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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01569-01

Fecha
27 de agosto de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Giron

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2026-01569-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada que declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2026-01569-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Giron

27 de agosto de 2026

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01569-01
Demandante: Paulo Moreno Gutiérrez y otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

Magistrado ponente: Wilson Ramos Girón

Bogotá, D.C., 27 de agosto de 2026

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01569-01
Demandante: PAULO MORENO GUTIÉRREZ Y OTRO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B

Temas: Contra providencias judiciales dictadas en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho. Auto que decretó medida cautelar.
Improcedencia de la acción de tutela. Requisito general de
inmediatez.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 13
de abril de 2026, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, que
declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito general de
inmediatez.

I. ANTECEDENTES

1. Solicitud de amparo

El 27 de febrero de 2026, en ejercicio de la acción de tutela, los señores Paulo Moreno
Gutiérrez y Pedro Elías Romero Taborda pidieron la protección de sus derechos
fundamentales al trabajo, al mínimo vital, a la igualdad, a la confianza legítima y al debido
proceso.

A juicio de la parte actora, la vulneración se presenta con ocasión del auto dictado el 10
de octubre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que revocó
el auto proferido el 22 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C y, en su lugar, decretó la medida cautelar de suspensión
provisional de los efectos de las Resoluciones GCT-0005941 y GCT-0005962 del 11 de
junio de 2021 proferidas por la Agencia Nacional de Minería dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho 25000-23-36-000-2022-00034-00/01.

2. Pretensiones

La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Se tutelen los derechos fundamentales del señor Paulo Moreno Gutiérrez y Pedro Elías
Romero Taborda al trabajo, mínimo vital, igualdad, confianza legítima y debido proceso
administrativo y judicial, vulnerados de manera conjunta y continua por las entidades accionadas.

SEGUNDO: Ordenar al Consejo de Estado – Sección Tercera Subsección B que deje sin efecto el
Auto del 10 de octubre de 2024 (Rad. 70.666), por haber incurrido en defecto sustantivo y
desconocimiento del precedente constitucional fijado en la Sentencia T-530 de 2016, precisando
que esta no dispuso la prohibición de la actividad minera tradicional desarrollada bajo el artículo
325 de la Ley 1955 de 2019.

1 “Por medio del cual se aclara una actuación administrativa dentro del trámite de la solicitud de formalización de

minería tradicional NFC – 09541”
2
Por medio de la cual se aclara una actuación administrativa dentro del trámite de la solicitud de formalización de
minería tradicional OEA – 14481.”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2026-01569-01
Demandante: Paulo Moreno Gutiérrez y otro

TERCERO: Ordenar a la Agencia Nacional de Minería (ANM) dejar sin efecto la Resolución VCT-
991 de 2024 y el Auto GCMD-111 de 2025, por configurarse una vía de hecho administrativa, y
ordenar el restablecimiento inmediato de la prerrogativa de explotación minera tradicional
reconocida dentro del expediente OEA-14481 y NFC- 0954, así como el levantamiento de la
suspensión del trámite de formalización, permitiendo su continuación conforme al artículo 325 de
la Ley 1955 de 2019.

CUARTO: Ordenar a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) que, en coordinación con el Ministerio
del Interior y con participación de las comunidades mineras tradicionales, realice dentro de un plazo
no mayor a seis (6) meses la clarificación de los polígonos superpuestos en el municipio de
Riosucio (Caldas), y adelante los censos y caracterizaciones poblacionales ordenados en la
Sentencia T-530 de 2016, garantizando el reconocimiento de los actores del territorio antes de
adoptar decisiones sobre su delimitación.

QUINTO: Disponer que las entidades accionadas adopten medidas coordinadas para garantizar el
ejercicio seguro, ambientalmente responsable y formalizado de la minería tradicional, asegurando
la coexistencia pacífica entre comunidades étnicas y mineros tradicionales.

3. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

Manifestaron los accionantes que desde el año 2013 han desarrollado de manera
artesanal la extracción de minerales de oro en el municipio de Riosucio (Caldas),
reconocida como minería tradicional y con fundamento en lo establecido en el Decreto
933 de 2013, que posteriormente fue declarado nulo por el Consejo de Estado.
Presentaron ante la Agencia Nacional de Minería solicitud de formalización minera OEA-
14481 y NFC-09541 e indicaron que, si bien dicho decreto fue anulado, la prerrogativa
de explotación fue expresamente mantenida y reconocida en el artículo 325 de la Ley
1955 de 2019 y la Ley 1382 de 2013, que permitieron la continuidad de la actividad minera
mientras se adelantaba el trámite de formalización.

