Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01569-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01569-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2026-01569-00
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
13 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., trece (13) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01569-00
Demandante: Paulo Moreno Gutiérrez y otro
Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros
Temas: Tutela contra providencia judicial / Nulidad y restablecimiento del
derecho / Medida cautelar y actos administrativos que
suspendieron licencia de minería / Defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente.
Decisión: Declara la improcedencia del amparo
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
__________________________________________________________________
La Sala decide la solicitud de tutela formulada por Paulo Moreno Gutiérrez y Pedro
Elías Romero Taborda en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86
de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991 y 1069 de
2015.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud
1. Paulo Moreno Gutiérrez y Pedro Elías Romero Taborda promovieron solicitud
de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al trabajo, al
mínimo vital, a la igualdad, a la confianza legítima y al debido proceso, los cuales
consideran vulnerados con ocasión de la providencia proferida el 10 de octubre de
2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado 25000-
23-36-000-2022-00034-00/01 y la Resolución VCT-991 de 2024 y el Auto GCMD-
111 de 2025 emitidos por la Agencia Nacional de Minería.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2026-01569-00
Actor: Paulo Moreno Gutiérrez y otro
2. Como fundamento de la solicitud de amparo expuso lo siguiente1:
2.1. Desde el año 2013, los demandantes desarrollaron de manera artesanal la
extracción de minerales de oro en el municipio de Riosucio (Caldas), reconocida
como minería tradicional. En ejercicio de lo establecido en el derogado Decreto 933
de 2013, presentaron solicitud de formalización minera (expediente OEA-14481 y
NFC-09541) ante la Agencia Nacional de Minería2. Si bien ese decreto fue anulado
posteriormente mediante sentencia del Consejo de Estado, la prerrogativa de
explotación fue expresamente mantenida y reconocida en el artículo 325 de la Ley
1955 de 2019 y la ley 1382 de 2013, permitiendo la continuidad de la actividad
minera mientras se adelantaba el trámite de formalización. Aquella es su única
fuente de ingreso y depende su núcleo familiar compuesto por más de 4 personas.
2.2. La Corte Constitucional profirió la sentencia T-530 de 2016 con la que resolvió
una solicitud de tutela interpuesta por el Resguardo Indígena Cañamomo-
Lomaprieta, ordenó a la Agencia Nacional de Tierras3 adelantar el proceso de
delimitación del Resguardo Indígena Cañamomo-Lomaprieta y suspendió trámites
de formalización y contratación minera, sin disponer la suspensión de la explotación
minera tradicional previamente reconocida o en curso. Exhortando a la ANM a
abstenerse de otorgar nuevos títulos mineros dentro del área en disputa hasta que
se definieran sus límites. Igualmente, dispuso la realización de censos
poblacionales y caracterización socioeconómica para identificar comunidades y
mineros tradicionales presentes en la zona.
2.3. En cumplimiento de lo ordenado, el Grupo de Catastro y Registro Minero de la
ANM, mediante memorando 20172200026723 del 16 de marzo de 2017, identificó
que el área definida por el Resguardo Indígena Cañamomo-Lomaprieta, objeto de
delimitación por la ANT, se encontraba superpuesta con el polígono de la solicitud
OEA-14481 y NFC 095414, y realizó la anotación correspondiente en el sistema
geográfico de la entidad.
2.4. La ANM expidió la Resolución 001222 del 20 de noviembre de 2019 con la que
rechazó la solicitud OEA-14481 y NFC-09541 al considerar que no quedaba área
susceptible de contratar. La parte demandante interpuso recurso de reposición,
resuelto con la Resolución VCT-000392 del 20 de abril de 2020, que confirmó la
decisión de rechazo.
1 Archivo obrante en el índice 2 del Samai.
2 De ahora en adelante ANM.
3 En adelante ANT.
4 Correspondientes a la solicitud de formalización minera de los demandantes.
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Actor: Paulo Moreno Gutiérrez y otro
2.5. Sin embargo, la ANM reconociendo que no podía decidir hasta que la ANT
definiera los límites del resguardo, expidió la Resolución VCT-000297 del 30 de abril
de 2021, con la que revocó las resoluciones anteriores y suspendió el trámite hasta
la definición territorial.
2.6. La ANM profirió la Resolución GCT-000596 del 11 de junio de 2021, con la que
aclaró que la suspensión del trámite no cobijaba la prerrogativa de explotación del
artículo 325 de la Ley 1955 de 2019, permitiendo continuar actividades mineras bajo
control ambiental y de seguridad. Este acto administrativo garantizó la continuidad
de la actividad minera tradicional de la parte demandante como mecanismo de
protección del mínimo vital.
