevinientes en la imputación del daño […]”.

7. Agregó que se desconocieron hechos sobrevinientes determinantes como lo
fueron “[…] En 2007, fecha del lanzamiento, no se conocían los elementos
estructurales de simulación y fraude. Solo con posterioridad se tuvo acceso a dicha
información por contestación Demanda por parte de la Beneficencia en la Acción
de Reparación Directa de SUPERCENTER […]”.

III. PRETENSIONES

8. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] 1. Amparar los derechos fundamentales invocados.
2. Dejar sin efectos la sentencia del 21 de febrero de 2025.
3. Ordenar que se profiera nueva decisión valorando integralmente:
o La conducta procesal diferenciada de la Beneficencia.
o La pérdida del dominio como causa estructural del daño.
o Las pruebas allegadas en segunda instancia.
o La sentencia penal como hecho sobreviniente relevante […]”.

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

9. Mediante auto de 2 de marzo de 2026, el magistrado a cargo de la sustanciación
del proceso de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado
admitió la presente acción de tutela. Asimismo, ordenó vincular en calidad de
tercero con interés directo en el resultado del proceso a la Subsección C de la
Sección tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a la Beneficencia de
Cundinamarca, a Carlos Fidolo González Cuellar y a las sociedades Supercenter
Ltda. y Rodicars Ltda.

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Accionante: José Arístides Almonacid León

V. INTERVENCIONES

10. Una vez efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a las
vinculadas, se allegaron los siguientes informes:

10.1. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado solicitó
declarar improcedente la acción de tutela, en razón a que no cumple el requisito de
inmediatez, toda vez que la sentencia cuestionada se notificó el 7 de marzo de 2025
y la acción de amparo se presentó luego de 6 meses.

10.2. Informó que en el caso en concreto se configura la falta de legitimación en la
causa por activa parcial, toda vez que la tutela fue promovida por el señor
Almonacid León en nombre propio, mientras que la demanda que dio lugar al fallo
cuestionado fue instaurada por el accionante a título personal como en calidad de
representante legal de la empresa Rodicars Ltda.

10.3. Deotra parte, sostuvo que los cargos formulados no están llamados a
prosperar, ya que solo reflejan el desacuerdo del tutelante por no adoptarse una
decisión favorable a sus pretensiones.

10.4. La Beneficencia de Cundinamarca señaló que la acción de tutela no cumple
con el requisito general de relevancia constitucional, dado que lo que pretende el
accionante es una tercera instancia.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

11. Mediante fallo de tutela de 23 de abril de 2026, la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por no
cumplir con el requisito general de inmediatez.

12. El juez de primera instancia concluyó que “[…] a providencia mencionada fue
notificada por edicto el 11 de marzo de 2025 y se desfijó el 13 de igual mes y
anualidad, por lo que la providencia adquirió ejecutoria el 18 de marzo de 2025 […]
el término para presentar la acción de tutela finalizaba el 19 de septiembre de 2025;
sin embargo, la solicitud de amparo, según la información que reposa en el Sistema
de Gestión Judicial SAMAI, fue instaurada hasta el 26 de febrero de 2026, por lo
que la acción fue presentada por fuera del término razonable establecido
jurisprudencialmente para cuestionar a través de este mecanismo una providencia
judicial […]”.

13. De otro lado aclaró que “[…] si bien el accionante tiene 76 años, dicha
circunstancia no resulta suficiente, por sí sola, para justificar una flexibilización del
presupuesto de inmediatez, por cuanto el actor no expuso ninguna situación que le
hubiese imposibilitado acudir oportunamente al mecanismo de amparo, por lo que
la exigencia del cumplimiento de este requisito no resulta desproporcionada […]”.

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Accionante: José Arístides Almonacid León

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

14. La parte accionante impugnó el fallo de primera instancia y solicitó revocar la
sentencia para en su lugar tutelar los derechos fundamentales al debido proceso,
acceso a la administración de justicia y trabajo.