En la Sentencia T-530 de 2016, la Corte Constitucional impartió órdenes relacionadas
con la delimitación del Resguardo Indígena Cañamomo-Lomaprieta y ordenó a la ANM
suspender los procesos de contratación, formalización e inscripción de títulos mineros
dentro de la zona identificada por el resguardo hasta que existiera decisión en firme de
la Agencia Nacional de Tierras sobre la extensión de los territorios pertenecientes a las
comunidades étnicas.

Mediante memorando 20172200026723 del 16 de marzo de 2017, el Grupo de Catastro
y Registro Minero de la Agencia Nacional de Minería identificó que el área definida por el
Resguardo Indígena Cañamomo-Lomaprieta, objeto de delimitación por la Agencia
Nacional de Tierras, se encontraba superpuesto con el polígono de la solicitud OEA-
14481 y NFC 09541 y realizó la anotación correspondiente en el sistema geográfico de
la entidad.

A través de la Resolución 001222 del 20 de noviembre de 2019, la Agencia Nacional de
Minería rechazó la solicitud OEA-14481 y NFC-09541 por considerar que no quedaba
área susceptible de contratar, decisión contra la cual, la parte demandante interpuso
recurso de reposición, que fue resuelto a través de la Resolución VCT-000392 del 20 de
abril de 2020, que confirmó la decisión de rechazo.

Dentro del trámite de la solicitud NFC-095413, la ANM expidió la Resolución VCT-000295
del 30 de abril de 2021, que revocó la decisión adoptada en la Resolución No. 000189 de
4 de marzo de 2020 y la Resolución No. VTC - 001488 de 30 de octubre de 2020 y
suspendió el trámite de la solicitud de formalización de minería tradicional No. NFC –
09541, en atención a lo ordenado en la sentencia T - 530 de 2016 y dentro del trámite de

3 “Por la cual se procede a una revocatoria directa de oficio dentro del trámite de la solicitud de formalización de minería tradicional
NFC- 09541 y se toman otras determinaciones.”

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01569-01
Demandante: Paulo Moreno Gutiérrez y otro

esa solicitud OEA-14481, expidió la Resolución VCT-0002974, que revocó la decisión
adoptada en la Resolución No. 001222 de 20 de noviembre de 2019 y suspendió el
trámite de la solicitud de formalización de minería tradicional No. OEA-14481 en atención
a lo ordenado en la sentencia T - 530 de 2016.

El 11 de junio de 2021, la Agencia Nacional de Minería profirió las Resoluciones CGT –
0005945, GGT – 0005956, y CGT -0005967, a través de las cuales aclaró que la
suspensión de la actuación administrativa no cobijaba la prerrogativa de explotación del
artículo 325 de la Ley 1955 de 2019 y permitió la continuación de actividades mineras sin
perjuicio de que pudiera ser suspendida con ocasión del incumplimiento de las medidas
de seguridad e higiene minera, disposiciones ambientales y omisión en la aplicación de
los lineamientos establecidos por la comunidad étnica que habita en la zona y que fue
reconocida en la sentencia T - 530 de 2016.

El 31 de enero de 2022, Albeiro Antonio Tapasco Guerrero, en calidad de representante
legal del Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta, promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Agencia Nacional de Minería con el fin de solicitar
la nulidad, entre otras, de las Resoluciones VCT-000295, VCT-000296 y VCT-000297 del
30 de abril de 2021, correspondientes respectivamente a los trámites de formalización
minera NFC-09541, NKE-09251 y OEA-14481, así como de las Resoluciones GCT-
000594, GCT-000595 y GCT-000596 del 11 de junio de 2021, que aclararon actuaciones
dentro de esos mismos trámites.

Como restablecimiento del derecho, el resguardo solicitó, entre otras medidas, que la
ANM se abstuviera de continuar procesos de formalización minera de personas ajenas al
resguardo y de otorgar autorizaciones de explotación minera dentro del territorio de
ocupación ancestral, hasta que culminara el proceso de delimitación y titulación ordenado
en la sentencia T-530 de 2016.