2.7. La ANT expidió los Autos 202351011736256 de 2023 y 202551000030339 de
2025, reconociendo superposición de territorios indígenas y afrodescendientes en
Riosucio y Supía, sin decisión definitiva. Sin embargo, esas actuaciones no han
culminado en una decisión definitiva sobre la delimitación territorial.
2.8. El Resguardo Indígena Cañamomo-Lomaprieta presentó demanda, en uso del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derechos, contra la ANM con el
fin de dejar sin efectos los actos administrativos relacionados con procesos de
formalización de minería y, como restablecimiento, abstenerse de continuar con
aquellos y otorgar autorizaciones de explotación minera hasta que culmine el
proceso de delimitación y titulación ordenado por la Corte Constitucional a través de
la Sentencia T-530 de 2016. Asimismo, como medida cautelar solicitó la suspensión
de los efectos de los actos administrativos que autorizaron ese tipo de actividades
por poner en riesgo sus derechos fundamentales.
2.9. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, emitió el auto del 10 de
octubre de 2024 (Rad. 70.666) con el que suspendió provisionalmente los efectos
de la Resolución GCT-000596 de 2021, con fundamento en una interpretación que
desconoce los apartes de la sentencia T-530 de 2016 de la Corte Constitucional que
permiten la continuidad de la minería tradicional en procesos de formalización. El
aquí demandante, en su condición de litisconsorte por pasiva, interpuso recurso de
súplica contra el anterior pronunciamiento, el cual fue rechazado por improcedente,
a través de providencia del 4 de febrero de 2025.
2.10. En octubre de 2024, la ANM elaboró un memorando interno (DOC20251024-
WA0007) que relaciona la sentencia T-530 de 2016 con un supuesto «Censo minero
Resguardo Cañamomo-Lomaprieta», el cual nunca se ejecutó, y reportó que la
solicitud OEA-14481 y NFC-09541 estaba «suspendida por el Consejo de Estado».
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Actor: Paulo Moreno Gutiérrez y otro
2.11. El 14 de noviembre de 2024, la Vicepresidencia de Seguimiento y Control emitió
el Concepto Técnico GSC-ZO-316, donde confirmó que la solicitud OEA-14481 y
NFC-09541 seguía suspendida, pero con prerrogativa vigente, contradiciendo la
decisión posterior de suspensión total, pues después, mediante la Resolución VCT-
991 del 18 de noviembre de 2024, la ANM suspendió la prerrogativa de explotación.
2.12. La ANM expidió el Auto GCMD-111 del 10 de marzo de 2025 para requerirle al
demandante que acreditara el pago de las regalías correspondientes, las cuales
fueron debidamente canceladas.
2.13. La vulneración alegada consiste en que, por una lectura judicial restrictiva del
precedente constitucional, sumada a actuaciones administrativas contradictorias y
a una omisión estatal prolongada, se privó al demandante de ejercer su oficio
tradicional, dejándolo sin ingresos, pese a existir una protección legal y
jurisprudencial expresa para continuar la explotación minera tradicional mientras se
resuelve la solicitud de formalización.
2.13.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B incurrió en un defecto
sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional, al interpretar de forma
errónea la sentencia T530 de 2016, pues esta ordenó suspender trámites de
formalización y titulación, pero no prohibió la explotación minera tradicional en
curso, especialmente la amparada por el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019. Esa
interpretación llevó a la suspensión de la prerrogativa de explotación, lo que afectó
de manera directa su sustento.
2.13.2. La ANM profundizó la vulneración al suspender la prerrogativa de explotación
(Resolución VCT‑991 de 2024) y, de manera incoherente, exigir de manera
simultánea el pago de regalías (Auto GCMD‑111 de 2025), lo que configura una vía
de hecho administrativa y quebranta la confianza legítima, pues la propia entidad
había reconocido previamente la vigencia de dicha prerrogativa.
2.13.3. La ANT ha incumplido de forma prolongada la orden de delimitación del
resguardo indígena impartida en la Sentencia T530 de 2016, lo cual generó una
indefinición jurídica que mantiene suspendida la actividad económica del
demandante y agrava la afectación a su mínimo vital.