15. Expuso que solo hasta el mes de enero de 2026 “[…] el apoderado presentó su
renuncia de manera inexplicable ante el Tribunal, situación que obligó al accionante
a asumir directamente la defensa de sus derechos. Dicha renuncia fue presentada
como una de las pruebas de la Tutela, y constituye una causa objetiva, externa y
ajena a la voluntad del accionante […]” por lo que “[…] [t]ras la renuncia del
apoderado, el accionante debió reconstruir integralmente el caso, comprender
decisiones judiciales complejas y recopilar pruebas determinantes entre enero y
febrero de 2026 […]”.

16. Concluyó que la decisión del a quo se encuentra “[…] fundada en una
interpretación rígida de la inmediatez, vulnera los principios constitucionales de
acceso a la justicia, razonabilidad, proporcionalidad y prevalencia del derecho
sustancial, e impediría la defensa efectiva de los derechos fundamentales del
accionante, menoscabando la posibilidad de un pronunciamiento de fondo en
abierta contradicción con la Constitución Política […]”.

17. El25 de mayo de 2026 el accionante presentó escrito dando alcance a la
impugnación en el cual expuso que la razón por la cual no había presentado la
acción de tutela tuvo sustento en la confianza legítima de su apoderado judicial,
quien le manifestó que interpondría el recurso extraordinario de revisión y
posteriormente la acción de tutela, lo cual generó confianza sobre el ejercicio
efectivo de su defensa judicial.

18. Adicionalmente anexo imágenes que contienen las conversaciones con el
abogado que lo representaba “[…] en las cuales se evidencia que el profesional del
derecho manifestó reiteradamente que interpondría el recurso extraordinario de
revisión y, de ser necesario, posteriormente la acción de tutela […]”.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

19. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de
tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley núm. 2591 de 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto núm.
1069 de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1.º del Decreto núm. 333

1
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
2
“Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho”.

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Accionante: José Arístides Almonacid León

de 6 de abril de 20213 y el Decreto 799 de 9 de julio de 20254, y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 de 12 de marzo de 20195, modificado por el Acuerdo núm. 434
de 10 de diciembre de 20246.

VIII.2. Problemas jurídicos

20. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado7, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y, si ello
es así, se deberá:

b) Determinar si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.

21. Con el fin de resolver tales interrogantes resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: (i) procedencia de la acción de tutela; (ii) los presupuestos
para que proceda la acción de tutela contra actos de carácter general, impersonal
y abstracto; para posteriormente; y (iii) resolver el caso concreto.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

22. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 20128, cambió su postura inicial y decidió asumir el
estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias
judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos
dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

23. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

24. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto

3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
“Por el cual se modifica el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del
Derecho”.
5
Por el cual se expide el Reglamento Interno del Consejo de Estado.
6 Por medio del cual se modifican los artículos 13, 67, 80, 81 y 82 del Acuerdo 080 de 2019, y se le adicionan los artículos
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 y 90.
7
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Radicación: 2009-01328-01(IJ), sentencia de 31 de julio
de 2012. Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01552-01
Accionante: José Arístides Almonacid León

decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso; y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

25. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial9, la sentencia C-590 de
2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución10.

26. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales explicados, permitiéndole de
esta manera “[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]”11 que encaje en dichos
parámetros.

27. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

28. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

9
Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-619 de 3 de septiembre de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio
Palacio.
10
Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo
llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las
normas establecidas en la Constitución Política.
11
Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr.
Mauricio González Cuervo.

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VIII.4. El caso concreto

29. El señor José Arístides Almonacid León solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y trabajo
en conexidad con el principio de buena fe, cuya vulneración le atribuyó a la
providencia de 21 de febrero de 2025, proferida por la Subsección A de la Sección
Tercera del Consejo de Estado dentro del medio de control de controversias
contractuales con radicado número 25000-23-26-000-2007-00503-00/01.

30. Precisado lo anterior, la Sala estudiará el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela, en especial, el requisito de inmediatez.

VIII.4.1. Del cumplimiento del requisito general de procedencia de la
inmediatez

31. En cuanto al requisito general de inmediatez, se debe señalar que la acción de
tutela no tiene un plazo específico para su interposición. Sin embargo, la Corte
Constitucional ha dicho, refiriéndose a este requisito, que la acción de tutela debe
ser interpuesta: “[…] en un término razonable y proporcionado a partir del hecho
que originó la vulneración12. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían
los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de solución de conflictos […]”13.