En escrito separado, el demandante solicitó como medida cautelar la suspensión de los
efectos de los actos administrativos que permitían la explotación minera en el territorio
indígena, así como otras medidas relacionadas con acciones policivas y el cumplimiento
de órdenes de cierre de minas.

La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C bajo el radicado 25000-23-36-000-2022-00034-00, que
por auto de 28 de febrero de 2022, admitió la demanda, ordenó vincular como
litisconsortes necesarios a los beneficiarios de los actos administrativos demandados,
dentro de ellos, los aquí accionantes, por lo que dispuso la vinculación de los señores
Pedro Elías Romero Taborda, Milton Cesar Mendoza Díaz, Guillermo Antonio Mendoza
Díaz y Paulo Moreno Gutiérrez; además, corrió traslado de la solicitud de medida cautelar
y remitió copias al Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal, por ser la autoridad
encargada de verificar las órdenes impartidas en la sentencia T-530 de 2016.

Mediante auto del 22 de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
negó la solicitud de suspensión provisional. Señaló que no se satisfacían los requisitos
del artículo 231 del CPACA, pues no encontró contradicción entre las normas invocadas
y los actos acusados; indicó que el cumplimiento de la sentencia T-530 de 2016
correspondía al Tribunal Superior de Manizales, Sala Penal, y estimó que no se había
precisado el perjuicio que ocasionaba la permanencia de los efectos de los actos.
También indicó que no estaba demostrado que la ANT hubiese cumplido la orden de

4 “Por la cual se procede a una revocatoria directa de oficio dentro del trámite de la solicitud de formalización de minería tradicional
OEA- 14481 y se toman otras determinaciones.”

5 “Por medio del cual se aclara una actuación administrativa dentro del trámite de la solicitud de formalización de minería tradicional
NFC-09541.”
6 “Por medio del cual se aclara una actuación administrativa dentro del trámite de la solicitud de formalización de minería tradicional
NKE-09251.
7 “Por medio del cual se aclara una actuación administrativa dentro del trámite de la solicitud de formalización de minería tradicional
OEA-14481.”

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Demandante: Paulo Moreno Gutiérrez y otro

delimitación y titulación del resguardo.

El 26 de agosto de 2022, el Resguardo Indígena Cañamomo Lomaprieta interpuso
recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra ese auto. Sostuvo que sí se
cumplían los requisitos para decretar la medida cautelar y que los actos demandados, al
permitir explotación minera dentro del territorio indígena, vulneraban los derechos del
resguardo y lo resuelto en la Sentencia T-530 de 2016. Mediante auto del 7 de noviembre
de 2023, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desestimó el recurso de reposición
y concedió el recurso de apelación.

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, mediante auto del 10 de octubre
de 20248, revocó la decisión para, en su lugar, decretar la suspensión provisional de los
efectos de las Resoluciones GCT-000594, GCT-000595 y GCT-000596 del 11 de junio
de 2021 al encontrar una contradicción entre esos actos y los derechos amparados en la
Sentencia T-530 de 2016.

En particular, examinó las Resoluciones GCT-000594, GCT-000595 y GCT-000596 del
11 de junio de 2021, relacionadas respectivamente con los trámites NFC-09541, NKE-
09251 y OEA-14481, y consideró preliminarmente que vulneraban los derechos
fundamentales al territorio, a la consulta previa y a la autodeterminación de la comunidad
que habita en el resguardo indígena Cañamomo y Lomaprieta, amparados en la
sentencia T – 530 de 2016.

La Sala distinguió esas resoluciones aclaratorias de las Resoluciones VCT-000295, VCT-
000296 y VCT-000297 del 30 de abril de 2021. Respecto de estas últimas, concluyó que
no procedía su suspensión provisional porque, aunque habían revocado las decisiones
que terminaron las solicitudes de formalización, expresamente mantuvieron suspendidos
los trámites.

Respecto de la solicitud OEA-14481, la Resolución VCT-000297 del 30 de abril de 2021
había revocado la Resolución 001222 de 2019 y la Resolución VCT-000392 de 2020 y
había dispuesto suspender el trámite hasta que existiera decisión en firme de la ANT
sobre la extensión de los territorios de las comunidades étnicas.

Consideró que no obraba prueba en el expediente de que la ANT hubiera cumplido la
orden de delimitación y titulación de tierras del resguardo y, a partir de ello, estimó
preliminarmente que la ANM no podía autorizar explotación minera dentro de ese
territorio.