1.1.2. Pretensiones
3. Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:
«[…] PRIMERO: Se tutelen los derechos fundamentales del señor Paulo Moreno
Gutiérrez y Pedro Elías Romero Taborda al trabajo, mínimo vital, igualdad, confianza
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Actor: Paulo Moreno Gutiérrez y otro
legítima y debido proceso administrativo y judicial, vulnerados de manera conjunta y
continua por las entidades accionadas.
SEGUNDO: Ordenar al Consejo de Estado – Sección Tercera Subsección B que deje
sin efecto el Auto del 10 de octubre de 2024 (Rad. 70.666), por haber incurrido en
defecto sustantivo y desconocimiento del precedente constitucional fijado en la
Sentencia T-530 de 2016, precisando que esta no dispuso la prohibición de la
actividad minera tradicional desarrollada bajo el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019.
TERCERO: Ordenar a la Agencia Nacional de Minería (ANM) dejar sin efecto la
Resolución VCT-991 de 2024 y el Auto GCMD-111 de 2025, por configurarse una vía
de hecho administrativa, y ordenar el restablecimiento inmediato de la prerrogativa de
explotación minera tradicional reconocida dentro del expediente OEA-14481 y NFC-
0954, así como el levantamiento de la suspensión del trámite de formalización,
permitiendo su continuación conforme al artículo 325 de la Ley 1955 de 2019.
CUARTO: Ordenar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que, en coordinación con
el Ministerio del Interior y con participación de las comunidades mineras tradicionales,
realice dentro de un plazo no mayor a seis (6) meses la clarificación de los polígonos
superpuestos en el municipio de Riosucio (Caldas), y adelante los censos y
caracterizaciones poblacionales ordenados en la Sentencia T-530 de 2016,
garantizando el reconocimiento de los actores del territorio antes de adoptar
decisiones sobre su delimitación.
QUINTO: Disponer que las entidades accionadas adopten medidas coordinadas para
garantizar el ejercicio seguro, ambientalmente responsable y formalizado de la
minería tradicional, asegurando la coexistencia pacífica entre comunidades étnicas y
mineros tradicionales. […]». (sic).
1.2. Informes rendidos en el proceso
4. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B5 manifestó que en el
expediente contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se
encuentran los argumentos y elementos necesarios para que el juez de tutela tome
la decisión correspondiente por lo cual estará pendiente a lo resuelto en el
mencionado mecanismo de amparo constitucional.
5. El Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo-Lomaprieta6 solicitó
negar o declarar improcedente la solicitud de tutela y, por su parte, ratificar la plena
vigencia y obligatoriedad de las órdenes impartidas en la sentencia T-530 de 2016
de la Corte Constitucional, en la medida en que reconoce la prelación del derecho
fundamental al territorio, la autonomía indígena y la consulta previa, y ordena la
suspensión de todo trámite o título minero mientras no exista delimitación definitiva
del resguardo. Afirmó que, aunque los demandantes se presentan como mineros
artesanales, adelantaron trámites de formalización minera sin el aval de la autoridad
5 Archivo obrante en el índice 18 del Samai.
6 Archivo obrante en el índice 22 del Samai.
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Actor: Paulo Moreno Gutiérrez y otro
tradicional ni consulta previa, contrariando de forma directa la sentencia T-530 de
2016, que establece que solo los comuneros certificados por el gobierno propio
pueden ejercer minería en el territorio. Además, expuso que el incumplimiento
reiterado de las órdenes de cierre, control y suspensión de actividades mineras por
parte de las autoridades estatales ha permitido la persistencia de explotaciones
ilegales, generando daños ambientales progresivos, afectaciones a fuentes
hídricas, degradación del suelo, conflictividad social y riesgo colectivo para la
comunidad indígena.
6. La Agencia Nacional de Tierras7 pidió declarar la inexistencia de vulneración de
derechos fundamentales y negar el amparo solicitado, o subsidiariamente tener en
cuenta el avance progresivo de las actuaciones administrativas en cumplimiento de
la Sentencia T530 de 2016, ya que no vulneró los derechos fundamentales
invocados al actuar dentro de sus competencias legales y en cumplimiento
progresivo de las órdenes judiciales. Expuso que las actuaciones adelantadas por
esa entidad en relación con el Resguardo Indígena Cañamomo-Lomaprieta
delimitación externa, clarificación de la vigencia legal de los títulos coloniales y
trámite de ampliación del resguardo— se desarrollaron conforme a la normativa
vigente y a los lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la Sentencia T-
530 de 2016, sin que exista conducta omisiva o arbitraria.