32. Al respecto, la jurisprudencia constitucional14, ha señalado lo siguiente:

“[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito
de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente,
pues el carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la
necesidad que existe de conciliar la protección de derechos
fundamentales con los principios constitucionales de seguridad jurídica
y autonomía judicial, que podrían comprometerse si la tutela contra
providencias judiciales se convierte en práctica generalizada. De ahí que
la jurisprudencia de la Corte Constitucional haya sido particularmente
reiterativa en considerar que el principio de inmediatez es particularmente
importante cuando se trata de examinar la procedencia de tutelas contra
providencias judiciales. En la citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que
“de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de
proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad
jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta
incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos
de resolución de conflictos” […]”15. [Negrilla fuera del texto y cursiva original del
texto]

12
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.
13
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
14
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
15
Ibidem.

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33. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, mediante
sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, fijó una regla jurisprudencial según
la cual el plazo considerado como razonable era de seis (6) meses, contados a
partir de la notificación de la decisión judicial objeto de tutela. Ello con sustento en
el siguiente raciocinio:

“[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.

Anotase que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las
diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre
este aspecto. Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de
seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la
sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra
providencias judiciales se ejerce oportunamente.

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza
del acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge,
además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como
razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata
de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]”16.
[Negrilla fuera del texto].

34. La jurisprudencia constitucional17 ha establecido excepciones a la aplicación del
requisito de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular18, así:

“[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de los
derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal entre
el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los
interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente en
el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto de
la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]”19.

35. La Sala pone de presente que, para determinar si la presente acción de tutela
satisface el requisito general de procedibilidad de inmediatez, se debe tener en
cuenta la fecha de notificación de la providencia controvertida. Ello en razón a que

16
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-
03-15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
17
Sentencia T-584 de 2011.
18
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
19
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.

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Radicación: 11001-03-15-000-2026-01552-01
Accionante: José Arístides Almonacid León

la jurisprudencia de esta Sección ha sido pacífica en sostener que el plazo
razonable se contabiliza a partir de la fecha en que se notifique la providencia
acusada por vía de tutela.

36. El accionante solicitó como pretensión “[…] Dejar sin efectos la sentencia del 21
de febrero de 2025 […]”.

37. Con fundamento en lo expuesto, la Sala estima oportuno precisar que: (i) la
sentencia de 21 de febrero de 2025 que motivó la interposición de esta acción de
tutela fue notificada por edicto del 11 de marzo de 202520, y (ii) la presente solicitud
de amparo fue presentada el 26 de febrero de 2026, lapso que no puede
considerarse como razonable.

38. El accionante en su escrito de impugnación manifestó que “[…] el apoderado
presentó su renuncia de manera inexplicable ante el Tribunal, situación que obligó
al accionante a asumir directamente la defensa de sus derechos. Dicha renuncia
fue presentada como una de las pruebas de la Tutela, y constituye una causa
objetiva, externa y ajena a la voluntad del accionante […]” por lo que “[…] [t]ras la
renuncia del apoderado, el accionante debió reconstruir integralmente el caso,
comprender decisiones judiciales complejas y recopilar pruebas determinantes
entre enero y febrero de 2026 […]”.

39. Para la Sala, los argumentos expuestos por la parte actora no justifican la demora
en la interposición de la presente acción constitucional, la Sala considera que no se
satisface el requisito general de procedibilidad de inmediatez, resaltándose que
tampoco se cumplen los presupuestos para acceder a la aplicación de la sentencia
SU-354 de 2017, proferida por la Corte Constitucional.

40. Con fundamento en lo anterior, esta Sección confirmará el fallo impugnado, como
se dispondrá en la parte resolutiva de esta decisión.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 23 de abril de 2026, proferida por la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

20
Índice 148 SAMAI, expediente núm. 25000-23-26-000-2007-00503-01.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2026-01552-01
Accionante: José Arístides Almonacid León

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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