El auto dictado de 10 de octubre de 2024, por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, tuvo salvamento de voto del magistrado Martín Bermúdez Muñoz, quien
consideró que la medida decretada era abiertamente improcedente porque no era claro
que las actividades de los mineros tradicionales se encontraban dentro del polígono
protegido por la sentencia T-530 de 2016. También señaló que el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho no era procedente para verificar el cumplimiento
de lo decidido en la acción de tutela, pues ello debía cuestionarse mediante un incidente
de desacato.

Contra el referido auto, el señor Pedro Elías Romero Taborda interpuso recurso de
súplica que fue rechazado por improcedente mediante auto dictado el 4 de febrero de
2025 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

El 18 de noviembre de 2024, la Agencia Nacional de Minería profirió la Resolución VCT
– 991, a través de la cual dio cumplimiento al auto dictado de 10 de octubre de 2024, por
el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B y resolvió mantener suspendido el
trámite de formalización de minería tradicional OEA – 14481 en los términos dispuestos
en el artículo 2 de Resolución No. VCT 000297 de 30 de abril de 2021 y el 10 de marzo

8 Auto que fue notificado a las partes por estado de 13 de noviembre de 2024.

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de 2025 emitió el auto GCMD-111, a través del cual requirió al demandante acreditar el
pago de las regalías correspondientes por la actividad minera asociada a las solicitudes
OEA – 14481 y NFC – 09541.

4. Fundamentos de la acción de tutela

De manera preliminar, la parte actora manifestó que la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Afirmó que la tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional porque
se debate la tensión de los derechos fundamentales de las comunidades indígenas y los
derechos de los mineros tradicionales y, frente al cumplimiento del requisito de
subsidiariedad, sostuvo que se agotaron los recursos ordinarios frente a la medida
cautelar decretada sin que exista otra vía judicial efectiva para proteger sus derechos,
dado que el perjuicio al mínimo vital y al debido proceso es actual y grave.

Frente al requisito de inmediatez, afirmó que la acción de tutela fue presentada dentro de
un término razonable desde la expedición de cada actuación lesiva, pues el auto que
dictó el Consejo de Estado data del 10 de octubre de 2024, la Resolución que profirió la
ANM es de 18 de noviembre de 2024 y el auto de regalías es de 10 de marzo de 2025,
del auto cuestionado, e indicó que la omisión de la ANT persiste, por lo que acudió a la
acción de tutela ante la continuidad del daño.

En cuanto al fondo del asunto, señaló que la providencia cuestionada incurrió en:

Defecto sustantivo por cuanto la autoridad accionada interpretó de manera errónea la
sentencia T- 530 de 2016, dado que entendió que dicha sentencia impedía continuar con
la explotación minera mientras se resolvía la delimitación territorial, cuando, según los
accionantes, la Corte Constitucional ordenó suspender los trámites de formalización y
titulación, pero no prohibió la explotación minera tradicional que se encontraba en curso,
particularmente la amparada por el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019.

Desconocimiento del precedente constitucional fijado en la sentencia T- 530 de 2016,
que, según los accionantes, creó un equilibrio entre los derechos del resguardo indígena
y los de los mineros tradicionales.

5. Intervenciones

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, afirmó que en el expediente
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho se encontraban los elementos
necesarios para que el juez de tutela tomara la decisión que en derecho corresponda.

La Agencia Nacional de Minería solicitó declarar la improcedencia de la acción de tutela
ante el incumplimiento del requisito de subsidiariedad o, en su defecto, negar el amparo
dada la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados y la ausencia
de un perjuicio irremediable.

Destacó que su actuación se circunscribió a dar cumplimiento a las órdenes judiciales de
suspensión y que la solicitud de formalización minera OEA 14481 se encontraba vigente
por mandato judicial, que las pretensiones respecto del auto dictado por el Consejo de
Estado el 10 de octubre de 2024, la Resolución VCT991 de 2024, el auto GCMD 111 de
2025 debían ser ventiladas ante la jurisdicción Contenciosa Administrativa a través de los
medios de control ordinarios y que los requerimientos de regalías son procedentes
durante la suspensión de la prerrogativa de explotación minera.