7. La Agencia Nacional de Minería8 requirió declarar la improcedencia y, en
subsidio, se negara la solicitud de tutela al considerar que no existe vulneración de
derechos fundamentales ni perjuicio irremediable atribuible a esa entidad y que la
tutela no cumple el requisito de subsidiariedad9. Precisó que su actuación se limitó
a dar cumplimiento estricto a órdenes judiciales y al marco legal vigente, así como
a la orden de suspensión de procesos de formalización minera contenida en la
Sentencia T530 de 2016 de la Corte Constitucional. Señaló que la suspensión de
la solicitud de formalización minera OEA14481 se encuentra vigente por mandato
judicial, que los requerimientos de regalías son jurídicamente procedentes aun
durante la suspensión de la prerrogativa de explotación, y que las pretensiones de
anulación del auto del Consejo de Estado de 10 de octubre de 2024 y de la
Resolución VCT991 de 2024 y el Auto GCMD111 de 2025 deben ventilarse
ante la jurisdicción contenciosoadministrativa mediante los medios de control
ordinarios.
7 Archivo obrante en el índice 23 del Samai.
8 Archivo obrante en el índice 26 del Samai.
9 Fundamenta la improcedencia del amparo en la jurisprudencia constitucional sobre subsidiariedad
y excepcionalidad de la tutela, citando, entre otras, las sentencias T‑091 de 2018, T‑635 de 2013,
T‑382 de 2018 y SU‑772 de 2014 de la Corte Constitucional.
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8. Antonio Mendoza Díaz y Milton César Mendoza Díaz10 solicitaron amparar los
derechos fundamentales al trabajo, mínimo vital, igualdad, confianza legítima y
debido proceso, en su calidad de terceros con interés directo y mineros tradicionales
en proceso de formalización, y extienda a su favor los efectos de la tutela, dejando
sin efectos el Auto del 10 de octubre de 2024 proferido por el Consejo de Estado en
el radicado 25000‑23‑36‑000‑2022‑00034‑01 (70.666) con el que decretó la
suspensión provisional de las Resoluciones GCT‑000594, GCT‑000595 y
GCT‑000596 de 2021, así como las Resoluciones VCT‑000982, VCT‑000990 y
VCT‑000991 de 18 de noviembre de 2024 expedidas por la Agencia Nacional de
Minería en cumplimiento de la providencia mencionada. Esto, en tanto aquellas
desconocen y contradicen lo ordenado por la Sentencia T‑530 de 2016 de la Corte
Constitucional, que protegió a los mineros tradicionales en proceso de formalización
y no prohibió la continuidad de la minería tradicional, sino la concesión de nuevos
títulos mientras se definía la delimitación territorial.
9. Los demás terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio.
2. Consideraciones
10. En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas
que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el
siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra
providencia judicial; iii) determinación del problema jurídico; y iv) análisis de la Sala.
2.1. Competencia.
11. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el
numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el
artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021, esta Sala es competente para
conocer de la presente solicitud de amparo contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, la Agencia Nacional de Minería y la Agencia Nacional de
Tierras.
2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial
12. En fallo del 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado11 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las
10 Archivo obrante en el índice 27 y 28 del Samai.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2009-
01328-01, M.P. María Elizabeth García González.
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distintas posturas que en su interior se habían desarrollado sobre el tema.12 Al
respecto señaló lo siguiente:
«[…] De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio
mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar
improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las
distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de
junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional,
de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos
constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita,
como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se
esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos,
observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. […]»
[Resalta la Sala].
13. Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es
necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia
judicial y analizar si ellas vulneran algún derecho fundamental, para lo cual
corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.
14. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado13 adoptó los criterios
expuestos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-590 de 2005 para
establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para
la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86
Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar
además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos
fundamentales.
15. Ahora bien, la Corte Constitucional14 ha señalado que la solicitud de amparo debe
cumplir con unos requisitos generales de procedencia. Estos son: i) que sea
relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que
se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado
inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se
hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos
sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.
Cuando no se cumpla con uno de esos presupuestos, la decisión a tomar será
declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.
12 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
13 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto
de 2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
14 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y
C-590 de 2005.
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16. A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos15, el
juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en que incurrió la autoridad
judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos
fundamentales que se afirman vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad
de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno
de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto
sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos
fundamentales16.
17. Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad
que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el
debate que se había planteado en la instancia correspondiente.
2.3. Procedencia de la solicitud tutela contra actos administrativos
18. De acuerdo con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, la
solicitud de tutela es un mecanismo judicial, preferente para la defensa de los
derechos fundamentales, de carácter subsidiario. La subsidiariedad significa que la
acción procede únicamente en alguna de las siguientes hipótesis: i) cuando no
existen mecanismos judiciales de defensa para proteger un derecho constitucional;
ii) cuando existen esos medios de defensa, pero, en el marco del caso concreto, no
resultan idóneos o eficaces para conjurar la amenaza o violación del derecho; o iii)
cuando la acción se interpone como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
ius fundamental irremediable.
19. La Corte Constitucional en Sentencia T-187 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio, manifestó que la solicitud de tutela es subsidiaria y, por tanto, no sustituye
los mecanismos procesales ofrecidos por el ordenamiento jurídico para defender los
intereses de los particulares. Al respecto, precisó que:
«[…] La acción de amparo es un mecanismo preferente y sumario que busca dar
protección privilegiada a los derechos fundamentales de las personas cuando los
mismos se vean amenazados por una autoridad pública con su acción u omisión y
excepcionalmente cuando se vean conculcados por un particular.
De igual manera la acción de tutela, por su naturaleza, opera de manera
subsidiaria y residual, lo que implica que para su procedencia el accionante debe i)
carecer de un mecanismo de defensa judicial o carezca de eficacia o ii) estar ante
la ocurrencia de un perjuicio irremediable y el amparo se promueva como
mecanismo transitorio. […]» (Subrayas fuera del texto).
15 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2015, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.
16 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.
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20. Dentro de este marco normativo es incuestionable que la solicitud de tutela contra
actos administrativos generales (artículo 6º numeral 5º del Decreto 2591 de 1991) y
contra actos administrativos particulares, es, en principio, improcedente, en la
medida en que el ordenamiento constitucional y legal ha establecido mecanismos
ordinarios de defensa, dotados de todas las garantías que ofrece el derecho al
debido proceso con el objeto de discutir su legalidad y, en muchos eventos la
pretensión de restarle validez a aquellos sólo se consigue previo análisis legal
especializado, que no es competencia del juez constitucional. Frente al asunto aquí
referido la Corte Constitucional en la Sentencia T-548 de 2010, M.P. Doctor Gabriel
Eduardo Mendoza Martelo, manifestó:
«[…] Debido a lo anterior, en reiterada jurisprudencia se ha establecido la
improcedencia de la tutela contra actos administrativos de contenido particular y
concreto, pues para controvertir estos actos se tiene la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, que se ejerce ante la jurisdicción contencioso
administrativa “gracias a la cual el interesado puede solicitar la suspensión provisional
del acto que infringe la vulneración a los derechos cuya protección se invoca. […]».
21. Pese a lo anterior, el juez de tutela, por excepción, puede suspender la aplicación
de estos actos administrativos en los siguientes eventos: como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, cuando éste se alegue y se pruebe
dentro del proceso por la parte demandante [artículo 8º del Decreto 2591 de 1991],
o como mecanismo definitivo, cuando la acción principal no sea eficaz e idónea para
la defensa judicial de quien demanda. Al respecto, en la providencia T-244 de 2010,
M.P. Doctor Luis Ernesto Vargas Silva, se afirmó:
«[…] En este orden de ideas, la Corte ha decantado dos supuestos excepcionales en
los cuales el carácter de subsidiario de la acción de tutela no impide su utilización, a
pesar de existir mecanismos alternos de defensa judicial al alcance del interesado. La
primera de esas excepciones se encuentra prevista en el artículo 86 Superior, la cual
se presenta cuando la tutela se ha interpuesto como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable; la segunda, se configura cuando el otro medio de defensa
existe, pero en la práctica es ineficaz para amparar el derecho fundamental cuya
protección se invoca, excepción que no emana directamente de la Constitución, pero
ha sido introducida por la jurisprudencia de esta Corporación. […]».
22. El perjuicio irremediable, a su turno, se ha entendido como aquel que presenta
las características de inminente, esto es que amenaza o está por suceder; urgente,
en relación con las medidas a adoptar para evitar la consumación del mismo
aplicando para el efecto un criterio de proporcionalidad; grave, relacionado con el
bien jurídico protegido por el ordenamiento y que es objetivamente [determinado o
determinable] relevante para el afectado e, impostergable, lo que determina que la
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tutela sea adecuada para el restablecimiento del orden social justo en su
integridad17.