La Agencia Nacional de Tierras afirmó que la acción de tutela no resulta procedente
para acelerar o sustituir las formas propias del procedimiento administrativo, pues ello
implicaría desconocer el debido proceso administrativo y las competencias técnicas
asignadas a la entidad, e indicó que el procedimiento administrativo que adelanta para la
ampliación del resguardo indígena se encuentra actualmente en etapa de estudio técnico,

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Lo que implica la realización de análisis socioeconómicos, jurídicos y de tenencia de
tierras que resultan indispensables para la adopción de una decisión administrativa
debidamente fundamentada y que las actuaciones que adelantó se desarrollaron
conforme a la normatividad vigente y a los lineamientos fijados por la Corte Constitucional
en la sentencia T- 530 de 2016.

El Resguardo Indígena de Origen Colonial Cañamomo-Lomaprieta solicitó negar las
pretensiones de la tutela o, en subsidio, declarar la improcedencia de la acción de tutela
y ratificar la vigencia de las órdenes impartidas en la tutela T – 530 de 2016 en cuanto
reconoce la prelación de los derechos al territorio, la autonomía indígena y la consulta
previa y ordenó la suspensión de todo trámite o título minero mientras no exista limitación
definitiva del resguardo e indicó que los demandantes adelantaron trámite de
formalización minera sin el aval de la autoridad tradicional ni la consulta previa, lo que
contrarió la referida sentencia.

Los señores Antonio Mendoza Díaz y Milton César Mendoza Díaz solicitaron acceder
a la petición de amparo y extender a su favor los efectos de la tutela dada su calidad de
terceros con interés directo y mineros tradicionales en proceso de formalización.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C no
rindió informe pese a haber sido notificado en debida forma de la acción de tutela9.

6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, mediante sentencia de 13 de
abril de 2026, declaró improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito de
inmediatez respecto de la providencia dictada el 10 de octubre de 2024, toda vez que, al
no proceder ningún recurso contra la misma, la parte actora tenía hasta el 11 de abril de
2025 para cuestionar dicha decisión; sin embargo, radicó la acción de tutela el 27 de
febrero de 2026. Al respecto, indicó que la parte actora no expuso ningún argumento
tendiente a justificar el tiempo que tardó en acudir al juez constitucional.

Respecto a actos administrativos expedidos en virtud de la solicitud de formalización
minera (expediente OEA-14481 y NFC-09541) adelantada ante la ANM, afirmó que no se
cumplía con el requisito de subsidiariedad; frente al auto CGMD de 10 de marzo de 2025,
sostuvo que, como se trata de un cobro de regalía propio del procedimiento administrativo
de formalización minera, su legalidad debe cuestionarse a través del medio de control
procedente ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa.

En cuanto a la Resolución VCT991 del 18 de noviembre de 2024, señaló que, como a
través del mismo se dio cumplimiento a la medida cautelar decretada en providencia del
11 de octubre de 2024, la acción de tutela no es mecanismo procedente para cuestionar
los actos administrativos de cumplimiento.

7. Impugnación

La parte accionante impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia,
para, en su lugar, conceder el amparo deprecado.

Reiteró los argumentos expuestos en el escrito de tutela e indicó que el fallo impugnado
declaró la improcedencia de la acción por falta del cumplimiento del requisito de
inmediatez sin tener en cuenta que la vulneración de sus derechos fundamentales es de
tracto sucesivo y sus efectos permanecen en el tiempo, como ocurre con la afectación de
su derecho al trabajo y al mínimo vital, lo que mantiene vigente la necesidad de protección
constitucional, pues la prohibición derivada del auto dictado el 10 de octubre de 2024 y

9
A través de mensaje enviado el 10 de marzo de 2026 a los correos electrónicos scs03sb02tadmincdm@notificacionesrj.gov.co y
scregtadmcun@cendoj.ramajudicial.gov.co.

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materializada por la Agencia Nacional de Minería les impide generar ingresos diarios para
su subsistencia y la de sus familias.

De otra parte, adujo la ineficacia de los mecanismos ordinarios y la configuración de un
perjuicio irremediable dada la parálisis forzada de su única fuente de ingresos, sumada a
la exigencia de pago de regalías sobre una actividad que el mismo Estado les prohíbe
realizar, contradicción que a su juicio desconoce el artículo 325 de la Ley 1955 de 2019
y conlleva a que el litigio por los mecanismos ordinarios no sea el mecanismo idóneo para
evitar la consumación de un daño a su mínimo vital.