23. Del mismo modo, la existencia real de un mecanismo de defensa debe ser
analizado frente a las circunstancias del caso que se plantee, pues su sola
procedencia legal no lo hace eficaz e idóneo en todos los asuntos. Este aspecto,
pues, también le corresponde ser valorado por el juez constitucional y determina, se
reitera, los efectos del fallo de tutela.
2.4. Problemas jurídicos
24. La Sala deberá definir si: ¿el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección
B, vulneró los derechos fundamentales de la demandante con ocasión de la
providencia del 10 de octubre de 2024, que revocó la decisión judicial de primera
instancia para, en su lugar, decretar la medida cautelar de suspensión provisional
de los efectos de las Resoluciones GCT-000594, GCT-000595 y GCT-000596 de
11 de junio de 2021, proferidas por la ANM, con la que incurrió, presuntamente, en
defecto sustantivo y desconocimiento del precedente?
25. Por su parte, establecer si: ¿la solicitud de tutela es procedente para cuestionar
la legalidad de actos administrativos expedidos en virtud de la solicitud de
formalización minera (expediente OEA-14481 y NFC-09541) adelantada ante la
ANM?
2.5. Análisis de la Sala
2.5.1. Requisito de inmediatez respecto a la providencia del 10 de octubre de
2024 proferida en el radicado 25000233600020220003401
26. Como presupuesto general de procedencia de la solicitud de tutela, la
jurisprudencia Constitucional ha sostenido que, debido a su naturaleza de
mecanismo de protección inminente, esta debe promoverse dentro de un plazo
razonable que justifique su utilización para conjurar una situación apremiante
17 Al respecto, ver las Sentencias T- 300 de 2010, T-1316 de 2001; T.225 de 1993, entre otras. La
primera se refirió al concepto es estudio en los siguientes términos: “que (i) se esté ante un perjuicio
inminente o próximo o suceder, lo que exige un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y
la causa del daño; (ii) el perjuicio debe ser grave, esto es, que conlleve la afectación de un bien
susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) se requieran de
medidas urgentes para superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del
perjuicio y, a su vez, deben considerar las circunstancias particulares del caso; y (iv) las medidas de
protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de
oportunidad y eficacia, que eviten la consumación del daño irreparable.”.
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amenazadora de los derechos fundamentales invocados. Al respecto, la Corte
Constitucional en Sentencia T-032 de 2023, consideró:
«[…] Como presupuesto de procedencia la inmediatez “exige que la tutela se presente
en un plazo razonable, contado desde el momento de la supuesta vulneración o
amenaza. De esta manera, se garantiza que el amparo sea un instrumento judicial de
aplicación inmediata y urgente (artículo 86 de la Constitución)”.[55] En estos términos,
quien acuda a la acción de tutela debe hacerlo dentro de un término justo y moderado,
en cuanto es un instrumento constitucional de protección inmediata de derechos
fundamentales.
67. La jurisprudencia constitucional ha sido clara en establecer que la acción de tutela
no se puede presentar en cualquier momento, de lo contrario podría afectar la seguridad
jurídica y alterar su esencia como mecanismo de protección inminente. Por este motivo,
aunque no hay regla rigurosa y precisa del término para determinar la inmediatez, el juez
de tutela debe analizar las circunstancias particulares de cada situación y determinar
qué se entiende por plazo razonable caso a caso.[56] En esta medida, la Corte
Constitucional ha establecido algunos criterios para este fin: “(i) la diligencia del
interesado en la defensa de sus derechos; (ii) la eventual afectación de derechos de
terceros; (iii) la estabilidad jurídica; (iv) la complejidad del conflicto; (v) el equilibrio de las
cargas procesales y (vi) la existencia de circunstancias de vulnerabilidad o debilidad
manifiesta”.[57]
68. El requisito de plazo razonable en el ejercicio de la acción es fundamental para
establecer el carácter apremiante de la situación amenazadora del derecho, porque un
retraso excesivo e injustificado permite concluir que ni si quiera el titular de los derechos
reconoce la condición de urgencia de su situación, lo cual desvirtúa la urgencia de
intervención del juez constitucional y la naturaleza inmediata de la acción de tutela.[58]
[…]»
27. Así pues, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido la
inmediatez, como uno de los requisitos generales de procedencia de la solicitud de
tutela contra providencia judicial, en el entendido que debe ser presentada en un
término razonable y proporcionado contado desde la acción u omisión generadora
de la vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se pretende, de lo contrario,
«se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos»18.
28. En cuanto al terminó razonable, dicha corporación en sentencia SU-499 de 2016
estableció que el juez constitucional debe valorar «(i) si el ejercicio inoportuno de la
acción implica una eventual violación de los derechos de terceros; (ii) cuánto tiempo
pasó entre el momento en el cual surgió el fundamento de la acción de tutela y la
interposición de esta última; (iii) la pertenencia del actor a un grupo vulnerable;
18 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
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y (iv) cuál ha sido el lapso que la jurisprudencia de esta Corte ha juzgado irrazonable
en casos similares al que está por resolverse», toda vez que, «en algunos casos,
seis (6) meses podrían resultar suficientes para declarar la tutela improcedente;
pero, en otros eventos, un término de 2 años se podría considerar razonable para
ejercer la acción de tutela, ya que todo dependerá de las particularidades del
caso»19
29. Por su parte, el Consejo de Estado, Sala Plena de lo contencioso-administrativo,
en sentencia del 5 de agosto de 2014,20 respecto al término razonable para
presentar solicitudes de tutela contra providencia judicial, señaló:
«[…] como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la
notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción
de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente.
Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del acto
jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos
ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva
y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad.
La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i)
que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte
Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso
jurisdiccional. […]»
30. Así pues, en el presente asunto la parte demandante acudió al juez de tutela con
el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se
dejara sin efecto la providencia del 11 de octubre de 2024 proferida en el trámite del
proceso contencioso-administrativo con radicado 25000233600020220003401 en la
que se revocó lo decidido en primera instancia para, en su lugar, decretar la medida
cautelar de suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones GCT-000594,
GCT-000595 y GCT-000596 de 11 de junio de 2021, proferidas por la ANM.
Decisión contra la que interpuso recurso de súplica que fue rechazado por
improcedente, a través de providencia del 4 de febrero de 202521.
31. En este orden de ideas, se evidencia que la parte demandante acudió ante el
juez constitucional (27 de febrero de 2026) después de haber transcurrido más de
1 año y 9 días desde que se profiriera el pronunciamiento con el que se rechazó por
improcedente el recurso de súplica interpuesto contra la providencia objeto de
inconformidad, razón por la cual no se cumple con el requisito de inmediatez.
19 Corte Constitucional, Sentencia T-328 de 2010.
20 Expediente 110010315000201202201 01 (IJ), Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A., M.P. Dr.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez
21 Notificada por estado del 18 de febrero de 2026.
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32. Al respecto, resulta pertinente aclarar que, en todo caso, esta Sala de decisión
es de la tesis según la cual los recursos abiertamente improcedentes no habilitan al
tutelante para recuperar oportunidades pérdidas, de tal manera debe precisarse
que, en estricto sentido, al no proceder ningún recurso contra la providencia de 11
de octubre de 2024, aquel tenía máximo hasta el 11 de abril de 2025 para cuestionar
la decisión mencionada con este mecanismo constitucional.
33. Sin perjuicio de lo anterior, se recuerda que el juez de tutela debe analizar cada
caso en concreto para establecer si existen circunstancias especiales que
justifiquen el actuar tardío del demandante. Dicho ello, debe precisarse que el
tutelante no expuso argumento alguno tendiente a justificar el tiempo que tardó en
acudir al juez constitucional y de los supuestos narrados no es posible tener certeza
de la afectación alegada.
34. Al respecto, debe resaltarse que la regla general fijada por la jurisprudencia
constitucional consiste en que la solicitud de amparo es «un remedio de aplicación
urgente que demanda una protección efectiva y actual de los derechos invocados»22.
2.5.2. Requisito de subsidiariedad respecto a actos administrativos expedidos
en virtud de la solicitud de formalización minera (expediente OEA-14481 y
NFC-09541) adelantada ante la ANM
35. De otro lado, la parte demandante también solicitó dejar sin efecto la Resolución
VCT-991 de 2024 y el Auto GCMD-111 de 2025, por configurarse una vía de hecho
administrativa, y ordenar el restablecimiento de la prerrogativa de explotación
minera tradicional reconocida dentro del expediente OEA-14481 y NFC-0954, así
como el levantamiento de la suspensión del trámite de formalización.