II. CONSIDERACIONES

1. Problema jurídico y solución

Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que declaró improcedente la acción de tutela.

La Sala anticipa que confirmará la decisión impugnada que declaró improcedente la
acción de tutela por el incumplimiento de los requisitos de inmediatez y subsidiariedad,
por cuanto la pretensión de dejar sin efectos el auto dictado el 10 de octubre de 2024,
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que decretó la medida
cautelar de suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones GCT-00059410 y
GCT-00059611 de 11 de junio de 2021 proferidas por la Agencia Nacional de Minería
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-36-000-2022-
00034-00/01 no satisface el requisito general de inmediatez y las pretensiones
relacionadas con los actos administrativos expedidos en virtud de la formalización minera
por no satisfacer el requisito de subsidiariedad.

Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a los siguientes asuntos: (i) la acción de
tutela contra providencias judiciales, (ii) la inmediatez, (iii) la subsidiariedad y (iv) el
análisis del caso concreto.

2. De la acción de tutela contra providencias judiciales

La Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 fijó dos tipos de requisitos para la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Por un lado, los
requisitos generales12 o de procedibilidad, que son de naturaleza procesal y se estudian
de manera previa a cualquier análisis de fondo; y por el otro lado, los requisitos
específicos13 o vicios de fondo, que son de naturaleza sustancial y se analizan cuando
se han superado los requisitos generales.

3. La inmediatez

La inmediatez es un requisito de procedibilidad que el juez debe examinar, antes de
pasar al estudio de las causales específicas de tutela contra providencia judicial, con el
fin de determinar si la demanda se ha presentado de manera oportuna.

10 “Por medio del cual se aclara una actuación administrativa dentro del trámite de la solicitud de formalización de

minería tradicional NFC – 09541”
11
Por medio de la cual se aclara una actuación administrativa dentro del trámite de la solicitud de formalización de
minería tradicional OEA – 14481.”
12 Estos son: la relevancia constitucional del asunto; la inmediatez; el agotamiento de los recursos judiciales ordinarios

y extraordinarios; cuando se trate de una irregularidad procesal, debe incidir directamente en la decisión objeto de
tutela; la identificación razonable de los hechos que generan la amenaza o vulneración del derecho fundamental, y que
no se cuestione un fallo de tutela.
13
Se clasifican en: defecto orgánico, sustantivo, procedimental, fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del
precedente judicial o violación directa de la Constitución.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01569-01
Demandante: Paulo Moreno Gutiérrez y otro

La inmediatez, en todo caso, no es un término de caducidad que limite el ejercicio de la
acción de tutela. Es más bien un requisito que busca que la acción se presente en un
término razonable, esto es, desde el mismo momento en que el afectado tiene
conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales. Justamente, la
exigencia tiene razón de ser porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de derechos fundamentales y, por ende, se espera que el
interesado la ejerza en un tiempo razonable, prudencial, sin demora.

Ese mismo entendimiento ha sido expuesto por la Corte Constitucional, que ha señalado
que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en
riesgo de los derechos fundamentales del interesado y la presentación de la demanda14,
en la medida en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no solo tiene
que ver con la urgencia, sino también con el respeto a la seguridad jurídica y a los
derechos de los terceros que pudieran resultar afectados.

Ahora, la Sala Plena de esta Corporación estableció que seis meses, contados a partir
de la notificación de la providencia judicial cuestionada, es un término razonable para
ejercer la acción de tutela, en consideración a « la naturaleza del acto jurisdiccional, los
plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra
las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas
resueltas logren certeza y estabilidad»15.

4. La subsidiariedad

El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela “ solo procederá
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. Eso quiere decir que la
subsidiariedad es un pilar fundamental que busca preservar la naturaleza excepcional de
este mecanismo de protección de derechos fundamentales. La acción de tutela debe ser
el último recurso, no el primero.

La subsidiariedad de la acción de tutela tiene como objetivo principal resguardar la
eficacia y efectividad de esta herramienta en situaciones en las cuales no exista otro
recurso judicial disponible o, incluso en presencia de otros medios, se demuestre la
existencia de un perjuicio irremediable. Este requisito busca, en última instancia, asegurar
que la acción de tutela sea un mecanismo ágil y eficaz para la protección de derechos
fundamentales en circunstancias excepcionales.