36. Al respecto, es pertinente recordar que la ANM suspendió la prerrogativa de
explotación, a través de la Resolución VCT-991 del 18 de noviembre de 2024 y, con
posterioridad, mediante el auto GCMD-111 del 10 de marzo de 2025 le requirió
acreditar el pago de las regalías correspondientes.
37. No obstante, esta Sala de decisión debe precisar que, independientemente de
que la parte demandante argumente el estudio desde una perspectiva de presunta
afectación de sus derechos, no se puede desconocer que el reclamo constitucional
formulado implica cuestionar la legalidad de los referidos actos administrativos, para
lo cual el presente recurso de amparo no es procedente en tanto se incumple con
la subsidiariedad como requisito general de procedencia.
22 Corte Constitucional, Sentencia SU-391 de 2016.
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38. En cuanto a la Resolución VCT991 del 18 de noviembre de 2024, como el mismo
acto lo establece, dio cumplimiento a la medida cautelar decretada por el Consejo
de Estado en la providencia del 11 de octubre de 2024 y suspendió el trámite de
formalización minera OEA-114481, de tal manera debe precisarse que la solicitud
de tutela, por regla general, no es el mecanismo procedente para cuestionar actos
administrativos de cumplimiento, máxime cuando tal asunto ya fue estudiado por el
juez competente al punto que, después de efectuar el estudio correspondiente dictó
las disposiciones que en derecho correspondían.
39. De otro lado, el auto GCMD-111 del 10 de marzo de 2025 proferido por la ANM,
se trata de un cobro de regalías propio del procedimiento administrativo de
formalización minera, frente al cual, de no estar de acuerdo, por encontrarse
suspendido el trámite, debe cuestionar su legalidad a través del medio de control
procedente.
40. Esto, debido a que desde el momento en que fue proferido el referido acto
administrativo, se abrió la posibilidad a la parte tutelante de acudir a la jurisdicción
contenciosa-administrativa en ejercicio de los medios de control de nulidad o nulidad
y restablecimiento del derecho y solicitar las medidas cautelares pertinentes23.
41. Sumado a esto debe precisarse que la jurisprudencia de la Corte Constitucional24
y de esta corporación ha sostenido que la solicitud de tutela resulta improcedente
cuando el demandante no ha interpuesto los mecanismos ordinarios de defensa que
están a su alcance para propender por la protección de sus derechos fundamentales
vulnerados o amenazados.
23 Artículo 138 de la Ley 1437 de 2011. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. Toda
persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica podrá pedir
que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca
el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas
causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.
Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento
del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado
a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro
de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.
24 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. “(…)
En este orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos
establecidos en el ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados,
es innegable que la acción de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos
vencidos ni de convertirse en un recurso adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas
en el desarrollo de cada actuación procesal, como de forma reiterada lo ha manifestado esta
Corporación (…)”.
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42. Ahora bien, en el presente asunto, no es posible ordenar a la Agencia Nacional de
Tierras (ANT) que realice la clarificación de los polígonos superpuestos y adelante
los censos y caracterizaciones poblacionales pertinentes, pues se recuerda que la
Corte Constitucional profirió la sentencia T-530 de 2016 con la que dispuso lo
pertinente, además de suspender trámites de formalización y contratación minera y
exhortar a la ANM a abstenerse de otorgar nuevos títulos mineros dentro del área
en disputa hasta que se definieran sus límites, de manera que es tal corporación
judicial quien tiene la competencia para vigilar el cumplimiento de aquellas órdenes,
a través del incidente de desacato.
3. Conclusión
43. De tal manera, se advierte que no se satisfacen los requisitos de procedencia
general de la solicitud de tutela tanto la inmediatez para cuestionar providencias
judiciales como la subsidiariedad para atacar actos administrativos; en
consecuencia, la Sala declarará improcedente la solicitud de amparo presentada
por Paulo Moreno Gutiérrez y Pedro Elías Romero Taborda en contra del Consejo
de Estado, Sección Tercera, Subsección B y otros.
En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia y por
autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Declarar la improcedencia del amparo de los derechos fundamentales de
Paulo Moreno Gutiérrez y Pedro Elías Romero Taborda, en la solicitud de tutela
interpuesta contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, la Agencia
Nacional de Minería y la Agencia Nacional de Tierras.
Segundo. Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero. Si no fuere impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes
a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, al día siguiente de su ejecutoria.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
JVD
Se deja constancia de que esta providencia se firma en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema valida la integridad y autenticidad
del presente documento en el link
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
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