5. Análisis del caso concreto

La Sala advierte que la parte actora pretende que se deje sin efectos el auto dictado el
10 de octubre de 2024 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, que
revocó el auto proferido el 22 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, y en su lugar decretó la medida cautelar
de suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones GCT-00059416 y GCT-
00059617 de 11 de junio de 2021 proferidas por la Agencia Nacional de Minería dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 25000-23-36-000-2022-00034-
00/01.

Ahora bien, consultado el expediente con radicado No. 25000-23-36-000-2022-00034-
00/01 en el aplicativo Sistema para la Gestión Judicial SAMAI, se observa, en primer
lugar, que por auto de 28 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Tercera, Subsección C, admitió la demanda, ordenó vincular como litisconsortes

14 Sentencia T- 123 de 2007.
15 Sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014. Ex. Nº 11001-03-15-000-2012-02201-01, demandante: Alpina

Productos Alimenticios S.A., C P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
16 “Por medio del cual se aclara una actuación administrativa dentro del trámite de la solicitud de formalización de

minería tradicional NFC – 09541”
17
Por medio de la cual se aclara una actuación administrativa dentro del trámite de la solicitud de formolización de
minería tradicional OEDA – 14481.”

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Demandante: Paulo Moreno Gutiérrez y otro

necesarios a los beneficiarios de los actos administrativos demandados, esto es, a los
señores Pedro Elías Romero Taborda, Milton Cesar Mendoza Díaz, Guillermo Antonio
Mendoza Díaz y Paulo Moreno Gutiérrez.

Además, se advierte que la providencia dictada por el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, el 10 de octubre de 2024 fue notificada a las partes por estado
de 13 de noviembre de 2024, sin que sea del caso tener en cuenta la fecha en que se
notificó el auto dictado el 4 de febrero de 2025 que resolvió frente al recurso de súplica
interpuesto en su contra y que se notificó por estado de 18 de febrero de 2025, pues
dicho recurso fue rechazado por improcedente.

Por su parte, la demanda de tutela fue presentada el 27 de febrero de 2026, esto es,
luego de 1 año, 3 meses y 14 días de haberse notificado la providencia objeto de tutela,
término que supera el plazo razonable previsto por la Sala Plena de esta Corporación.

En el presente caso, la parte accionante sostuvo que frente al requisito de inmediatez
debe tenerse en cuenta que la vulneración de sus derechos fundamentales es de tracto
sucesivo y sus efectos permanecen en el tiempo, como ocurre con la afectación de su
derecho al trabajo y al mínimo vital; sin embargo, la Sala pone de presente que dicha
afirmación no tiene la virtualidad de incidir o flexibilizar el requisito de inmediatez. En
efecto, tratándose de una acción de tutela contra providencia judicial, el análisis de la
inmediatez debe efectuarse, en principio, a partir de la decisión a la que se atribuye la
vulneración de los derechos fundamentales, pues es ese acto judicial concreto el que
constituye el hecho generador del reproche constitucional. En ese sentido, no puede
confundirse la permanencia de los efectos económicos que los accionantes atribuyen a
la providencia cuestionada con la existencia de una nueva vulneración que renueve
indefinidamente la oportunidad para acudir al juez constitucional.

Además, la parte actora conoció de los efectos del auto dictado el 10 de octubre de 2024
por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, desde su fecha de notificación
por estado; en consecuencia, la Sala no evidencia la existencia de una circunstancia de
modo, tiempo o lugar que justifique la demora en presentar la acción de tutela dentro de
la oportunidad exigida por la jurisprudencia.

Si la parte demandante estimaba que el auto dictado el 10 de octubre de 2024 vulneró
sus derechos fundamentales, lo propio era que presentara la acción de tutela tan pronto
como fue notificada. Cuando se cuestionan providencias judiciales, la oportunidad de la
solicitud de amparo se determina a partir del momento en que se notifica la providencia
acusada, pues la notificación supone que las partes tienen conocimiento de las
decisiones judiciales.

Ahora bien, frente a la petición de dejar sin efectos la Resolución VCT991 del 18 de
noviembre de 2024, a través de la cual dio cumplimiento al auto dictado de 10 de octubre
de 2024, por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, y resolvió mantener
suspendido el trámite de formalización de minería tradicional OEA – 14481 en los
términos dispuestos en el artículo 2 de Resolución No. VCT 000297 de 30 de abril de
2021:La Sala observa que, por tratarse de un auto a través del cual se dio cumplimiento
a la providencia judicial aquí cuestionada, la acción de tutela resulta improcedente para
cuestionarlo.

Respecto de la solicitud de dejar sin efectos el auto CGMD de 10 de marzo de 2025, a
través del cual requirió acreditar el pago de las regalías correspondientes por la actividad
minera asociada a las solicitudes OEA – 14481 y NFC – 09541, la Sala advierte que la
acción de tutela no cumple con el requisito general de subsidiariedad, por cuanto la parte
actora contaba con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, proceso
dentro del cual podía pedir medidas cautelares desde el inicio, sin que la actora haya
acreditado la existencia de un perjuicio irremediable que hiciera procedente la acción de
tutela para cuestionarlo.

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Es más, la Sala estima que la acción de tutela ni siquiera procede como mecanismo
transitorio, pues esta modalidad de protección supone que el interesado aún cuente con
la posibilidad de ejercer el otro mecanismo, supuesto que no se cumple en este caso, por
cuanto la parte actora decidió no hacer uso del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho.

En consecuencia, para la Sala, las anteriores razones son suficientes para confirmar la
sentencia impugnada que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no
satisfacer los requisitos generales de inmediatez y subsidiariedad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,

III. FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada que declaró la improcedencia de la acción de
tutela de la referencia, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador18

18 Con el propósito de asegurar la calidad lingüística y técnico-formal de la presente providencia, el despacho ponente,
a través de su grupo de sustanciación, como herramienta de apoyo a la gestión administrativa y judicial, empleó un
sistema de apoyo de inteligencia artificial Microsoft 365 Copilot (modelo GPT-4, desarrollado por OpenAI), con el único
propósito de efectuar una revisión ortográfica, gramatical y léxica del texto previamente elaborado por el funcionario
judicial. Para tal efecto, se utilizó un prompt estructurado en el que se asignó a la herramienta el rol de revisor lingüístico
y técnico-formal, con la instrucción precisa de identificar exclusivamente errores verificables de ortografía (tildes,
mayúsculas y puntuación), gramática (concordancia, régimen preposicional y sintaxis) y léxico (uso impropio de
palabras, ambigüedad semántica y términos fuera de contexto jurídico), tomando como referencia las reglas de la Real
Academia Española y los estándares de redacción judicial de las altas cortes colombianas. El prompt incluyó
restricciones expresas dirigidas a impedir que la herramienta formulara sugerencias de estilo, propusiera redacciones
alternativas, reescribiera párrafos, sugiriera versiones "mejoradas" del texto o emitiera valoración alguna sobre el fondo
jurídico, probatorio o argumentativo de la providencia, así como instrucciones sobre el formato de salida, consistente
en una tabla que individualizara cada hallazgo (página, párrafo, fragmento, tipo de error y explicación técnica). En todo
caso, se precisa que los hallazgos reportados por la herramienta fueron objeto de revisión, verificación y validación por
parte del funcionario judicial, quien determinó autónomamente la procedencia o improcedencia de cada ajuste, sin que
se hayan realizado transcripciones literales del contenido generado por la herramienta, ni se hayan incorporado al texto
reformulaciones de contenido, modificaciones argumentativas o reescrituras de pasajes, en tanto que el sistema se
utilizó exclusivamente como instrumento de control de calidad lingüística sobre un texto cuya redacción, estructura
argumentativa, valoración fáctica, análisis probatorio y motivación jurídica fueron elaborados íntegramente por el
funcionario judicial. Asimismo, se deja constancia de que no se introdujeron en la herramienta datos personales,
información sensible ni elementos de carácter reservado o confidencial de las partes o del proceso. Esta actuación se
realizó en cumplimiento de los principios jurídicos de debido proceso, transparencia, igualdad ante la ley y supervisión
judicial. Finalmente, el uso de dicha herramienta se enmarca en las finalidades autorizadas en los literales (a) del

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numeral 4.1 y (q) del numeral 4.2 del artículo 4 del Acuerdo PCSJA24-12243 del 16 de diciembre de 2024, "por el cual
se adoptan lineamientos para el uso y aprovechamiento respetuoso, responsable, seguro y ético de la inteligencia
artificial en la Rama Judicial".

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